Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2025-00094-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2025-00094-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2025-00094-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 230012333000202500094011
Recurso de apelación contra la sentencia de 20 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba
Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK
TESIS: NO SE CONFIGURÓ INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS PORQUE NO SE DESEMBOLSARON LOS HONORARIOS
RECONOCIDOS NI SE CONFIGURÓ LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY 136 DE 1994
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 20 de agosto de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual
se denegó la pérdida de investidura de los concejales de Canalete
(Córdoba), señores LUIS EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ,
ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y ORLANDO MANUEL
RAMOS MARTÍNEZ, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01
Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana VALERIA NISPERUZA JAYK, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de los
concejales de Canalete (Córdoba), señores LUIS EDUARDO
ESTRELLA MARTÍNEZ, ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y
ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar que
incurrieron en la causal de pérdida de investidura establecida en los
artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48,
numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por indebida
destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que
en el presente asunto el auxilio de transporte rural a los concejales
se dirigió a un propósito no permitido o que, estando autorizado, no
correspondía a la finalidad asignada. Y que los accionados como
miembros de la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba),
en calidad de ordenadores del gasto, incurrieron en indebida
destinación de dineros públicos, toda vez que autorizaron el pago de
auxilios de transporte de zona rural al concejal de Canalete
(Córdoba), señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, muy
a pesar de estar reconocida su vecindad en la zona urbana de
Montería (Córdoba), por un total de $1.400.000, en los períodos de
agosto y septiembre de 2024, sin tener derecho a tales erogaciones,
2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01
Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK
y en contravía de lo establecido en el Acuerdo 001 de 29 de abril de
2024.
Sostuvo que para el segundo período de sesiones ordinarias
realizadas en mayo de 2024, la mesa directiva del Concejo de
Canalete (Córdoba), integrada por los accionados, expidió las
resoluciones 004 de 10 de mayo de 2024 y 005 de 31 de mayo de
2024, por medio de las cuales se autorizó el pago de honorarios de
sesiones a los concejales, en las que se hizo constar un total de 22
sesiones en todo el período ordinario desde el 1o. hasta el 31 de
mayo de 2024; y que se evidenció que el concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, a pesar de haber asistido solamente a 5
de las 22 sesiones e incumplir con el promedio de asistencia que
dispone el artículo 68 de la Ley 136, -es decir, por lo menos la tercera
parte del período mensual de sesiones-, percibió tales honorarios,
razón por la que los accionados incurrieron en la causal de indebida
destinación de dineros públicos.
I.3.- Los concejales, a través del mismo apoderado, contestaron la
solicitud y se opusieron a la desinvestidura, para lo cual adujeron que
el reconocimiento de auxilio de transporte al concejal ARMANDO
JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO no constituyó indebida destinación
de recursos públicos, toda vez que si bien se le reconoció la suma de
$1.500.000 por concepto de subsidio de transporte, dicho valor
nunca fue pagado, como lo acepta incluso la actora en los hechos del
libelo introductorio, esto es que no se produjo disposición efectiva de
recursos públicos, ni afectación al erario.
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Manifestaron que en mayo de 2024, al concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO se le reconoció, solamente, la suma de
$232.995, correspondiente a 5 sesiones asistidas, conforme a la
Resolución 005 de 31 de mayo de 2024, y que no se evidencia pago
por sesiones no asistidas, ni enriquecimiento sin causa, sumado a
que la actora no especificó con claridad los meses ni las sesiones en
las que supuestamente se incurrió en pagos indebidos.
Indicaron que tampoco se evidencia dolo, culpa grave ni beneficio
indebido; y que si bien es cierto que el concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO solo asistió a 5 sesiones en mayo de 2024,
también lo es que la inasistencia a las demás sesiones estaba
justificada como lo concluyó el Tribunal de Córdoba en sentencia de
30 de enero de 2025, dentro del proceso de pérdida de investidura
con radicación 23001233300020240021200.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 20 de agosto de 2025, denegó
la pérdida de investidura formulada contra los accionados, para lo
cual indicó, en síntesis, que no se materializó el pago del
reconocimiento de auxilio de transporte, tal como consta en los
certificados suscritos por la Secretaría de Hacienda y Finanzas de
Canalete (Córdoba) y la Secretaría del Concejo de ese municipio, por
lo que no fue probada la afectación al patrimonio público como
elemento ineludible para la configuración de la indebida destinación
de dineros públicos.
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Señaló que, en mayo de 2024, el Concejo de Canalete (Córdoba)
realizó 22 sesiones, correspondiente a los días 1o., 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31, a las que
el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO asistió solo
a 5, según hace constar la Secretaría de esa corporación en
certificado de 31 de mayo de 2024, tal como fue reconocido en las
resoluciones 004 del 10 de mayo de 2024 y 005 del 31 de mayo de
2024; y que aunque no se aportó constancia del desembolso efectivo
de tales emolumentos, los accionados en la respuesta al hecho
vigésimo séptimo reconocieron el pago de honorarios al citado
concejal por la suma de $232.995 pesos.
Indicó que no es adecuado aplicar objetivamente el contenido del
artículo 68 de la Ley 136, pues está acreditado que el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO justificó su inasistencia
a las sesiones con incapacidad médica, desde el 21 al 30 de mayo de
2024, a las cuales, para dicha fecha, no se les había desvirtuado su
autenticidad, aspecto este que no podía pasar por alto la mesa
directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), lo cual comportaba no
reconocerle las sesiones a una persona porque estaba incapacitada;
y que aunque no se hubiere declarado mediante acto administrativo,
estaba incurso en causal de falta temporal en los términos del artículo
52, literal b), de la Ley 136, por lo que válidamente los Accionados
pudieron colegir que el período de la incapacidad no debía ser tenido
en cuenta para calcular la tercera parte de las sesiones de que trata
el citado artículo.
Mencionó que, si en gracia de discusión, se coligiera que los
accionados incurrieron en la causal de indebida destinación de
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dineros públicos por aplicar los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el
reglamento, al haber pagado honorarios a un concejal que asistió a
menos de una tercera parte de las sesiones realizadas en el mes de
mayo de 2024, tampoco se tendría satisfecho en este caso el
elemento subjetivo, esto es, el actuar doloso o gravemente culposo
de aquellos.
Agregó que no hay prueba acerca de una intención positiva de los
accionados de lesionar un interés jurídico, y teniendo en cuenta que
para la fecha del reconocimiento de los honorarios, el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO había presentado
incapacidad médica desde el 21 al 30 de mayo de 2024, ello permite
colegir que tampoco se acredita la culpa grave, pues, si bien podían
conocer las normas que le impedían reconocer y pagar honorarios en
las circunstancias planteadas, lo cierto es que obraron bajo la
convicción de que no podían dejar al concejal sin honorarios, por los
días en que asistió mientras no estuvo incapacitado o, al menos, no
podrían haberle aplicado la regla de una asistencia mínima a la
tercera parte de las sesiones mensuales.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,
en el que solicita revocarla y, en su lugar, decretar la pérdida de
investidura de los accionados, para lo cual menciona, con relación al
primer cargo de la solicitud, que la indebida destinación de dineros
públicos se configura al haber ordenado un gasto que estaba
prohibido o no autorizado por la ley, consistente en la erogación del
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auxilio de transporte al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ
BOLAÑO por residir en zona urbana de Montería (Córdoba), sin estar
previsto en el Acuerdo municipal 001 de 29 de abril de 2024,
reglamento interno del Concejo de Canalete (Córdoba), ni en el
artículo 67 de la Ley 136, pues estas hacen referencia, única y
exclusivamente, al reconocimiento y pago del valor del transporte
durante las sesiones plenarias y de comisión a los concejales que
residen en zonas rurales y deban desplazarse hasta las corporaciones
municipales que se encuentren en las cabeceras municipales.
Indica que se configuró un gasto prohibido o no autorizado por la ley,
y está acreditado que los accionados, en calidad de miembros de la
mesa directiva de esa corporación, reconocieron mediante
resoluciones 015, 016 y 008 de 2024, al señor ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, y muy a pesar de estar reconocida su
vecindad en zona urbana de Montería (Córdoba), un total de
$1.400.000, en los períodos de agosto y septiembre de 2024, por
concepto de auxilio de transporte en zona rural, sin tener derecho a
tales erogaciones.
Aduce que no se justifica que los accionados hubiesen infringido una
ley ordinaria como la Ley 136, así como el Acuerdo municipal 001 de
29 de abril de 2024 y el reglamento interno del Concejo de Canalete
(Córdoba), -Acuerdo 011 de 17 de julio de 2020-, normas que no
regulan el auxilio de transporte por desplazamientos desde la zona
urbana de otro municipio, en este caso Montería (Córdoba), hacia el
recinto de ese cabildo, sino solo desde la zona rural del propio
municipio de Canalete (Córdoba).
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Manifiesta que no resulta aceptable que no se hubiera configurado la
indebida destinación de dineros públicos, por el hecho de no haberse
materializado el pago de tal erogación, pues el error en que se pudo
hacer incurrir al tesorero del municipio fue más grave y en ningún
lugar sirve de excusa, por desconocimiento de la ley, lo que
demuestra un defecto sustantivo por interpretación errónea en la
sentencia apelada.
En cuanto al segundo cargo de la solicitud, comenta que los
accionados le reconocieron honorarios al concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, a pesar de haber asistido a menos de la
tercera parte de las sesiones realizadas en mayo de 2024, razón por
la cual se encuentra probado el elemento subjetivo, pues la
Secretaría del Concejo de Canalete (Córdoba), expidió la certificación
de 31 de mayo de 2024, donde indica expresamente que dicho
concejal solo acudió a 5 sesiones durante mayo de 2024, de las 22
que se celebraron en total.
Recalca que en el contenido de dicha certificación no se anotó
ninguna excusa o motivo justificado para concederle el pago de
honorarios por lo restante del período, (fecha en que supuestamente
ya se conocían las excusas presentadas por las incapacidades falsas
presentadas); y, además, constituye soporte de pago, la Resolución
006 de 31 de mayo de 2024, -acto administrativo que reconoció y
pagó los honorarios al concejal por la suma de $500.000, por
concepto de las 5 sesiones de mayo de 2024-, de modo que los
concejales no eran ajenos a esa situación y conocían de primera
mano que incumplió el deber de haber asistido por lo menos a una
tercera parte de la sesiones celebradas durante ese período, lo que
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da lugar a la pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos.
Alega que, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley
136, para que un concejal tenga derecho al pago de honorarios debe
asistir, como mínimo, a la tercera parte de las sesiones realizadas, lo
que en el caso concreto equivalía a 8 sesiones, requisito que no fue
cumplido por el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ
BOLAÑO, pues según certificación expedida por la Secretaría del
Concejo Municipal de Canalete el 31 de mayo de 2024, únicamente
asistió a cinco (5) sesiones.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido
por los accionados.
IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante el Consejo
de Estado, como agente del Ministerio Público, a través del concepto
538 de 27 de octubre de 2025, solicita la confirmación de la sentencia
apelada, para lo cual menciona que más allá de los posibles vicios de
legalidad que pudieran tener las resoluciones 012, 015 y 016 de 2024
expedidas por la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba),
no hubo una lesión real y cierta al patrimonio público, pues tales
emolumentos nunca cumplieron con la destinación errada que se les
iba a dar, siendo dable afirmar que no se ocasionó ningún perjuicio
4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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indebido a las arcas municipales y, concomitantemente, tampoco
hubo beneficio irregular a favor del concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO.
A su vez, sostiene que es cierto que el señor ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO asistió solamente a 5 sesiones en mayo de
2024, pero que, en los términos del artículo 68, inciso final, de la Ley
136, sus inasistencias a las sesiones del Concejo de Canalete
(Córdoba) estuvieron justificadas, debido a la compleja situación de
seguridad que afecta al referido concejal, circunstancias que fueron
objeto de análisis por el Consejo de Estado en sentencia de 9 de
octubre de 2025, radicación 23001233300020240021201.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
En los precisos términos sostenidos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala establecer si los concejales de Canalete
(Córdoba), señores LUIS EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ,
ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y ORLANDO MANUEL
RAMOS MARTÍNEZ, durante el ejercicio de su período constitucional
2024-2027, incurrieron en la comisión de la causal de pérdida de
investidura de indebida destinación de dineros públicos, prevista en
los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley
617, luego de intervenir en el reconocimiento y pago tanto del auxilio
de transporte como de honorarios por concepto de asistencia a
sesiones al concejal de Canalete (Córdoba), señor ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO.
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V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal5
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”6 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de
2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”7 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20038 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio
de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de
marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.
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De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 20059 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de
2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.
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favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo10 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
10 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
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Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”11
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]”12, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación13 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de
septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de
2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos14.
V.3.- Del derecho de los concejales a percibir honorarios por
la asistencia comprobada a sesiones ordinarias y
extraordinarias15
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
15 Capítulos extraídos y citados, in extenso, de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias de 21 de mayo de 2021, número único de radicación
50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 10 de
febrero de 2022, número único de radicación 70001233300020210001501, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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Los concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia
comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias, según se
desprende del contenido de los artículos 312 de la Constitución
Política, precepto interpretado armónicamente con los artículos 65 y
66 de la Ley 136, y el artículo 58, de la Ley 617. Las normas citadas
son del siguiente tenor:
[…] Artículo 312, Constitucional. Modificado por el art. 5, Acto
Legislativo 01 de 2007. <El nuevo texto es el siguiente> En cada
municipio habrá una corporación político-administrativa elegida
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará
concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21
miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población
respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la
administración municipal.
La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades
de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos.
Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a
honorarios por su asistencia a sesiones.
Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
[…] Artículo 65, Ley 136. Reconocimiento de derechos. Los
miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen
derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias.
Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron
elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial
personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores
públicos municipales.
Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de
honorarios expidan las mesas directivas de los concejos,
serán publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier
ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente,
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según el caso, dará curso a la investigación o proceso
correspondiente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 66, Ley 136. <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el siguiente16:>
Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de
2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que
asistan los concejales será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862
A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los honorarios
señalados en la tabla anterior se incrementarán en un porcentaje
equivalente a la variación del IPC durante el año inmediatamente
anterior.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se
pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año. En
los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte
(20) sesiones extraordinarias al año.
Parágrafo 1o. Los honorarios son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del
respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las demás
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992.
Parágrafo 2o. Se exceptúan del presente artículo los concejales de
la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley 1421 de 1993, regula
la materia.
16 La redacción original del texto de la Ley 136 de 1994 ha sido objeto de numerosas modificaciones
por la Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009 y, más recientemente, la Ley
2075 de 2021. El texto de la Ley 1368 de 2009 corresponde a la redacción vigente al momento de
ocurrencia de los hechos que dio origen a la demanda de pérdida de investidura.
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Parágrafo 3°. En todo caso, los honorarios mensuales que
devenguen los concejales no podrán ser inferiores al salario mínimo
legal mensual vigente.
Parágrafo 4°. Las sesiones de comisiones permanentes a las
que asistan los concejales serán remuneradas con el mismo
valor de una sesión ordinaria y tendrán los mismos límites
definidos en este artículo para las sesiones ordinarias.
Parágrafo 5°. Todo aumento en el valor que los concejales de
municipio de categoría cuarta, quinta y sexta, que reciban por
concepto de honorario en relación con la que actualmente perciben,
estarán a cargo de las entidades territoriales […] (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 58, Ley 617. Honorarios y seguros de
concejales. A los concejales se les reconocerán honorarios
por su asistencia a las sesiones plenarias y a las de las
comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos
a los de aquellas. Por cada sesión a la que concurran, sus
honorarios serán iguales a la remuneración mensual del alcalde
mayor dividida por veinte (20).
En todo caso el monto de los honorarios mensuales de los concejales
no excederá la remuneración mensual del alcalde mayor.
También tendrán derecho, durante el período para el cual fueron
elegidos, a un seguro de vida equivalente a trescientos (300)
salarios mínimos mensuales legales y a un seguro de salud. El
alcalde contratará con una compañía autorizada los seguros
correspondientes.
Cuando ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes
correspondientes tendrán derecho a los beneficios a que se refiere
este artículo, desde el momento de su posesión y hasta que
concluya el período respectivo.
El pago de los honorarios y de las primas de los seguros aquí
previstos estará a cargo del Fondo Rotatorio del Concejo […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación expresó lo siguiente:
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[…] 1. La Ley 136 de 1994 contempla los honorarios para los
concejales como un incentivo por su labor, sin que constituyan
remuneración de carácter laboral, y señaló límites para su
reconocimiento. Sin embargo, para que los concejales tengan
derecho al pago completo de los honorarios que se les
reconozcan es necesario que asistan a las sesiones plenarias
para las cuales sean convocados; en caso contrario, deberá
reconocérseles una suma proporcional a las sesiones plenarias a que
efectivamente asistieron en cada mes, sin perjuicio de la
correspondiente sanción disciplinaria a que haya lugar.
2. El derecho al pago de honorarios corresponde a la asistencia
de los concejales a las sesiones plenarias de los períodos
ordinarios o extraordinarios.
3. Si los concejales asisten a tiempo a una convocatoria para
una sesión plenaria del concejo, realizada de conformidad con
el reglamento interno, pero ella no se lleva a cabo por razones
ajenas a su voluntad, de este hecho debe dejarse la
correspondiente constancia por el secretario del concejo
según el mismo reglamento (art. 31 ibídem). En este caso, la
asistencia debidamente comprobada se computará para el
pago de los honorarios.
4. El artículo 23, parágrafo 1º, de la Ley 136 de 1994 dispone
claramente que cada período ordinario “podrá ser prorrogado por diez
días calendario más, a voluntad del respectivo concejo”; de manera
que la prórroga de las sesiones de los concejos municipales está
autorizada por la ley hasta por diez días.
5. El artículo 65, inciso final, de la Ley 136 de 1994 autoriza a
las mesas directivas de los concejos para reconocer los
honorarios de los concejales, siempre que sean ordenados
previamente por acuerdos y estén incluidos en los
correspondientes presupuestos de gastos. Los pertinentes
actos administrativos, una vez en firme, son obligatorios sin
más requisitos y no requieren, por lo mismo, autorización del
alcalde.
6. Según los principios generales, contra los actos administrativos
particulares, que pongan término a un proceso o actuación
administrativa, proceden los recursos de la vía gubernativa, prescritos
por los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, salvo excepción legal. En este orden de ideas, contra
las resoluciones relativas al reconocimiento de honorarios a los
concejales, expedidas por las mesas directivas de los concejos, sólo
procede el recurso de reposición -porque no tienen superior
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jerárquico-, que los interesados pueden o no interponer. Previa
decisión del recurso de reposición o directamente pueden impugnar
esos actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
conforme a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.
Además, cualquier persona, mediante acción pública o popular de
nulidad, puede controvertir esos actos, en interés público general,
ante la misma jurisdicción […]”17 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 136, los concejos expedirán un reglamento
interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras,
las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los
concejales y su remuneración y la validez de las convocatorias y de
las sesiones18.
Esta Sección, entonces, en reiterada jurisprudencia19 ha considerado
que el derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios se
deriva de su asistencia comprobada a las sesiones plenarias y a las
comisiones permanentes que se lleven a cabo en días diferentes a
los de aquellas, puesto que:
[…] De los fundamentos de orden constitucional, legal y
jurisprudencial citados surge la inequívoca consideración que el
derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios
se deriva de su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a
cabo en días diferentes a los de aquellas.
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto con radicación núm. 631 de 24 de
agosto de 1994, consejero ponente Humberto Mora Osejo.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
febrero de 2022, número único de radicación 70001233300020210001501, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
19 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 22 de febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-04038-
01, consejera ponente María Elizabeth García González; de 12 de julio de 2018, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-04041-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López; de 21 de
mayo de 2021, número único de radicación 50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés; de 17 de febrero de 2022, número único de radicación
05001233300020200381801, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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(…)
Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política,
y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de
2000, los concejales tienen derecho al pago de honorarios
por su asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva
corporación, sin que se establezca otra condición en dichas
normas, de la que se haga depender la causación del
respectivo derecho.
Para la Sala, el análisis del acervo probatorio que obra dentro del
expediente permite concluir que el presupuesto constitucional
y legal que se exige para el reconocimiento de honorarios a
quienes ostentan la condición de concejales, se encuentra
satisfecho pues está acreditado con las actas de las sesiones del
concejo municipal de El Colegio – Cundinamarca, con los registros
de asistencia a las mismas y, con la certificación allegada por el
Presidente de dicha Corporación, que el señor Manuel Ignacio
Trujillo Rodríguez, en su condición de Concejal, asistió a las
sesiones extraordinarias realizadas los días 8, 11 y 14 de
marzo de 2016, así como a la sesión ordinaria que se celebró
el 9 de mayo de 2016, en las cuales participó en la discusión
de aspectos relacionados con el nombramiento del
Personero Municipal y en la votación que en ellas se realizó.
Vistas, así las cosas, el concejal Manuel Ignacio Trujillo Rodríguez,
por haber asistido a las sesiones previamente referenciadas,
sí tenía derecho a recibir, como contraprestación, los
honorarios que en efecto le fueron reconocidos por la
Secretaría de Hacienda del Municipio de El Colegio –
Cundinamarca, mediante las Resoluciones nros. 027 de marzo 14
y 040 de mayo 31 de 2016. Honorarios que se pagan con recursos
presupuestados como gastos de funcionamiento de los Concejos y
que se ubican dentro del concepto jurídico de “dineros públicos”
conformados por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos de capital, los cuales deben cumplir con la destinación
prevista en el respectivo Presupuesto, de conformidad con el
mandato del artículo 345 de la Constitución Política […]20 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
febrero de 218, radicado: 25000 2342 000 2017 04038 01, actora: Glory Estefanny Ortega Guerrero,
demandado: concejal del municipio de El Colegio, MP: María Elizabeth García González. Este criterio
se reiteró en posterior sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, número de radicado: 25000-23-42-000-2017-04041-01, actora: Glory Estefanny
Ortega Guerrero, demandado: Juan Carlos Sosa Reyes, MP: Oswaldo Giraldo López.
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Así lo determinó también la Corte Constitucional al considerar:
“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los concejales
municipales, el artículo 312 de la Constitución Política señala en sus
incisos segundo y tercero que “los concejales no tendrán la calidad
de empleados públicos” y que “la ley podrá determinarlos casos en
que tengan derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones”.
“En desarrollo de las anteriores disposiciones superiores, el artículo
65 de la Ley 136 de 1994 prescribe que los miembros de los
concejos de las entidades territoriales tienen derecho a
reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las
sesiones plenarias […]”.
[…]
Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política,
y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la Ley 617 de
2000, los concejales tienen derecho al pago de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva corporación,
sin que se establezca otra condición en dichas normas, de la que se
haga depender la causación del respectivo derecho […]”21.
En este sentido, a las mesas directivas les corresponde expedir las
resoluciones para efectos del reconocimiento de los honorarios, actos
administrativos que deben publicarse en los medios oficiales
existentes en el respectivo municipio o distrito, con el fin de que
cualquier ciudadano pueda impugnarlos, en cuyo caso, la autoridad
competente debe dar trámite a la investigación correspondiente.
A su vez, en medio del análisis de la causal de indebida destinación
de dineros públicos, con ocasión de unos honorarios reconocidos a
unos concejales por la asistencia a unas sesiones sobre las cuales se
cuestionaba su legalidad, la Sala determinó que:
21 Corte Constitucional, sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, expediente D-4169, magistrado
ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
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“[…] De lo expuesto se desprende que los honorarios de los
concejales constituyen una retribución por su asistencia a
las sesiones plenarias, y, en esa medida, la jurisprudencia de
la Sección Primera de la Corporación ha indicado que los
concejales tienen derecho al pago de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva
corporación, sin que se establezca otra condición de la que
se haga desprender la causación del respectivo derecho22.
Por consiguiente, la Sala estima que en este caso no se incurrió en
una indebida destinación de dineros públicos de manera directa o
indirecta por el pago y cobro de los honorarios de los concejales
respecto de las sesiones que se convocaron entre el 1 y el 10 de
enero de 2024, dado que el requisito previsto en la ley para el
reconocimiento de los honorarios es la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias, lo que el solicitante no
discute; por el contrario, lo que controvierte es que las
referidas sesiones no podían llevarse a cabo y, por ende,
tampoco era procedente el reconocimiento de honorarios,
circunstancia que no se traduce en una indebida destinación
de dineros públicos, pues los recursos fueron utilizados para
remunerar la asistencia de los concejales a las sesiones que
fueron convocadas y celebradas, el cual constituye el único
requisito para proceder con el respectivo pago.
Así las cosas, el supuesto alegado por el solicitante, consistente en
que, del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 se desprende que para
un municipio como Granada, Meta, el primer período de sesiones
comienza el 1 de febrero y, por ende, los concejales no podían
percibir los honorarios por la asistencia a la sesiones llevadas a cabo
entre el 1 y el 10 de enero de 2024, no implica una indebida
destinación de dineros públicos, puesto que, de conformidad
con la ley, el pago de los honorarios se causa con la
asistencia comprobada a las sesiones, lo que en este caso
ocurrió.
(…)
Cabe precisar que tampoco se produjo una indebida destinación de
recursos de manera indirecta, dado que, por el hecho de recibir el
pago de los honorarios causados, los concejales no distorsionaron
las finalidades del gasto, que es uno de los presupuestos que se
requieren para que se configure la causal de pérdida de investidura,
pues se destinó precisamente a reconocer la retribución por
22 Al respecto, puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 21 de mayo de 2021, número único de radicación
50001233300020200075801, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01
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su asistencia a las sesiones convocadas […]”23 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Del contenido de las normas y jurisprudencia transcritas, es dable
colegir las siguientes reglas para la verificación del correcto
reconocimiento de honorarios a los concejales, por la asistencia
demostrada a sesiones ordinarias y extraordinarias:
(i) El reconocimiento de honorarios a los concejales se causa por su
asistencia comprobada a sesiones plenarias y de comisiones
permanentes que se lleven a cabo en días distintos a los de aquellas,
tanto ordinarias como extraordinarias, sin que la ley establezca otra
condición de la que se haga depender la causación del respectivo
derecho; (ii) el pago se hace con cargo a los respectivos
presupuestos municipales o distritales; (iii) el valor de los honorarios
varía dependiendo de la categoría del municipio al que pertenecen;
(iv) tales pagos resultan incompatibles con cualquier asignación
proveniente del tesoro público, excepto en aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales; (v) las resoluciones que para
el reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los
concejos, deben ser publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito y cualquier ciudadano
o persona puede impugnarlas, en cuyo caso, la autoridad competente
debe dar curso a la investigación o procedimiento administrativo
correspondiente, y (vi) la ley estableció un número máximo de
sesiones ordinarias y extraordinarias que deben celebrar los concejos
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
enero de 2025, número único de radicación 50001-23-33-000-2024-00098-01, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
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y que dan lugar al reconocimiento del pago de honorarios
dependiendo de su categorización.
V.4.- Del caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso24, y que guarda estrecha relación con el asunto sometido a
controversia, pudo verificar que los accionados, en efecto, fueron
elegidos concejales de Canalete (Córdoba), para el período
constitucional 2024-2027, así: LUIS EDUARDO ESTRELLA
MARTÍNEZ, en representación del Partido Cambio Radical; ÁNGELA
MARÍA MACHADO MORELO, en representación del Partido Cambio
Radical; y ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ, en
representación del Partido Alianza Social Independiente ‘ASI’, según
consta en el formulario E-26 CON de 7 de noviembre de 2023,
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, acto
administrativo en el que también se verifica la elección del señor
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, como concejal de
Canalete (Córdoba), en representación del Partido Liberal
Colombiano, por el derecho otorgado por el artículo 25 de la Ley
Estatutaria 1909 de 9 de julio de 201825.
En Acta 01 de 2 de enero de 2024 del Concejo de Canalete (Córdoba),
consta que los accionados fueron elegidos miembros de la mesa
directiva de esa corporación, vigencia 2024, así: LUIS EDUARDO
ESTRELLA MARTÍNEZ, presidente; ÁNGELA MARÍA MACHADO
24 Tal como se advirtió al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
25 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes […]”.
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MORELO, primera vicepresidente; y ORLANDO MANUEL RAMOS
MARTÍNEZ, segundo vicepresidente.
V.4.1.- Por una parte, el apelante circunscribe su recurso a la
expedición de las resoluciones 015 de 2 de septiembre de 2024, 016
de 2 de septiembre de 2024 y 008 de 18 de junio de 2024, mediante
las cuales los accionados, en su calidad de miembros de la mesa
directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), autorizaron el pago de
honorarios de sesiones de transportes ordinarios de comisión a los
concejales, correspondiente a unas reuniones de junio y agosto de
2024, incluyendo el reconocimiento del auxilio de transporte al señor
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, por los montos de
$800.000, $200.000 y $500.000, respectivamente, para un total de
$1.500.000.
En el certificado de vecindad de 20 de febrero de 2025, expedido por
la inspectora Primera Urbana de Policía de Montería (Córdoba), el
señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, manifestó, bajo
la gravedad de juramento, que reside en un barrio de la zona urbana
de Montería (Córdoba).
Según tres certificaciones de 7 de julio de 2025, suscritas por la
secretaria de Hacienda y Finanzas de Canalete (Córdoba), el 9 de
agosto y 2 de septiembre de 2024 se realizaron, mediante
transferencias electrónicas, los pagos por concepto de honorarios de
transporte de sesiones ordinarias de los concejales que residen en
zona rural de los días 1, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
27, 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2024, por las sumas de $5.000.000,
$10.000.000 y $900.000, respectivamente, excluyendo como
beneficiario de este pago al señor ARMANDO JOSÉ
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LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, debido a que en los soportes se
evidenciaba que este concejal reside en la ciudad de Montería
(Córdoba).
Para respaldar lo anterior, fueron adjuntados comprobantes de pago
de 9 de agosto de 2024 por la suma de $5.000.000 y dos de 2 de
septiembre de 2024, por valores de $10.000.000 y $900.000,
respectivamente, en las que no fue incluido el concejal ARMANDO
JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO.
A su vez, con certificación de 7 de julio de 2025, la Secretaría General
del Concejo de Canalete (Córdoba), hizo constar que al concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, no se le reconoció el
pago por el auxilio de transporte de la vigencia 2024 y lo corrido
de la vigencia 2025, después de haber recibido la notificación de la
administración municipal mediante oficio de 15 de noviembre de
2024, de que no se debería incluirlo en las resoluciones de pagos,
por lo que desde tal fecha, sostiene, no se volvió a relacionar en
estos.
Para la Sala, por lo tanto, resulta evidente que, al no haberse
desembolsado los recursos que le fueron reconocidos por los
accionados al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO,
por concepto de auxilio de transporte durante la vigencia 2024, no
se materializó aquel requisito presupuestal, no hubo erogación y, por
lo mismo, se trata de una circunstancia atípica que impide el análisis
propuesto por la apelante, respecto de si es admisible, o no,
reconocer y pagar auxilio de transporte a un concejal que si bien no
vive en la zona rural de Canalete (Córdoba), sí lo hace en un
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municipio como Montería (Córdoba), ubicado a una mayor distancia
que aquella zona rural.
De manera que, en consonancia con el criterio de la Sección,
permanece sin prueba el elemento objetivo de la causal de indebida
destinación de dineros públicos respecto a este cargo de la solicitud,
como quiera que el principal insumo que permitiría abordar su
estudio, esto es un gasto imputable al erario, no concurrió en el caso
concreto. En un asunto similar, la Sala determinó:
“[…] V.3.1.- Respecto de las circunstancias que giran en torno
al concejal RAFAEL LEONARDO PÉREZ MOLINA, y tal como
lo estableció el Tribunal, no se configuró objetivamente la
causal de indebida destinación de dineros públicos, toda vez
que la erogación nunca fue materializada, luego de que:
(i) no tuviera lugar el cobro de los honorarios en exceso
por parte de su beneficiario, (ii) se procediera a anular
el cheque inicialmente expedido por la oficina pagadora
y (iii) se emitiera un nuevo cheque a favor del
mencionado concejal, esta vez, por la cifra correcta
equivalente a 9 sesiones extraordinarias […]”26 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Es así como queda desvirtuado este argumento, ante las evidencias
allegadas al expediente que certifican la ausencia de pago a favor del
concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, por concepto
de auxilio de transporte en la vigencia 2024, sumado a que no se
aportó prueba en contrario por parte de la solicitante, todo lo cual
conduce a confirmar la sentencia recurrida en este aspecto.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 29 de
agosto de 2025, radicación 81001233900020240005702, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón.
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V.4.2.- Por otra parte, aparece copia de la Resolución 004 de 10 de
mayo de 2024, suscrita por los accionados, por medio de la cual se
autorizó el pago de honorarios de 7 sesiones ordinarias a los
concejales de Canalete (Córdoba), correspondientes al 1o., 3, 6, 7,
8, 9 y 10 de mayo de 2024, en la que se relaciona sin asistencia el
concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO
De igual forma, la secretaria del Concejo de Canalete (Córdoba),
expidió constancia de 31 de mayo de 2024 en la cual señala que los
concejales asistieron al segundo período de sesiones ordinarias
realizadas del 11 al 31 de mayo del mismo año para un total de 15
sesiones ordinarias de transporte, presentó copia de asistencia de
cada sesión de los honorables concejales en el periodo en mención,
a las que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO
asistió a 5 de estas.
Reposa copia de la Resolución 005 de 31 de mayo de 2024, expedida
por los accionados, por medio de la cual se autorizó el pago de
honorarios de 15 sesiones ordinarias a los concejales de Canalete
(Córdoba), correspondientes al 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2024, en la que reconoce al
concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO la suma de
$232.995 por concepto de honorarios, así como el pago de seguridad
social por la suma de $624.000 pesos, por su asistencia a 5 sesiones.
Mediante la Resolución 006 de 31 de mayo de 2024, se reconoció el
pago de los honorarios de los concejales de Canalete (Córdoba), por
su asistencia a 7 sesiones de transporte ordinarias de 11, 14, 15, 16,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2024,
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coincidiendo la asistencia del concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, a las mismas 5 sesiones reconocidas en
la Resolución 005 de 31 de mayo de 2024.
En efecto, está demostrado que el concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, entre el 1o. y el 31 de mayo de 2024,
solo asistió a 5 de 22 sesiones ordinarias, que fue lo que
efectivamente se le pagó por valor de $232.995.
La norma que invoca la solicitante como transgredida, y que en sus
términos configura la segunda hipótesis de indebida destinación de
dineros públicos en el caso concreto, es la prevista en el artículo 68
de la Ley 136, así:
“[…] Artículo 68.- Seguros de vida y de salud. Los concejales
tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos,
a un seguro de vida equivalente a veinte veces del salario mensual
vigente para el alcalde, así como a la atención médico-asistencial a
que tiene derecho el respectivo alcalde.
Para estos efectos, los concejos autorizarán al alcalde para que se
contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada,
el seguro previsto en este Artículo.
Sólo los concejales que concurran ordinariamente a las sesiones de
la corporación, tienen derecho al reconocimiento de un seguro de
vida y de asistencia médica, en los mismos términos autorizados
para los servidores públicos del respectivo municipio o distrito.
La ausencia en cada período mensual de sesiones a por lo
menos la tercera parte de ellas, excluirá de los derechos de
honorarios y seguro de vida y asistencia médica por el resto
del período constitucional.
Parágrafo.- El pago de las primas por los seguros estará a cargo
del respectivo municipio […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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En este cargo se plantea que si en mayo de 2024 el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO solo asistió a 5 sesiones
ordinarias, habiéndose llevado a cabo 22, su ausencia en ese período
mensual ni siquiera equivalió a la tercera parte de ellas, (7.3
sesiones), razón por la cual ha debido excluirlo de percibir honorarios
por el resto del período constitucional.
Para defenderse, los accionados acudieron a lo decidido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia de 30 de enero de
2025, proceso de pérdida de investidura con radicación
23001233300020240021200, seguido contra el concejal ARMANDO
JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, en el que, para denegar su
desinvestidura, halló justificada sus ausencias a las sesiones
ordinarias de 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, a partir
de las siguientes consideraciones:
“[…] Ahora, pese a que el demandado no asistió a las sesiones de
comisión ya referidas, en el expediente no se acreditó que
previamente se le haya citado a las mismas por parte del
Secretario del Concejo Municipal, las cuales fueron llevadas
a cabo los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024;
y en las sesiones plenarias tampoco se advierte citación
alguna a sesión de comisión para las fechas mencionadas,
por lo que, claramente ello implica la acreditación de fuerza
mayor como causal justificativa de su inasistencia a esas
sesiones, al darse el elemento de la imprevisibilidad, dado
que acorde con el supuesto jurisprudencial en comento el
hecho de no ser citado a las sesiones no le permitió prever o
conocer anticipadamente al demandado la realización de la
reunión respectiva.
Además, de lo anterior, se advierte que el demandado también
alega como justificación de su inasistencia su calidad de
sujeto de especial protección por haber padecido
desplazamiento forzado y que adicionalmente tiene una
situación de falta de protección a raíz del cambio efectuado
a su esquema de protección mediante Resolución N° DGRP
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003512 de 2024. Sobre estos aspectos al proceso se aportó
Resolución N°218-30541 de 16 de mayo de 2018 mediante la cual
se incluyó al señor Armando Lambertinez Bolaño en el Registro
Único de Víctimas junto a los demás miembros de su grupo familiar
y se reconoció el hecho victimizante de desplazamiento forzado, así
como también de amenaza, acto terrorista y abandono de bienes
inmuebles.
Por su parte, fue aportada por la Unidad Nacional de
Protección certificación y actos administrativos en donde
consta las medidas de protección implementadas al señor
Armando Lambertinez Bolaño con ocasión de las
evaluaciones del riesgo realizadas por las amenazas
padecidas, evaluaciones que datan desde el año 2015 y en
donde se ha considerado que el demandado se encuentra en
riesgo extraordinario en cada evaluación del riesgo
realizada, otorgándosele distintas medidas de protección,
iniciando con la Resolución N° S0341 de 31 de diciembre de 2015
en donde se le asignó mientras fungía como alcalde del municipio
de Canalete como medida de protección un medio de comunicación,
un chaleco blindado y un hombre de protección preventivamente y
culminando con la Resolución N° DGRP 003512 de 16 de mayo de
2024 en la que se determinó que el mismo continua en riesgo
extraordinario, sin embargo, el esquema de protección con
que contaba, esto es, carro blindado, una persona de
protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación
se modificó, decidiendo esa entidad que continuara con la
persona de protección, el chaleco blindado y el medio de
comunicación, situación que a juicio del demandado ha
imposibilitado su asistencia al Municipio de Canalete.
Ahora, el demandado alega que su situación de falta de
protección, más exactamente no contar con vehículo para
desplazarse le ha impedido asistir a las reuniones del
concejo municipal de Canalete como quiera que teme por su
vida ante la situación de riesgo en la que se encuentra
inmerso, situación que para la Sala Plena se enmarca dentro
de lo considerado por la norma y la jurisprudencia como
fuerza mayor, puesto que si bien en algunas ocasiones se ha
movilizado con el cambio del esquema de protección para asistir a
la sesiones del concejo en un vehículo que le presta el señor Mario
Sinisterra, lo cierto es que requerirle que realice una exposición de
ese tipo ante la situación tan clara de amenazas que padece resulta
excesivo, máxime, cuando el mismo reconoció en el interrogatorio
de parte rendido que: “tengo un vehículo que me lo presta el
ingeniero Mario Sinisterra, el vehículo es de él y me lo presta cuando
él puede, porque está en sus actividades y la persona que me
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acompañan a mí, que me presta seguridad, es una seguridad
privada, que yo la contrato, a esa persona le cancelo 100.000 pesos
por día”, esto es, en algunas ocasiones ha logrado asistir al recinto
del Concejo Municipal con el apoyo de amistades.
La anterior, situación es de conocimiento del Concejo
Municipal en pleno, dado que el demandado informó el 1 de
mayo de 2024 lo referente al cambio de su esquema de
seguridad mientras se excusaba por la inasistencia a las
sesiones extraordinarias realizada durante el mes de abril,
situación que al persistir le impidió también presentarse a
las sesiones del mes de mayo, así las cosas, ante el
reconocimiento del señor Armando Lambertinez Bolaño como sujeto
de especial protección, lo cual conlleva encontrarse en una
situación de vulnerabilidad y teniendo en cuenta la
acreditación del nivel de riesgo extraordinario con que
cuenta, para la Sala dichas circunstancias de riesgo para la
seguridad e integridad personal también tienen el carácter
de fuerza mayor, y por ende es una causal justificativa de su
inasistencia a las sesiones.
Poniendo de presente la Sala, que al tener conocimiento el concejo
municipal de Canalete acerca de la modificación al esquema de
protección del concejal, situación que ponía en riesgo su vida e
integridad personal, no hizo uso de la facultad que le otorga el
artículo 2° de la Ley 1148 de 2007 que adiciona un parágrafo
al artículo 23 de la Ley 136 de 1994, emitiendo acto
administrativo motivado en el cual procurara la participación
de las sesiones de manera no presencial al concejal
Armando Lambertinez Bolaño, quien se encontraba
amenazado y ello le impedía presentarse en la totalidad de
las sesiones convocadas.
De igual forma, a más de no adoptar las medidas pertinentes el
Concejo municipal de Canalete de acuerdo a sus competencias, se
observa que igualmente la Alcaldía del Municipio de Canalete
no lo hizo, comoquiera que la Alcaldesa en el informe
allegado producto del requerimiento efectuado indicó que
tenía conocimiento sobre la Resolución N° DGRP 003512 de
16 de mayo de 2024 mediante la cual se modificó el
esquema de protección del concejal demandado, no
obstante, no realizó acuerdo o convenio en procura de
implementar medidas de protección a favor del señor
Armando Lambertinez Bolaño, limitándose a precisar que el
ente territorial no contaba con los recursos presupuestales
disponibles en la vigencia fiscal para la adopción de medidas
de protección al funcionario.
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Conforme con todo lo antes expuesto, para la Sala Plena no se
configuran los elementos objetivos de la causal de nulidad
de que trata el numeral 2° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, y por el contrario pese a la inasistencia comprobada a
las sesiones de comisión realizadas durante el mes de mayo
por parte del demandado, se acreditaron unas
circunstancias de fuerza mayor que justifican su ausencia,
razón por la que se sustrae la Sala de realizar análisis
subjetivo de la conducta del demandado, conforme lo
señalado. Para la Sala la acreditación de fuerza mayor en el caso
concreto da lugar a la negativa de las pretensiones de la demanda
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Tales conclusiones con origen en circunstancias de fuerza mayor,
relativas a la indebida citación para sesionar durante tales reuniones,
así como su calidad de víctima con riesgo excepcional de seguridad
y la carencia total de un esquema de protección, fueron respaldadas
por esta Sección al decidir el recurso de apelación interpuesto contra
esa providencia, mediante sentencia de 9 de octubre de 2025, así:
“[…] 39.1. Al respecto, cabe señalar que aun cuando se probó
que en esas 7 sesiones estuvo ausente el concejal
demandado y se votaron proyectos de acuerdo municipal, lo
cierto es que, como lo señaló el Tribunal, en el plenario no
aparece prueba de que tales reuniones fueran citadas de
manera verbal por el presidente de la comisión o por quien,
dada su ausencia, hiciera sus veces; tampoco hay prueba de
que habiendo estado ausente el concejal y presidente de dicha
comisión, señor JOSÉ ARMANDO LAMERTINEZ BOLAÑO, se lo
hubiera citado en los términos previstos en el artículo 62 del
reglamento interno del Concejo de Canalete.
Por el contrario, las Actas núms. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07,
de 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024,
respectivamente, correspondientes a las sesiones de la
comisión segunda de presupuesto, carecen de convocatoria
o citación alguna, como se ve a continuación:
(…)
39.2. Asimismo, tampoco aparece probado, mediante las actas
que obran en el proceso o en los oficios allegados por el presidente
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del cabildo que, en alguna de las sesiones plenarias de las
realizadas en el mes de mayo de 2024, a las que asistió el
concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, se
hubiera convocado o citado a los miembros de la comisión
segunda de presupuesto, para que se llevara a efecto alguna
sesión de esa comisión.
39.3. De igual forma, las actas indicadas supra corroboran que: (i)
a las sesiones de la comisión segunda de presupuesto del Concejo
de Canalete (Córdoba), realizadas los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y
29 de mayo de 2024 no asistió su presidente, el concejal ARMANDO
JOSÉ LAMBERETINEZ BOLAÑO; (ii) los integrantes de esa comisión
dieron curso a las mencionadas sesiones, votaron los proyectos de
acuerdo municipal, y, al finalizar cada sesión no realizaron ninguna
precisión en cuanto citar día y hora en que se realizaría la próxima
reunión; no consta en ninguna de las documentales del plenario,
que por algún medio se hubiera citado al mencionado concejal
ausente, informándole el día y la hora en que se realizarían dichas
sesiones.
40. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el
caso concreto y por lo menos en lo referente a las citaciones
de los concejales que no están presentes, ninguna
relevancia presenta el hecho de que el concejal ausente
fuera el presidente de la comisión; lo anterior, en razón a
que el artículo 62 del Acuerdo núm. 011 se refiere a la
citación a las sesiones en general; dicho reglamento nada
dispone sobre la forma en que debe operar la comisión
cuando no asiste su presidente, o sobre quien debe hacer
sus veces cuando no asiste.
(…)
56. Por dichas razones, la sala considera que la valoración
probatoria realizada en la sentencia de 30 de enero de 2025 no fue
indebida, ni que esa decisión omitiera valorar hechos probados de
los que se pudiera derivar algún indicio que, estudiado en conjunto
con el restante acervo probatorio, permitiera inferir que el concejal
JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, hubiera sido citado, o
cuando menos informado por algún medio eficaz, sobre los
días y horas en que sesionaría la comisión segunda de
presupuesto, con el fin de votar los proyectos de acuerdo de
competencia de esa comisión. En consecuencia, este primer
cargo de la apelación no prospera.
(…)
79. Conforme con las pruebas indicadas supra y los hechos que
ellas acreditan, la Sala coincide con lo concluido por el Tribunal, en
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el sentido de que el concejal, señor JOSE ARMANDO
LAMBERTINEZ BOLAÑO, para la época de los hechos se
encontraba en una situación que justificaba sus ausencias,
consistente en el riesgo de seguridad extraordinario que
soportaba; de manera que se vio sobrevenido por una
situación externa, relativa a la eliminación de su esquema
de seguridad completo proporcionado por la UNP, por lo
menos desde el 12 de abril de 2024, fecha en la que presentó
una acción de tutela por tal motivo, y que, como mínimo se
prolongó hasta el 22 de julio de 2024, cuando el municipio
certificó que no contaba con recursos para sumir el esquema
de seguridad recomendado.
80. En ese orden, independientemente de que el concejal
contara o no con un vehículo de protección para su
desplazamiento; lo cierto es que estuvo carente de cualquier
tipo de protección durante el lapso anteriormente
mencionado, y en ese sentido, en la condición de riesgo
extraordinario de seguridad en las que estaba, y como
víctima de desplazamiento forzado, atentado terrorista y
abandono de bienes del municipio de Canalete; exigirle
cualquier desplazamiento al municipio de Canalete, más allá
de sus propias posibilidades y sin atender al estado de
zozobra y riesgo real que ello representa para cualquier
persona en riesgo de seguridad extraordinario, no sería
razonable ni proporcionado.
81. Es decir, en el presente caso lo que cobra relevancia es
que la situación del riesgo de seguridad y la carencia total de
un esquema de protección, constituyeron una circunstancia
externa, imprevisible e insuperable para el concejal, so pena
de poner en riesgo su vida y su integridad personal; y en esa
medida justifica las ausencias del concejal; por el contrario, no
se trata de una evento de fuerza mayor en estricto sentido, como lo
es la ausencia de citación de los concejales a las sesiones, o el
naufragio, o una incapacidad médica debidamente acreditada.
82. A lo anterior, se suma que el Concejo Municipal conocía
la situación en la que se encontraba el concejal, porque así
se los hizo saber desde el 1° de mayo de 2024, y solo la
definió hasta el 23 de mayo siguiente, sin ejercer la facultad
que le confiere la Ley 136, artículo 23, parágrafo 3°, en los
siguientes términos: “[…] Cuando la Presidencia de la Corporación,
por acto motivado declare que, por razones de orden público,
intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros de los
Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual,
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podrán participar de las sesiones de manera no presencial […]”27
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Ambas providencias, proferidas en el proceso con radicación
23001233300020240021200, así como sus pruebas, fueron
recaudadas a través de auto de 3 de julio de 2025, proferido por el
Tribunal y permanecen en el expediente del caso concreto.
Por lo tanto, para la Sala resulta palmario que están justificadas las
ausencias del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO,
a las 7 sesiones ordinarias del Concejo de Canalete (Córdoba),
realizadas el 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, con
ocasión de razones de fuerza mayor tales como que no fue citado, o
cuando menos informado por algún medio eficaz, sobre los días y
horas en que se sesionaría, así como su calidad de víctima con riesgo
excepcional de seguridad y la carencia total de un esquema de
protección por parte del Estado.
En consecuencia, queda descartado el argumento de la apelante,
según la cual hubo una indebida destinación de dineros públicos por
la ausencia del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO
a una tercera parte de las sesiones llevadas a cabo en mayo de 2024,
habida cuenta que una vez demostrada la justificación en sede
judicial de las ausencias a esas 7 sesiones ordinarias, quedó
inoperante la consecuencia prevista en el artículo 68 de la Ley 136,
y, por el contrario, habilitó a los accionados a realizar el correcto
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
octubre de 2025, número único de radicación 23001-23-33-000-2024-00212-01, consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta.
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reconocimiento y pago de tales honorarios por concepto de los 5 días
a los que aquel sí asistió.
V.4.3.- El elemento tipificador de la causal de indebida destinación
de dineros públicos se encuentra en el hecho de que el servidor
público de elección popular, en este caso, un concejal, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas28.
Es así como, con fundamento en lo examinado, la Sala encuentra que
no está demostrada una indebida destinación de dineros públicos en
cabeza de los accionados, por lo que la Sala procederá a confirmar
la sentencia apelada mediante la cual se denegó la pérdida de
investidura de los concejales de Canalete (Córdoba), señores LUIS
EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ, ÁNGELA MARÍA MACHADO
MORELO y ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
marzo de 2022, número único de radicación 13001 2333 000 2021 00252 00, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 27 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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