Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2024-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2024-00212-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 23001-23-33-000-2024-00212-01
Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
Concejal: Armando José Lambertínez Bolaño
Asunto: El concejal del municipio de Canalete, Córdoba, no incurrió en la
causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 48, numeral 2, de la
ley 617 de 2000, porque las siete inasistencias que sumó, a las sesiones de la
comisión segunda de presupuesto del concejo de Canalete en las que se
votaron acuerdos municipales, encuentran excusa en una fuerza mayor,
consistente en la falta de citación expresa y oportuna a los concejales ausentes
en los término del artículo 62 del Acuerdo 011 de 2020, reglamento interno del
cabildo municipal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora OSIRIS
SOFÍA ROMERO ORTEGA, contra la sentencia de 30 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual
denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Canalete
(Córdoba), señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, elegido por el
período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
La solicitud
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Número único de radicación: 23001 23 33 000 2024 00212 01
Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
1. La señora OSIRIS SOFÍA ROMERO ORTEGA, actuando mediante
apoderada, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor ARMANDO
JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, concejal elegido del municipio de Canalete
(Córdoba) por el período constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió
en la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 48, numeral 2,
de la Ley 617 de 6 de octubre de 20001, por la inasistencia en un mismo
período de sesiones a cinco reuniones plenarias o de comisión en las que se
voten proyectos de acuerdo.
2. En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, lo siguiente:
a) El señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO es concejal del
municipio de Canalete (Córdoba), periodo 2024-2027, por derecho personal
de oposición al haber obtenido el segundo lugar en las votaciones para elegir
alcalde de ese municipio, y tomar posesión de la curul el 5 de enero de 2024.
b) El mencionado concejal dejó de asistir, sin excusa válida y cierta, tanto
a sesiones plenarias convocadas por el Concejo de Canalete (Córdoba), como
a sesiones convocadas de la comisión segunda de ese cabildo municipal, de
la que era presidente, así:
• Del primer periodo ordinario de sesiones (mes de febrero de 2024), no
asistió los días 6, 8, 15, 16 y 23 de febrero de 2024.
• Del periodo extraordinaria que tuvo lugar en el mes de abril, dejó de
asistir a las sesiones plenarias realizadas el 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril de
2024.
• Del segundo periodo de sesiones plenarias (mes de mayo de 2024, dejó
de asistir a la totalidad de las sesiones convocadas, y en ellas se debatieron
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“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica
de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional […]”.
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Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
proyectos de acuerdo, demostrando el desinterés en el cumplimiento de sus
funciones como concejal.
• Dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias (mes de mayo de
2024), no asistió a las sesiones de la comisión segunda de presupuesto 13,
14, 24, 25, 26 y 29 de mayo de 2024, y en todas ellas se votaron proyectos de
acuerdos municipales.
c) El Concejo de Canalete (Córdoba), en respuesta a un derecho de
petición presentado por otro de los concejales de ese municipio, el 29 de mayo
de 2024 entregó una incapacidad de 10 días expedida para el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, suscrita el 21 de mayo de 2024
por el médico JAIRO MARTINEZ ROMERO; indicando que este último presta
sus servicios profesionales en la E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE
CANALETE; que la incapacidad médica corresponde a una consulta médica
particular en la ciudad de Montería (Córdoba), no fue suscrita por la IPS,
tampoco fue convalidada por la EPS del concejal.
d) La Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, le informó por
escrito de 16 de julio de 2024, que el señor JAIRO MARTINEZ ROMERO no
cuenta con registro de habilitación de consultorio en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
e) De lo anterior, concluyó que la excusa médica presentada por el
concejal no es válida ni cierta, de manera que no puede justificar sus
inasistencias a las sesiones que se realizaron durante los 10 días de
incapacidad, esto es, del 21 al 30 de mayo de 2024.
f) El concejal demandado allegó un escrito al Concejo de Canalete
(Córdoba) el 1° de mayo de 2024, manifestando que la Unidad Nacional de
Protección (UNP) le retiró del esquema de seguridad con el que contaba el
vehículo blindado y el hombre de seguridad, y que esa situación impidió su
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desplazamiento al municipio para asistir a las sesiones que se realizaron entre
el 24 y el 30 de abril de 2024.
g) Debido a las reiteradas inasistencias del concejal ARMANDO JOSÉ
LAMBERTINEZ BOLAÑO, la Mesa Directiva del Concejo de Canalete se
reunió el 23 de mayo de 2024, y consideró que la excusa relativa a la falta de
esquema de seguridad podía hacerse extensiva al periodo de sesiones
anterior, esto es, al extraordinario del mes de abril de 2024.
h) El hecho de no contar con esquema de seguridad, o de que este sea
reducido o modificado, no es justificación válida para excusar al concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO del cumplimiento de los deberes
de su cargo, teniendo en cuenta que la decisión de la UNP estuvo precedida
de un procedimiento administrativo de evaluación de riesgo, y con fundamento
en el expidió la Resolución núm. DGRP003512 de 16 de mayo de 2024, la cual
goza de plena legalidad.
i) Tratándose del desplazamiento para cumplir las obligaciones legales y
constitucionales que le corresponden como concejal municipal, la falta de
vehículo asignado por la UNP no constituye fuerza mayor, puesto que era una
circunstancia previsible y superable, como lo indican sus asistencias a las
sesiones realizadas el 15, 16 y 17 de mayo de 2024 en un vehículo particular,
así como a las plenarias realizadas en el periodo del mes de junio siguiente, o
que en el año anterior tuviera su residencia en el municipio de Canalete
(Córdoba).
3. Con base en todo lo anterior, concluyó que el concejal incurrió en la
causal de pérdida de la investidura invocada, porque hay prueba de que no
asistió a cinco sesiones de la comisión segunda de presupuesto que presidía,
realizadas el 13, 14, 24, 25, 26 y 29 de mayo de 2024, en las que se votaron
proyectos de acuerdo municipal, sin contar con excusa válida que justifique
esas ausencias.
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Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
La contestación a la solicitud de pérdida de investidura
4. El concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, obrando por
conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a la pretensión de
pérdida de la investidura, en esencia, con los siguientes argumentos:
a) Sobre las inasistencias a las sesiones plenarias Es un hecho notorio y
de público conocimiento que, en su condición de líder social y comunitario y
cuando tuvo la calidad de alcalde municipal de Canalete (Córdoba), se
enfrentó y realizó una serie de denuncias contra el grupo armado organizado
“Clan del Golfo”, mismo que tiene presencia permanente y activa en dicho
municipio, lo cual dio lugar a una serie de amenazas y atentados directos
contra su vida, debido a que esa organización criminal lo declaró objetivo
militar, en especial la columna que se hace llamar Zuley Guerra.
b) Indicó que, mediante Resolución núm. 2018-30541 de 16 de mayo de
2018, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), el Estado colombiano lo reconoció como víctima del
conflicto armado y declaró su situación de desplazamiento forzado; en
consecuencia, la UNP adelantó el estudio de riesgo correspondiente y en el
año 2019 determinó que su riego de seguridad era extraordinario y extremo,
asignándole un esquema de protección consistente en un vehículo blindado,
dos hombres de protección, un chaleco blindado y un equipo de comunicación
(teléfono celular).
c) Afirmó que la mencionada unidad, en el mes de febrero de 2024, retiró
de su esquema de seguridad el vehículo blindado y uno de los hombres de
seguridad; de manera que, por la falta del vehículo y el riesgo que esto implica
para su vida, sus desplazamientos y actividades disminuyeron drásticamente,
incluyendo la movilidad para acudir a las sesiones del concejo municipal.
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Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
d) Aseveró que sus inasistencias a las sesiones del Concejo de Canalete
(Córdoba) de los días 6, 8, 15, 16 y 23 de febrero de 2024 fueron justificadas,
así:
• Estuvo ausente en las plenarias del 6, 8 y 15 de febrero, debido a que
el vehículo de protección asignado por la UNP estuvo en mantenimiento, de
manera que no podía desplazarse de Montería a Canalete con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su vida, y así se lo comunicó al
presidente del cabildo.
• No asistió a la sesión del 16 de febrero porque estaba prestando el
servicio obligatorio de consultorio jurídico en la Universidad del Sinú donde
cursa estudios de derecho; circunstancia que le informó al presidente de la
corporación.
• Dejó de asistir a la plenaria de 23 de febrero por la citación que le hizo
el Juzgado Segundo Especializado de Montería dentro del radicado 23 001 60
00000 2019 00053 00, seguido contra JOSE LUIS MORELO FAJARDO, como
se lo comunicó por escrito al presidente del Concejo de Canalete.
e) Señaló que, las inasistencias a las sesiones del periodo extraordinario
entre el 24 y 30 de abril de 2024 fueron justificadas mediante escrito de 1° de
mayo de 2024, en el que presentó las excusas y los soportes documentales
correspondientes.
f) Aseguró que la UNP, a pesar de que su nivel de riesgo sigue siendo
extraordinario y está latente, redujo su esquema de seguridad a un chaleco
blindado y a un equipo de comunicación celular, dejando su vida a merced del
grupo armado organizado Clan del Golfo; y que es consecuencia de ello no
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Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
poder desplazarse al municipio de Canalete de forma segura, al punto en que
ha pensado en renunciar al cargo de concejal2; agregó que la administración
municipal de Canalete no ha realizado ninguna acción orientada a brindarle
las condiciones necesarias, como víctima del conflicto y desplazado forzoso,
para cumplir sus funciones como concejal.
g) Se refirió a la incapacidad suscrita por el médico JAIRO MARTINEZ
ROMERO, para señalar que lo expuesto por la demandante sobre la validez
de dicho documento, podría argüirse, eventualmente, para efectos salariales
en el ámbito de una relación laboral, pero no para los efectos de la pérdida de
investidura que pretende.
h) Agregó que se busca restarle valor a esa prueba documental sin usar
los mecanismos procesales pertinentes para ello, previstos en los artículos 269
y 272 del Código General del Proceso, y a partir de la deducción de hechos no
probados3; que no hay prueba alguna del vehículo en el que se desplazó el
concejal a las sesiones de 15, 16 y 17 de mayo de 2024, ni tampoco de que
hubiera residido en el municipio de Canalete luego de que hubiera sido
desplazado forzosamente en 2018.
i) Señaló que en este caso no se encuentra configurada la causal de pérdida de
la investidura, porque algunas de sus inasistencias están justificadas en una
fuerza mayor, derivada del retiro del esquema de seguridad del concejal; otras
cuentan con excusas justificadas; de manera que, en los periodos
demandados no concurre el número de 5 sesiones en las que haya estado
ausente injustificadamente, previsto en la causal.
2
Para ilustrar sobre la violencia en el departamento de Córdoba, y en especial en el municipio de Canalete, trae a
colación apartes de dos publicaciones en la Revista del CINEP: “PANORAMA DE DERECHOS, NOCHE Y NIEBLA Y
VIOLENCIA POLITICA EN COLOMBIA No. 52, julio – diciembre de 2015 – BANCO DE DATOS DE DERECHOS
HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA. CINEP, pág.33; y “PANORAMA DE DERECHOS, NOCHE Y NIEBLA Y
VIOLENCIA POLITICA EN COLOMBIA No. 57, Enero – Junio de 2018 – BANCO DE DATOS DE DERECHOS
HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA. CINEP, pág. 142; sobre hechos de violencia sucedidos en Canalete en los años
2015 y 2018, de los que fue víctima el señor Armando José Lambertinez Bolaño.
3
Como ocurre, por ejemplo, al señalar que el lugar en que se realizó la consulta fue Montería, que las consultas de
medicina particular se realizan en consultorios; o que el médico, para el momento de la consulta, se encontraba en el
municipio de Canalete.
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Solicitante: Osiris Sofía Romero Ortega
j) Por último, indicó que tampoco se encuentra probado que a las
sesiones hubiera sido citado el concejal; con lo cual, al no existir citación por
parte de la mesa directiva del Concejo de Canalete, ninguna obligación le
surgía para asistir a las sesiones, al no estar enterado de que serían
realizadas.
La sentencia proferida en primera instancia
5. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el
30 de enero de 2025, negó la pérdida de investidura del señor ARMANDO
JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, concejal del municipio de Canalete
(Córdoba), al no encontrar demostrada la configuración objetiva de la causal
de pérdida de la investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley
617, por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco reuniones
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de acuerdo.
6. Luego de indicar los hechos probados y valorar los medios de
convicción que reposan en el proceso, concluyó lo siguiente:
• Sobre las inasistencias del primer periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al mes de febrero de 2024: la parte demandante no cumplió
la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso;
debido a que no allegó prueba alguna de la realización de dichas sesiones, y
el Concejo Municipal tampoco allegó las documentales que así lo acreditaran,
a pesar de los requerimientos que se le efectuaron para tal efecto.
• En cuanto a las cinco sesiones del periodo extraordinario que tuvo
lugar en el mes de abril de 2024: el concejal no asistió a ninguna de ellas y
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presentó excusas4; sin embargo, como en las sesiones plenarias realizadas el
25, 26, 27 y 28 de abril de 2024 no se votaron proyectos de acuerdo y ello sólo
ocurrió en la sesión del 29 de abril, no se reúne el número de sesiones no
asistidas en las que se hubieran votado proyecto de acuerdo, exigido por la
norma para que se configure la causal.
• En el segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al
mes de mayo de 2024: las plenarias en las que se votaron proyectos de
acuerdo municipal se realizaron el 16, 20, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2024;
sin embargo, el concejal estuvo ausente5 en las sesiones del 16, 20, 28 y 29,
y presente en las sesiones del 30 y 31 de mayo; en consecuencia, para este
periodo tampoco se reúne el número de sesiones no asistidas en las que se
hubieran votado proyecto de acuerdo, exigido por la norma para que se
configure la causal.
• En las sesiones de la comisión segunda de presupuesto,
realizadas los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024: en todas
ellas se votaron proyectos de acuerdo municipal; el concejal fungía como
presidente de dicha comisión, no asistió a ninguna de las mencionadas
sesiones ni en las actas se dejó constancia sobre alguna justificación por sus
inasistencias; no obstante, como en el proceso no se logró acreditar que las
sesiones fueron citadas por el secretario del cabildo o que la citación se
hubiera efectuado al finalizar las sesiones en las actas correspondientes, las
inasistencias se debieron a la existencia de una fuerza mayor, pues la falta de
citación previa impidió que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ
BOLAÑO, conociera y previera la realización de tales reuniones de la
comisión.
4
Cfr. “[…] Presentó excusa señalando que no contaba con el vehículo asignado por la UNP que le permita
transportarse hasta el concejo municipal […]”.
5
El concejal no presentó excusa de las ausencias del 16 y 20 de mayo, y presentó excusa médica por sus
inasistencias a las sesiones realizadas el 28 y el 29 de mayo, misma que no se tuvo en consideración por el Tribunal,
en cuanto que, conforme al testimonio rendido por el galeno que la expidió, la incapacidad no corresponde a la realidad
y respecto de ella se constituye una falsedad ideológica.
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7. En adición, consideró que, acreditadas las circunstancias de riesgo para
la seguridad e integridad personal del concejal, éstas también tienen el
carácter de fuerza mayor y justifican sus inasistencias; debido a que se probó,
que:
• Está registrado como víctima de desplazamiento forzado, y, por ende,
es sujeto de especial protección constitucional por razón de la
vulnerabilidad propia de esa situación, reconocida así por la Corte
Constitucional.
• Ha contado con distintos esquemas de protección proporcionados por
la UNP desde 2015, y su riesgo de seguridad se mantiene como
extraordinario.
• Desde el 16 de mayo de 2024 dicha entidad le retiró el vehículo blindado
de protección.
• Desde el 1° de mayo de 2024 el Concejo de Canalete (Córdoba) conoce
dicha situación, sin haber procurado la participación del concejal en
forma no presencial, conforme a lo que se le faculta en el artículo 2° de
la Ley 1148 de 2007.
• La alcaldía municipal, a pesar de conocer la Resolución núm. DGRP
003512 de 16 de mayo de 2024 expedida por la UNP, no realizó
acuerdo o convenio en procura de implementar medidas de protección
a favor del concejal.
El recurso de apelación
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8. La parte accionante, por intermedio de apoderada, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, para que se revoque la sentencia y en su lugar
decrete la pérdida de la investidura del concejal, señor ARMANDO JOSÉ
LAMBERTINEZ BOLAÑO.
9. Concretamente, controvierte que se tuvieran como justificadas, por
fuerza mayor, las ausencias del concejal a las sesiones de comisión realizadas
los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, por: (i) no encontrarse
acreditado que dichas reuniones hubieran sido citadas por el secretario
general del Concejo de Canalete (Córdoba), o que esa citación se hubiera
efectuado en las sesiones plenarias; y, (ii) considerar que la falta del esquema
de protección brindado por la UNP, informado por el concejal el 1° de mayo de
2024 para excusar sus ausencias a las sesiones extraordinarias que se
efectuaron entre el 14 y el 30 de abril de 2024, constituye fuerza mayor.
10. Dice que, a las anteriores conclusiones llegó el Tribunal por: “[…]
indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso, indebida valoración
e inexistencia de fundamentos en la decisión proferida sobre elemento
subjetivo del demandado (culpabilidad o dolo), medio probatorio de indicios
por haberse probado falsedad ideológica en excusa médica, no tener en
cuenta los deberes del servidor público, omisión de denuncia por haberse
probado un delito de falsedad ideológica, omisión de dictar auto de mejor
proveer, y falta de motivación de la decisión […]”.
11. Afirma que las reuniones realizadas durante el segundo periodo de
sesiones (mayo de 2024), fueron convocadas por el presidente del cabildo
municipal antes de finalizar cada sesión, es decir, en estrados; y que se
dejaron de valorar como indicio los siguientes hechos probados: (i) que el
concejal presentó excusas por sus inasistencias a las plenarias realizadas los
días 6, 8, 16 y 20 de mayo de 2024, indicativo de que estaba enterado de que
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las sesiones fueron citadas; (ii) que el concejal fungía como presidente de la
comisión segunda de presupuesto, y le correspondía citar las sesiones de
dicha comisión, como lo previene el artículo 27 del reglamento interno del
Concejo de Canalete (Córdoba).
12. Señala que no se tuvo en cuenta que, las excusas que presentó el
concejal por las ausencias a las sesiones del 6, 8, 16 y 20 de mayo de 2024
no constituyen fuerza mayor, caso fortuito ni corresponden a situaciones de
cumplimiento de un deber legal, lo cual es indicio de que la evasión del
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
13. Asegura que no contar con vehículo blindado no resulta ser un hecho
imprevisible e irresistible para el concejal, en la medida en que se probó: (i)
hubo sesiones en las que, carente de ese tipo de vehículo, sí asistió a las
plenarias (15, 16, 17 y 31 de mayo de 2024) a pesar de no contar con vehículo
blindado para desplazarse6; (ii) esa situación lo afectaba desde el 24 de abril
de 2024, de manera que pudo tomar las medidas y previsiones necesarias
para evitar incurrir en la causal de perdida de la investidura por ausentismo,
por ejemplo, solicitar al concejo su asistencia virtual a las sesiones.
14. Indica que la sentencia no le restó mérito a las afirmaciones del concejal
demandado ni a las excusas que presentó para justificar sus ausencias, pese
a encontrarse probado, con los testimonios de los médicos JAIRO MARTINEZ
ROMERO y RAUL CAUSIL y con las certificaciones expedidas por el
coordinador de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE CANALETE, que es falsa
la incapacidad de 10 días con la que se excusó; razón por la cual se desatendió
lo previsto en el artículo 97 del Código General del Proceso: “[…] La falta de
contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos
y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad,
6
Indica que esto lo corroboran la respuesta enviada por el Concejo de Canalete a solicitud del despacho sustanciador;
el oficio de respuesta de 29 de mayo de 2024 aportado por la actora, y el oficio núm. OFIHCM-91-05-2024 de la mesa
directiva del cabildo, de fecha 23 de mayo de 2024, los cuales tampoco fueron tenidos en cuenta al momento de
valorar el acervo probatorio del proceso
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harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la
demanda […]”.
15. Dice que ocurre lo mismo al confrontar los argumentos de la defensa
sobre la presunta fuerza mayor por el retiro del esquema de protección, con
las afirmaciones que hizo el concejal en su interrogatorio de parte,
consistentes en que tenía un esquema de seguridad privado; contaba con una
camioneta para movilizarse, y que era administrador de una finca en el
municipio de San Marcos (Córdoba), a la que se desplazaba a pesar de que
allí es más gravosa la situación de orden público y de seguridad respecto de
la que se presenta en Canalete.
16. Afirma que el a quo no revisó el acervo probatorio del proceso en su
conjunto, en la medida en que nada dijo sobre las documentales expedidas
por la Universidad del Sinú, en las que consta que el demandado asistió
ininterrumpidamente los lunes en la mañana, desde el 11 de marzo de 2024
hasta el 31 de mayo de 2024, a las prácticas de consultorio jurídico de la
Universidad del Sinú; y estuvo matriculado como estudiante del programa de
derecho durante el periodo comprendido entre el 22 de enero y el 18 de mayo
de 2024, incluyendo las dos semanas de exámenes finales, entre el 17 y el 31
de mayo de 2024; indicativas de que concurrió a cumplir sus actividades
académicas y no asistió a cumplir sus deberes como concejal del municipio de
Canalete.
17. Asegura que el elemento subjetivo de la responsabilidad es de
necesario análisis en los procesos sancionatorios de pérdida de la investidura;
por lo que, la ausencia de dicho estudio en la sentencia apelada constituye
defecto sustantivo de esta.
18. Agrega que, el señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO ha
sido alcalde del municipio de Canalete (2 veces), concejal del mismo municipio
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(2 ocasiones) y ha cursado 10 semestres de derecho, de manera que conocía
sus obligaciones de asistencia a las sesiones y las consecuencias de su
infracción, y a pesar de ello, en forma voluntaria e intencional prefirió
incumplirlas, puesto que dejó de asistir a las sesiones y sus excusas no son
ciertas.
19. Por último, indica que la sentencia: (i) omitió compulsar copias a pesar
de encontrar acreditada una falsedad ideológica, y proferir auto de mejor
proveer, para esclarecer cualquier duda sobre las convocatorias de las
sesiones de la comisión segunda de presupuesto; y, (ii) desconoció lo previsto
en los artículos 280 y 242 del Código General del Proceso, en cuanto no
calificó la conducta procesal del demandado, para deducir indicios de ella y
apreciarlos.
Trámite en segunda instancia
20. El recurso se admitió por auto de 2 de abril de 2025. En esa misma
providencia se negaron las solicitudes probatorias allegadas por la parte
apelante, por no cumplir los requisitos exigidos en el artículo 212 del La Ley
1437, para el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia.
21. El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del artículo
14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187, fue descorrido así:
21.1. El concejal guardo silencio a pesar de que el auto de 2 de abril de 2025,
mediante el cual se admitió el recurso de apelación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de enero de 2025, se
notificó personalmente el 3 de abril de 2025, mediante correo electrónico
enviado a las partes y a los sujetos procesales, y por estado el 7 de enero de
2025.
7
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el
término de caducidad, entre otras disposiciones […]”
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21.2. Igualmente, el agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
22. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda
instancia, de acuerdo con el artículo 1508 de la Ley 1437, y el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199, sobre distribución de los procesos entre
las secciones del Consejo de Estado.
23. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la
Sala resolverá el recurso de apelación atendiendo lo previsto en los artículos
320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201210 y, en consecuencia, se
pronunciará únicamente sobre los argumentos y reparos formulados por el
apelante contra la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal de
Antioquia el 20 de febrero de 2025.
II.1. Problema jurídico
24. De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de primera
instancia proferida el 30 de enero de 2025, que negó la pérdida de investidura
del concejal por la causal prevista en el artículo 48, numeral 2, de la Ley 617
de 2000, esto es, por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de acuerdo
municipal, realizó una indebida valoración de las pruebas del proceso, dejó de
valorar otras, y omitió estudiar el elemento subjetivo.
8
En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los
tribunales administrativos en primera instancia.
9
Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
10
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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25. En concreto, la Sala deberá establecer si, en el proceso se encuentra
probado que las inasistencias del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ
BOLAÑO, a las sesiones de la comisión segunda de presupuesto del Concejo
de Canalete (Córdoba) realizadas los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo
de 2024, tuvieron lugar por fuerza mayor; y, en esa medida, si el Tribunal
Administrativo de Córdoba omitió, o no, pronunciarse sobre la culpabilidad del
concejal.
II.2. Caso Concreto
26. La causal de pérdida de investidura que se le endilga al señor ARMANDO
JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, concejal municipal de Canalete (Córdoba),
elegido para el período constitucional 2024-2027, es la prevista en el artículo
48, numeral 2, de la Ley 617 de 2000, norma que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5)
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos
de ordenanza o acuerdo, según el caso. (…)
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando
medie fuerza mayor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
27. De acuerdo con la jurisprudencia11 de la Sección Primera, siguiendo la
literalidad de la norma transcrita supra, para que se estructure la causal de
pérdida de investidura por inasistencias de los concejales, se requiere que
estén reunidos los siguientes requisitos:
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2020,
número único de radicación 05001233300020200062401, MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
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a) Calidad de concejal del accionado, esto es que ostente dicha dignidad
para la época de los hechos censurados en la solicitud de pérdida de
investidura.
b) No asistir a cinco (5) sesiones plenarias o a cinco (5) de comisión en un
mismo período de sesiones ordinarias o extraordinarias en las que se hayan
votado proyectos de acuerdo, entendido ello como la acción de aprobar o
improbar tales proyectos, esto es, decidir si se adopta o no el contenido de
estos como acto propio y definitivo de la respectiva corporación.
En punto de este elemento conviene precisar que en virtud de la literalidad del
numeral 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, no son acumulables las
inasistencias sesiones de distinta naturaleza, es decir, para que se configure
la causal no es posible sumar las inasistencias a las sesiones plenarias y las
inasistencias a las sesiones de comisión, tal como lo tiene sentado la
jurisprudencia de la Sección Primera12 según la cual, “[…] para que dicha causal
pueda configurarse se hace necesario que el demandado hubiera inasistido a cinco
(5) sesiones de plenaria o comisión en las que se hubieran votado proyectos de
acuerdo, sin que en ningún caso, puedan sumarse sesiones de distinta
naturaleza, puesto que en la expresión «sesiones de plenaria o de comisión»
del numeral en comento se observa la presencia de un conector gramatical de
tipo disyuntivo o alternativo […]”.
Asimismo, ha sostenido que la interpretación y aplicación de la causal debe
realizarse en armonía con lo establecido en el artículo 2313 de la Ley 136 de
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de 2008,
número único de radicación 05001233100020070000101, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Reiterada, entre otras, en:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10.09.2009. MP. María
Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 20001-23-31-000-2009-00201-01; sentencia de 20 de abril de 2023,
número único de radicación 05001-23-33-000-2023-00051-01, MP. Nubia Margoth Preña Garzón.
13
ARTICULO 23. PERIODO DE SESIONES: Los concejos de los municipios clasificados en categorías Especial,
Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para
tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias así: a) El primer
período será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero
del respectivo año. // El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero
de marzo y el treinta de abril; b) El segundo período será del primero de junio al último día de julio; c) El tercer período
será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el
presupuesto municipal. // Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán
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1994, que es la norma que regula los periodos ordinarios y extraordinarios de
las sesiones de los cabildos municipales y de la cual se deriva que tales
periodos tienen naturaleza y reglas distintas, de manera que, como la causal
previene que las inasistencias deben acaecer en un mismo periodo, no son
acumulables las inasistencias de los periodos ordinarios con las inasistencias
de los periodos extraordinarios14.
c) Que la inasistencia no esté justificada bajo una circunstancia de fuerza
mayor, en los términos del artículo 48, parágrafo 1º, de la Ley 617 de 2000.
Respecto de este elemento, la Sección Primera ha sostenido lo siguiente:
“[…] la regulación de esa causal sólo prevé como eximente de la misma
la fuerza mayor, en cuanto el parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 617
de 2000, prevé que no tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor.
(…) El artículo 64 del C.C., en concordancia con el artículo 1º de la Ley
95 de 1890 define la “fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto a
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.”
A su turno, imprevisto significa “no previsto”; previsto es el participio
pasivo irregular de prever, que a su vez significa “ver con anticipación”,
“conocer, conjurar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder”,
o “disponer o preparar medios contra futuras contingencias”15. En tanto
que resistir es oponerse a la acción o violencia de otra fuerza.
ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio,
cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día así: febrero, mayo, agosto y noviembre. // Si por cualquier causa
los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible,
dentro del período correspondiente. PARAGRAFO 1º. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días
calendario más, a voluntad del respectivo Concejo. PARAGRAFO 2º. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones
extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su
consideración. PARÁGRAFO 3°. Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare que, por
razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros de los Concejos Municipales
y Distritales concurran a su sede habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. // Para tal fin,
los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto
los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia,
videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los
Concejales. // En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos
establecidos en el presente artículo. // Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen
rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar
información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los Concejos Municipales y Distritales.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019,
número único de radicación 17001-23-33-000-2018-00188-01(PI), MP. Hernando Sánchez Sánchez, número único
de radicación 17001-23-33-000-2018-00188-01(PI).
15
Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, vigésima primera edición.
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En ese contexto, la fuerza mayor o caso fortuito es la circunstancia
o evento que no se pudo ver o conocer con anticipación como algo
posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o
indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no es
factible intuir o esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es
posible hacer oposición que neutralice o anule sus efectos.
De modo que ella no solo radica en la irresistibilidad de la acción o
violencia que entraña sino también en no poder ser prevista, no se
pueda inferir de señal o indicio alguno, y esto dependerá de las
circunstancias en que se hallen los sujetos o las personas
eventualmente afectadas por ella […]”16 (Negrilla y subrayas fuera de
texto).
En línea con lo anterior, esta Sección se ha pronunciado en el siguiente
sentido:
[…] Sin perjuicio de la responsabilidad que sea procedente exonerar
por un hecho de fuerza mayor, el juez también deberá valorar los
elementos de prueba que sean aportados como soporte de las
excusas, tales como permisos, certificados de incapacidades médicas,
entre otros, de cara a la configuración o no de una inasistencia
relevante en los términos de la causal, en el marco del principio de la
libertad probatoria y de las reglas de la sana crítica que gobiernan el
proceso sancionatorio de la pérdida de investidura.
En efecto, más allá de las circunstancias constitutivas de fuerza
mayor, hay otras que pueden explicar y justificar la ausencia del
miembro de la corporación pública territorial a las sesiones de la
plenaria o comisión al momento de la votación, por lo que
corresponderá al juez del proceso de pérdida de investidura
examinarlos, –siempre que se hayan alegado y se encuentren
demostrados–, a fin de establecer si acreditan su proceder […]17.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008,
número único de radicación 54001-23-31-000-2007-00127-01(PI), consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: sentencia de 25.02.2022. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 18001233300020200040002; reiterada en sentencia de 20.04.2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 05001233300020230005101.
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28. Ahora bien, atendiendo los planteamientos del recurso de apelación y
lo motivado en la sentencia proferida el 30 de enero de 2025 en primera
instancia, la Sala encuentra que se analizaron las siguientes pruebas
documentales y testimoniales:
(i) Certificación expedida por el presidente del Concejo de Canalete (Córdoba),
sobre las asistencias del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ
BOLAÑO a las sesiones plenarias realizadas en el segundo periodo (mayo de
2024) y a las sesiones de la comisión segunda de presupuesto realizadas en
ese mismo periodo, en las que se votaron proyectos de acuerdo municipal; (ii)
las actas de las sesiones de la comisión segunda de presupuesto realizadas
los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, en las que se votaron
proyectos de acuerdo municipal; (iii) las actas de las plenarias realizadas en el
segundo periodo de sesiones, en las que se votaron proyectos de acuerdo
municipal; (iv) testimonio rendido por el médico JAIRO DE JESÚS MARTÍNEZ
ROMERO; (v) oficio enviado por SALUD TOTAL EPS, sobre días de
incapacidad para diagnósticos de gastroenteritis aguda de origen infeccioso;
(vi) certificación expedida por el director del consultorio jurídico de la
Universidad del Sinú, sobre asistencias del demandado a tertulia y prácticas
jurídicas; (vii) certificado expedido por el jefe del programa de derecho de la
Universidad del Sinú, sobre asistencias y aprobación del periodo académico
correspondiente al primer semestre del año 2024; (viii) expediente
administrativo en el que consta el historial de protección brindada al concejal
demandado y las decisiones correspondiente, allegado (con carácter
reservado) por la Unidad Nacional de Protección; (ix) informes rendidos por la
alcaldesa del municipio de Canalete (Córdoba) sobre la situación del esquema
de seguridad del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO.
29. Precisado lo anterior, la Sala procederá al estudio de los planteamientos
que se realizan en el recurso de apelación.
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Primer cargo de la apelación
30. La parte actora considera que el a quo tuvo por probado que, las
sesiones de la comisión segunda de presupuesto realizadas el 12, 13, 25, 26,
27, 28 y 29 de mayo de 2024 no fueron convocadas, sin atender la prueba
indiciaria que obra en el proceso, a partir de la cual se deduce que el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO conocía de la realización de
esas sesiones, debido a que las sesiones plenarias del segundo periodo (mayo
de 2024) fueron citadas por el presidente del Concejo de Canaletes (Córdoba)
al finalizar cada una de las reuniones; el concejal presentó excusas de sus
inasistencia para 5 de ellas (1°, 6, 8, 16 y 20 de mayo de 2024); al ser el
presidente de la comisión segunda de presupuesto le correspondía realizar las
citaciones a las sesiones de dicha comisión; y, asistió a 4 de las sesiones
plenarias del mes de mayo (15, 16, 17 y 31 de mayo de 2024) a pesar de no
contar con esquema de seguridad brindado por la UNP18.
31. Para resolver esta primera cuestión es menester considerar lo previsto
en el reglamento interno del Concejo de Canalete (Córdoba), Acuerdo núm.
011 de 17 de julio de 202019, en lo concerniente a enterar oficialmente a los
concejales sobre la celebración de sesiones de comisión.
“[…] Artículo 62.- Citaciones: La citación a las sesiones plenarias y a
las comisiones, deberá hacerse a los Concejales por los
presidentes, cuando al finalizar una sesión informe el día y la hora
de la siguiente reunión, o por orden de éstos, a través de la
secretaria, de manera expresa y oportuna, dejando constancia de
la misma, por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipación, salvo en los casos de urgencia en que deba reunirse
la plenaria o las Comisiones Permanentes […]”.
18
Indica que esto lo corroboran la respuesta enviada por el Concejo de Canalete a solicitud del despacho
sustanciador; el oficio de respuesta de 29 de mayo de 2024 aportado por la actora, y el oficio núm. OFIHCM-91-05-
2024 de la mesa directiva del cabildo, de fecha 23 de mayo de 2024, los cuales tampoco fueron tenidos en cuenta al
momento de valorar el acervo probatorio del proceso
19
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
CANALETE CÓRDOBA […]”.
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32. Como se observa, las citaciones pueden ser: (i) verbales, que
corresponderán a las hace el presidente del cabildo municipal en sesión
plenaria, al finalizar la misma; y las que hace el presidente de la comisión en
la respectiva reunión, igualmente, al finalizar dicha sesión; y (ii) escritas, que
serán las que, por orden de los presidentes de la plenaria o de la comisión
según se trate, efectúe el secretario general del concejo en forma expresa y
oportuna, y dejando constancia de las mismas, por lo menos con 24 horas de
anticipación.
33. En ese orden, atendiendo a que el Acuerdo núm. 011 no tiene previsión
alguna en cuanto a la manera en que debe citarse a los concejales ausentes
de las sesiones, razón por la cual no quedan enterados de la citación en forma
verbal, la Sala considera que respecto de éstos solamente puede operar la
segunda de las formas de citación, es decir, la que debe ordenar el presidente
y efectuar el secretario en forma expresa, oportuna y dejando constancia de
ello, por lo menos con 24 horas de anticipación salvo que se trate de sesiones
plenarias o de comisión de urgencia. Esto es así, debido a que se trata de la
citación exigida por el reglamento para que los cabildantes puedan concurrir
al cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales como miembros
de la corporación pública de elección popular, cuya presencia es necesaria
para conformar el quorum deliberatorio y/o decisorio, requerido para que la
plenaria del concejo municipal o las comisiones permanentes ejerzan sus
competencias y cumplan sus funciones.
34. Entonces, a diferencia de lo afirmado por la apelante, la citación para
acudir a las sesiones plenarias o de comisión que se hace en forma verbal, no
es una notificación por estrados, pues esta última corresponde a un
mecanismo de naturaleza procesal que se encuentra reservado a las
decisiones proferidas en los procesos judiciales, o en las actuaciones
administrativas relativas a las situaciones de carácter particular y concreto, sin
que de esta categoría jurídica hagan parte las sesiones plenarias o de
comisión de los concejos municipales, dadas las precisas funciones político-
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administrativas que le corresponde ejercer a las corporación públicas de
elección popular.
35. De esta manera, es claro que los concejales ausentes de la sesión
plenaria o de la sesión de comisión a la que pertenezcan, no pueden
presumirse enterados de la nueva convocatoria a sesionar, sino cuando
expresamente son citados por el secretario general de la corporación, en los
términos en que lo prevé el artículo 62 del Acuerdo núm. 011, con lo cual, la
citación verbal deberá entenderse surtida para cada uno de los asistentes,
pero no para los ausentes.
36. Dicho criterio jurisprudencial fue desarrollado por la Sección Primera en
sentencia de 24 de enero de 200820, frente a un asunto de similares contornos
fácticos y jurídicos, razón por la cual será reiterado y prohijado por esta Sala
para el caso sub examine; en consecuencia, la interpretación allí realizada, es
aplicable para determinar si la ausencia de citación a las sesiones de comisión
constituye, o no, fuerza mayor que excusa la inasistencia del concejal. En la
decisión que se viene señalando, la Sección Primera consideró lo siguiente:
“[…] La citación verbal se entenderá surtida para cada uno de los
asistentes a la sesión plenaria en la que se efectúe, más no para los
ausentes, puesto que no se trata de una notificación en estrado, como lo
pretende la parte recurrente, sino de una citación a una reunión. Por
consiguiente, los ausentes deberán ser citados expresamente por la
Secretaría, con las formalidades indicadas en el comentado artículo 8721.
Al punto, cabe tener en cuenta que una cosa es la citación a las sesiones, y
otra la convocatoria a las mismas, la cual está regulada en el artículo 106
ibídem en relación con las sesiones de comisión permanente, en el sentido de
que “sesionarán cuando sean convocadas por el Presidente del Consejo, el
Presidente de la respectiva comisión o el Alcalde”.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 24.01.2008. MP. Rafel
E. Ostau De la Font Pianeta, expediente 54001-23-31-000-2007-00127-01(PI)
21
Se trata del artículo 87 del Acuerdo núm. 052 de 23 de agosto de 1995 (reglamento interno del Concejo de Chinácota
(Norte de Santander); cuyo texto es el siguiente: “La citación de los Concejales a las sesiones plenarias y de las
comisiones debe hacerse expresamente por la Secretaría y con oportunidad; deberán llevar la hora y el orden del día
a tratar. Lo anterior incluye las citaciones verbales que haga la presidencia durante una sesión plenaria.”
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24
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[…] En resumen, cada uno de los integrantes del concejo de Chinácota debe
ser citado por escrito a las sesiones (plenaria y de comisión) por conducto de
la Secretaría General del Concejo, o verbalmente por el Presidente de éste
en sesión plenaria respecto de quienes están presentes en la sesión […]
[…]
Los recurrentes no han acreditado que el demandado hubiere sido citado
de la forma como lo indica la normatividad en estudio, a las sesiones de
plenaria y de comisión que menciona el a quo, y a la luz de dicha
reglamentación no son válidos los argumentos que esgrimen en la
sustentación de la alzada, es decir, que tales sesiones fueron
convocadas por el Presidente en sesiones anteriores, pues ello no es
suficiente, ya que para que esa convocatoria pueda tomarse como
citación a los concejales, se requiere que éstos estén presentes en la
reunión donde se hizo tal convocatoria […]”.
37. Ahora bien, en lo que se refiere a las comisiones permanentes y a sus
reuniones, el artículo 55 del Acuerdo núm. 011 tiene previsto que, cada
comisión permanente del Concejo de Canalete (Córdoba), debe contar con
un presiente elegido a quien le corresponde dirigir los debates y señalar
día y hora para la reunión de la comisión, sin que la misma pueda
coincidir con horario de sesión plenaria; y el artículo 56 ibidem, dispone
que dicho cabildo tendrá 4 comisiones permanentes, siendo una de ellas la
comisión segunda de presupuesto y finanzas públicas.
38. En adición, también debe considerarse la jurisprudencia de esta
Corporación citada supra, según la cual, para efectos de la configuración de la
causal de pérdida de la investidura por inasistencias a las sesiones plenarias
o de comisión, no pueden acumularse las ausencias a sesiones de distinta
naturaleza ni las ausencias en distintos periodos; así pues, mutatis mutandis,
tampoco es posible extender las citaciones que hace el presidente del cabildo
a las sesiones plenarias, ordinarias o extraordinarias, como lo sugiere la
apelante, para dar por probado que se ha citado en debida forma a las
sesiones de las comisiones permanentes.
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39. Realizadas las anteriores precisiones, en lo que se refiere a la comisión
segunda de presupuesto del Concejo de Canalete (Córdoba) y sus reuniones
efectuadas dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias (mes de mayo
de 2024), la Sala encuentra los siguientes hechos probados:
• Según el Acta núm. 01 de la sesión de instalación del Concejo de
Canalete (Córdoba) realizada el 2 de enero de 2024, los concejales, señores
JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, KEIMER ALONSO AREIZA
HENAO y OSCAR LUIS ARGEL DÍAZ, fueron elegidos presidente,
vicepresidente y miembro de la comisión permanente segunda de
presupuesto, respectivamente; en consecuencia, está acreditado que el
concejal demandado integraba la mencionada comisión, en calidad de
presidente.
• De acuerdo con las actas de las sesiones de la comisión segunda de
presupuesto, y con el oficio OFI-HCM-07/01/2025 remitido por el presidente
del Concejo de Canalete (Córdoba), esa comisión se reunió los días 12, 13,
25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024; a ninguna de ellas asistió el concejal
JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO ni presentó excusas por esas
ausencias; y en todas ellas se votaron proyectos de acuerdo municipal.
39.1. Al respecto, cabe señalar que aun cuando se probó que en esas 7
sesiones estuvo ausente el concejal demandado y se votaron proyectos de
acuerdo municipal22, lo cierto es que, como lo señaló el Tribunal, en el plenario
22
Acta núm. 01 de 12 de mayo de 2024: se votó el proyecto de acuerdo municipal “[…] POR EL CUAL SE FIJA Y SE
AUTORIZA EL SALARIO MENSUAL DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE CANALETE PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2024 […]”. Acta número 02 de 13 de mayo de 2024: se votó el proyecto de acuerdo municipal “[…] POR MEDIO
DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 19 DEL ACUERDO 007 DE JUNIO 15 DE 2023
ESTATUTO TRIBUTARIO […]”; Acta núm. 03 de 25 de mayo de 2024: se votó por segunda vez el proyecto de acuerdo
municipal “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 19 DEL ACUERDO
007 DE JUNIO 15 DE 2023 ESTATUTO TRIBUTARIO […]”; Acta núm. 04 de 26 de mayo de 2024: se votó el proyecto
de acuerdo “[…] "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA "ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR",
CONSAGRADA EN LA LEY 2126 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”; Acta
núm. 05 de 27 de mayo de 2024: se votó el proyecto de acuerdo municipal “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CANALETE PARA REORGANIZAR Y
REESTRUCTURAR EL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y
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no aparece prueba de que tales reuniones fueran citadas de manera verbal
por el presidente de la comisión o por quien, dada su ausencia, hiciera sus
veces; tampoco hay prueba de que habiendo estado ausente el concejal y
presidente de dicha comisión, señor JOSÉ ARMANDO LAMERTINEZ
BOLAÑO, se lo hubiera citado en los términos previstos en el artículo 62 del
reglamento interno del Concejo de Canalete.
Por el contrario, las Actas núms. 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, de 12, 13, 25, 26,
27, 28 y 29 de mayo de 2024, respectivamente, correspondientes a las
sesiones de la comisión segunda de presupuesto, carecen de convocatoria o
citación alguna, como se ve a continuación:
Acta núm. 01 de 12 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 10:00 am del día Domingo 12 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA Y FIJA EL SALARIO MENSUAL DE LA ALCALDESA
MUNICIPAL DE CANALETE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024”,
con el fin de analizarlos (sic), estudiarlo, modificarlo y aprobarlo. […] Finalizada
la sesión de la comisión segunda de presupuesto se obtiene por unanimidad
una votación POSITIVA para el proyecto de acuerdo […] obteniendo dos (2)
votos POSITIVOS a favor […]”
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CANALETE, PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS Y
REALIZAR TRASLADOS PRESUPUESTALES CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS GESTIONES E INVERSIONES
NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO […]”; Acta núm. 06 de 28 de mayo de 2024 “[…] "POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANALETE, PARA MODIFICAR
Y ADICIONAR AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE LA
VIGENCIA FISCAL 2024.
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Acta núm. 02 de 13 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 04:00 pm del día lunes 13 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE
AMPLIA EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 19 DEL ACUERDO 007
DE JUNIO 15 DE 2023 ESTATUTO TRIBUTARIO”, con el fin de analizarlo,
estudiarlo, modificarlo y aprobarlo”. […] Finalizada la sesión de la comisión
segunda de presupuesto se obtiene por unanimidad una votación POSITIVA
(2 votos) para que sea devuelto el proyecto de acuerdo […]
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Acta núm. 03 de 25 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 09:00 am del día sábado 25 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE
AMPLIA EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTICULO 19 DEL ACUERDO 007
DE JUNIO 15 DE 2023 ESTATUTO TRIBUTARIO”, con el fin de analizarlo,
estudiarlo, modificarlo y aprobarlo”. […] Finalizada la sesión de la comisión
segunda de presupuesto se obtiene por unanimidad una votación POSITIVA
(2 votos) para que sea pasado a plenaria el siguiente informe: […]
Acta núm. 04 de 26 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 11:00 am del día Domingo 26 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA LA "ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR",
CONSAGRADA EN LA LEY 2126 DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", con el fin de analizarlo, estudiarlo,
modificarlo y aprobarlo”. […] Finalizada la sesión de la comisión segunda de
presupuesto se obtiene por unanimidad una votación POSITIVA (2 votos) para
que sea pasado a plenaria el siguiente informe: […]
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Acta núm. 05 de 27 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 05:00 Pm del día lunes 27 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
CANALETE PARA REORGANIZAR Y REESTRUCTURAR EL ESQUEMA
DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CANALETE, PARA CELEBRAR
CONTRATOS Y CONVENIOS Y REALIZAR TRASLADOS
PRESUPUESTALES CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS GESTIONES E
INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO”, con el fin de analizarlo, estudiarlo, modificarlo y
aprobarlo”. […] Finalizada la sesión de la comisión segunda de presupuesto
se obtiene por unanimidad una votación POSITIVA (2 votos) para que sea
pasado a plenaria el siguiente informe: […]
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Acta núm. 06 de 28 de mayo de 2024
“[…] Siendo las 09:00 Am (sic) del día lunes 28 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE A LA ALCALDESA DEL
MUNICIPIO DE CANALETE, PARA MODIFICAR Y ADICIONAR AL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA FISCAL 2024”, con el fin de analizarlo,
estudiarlo, modificarlo y aprobarlo”. […] Finalizada la sesión de la comisión
segunda de presupuesto se obtiene por unanimidad una votación POSITIVA
(2 votos) para que sea pasado a plenaria el siguiente informe: […]
Acta núm. 07 de 29 de mayo de 2024
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“[…] Siendo las 11:00 am del día Domingo 26 de mayo del año 2024 […] 3.
VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CANALETE
CÓRDOBA PARA EL PERIODO 2024-2027 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, con el fin de analizarlo, estudiarlo, modificarlo y aprobarlo”.
[…] Finalizada la sesión de la comisión segunda de presupuesto se obtiene
por unanimidad una votación POSITIVA (2 votos) para que sea pasado a
plenaria el siguiente informe: […]
39.2. Asimismo, tampoco aparece probado, mediante las actas que obran en
el proceso o en los oficios allegados por el presidente del cabildo que, en
alguna de las sesiones plenarias de las realizadas en el mes de mayo de 2024,
a las que asistió el concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, se
hubiera convocado o citado a los miembros de la comisión segunda de
presupuesto, para que se llevara a efecto alguna sesión de esa comisión.
39.3. De igual forma, las actas indicadas supra corroboran que: (i) a las
sesiones de la comisión segunda de presupuesto del Concejo de Canalete
(Córdoba), realizadas los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024 no
asistió su presidente, el concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERETINEZ
BOLAÑO; (ii) los integrantes de esa comisión dieron curso a las mencionadas
sesiones, votaron los proyectos de acuerdo municipal, y, al finalizar cada
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sesión no realizaron ninguna precisión en cuanto citar día y hora en que se
realizaría la próxima reunión; no consta en ninguna de las documentales del
plenario, que por algún medio se hubiera citado al mencionado concejal
ausente, informándole el día y la hora en que se realizarían dichas sesiones.
40. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el caso concreto y
por lo menos en lo referente a las citaciones de los concejales que no están
presentes, ninguna relevancia presenta el hecho de que el concejal ausente
fuera el presidente de la comisión; lo anterior, en razón a que el artículo 62 del
Acuerdo núm. 011 se refiere a la citación a las sesiones en general; dicho
reglamento nada dispone sobre la forma en que debe operar la comisión
cuando no asiste su presidente, o sobre quien debe hacer sus veces cuando
no asiste.
41. De esta manera, tampoco ese hecho probado (ser presidente de la
comisión) constituye un indicio de que dichas citaciones acaecieron respecto
del concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO: si bien los otros
concejales que integraban la comisión, pese a que no hay constancia de
ninguna citación a las sesiones de 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo 2024,
de alguna manera quedaron informados del día y hora en que tendrían lugar
las sesiones de la comisión segunda, y asistieron23, lo cierto es que la ausencia
del presidente y concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, con
excusa o sin ella, le impedía conocer el día y hora de la próxima sesión, salvo
que así se le hubiera informado expresa y oportunamente; situación que no
fue probada en este proceso.
42. En esa medida y según lo indicado líneas sobre la interpretación de los
previsto en el artículo 62 del reglamento interno el Concejo de Canalete
(Córdoba), siendo la convocatoria y su correspondiente citación un requisito
23
Salvo a las del 13 de mayo, en la que estuvieron ausentes tanto el presidente como el vicepresidente de la
comisión segunda de presupuesto.
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necesario para la asistencia de los concejales a las respectivas sesiones
plenarias o de comisión que sean convocadas, la ausencia de citación verbal
para los concejales presentes, o de la citación expresa y oportuna para
los ausentes, conlleva a que la inasistencia se encuentre justificada por
fuerza mayor, como lo precisó esta Sección en la sentencia ya citada de
24 de enero de 2008, así:
5.2.- Los recurrentes no han acreditado que el demandado hubiere
sido citado de la forma como lo indica la normatividad en estudio, a las
sesiones de plenaria y de comisión que menciona el a quo, y a la luz
de dicha reglamentación no son válidos los argumentos que esgrimen
en la sustentación de la alzada, es decir, que tales sesiones fueron
convocadas por el Presidente en sesiones anteriores, pues ello no es
suficiente, ya que para que esa convocatoria pueda tomarse como
citación a los concejales, se requiere que éstos estén presentes en la
reunión donde se hizo tal convocatoria.
5.3.- El punto se traslada, entonces, a establecer si la ausencia o
inasistencia de un concejal por falta de citación en debida forma,
puede constituir circunstancia alguna que lo exima de responsabilidad
frente a la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda.
[…]
En ese orden, en cuanto se refiere a la imprevisibilidad, es dable
asumir como fuerza mayor la falta de citación en debida forma a
una sesión cualquiera del Concejo, respecto de los concejales no
citados, […]; o cuando no hay citación en forma alguna […], por
cuanto el hecho de no ser citados no les permite prever o conocer
anticipadamente la realización de la reunión respectiva.
Se trata entonces de eventos no previsibles por los miembros del
Concejo que no sean citados, ya que la falta de citación expresa
es un indicio de no realización o ocurrencia de reunión oficial
alguna dentro del respectivo periodo de sesiones. Así pues, el
hecho de que no sean citados a la misma en la forma prevista en
el reglamento interno, constituye fuerza mayor, ya que se da el
elemento de la imprevisibilidad […]”.
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43. Así las cosas, en oposición a lo afirmado por la apelante, que el concejal
presentara excusas para las sesiones plenarias realizadas los días 6, 8, 16 y
20 de mayo de 2024, no constituye indicio que permita inferir de manera lógica,
convergente y coincidente, que el concejal hubiera sido citado a las sesiones
de la comisión segunda realizadas el 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo;
fundamentalmente, porque las funciones de las sesiones plenarias y de
comisión difieren entre sí; sus citaciones están a cargo del presidente del
concejo en el caso de las primeras, y del presidente de cada comisión para las
segundas; esto significa que sesionan en momentos distintos, con finalidades
diferentes y se convocan o citan en forma independiente.
44. En efecto, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 136, sobre debates,
“[…] para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados
en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo
repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La
Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El
segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo
deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días
después de su aprobación en la comisión respectiva […]”.
45. En concordancia, el artículo 54 del Acuerdo núm. 011, sobre comisiones
permanentes, prevé: “[…] De acuerdo con la ley, en las comisiones se surtirá el
primer debate a los proyectos de acuerdo que, por competencia, le sean remitidos por
la secretaría de la corporación. […] Si el proyecto de acuerdo fue aprobado el
Secretario lo remitirá a la Mesa Directiva del Concejo para que se fije fecha de sesión
plenaria, para efectos de que el proyecto de acuerdo reciba segundo debate […]”.
46. En ese orden, no es posible tener por probado que el concejal
ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO fue citado a las sesiones de la
comisión segunda de presupuesto porque hubiera presentado excusas por sus
ausencias a las sesiones plenarias de 6, 8, 16 y 20 de mayo de 2024, o porque
hubiera asistido a las reuniones de la plenaria realizadas los días 15, 16, 17 y
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31 de mayo de 2024, pues tales hechos, valorados en conjunto con la prueba
documental antes referenciada, solo permiten deducir que conoció de la
citación a esas precisas sesiones, presentó excusas para las que estuvo
ausente, y a las otras asistió.
47. Aunque esta razón es suficiente para omitir un pronunciamiento sobre
el contenido de las excusas que presentó el concejal para deducir de ello algún
indicio acerca de la causa de las inasistencias del concejal a las sesiones de
la comisión segunda, la Sala pone de presente que, de acuerdo con el oficio
OFI-HCM-07/01/2025 remitido por el presidente del Concejo de Canalete
(Córdoba) al plenario, se constata los siguiente:
En primer lugar, que el concejal presentó excusas por sus inasistencias a las
sesiones del 6 y 8 de mayo de 2024 en las cuales no hubo votaciones de
proyectos de acuerdo24; esas excusas indicaron que sus inasistencias con
fundamento en la realización de audiencias virtuales en el proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado 2024-00009-0025; con lo cual, como la
prueba indiciaria sólo es posible a partir de los hechos probados que resultan
relevantes a la configuración de la causal, y esas excusas corresponden a
reuniones plenarias que no son acumulables a las de la reuniones de la
comisión, su presentación no incide de ninguna manera en la estructuración
del elemento objetivo de la causal.
En segundo lugar, contrario a lo indicado por la apelante, el concejal no
presentó excusas por sus inasistencias a las plenarias realizadas los días 16
y 20 de mayo de 2024, en las que se votaron proyectos de acuerdo municipal;
así lo corroboran el oficio al que se viene haciendo referencia, y las Actas
24
Conforme se desprende del contenido del oficio mismo, en el que se requirió hacer constar las sesiones plenarias
o de comisión en la que se hubieran votado proyectos de acuerdo municipal, y allegar las actas correspondientes,
indicando si el concejal había asistido o no y las excusas que presentó: entre las sesiones plenarias y de comisión
relacionadas en el oficio y las actas allegadas, no se encuentran las correspondientes a los días 6 y 8 de mayo de
2024.
25
Tribunal Administrativo de Córdoba. Demandado: Acto de elección del señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ
BOLAÑO como concejal del municipio de Canalete (Córdoba).
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núms. 11 y 13 correspondientes a esas sesiones, donde se hizo constar la
ausencia del concejal en el llamado a lista y en las votaciones de los proyectos
de acuerdo que se efectuaron en esas fechas, sin que se dejara constancia de
alguna excusa presentada.
48. Ahora bien, en lo que se refiere a la falta de valoración de las
certificaciones expedidas por Universidad del Sinú, las cuales, en criterio
de la apelante, son indicio de que el concejal concurrió a cumplir sus
actividades académicas y por esa razón no asistió a cumplir sus deberes como
concejal del municipio de Canalete, la Sala precisa lo siguiente:
• De acuerdo con la constancia de 21 de enero de 2025, expedida por
el director del consultorio jurídico de esa universidad, “[…] el señor
ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, asistió el día 9 de mayo de
2024 a la tertulia jurídica organizada por el consultorio jurídico sobre delitos
informáticos, protección penal de los datos personales y la información en
Colombia. Esto se realizó en la jornada de la tarde. Igualmente hizo
asistencia jurídica en el segundo y tercer corte en la CASA DE LA MUJER
del 11 de marzo al 31 de mayo, los lunes en la mañana del año 2024, a las
prácticas de consultorio jurídico de la Universidad del Sinú […]”. (negrilla
y subrayas fuera de texto)
• En los anexos que se acompañaron con esa constancia, la Sala observa
una planilla de asistencia a la mencionada tertulia, en la que aparece el
nombre y firma del concejal demandado, y en su parte superior se indica, entre
otros, la fecha (9 de mayo 2024) y hora de inicio (2:30 p.m.); y dos “ACTAS
DE CONTROL DE ACTIVIDADES EN SITIOS DE PRÁCTICA JURÍDICA”,
correspondientes a los días 26 de abril y 17 de mayo de 2024, iniciando a
las 3:00 p.m. y culminando a las 4:00 p.m.
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49. Así, teniendo en cuenta que las inasistencias se refieren a las sesiones
de la comisión segunda, realizadas los días 12 (domingo), 13 (lunes feriado),
25 (sábado), 26 (domingo), 27 (lunes), 28 (martes) y 29 (miércoles) de mayo
de 2024, lo certificado por el director del consultorio jurídico prueba la
asistencia del concejal a la tertulia del 9 de mayo de 2024, y a las prácticas del
consultorio jurídico el 26 de abril y el 17 de mayo de 2024, en horas de la tarde;
sin embargo, tales hechos no guardan relación de tiempo y espacio con las
inasistencias a las mencionadas reuniones de la comisión; por ende, de estos
hechos probados no se desprende ningún indicio sobre las causas que dieron
lugar a las inasistencia a la sesiones de la comisión, máxime cuando la prueba
documental acredita que las reuniones de la comisión no fueron citadas
verbalmente, y no hay evidencia alguna de que se hubiera citado
expresamente y en oportunidad, a los concejales que estuvieron ausentes.
50. Si bien la Sala advierte que la certificación brindada y sus respectivos
anexos no resultan plenamente coherentes entre sí26; lo cierto es que la
Universidad del Sinú, sede Montería, informó la asistencia del concejal a las
prácticas del consultorio jurídico todos los lunes entre el 11 de marzo y el 31
de mayo de 2024: esos días se deducen hábiles, en cuanto las reglas de la
experiencia informan que, las instituciones de educación no desarrollan
actividades curriculares en los días domingos y feriados; sin que en el plenario
haya evidencia de que en este caso ocurriera lo contrario.
51. En ese orden, aunque no existe soporte del control de actividades de la
práctica jurídica del lunes 27 de mayo de 2024, lo informado por la institución
permite tener por acreditado que: (i) el concejal asistió a la Casa de la Mujer
ese día, en horas de la mañana; y, (ii) que el día 13 de mayo (lunes feriado),
no se llevaron a cabo esas actividades.
26
Debido a que, por un lado, la certificación informa que la asistencia del concejal a las prácticas del consultorio
jurídico en la Casa de la Mujer ocurrió todos los lunes en la mañana; y, por el otro, los soportes del control de esas
actividades sólo acreditan su asistencia a dos sesiones, una en el mes de abril y otra en el mes de mayo.
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52. No obstante, atendiendo a que el Acta núm. 05 de 27 de mayo prueba
que la comisión segunda de presupuesto sesionó en esa fecha, entre las 5:00
p.m. y las 5:35 p.m., aunque el concejal asistiera a la Casa de la Mujer ese
mismo día, en horas de la mañana, el desfase temporal entre los dos eventos
(mañana y tarde) impide inferir, como lo hace el apelante, que la presencia del
concejal en la actividad académica efectuada en la ciudad de Montería
(Córdoba), le impidió asistir a la sesión de la comisión segunda en el municipio
de Canalete (Córdoba).
53. Este mismo razonamiento cabe en relación con la sesión de la comisión
segunda efectuada el 13 de mayo de 2024, porque al ser lunes feriado, no
hubo actividades académicas; reiterándose que, en el plenario no obra
evidencia de que hubiera ocurrido de manera diferente.
54. Asimismo, de la certificación expedida por el jefe de dicho programa,
suscrita el 21 de enero de 2025, tampoco se desprende que las inasistencias
del concejal a las sesiones de la comisión segunda, realizadas en el mes de
mayo de 2024 obedecieran al cumplimiento de sus compromisos académicos
como estudiante de derecho, puesto que lo que hace constar dicho documento
es: que el señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO “[…] estuvo
matriculado como estudiante del Programa de Derecho durante el periodo
comprendido entre el 22 de enero de 2024 y el 18 de mayo de 2024. Incluyendo
las dos semanas de los exámenes finales periodo comprendido del 17 al 31 de
mayo de 2024. […] se encontraba matriculado en la jornada Nocturna […] y “[…]
asistió y aprobó cada una de las asignaturas mencionadas dentro del periodo
académico correspondiente al primer semestre de 2024 […]”.
De manera que: (i) como el certificado pone de presente que el concejal cursó
el programa de derecho en la jornada nocturna, sin especificar otras
circunstancias de tiempo y modo, tales como días y horarios de clases o de
exámenes, o que las actividades académicas fueran presenciales, virtuales o
en esquema híbrido; y (ii) está probado que las sesiones de la comisión
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segunda de presupuesto del Concejo de Canalete (Córdoba) tuvieron lugar los
días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, en jornadas diurnas; y, los
hechos que con ella se acreditan no logran desvirtuar la falta de citación del
concejal a las mencionadas sesiones; ni de ellos se puede inferir,
razonablemente, que el concejal dejó de asistir a las reuniones diurnas,
esencialmente, porque cursaba un programa de estudios en de jornada
nocturna.
55. En consecuencia, visto que, (i) en las actas de las mencionadas
sesiones de la comisión segunda permanente de presupuesto no se dejó
constancia de las citaciones verbales a las sesiones de 12, 13, 25, 26, 27, 28
y 29 de mayo de 2024; (ii) el concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ
BOLAÑO no presentó excusas por sus ausencias, de las que se pueda derivar
que conocía de la realización de dichas sesiones de la comisión segunda; (iii)
las excusas que presentó lo fueron por sus inasistencias a sesiones plenarias
realizadas en fechas distintas (6 y 8 de mayo de 2024), las cuales no son
acumulables para efectos de que se estructure la causal; (iv) en el plenario no
obra ninguna otra prueba que acredite la realización de la citación a esas
sesiones expresamente y en oportunidad al concejal ausente, señor JOSÉ
ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO; (v) las certificaciones expedidas por la
Universidad del Sinú no arrojan ningún indicio de que las actividades
académicas del concejal coincidan en el tiempo con sus inasistencias a las
sesiones de la comisión segunda de presupuesto; la Sala concluye que la
parte apelante no cumplió con la carga probatoria que le corresponde, de
demostrar que esas siete inasistencias no obedecieron a la ausencia de
citación del concejal demandado, circunstancia que de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, encaja en la categoría jurídica de la fuerza
mayor, por razón de la imprevisibilidad que representa para el concejal
demandado.
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56. Por dichas razones, la sala considera que la valoración probatoria
realizada en la sentencia de 30 de enero de 2025 no fue indebida, ni que esa
decisión omitiera valorar hechos probados de los que se pudiera derivar algún
indicio que, estudiado en conjunto con el restante acervo probatorio, permitiera
inferir que el concejal JOSÉ ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, hubiera
sido citado, o cuando menos informado por algún medio eficaz, sobre los días
y horas en que sesionaría la comisión segunda de presupuesto, con el fin de
votar los proyectos de acuerdo de competencia de esa comisión. En
consecuencia, este primer cargo de la apelación no prospera.
Segundo cargo de la apelación
57. La parte actora afirma que el a quo se equivocó al considerar que no
contar con vehículo blindado para concurrir a las sesiones de la comisión
segunda del Concejo de Canalete (Córdoba), constituía un hecho imprevisible
e irresistible para el concejal: fundamentalmente, porque omitió valorar
algunas pruebas, y a otras las valoró indebidamente.
A) En primer orden, señaló que Tribunal omitió valorar el interrogatorio de
parte rendido por el concejal, en el cual admitió que contaba con un
esquema de seguridad privado, con una camioneta para movilizarse, y que se
desplazaba a una finca en el municipio de San Marcos (Córdoba), para cumplir
sus actividades como administrador de esta.
58. Revisada la sentencia de 30 de enero de 2025, es cierto que el Tribunal
no se refirió al interrogatorio de parte rendido por el concejal; sin embargo,
dicha omisión no constituye un yerro de la sentencia puesto que, en los
procesos de pérdida de investidura está proscrita la autoincriminación; en
consecuencia, independientemente de que el interrogatorio de parte se
hubiera decretado y practicado a solicitud de la defensa del concejal JOSÉ
ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, cualquier manifestación que este
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hubiera realizado sobre los hechos que se le endilgan, susceptibles de
confesión, impide la consideración del mencionado interrogatorio de parte, en
tanto se trata de un medio de prueba mediante el cual se busca provocar la
confesión.
59. La jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado27, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional28,
tienen sentado que el proceso de desinvestidura comporta el ejercicio del ius
puniendi del Estado, razón por la cual debe surtirse con pleno respeto del
debido proceso y del derecho de defensa de las personas sujetas a
investigación, de manera que la severidad de la sanción y la seriedad de las
implicaciones perpetuas sobre los derechos fundamentales del derecho a
elegir y ser elegido y la participación ciudadana, exigen un acatamiento celoso
de las garantías procesales del miembro de la corporación pública que funge
como acusado, razón por la cual, en dicho proceso, se hace imperioso aplicar
las garantías propias de los juicios de carácter punitivo de orden penal.
60. Consecuentemente, la pérdida de investidura responde a la conclusión
de un juicio en el que se han asegurado todas las garantías propias del
derecho administrativo sancionador, así como los principios constitucionales y
los derechos fundamentales de la persona sometida a este tipo de censura.
Estos principios y garantías, para la Sala, comprenden un juicio acompañado
de pruebas legalmente producidas y que conduzcan a la certeza sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad del demandado29.
27
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena del Consejo de Estado. Sentencia de 21 de julio de 2016. MP.
William Hernández Gómez, expediente 11001031500020140084300. Sentencia de 23 de marzo de 2010. MP. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, expediente 11001031500020090019800.
28
Corte Constitucional, sentencia T-1285 de 2005. MP. Clara Inés Vargas; sentencia T-544 de 2004, magistrado
ponente Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia C-247 de 1995, magistrado ponente José Gregorio
Hernández Galindo. Corte Constitucional. Sala Plena. sentencias C-401 de 2010. MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; sentencia C-459 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; sentencia C-616 de 2002. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa; sentencia C-131 de 2002. MP. Jaime Córdoba Triviño; sentencia C-372 de 2002. MP. Jaime
Córdoba Triviño; sentencia C-095 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-254A de 2012. MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de
enero de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-03385-00(AC), consejero ponente César
Palomino Cortés.
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Sobre la confesión en los procesos de pérdida de la investidura, la Sección
Primera, mediante sentencia de 23 de febrero de 201730, precisó la postura
jurisprudencial que había adoptado en la sentencia de 28 de julio de 2016, en
el sentido de que “[…] para efectos de evaluar el referido medio de prueba se debe
acudir a la integración normativa con el Código de Procedimiento Penal y no con el
Código General del Proceso como se afirmó en la aludida providencia judicial, todo
esto atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura según las
consideraciones que sobre el particular se hicieron en líneas anteriores […]”
61. En ese orden, al atenderse la singular esencia sancionatoria de la
pérdida de investidura y al acudirse a la integración normativa con el Código
de Procedimiento Penal, mas no con el Código General del Proceso por
incompatible, se advierte que la prohibición de autoincriminación, en materia
penal, se encuentra en el artículo 8º de la Ley 906 de 31 de agosto de 200431,
aplicable a la pérdida de investidura como se indicó anteriormente.
62. En lo que resulta de mayor relevancia al caso sub examine, dicha norma
prevé el derecho del imputado a: (i) no ser obligado a declarar en contra de sí
mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (ii) así como
a no auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad; y, (iii) a que su silencio no sea usado en su
contra.
63. Así mismo, la referida disposición determina que el sujeto pasivo de la
acción penal puede renunciar al derecho a la no autoincriminación
siempre que dicha renuncia devenga de una manifestación libre,
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2017,
número único de radicación 05001-23-31-000-2011-00442-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio
(E); reiterada en sentencia de 10 de diciembre de 2021. MP. Nubia Margoth Peña Garzón expediente 81001-23-39-
000-2020-00127-01(PI).
31
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
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consciente, voluntaria y debidamente informada, caso en el cual deberá
estar asesorado de su abogado defensor.
64. En igual sentido, esta Corporación también determinó la improcedencia
de la confesión mediante apoderado judicial en el proceso de pérdida de
investidura ante la incompatibilidad del artículo 193 del Código General del
Proceso con la naturaleza sancionatoria de aquel, al señalar que, “[…] En la
controversia que nos ocupa, no puede tenerse por confesado un hecho
proveniente de la manifestación efectuada por el apoderado judicial del
demandado en la contestación de la demanda referente al voto afirmativo en la
aprobación del proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo núm. 073
de 2002, por cuanto no es posible aplicar el artículo 193 del Código General del
Proceso, al ser incompatible con la naturaleza sancionatoria de los procesos
contencioso-administrativos con pretensión de pérdida de investidura […].32.
65. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
sentencia de tutela por importancia jurídica y fines de unificación, ahondó en
dicha postura, de la siguiente forma:
“[…] En el caso bajo estudio se advierte que la Sección Primera del
Consejo de Estado aplicó rigurosamente el artículo 193 del Código
General del Proceso, el cual admite la confesión mediante
apoderado judicial a pesar de que dicha norma no se ajusta, ni es
compatible con un proceso sancionatorio. De allí que se concluya
en esta tutela que no es plausible admitir en el juicio sancionatorio
la confesión por medio de apoderado, debido que esta debe ser
personal, asertiva, libre, espontánea, que produzca consecuencias
jurídicas adversas concretas33.
Ahora bien, la confesión no es suficiente cuando obra como
prueba insular en litigios de la justicia ordinaria34, y por supuesto,
menos en un juicio sancionatorio, porque solo tendrá valor si el
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017,
número único de radicación 54001-23-33-000-2015-00307-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.
33
BONNIER, Édouard. Traité Théorique et Pratique des Preuves en Droit Civil et en Droit Crimine/. 1888. Pág. 309.
34
En tal sentido ver tutela en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, de la Sala de Casación Civil
del 15 de diciembre de 2017. Rad. núm. 05000-22-13-000-2017-00242-01, en un proceso ejecutivo.
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conjunto probatorio apunta en el mismo sentido de la confesión35.
Es decir, no es admisible la confesión contraevidente. Por otro lado,
tampoco es legal la confesión sobre hermenéutica legal o principios de
derecho, puesto que ineludiblemente debe referirse a hechos36.
(…)
Ahora, frente al planteamiento del recurrente de que aplicar el
Código de Procedimiento Penal conllevaría a la desmembración
del régimen probatorio en los procesos de pérdida de investidura,
se responde que dicha posición no puede ser de recibo, pues
precisamente es la aplicación de los principios que rigen el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura los que
garantizan la debida aplicación de las normas y que las mismas
sean coherentes con la naturaleza del medio de control.
(…)
Además, no puede perderse de vista que el artículo 306 de la Ley 1437
de 2011 regula que en los aspectos no contemplados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe
acudirse al de Código de Procedimiento Civil, hoy al Código General del
Proceso, pero sólo «en lo que sea compatible con su naturaleza» y en
el presente asunto, como lo ha considerado la jurisprudencia antes
referida, el carácter sancionatorio del juicio de pérdida de investidura
exige aplicar los principios propios de este tipo de procesos.
En esa medida, se colige que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en violación directa de la Constitución porque la
decisión de aplicar el artículo 193 del Código General de Proceso,
implicó la falta de garantías para salvaguardar el derecho al debido
proceso […]”37 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
66. De igual forma, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
mediante auto de 6 de octubre de 201538, determinó que el interrogatorio de
parte no es medio probatorio admisible en los procesos de pérdida de la
35
La Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la confesión en múltiples oportunidades. Ver CSJ.SC.
Sentencias de 24 de octubre de 1936; de 3 de noviembre de 1936; de 22 de abril de 1937; 21 de mayo de 1938 (Auto
de Sala de Negocios Generales): 19 de abril, 23 de octubre y 1 de diciembre de 1939; de 29 de mayo y de 2 de agosto
de 1941; de 9 de marzo de 1949; de 12 de noviembre de 1954. Entre otras varias.
36
Ídem.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de marzo de 2019, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03385-01(AC), consejero ponente William Hernández Gómez.
38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 6 de octubre de 2015. MP. Roberto
Augusto Serrato Valdés, expediente 11001-03-15-000-2014-01602-00(PI).
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investidura por “[…] la evidente oposición entre dicha prueba y la naturaleza de
la causa. En efecto, la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que en esta
clase de proceso el interrogatorio de parte implica, per se, la búsqueda de una
confesión, lo cual a la luz de las garantías constitucionales no resulta admisible
[…]”.
67. En el caso concreto, las respuestas brindadas por el concejal en el
interrogatorio de parte, cuya valoración extraña la parte apelante, se
transcriben a continuación:
“[…] MAGISTRADA: Señor Armando, le vamos a tomar el juramento
de rigor, afectos de practicarle, en esta diligencia, interrogatorio de
parte. […] Jura usted decir la verdad y solo la verdad sobre los hechos
que se le pregunten en esta diligencia so pena de hacerse acreedor a
las sanciones penales de quien jura en falso. INTERROGADO: Sí,
juro. MAGISTRADA: Se va a presentar con sus generales de ley; me
va a decir su nombre completo, número de cédula y me dice, natural
de donde es. INTERROGADO: […]. MAGISTRADA: […] entonces
doctor Pedro, tiene el uso de la palabra para llevar a cabo el
interrogatorio de parte. […] PREGUNTA: ¿Cómo estaba conformado
su esquema de protección de la UNP? INTERROGADO: Por dos
hombres de seguridad, un vehículo blindado, un chaleco de protección
y un medio de comunicación, un teléfono. PREGUNTA: ¿Ese
esquema de protección, usted continúa con él? INTERROGADO: No,
ese esquema de protección me lo quitaron en abril, el 4 de abril de
2024, sin comunicación, sin informarme, sin notificarme. PREGUNTA:
¿A partir de ese momento en que le quitan el esquema de protección,
usted se ha podido movilizar? RESPUESTA: Muy, muy poco, muy
poco. Y es que después, cuando me quitaron el esquema, no podía
casi movilizarme y lo hice, lo hice en contra de mi seguridad y lo hice
con mucho cuidado y con mucho disimulo, y también pensando en que
me podían hacer un atentado en cualquier momento; y de ahí
adelante, lo he podido hacer porque he contratado seguridad personal,
he contratado a varias personas que me acompañan a una finca
caminito, en San Marcos Sucre y a veces a Canalete cuando ellos me
pueden acompañar, le pago 100.000 pesos y 200.000 pesos a esa
persona para que me brinde protección. […] No más preguntas
señoría. El despacho, en uso la facultad que le compete, prevista en
el artículo 202 de Código General del Proceso pasa realizar otras
preguntas, en este caso al señor Armando, a fin de que usted no
concrete unas respuestas dadas anteriormente. […] PREGUNTA: ¿A
partir del 4 de abril con que cuenta? INTERROGADO: Duré unos
meses sin esquema de seguridad, no tenía nada, entonces me quedé
sin vehículo, sin medio de transporte, entonces hice un esfuerzo por
ahí y un amigo me prestaba el vehículo de él, de vez en cuando,
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cuando podía prestármelo. PREGUNTA: A partir de El día 4 de abril
de 2024 ¿cómo se moviliza usted para cumplir sus funciones como
concejal del municipio de Canalete o para asistir a la finca que nos
indicó que tenía ese municipio? INTERROGADO: Bueno, tengo un
vehículo que me lo presta el ingeniero Mario Sinisterra, el vehículo es
de él y me lo presta cuando él puede, porque está en sus actividades
y la personas que me acompañan a mí, que me prestan seguridad en
una seguridad privada, que yo la contrato, esa persona, le cancelo le
cancelo 100.000 pesos por día, le doy los nombres de las personas
para usted las puede usted pueda llamar 1 a 1[…]”.
68. De lo transcrito supra, es evidente que las respuestas del concejal no
podían ser valoradas por el a quo, ni tenidas como hechos ciertos y probados
a partir de su propio dicho, puesto que se estaría admitiendo su
autoincriminación; lo cual, como ya se dijo, no es posible, por regla general,
en el proceso sancionatorio de pérdida de la investidura.
69. Como se observa, las respuestas se produjeron en el marco de las
preguntas formuladas por su apoderado, y de las precisiones cuestionadas por
la magistrada conductora del proceso, propias del interrogatorio de parte como
medio de prueba, y no en el marco de una manifestación excepcional, libre,
consciente, voluntaria, de renuncia a ese derecho de no autoincriminación,
debidamente informada del concejal; asesorada y asistida por su abogado
defensor; al punto que ninguna prevención se le hizo al concejal sobre sus
derecho constitucional a la no autoincriminación; y, por el contrario, se le tomó
el juramento de rigor previniéndolo sobre las sanciones penales que acarrea
faltar a la verdad bajo juramento.
70. Por estas razones, en el sub examine, se reitera el criterio
jurisprudencial que tienen la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y
esta Sección, referido a la prohibición de la autoincriminación en el proceso de
pérdida de investidura y a la improcedencia de tener por confesado, para los
efectos judiciales de este proceso, hechos que pudieran afectar los intereses
del demandado.
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71. En esta perspectiva, lo dicho por el concejal, señor ARMANDO JOSÉ
LAMBERTINEZ BOLAÑO, no puede producirle consecuencias jurídicas
adversas y concretas, como lo exige la codificación y jurisprudencia
analizadas, puesto que, en principio, el interrogatorio de parte no es prueba
procedente en los procesos de pérdida de la investidura, con lo cual, habiendo
sido solicitado, decretado y practicado en el proceso, no podía abrir paso a la
autoincriminación ni provocar una confesión de los hechos relativos a la
inasistencia a las sesiones plenarias y de comisión del concejo como causal
de pérdida de investidura.
72. En consecuencia, este planteamiento de la apelación no prospera.
B) En segundo orden, la parte apelante afirma que el Tribunal valoró
indebidamente las pruebas, porque no restó mérito a las afirmaciones del
concejal ni se tuvo como indicio en su contra, a pesar de encontrarse probado
que presentó una incapacidad falsa para excusar sus inasistencias a las
sesiones plenarias realizadas entre el 21 y el 31 de mayo de 2024.
73. Revisada la sentencia proferida el 30 de enero de 2025, la Sala
encuentra que, en efecto, el Tribunal se refirió a la incapacidad de 10 días
expedida por el médico Jairo de Jesús Martínez Romero para señalar, con
fundamento en el testimonio de dicho galeno39, que el mencionado documento
contiene una falsedad ideológica, y, en esa medida, carece de valor probatorio.
39
Cfr. “[…] Ante la pregunta: informe los detalles de la incapacidad médica que usted dio respecto de esta patología
al señor Armando José Lambertinez Bolaño, hagan un relato sobre esta incapacidad ¿cómo la dio, porque la dio?
Contestó: lo que en realidad sucedió es que él me llamó el día 23 de mayo de ese año, de 2024, para que le
colaborara con una incapacidad médica, no sabía los fines; entonces, como yo ingresé aquí a trabajar como médico
rural por parte de unos familiares que me recomendaron con él, pues yo me sentí agradecido en su momento y yo le
colaboré, la incapacidad como tal yo la hice el 23 de mayo pero me pidieron el favor que la expidiera desde el día 21
de mayo, en realidad al paciente yo no lo atendí personalmente, simplemente me pidieron el favor como cualquier
otra persona que en esta zona rural es frecuente que pidan ese favor y uno tiende a hacerlo de esa manera. Pregunta:
¿Quién lo llamó para que hiciera eso directamente? Contestó: él mismo, el mismo paciente. Pregunta ¿el señor
Armando Lambertinez Bolaño lo llamó para que hiciera eso? Respondió: Si señora. Pregunta: ¿El número de días
usted se lo dio o el mismo señor Armando José le dijo que lo hiciera por esos días? Respondió: Él me lo sugirió […]”.
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74. De igual forma, indicó que la incapacidad también carecía de sustento,
puesto que el mencionado profesional no contaba con habilitación para hacer
consultas, conforme con la certificación proveniente de la Secretaría de Salud
de Córdoba40; y porque la empresa Salud Total EPS, informó que, según sus
protocolos internos, para el diagnóstico de A09-Gastroenteritis aguda de
origen infeccioso la sugerencia es otorgar un (1) día de incapacidad.
Por estas razones, consideró que la incapacidad no podía ser tenida como
excusa válida.
75. Ahora bien, como quiera que la confesión provocada mediante
interrogatorio de parte no es medio de prueba admisibles en el proceso de
pérdida de la investidura, el planteamiento de la apelación queda sin sustento,
en la medida en que las manifestaciones que hizo el concejal al responder las
preguntas no podían ser tenidas en cuenta por el a quo; por esta razón, la
indebida valoración alegada es inexistente, pues en la decisión no podían
sopesarse las respuestas dadas por el concejal frente a ningún otro medio
probatorio, ni derivarse consecuencia alguna de estos frente a sus
afirmaciones o manifestaciones sobre los hechos y las responsabilidad que se
le endilgan por la demandante.
76. Sobre la falsa incapacidad conseguida y presentada por el concejal para
justificar sus ausencias a las sesiones realizadas entre el 21 y el 31 de enero
de 2024, para la Sala no hay duda de tal hecho es de la mayor gravedad, y
constituye indicio de la conducta defraudatoria y de mala fe del señor
ARMANDO JOSÉ LABERTINEZ BOLAÑO, en relación con el cumplimiento
de su deber como concejal, de asistencia a las sesiones del cabildo.
40
Fundamentalmente, en la prueba se indica que realizada la consulta del Registro Especial de Prestadores de
Servicios de salud (REPS), dicho profesional no aparece registrado.
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77. Sin embargo, de tal hecho no puede inferirse, mediante las reglas de la
lógica y la experiencia, que el concejal también mintió cuando el 1° de mayo
de 2024, por escrito le informó al Concejo de Canalete (Córdoba) que sus
inasistencias a las sesiones plenarias extraordinarias del mes de abril de 2024,
obedecieron al retiro del vehículo blindado de la Unidad Nacional de
Protección en el que ordinariamente se desplazaba de Montería a Canalete41;
debido a que, el conjunto de la pruebas del proceso, acredita que tal hecho es
cierto.
78. En efecto, de acuerdo con las documentales del plenario, se encuentra
plenamente acreditado lo siguiente:
• El señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO se encuentra
incluido en el Registro Único de Víctimas, junto a los demás miembros de su
grupo familiar, por hechos victimizantes de desplazamiento forzado (municipio
de Canalete, 2015), acto terrorista y abandono de bienes inmuebles (municipio
de Canalete, 2018); como se verifica en la Resolución núm. 218-30541 de 16
de mayo de 2018, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
• De acuerdo con el expediente administrativo allegado a este proceso
con carácter reservado42, por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el señor
LAMBERTINEZ BOLAÑO ha contado con diversas medidas de protección
desde el año 2015; debido a que, las evaluaciones realizadas por el Comité
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de esa entidad
(CERREM), concluyen que el riesgo de seguridad en que se encuentra es
extraordinario, provenientes de las amenazas que ha recibido como líder
41
Allegando los documentos de soporte; en especial, la acción de tutela que presentó el 12 de abril, con el fin de que
la UNP mantuviera el esquema de seguridad con el que contaba hasta el 4 de abril de 2024; así como la última
evaluación de riesgo con la que contaba, en la que se determina que su nivel de riesgo es extraordinario.
42
Razón por la cual, sobre el contenido de ese expediente de antecedentes administrativos, la Sala efectuará las
referencias que sean necesarias, sin identificaciones específicas o transcripciones de los documentos que fueron
remitidos.
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social y político del municipio; tales medidas de seguridad iniciaron cuando por
primera vez fue alcalde de Canalete (2015), y finalizaron con la expedición de
la Resolución núm. 218-30541 de 16 de mayo de 2024, siendo concejal del
mismo municipio. El esquema de seguridad que se le proporcionó al concejal
consistía en un vehículo blindado, dos hombres de seguridad inicialmente, en
el transcurso se redujo a uno; un chaleco de seguridad; y un equipo celular de
comunicación; con la expedición de la Resolución núm. DGRP 003512 de
16 de mayo de 2024 se recomendó que, aun cuando se mantiene en riesgo
de seguridad extraordinario (no extremo), del esquema de seguridad se
eliminara el vehículo blindado, y se mantuviera un hombre de seguridad, un
chaleco de seguridad y un equipo de comunicación.
• En la mencionada Resolución núm. DGRP 003512 de 16 de mayo de
2024 la UNP dispuso la culminación del esquema de protección a su
cargo, y en virtud del principio de subsidiaridad, dispuso comunicar a la
alcaldía de Canalete que el esquema de seguridad recomendado para el
concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO debía ser asumido
por dicha entidad, y que, en caso de que se allegara certificado en el que
se hiciera constar la ausencia de presupuesto para asumirlo, se debería
suscribir el correspondiente acuerdo o convenio con la UNP, para lo
correspondiente. En lo pertinente, el acto administrativo dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 4º: Comunicar a la Alcaldía Municipal y/o Concejo
Municipal de Canalete – Córdoba, para que adopte las medidas
de protección de su competencia, para lo cual podrá celebrar o
actualizar el convenio, según corresponda, con la Unidad
Nacional de Protección, de conformidad con el parágrafo 2 del
artículo 2.4.1.2.6 en concordancia con el artículo 2.4.1.2.49 del
Decreto 1066 del 2015.
Artículo 5º: Comunicar al Grupo de Convenios, adscrito a la
Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección, para
realizar las gestiones administrativas respectivas para celebrar o
actualizar el convenio con la Alcaldía Municipal y/o Concejo
Municipal de Canalete – Córdoba, de conformidad con el
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parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.6 en concordancia con el artículo
2.4.1.2.49 del Decreto 1066 del 2015.
Artículo 6º: Comunicar a la Subdirección de Protección para que
proceda conforme a las recomendaciones del CERREM de Servidores
y Exservidores Públicos adoptadas mediante el presente acto
administrativo y en caso de tener otras medidas de protección de
competencia de la UNP diferentes a las relacionadas en la
recomendación, realice su finalización.
Artículo 7°: Comunicar al Alcalde Municipal de Canalete – Córdoba,
como primera autoridad de policía del nivel municipal, y responsable
del orden público, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 8: Las medidas de protección quedan sujetas a la
disponibilidad de recursos de la Entidad, conforme al principio de
Concurrencia del Programa de Prevención y Protección de los
derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de
personas, grupos y comunidades, establecido en el numeral 4º
del artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015.
• La Mesa Directiva (comisión de política y gobierno) del Concejo de
Canalete (Córdoba), según costa en el Acta núm. 01 de 23 de mayo de 2024,
sesionó en esa fecha con el fin de estudiar el asunto correspondiente a la
excusa presentada el 1° de mayo por el concejal, en la que informó sobre la
eliminación del vehículo blindado de su esquema de protección, y de la
imposibilidad que esto representaba para poderse desplazar entre Montería y
Canalete; como resultado de esa sesión, las Mesa Directiva aceptó dicha
razón como justificativa de sus ausencias a las sesiones del periodo
extraordinario realizado en el mes de abril de 2024, y atendiendo a que la
situación no se encontraba resuelta definitivamente por la UNP, determinó
hacerla extensiva a las sesiones no asistidas del periodo ordinario
correspondiente al mes de mayo de 2024.
• De acuerdo con el oficio allegado al expediente por la alcaldesa del
municipio de Canalete el 23 de enero de 2025, la alcaldía no adelantó ninguna
gestión tendiente a asumir el esquema de protección del concejal, en
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consideración a que este no se las había solicitado, y a las observaciones
realizadas en la Resolución núm. DGRP 003512 de 16 de mayo de 2024; el
texto del oficio señala:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, la UNP hizo esta observación en
donde dispuso lo siguiente: Observaciones: 2) Comunicar a la
Secretaría General de la UNP, para que, en el marco del principio de
Subsidiariedad, realice las gestiones administrativas, para aunar
esfuerzos con la Alcaldía Municipal y/o Concejo Municipal de
Canalete- Córdoba, en virtud del parágrafo 2° del artículo 2.4.1.2.6; en
caso de que la entidad suministre el certificado de no contar con
los recursos, informar inmediatamente a la Subdirección de
Protección para proceder con la ejecución de las medidas de
protección por el Director de la UNP, por tal motivo, la Alcaldía
Municipal de Canalete a través de Constancia expedida por la
Secretaria de Hacienda Municipal de fecha 22 de Julio de 2024 le
certificó a la UNP que: “no contaba con los recursos
presupuestales disponibles en la vigencia fiscal para la adopción
de medidas de protección al funcionario, por lo que se requirió a
la UNP en el marco de la colaboración administrativa y la
implementación y aplicación del principio de subsidiariedad que
permita tomar las medidas necesarias para prevenir la violación
de derechos fundamentales del señor ARMANDO LAMBERTINEZ”
[…]” Subrayas fuera de texto original)
• El certificado expedido por la alcaldía municipal, en el que consta la
ausencia de presupuesto para brindar esquema de protección la concejal, fue
suscrito el 22 de julio de 2024.
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79. Conforme con las pruebas indicadas supra y los hechos que ellas
acreditan, la Sala coincide con lo concluido por el Tribunal, en el sentido de
que el concejal, señor JOSE ARMANDO LAMBERTINEZ BOLAÑO, para la
época de los hechos se encontraba en una situación que justificaba sus
ausencias, consistente en el riesgo de seguridad extraordinario que soportaba;
de manera que se vio sobrevenido por una situación externa, relativa a la
eliminación de su esquema de seguridad completo proporcionado por la UNP,
por lo menos desde el 12 de abril de 2024, fecha en la que presentó una acción
de tutela por tal motivo, y que, como mínimo se prolongó hasta el 22 de julio
de 2024, cuando el municipio certificó que no contaba con recursos para sumir
el esquema de seguridad recomendado.
80. En ese orden, independientemente de que el concejal contara o no con
un vehículo de protección para su desplazamiento; lo cierto es que estuvo
carente de cualquier tipo de protección durante el lapso anteriormente
mencionado, y en ese sentido, en la condición de riesgo extraordinario de
seguridad en las que estaba, y como víctima de desplazamiento forzado,
atentado terrorista y abandono de bienes del municipio de Canalete; exigirle
cualquier desplazamiento al municipio de Canalete, más allá de sus propias
posibilidades y sin atender al estado de zozobra y riesgo real que ello
representa para cualquier persona en riesgo de seguridad extraordinario, no
sería razonable ni proporcionado.
81. Es decir, en el presente caso lo que cobra relevancia es que la situación
del riesgo de seguridad y la carencia total de un esquema de protección,
constituyeron una circunstancia externa, imprevisible e insuperable para el
concejal, so pena de poner en riesgo su vida y su integridad personal; y en esa
medida justifica las ausencias del concejal; por el contrario, no se trata de una
evento de fuerza mayor en estricto sentido, como lo es la ausencia de citación
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de los concejales a las sesiones, o el naufragio, o una incapacidad médica
debidamente acreditada.
82. A lo anterior, se suma que el Concejo Municipal conocía la situación en
la que se encontraba el concejal, porque así se los hizo saber desde el 1° de
mayo de 2024, y solo la definió hasta el 23 de mayo siguiente, sin ejercer la
facultad que le confiere la Ley 136, artículo 23, parágrafo 3°, en los siguientes
términos: “[…] Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare
que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos
miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual,
podrán participar de las sesiones de manera no presencial […]”.
83. Si bien es cierto que el concejal, en su escrito del 1° de mayo de 2024,
no hizo una solicitud expresa en el sentido de que se aplicara dicha disposición
para su caso, de esa omisión no se puede inferir el incumplimiento de su
obligación de asistencia, pues la norma no exige que el concejal deba
solicitarlo expresamente, de manera que más allá de que se pueda calificar
como una conducta que hubiera sido deseable, lo cierto es que el cabildo no
ejerció su atribución, pese a contar con ella, conocer las inasistencia y la causa
alegada por el concejal para explicar las inasistencias.
84. En consecuencia, este segundo planteamiento de la apelación tampoco
prospera.
II.3 Tercer cargo de la apelación
85. El apelante reclama que la sentencia de 30 de enero de 2025 no hubiera
realizado el estudio del elemento subjetivo de la pérdida de la investidura;
empero, de plano puede señalarse que el cargo no está llamado a su
prosperidad; fundamentalmente, porque al no haberse estructurado la causal
de pérdida de la investidura, lo que ocurre en este caso, no es posible entrar
a analizar si la conducta fue culpable o no.
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II.4. Sobre la compulsa de copias
86. Por último, la Sala coincide con el planteamiento del recurso,
consistente en que la sentencia de 30 de enero de 2025, al haber encontrado
que la incapacidad médica era falsa, debió compulsar copias de la actuación
a la autoridad penal correspondiente, a efectos de que se investigue la
eventual responsabilidad penal en que hubieran podido incurrir los señores
ARMANDÓ JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO (concejal) y JAIRO DE JESÚS
MARTÍNEZ ROMERO médico que la expidió).
Conclusión
87. Al no configurarse el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, por la inasistencia a la sesiones de la comisión segunda de
presupuesto, realizadas los días 12, 13, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024,
prevista en el artículo 48, numeral 2, de la Ley 617, se confirmará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en primera instancia,
mediante la cual se negó la pérdida de investidura del concejal del municipio
de Canalete (Córdoba), ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
88. Por último, la Sala advierte que, al no configurarse el elemento objetivo
de la causal de pérdida de la investidura, no hay lugar a realizar el estudio del
elemento subjetivo sobre la conducta, relativo a la culpabilidad de concejal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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III.RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se denegó la
pérdida de investidura del concejal del municipio de Canalete (Córdoba),
señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO, elegido por el período
constitucional 2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS de esta actuación, con destino a la
Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la conducta de los
señores ARMANDO JOSÉ LAMBERTINEZ BOLAÑO (concejal) y JAIRO DE
JESÚS MARTÍNEZ ROMERO, en relación con la incapacidad médica suscrita
por este último el 21 de mayo de 2024, conforme a lo motivado en esta
providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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