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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00242-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00242-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que decretó la pérdida de investidura del diputado Danilo José Beltrán Payares, periodo constitucional 2024-2027, por las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECRETAR de oficio la excepción de cosa juzgada frente al proceso de nulidad electoral con radicado núm. 47001 2333 000 2025 00245 00 en el que se resolvió: (i) inaplicar por inconstitucionalidad el párrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y (ii) declarar la nulidad del acto de llamamiento al señor Danilo José Beltrán Payares para ocupar la curul como diputado del departamento del Magdalena, periodo constitucional 2024-2027, en lo que tiene que ver con la configuración del elemento objetivo de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 ibidem, conforme lo expuesto en precedencia. TERCERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura formulada en contra del diputado Danilo José Beltrán Payares, período constitucional 2024 – 2027, por las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Sin condena en costas QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00242-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y Yoan Uriel Suárez Quintero
Demandado: Danilo José Beltrán Payares
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Régimen de inhabilidades de diputados – causal del numeral
5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 – alcance del
parágrafo del artículo 49 ibidem.
Decisión: Revoca la sentencia que decretó la pérdida de investidura y
declara la cosa juzgada frente al elemento objetivo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el
Ministerio Público en contra de la sentencia proferida el 27 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que decretó la pérdida de investidura del señor
Danilo José Beltrán Payares, diputado del departamento del Magdalena, para el período
constitucional 2024 – 2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 23 de septiembre de 20251, los señores William Augusto Jácome Urrea y Yoan Uriel
Suárez Quintero presentaron demanda en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 143 del CPACA, contra el señor Danilo José Beltrán Payares en la que solicitó2:

[…] PRIMERO. Se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor DANILO JOSÉ
BELTRÁN PAYARES como Diputado del Departamento del Magdalena, elegido para el
periodo constitucional 2024-2027 y se ordene la cancelación de su credencial, por
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, al quebrantar el artículo 183 de la
Constitución Política de Colombia en concordancia con el numeral 4 del artículo 33 de la
Ley 617 y el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y en los artículos 5 y 22 de

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Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 00.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00242 00.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

la Ley 1881 de 2018, modificada parcialmente por la Ley 2003 de 2019, para solicitarles
que mediante el procedimiento administrativo sancionatorio consagrado (sic).

SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se oficie a la Asamblea Departamental
del Magdalena en el Departamento del Magdalena y demás autoridades correspondientes,
para que se CANCELE la credencial de Diputado elegido para el Periodo Constitucional
2024–2027, cargo que ostenta en la actualidad el demandado.

TERCERO. Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de Diputado
en la Asamblea del Departamento de Magdalena–para el periodo constitucional 2024-2027
a quien siga en la lista del Partido de la Unión por la Gente.

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada

La parte solicitante señaló que el demandado, el señor Danilo José Beltrán Payares,
participó en las elecciones territoriales de 29 de octubre de 2023 para el cargo de elección
popular de diputado de la asamblea departamental del Magdalena.

Añadió que el señor Rafael Emilio Noya García fue elegido por el partido Fuerza Ciudadana
y que el señor Danilo José Beltrán Payares quedó en el segundo lugar de la lista. Precisó
que la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 21 de agosto de 2025, declaró la nulidad
de la elección del señor Rafael Emilio Noya García.

Precisó que «[…] una vez ejecutoriada la sentencia por parte de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante comunicación realizada por parte de la secretaria de la
asamblea departamental del Magdalena, se hizo el llamamiento del señor Danilo José
Beltrán Payares para ocupar el cargo de diputado del departamento del Magdalena».

Alegó que el demandado infringió el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
puesto que, doce meses antes de la elección, celebró un contrato con el Departamento
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA, entidad pública
descentralizada de orden distrital adscrita a la alcaldía de Santa Marta. Así mismo, afirmó
que el contrato fue ejecutado en el departamento del Magdalena.

2. Posición de la parte demandada

El señor Danilo José Beltrán Payares, por conducto de apoderado, contestó la demanda
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo siguiente3:

Alegó que en el proceso de pérdida de investidura tenía plena aplicación los principios pro
homine, pro-reo, legalidad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Sostuvo que «[…] es un estudiante de ingeniería ambiental, por lo que no entendemos
cómo se clasifican los posibles contratos que se anexan como pruebas, como de servicios
profesionales y más, cuando vemos que lo que se desprende de los documentos es el
apoyo a los tramites de Residuos de construcción y demolición- RCD, en cumplimiento de
un proceso ambiental. Estaríamos ante un servicio TÉCNICO».

3 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

En cuanto al elemento subjetivo, alegó que «[…] el accionante no hace referencia a
circunstancias particulares que pudiera permitirle al juez verificar si se configura el
elemento de culpabilidad (dolo o culpa) […] si conocía o debía conocer la actuación que
desarrolló y si su voluntad se encaminó a esa acción u omisión».

Afirmó que «[…] si bien la ignorancia de la ley no sirve de excusa, debe tenerse en cuenta
que el demandado no tenía los conocimientos suficientes ni los medios adecuados para
conocer y determinar que la suscripción de un contrato con una entidad que no pertenecía
al departamento, lo haría incurrir en una inhabilidad; máxime cuando es claro que su
contratación fue para desarrollar en tres meses una labor técnica».

Expuso que se asesoró con la abogada Maylen Juliana Barón Abril «[…]la que, además,
era su amiga a quien consultaba temas jurídicos, lo que resultaba una consulta idónea, dado
su condición de abogada». Agregó que «[…] la Abogada dejó en claro, que anteriormente
le había expresado al Diputado que la suscripción de un contrato con una entidad que no
pertenecía al Departamento, no lo haría incurrir en una inhabilidad para aspirar en la
elección de Diputado del Departamento del Magdalena, máxime cuando es claro que su
contratación fue para desarrollar en tres meses una LABOR TÉCNICA».

Adujo que «[…] la excepción consignada en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022 restringe las causales de inhabilidad para los diputados al ente territorial desde
el criterio orgánico y no desde el criterio territorial». Agregó que «[…] el Consejo de Estado
no ha tenido un criterio unificado pues difiere en su concepción de circunscripción,
acogiendo ya sea un criterio electoral o territorial; es decir, no ha tenido una posición
unánime frente a si el “departamento” comprende todas las entidades municipales que lo
conforman, o si solo corresponde a la entidad pública y sus institutos y entidades
descentralizadas».

Puso de presente que «[…] se descarta la configuración del elemento subjetivo de
culpabilidad porque el demandado actuó sin dolo y sin culpa pues obtuvo el concepto
informal de un profesional amigo que, ante su nivel académico, lo tomó como confiable».

Agregó que los «[…] documentos son auténticos mientras no hayan sido tachados de
falsos o desconocidos (artículo 244 del Código General del Proceso), de manera que, el
DESCONOCIMIENTO del documento denominado “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.CPS-021-2023”, que hacemos en este
escrito, desvirtúa en la etapa correspondiente la referida presunción».

Expuso que las razones en que se fundamenta el desconocimiento del documento
radican en que el «[…] solicitante debe aclarar la forma en la accedió a este documento»
y, además, «[…] no acreditó si el referido documento “está completo, incompleto,
modificado, alterado, con frases superpuestas, etc.”. y se destaca que no aparece
firmado».

3. La sentencia de primera instancia4

3.1. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia
proferida el 27 de enero de 2026, resolvió:

4 Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del Diputado del Departamento del
Magdalena para el período 2024-2027, DANILO JOSÉ BELTRÁN PAYARES, de
conformidad con lo razonado supra, con las consecuencias que ello implica contenidas en
los artículos 30 #1, 33#1, 37#1 y 40# 1, de la ley 617 de 2000.

[…]

TERCERO: COMUNICAR, la presente decisión a la Mesa Directiva de la Asamblea
Departamental del Magdalena, a la Registraduría Nacional de Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral, para lo de su competencia […]

En cuanto al argumento de la parte demandada consistente en que desconocía el
contrato núm. CPS-023-2023, el tribunal expuso que se verificó «[…] la autenticidad del
documento, el cual, para la parte accionada no está firmado, sin embargo, es sabido que
mediante el uso de las plataformas como SECOP II, ya las minutas de los contratos se
firman en línea, esto es, mediante códigos alfanuméricos que unos usuarios registrados
poseen de manera individual y única, por ende, tanto el contratante como el contratista
no firma manuscritamente los contratos, sino a través de dicha plataforma o repositorio».

Agregó que «[…] el contrato que se le atribuye al demandado fue suscrito digitalmente
el día 15 de febrero de 2023, esto puede comprobarse en el […] enlace que conduce a
la plataforma SECOP II y en donde, al revisar su historial, se evidencia cuando fue
firmado, e incluso a qué hora, y hasta cuando fue ejecutado».

Concluyó que «[…] se puede corroborar que, el contrato se celebró y fue firmado el 15
de febrero de 2023 a las 11:00 a.m., siendo auténtico el mismo, por lo tanto, pese al
desconocimiento alegado por la parte accionada, dicho documento tiene pleno valor
probatorio para la toma de la presente decisión, debiendo decir que, siendo esta la
oportunidad para que el apoderado allegara los medios de acreditación que demostraran
que el contrato no fue celebrado en las fechas referidas, no lo hizo».

Sobre el estudio del elemento objetivo

Seguidamente, el a quo abordó el estudio del elemento objetivo de la inhabilidad y
expuso que está acreditado que el 15 de septiembre de 2025 el señor Danilo José Beltrán
tomó posesión como diputado de la asamblea departamental del Magdalena.

Añadió que estaba probado que el 15 de febrero de 2023 fue suscrito el contrato entre
el demandado y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental –
DADSA, por lo que consideró que estaba cumplido el elemento temporal de inhabilidad,
puesto que, «[…] de conformidad con la norma analizada éste tiene un extremo final que
es la fecha de elección del demandado como miembro de la lista cerrada del movimiento
Fuerza Ciudadana (29 de octubre de 2023) y uno inicial que es un año antes de aquella
(29 de octubre de 2022), siendo suscrito el contrato el 1 de febrero de 2023, es decir,
dentro del periodo inhabilitante».

Frente al elemento territorial, señaló que también estaba cumplido porque «[…] en el
acuerdo contractual, se estableció en la cláusula vigésima primera como domicilio Santa
Marta- Magdalena, para todos los efectos legales». En este punto, agregó que «[…]
cuestiona el acusado lo relativo a si a los diputados se les debe aplicar este régimen de

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inhabilidad porque el departamento no puede incluir todas las entidades territoriales que
lo comprenden, no obstante, es claro que la inhabilidad alegada debe entenderse frente
a la circunscripción electoral, de la cual hace parte la ciudad de Santa Marta».

Expuso que «[…] concebir que los diputados se encuentran exentos de este marco
normativo, sería blindarlos y abrir una ventana a que estos puedan contratar con
cualquier entidad del orden nacional y municipal incluso durante etapa electoral,
nutriéndose de dineros públicos que pueden destinar a sus campañas, que es
precisamente lo que se busca impedir».

Explicó que, lo antes señalado estaba respaldado en la sentencia C-396 de 2021,
mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo del artículo 6
de la Ley 1871 de 2017, «[…] haciendo un estudio de la expresión “departamento” en
dicha norma, y estableciendo que las inhabilidades de los diputados no pueden ser
menos estrictas que las de los congresistas, por lo tanto, la prohibición de contratación
incluye también la celebrada y ejecutada TERRITORIALMENTE dentro de la geografía
de dicho departamento, aunque sea en entidades territoriales diferentes y autónomas,
como en el caso concreto que, el Distrito de Santa Marta fue el lugar de celebración y
ejecución, pero este hace parte territorialmente y electoralmente del Departamento del
Magdalena, siendo plenamente aplicable dicha inhabilidad».

En este punto, también citó la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 2 de mayo de 20185 y aclaró que en dicha providencia «[…] se
tomó la misma postura que posteriormente la Corte Constitucional asume en 2021 al
estudiar la exequibilidad de la norma mencionada».

Sobre el estudio del elemento subjetivo

En relación con el elemento subjetivo, indicó que el tribunal no compartía la tesis de la
defensa consistente en que existía un «[…] supuesto “vacío” sobre la noción de
“departamento” del numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022», puesto que, en la
sentencia C-396 de 2021, la Corte Constitucional fue «[…] inequívoca al precisar que “las
inhabilidades previstas (…) se refieren a situaciones que tengan lugar en el respectivo
departamento” y que dicha referencia “no solo las predica de la entidad pública
departamental, sino de la comprensión geográfica del departamento”. Agregó la Corte
que el legislador no puede hacer menos estricto el régimen de inhabilidades de los
diputados frente al de los congresistas, según el artículo 299 de la Constitución».

Añadió que «[…] esta línea fue reiterada por el Consejo de Estado en la providencia de
18 de julio de 2024 (rad. 05001‑23‑33‑000‑2024‑00039‑01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil) al sostener que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 debe leerse conforme a
la Constitución y al precedente consolidado, de manera que el “departamento” no se
reduce al concepto orgánico de entidad sino a todo su territorio», por lo que, aseguró que
no era jurídicamente defendible suponer que contratar con el DADSA —autoridad distrital
adscrita a la Alcaldía de Santa Marta— quedaba fuera de la órbita prohibitiva de la
inhabilidad, por cuanto la ejecución ocurrió en el Magdalena.

Expuso que la defensa del demandado se fundamentó en la asesoría de la abogada
Maylen Juliana Barón Abril, «[…] quien admitió que su primera orientación fue verbal,

5
Expediente con radicación núm. 11001 0315 000 2015 00110 00 (REVPI).

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que no revisó jurisprudencia del Consejo de Estado, que no estudió el contrato en detalle
y que basó su conclusión en una “duda jurídica” sobre el alcance del parágrafo del
artículo».

Consideró que dicha actividad consultiva no satisfacía el estándar que el Consejo de
Estado exigía para acreditar la buena fe exenta de culpa. «[…] En efecto, la Sección
Primera, en sentencia del 11 de marzo de 2021 (rad. 150012333000202000065‑01),
puntualizó que “no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado” y que los
conceptos u opiniones invocados por el investigado deben ser idóneos, congruentes,
pertinentes y con sustentación razonada, de suerte que puedan generar un
convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar incurso en la causal».

Agregó que, en este caso, la orientación careció de soporte jurisprudencial, se omitió el
precedente constitucional aplicable (C‑396 de 2021) y no contrastó el objeto, plazo y
lugar de ejecución del contrato con los elementos estructurales de la inhabilidad, por lo
que, la consulta no exonera al investigado, «[…] antes bien, refuerza la conclusión de
culpa grave por haber continuado pese a una alerta normativa evidente».

3.2. La parte demandada elevó solitud de adición y aclaración de la precitada sentencia6,
las cuales fueron negadas por auto proferido el 26 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena7.

4. Los recursos de apelación

4.1. La Procuradora 155 Judicial II para la Conciliación Administrativa solicitó que fuera
revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negara la desinvestidura,
con sustento en los siguientes argumentos8:

«[…] Errada valoración del material probatorio en el análisis subjetivo para calificar
la conducta del demandado como de culpa grave»

Afirmó que «[…] en la declaración rendida por el señor Beltrán Payares, en la audiencia
de 23 de octubre de 2025, se evidencia que es una persona nacida en provincia, en el
municipio de Chibolo, concretamente en el corregimiento de Carreto, su formación
académica es la de un bachiller con estudios de algunos semestres de ingeniería
ambiental, sin la más mínima formación jurídica, que cumplió con un deber de diligencia
consistente en consultar a una profesional del derecho de su confianza —respecto a la
existencia de alguna inhabilidad para aspirar a inscribirse en una lista como candidato a
la asamblea del Magdalena—».

Añadió que resultaba excesivo que el tribunal «[…] considere que debe ser sancionado
severamente con la pérdida de investidura por no haber consultado a otro profesional del
derecho, por no haber dudado de la idoneidad de la profesional o por no haberle exigido

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Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
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Visto en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
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Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
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a la profesional del derecho consultada que citara jurisprudencia, o realizara otro análisis
más allá del normativo efectuado».

Indicó que, en este caso, el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 hace
referencia al departamento en un sentido orgánico y no territorial, «[…] lo cual supone
un escollo para la comprensión del ciudadano del común de si el concepto que le están
dando ofrece certidumbre o debe darle lugar a dudas»; por lo que, exigirle al demandado
que realizará una valoración cualificada del concepto recibido, implicaba que el mismo
tuviera conocimiento de derecho, lo que es desproporcionado.

Agregó que el demandado, «[…] en principio, consideró que aquel pudo confiar en lo
dicho por la abogada consultada, pues en una lectura exegética que puede realizar
cualquier persona del común, el texto no debe ofrecer mayores dudas o incoherencia
con lo aconsejado por la abogada; de otra parte, previo al momento de la inscripción de
su candidatura y primer momento en que recibe el concepto jurídico, no se había
proferido la sentencia del Consejo de Estado de calenda 18 de julio de 2024, que se
ocupó del análisis del alcance de la expresión departamento como ente territorial».

«[…] Desconocimiento de los principios pro homine, in dubio pro - reo, de
legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad, en la
interpretación del aspecto subjetivo»

Explicó que el tribunal para determinar si estaba configurada la inhabilidad «[…] debió
acudir a interpretaciones sistemáticas de la norma que regula la inhabilidad enrostrada,
consagrada en el numeral 5º del artículo 49 de la ley 2200 de 2022 y su parágrafo,
acudiendo a lo normado en el artículo 299 de la Carta, a la sentencia C-396 de 2021 de
la Corte Constitucional y a una sentencia del Consejo de Estado que zanjó el tema, de
calenda 18 de julio de 2024, pero proferida con posterioridad al primer concepto obtenido
por el demandado, mediados del año 2023, antes de su inscripción como candidato y
posterior elección de la lista de la que hacía parte».

Agregó que el artículo 49 y su parágrafo de la Ley 2200 de 2022 estaban vigentes tanto
en el momento de la elección como de la posesión, por lo que «[…] el principio de
legalidad y de tipicidad deben aplicarse sin ambages; acudir a una interpretación
realizada a posteriori, desconoce los principios de tipicidad y legalidad, así como de
confianza legítima del demandado, y en últimas del debido proceso, pues como se ha
dicho, se optó por la interpretación más gravosa para el ciudadano, con la consecuencia
de la sanción de perder su investidura».

Concluyó que el demandado no incurrió en la causal de pérdida de investidura porque
no se demostró que hubiese actuado con culpa grave.

4.2. El apoderado del demandado también pidió que fuera revocada la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negara la desinvestidura, con sustento en lo
siguiente9:

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«La falta de acreditación real del elemento subjetivo para la pérdida de
investidura»

Alegó que, de las pruebas allegadas al proceso por la parte demandante, ninguna
permitía acreditar, más allá de toda duda razonable, el elemento subjetivo de la pérdida
de investidura y que el tribunal hizo una presunción de culpabilidad del demandado.

Agregó que el demandado «[…] estudió un par de semestres de ingeniería civil y luego
de ingeniería ambiental, [por lo que] no se puede concluir que tenga conocimientos
jurídicos suficientes como para comprender que, dentro de las causales de inhabilidad
para ejercer el cargo de diputado, contenidas en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley
2200 de 2020, debía diferenciar entre el concepto orgánico y territorial de departamento».

Indicó que era «[…] razonable pensar que una persona del común, sin formación
académica alguna, pensara que el contrato que celebró con el DADSA no lo inhabilitaba,
puesto que ésta es una entidad del distrito de Santa Marta y no del Departamento del
Magdalena».

Reprochó que el tribunal omitió que el demandado se asesoró con una profesional del
derecho «[…] quien le insistió que no se encontraba inhabilitado, en ese sentido, resulta
incomprensible que al demandado se le enrostre en la sentencia, que debió haberse
asesorado de otros abogados, cuando en realidad, por su escasa formación académica
no se le podía exigir que contrariara el concepto de una persona que sí estudió derecho».

«La presunción ilegal de culpabilidad del demandado»

Cuestionó que no se acreditó que el demandado hubiese actuado con dolo o culpa grave
«[…] ya que no tenía, ni el conocimiento ni la voluntad de incurrir en una causal de
inhabilidad y actuó guiado por el concepto de una profesional del derecho, en ese sentido,
debieron aplicarse los principios pro homine, in dubio pro (sic)».

Explicó que el numeral 5 de artículo 49 de la Ley 2200 de 2020 «[…] nunca dispuso qué
debía entenderse por departamento, si debía interpretarse bajo un criterio orgánico, o bajo
un criterio territorial, marcando esto una duda razonable que da lugar a varias
interpretaciones, lo que desdibuja por completo el elemento de culpabilidad, por lo cual,
debió aplicarse al mismo tiempo, el principio pro homine».

«El a quo también debió estudiar las causales de exclusión de responsabilidad y no
lo hizo»

La parte recurrente aseguró que, en este caso, «[…] el demandado realmente actuó de
buena fe, y cumplió con la carga que le correspondía, esto es, consultar con un profesional
del derecho si estaba o no incurso en causal de inhabilidad, y como se acreditó en el
proceso, le dijeron que no lo estaba y procedió a inscribirse, más allá de esta actuación
diligente, humanamente no le correspondía hacer más nada».

«La ausencia de análisis de la lesión de la dignidad del cargo y del principio de
representación»

Argumentó que el tribunal omitió su deber de examinar si la conducta del demandado
lesionó la dignidad del cargo y el principio de representación y que se trata de una

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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

obligación contenida en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el
27 de septiembre de 2016 en el expediente con radicado núm. 2014 03886 00.

«El principio pro homine»

Señaló que este asunto debía fallarse a favor del demandado por duda razonable en cuanto
al elemento subjetivo, puesto que no se aportó prueba que acreditara que actuó con culpa
grave o con dolo. Agregó que «[…] si la abogada que consultó tuvo una interpretación no
del todo acertada, a pesar de tener conocimientos jurídicos ¿qué otra cosa se podía
esperar del demandado que no solo no tiene conocimientos jurídicos, sino que ni siquiera
ostenta un título profesional?»

«El a quo desconoció de forma abierta, la pacífica jurisprudencia del consejo de
estado en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo en los procesos de
pérdida de investidura»

Reprochó que el tribunal hubiera considerado que el demandado actuó con dolo, aunque
hizo lo que a su alcance era factible, esto es, consultar a una profesional del derecho,
«[…] quien se guio por la literalidad de la ley y le dijo que no estaba incurso en causal de
inhabilidad, lo cual, de contera, desdibuja la configuración del elemento subjetivo».

«La falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda y lo concedido en el
fallo»

Reprochó que los demandantes solicitaron la pérdida de investidura sin aportar las
pruebas que acreditaran, más allá de toda duda razonable, que el demandado hubiese
actuado con conocimiento y voluntad de infringir las disposiciones sobre inhabilidades
para ser diputado y el a quo, a falta de pruebas, presumió que el demandado conocía y
tenía la intención de incurrir en la causal de inhabilidad. Acotó que sin el material
probatorio que acreditara la culpabilidad, el a quo debió negar las pretensiones.

«El precedente del caso Antanas Mockus»

Puso de presente que en contra del exsenador Antanas Mockus se adelantó un proceso
de nulidad electoral y de pérdida de investidura por la misma causal invocada en este
caso, esto es, la celebración de contratos. Precisó que se declaró la nulidad de la
elección, pero no se declaró la pérdida de investidura bajo el argumento que «[…] el
senador no estaba obligado a comprender»10.

Añadió que «[…] si en ese caso, se adoptó una posición garantista, no se comprende
por qué en este caso, que es bajo supuestos fácticos similares, se decreta la pérdida de
investidura, cuando mi poderdante es un bachiller, no tiene título profesional, nunca ha
ocupado cargos públicos, no ha sido ordenador del gasto, es un joven de 30 años».

4.3. Los recursos de apelación fueron concedidos por auto de 6 de abril de 202611.

[10]
Consejo de Estado Sala Plena, Sentencia, 11001031500020100000000, 08/10/2019. En:
https://ambitojuridico.utadeoproxy.elogim.com/noticias/general/estas-son-las-razones-por-las-que
antanas-mockus-conservo-su-investidura-como
11 Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00242 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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9

Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a la Sección Primera de la Corporación por acta de
reparto de 27 de abril de 202612.

5.2. Por auto de 28 de abril de 2026, el despacho de conocimiento admitió los recursos
de apelación interpuestos por la parte demandada y el Ministerio Público13.

5.3. Por memorial remitido el 6 de mayo de 2025, el Procurador Delegado de Intervención
10 Quinto ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que solicitó revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negar la pérdida de investidura.

Lo anterior, por cuanto, si bien se acreditó el elemento objetivo de la inhabilidad prevista
en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, no ocurre lo mismo con el
elemento subjetivo, en la medida que no se demostró que el demandado hubiese
actuado con dolo o culpa grave.

Señaló que «[…] el material probatorio da cuenta de que el demandado acudió a asesoría
jurídica previa con el fin de verificar su situación frente al régimen de inhabilidades, lo
que evidencia una conducta orientada a actuar conforme al ordenamiento jurídico, en un
contexto además de duda interpretativa razonable sobre el alcance de la norma
aplicable».

Agregó que «[…] el debate jurídico en torno al alcance del término departamento, en el
contexto de la causal invocada, ha dado lugar a distintas interpretaciones, en particular
en relación con su entendimiento en sentido orgánico o territorial, lo que permite afirmar
la existencia de una duda interpretativa razonable»14.

5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 8 de mayo de 202615.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200016 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de

12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00242 01.
13 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00242 01.
14
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 01.
15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001

2333 000 2025 00242 01.
16 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.

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10

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Demandado: Danilo José Beltrán Payares

marzo 201917 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones18.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

En el presente asunto fue allegada el Acta de Posesión núm. 001 de 15 de septiembre
de 2025, en la que consta que el señor Danilo José Beltrán Payares tomó posesión como
diputado de la asamblea departamental del Magdalena para el período constitucional
2024 – 2027, así19:

[…] En Santa Marta, Magdalena, a los 15 días de septiembre de 2025, en el Honorable
recinto de la Asamblea Departamental del Magdalena, se dieron cita, la Honorable
presidente de la Asamblea Departamental del Magdalena y el señor Danilo José Beltrán
Payares […] para darle posesión como diputado del departamento del Magdalena período
constitucional 2024 – 2027. Como integrante y siguiente en la lista cerrada de Fuerza
Ciudadana, en reemplazo del diputado RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA, conforme a la
sentencia con rad núm. 47001 2333 000 2024 00001 01 por la cual se declaró la nulidad
de la elección del citado diputado […].

Por consiguiente, está acreditado la condición de diputado del señor Danilo José Beltrán
Payares y, por lo tanto, la legitimación para concurrir a este proceso.

3. Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, el tribunal decretó la pérdida de investidura del demandado
con fundamento en que estaba configurado el elemento objetivo de la inhabilidad prevista
en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, en la medida en que se acreditó
que el señor Beltrán Payares celebró un contrato con el Departamento Administrativo
Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) dentro del año anterior a las elecciones y
que fue ejecutado en la ciudad de Santa Marta, esto es, en el territorio del departamento
del Magdalena por el cual fue elegido.

Frente al elemento subjetivo, el tribunal explicó que, si bien el demandado consultó a la
abogada Maylen Juliana Barón Abril, dicha consulta no acreditaba que hubiese actuado
con buena fe calificada, porque la asesoría careció de soporte jurisprudencial y
desconoció el precedente contenido en la sentencia C-396 de 2021 en la que la Corte
Constitucional explicó lo que debía entenderse por «departamento» en el régimen de
inhabilidades para diputados.

En contra de la precitada decisión, la Procuradora 155 Judicial II para la Conciliación
Administrativa y el apoderado del demandado presentaron recursos de apelación
cuestionando, específicamente, la configuración del elemento subjetivo de la causal.

17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
19
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 00.

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Demandado: Danilo José Beltrán Payares

No obstante lo anterior, en atención a que en primera instancia se decretó la pérdida de
investidura, la Sala, para resolver si el diputado accionado incurrió en la causal de
violación al régimen de inhabilidades, advierte que, en su contra, además de este proceso
de pérdida de investidura, se promovió una demanda de nulidad electoral con radicado
núm. 47001 2333 000 2025 00245 00, la cual fue resuelta mediante la sentencia del 4 de
diciembre de 202520, por lo que es procedente examinar, en primer lugar, si está
configurado el fenómeno de cosa juzgada frente al elemento objetivo, en los términos
previstos en el parágrafo del artículo primero de la Ley 1881 de 2018, circunstancia que
no fue advertida por el Tribunal Administrativo de Magdalena cuando profirió la sentencia
de primera instancia el 27 de enero de 2026.

Cabe anotar que la cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de
la cual los asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volver
a ser ventilados ante la jurisdicción, razón por la cual, en caso de encontrarse acreditada
debe ser decretada de oficio21, aún si las partes o incluso el a quo no la ponen de
presente, como ocurre en el sub lite.

3.1. El fenómeno de cosa juzgada frente al elemento objetivo de la causal

El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 201822, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 2019, prevé la garantía del principio de non bis in idem que se materializa en
que, cuando una misma conducta da lugar a un proceso de desinvestidura y a uno
electoral, el primer fallo hace tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los
aspectos objetivos juzgados, lo que no ocurre en relación con el análisis del aspecto
subjetivo por ser un asunto propio de la institución de la pérdida de investidura. En efecto,
el parágrafo de dicha disposición prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 4º. Modifíquese el artículo 1º de la Ley 1881 de 2018, que quedará así:

ARTÍCULO 1º. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución
Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta haya dado
lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer
fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos Juzgados,
excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del
proceso de pérdida de investidura.

20 Consultada la plataforma SAMAI, se observa que la sentencia del 4 de diciembre de 2025 fue notificada

el 9 del mismo mes y año, no fue apelada y quedó ejecutoriada el 20 de enero de 2026 (índice 53,
expediente digital proceso electoral 47001 2333 000 2025 00245 00).
21 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 7 de diciembre de 2017, Exp. 05001-23-33-000-2015-

02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
22
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los diputados conforme lo previsto en el artículo
22 de la Ley 1881 de 2018, que establece que: «[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán
aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».

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En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada
respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal
[…].

Frente al alcance del precitado parágrafo, la jurisprudencia de la Sección Primera de la
Corporación ha señalado que la referencia a «primer fallo» debe entenderse como la
decisión judicial que está ejecutoriada23:

[…] En consecuencia, y a partir de lo anterior, cuando el parágrafo del artículo 1° de la
Ley 1881 de 2018 hace referencia al «primer fallo» válidamente se le debe dar un alcance
en sentido material, esto es, el consistente en que la decisión judicial que hace tránsito a
cosa juzgada debe encontrarse ejecutoriada, pues la firmeza o ejecutoria es un atributo
de las decisiones judiciales que las convierten en imperativas y de obligatorio
cumplimiento. En efecto, la firmeza o ejecutoria de los fallos ha sido definida como un
atributo de las decisiones judiciales que las convierten en imperativas y de obligatorio
cumplimiento y, por ello, resulta evidente que no es posible hablar de cosa juzgada sin
ejecutoria […]

En definitiva, en consonancia con los anteriores antecedentes jurisprudenciales, la
expresión «primer fallo» contenida en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018,
debe entenderse en sentido material, esto es, que la decisión judicial que hace tránsito a
cosa juzgada debe encontrarse ejecutoriada, en tanto que dicho atributo constituye una
condición natural y necesaria para poder hablar de la institución de la cosa juzgada […]

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación, con
fundamento en los antecedentes legislativos de la Ley 1881 de 2018, explicó la
necesidad y finalidad de positivizar la garantía de la cosa juzgada y del principio de non
bis in idem frente a los procesos de pérdida de investidura y nulidad electoral,
específicamente, destacando que se persigue evitar decisiones opuestas en la misma
jurisdicción cuando se juzgan los mismos hechos24:

[…] En dicho contexto y consciente de que tanto el proceso de pérdida de investidura
como el de nulidad electoral comparten la causal que versa sobre la violación al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, el legislador consideró pertinente positivizar la
garantía de la cosa juzgada entre dichos procesos, bajo el entendido que no resulta válido
desde el punto de vista constitucional la existencia de dos decisiones opuestas al interior
de la misma Corporación que juzgue los mismos hechos. Con ello, además, en su criterio
se garantiza no solo el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales -al evitar
decisiones contradictorias dentro de la misma jurisdicción sobre unos mismos hechos-
sino también la coherencia en la aplicación del derecho justo.

[…]

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que si bien la jurisprudencia contenciosa
administrativa había defendido la autonomía que existe entre dichos procesos, para el
legislador ello no constituía una razón lógica para justificar que la causal por violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades que comparten el juicio de desinvestidura

23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de octubre
de 2021. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2020 00829 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de octubre
de 2021. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2020 00829 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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y el proceso de nulidad electoral se juzgue dos veces por los mismos hechos, pues ello
era contrario al principio de cosa juzgada, a la seguridad jurídica y al principio de igualdad
[…].

Una vez precisado el alcance del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, es
pertinente anotar que el fenómeno de cosa juzgada está regulado por el artículo 303 del
Código General del Proceso en los siguientes términos25:

Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […].

A su turno, el artículo 189 del CPACA en relación con el fenómeno de cosa juzgada,
establece26:

ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a
las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa

25
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los diputados conforme el artículo 21 de la Ley
1881 de 2018 que señala: «[…] ARTÍCULO 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no
contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
26
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los diputados conforme el artículo 21 de la Ley
1881 de 2018 que señala: «[…] ARTÍCULO 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no
contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».

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juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica
de partes.

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad
del registro de acuerdo con la ley […].

En cuanto a los requisitos que se deben reunir para la configuración de la cosa juzgada,
esto es, identidad de objeto, causa y partes, la Sala Plena de esta Corporación27 ha
señalado:

[…] El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que
se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se litiga); es decir,
la identidad de objeto se refiere a que el derecho o pretensión que se ha solicitado en la
nueva demanda (petitum), coincida con el del otro proceso previamente resuelto, toda vez
que no se configura esta institución procesal sobre pretensiones que no han sido materia
de pronunciamiento en una sentencia.

La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y
fundamento de la pretensión (el porqué del litigio); es decir, la identidad de causa consiste
en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se
demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de manera que, si
varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada. Sin embargo, la causa,
no puede confundirse con los medios de prueba que se pretendan hacer valer en el
proceso, pues la cosa juzgada no se predica del valor que pueda otorgar el juez a las
pruebas.

La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos sujetos que en
nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso anterior -bien en
calidad de demandante o de demandado- y actúan en el nuevo; es decir, dado que la
sentencia no obliga sino a quienes tuvieron calidad de parte en el proceso (excepto que
la ley consagre un efecto erga omnes, como ocurre, por ejemplo, con la que declara la
nulidad de los actos administrativos), se impone analizar quiénes son los sujetos litigantes
y la calidad en que actúan en ambos procesos, sin que se exija una identidad física sino
jurídica, como tampoco una posición procesal en uno y otro como demandante o
demandado” […].

Ahora bien, la Sala observa que los señores William Augusto Jácome Urrea y Yoan Uriel
Suárez Quintero promovieron demanda de nulidad electoral con el fin que se declarara
la nulidad del llamado al señor Danilo José Beltrán Payares a ocupar la curul como
diputado del departamento del Magdalena, por el período constitucional 2024 – 2027, a
la cual le correspondió el número de radicado 47001 2333 000 2025 00245 00.

27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009, Rad.

2007-00581-00 (PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Posición reiterada en el Auto del 13 de febrero de
2024. Exp. 11001-03-15-000-2022-06769-01 (PI). M.P. Milton Chaves García.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
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Demandado: Danilo José Beltrán Payares

En el precitado expediente, la pretensión de nulidad se fundamentó en que el demandado
incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
porque celebró contrato con el Departamento para la Sostenibilidad Ambiental de Santa
Marta (DADSA) dentro del año anterior a la fecha de elección, el cual se ejecutó en la
ciudad de Santa Marta.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que existe identidad de partes, objeto y causa
entre el proceso de nulidad electoral y la acción de pérdida de investidura aquí
examinada, de lo cual da cuenta los siguientes cuadros comparativos:

(i) Identidad de partes:

Proceso de nulidad electoral núm. Proceso de pérdida de investidura núm.
47001 2333 000 2025 00245 47001 2333 000 2025 00242

Demandantes: William Augusto Jácome Demandantes: William Augusto Jácome
Urrea y Yoan Uriel Suárez Quintero Urrea y Yoan Uriel Suárez Quintero

Demandado: Danilo José Beltrán Demandado: Danilo José Beltrán Payares
Payares

(ii) Identidad de objeto

Proceso de nulidad electoral núm. Proceso de pérdida de investidura núm.
47001 2333 000 2025 00245 47001 2333 000 2025 00242

Infracción del régimen de inhabilidades Infracción del régimen de inhabilidades por
por incurrir en la causal prevista en el incurrir en la causal prevista en el numeral 5
numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
de 2022

(iii) Identidad de causa

Proceso de nulidad electoral núm. Proceso de pérdida de investidura núm.
47001 2333 000 2025 00245 47001 2333 000 2025 00242

El demandado celebró contrato con el El demandado celebró contrato con el
Departamento para la Sostenibilidad Departamento para la Sostenibilidad
Ambiental de Santa Marta (DADSA), Ambiental de Santa Marta (DADSA), dentro
dentro del año anterior a la fecha de del año anterior a la fecha de elección y su
elección y su ejecución fue en la ciudad ejecución fue en la ciudad de Santa Marta.
de Santa Marta.

A lo señalado, cabe agregar que la demanda de nulidad electoral correspondió por
reparto al Tribunal Administrativo del Magdalena con el número de radicación 47001 2333

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Demandado: Danilo José Beltrán Payares

000 2025 00245 00 y el 4 de diciembre de 2025 se profirió sentencia de primera instancia
en la que resolvió lo siguiente28:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo razonado supra.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional en el caso concreto, el contenido del
parágrafo del artículo 49 de la ley 2200 de 2022, de acuerdo con lo considerado en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Acto de llamamiento a ocupar curul como diputado
del departamento del Magdalena perdido 2024-2027, del señor Danilo José Beltrán
Payares, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión […].
[Negrillas y mayúsculas originales]

La decisión de inaplicar por inconstitucional el contenido del parágrafo del artículo 49 de
la Ley 2200 de 2022 se fundamentó en que el régimen de inhabilidades de los diputados
no puede ser menos estricto que el previsto para los congresistas; al respecto, la citada
providencia expuso29:

[…] 37. Adicionalmente, cuestiona el acusado lo relativo a si a los diputados se les debe
aplicar este régimen de inhabilidad porque el departamento no puede incluir todas las
entidades territoriales que lo comprenden, no obstante, es claro que la inhabilidad alegada
debe entenderse frente a la circunscripción electoral, de la cual hace parte la ciudad de
Santa Marta, concebir que los diputados se encuentran exentos de este marco normativo,
sería blindarlos y abrir una ventana a que estos puedan contratar con cualquier entidad
del orden nacional y municipal incluso durante etapa electoral, nutriéndose de dineros
públicos que pueden destinar a sus campañas, que es precisamente lo que se busca
impedir, por eso se establece un marco temporal importante que evita tal figura, solo
porque no son parte del ente territorial departamental, ya que, el espíritu de la norma es
por el territorio, no por lo administrativo per se.

38. Lo anterior es respaldado en la Sentencia C 396 de 2021, con ponencia del H,
magistrado Jorge Ibáñez Najar en la que la Corte declara inexequible el parágrafo del
artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, haciendo un estudio de la expresión “departamento” en
dicha norma, y estableciendo que las inhabilidades de los Diputados no pueden ser menos
estrictas que las de los congresistas, por lo tanto, la prohibición de contratación incluye
también la celebrada y ejecutada TERRITORIALMENTE dentro de la geografía de dicho
departamento, aunque sea en entidades territoriales diferentes y autónomas, como en el
caso concreto que, el Distrito de Santa Marta fue el lugar de celebración y ejecución, pero
este hace parte territorialmente y electoralmente del Departamento del Magdalena, siendo
plenamente aplicable dicha inhabilidad.

39.Sobre este tema de la territorialidad puede revisarle la Sentencia de Unificación del 2
de mayo de 2018 emitida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado No. 11001-
03-15-000-2015- 00110-00(REVPI) y ponencia del Consejero William Hernández en
donde se tomó la misma postura que posteriormente la Corte Constitucional asume en
2021 al estudiar la exequibilidad de la norma mencionada […].

28
Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
2333 000 2025 00245 00.
29
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Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

40. Por lo tanto, hay lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad sugerida por la
procuradora delegada ante esta Corporación, inaplicado el contenido del parágrafo del
artículo 49 de la ley 220 de 2022 y en su lugar declarar la nulidad del llamamiento a ocupar
curul del demandado como diputado del departamento del Magdalena, al configurarse la
inhabilidad del numeral 5 del mismo artículo y del artículo 275 de la ley 1437 de 2011 […].

Además, el tribunal de instancia, para declarar la nulidad del acto de llamamiento al
demandado para ocupar la curul en la asamblea departamental encontró que estaban
reunidos los elementos de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley
2200 de 202230:

[…] 30. De esta forma, de los elementos probatorios que reposan a la contención se tiene
que el señor Danilo José Beltrán Payares celebró un contrato de prestación de servicios
el 15 de febrero de 2023, con el Departamento para la Sostenibilidad Ambiental de Santa
Marta, para ser ejecutado precisamente al interior de la capital del Magdalena.

31.Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que, el acusado se encontraba incurso en la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 6 (sic) del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
teniendo en cuenta que dentro del año anterior a la elección celebró contrato con una
entidad pública, con el objeto de ser ejecutado o cumplido en el Departamento para el cual
participa como candidato a diputado.

32. En efecto, las elecciones para la Asamblea del Magdalena se celebraron el 29 de
octubre de 2023, por lo tanto, el contrato mentado, se celebró dentro del año anterior a la
elección.

33. De igual manera, se cumple el supuesto de tratarse de una entidad pública, como lo
es DADSA y que el contrato se debía ejecutar o cumplir en el mismo Departamento, tal
como se deriva del objeto del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista.

34. El contrato que se le atribuye al demandado, fue suscrito electrónicamente el día 15
de febrero de 2023, esto puede comprobarse en el siguiente enlace que conduce a la
plataforma SECOP II y en donde, al revisar su historial, se evidencia cuando fue firmado,
e incluso a qué hora, y hasta cuando fue ejecutado: […]

35.Se puede corroborar que, el contrato se celebró y fue firmado el 15 de febrero de 2023
a las 11:00 Am, siendo auténtico el mismo, por lo tanto, pese al desconocimiento alegado
por la parte accionada, dicho documento tiene pleno valor probatorio para la toma de la
presente decisión, debiendo decir que, en la oportunidad para que el apoderado allegara
los medios de acreditación que demostraran que el contrato no fue celebrado en las fechas
referidas, no lo hizo.

36.Precisa la Sala que, cuando se descarga el contrato desde el SECOP II, arroja dentro
de la minuta el número CPS-021-2023, sin embargo, se considera esto fue un error de
transcripción de la entidad, pues el contrato registrado en SECOP obedece a la
nomenclatura CPS-023-2023, como bien lo consignan los pantallazos que la parte actora
aportó y que el Tribunal corrobora directamente en la plataforma habilitada para la
contratación pública nacional […].

30
Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
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Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

En contra de la precitada sentencia, la parte actora presentó solicitud de aclaración 31, la
cual fue rechazada por extemporánea en auto proferido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 19 de diciembre de 202532.

Adicionalmente, revisado el expediente de nulidad electoral se advierte que el secretario
del Tribunal Administrativo del Magdalena expidió el 19 de marzo de 2026 la constancia
de ejecutoria de la mencionada sentencia en la que hizo constar que la providencia quedó
ejecutoriada el 20 de enero de 202633:

[…] Que en esta Corporación se tramitó en PRIMERA instancia el expediente que contiene
la ACCION: ELECTORAL promovida por WILLIAN AUGUSTO JACOME CORREA y
JOAN URIEL SUAREZ contra la elección el señor DANILO JOSE BELTRAN PAYARES
como Diputado del Departamento del Magdalena; demanda radicada bajo el No. 47-001-
2333-000-2025-00245-00; tramitada en el despacho del Magistrado Ponente Dra.
MARTHA MOGOLLON SAKER. En dicho expediente se expidió sentencia de primera
instancia, por parte de esta Corporación con fecha cuatro (4) de diciembre de 2025; siendo
notificada a las partes el día nueve (9) de diciembre de 2025. Rechazada la solicitud de
aclaración, dicha providencia conforme lo dispone el artículo 302 del C.G.P., quedó
ejecutoriada el día veinte (20) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Dado en Santa Marta a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veintiséis
(2026); por solicitud de la parte accionante […] [Mayúsculas originales].

Por consiguiente, la Sala estima que es procedente, respecto del elemento objetivo de la
causal, decretar la cosa juzgada frente a lo resuelto en el proceso de nulidad electoral
con radicado núm. 47001 2333 000 2025 00245 00 y, en consecuencia, continuar con el
examen del elemento subjetivo, toda vez que, en el precitado proceso se declaró la
nulidad de la elección del aquí demandado al concluir que había incurrido en la inhabilidad
prevista en el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

3.2. Planteamiento de la controversia frente al elemento subjetivo

(i) El tribunal consideró que sí estaba configurado el elemento subjetivo, con fundamento
en que no compartía la tesis de la defensa consistente en que existía un supuesto
«vacío» sobre la noción de «departamento» contenida en el numeral 5 del artículo 49 de
la Ley 2200 de 2022, puesto que, en la sentencia C-396 de 2021, la Corte Constitucional
indicó que por «departamento» se entiende la comprensión geográfica del ente territorial,
ya que, conforme con el artículo 299 de la Constitución Política el régimen de
inhabilidades de los diputados no puede ser menos estricto que el señalado para los
congresistas. A lo que agregó que dicho criterio fue reiterado por el Consejo de Estado
en la sentencia proferida el 18 de julio de 202434.

El tribunal también explicó que, si bien el demandado consultó a la abogada Maylen
Juliana Barpon Abril, dicha asesoría no satisfizo el estándar del Consejo de Estado para
acreditar la buena fe calificada porque el concepto careció de soporte jurisprudencial y

31
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
2333 000 2025 00245 00.
32
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
2333 000 2025 00245 00.
33
Visto en el índice 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
2333 000 2025 00245 00.
34
Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2024 00039 01.

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Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

omitió las consideraciones de la sentencia C-396 de 2021 sobre lo que debía entenderse
por «departamento».

(ii) La Procuradora 155 Judicial II para la Conciliación Administrativa interpuso recurso
de apelación con el fin de controvertir que, en el presente asunto, no está configurado el
elemento subjetivo, con fundamento, en síntesis, en que el parágrafo del artículo 49 de
la Ley 2200 de 2022 consagra el concepto de departamento en un sentido orgánico y no
territorial. En este aspecto, añadió que, para la fecha de la inscripción de la candidatura
y para cuando el demandado recibió el primer concepto, el Consejo de Estado no había
proferido la sentencia de 18 de julio de 2024, mediante la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado confirmó la sentencia de 4 de abril de 2024 del Tribunal Administrativo
de Antioquia que declaró la nulidad de la elección del señor José Gregorio Orjuela Pérez
como diputado del departamento de Antioquia.

El Ministerio Público también sostuvo que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 estaba vigente tanto para el momento de la elección, como de la posesión del
diputado, por lo que acudir a una interpretación posterior, como lo hizo el tribunal,
desconoce los principios de tipicidad y legalidad, la confianza legitima y el derecho al
debido proceso, con la consecuencia de imponer la sanción de pérdida de investidura.

Agregó que el demandado no tiene formación jurídica y que cumplió con el deber de
diligencia de consultar a una profesional del derecho frente a la existencia de una
inhabilidad para aspirar a la asamblea departamental del Magdalena y que resultaba
excesivo que el tribunal «[…] considere que debe ser sancionado severamente con la
pérdida de investidura por no haber consultado a otro profesional del derecho, por no
haber dudado de la idoneidad de la profesional o por no haberle exigido a la profesional
del derecho consultada que citara jurisprudencia, o realizara otro análisis más allá del
normativo efectuado».

(iii) El apoderado del demandado, por su parte, interpuso recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia. Los reproches expuestos por la defensa se concretan así:
(i) de las pruebas aportadas por la parte demandante, ninguna permitía acreditar, más
allá de toda duda razonable, el elemento subjetivo y que el tribunal hizo una presunción
de culpabilidad, cuando lo que procedía, ante la falta de pruebas, era negar las
pretensiones; (ii) el demandado consultó con una abogada si estaba incurso en alguna
inhabilidad, quien le dijo que no, atendiendo el tenor de la ley; (iii) el numeral 5 de artículo
49 de la Ley 2200 de 2020 «[…] nunca dispuso qué debía entenderse por departamento,
si debía interpretarse bajo un criterio orgánico, o bajo un criterio territorial, marcando esto
una duda razonable que da lugar a varias interpretaciones»; (iv) el tribunal omitió
examinar si la conducta lesionó la dignidad del cargo y el principio de representación y
(v) puso de presente la sentencia proferida el 8 de octubre de 2019 por la Sala Plena del
Consejo de Estado en el caso del exsenador Antanas Mockus.

Por consiguiente, para resolver los recursos formulados, la Sala estima pertinente
pronunciarse sobre (i) el alcance del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022; (ii)
las pruebas recaudadas en el proceso y, por último, (iii) el examen del elemento subjetivo
de la causal.

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3.2.1. Sobre el alcance del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022

En este caso, el tribunal consideró que estaba acreditada la inhabilidad prevista en el
numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades
establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser
inscrito como candidato, ni elegido diputado:

[…]

5. Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.
Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento.

[…]

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas
en el Artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y
entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial […] [Negrillas de la
Sala].

En relación con el alcance del precitado parágrafo, la Sala observa que, durante el
desarrollo del proceso se dieron alcances diferentes a dicha disposición. De un lado, la
parte accionada, en la contestación de la solicitud, indicó que se trataba de una
«excepción» que restringía las causales de inhabilidad para los diputados, en la que se
entendía al «departamento» desde el criterio orgánico y no desde el criterio territorial.
Igual tesis, fue expuesta por el Ministerio Público en el recurso de apelación, al señalar
que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 prevé el concepto de
«departamento» en un sentido orgánico y no territorial.

Por su parte, el tribunal, para tener por acreditado el elemento subjetivo, rechazó tal
argumentación y expuso que en la sentencia C-396 de 2021, la Corte Constitucional
explicó que, para el régimen de inhabilidades de los diputados, el concepto de
«departamento» se refiere a la compresión geográfica, es decir, al territorio.

En ese contexto, es de recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-396 de
2021 declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, el cual
establecía, en similares términos que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, que, para efectos de las inhabilidades de los diputados, debía entenderse
«departamento» como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, y no
frente al territorio, así:

[…] ARTÍCULO 6°. De las inhabilidades de los diputados. Las inhabilidades de los
miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de la Constitución Política modificado por
el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen y

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sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición de
servidor público.

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en
este artículo se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y
entidades descentralizadas, no al aspecto territorio […] [Negrillas de la Sala]

Sin embargo, como se indicó, la Corte Constitucional en la sentencia C-396 de 2021
declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, con fundamento,
principalmente, en que se desconocía la prohibición del artículo 299 de la Constitución
Política, consistente en que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
diputados no puede ser menos estricto que el previsto para los congresistas. Al respecto,
se destaca:

[…] 97. Para la Sala el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1781 de 2017 es inconstitucional.
Y es inconstitucional porque desconoce los artículos 150-1, 179 y la prohibición prevista
en el segundo inciso del artículo 299 de la Constitución. Ahora bien, en este caso se
analizará el cumplimiento de los requisitos de una ley interpretativa para demostrar que el
legislador excedió el marco constitucional de su competencia en esta materia. Y la excedió
porque con el pretexto de interpretar el concepto de “Departamento” terminó fijando un
régimen de inhabilidades menos estricto que el dispuesto por la Constitución para los
congresistas y desconoció la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 299,
razón por la cual modificó el alcance material de las normas interpretadas.

[…]

107. Así, la Ley 1871 de 2017, por medio del enunciado normativo sub examine, utilizó
el concepto de “Departamento,” para efectos de aplicarlo como elemento de algunas de
las causales de inhabilidad previstas en el artículo 33 de Ley 617 de 2000, para lo cual
determinó que por “Departamento” debe entenderse ahora la entidad pública y sus
institutos y entidades descentralizadas, y excluyó expresamente el aspecto territorio. En
esta interpretación, el legislador quiso optar por el concepto de administración
departamental basado en la estructura administrativa que se refiere al departamento y a
sus entidades descentralizadas, al tiempo que descartó que, para los efectos de
configuración de las causales de inhabilidad, se pueda utilizar en lo sucesivo el alcance
territorial de “Departamento.”

108. El legislador, al interpretar el concepto de “departamento”, modificó el alcance
material de las normas interpretadas, desconociendo la prohibición del artículo 299 de la
Constitución. A pesar del cumplimiento de los requisitos anteriores, el legislador no se
limitó a utilizar la expresión “Departamento,” sino que con el fin de interpretarla agregó,
por medio de los segmentos objeto de control, un contenido que conlleva la violación del
límite y, con él, de la prohibición contenida en el artículo 299 de la Constitución por las
siguientes razones.

109. Como se dijo, el parámetro para definir si se viola la prohibición prevista en el
inciso segundo del artículo 299 de la Constitución, en el caso de las inhabilidades, es el
artículo 179 de la Constitución. Este artículo fija 8 causales de inhabilidad en función de
varios aspectos y con base en ciertos elementos, así: […]

113. De conformidad con estas disposiciones constitucionales, las circunscripciones
electorales para la elección de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la
República se encuentran determinadas expresamente en la Constitución, y en su
conformación se hace prevalecer en unos casos el elemento territorial y en otros el
elemento poblacional.

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114. Para el caso de las inhabilidades de los Congresistas previstas en los numerales
2, 3, 5 y 6 del artículo 179, sólo se configuran cuando las situaciones a que se refieren
“tengan lugar en la circunscripción” en la cual deba efectuarse la respectiva elección, lo
que indica una remisión al elemento territorial de las circunscripciones y no a los demás
elementos o variables de dichas circunscripciones […].

118. En efecto, el concepto de “Departamento”, que es objeto de la
interpretación por parte del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, tiene
como efecto una flexibilización de las causales previstas en el artículo 179 de la
Constitución, lo que implica el diseño de un régimen de inhabilidades para los
diputados menos estricto que el dispuesto para los congresistas. Como se dijo, el
punto fundamental consiste en que el legislador utilizó un concepto de
departamento a partir de la noción de entidad pública, que la define a partir de una
parte de su estructura (entidades descentralizadas e institutos científicos) y
prescindió del aspecto territorial que el Departamento tiene para efectos de las
inhabilidades.

119. Esto significa que el Congreso afectó uno de los elementos que configuran la
inhabilidad, esto es, el elemento territorial, pues la circunscripción departamental que se
refiere a la comprensión geográfica o territorial del departamento se limita, por lo demás
anti técnicamente, se insiste, a la administración departamental integrada por el
departamento como entidad pública y a sus entidades descentralizadas. Para la Sala es
claro que esta precisión conlleva flexibilizar el régimen aplicable a los diputados y, en
consecuencia, hacerlo menos estricto que el señalado para los congresistas […] [Negrillas
fuera de texto].

Es de señalar que, de manera previa al pronunciamiento de la Corte Constitucional en la
sentencia C- 396 de 18 de noviembre de 2021, la Sección Primera de la Corporación en
sentencia de 9 de septiembre de 2021 aplicó de oficio la excepción de
inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017. En dicha
oportunidad, se encontró acreditada la configuración del elemento objetivo de la causal
de inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 y negó la
pérdida de investidura porque no se cumplía el elemento subjetivo, ya que la actuación
del demandado estuvo amparada por una disposición legal vigente para la época de los
hechos. Al respecto, la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de
la Ley 1871 de 2017 se fundamentó en los siguientes argumentos35:

Es evidente, a partir de lo expuesto, que el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871, al
significar que para todos los efectos legales la inhabilidad descrita en la primera parte del
numeral 5 del artículo 33 de la ley 617 “[…] se refiere a Departamento como entidad
pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio […]”, modifica
sustancialmente el elemento territorial o espacial de la misma, tornando menos estricta su
aplicación a los diputados con relación al mismo hecho inhabilitante previsto para los
congresistas en el numeral 5 del artículo 179 Constitucional […]

Se recuerda que, según lo establecido en los artículos 176 y 179 de la Constitución
Política, por una parte, la circunscripción nacional es el espacio geográfico que cubre todo
el territorio nacional, en el cual se desarrolla la elección de Senado; y, de otro lado, las

35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 54001 2333 000 2020 00606 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.

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circunscripciones territoriales que corresponde a cada uno de los departamentos y al
Distrito Capital de Bogotá, sin perjuicio de las circunscripciones especiales.

Lo anterior, permite concluir que el elemento territorial que integra los supuestos de cada
una de las inhabilidades de los congresistas, se refiere a situaciones que acontezcan en
la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”, lo que en
términos de la actual división política se refiere a toda la extensión del territorio nacional,
en el caso del Senado, y a los diferentes departamentos que conforman aquel, tratándose
de la Cámara de Representantes, estos últimos entes entendidos en el sentido lato o
amplio que el constituyente les adscribió, como porción territorial en cuyo ámbito se ubican
los distintos municipios y distritos que lo integran, delimitación geográfica que tiene, entre
otras finalidades, la determinación del censo electoral en un ámbito espacial específico.

[…]

Así las cosas, con fundamento en el artículo 4º Superior, se impone para la Sala acudir,
de oficio, al mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad o también denominado
control de constitucionalidad por vía de excepción, toda vez que el parágrafo del artículo
6º de la Ley 1871, desconoció, abiertamente, los artículos 179 y 299 de la Constitución
Política, al hacer menos estricta la inhabilidad para diputados prevista en la primera parte
del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617, respecto de la misma que se ordena para los
representantes a la Cámara en el numeral 5 del artículo 179 Constitucional y, por demás,
no ha sido objeto de un control abstracto de constitucionalidad por parte del máximo
Tribunal de lo Constitucional […]

Ahora bien, la Sala considera relevante resaltar que el contenido del parágrafo del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022, que regula las inhabilidades para los diputados, está previsto
en idéntico sentido en el parágrafo del artículo 5036 de la Ley 2200 de 2022 para el
régimen de incompatibilidades de los diputados, de lo cual da cuenta el siguiente cuadro
comparativo:

Parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 Parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200
de 2022 – Régimen de inhabilidades de 2022 – Régimen de
para los diputados incompatibilidades para los diputados

ARTÍCULO 49. De las inhabilidades de ARTÍCULO 50. De las
los diputados. Además de las incompatibilidades de los
inhabilidades establecidas en la diputados. Los diputados no podrán:
Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido diputado:

[…] […]

PARÁGRAFO. Interprétese para todos PARÁGRAFO. Interprétese para todos
sus efectos, que las inhabilidades sus efectos, que las incompatibilidades
descritas en el Artículo se refieren al descritas en el Artículo se refieren al
departamento como entidad pública y sus departamento como entidad pública y sus

36
[…] ARTÍCULO 50. De las incompatibilidades de los diputados. Los diputados no podrán: […]
PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que las incompatibilidades descritas en el Artículo se
refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan
en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial […]

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24

Radicación: 47001 2333 000 2025 00242 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

institutos y entidades descentralizadas, institutos y entidades descentralizadas,
que funcionan en el respectivo territorio o que funcionan en el respectivo territorio o
ejercen competencias que involucran a la ejercen competencias que involucran a la
respectiva entidad territorial. respectiva entidad territorial.

La Sala advierte que la Sección Primera de la Corporación aún no se ha pronunciado
sobre el alcance del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, relativo al régimen
de inhabilidades; no obstante, sí lo ha hecho en relación con el parágrafo del artículo 50
de la Ley 2220 de 2022.

En efecto, mediante sentencia proferida el 29 de agosto de 202437, la Sección Primera
examinó el alcance del parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 para concluir
que le asistió razón al tribunal de instancia cuando en dicho proceso aplicó la excepción
de inconstitucionalidad con fundamento en que se trataba de una disposición que era
contraria, en particular, al artículo 299 de la Constitución Política, al flexibilizar el régimen
de incompatibilidades de los diputados frente al existente para los congresistas. En
efecto, en dicha providencia se indicó38:

[…] 66. En lo que tiene que ver con la acepción de “departamento”, la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que dicha expresión debe entenderse en su
aspecto territorial, esto es, como “[…] la porción territorial, en cuyo ámbito se
ubican los distintos municipios que lo integran, cuya delimitación geográfica tiene,
entre otras finalidades, la determinación del censo electoral en un ámbito espacial
específico39.” Tal interpretación, a juicio de la Sala, resulta coherente con el inciso 1° del
artículo 299 de la Constitución Política que señala que en cada departamento habrá una
corporación política -administrativa de elección popular llamada asamblea departamental
integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31.

67. En este escenario, el Congreso de la República, en desarrollo de su poder de
configuración normativa se encuentra facultado para expedir leyes interpretativas, esto
es, aquellas que “[…] refleja[n] el significado que el legislador quería darle a la norma
previamente expedida por él mismo40”. Sin embargo, uno de los límites materiales que
debe respetar el legislador es la Constitución Política […].

68. En estos precisos términos, uno de los límites para el ejercicio de la facultad
interpretativa se encuentra en las siguientes disposiciones de orden superior: los artículos
180, 292 y 299 de la Constitución Política […].

69. Ahora bien, una interpretación semántica del enunciado normativo contenido en el
parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 muestra que el énfasis que quiso
otorgarle el legislador al definir el “departamento” recae en la noción de departamento
como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, siempre que se
encuentren en las siguientes dos situaciones específicas, a saber: (i) que funcionen en el
respectivo territorio o, (ii) ejerzan competencias que involucran a la entidad territorial.

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto
de 2024. Expediente radicación núm. 18001 2333 000 2024 00029 01. C.P.: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
38
Ibidem.
[39]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero
del 2021, radicación. 15001-23-33-000-2019-00588-01, MP: Luis Alberto Álvarez Parra.
[40]
Corte Constitucional, sentencia C- 245 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.

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70. En este orden de ideas, el legislador al haber optado por definir el “departamento”
como “entidad pública” que comprende a sus entidades descentralizadas e institutos
científicos introdujo una flexibilización del régimen de incompatibilidades de los diputados
que resulta incompatible con los artículos 180, 292 y 299 de la Constitución Política.

71. En esta medida, al interpretar que las incompatibilidades descritas en el artículo
50 de la Ley 2200 de 2022 están referidas al departamento como entidad pública y
sus entidades descentralizadas optó por una hermenéutica de la noción de
departamento que no resulta compatible con la Constitución Política. Por esta
razón, la Sala considera que el Tribunal de la primera instancia acertó al acudir a la
excepción de inconstitucionalidad para inaplicar, con efectos inter partes y para el
caso en concreto, la citada disposición normativa por encontrarla abiertamente
contraria a la Constitución Política […] [Negrillas fuera de texto].

En la precitada sentencia, la Sección Primera de la Corporación confirmó la decisión de
primera instancia en la que se (i) inaplicó la excepción de inconstitucionalidad del
parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022 y (ii) negó la pérdida de investidura;
además, adicionó el pronunciamiento del a quo en el sentido de anunciar jurisprudencia
frente al alcance del parágrafo del artículo 50 ibidem41, así:

PRIMERO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
sobre el alcance del parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022, tendrán aplicación
para hechos nuevos que ocurran a partir de la firmeza de esta decisión judicial.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en esta providencia […]

En ese sentido, como quiera que el parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200 de 2022,
referente al régimen de incompatibilidades, tiene el mismo contenido que el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, relativo al régimen de inhabilidades de diputados, las
consideraciones expuestas en la sentencia proferida el 29 de agosto de 202442 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, permiten señalar, para este caso, que: (i) el
legislador en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 definió al
«departamento» como un entidad pública que comprende sus institutos y entidades
descentralizadas, circunstancia que conlleva a que (ii) se haya flexibilizado el régimen de
inhabilidades de los diputados en comparación con el previsto para los congresistas y,
en consecuencia, (iii) el parágrafo en cuestión es contrario a lo establecido por los
artículos 179 y 299 de la Constitución Política, conclusión a la que igualmente llegó la
Corte Constitucional en la sentencia C-396 de 2021 y la Sección Primera de la
Corporación en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, bajo la vigencia del parágrafo
del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017.

41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto
de 2024. Expediente radicación núm. 18001 2333 000 2024 00029 01. C.P.: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto
de 2024. Expediente radicación núm. 18001 2333 000 2024 00029 01. C.P.: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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Por consiguiente, la Sala advierte que, como el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022 se encuentra vigente y es una norma contraria a los artículos 29943, 17144, 17645
y 17946 de la Constitución Política, en principio, procedía que el tribunal declarara la
excepción de inconstitucionalidad en la acción de pérdida investidura para tener por
acreditado el elemento objetivo de la causal de inhabilidad, tal y como se hizo en el
proceso de nulidad electoral, debido a que las normas que expide el legislador «[…]
gozan de presunción de constitucionalidad como una garantía indispensable para el
adecuado funcionamiento del sistema de la democracia representativa, en el cual la
soberanía popular se ejerce a través del legislador»47.

En este punto, la Sala estima pertinente señalar que en la sentencia proferida el 4 de
diciembre de 2025 en el proceso de nulidad electoral con radicación núm. 47001 2333
000 2025 00245 0048 se declaró de manera expresa la excepción de inconstitucional
respecto del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada en este proceso frente al elemento objetivo de la causal invocada, por lo
que, resulta innecesario que, en esta oportunidad, se declare la excepción de
inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

En efecto, la figura de la excepción de inconstitucionalidad está prevista en el artículo 4
de la Constitución Política que señala que «[…] la Constitución es norma de normas. En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales». Adicionalmente, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha explicado lo siguiente frente a la excepción de
inconstitucionalidad49:

[…] La excepción de inconstitucionalidad es una herramienta a través de la cual las
autoridades judiciales cumplen con la “facultad-deber” de inaplicar en un caso concreto
una norma por contrariar la Constitución Política. Es una figura jurídica que se fundamenta
en el artículo 4 de la Constitución, el cual prevé que “[l]a Constitución es norma de normas”
y que “[e]n todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Precisamente, de la referida
disposición constitucional “se deriva la obligación de aplicar preferentemente las normas
constitucionales, cuando las normas de inferior jerarquía resultan incompatibles con las
primeras”. La excepción de inconstitucionalidad aplica sin necesidad de ser “alegada o
interpuesta como acción”. Además, es una herramienta que “se usa con el fin de proteger,
en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean

43
[…] ARTÍCULO 299. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección
popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11
miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y
podrá ejercer control político sobre la administración departamental. // El régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el
señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años
y tendrá la calidad de servidores públicos […]. [Negrillas de la Sala]
44
Establece que los miembros del Senado de la República son elegidos por circunscripción nacional.
45
Señala que la Cámara de Representantes se elegirá por circunscripciones territoriales y
circunscripciones especiales.
46
Establece el régimen de inhabilidades para los congresistas.
47
Corte Constitucional. Sentencia C 874 de 2002. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
48
Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001
2333 000 2025 00245 00.
49
Corte Constitucional. Sentencia SU 109 de 24 de marzo de 2022. M.P.: Paola Andrea Meneses
Mosquera.

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en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y
evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política” […].

Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala concluye que cuando el legislador señaló
que las inhabilidades enlistadas en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 están referidas
al departamento como entidad pública y sus entidades descentralizadas, optó por una
interpretación que no está acorde con la Constitución Política, sin perjuicio de que fuera
la norma vigente para la fecha de elección y toma de posesión del diputado, la cual,
gozaba de presunción de constitucionalidad.

3.2.2. Sobre las pruebas recaudadas en el proceso

3.2.2.1. Al proceso fue allegado el contrato CPS - 023 - 2023 celebrado el 15 de febrero
de 2023 entre el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental -
DADSA y el señor Danilo José Beltrán Payares, de cuyo contenido se destaca lo
siguiente50:

(i) En la identificación de las partes contratantes, se indicó que el Departamento
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA es una «[…]
entidad pública descentralizada del orden distrital, adscrita a la alcaldía distrital
de Santa Marta, creada por el Acuerdo Distrital núm. 016 del 27 de noviembre
de 2002, modificada por el Acuerdo Distrital núm. 005 de 2003 y por el Decreto
Distrital núm. 312 de 2016, con domicilio en la ciudad de Santa Marta
D.T.C.H.».

(ii) En la cláusula primera se pactó como objeto contractual lo siguiente: «[…] EL
CONTRATISTA con plena autonomía técnica de su parte se obliga para con
EL DADSA, a “Prestar sus servicios en el apoyo a la gestión de la Subdirección
de Gestión Ambiental del DADSA; en lo concerniente a los trámites de
Residuos de Construcción y Demolición - RCD, que cursan en la entidad en
cumplimiento del objeto misional de esta autoridad ambiental”. Y cada una de
las obligaciones contractuales descritas en los estudios y documentos previos
a este proceso de contratación, los cuales hacen parte integral del presente
objeto contractual».

(iii) En la cláusula sexta, se indicó la duración del contrato, así: «[…] El plazo de
ejecución del contrato será hasta el 31 de mayo de 2023; dicho plazo
comenzará a contar desde la fecha de suscripción del acta de Inicio».

(iv) También se indicó en la cláusula vigesimoprimera que «[…] para todos los
efectos del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Santa Marta-
Magdalena».

(v) Por último, se aclara que «[…] el presente contrato se suscribe (Aprueba) por
las partes intervinientes a través de la plataforma SECOP II; por consiguiente,
la fecha de suscripción (Perfeccionamiento) corresponderá a la de aprobación
del contrato por parte del DADSA en la plataforma SECOP II».

50
Visto en el índice 1 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
47001 2333 000 2025 00242 00.

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3.2.2.2. Igualmente, se aportó el acta de inicio del referido contrato, la cual se suscribió
el 15 de febrero de 2023 entre el supervisor del contrato y el señor Danilo José Beltrán
Payares51.

3.2.2.3. Al proceso, se aportó la información que reposa en SECOP respecto del contrato
CPS-023- 202352:

Adicionalmente, se evidencia que la fecha de aprobación del contrato fue el 15 de febrero
de 202353:

3.2.2.4. Con la contestación de la demanda, la defensa del accionado allegó un concepto,
sin fecha, suscrito por la abogada Maylen Juliana Barón Abril, en el que se lee lo
siguiente54:

[…] MAYLEN JULIANA BARON ABRIL […] comedidamente me permito rendir concepto
jurídico a solicitud del señor DANILO JOSÉ BELTRÁN PAYARES […] quien lo solicito
sobre el siguiente interrogante:

¿Puedo tomar posesión como diputado en la Asamblea del Departamento del Magdalena,
atendiendo que NO resulte elegido diputado en las elecciones del 29 de octubre de 2023,
dentro de la lista CERRADA a la Asamblea del Magdalena, por el partido “FUERZA

51
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 00.
52
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 00.
53
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 47001
2333 000 2025 00242 00.
54
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
47001 2333 000 2025 00242 00.

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CIUDADANA” ante la vacancia absoluta por nulidad electoral del diputado elegido
RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA quien me antecedía en la lista?

¿En qué momento empiezan mis obligaciones, derecho, inhabilidades e
incompatibilidades en el caso de aceptar la curul como diputado del Departamento del
Magdalena en lo que resta del período 2025 – 2027?

Previamente dejo en claro, que anteriormente le habíamos expresado al amigo diputado
que la suscripción de un contrato con una entidad que no pertenecía al departamento, no
lo haría incurrir en una inhabilidad para aspirar en la elección de diputado del
Departamento del Magdalena, máxime cuando es claro que su contratación fue para
desarrollar en tres meses una LABOR TECNICA.

La excepción consignada en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 restringe
las causales de inhabilidad para los diputados al ente territorial desde el criterio orgánico
y no desde el criterio territorial.

El Consejo de Estado no ha tenido un criterio unificado pues difiere en su concepción de
circunscripción, acogiendo ya sea un criterio electoral o territorial; es decir, no ha tenido
una posición unánime frente a si el “departamento” comprende todas las entidades
municipales que lo conforman, o si solo corresponde a la entidad pública y sus institutos
y entidades descentralizadas […]

3.2.2.5. En la audiencia de pruebas llevada a cabo el 23 de octubre de 2025, el tribunal
de instancia recibió, por solicitud de la parte demandada, los testimonios de los señores
Sain Said Barros Villa, Lira María Álvarez y Maylen Juliana Barón Abril, así como la
declaración de parte del señor Danilo José Beltrán Payares55.

De manera previa a referirse a los testimonios recibidos en este proceso, la Sala advierte
que no es procedente tener en cuenta en la valoración probatoria la declaración de parte
rendida por el diputado Danilo José Beltrán Payares, debido a que, la jurisprudencia de
esta Corporación ha señalado de manera reiterada, que dicho medio de prueba tiene
como finalidad provocar la confesión de la parte, lo que conllevaría a la afectación del
principio de no autoincriminación previsto en el artículo 33 de la Constitución Política en
un proceso que es de naturaleza sancionatoria. Al respecto, la Sección Primera ha dicho
lo siguiente56:

[…] En efecto, la declaración de parte está regulada en los artículos 198 a 205 del Código
General del Proceso y es un medio de prueba que se origina en la declaración de una de
las partes sobre hechos que interesan al proceso “es decir, tiene origen en la repuesta a
una serie de preguntas formuladas por la parte interesada en llevar a cabo el medio
probatorio, “erigiéndose éste en una forma de provocar la confesión” (…)”57

55
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
47001 2333 000 2025 00242 00.
56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 3 de septiembre

de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2025 00103 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Ver
otros pronunciamientos: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 9 de octubre de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2024 00212 01. C.P.:
Pablo Andrés Córdoba Acosta y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2025 00266 01.
C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
[57] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Veintitrés. Auto

del 8 de febrero de 2024. Expediente radicación nro. 11001 0315 000 2023 04791 00.

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Siendo así, atendiendo la finalidad del interrogatorio de parte, esto es, provocar la
confesión, es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que no es
procedente su decreto en esta clase de procesos, debido a que, la acción de pérdida de
investidura se deriva del ius puniendi del Estado por lo que se debe adelantar bajo el
irrestricto respeto de las reglas del derecho de defensa y de las garantías constitucionales,
específicamente, la prohibición de no auto incriminación […].

Precisado lo anterior, a continuación, se procede a analizar los demás testimonios:

Testimonio del señor Sain Said Barros Villa

[…] Preguntado por la magistrada de conocimiento sobre su profesión u oficio, contestó
que era estudiante de biología de último semestre y que conocía a Danilo hace más de
siete años. Preguntado por qué lo conocía, contestó que era amigo de barrio. Preguntado
por si conocía las razones por las que estaba demandado el señor Danilo, contestó que
sí, que lo apoyó en su campaña. Agregó que cuando el señor Danilo Beltrán manifestó su
intención de ser candidato a la asamblea departamental del Magdalena, dijo que estaba
habilitado, ya que él solamente es técnico, porque él había hecho una consulta con un
abogado especialista en el caso, y él siguió con su proceso […].

Preguntado por el apoderado de la parte de la parte demandada sobre que le constaba
respecto de la duda que pudo tener el señor Danilo al momento de inscribirse como
candidato, contestó que el preguntado al señor Danilo si incurría en alguna inhabilidad y
él contestó que había estado consultando con un experto en el tema y que tenía toda la
tranquilidad del caso porque no tenía ningún tipo de inhabilidad […].

Preguntado por la parte actora sobre si sabía que el señor Beltrán consultó a una abogada
para saber si podía posesionarse, contestó que sí. Preguntado si tuvo acceso a algún
documento jurídico sobre ese tema, contestó que no. Preguntado sobre lo que el señor
Danilo Beltrán le comentó sobre el concepto que hizo la abogada, contestó que le dijo que
ya había hecho la consulta y que ese tipo de contratos no le generaba ninguna inhabilidad
porque era en el distrito de Santa Marta. Preguntado si sabía la fecha exacta en la que se
entregó el concepto al señor Danilo Beltrán, contestó que no sabía […]

Testimonio de la señora Lira María Álvarez Noriega

[…] Preguntado por la magistrada de conocimiento su profesión u oficio y la relación que
tenía con el demandado contestó que era abogada y que el señor Danilo Beltrán era su
amigo personal. Preguntada sobre lo que conocía de los hechos de la demanda, contestó
que conocía a Danilo hace varios años y que tenía conocimiento que al momento de la
inscripción hizo las consultas pertinentes a los profesionales idóneos para ver si tenía
algún impedimento o alguna falta que no le permitiera inscribirse y que era consciente de
que le dieron los conceptos pertinentes los abogados y que él estaba totalmente habilitado
para ser inscrito como candidato a la asamblea del departamento del Magdalena […]

Preguntado por la parte solicitante sobre si le había emitido algún concepto al demandado,
contestó que no, que tenía conocimiento que el demandado había consultado a otros
abogados. Preguntado por si conoció el concepto que emitió la abogada, dijo que no, pero
que estuvo en una conversación en la que se habló del tema y supe que ella emitió un
concepto y estuve totalmente de acuerdo con él. Preguntada por las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que tuvo lugar la conversación, contestó que tuvo lugar en la
casa de Danilo, como soy amiga de la familia y amiga de su esposa, comentaron el tema,
y yo estuve ahí presente. Preguntado por cuándo tuvo lugar la conversación, indicó que
fue en el año 2023, antes de las inscripciones, aproximadamente por el mes de mayo o
junio o julio, en esos tres meses […].

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Testimonio de Maylen Juliana Barón Abril

[…] Preguntado por la magistrada de conocimiento sobre su profesión y oficio y su relación
con el demandado, indicó que era abogada y que actualmente estaba estudiando una
especialización en contratación estatal. Agregó que el señor Danilo Beltrán la buscó
aproximadamente para el año 2023 a pedir un concepto jurídico sobre la inscripción como
aspirante a la asamblea departamental del Magdalena. Preguntado sobre lo que conocía
de los hechos del proceso, contestó que para el año 2023, que no sabía en qué mes, el
señor Danilo me pidió un análisis jurídico para determinar si él podía inscribirse para ser
candidato a la asamblea del departamento porque él tuvo un contrato, en ese momento,
con una entidad del municipio de Santa Marta, yo le realicé un concepto jurídico en ese
tiempo, en donde a mi parecer, estudiando las normas vigentes en ese momento,
determiné que no se encontraba inhabilitado ni incurría en ninguna incompatibilidad para
poderse inscribir como candidato y, luego, ahora, hace menos de un mes, volví a emitir
otro concepto jurídico donde me solicita que manifiesta si era prudente aceptar el
llamamiento a la curul de la asamblea por la vacancia que había dejado la persona que
fue electa en su momento. Añadió que en el análisis jurídico que realizó, manifestó que
conforme con el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 se encuentra un parágrafo en el cual
no hay una aclaración en lo que se refiere al aplicarse lo de celebrar un contrato con una
entidad del orden departamental, señalaba también que dentro del parágrafo esta
restricción tiene, o sea, es aplicada bajo el criterio orgánico, o sea no se ha establecido
como tal, si la contratación con la entidad debe ser perteneciente al ente territorial o debe
ser todas las que pertenecen al departamento, por eso, en ese momento, concluí que no
existía una inhabilidad configurada y, además, señalé en el concepto jurídico, que existía
una duda jurídica que no especificaba como tal dentro del artículo 49 y que el Consejo de
Estado no ha unificado un criterio en donde especifique si el concepto de departamento
se enmarca entre todos los municipios y corregimientos que hacen parte del departamento
o si esta normativa aplica solamente a aquellas entidades públicas que hacen parte del
departamento y que este parágrafo no ha sido declarado inconstitucional ni ha sido
derogado, es decir, que se encuentra vigente y esto reforzaba como tal a que con el
concepto que yo estaba proponiendo en ese momento no existía una inhabilidad […].

Preguntado por el apoderado del demandado sobre el concepto que se aportó al proceso,
contestó que antes de inscribirse el señor Danilo la consultó, pero en ese momento no
hice un concepto como tal escrito, en donde le manifesté, previo a su inscripción, que él
no estaba inhabilitado porque su labor no era prestando servicios profesionales ni la
entidad pertenecía al departamento, sino que simplemente él estaba realizando una labor
técnica y que solamente la había realizado por tres meses, entonces esto no configuraba
una causal de inhabilidad porque él no estaba dentro de una contratación con el
departamento como tal y que aparte su labor, era una labor técnica.

Preguntado por la parte solicitante a través de qué medio se hizo la consulta en el año
2023 y cómo fue su respuesta, contestó que la consulta fue personal, pues porque yo
conozco al señor Danilo, él no tiene conocimiento sobre derecho, pues es estudiante de
ingeniería. Él me preguntó si había una posibilidad de poderse inscribir, revisando la
norma como dije, le manifesté que como había un vacío en ese parágrafo, es decir, como
no había una determinación como tal de cuáles son las aplicables al departamento y
cuales son a los municipios u otras entidades, yo consideraba que no se encontraba
inhabilitado para poder inscribirse como candidato. Aparte de eso, le manifesté también
que su inscripción en la lista de diputados no estaría viciada ni nada por el estilo porque
al haber realizado una labor técnica no tenía relación como tal como servidor ni nada de
eso dentro del departamento.

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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea y otro
Demandado: Danilo José Beltrán Payares

Preguntada por la parte solicitante cómo hizo llegar el concepto al señor Danilo, contestó
que por WhatsApp. Preguntada cuándo lo envió, contestó que no recuerda, pero que fue
antes de aceptar la curul. Preguntada por cuáles fueron las sentencias que consultó para
concluir que el parágrafo no era aplicable al caso, contestó que no dijo que era inaplicable,
sino que tenía un vacío porque el Consejo de Estado no ha tenido un criterio unificado […]
Preguntada por la parte solicitante que contestara sí o no consultó sentencias para
sostener que el Consejo de Estado no tiene una postura pacifica, contestó que no.

El ministerio público indicó que la declarante hizo referencia a que emitió dos conceptos
uno, verbal, previo a la inscripción del señor Beltrán, y, uno escrito, a la posesión como
diputado, por lo que le preguntó si el señor Beltrán le puso de presente el contrato de
prestación de servicios celebrado con DADSA para absolver la pregunta o la consulta
sobre la inhabilidad para inscribirse como candidato, y en caso afirmativo, si examinó los
elementos del contrato, en especial, los elementos objetivo, subjetivo y territorial para
determinar si había o no una inhabilidad, contestó que tuvo conocimiento del contrato,
pero no lo estudié como tal, simplemente se fundamentó en la labor que estaba
cumpliendo […].

3.2.3. Sobre el examen del elemento subjetivo de la causal

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU 424 de 2016, señaló que, «[…] debido al
carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura está sujeta, de manera
general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal, con las
modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales. En ese orden de ideas, las garantías básicas del debido proceso son
aplicables en estos trámites, siempre bajo una interpretación adecuada a los fines
propios que lo caracterizan»58.

En la referida sentencia la Corte Constitucional precisó que «[…] los principios del
derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley
más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no ser declarado
culpable. De este último principio, se ha derivado el principio de culpabilidad, que en
el ámbito penal hace referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad
subjetiva en la comisión de un delito»59. (destacado en la providencia)

Luego, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura se deriva de la presunción de
inocencia, que tiene su fundamento en el artículo 29 Superior; por consiguiente, la
culpabilidad implica que deba estar acreditada la responsabilidad subjetiva del acusado
para la estructuración de la causal. Por tal razón, la culpabilidad, consiste en efectuar un
juicio de reproche sobre la conducta del implicado60.

Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 y la modificación
introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la conducta debe hacerse bajo los
parámetros de dolo o culpa grave. En efecto, el artículo 1 de la Ley 1881, modificado por
el artículo 4 de la Ley 2003, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución».
58 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
59 Ibidem.
60 Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.

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Para el examen del elemento subjetivo, se ha determinado que, si bien la ignorancia de
la ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales
sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque implican que
el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando,
precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo
y este le aconseja mal; ello siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto
que se discute para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si
esta es clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto, ello es así
porque, si los elementos para la estructuración de la causal son claros, no se trataría de
un error que es común a la colectividad, principio del cual se desprende la buena fe
calificada.

En este punto, cabe mencionar que la buena fe calificada se desprende del principio
general «error communis facit ius» que implica la existencia de un error que, además de
ser invencible, debe ser común a la colectividad. Al respecto, la Corte Constitucional ha
explicado que61:

[…] el principio general según el cual el error común e invencible crea derecho constituye
uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite
que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar
consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie
ignora la ley no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se
le reconoce relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho, aunque
en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio
putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues puede
convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es
el caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente generadora
de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para
su aplicabilidad, que el error sea “invencible”, queriendo significar con ello que, además
de ser común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido cometerlo
[…].

Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la buena fe simple, pues quien
aspira a ser elegido a un cargo de elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le impone, cuáles son las
causales de inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se trata
de verificar que no se incurra en conductas que tienen como consecuencia la nulidad de
la elección, o la pérdida de investidura. Es esa la razón por la cual la Sala exige que,
para acreditar esta falta de conocimiento, el acusado no alegue simplemente que obró
de buena fe, sino que debe acreditar que obró de buena fe calificada, motivado por un
error invencible, en la medida en que actuó́ de conformidad con la jurisprudencia que
estaba vigente para la época, o que se asesoró́ adecuadamente de abogados idóneos,
no obstante, lo cual incurrió en la conducta reprochable.

En el presente caso, la Sala advierte que, para la fecha en la se llevaron a cabo las
elecciones y el accionado tomó posesión del cargo de diputado para el período
constitucional 2024 – 2027, estaba vigente el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de

61 Corte Constitucional. Sentencia T 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

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2022, el cual establecía que, para el régimen de inhabilidades de los diputados, se debía
entender el concepto de «departamento» como una entidad pública que comprende sus
institutos y entidades descentralizadas, y no bajo el criterio territorial.

Por tal motivo, cuando el demandado celebró el contrato CPS- 023- 2023 el 15 de febrero
de 2023 con el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental –
DADSA, «[…] entidad pública descentralizada del orden distrital, adscrita a la alcaldía
distrital de Santa Marta»62, y, posteriormente, se posesionó como diputado, actuó bajo
el amparo de lo previsto en la norma vigente que, a pesar de ser contrario a las
disposiciones constitucionales, lo habilitaba para el efecto.

Sobre este punto, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha señalado
que no está acreditado el elemento subjetivo de la causal, cuando existe una norma que,
a pesar de ser contraria a la Constitución Política, habilitaba la conducta reprochada63:

[…] Precisado lo anterior, cabe hacer el análisis del elemento subjetivo, el cual en este
caso desvirtúa la causal endilgada en la medida en que para el momento de la elección
existía la norma legal que habilitaba al demandado para el ejercicio del cargo de Diputado,
amén de los conceptos jurídicos que con anterioridad a materializar su aspiración se
solicitaron, los cuales descartan negligencia, imprudencia o dolo.

En efecto, en los dos conceptos jurídicos, luego de analizar las normas relacionadas con
el asunto, así como la jurisprudencia de esta Corporación, los abogados concluyeron que
el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 avalaba su candidatura y elección […].

En este orden de ideas, la Sala está en la obligación de proteger los principios que
gobiernan el proceso sancionatorio de pérdida de investidura, desde este estudio
subjetivo, como son los de seguridad jurídica, confianza legítima, favorabilidad y buena fe
constitucional, originados alrededor de la aplicación material del parágrafo del artículo 6º
de la Ley 1871 y, en consecuencia, preservar la integridad electoral tanto del miembro
de la asamblea, -pro homine-, como de su electorado, -pro electoratem-, quienes
participaron en el certamen de 27 de octubre de 2019 en condiciones que, a pesar
de su inconstitucionalidad, lo autorizaban para aspirar y ser elegido diputado del
Departamento de Norte de Santander […] [Negrillas fuera de texto].

Cabe destacar que, en la referida sentencia del 29 de agosto de 2024 por la Sección
Primera, en la que se determinó el alcance del parágrafo del artículo 50 de la Ley 2200
de 2022, se negó la pérdida de investidura porque, si bien estaba acreditado el elemento
objetivo de la incompatibilidad invocada, no estaba cumplido el elemento subjetivo
porque, para la fecha en la que se produjo la elección, existía una norma legal que
habilitaba la actuación de la parte demandada64. Se destaca:

100. En el presente caso, se tiene que para la fecha en que se produjo la elección de la
diputada Patricia Pérez Tapiero, electa para el período constitucional 2024-2027, existía
una norma legal que consagraba una prohibición para ser miembro de una empresa que

62
Visto en el índice 1 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
47001 2333 000 2025 00242 00.
63
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de
septiembre de 2021. Expediente radicación núm. 54001 2333 000 2020 00606 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de agosto
de 2024. Expediente radicación núm. 18001 2333 000 2024 00029 01. C.P.: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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prestara servicios públicos domiciliarios en el respectivo departamento a partir de la
noción de entidad pública, sin incluir el aspecto territorio, y cobijada por el principio
de presunción de constitucionalidad como expresión del principio democrático65.

101. La defensa de la diputada accionada optó por dicha hermenéutica de la norma
cuando de manera puntual indicó66:

“[…] Como elementos objetivos de la causal de incompatibilidad se tiene que:

1. El diputado electo debe ser Miembro de una junta directiva de una empresa de servicios
públicos domiciliarios y;

2. La empresa de servicios públicos domiciliarios debe pertenecer al respectivo
departamento, entendido este como entidad pública, sus institutos y entidades
descentralizadas que 2.1. Funcionen en el respectivo territorio o 2.2. Que ejerzan
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.
[…]

Por lo anterior se tiene que SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P. no cumple con el requisito
objetivo No. 2 pues no se trata de una entidad pública departamental, no es un instituto
departamental ni es una entidad descentralizada del departamento del Caquetá. Así como
tampoco cumple con el requisito objetivo 2.2. pues la empresa no ejerce competencias
que involucran a la respectiva entidad territorial denominada Departamento del Caquetá,
por lo que la causal de incompatibilidad objetivamente no está encuadrada” […].

105. En estas condiciones, la Sala colige que no se estructura el elemento subjetivo o de
la culpabilidad como elemento definitorio del juicio de pérdida de investidura, razón esta
que impone confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 16 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá […].

Conforme con todo lo expuesto, le asiste razón al Ministerio Público cuando en el recurso
de apelación señaló que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 prevé el
concepto de «departamento» en un sentido orgánico y no territorial y que se trataba de
la norma vigente para la fecha en la que se llevaron las elecciones territoriales y para
cuando tomó posesión del cargo, esto es, el 15 de septiembre de 2025, disposición que
gozaba de presunción de constitucionalidad y lo habilitaba para acceder al cargo. De
modo que, al prosperar este reproche de la apelación, resulta innecesario examinar las
demás inconformidades expuestas en los recursos de apelación encaminadas a
desvirtuar la configuración del elemento subjetivo.

Adicionalmente, no sobra mencionar que al expediente se aportó el concepto jurídico de
la abogada Maylen Juliana Barón Abril, el cual, según el testimonio que aquella rindió,
fue entregado al demandado antes de que aceptara el llamamiento a tomar posesión
como diputado, concepto en el que se indicó: «la excepción consignada en el parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 restringe las causales de inhabilidad para los
diputados al ente territorial desde el criterio orgánico y no desde el criterio territorial»67,
lo que permite evidenciar que la conducta del accionado estuvo amparada en el

[65]
Corte Constitucional, sentencia C- 197 de 2017, Magistrado Ponente (E): JOSÉ ANTONIO CEPEDA
AMARÍS.
[66]
019. Contestación demanda. Expediente digital.
67
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
47001 2333 000 2025 00242 00.

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parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, norma que, se insiste, estaba vigente
y no había sido declarara inconstitucional.

Con todo, la Sala precisa que el tribunal de instancia para tener por acreditado el
elemento subjetivo de la causal, aludió a la sentencia C-396 de 2021, pronunciamiento
que se refirió exclusivamente a la inexequibilidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley
1871 de 2017, norma que, a partir de dicha decisión, fue retirada del ordenamiento
jurídico; sin embargo, para la fecha de inscripción y posesión del demandado como
diputado, estaba vigente el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, norma que
no ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y que goza de
presunción de constitucionalidad

Un entendimiento distinto, implicaría desconocer el principio de confianza legítima, el
cual ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación como «la expectativa
genuina que alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el
ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas
súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad
produce un cambio abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que
resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha fijado»68.

Igualmente, el tribunal para descartar la configuración del elemento subjetivo y sustentar
la tesis que no existía un «vacío» respecto de la noción de «departamento» en el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, aludió a la sentencia proferida el 18 de
julio de 202469 en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión
de primera instancia que declaró la nulidad de la elección de un diputado del
departamento de Antioquia, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 6 del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

En dicha providencia se analizó el alcance del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022, en el sentido de indicar que, aunque estaba vigente, «es posición de la Sección
y de la Corte Constitucional, que las inhabilidades de los diputados no pueden ser menos
estrictas que las de los congresistas,» y acotó que «la interpretación de esta ya ha sido
decantada anteriormente, bajo la aplicación estricta que se le debe dar al artículo 299 de
la Constitución Política».

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho pronunciamiento tuvo lugar en el medio
de control de nulidad electoral, el cual se caracteriza por ser un «contencioso objetivo de
legalidad»70, pues busca la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto; mientras que,
la acción de pérdida de investidura, conforme con el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018,
es un juicio de responsabilidad subjetiva. Aquella es la razón por la que, en este caso, se
configura el elemento objetivo de la inhabilidad en virtud de la declaratoria de cosa
juzgada con el proceso de nulidad de electoral, pues el entendimiento del concepto de
«departamento» corresponde al de territorio, pero no se verifica el elemento subjetivo

68
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión. Sentencia
de 12 de julio de 2028. Expediente radicación núm. 25000 2324 000 2009 00348 01. C.P.: Rocío Araújo
Oñate.
69
Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2024 00039 01.
70
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 19 mayo de
2016. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2016 00131 01. C.P.: Alberto Yepes Barreiro.

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porque la conducta del demandado estuvo amparada en la norma vigente para la época
de los hechos, esto es, el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

Por último, el tribunal, en el examen del elemento objetivo de la causal, aludió a la
sentencia proferida el 2 de mayo de 2018 expedida por la Sala Plena del Consejo de
Estado71, en el marco de un recurso extraordinario especial de revisión del fallo de
pérdida de investidura proferido por la misma Corporación el 16 de noviembre de 2011,
en la que se decretó la pérdida de investidura de un representante a la Cámara por incurrir
en la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.

Al respecto, cabe destacar que, para la fecha en la que se profirió la sentencia objeto del
recurso extraordinario, aún no estaba vigente la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, la
cual, en su artículo 1, estableció que el proceso de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. De ahí que no sea aplicable al presente asunto.

4. Conclusión

De conformidad con lo explicado, la Sala revocará la sentencia proferida el 27 de enero
de 2026 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que decretó la pérdida de
investidura del diputado Danilo José Beltrán Payares.

En su lugar, decretara de oficio la excepción de cosa juzgada frente al proceso de nulidad
electoral con radicado núm. 47001 2333 000 2025 00245 00 en el que se resolvió: (i)
inaplicar por inconstitucionalidad el párrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y (ii)
declarar la nulidad del acto de llamamiento al señor Danilo José Beltrán Payares para
ocupar la curul como diputado del departamento del Magdalena período constitucional
2024-2027, en lo que tiene que ver con la configuración del elemento objetivo de la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 ibidem.

Por último, se negará la solicitud de pérdida de investidura, por cuanto, si bien,
objetivamente se configuró la inhabilidad invocada, no se cumple con el elemento
subjetivo, toda vez que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, norma que
está vigente, pese a ser contraria a los artículos 179 y 299 de la Constitución Política, lo
habilitaba para acceder al cargo.

5. Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].

71 Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2015 00110 00.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que decretó la pérdida de investidura del diputado Danilo
José Beltrán Payares, periodo constitucional 2024-2027, por las razones explicadas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECRETAR de oficio la excepción de cosa juzgada frente al proceso de
nulidad electoral con radicado núm. 47001 2333 000 2025 00245 00 en el que se resolvió:
(i) inaplicar por inconstitucionalidad el párrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y (ii)
declarar la nulidad del acto de llamamiento al señor Danilo José Beltrán Payares para
ocupar la curul como diputado del departamento del Magdalena, periodo constitucional
2024-2027, en lo que tiene que ver con la configuración del elemento objetivo de la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 49 ibidem, conforme lo expuesto en
precedencia.

TERCERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura formulada en contra del
diputado Danilo José Beltrán Payares, período constitucional 2024 – 2027, por las
razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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