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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia del 4 de abril del 2024 que declaró la nulidad de la elección de José Gregorio Orjuela Pérez, como diputado del departamento de Antioquia, contenida en el E-26 ASA del 10 de noviembre del 2023. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de julio de 2024

Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00039-01
Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado de Antioquia, periodo
2024-2027

Tema: Inhabilidad numeral 6°, artículo 49 de la Ley 2200 de 2022

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia del 4 de abril del 2024 que declaró
la nulidad de la elección de José Gregorio Orjuela Pérez, como diputado del
departamento de Antioquia, contenida en el E-26 ASA del 10 de noviembre del
2023.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El 17 de enero del 2024 el accionante solicitó la nulidad de la elección de
José Gregorio Orjuela Pérez, como diputado de Antioquia, contenida en el
formulario E-26 ASA del 10 de noviembre de 2023.

2. Fundamentos fácticos

2. El actor alegó que el demandado no podía aspirar a la asamblea de
Antioquia, ya que su hermano, Héctor Fabio Orjuela Pérez, ejerció autoridad
administrativa en el departamento, el año anterior a la elección, ocupó el cargo de
secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la alcaldía de
Rionegro.

3. Normas violadas

3. El demandante alegó la vulneración de los artículos: 49, numeral 6° de la
Ley 2200 del 2022; 275, numeral 5° de la Ley 1437 del 2011 y 179.5 y 299 de la
Constitución Política.

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Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

4. Concepto de la violación

4. A juicio de la parte actora, José Gregorio Orjuela Pérez no podía aspirar a la
asamblea de Antioquia, porque estaba incurso en la causal de inhabilidad del
artículo 49.61 de la Ley 2200 del 20222. Ello es así, porque su hermano, Héctor
Fabio Orjuela Pérez, fue secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
de la alcaldía de Rionegro del mismo departamento, en el año anterior a la elección.

5. Afirmó que debe inaplicarse el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del
2022, porque esa disposición reduce los elementos necesarios para que se
configure la inhabilidad bajo estudio, a que el ejercicio de autoridad se haga solo
en las entidades públicas, institutos y entidades descentralizadas del
departamento.

6. Sin embargo, puso de presente que el artículo 299 de la Constitución Política
establece que el régimen de los diputados no podrá ser menos estricto que el de
los congresistas. En esa medida, enfatizó que para estos funcionarios el artículo
179.5 hace referencia al territorio como circunscripción territorial y no simplemente
como entidad pública.

7. Manifestó que esto ha sido objeto de pronunciamiento por la Sección, en
sentencia del 8 de julio del 20213, en la que se dispuso inaplicar esa idéntica
disposición, por inconstitucional, solo que se encontraba en el artículo 6 de la Ley
1871 del 2017 (luego modificada por la Ley 2200 del 2022).

8. Precisó que el apartado de la norma que esta Sección inaplicó, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-396 del 2021.

9. En ese sentido, afirmó que la expresión «en el respectivo departamento» del
numeral 6° de la Ley 2200 del 2022 debe entenderse como circunscripción
territorial. Por tanto, como el municipio de Rionegro hace parte de Antioquia, debe
aplicar a la inhabilidad en el caso concreto.

1
Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la
Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
(…)
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, esté
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad,
segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección de cargos o
de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en la misma fecha.
2 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

departamentos».
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de julio del 2021.

Rad. 85001-23-33-000-2020-00007-02. MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

10. Además, refirió que el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 dispone que los
secretarios de las alcaldías ejercen dirección administrativa, por lo que es evidente
que el hermano del demandado, como secretario de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional en la alcaldía de ese municipio, desplegó dicha autoridad en el ente
territorial de Rionegro desde el 28 de diciembre del 2022, es decir, en el año anterior
a la elección.

11. De esa forma, consideró que se encuentra configurada la inhabilidad
alegada y, por tanto, debe declararse la nulidad de la elección.

5. Trámite inicial

12. En auto del 18 de enero del 2024, el tribunal admitió la demanda y ordenó
efectuar las respectivas notificaciones.

6. Contestaciones de la demanda

6.1. El demandado4

13. Por medio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, ya
que consideró que no se encuentran reunidos los elementos de la prohibición
alegada.

14. Adujo que las inhabilidades tienen una interpretación restrictiva. Por tanto, al
hacer su análisis debe prevalecer el principio pro homine, de tal forma que se
aplique el criterio menos gravoso para el elegido, para no limitar el derecho de
participación política.

15. Así, indicó que el juez electoral debe evaluar la probabilidad real del ejercicio
de la autoridad administrativa, de conformidad con la sentencia SU-207 del 2022.

16. Igualmente, manifestó que al demandado le asiste la garantía de la confianza
legítima, porque al momento de la inscripción y a la fecha de contestar la demanda,
el artículo 49 de la Ley 2200 del 2022 no ha sido declarado inexequible. Por tanto,
el ámbito territorial debe aplicar de manera estricta según lo dispone esa norma,
esto es, solo a las entidades descentralizadas del departamento.

17. En esa medida, como Rionegro es una entidad municipal, a su juicio, no se
debe aplicar la prohibición en este asunto.

6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

18. Su representante hizo un recuento de las normas de la organización electoral
e hizo referencia a sus funciones de apoyo logístico, para lo cual solicitó que se
declare su imparcialidad en este asunto.

4 Índice 30 Samai expediente primera instancia.

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Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
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7. Trámite posterior

19. El 21 de febrero del 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se
surtieron las etapas correspondientes y se fijó el litigio en los siguientes términos:

De conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos, le corresponderá a la Sala
determinar, si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del demandado José
Gregorio Orjuela Pérez en calidad de diputado de Antioquia contenida en el acta E-
26ASA, por presuntamente haber incurrido en la causal establecida en el numeral 5°
del artículo 275 en concordancia con lo previsto en el artículo 49 numeral 6° de la
Ley 2200 de 2022, esto es, tener vínculo de consanguinidad con funcionario que
dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad administrativa
en el respectivo departamento. (Negrillas conforme al texto).

20. El tribunal indicó que, únicamente, estaba pendiente de recibir documentos
que solicitó aportar al expediente, por tanto, prescindiría de la audiencia de
pruebas, además, ordenó correr traslado a las partes alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente.

8. Concepto del Ministerio Público

21. La agente consideró que debe declararse la nulidad del acto acusado.
Precisó que, se debe inaplicar por inconstitucional el parágrafo del artículo 49 de la
Ley 2200 de 2022, porque el régimen de inhabilidades de los diputados no puede
ser menos estricto que el de los senadores. Por eso, se debe entender que el
concepto departamento refiere a los municipios que lo componen.

22. En esa medida, adujo que, en el presente caso, se encuentran configurados
los elementos: temporal, territorial, el parentesco y el ejercicio de autoridad, lo que
conlleva a la declaratoria de nulidad de la elección demandada.

23. Las partes alegaron de conclusión y reiteraron sus argumentos de la
demanda y la contestación.

9. Sentencia impugnada

24. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado,
ya que, a su juicio, se configuró la inhabilidad propuesta en la demanda, para lo
cual adelantó el siguiente análisis:

• José Gregorio Orjuela Pérez fue elegido diputado de la Asamblea de
Antioquia en las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre del 2023.

• Encontró probado que el demandado es hermano de Héctor Fabio Orjuela
Pérez, según los registros civiles allegados.

• Del material probatorio aportado, concluyó que por medio del Decreto 632
del 28 de diciembre del 2022 y Acta 736 de la misma fecha, Héctor Fabio

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Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

Orjuela Pérez fue nombrado y tomó posesión, en encargo, como secretario
de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

• De conformidad con los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, los
secretarios de las alcaldías ejercen autoridad administrativa y política,
incluso si el nombramiento es temporal.

25. Así las cosas, el tribunal determinó que el hermano del demandado tuvo la
probabilidad real de ejercer autoridad política y administrativa en Rionegro, por el
solo hecho de ser secretario de un municipio que hace parte del departamento de
Antioquia.

26. En este punto, destacó que según el Consejo de Estado5, no es necesario
demostrar que se hayan ejercido las funciones asignadas, pues la autoridad se
tiene por el solo hecho de ostentar el cargo.

27. Igualmente, precisó que en este asunto no aplica la sentencia SU-207 del
2022, debido a que «en el presente proceso la autoridad administrativa y política
se ejerce en un municipio que hace parte territorialmente del Departamento en el
que fue elegido el demandado en calidad de diputado, mientras que en la sentencia
SU-207 de 2022, se estudió la inhabilidad para ser elegido como alcalde, de un
ciudadano cuyo familiar era funcionario de una entidad del orden departamental
que no tenía sede en el municipio de las elecciones» (sic a la cita).

28. Ahora, sobre el ámbito territorial y la aplicación del parágrafo del artículo 49
de la Ley 2200 del 2022, el tribunal consideró que, haciendo una interpretación
gramatical, se concluye que el concepto de departamento de la disposición refiere
a una «comprensión geográfica y territorial cuando se expresó que incluye aquellas
entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial».

29. Entonces, adujo que la norma es acorde con lo dicho por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, porque involucra el concepto de
departamento desde el punto de vista de la estructura del Estado. En ese sentido,
concluyó que no se excluyen de la inhabilidad «aquellos supuestos de hecho que,
si bien no se presentan en el departamento y sus instituciones como entidades
públicas, sí pueden tener influencia en las elecciones departamentales, por los
efectos que producen en su territorio».

10. Recurso de apelación

30. El apoderado del demandado se opuso a lo resuelto en el fallo de primera
instancia, pues a su juicio, la inhabilidad alegada no se configuró.

5Sentencia de 11 de junio de 2019 proferida dentro del proceso con radicado No. 68001-23-15-000-2007-
00677-02 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de mayo de 2013. Radicación No. 17001- 23-
31-000-2011-00637-01 (Acumulado).

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31. Alegó que el tribunal, en un aparte de la sentencia, mencionó que en la
contestación de la demanda se afirmó que no se configura la doble militancia. Sin
embargo, precisó que este cargo no se propuso en este caso, por lo que se trató
de un error del tribunal al consignar sus argumentos.

32. Manifestó que no se tuvieron en cuenta las razones que se expusieron en
los alegatos de conclusión, en donde se enfatizó que debe darse la aplicación al
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022.

33. En ese orden, consideró que el Consejo de Estado debe tener en cuenta
mencionada disposición legal y, además, al parágrafo 3°, del artículo 29 de la Ley
1475 del 2011 que dispone que, para los servidores de elección popular, no puede
existir un régimen superior al de los congresistas.

34. Además, solicitó que este caso fuera resuelto por la Sala Plena, de
conformidad con el artículo 271 del CPACA, porque desconoce cuántos diputados
fueron elegidos en las elecciones celebradas en el año 2023, pero adujo que
pueden ser demandados vía pérdida de investidura dentro de los 5 años siguientes,
incluso a quienes terminaron su periodo y decidieron no reelegirse.

35. En ese orden, indicó que el demandado se inscribió a las elecciones porque
tuvo la convicción que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022 estaba
vigente. En ese orden, consideró que no es posible que el análisis de una
inhabilidad tenga consecuencias distintas en el juicio del medio de control electoral
y el de la pérdida de investidura.

36. Por tanto, en su sentir, el asunto debe resolverlo la Sala Plena por ser un
asunto de trascendencia jurídica, para efectos de verificar las consecuencias de la
inhabilidad.

37. Ahora sobre la configuración de la inhabilidad, puso de presente lo siguiente:

• No está acreditado que el hermano del demandado hubiera ejercido
autoridad. Además, era necesario que se estudiara este aspecto, de
conformidad con la SU-207 del 2022, que estableció la necesidad de hacer
un análisis respeto de la probabilidad real del ejercicio de la autoridad, con
base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, lo cual no se hizo en
el asunto.

• Es evidente que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 está vigente y
debe aplicarse, pues, aunque la Corte Constitucional declaró inexequible la
norma anterior que contenía la misma disposición en la Ley 1871 del 2017,
lo cierto es que la dicha norma está en vigor y no ha sido objeto de
pronunciamiento por el máximo tribunal constitucional.

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• En esa medida, adujo que debe hacerse una interpretación que garantice en
mejor medida el derecho al sufragio pasivo del demandado, aplicando el
principio pro homine y la aplicación restrictiva de las inhabilidades.

• Por tanto, como no está probado el ejercicio de autoridad y el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 se refiere solo a entidades del orden
departamental, la inhabilidad no aplica en el caso concreto, puesto que el
hermano del demandado fue nombrado en una entidad del orden municipal
y no se allegó ninguna prueba de la ejecución de sus labores.

• En este caso debe aplicarse la tesis de la sentencia de unificación del 29 de
enero del 20196, según la cual, el lapso temporal de la inhabilidad, para el
caso de los congresistas, aplica desde la fecha de inscripción hasta la
elección. Por tanto, solicitó que se hiciera lo propio en su caso y, además,
se tuviera en cuenta que en ese fallo se decidió fijar la regla, bajo la
modalidad de jurisprudencia anunciada.

38. Finalmente, solicitó que se decrete como prueba, en segunda instancia, el
Decreto 015 del 10 de enero del 2023, que demuestra que el hermano del
demandado fue reubicado en el cargo de Subsecretario, Grado 01, Código 045 de
la Subsecretaría de Gestión Humana, adscrito a la Secretaría de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional.

39. A su juicio, este medio de convicción es pertinente, porque en primera
instancia no se otorgó la posibilidad de contradecir la prueba de oficio que decretó
el tribunal en la que requirió a la alcaldía de Rionegro para que aportara el acta de
posesión del hermano del demandado en el cargo de secretario de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional.

11. Trámite del recurso

40. Por medio de auto del 20 de mayo del 2024, el tribunal concedió el recurso
de apelación ante esta Corporación.

41. El 23 de mayo del 2024 se recibió el expediente digital por la Secretaría de
la Sección Quinta, quien realizó su reparto virtual y fue asignado al despacho el
mismo día.

42. El despacho, por medio de providencia del 24 de mayo del 2024, admitió el
recurso y negó el decreto de la prueba solicitada, porque no se enmarca dentro de
los supuestos del artículo 212 del CPACA. Además, porque no se pronunció en el
término de ejecutoria del auto que decretó la prueba de oficio, para indicar lo que
establece el inciso 3° del artículo 213 de la misma normativa.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero del 2019. Rad.

11001-03-28-000-2018-00031-00. MP. Rocío Araújo Oñate.

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43. Acto seguido, el demandado presentó recurso de reposición contra la
mencionada decisión. Alegó que el despacho no se pronunció sobre la solicitud
para que el asunto lo conozca la Sala Plena.

44. El magistrado ponente rechazó el recurso, porque no procedía, según lo
dispone el artículo 243 A.12 del CPACA. Además, le indicó que la decisión sobre
el conocimiento de la Sala Plena del asunto, de conformidad con el artículo 271 del
CPACA, se asume cuando el asunto esté pendiente de fallo.

12. Alegatos de conclusión

45. La parte demandante solicitó que fuera confirmada la decisión apelada.
Indicó que no es procedente la solicitud para que el asunto lo conozca la Sala
Plena, pues lo cierto es que las razones que da el demandado se basan en la
presunta discrepancia de criterios en el medio de control de nulidad electoral y la
pérdida de investidura, que tienen una naturaleza distinta.

46. Indicó que, no se debe probar la concreción del ejercicio de la autoridad
administrativa, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en que
solo basta con detentar la función por virtud del cargo, como ocurre en este asunto.

47. A su juicio, el hermano del demandado pudo tener influencia en la elección
acusada, pues inició su periodo como secretario dentro de los 12 meses anteriores
a la contienda electoral, plazo que, según indicó, se ha considerado como
razonable según el precedente de esta Corporación para los casos de inhabilidad
por parentesco.

48. Además, manifestó que no es factible aplicar el principio de favorabilidad en
este caso, pues esto implicaría darle ventajas a un candidato que tenía un pariente
dentro del departamento.

49. La parte demandada insistió en los argumentos expuestos en el proceso.
Adujo, además, que, en procura del respeto al derecho al sufragio pasivo, debe
dictarse un fallo bajo la figura de jurisprudencia anunciada, toda vez que inscribió
su candidatura, amparado en la vigencia del parágrafo 49 de la Ley 2200 del 2022
y afirmó que no hacerlo es una afrenta al principio de no regresividad.

50. Sostuvo que, este caso, debe resolverse por la Sala Plena del Consejo de
Estado, porque existen diferencias entre la Sección Quinta y el Consejo de Estado
(sin citar providencias), sobre el aspecto territorial de la inhabilidad y la aplicación
del régimen de inhabilidades de los diputados, teniendo como referencia el de los
congresistas.

51. Además, insistió en que no hay claridad sobre cuál es el elemento temporal
de la inhabilidad, esto es, si aplica para el día de las elecciones o de las
inscripciones.

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13. Concepto del Ministerio Público

52. La procuradora delegada ante esta Corporación consideró que debe
confirmarse la sentencia apelada, ya que se encuentran reunidos los elementos de
la inhabilidad bajo estudio.

53. Lo anterior teniendo en cuenta que el hermano del demandado fue secretario
de una alcaldía, con lo cual ejerció autoridad administrativa en el lapso que
establece la prohibición.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

54. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.a7 del CPACA, así
como también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer en segunda
instancia, dado que se trata de una apelación interpuesta contra la providencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del acto demandado.

55. Así, es la Sección Quinta, en este caso, quien debe conocer del asunto,
porque se demandó la elección de un diputado, especialidad de la Sala Electoral
(art. 13 del Reglamento).

2. Cuestión previa

56. Previo a abordar el fondo del debate, la Sala advierte que se debe resolver
sobre la solicitud del apelante, para que el asunto lo conozca la Sala Plena de esta
Corporación y pronunciarse sobre la alegación que hizo el actor al tribunal, cuando
dijo en la sentencia que el demandado había afirmado no incurrió en doble
militancia, aspecto ajeno a este asunto.

57. En primera medida, se advierte que, en efecto, en la providencia de primera
instancia, el tribunal indicó que el demandado había afirmado que no incurrió en
doble militancia. Sin embargo, se advierte que se trató de un error formal, ya que
en la parte considerativa este aspecto no fue abordado, pues el debate consistió
en determinar si José Gregorio Orjuela Pérez incurrió en la inhabilidad alegada.

58. Por tanto, hecha esta precisión, el debate del asunto, como ocurrió en
primera instancia, se centrará en determinar si se configuró o no la inhabilidad del
artículo 49.3 de la Ley 2200 de 2022.

7Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de
los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos (…).

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59. Ahora, sobre la solicitud que hace el recurrente para que el asunto sea
resuelto por la Sala Plena, esta Sección considera que no existe lugar a ello, por
cuanto los argumentos que trae el actor, no ponen de presente la necesidad de
unificar jurisprudencia.

60. Se recuerda que el fundamento de la solicitud, se basa en que, a su juicio,
varios diputados podrían ser demandados, vía pérdida de investidura, con base en
la causal de inhabilidad que se alega en este caso.

61. Sin embargo, no hizo la precisión concreta sobre cuáles serían los elementos
a tratar o sobre los cuales exista la presunta divergencia, más allá de indicar que
los diputados actuaron de conformidad con el parágrafo del artículo 49 de la Ley
2200 del 2022, que se encuentra vigente.

62. Mencionó que no es posible que en la pérdida de investidura y el medio de
control electoral se tengan consecuencias distintas por la interpretación de
la norma. Sin embargo, esa situación responde precisamente a la diferencia
de ambos mecanismos, lo cual no configura un aspecto que implique dictar
fallo de unificación.

63. Además, aunque en los alegatos haya afirmado que existe disparidad de
criterios de la Sala Plena y esta Sección sobre la interpretación que debe dársele
al régimen de los diputados, con referencia al de los congresistas, no indicó con
claridad en qué podría consistir esa diferencia. Por tanto, la Sala no advierte que
haya razón para dictar una providencia de unificación por esa situación.

64. Bajo ese entendido, la Sala concluye que no hay lugar a remitir el asunto
para que la Sala Plena defina si unifica o no jurisprudencia y tampoco se logra
advertir elementos que hagan necesario dictar un fallo de ese tipo en el asunto.

65. Además de lo dicho, se debe poner de presente que el asunto proviene de
un tribunal y le corresponde a la Sala Electoral, decidirlo en segunda instancia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y el reglamento
interno dispuesto en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.

66. Bajo ese entendido, la Sala concluye que no hay lugar a remitir el asunto
para que la Sala Plena defina si unifica o no jurisprudencia y tampoco se logra
advertir elementos que hagan necesario dictar un fallo de ese tipo en el asunto.

67. Así las cosas, se procede a realizar el estudio del caso, según los reproches
presentados en el recurso de apelación.

3. Problema jurídico

68. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos se deberá determinar
si se revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto declaró la nulidad del acto acusado.

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Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

69. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala hará una exposición de la
inhabilidad que se estudia en este caso. En particular se referirá a la interpretación
del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022; expondrá la regla de la
sentencia SU-207 del 2022 para ver si es aplicable al caso, y, finalmente, se
decidirá el caso concreto.

4. La causal de inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad
administrativa en el periodo inhabilitante (aplicación para los diputados).
Interpretación del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022.

70. Las inhabilidades son condiciones objetivas que recaen sobre una persona
y tienen como único fin que quienes accedan o estén en la función pública,
desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales
de la comunidad sobre los personales8.

71. En este sentido, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador9.

72. Precisamente, tratándose de los diputados, la Ley 617 de 2000 (art. 33)
enlistó las causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o
ser elegidos como tales y luego se regularon en la Ley 2200 del 202210. En relación
con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto
con el siguiente tenor literal en la última normativa mencionada:

ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario,
no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:

(…)

6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; (…).

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas
en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y

8 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos

Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº

110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado. CP.
Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros
10 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

departamentos.

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entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial. (Énfasis de la Sala).

73. De la norma que se aduce desconocida, se pueden extraer los siguientes
elementos estructuradores, a saber11:

i) Elemento subjetivo. La existencia del vínculo por matrimonio, unión permanente
o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, entre el elegido y el funcionario.

ii) Elemento temporal. Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12
meses anteriores a la elección.

iii) Elemento objetivo. Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil,
política, administrativa o militar.

iv) Elemento territorial. Que estos ocurran en el departamento donde resultó
elegido el diputado.

74. Sobre el elemento territorial, es importante resaltar que el artículo 299 de la
Constitución Política dispone que «el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el
señalado para los congresistas en lo que corresponda».

75. De ahí que, por virtud del constituyente, para interpretar las inhabilidades de
los diputados, sea necesario remitirse a las de los congresistas para verificar si el
régimen de aquellos es menos estricto que el de estos.

76. Así, el artículo 179.5 de la Constitución Política trae la inhabilidad por
parentesco, igual que se hace para los diputados en la norma ya citada, con la
siguiente regulación:

ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:

(…)

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios
que ejerzan autoridad civil o política.

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones
que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva
elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con
las autoridades no contemplados en estas disposiciones.(Énfasis de la Sala)

77. En ese sentido, la Sección se ha pronunciado sobre la presunta
flexibilización que se hizo del régimen de los diputados en el parágrafo del artículo

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 28 de enero de

2021. Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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6° de la Ley 1871 del 2017, que de manera similar a lo que ahora trae el parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022, decía lo siguiente:

ARTÍCULO 6o. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Las
inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el
artículo 33 de la Ley 617 de 2000, además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de
la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las
normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades
generales que apliquen a su condición de servidor público.

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita
en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus
institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio. (Énfasis de la
Sala)

78. Al respecto, la Sala consideró que esta norma no podría ser aplicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 299 constitucional, ya que el régimen
de los diputados no puede ser menos gravoso que el de los congresistas. Por tanto,
debe entenderse que, por departamento, debe comprender todo el territorio, junto
a los municipios que lo componen.

79. De otra manera, ello significaría aceptar que los diputados tienen un régimen
más flexible para la aplicación de las inhabilidades, por cuanto según la norma
mencionada, al departamento lo compone únicamente la organización
administrativa y no su territorio. Así lo dijo esta Sala Electoral:

118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha
disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública
y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que
para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en
el artículo 33 de la Ley 617 el 2000, sería necesario entender que el aspecto espacial
se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad
administrativa-.

119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo 299
constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el
señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior, por cuanto
para efectos de los Congresistas, específicamente, los Representantes a la Cámara
cuya elección se realiza en la misma circunscripción territorial de los diputados, la
configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente se aplicaría
respecto de situaciones que se presenten en la correspondiente “circunscripción”, lo
que incluye toda la extensión del territorio departamental y de forma inescindible en
los municipios que lo componen; mientras que para los diputados, la expresión
“departamento” se asimilaría únicamente a la organización administrativa y no a su
geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de estos últimos12. (Énfasis de
la Sala).

80. Dicha interpretación fue luego recogida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-396 del 2021, en la que concluyó lo siguiente:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 8 de julio del 2021.

Rad. 85001-23-33-000-2020-00007-02. MP. Rocío Araújo Oñate.

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123. El artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, no cumple con los requisitos propios de
las leyes interpretativas, puesto que el legislador no se limitó a fijar el sentido de una
disposición anterior, esto es, del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, sino que, como
se demostró, modificó el alcance material de estas disposiciones, al disponer qué
debe entenderse por departamento, para efectos de la aplicación del régimen de
inhabilidades de los diputados, esto es, el aspecto puramente institucional (entidad
pública y sus entidades descentralizadas), sin tener en cuenta el aspecto territorial.
Esta modificación material de las leyes interpretadas, hace que el régimen de
inhabilidades de los diputados sea menos estricto que el señalado para los
congresistas, lo cual constituye un desconocimiento de la prohibición del inciso
segundo del artículo 299 de la Carta, por cuanto el legislador no puede fijar un
régimen de inhabilidades menos estricto que el señalado por la Constitución para los
congresistas, razón por la cual la Sala encuentra que los segmentos sub examine
son inconstitucionales.

81. Al respecto, se considera que este criterio debe aplicarse igualmente para el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022, pues es posición de la Sección y
de la Corte Constitucional, que las inhabilidades de los diputados no pueden ser
menos estrictas que las de los congresistas, por las razones anotadas en los
precedentes citados.

82. Por tanto, aunque la norma mencionada se encuentre vigente, lo cierto es
que la interpretación de esta ya ha sido decantada anteriormente, bajo la aplicación
estricta que se le debe dar al artículo 299 de la Constitución Política y así se hará
en el asunto.

83. Ahora bien13, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección14 han
acudido, «para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…)
no con carácter analógico sino a título de referente conceptual»15, a la definición de
dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en
su tenor literal dispone:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. MP. Luis Alberto Álvarez Parra (e).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana

Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. MP. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo
de 2009.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ).

MP. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

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reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas
disciplinarias.(Énfasis de la Sala).

84. La Sección Quinta del Consejo de Estado16 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita
obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria
requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar,
tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección
administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

85. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 17,
mediante la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis
que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla fuera de
texto)

86. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia18 ha admitido que
comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones
y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede
al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

87. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y
cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

16 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de

lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. MP. Rocío
Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-

01299-02(3657). MP. Filemón Jiménez Ochoa.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-

00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia.19 (Se resalta)

88. Es menester reiterar, entonces, que la inhabilidad bajo estudio supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce
autoridad civil, política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los
12 meses anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo
departamento por el cual se inscribe el candidato a diputado -elemento espacial o
territorial-.

89. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en
todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se
presenten de manera concurrente y, en caso de que no sea así, se entenderá que
no se materializó el cargo de nulidad planteado.

5. Caso concreto

90. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primer grado, en cuanto
declaró la nulidad del acto acusado, de conformidad con lo que pasa a explicarse.

91. Se deja claridad que en el recurso de apelación el demandado consideró que
se debe aplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022. En esa medida,
en su sentir, el ámbito territorial solo se predica de los institutos y entidades
descentralizadas del orden departamental, por lo que no es pertinente para el
presunto ejercicio de autoridad del pariente del demandado en una secretaría de
Rionegro, por ser esta del orden municipal.

92. Además, afirmó que, en este caso, se debe respetar el precedente de la
sentencia SU-207 del 2022 y determinar la probabilidad real, no potencial, del
ejercicio de autoridad del hermano del demandado, análisis que no se hizo en
primera instancia.

93. Igualmente, a su juicio, se debe respetar el parágrafo del 3° del artículo 29
de la Ley 1475 del 2011 porque no puede haber un régimen más gravoso para los
funcionarios de elección popular, en comparación con el de los congresistas.

94. Adicional a lo dicho, en los alegatos, consideró que debe dictarse un fallo
con la modalidad de jurisprudencia anunciada, porque el demandado se inscribió

19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-

025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.

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con la convicción de que no estaba incurso en la inhabilidad, por la vigencia del
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022.

95. Así las cosas, respecto de la aplicación del parágrafo del artículo 49 de
la Ley 2200 del 2022, la Sala se remite a lo expuesto en el anterior numeral de
esta providencia, pues lo cierto es que tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional ya se han pronunciado al respecto, en el sentido de afirmar que el
régimen de los diputados no puede ser menos gravosa que la de los congresistas,
según lo dispone el artículo 299 de la Constitución Política.

96. En esa medida, aunque el recurrente afirme y sostenga que esa norma está
vigente, lo cierto es que su parámetro de interpretación, de conformidad con la
Constitución Política, ya está definido e hizo tránsito a cosa juzgada, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.

97. En ese sentido, debe entenderse que departamento de Antioquia es la
totalidad del territorio que lo compone, dentro del cual se encuentra el municipio de
Rionegro, donde según se afirma en la demanda, el pariente del señor José
Gregorio Orjuela Pérez ejerció autoridad.

98. Así las cosas, se anticipa la Sala a decir que no hay mérito para dictar un
fallo en la modalidad de jurisprudencia anunciada, ya que este criterio fue
establecido con anterioridad, como ya se explicó.

99. Ahora, sobre la regla de la sentencia de unificación20 SU-207 del 2022,
esta Sala Electoral considera que no es aplicable a este asunto, lo primero porque
la Corte Constitucional limitó su alcance a funcionario municipal elegido, es decir,
restringió su ámbito de aplicación a ediles, concejales y alcaldes; por lo tanto, la
excluye respecto de servidores públicos de elección popular del orden
departamental (diputados o gobernadores).

100. Lo segundo porque, en criterio de esta Sala, en ese caso, se debatió el
ejercicio real de autoridad derivada de funciones que podrían configurar esa
atribución, esto es, en aplicación del criterio funcional.

101. Así, es relevante precisar que, en este caso, se advierte que existe una
diferencia fundamental y es que el hermano del señor José Gregorio Orjuela Pérez
ocupó el cargo de secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la
alcaldía de Rionegro.

20
Regla de decisión
120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real
-más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta
forma, incidir a los electores. No es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo
en consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad. (Negrilla de la Sala).

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102. Al respecto, la Ley 136 de 1994 estableció en el artículo 190 cuáles son los
funcionarios que ejercen autoridad administrativa:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

103. En ese sentido, como el hermano del demandado ejerció como secretario de
alcaldía, aspecto que no se discute en este asunto, se tiene que la ley le asignó
autoridad administrativa a esa posición

104. Nótese que la autoridad no proviene del ejercicio de las funciones que
podrían llevar a la concreción de la autoridad, como se debatió en el caso revisado
por la Corte Constitucional, sino que, en este asunto, se tiene que el legislador le
otorgó directamente la dirección administrativa a los secretarios de alcaldía, cargo
que ocupó el hermano del demandado.

105. Es decir, en este evento el análisis de la autoridad se hace con base en el
criterio orgánico que se explicó con anterioridad y no el funcional, que fue
analizado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 del 2022.

106. Bajo ese entendido, si la ley le otorgó a los secretarios de las alcaldías la
potestad de dirección administrativa, lo cierto es que al detentar esa calidad, el
funcionario ejerce autoridad administrativa por el hecho de haber sido designado
en el cargo, pues es un mandato legal que no se puede desconocer por el juzgador.

107. Por tanto, la Sala analizará este asunto desde el criterio orgánico que ha sido
fijado con anterioridad por la jurisprudencia de esta Sección, sin aplicar la regla de
la sentencia de unificación expuesta, por lo dicho anteriormente.

108. Hechas estas claridades, se procede a analizar los elementos que
configuran la inhabilidad del artículo 49.6 de la Ley 2200 del 2022:

ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario,
no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:

(…)

6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes
dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de
afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección

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Demandante: Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez
Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
departamento de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00039-01

de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en
la misma fecha.

i) Elemento subjetivo. Se tiene probado que el demandado es hermano de Héctor
Fabio Orjuela Pérez, según los registros civiles aportados de cada uno.

ii) Elemento temporal. Está probado que por medio del Decreto 632 de 28 de
diciembre de 2022 y el Acta 736 de la misma fecha, el hermano del demandado fue
nombrado, en encargo21, como secretario de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de la Alcaldía de Rionegro, Antioquia y se posesionó,
respectivamente.

109. En ese sentido, el cargo lo ocupó en el año anterior a las elecciones que
fueron llevadas a cabo el 29 de octubre del 2023. Al respecto, el demandado
presentó un reproche en la apelación, pues consideró que debe aplicarse el límite
temporal que se predica para los congresistas en la inhabilidad del artículo 179.5
de la Constitución Política, el cual fue establecido en la sentencia de la Sala Plena
de esta Corporación del 29 de enero del 201922.

110. En dicho fallo se dijo que el lapso en el que aplica la prohibición es desde la
inscripción del candidato, hasta la fecha de la elección.

111. Sin embargo, como ya se expuso, la inhabilidad del artículo 49.6 de la Ley
2200 del 2022 se reguló de manera especial la prohibición por parentesco para los
diputados y el legislador se estableció de manera específica que esta aplica «dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección».

112. Bajo esa óptica y teniendo en cuenta que la Constitución Política proscribe
que el régimen de los diputados sea «menos estricto» que el fijado para los
congresistas (art. 292 de la CP), no se advierte que se presente dicha situación por
la regulación especial de la inhabilidad, pues precisamente en este evento el lapso
temporal no es menos riguroso que el de los congresistas.

113. Así, como el hermano del demandado se posesionó en el cargo el 28 de
diciembre del 2022, lo hizo dentro del año anterior a las elecciones (29 de octubre
del 2023) y, por tanto, este elemento se encuentra configurado.

iii) Elemento objetivo. Como se indicó con anterioridad, según el artículo 190 de
la Ley 139 de 1994, los secretarios de las alcaldías ejercen autoridad o dirección
administrativa.

114. En ese sentido, como es un mandato legal, el juzgador no puede desatender
la voluntad del legislador sobre esta posición.

21 Según el acto, el encargo se hizo respecto del cargo, no de funciones.
22 Rad.11001-03-28-000-2018-00031-00 (SU), MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandado: José Gregorio Orjuela Pérez, diputado del
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115. Por tanto, como el hermano del demandado fue secretario de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional de la alcaldía de Rionegro, se concluye que
ejerció autoridad administrativa.

iv) Elemento territorial. Rionegro hace parte del departamento de Antioquia, en el
cual fue elegido el diputado demandado, por lo que este elemento también se
encuentra probado.

116. Al respecto, la Sala se remite a las consideraciones que hizo sobre el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200, para reiterar que «departamento» debe
ser entendido como entidad pública desde el punto de vista territorial.

117. Finalmente, tampoco se observa que exista violación al parágrafo del 3° del
artículo 29 de la Ley 1475 del 2011 que dispone que el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores de elección popular no puede ser superior que
el de los congresistas, pues como se estudió, el elemento territorial se analizó
precisamente teniendo en cuenta la regulación de congresistas, sin que se
concluya que el fijado para los diputados es más gravoso.

118. Así, lo que se entiende de la interpretación fijada por la Sala y la Corte
Constitucional, es que el departamento debe entenderse en cuanto al componente
territorial, tal como se hace para los congresistas, de lo cual no implica que sea un
régimen más gravoso, como lo dispone la norma mencionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia del 4 de
abril del 2024 que declaró la nulidad de la elección de José Gregorio Orjuela Pérez,
como diputado del departamento de Antioquia, contenida en el E-26 ASA del 10 de
noviembre del 2023.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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