Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 18001-23-33-000-2023-00170-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 18001-23-33-000-2023-00170-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 18001-23-33-000-2023-00170-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de mayo de 2025
Demandantes: Andrés Eduardo Aragón Peña y otro
Demandado: Mauricio Ruiz Ciceri
– diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00170-01 (ACUMULADO)
18001-23-33-000-2023-00174-00
Demandantes: ANDRÉS EDUARDO ARAGÓN PEÑA Y OTRO
Demandado: MAURICIO RUIZ CICERI – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, PERIODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad para ser diputado por vínculo o parentesco con
funcionario que ejerce autoridad civil o administrativa en el
departamento
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Fredman
Hernández Anturí, en calidad de demandante, contra la sentencia del 20 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por la cual
se negaron las pretensiones de las demandas de nulidad electoral promovidas
contra el acto de elección de Mauricio Ruiz Ciceri, como diputado de la Asamblea
Departamental del Caquetá, periodo constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1. Los señores Andrés Eduardo Peña Aragón1, en nombre propio, y Fredman
Hernández Anturí2, mediante apoderado, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el acto de
elección de Mauricio Ruiz Ciceri como diputado de la asamblea departamental,
periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA del 4 de noviembre de
2023.
2. Asimismo, en la demanda con radicación 2023-00170 se pidió que se declare
1 Radicada el 16 de noviembre de 2023, en el Tribunal Administrativo del Caquetá, según consta en
el índice 1 del expediente digital registrado en SAMAI.
2 Radicada el 28 de noviembre de 2023, en el Tribunal Administrativo del Caquetá, según consta en
el índice 1 del expediente digital registrado en SAMAI.
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Demandantes: Andrés Eduardo Aragón Peña y otro
Demandado: Mauricio Ruiz Ciceri
– diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
la elección como diputado de quien ocupó el segundo renglón de la lista del Partido
Unión por la Gente (La U).3
1.2. Hechos comunes
3. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narraron, en síntesis, los
siguientes:
4. Sostuvieron que el señor Mauricio Ruiz Ciceri se inscribió y fue elegido
diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá por el Partido de la Unión por
la Gente (La U), para el periodo 2024-2027.
5. Indicaron que el demandado es hermano de Luis Antonio Ruiz Ciceri, quien
fue alcalde de Florencia durante el periodo 2020-2023, por lo cual ejerció autoridad
civil, política, administrativa y de policía durante los doce meses anteriores a la
elección, lo que pone de manifiesto que Mauricio Ruiz Ciceri se encontraba
inhabilitado para ser elegido diputado.
6. Manifestaron que Mauricio Ruiz Ciceri fue elegido diputado con 3055 votos,
de los cuales, obtuvo 21504, en Florencia y, el resto, 905 sufragios, en los demás
municipios del departamento, lo que significa que solo en la capital alcanzó el 72%
de la votación, en una clara desventaja para los demás participantes de la contienda
electoral.
7. Afirmaron que Luis Antonio Ruiz Ciceri, directamente5, o a través de
secretarios de la alcaldía, dio la orden a todos los empleados vinculados en
propiedad, provisionalidad y contratistas que votaran por Jovany Vásquez a la
Alcaldía de Florencia, y por su hermano a la asamblea departamental, para los
comicios del 29 de octubre de 2023, por lo que es claro que hubo presión al personal
que labora en la administración municipal.
8. Narraron que hubo publicidad de la campaña del demandado en las
Secretarías de Obras Públicas; Cultura, Arte y Recreación; Planeación, y Tránsito
de Florencia, así como también en la sede del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
9. Resaltaron que el candidato Luis Alfredo Silva Neira, quien fue presidente de
la Asamblea Departamental del Caquetá, obtuvo la segunda votación en Florencia,
equivalente al 50%, lo que denota un desequilibrio en la contienda, debido a las
presiones políticas del entonces alcalde.
10. Sostuvieron que el hermano del demandado expidió el Decreto 803 del 28 de
octubre de 2023, por el cual modificó el toque de queda en toda la jurisdicción del
municipio de Florencia, desde las 23 horas del 28 de octubre hasta las «5» horas
del 29 siguiente, hecho que incidió en el resultado de las elecciones, pues el alcalde,
3 Según el formulario E-26, quien obtuvo la segunda votación fue el señor Luis Alfredo Silva Neira.
4 En la demanda con radicación 2023-0174 se indicó que obtuvo 2135.
5 Igualmente se mencionó que intervino la esposa del alcalde, Yineth Artunduaga, quien fungió como
gestora social.
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la gestora social, y todo el gabinete, junto con el gobernador y los secretarios de
despacho tuvieron permisos especiales para movilizarse durante la noche, mientras
que al resto de la población se le impidió ejercer su derecho a movilizarse
libremente, lo cual evidencia el poder político del señor Luis Antonio Ruiz Ciceri.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Expediente 2023-00174
11. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 40, 258, 209 y 299 de
la Constitución Política; 33 numeral 5 de la Ley 617 de 2000; 11, numerales 14 y
15, 22, 137, 139 y 275 numeral 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA); 5 del artículo 179 de la Constitución
Política; 2 de la Ley 909 de 2004, numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
y el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
12. Para el efecto, adujo que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad
por parentesco en segundo grado de consanguinidad con un funcionario que ejerció
autoridad administrativa, civil, política y policial en el respectivo «departamento»,
durante los doce meses anteriores a la elección, toda vez que Mauricio Ruiz Ciceri
manifestó en los actos de campaña que era hermano del alcalde de Florencia y que
gracias a su gestión se realizaron varias obras públicas, se generó empleo y
«ayudas» a muchos de los electores.
13. Debido al ejercicio de autoridad administrativa, civil y política del hermano del
demandado, se desequilibró la contienda electoral y el ejercicio democrático,
especialmente, de los candidatos del Partido de la Unión por la Gente (La U) a la
asamblea departamental.
14. Añadió que con la elección acusada se trasgredieron los principios de
moralidad e igualdad, en consideración a que el poder que ejerció Luis Antonio Ruiz
Ciceri influyó ostensiblemente en los resultados de las elecciones para la asamblea
departamental.
Expediente 2023-00170
15. El demandante alegó el quebranto de los artículos 103 de la Constitución
Política; 139 y 275 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011 y 95, numeral 4 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 37, numeral 4 de la Ley 617 de 2000.
16. Al respecto, expresó que el hermano del demandado, en la condición de
alcalde de Florencia para el periodo 2020-2023, ejerció autoridad administrativa,
civil y política, de acuerdo con lo señalado en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994,
porque celebró contratos o convenios, ordenó el gasto con cargo al erario municipal;
confirió comisiones, licencias no remuneradas, decretó vacaciones, entre otras
funciones decisorias y de dirección. En otros términos, el alcalde, por el solo hecho
de ostentar la investidura, ejerce autoridad.
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Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
1.4 Contestaciones de las demandas6
1.4.1. Demandado
17. A través de apoderado, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:
18. Mencionó que fue elegido diputado del Caquetá con 3082 votos, de acuerdo
con los resultados consignados en el formulario E-26 ALC, y no con 3055 sufragios,
como se señaló en las demandas.
19. Adujo que no se configuran los factores subjetivo y objetivo de la inhabilidad,
por cuanto existe una incongruencia entre la causal de nulidad alegada por la parte
actora y los hechos de la demanda, pues se plantearon las inhabilidades para ser
congresista y alcalde, las cuales no son aplicables a los diputados. Por esa razón,
al juez de lo contencioso administrativo no le compete enmendar el juicio de validez
propuesto en el libelo.
20. Anotó que el artículo 179, numeral 5 de la Constitución Política contempla
como inhabilidad para ser congresista la referente a tener vínculos por matrimonio
o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero
de afinidad o único civil con funcionarios que ejerzan autoridad policía.
21. Esgrimió que, por otro lado, se alegó la estructuración de la inhabilidad
consagrada en el artículo 37 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, que aplica para ser
alcalde, y, a pesar de ello en la demanda se hace extensiva a los diputados y
concejales.
22. En su criterio, lo anterior pone de presente que la parte actora citó como
normas violadas las que regulan las causales de inhabilidad para ser congresista y
alcalde, pero en ninguna parte de la demanda invocó las que se aplican para
quienes aspiren a ser diputados, razón por la cual se deben negar las pretensiones,
en tanto no se cumple con el factor objetivo.
23. Consideró que en este asunto no es posible aplicar el principio iura novit
curia, pues este solo procede en los juicios de responsabilidad del Estado y no frente
a la legalidad de actos administrativos o de elección, toda vez que se presumen
legales y revestidos del principio de seguridad jurídica. Además, recordó el carácter
rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por ello, la declaración
de nulidad debe estar precedida de un juicio técnico de legalidad y validez
debidamente formulado en la demanda.
24. Manifestó que, en todo caso, no se cumple el factor objetivo de la inhabilidad,
por cuanto la causal invocada se refiere a tener vínculo de parentesco con un
funcionario que haya ejercido autoridad administrativa, civil, política o militar en el
respectivo departamento. No obstante, conforme al artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 el alcalde no ejerce autoridad en el departamento, sino únicamente en la
6 El Consejo Nacional Electoral no fue vinculado a los procesos.
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circunscripción territorial municipal.
25. Indicó que, según el concepto 118851 del 23 de marzo de 2023, proferido por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se analizó un caso
de similares supuestos fácticos al de la demanda, no existe inhabilidad para ser
diputado por parentesco con un funcionario que ejerce autoridad en el municipio,
pues esta no es extensible al departamento, razón por la cual no se cumple el factor
espacial o territorial.
26. Mencionó que tampoco se cumple el elemento subjetivo, ya que la inscripción
como candidato a la asamblea departamental se basó en solicitudes de conceptos,
aunque sin respuestas, y «en múltiples interrogantes que se realizaron a distintos
profesionales del derecho en el territorio», por manera que su aspiración no fue
producto de negligencia, imprudencia o culpa en alguna de sus modalidades.
27. Acotó que pidió concepto sobre la inhabilidad para inscribirse a la asamblea
a las siguientes autoridades:
28. Añadió que en la demanda con radicación 2024-00174 se planteó como
causal de inhabilidad la prevista en una norma derogada, si se tiene en cuenta que
el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 fue derogada por la Ley 2200 de
2022, «por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los departamentos».
29. Acotó que el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 cambió el grado de
consanguinidad de segundo a tercero y, adicionalmente, y agrega un párrafo en ese
postulado, por lo que es diferente a la regulación anterior.
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
30. A través de apoderado, el organismo intervino en el sentido de señalar que
resulta materialmente imposible pronunciarse sobre las pretensiones de la
demanda, por tratarse de una causal de nulidad electoral de carácter subjetiva,
razón por la cual propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia
31. Mediante autos del 23 de noviembre de 20237 y 22 de marzo de 20248, el
Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y, en este último, negó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de
Mauricio Ruiz Ciceri. El fundamento de la decisión radicó en que las pruebas
documentales aportadas, por sí solas, no demostraron la vulneración de las normas
superiores en las que debía fundarse la decisión demandada.
32. A través de auto del 19 de junio de 20249 se encontró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la RNEC.
33. El 25 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata
el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, en la que se saneó el proceso, se decretaron
pruebas10 y se fijó el litigio en los siguientes términos11:
El litigio en el presente asunto se centra en establecer si debe anularse el acto de
elección del señor Mauricio Ruiz Ciceri como Diputado de la Asamblea
Departamental del Caquetá para el periodo 2024-2027, contenido en el acta de
escrutinio formulario E26 ASA del 04 de noviembre de 2023, por presuntamente
incurrir en las causales de inhabilidad del numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617
de 2000. Y en consecuencia ordenar la cancelación de la credencial del señor Ruiz
Ciceri como diputado para el periodo 2024-2027.
En caso de ser afirmativa la respuesta, se deberá establecer si hay lugar a designar
al señor Luis Alfredo Silva Neira, Diputado electo del Departamento del Caquetá
para el periodo constitucional 2024-2027, en reemplazo del señor Ruiz Ciceri.
Lo anterior, conforme al libelo demandatorio.
34. El 2 de octubre de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
practicó el interrogatorio del demandado12 y se tuvo por desistido el testimonio de
Carlos Gil.
1.6. Sentencia de primera instancia
35. A través de sentencia del 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Caquetá negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la decisión
expuso, en resumen, lo siguiente:
36. Luego de citar el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que
consagra la inhabilidad para ser diputado por parentesco con funcionario que haya
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar, dentro de los doce meses
7 Expediente 2023-00170-00, índice 5 del expediente digital de primera instancia registrado en
SAMAI.
8 Expediente 2023-00174.
9 Índice 66.
10 Se decretaron las documentales aportadas con la demanda y la contestación. Asimismo, se
decretó el testimonio de Carlos Gil, pedido por la parte actora, y el interrogatorio de Mauricio Ruiz
Ciceri.
11 Índice 33.
12 Índice 102.
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– diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
anteriores a la elección, sostuvo que esa disposición fue derogada por el artículo
154 de la Ley 2200 de 2022, normativa que entró en vigor el 8 de febrero de ese
año, razón por la cual al momento de la presentación de la demanda ya se
encontraba excluida del ordenamiento jurídico.
37. Afirmó que, en esa medida, no era posible realizar un juicio de valor de
confrontación de la norma y la causal de nulidad invocada.
38. Posteriormente, se refirió a la causal de inhabilidad consagrada en el numeral
5 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 37 de la Ley 617
de 2000, para señalar que esta disposición también fue derogada por el artículo 154
de la Ley 2200 de 2022.
39. No obstante lo anterior, indicó que no podía emitir pronunciamiento acerca
de la causal de inhabilidad invocada, en razón a que la norma en comento prevé las
inhabilidades para quien aspire a ser alcalde, luego no tienen relación alguna con
los candidatos a las asambleas departamentales.
40. Advirtió que las causales de nulidad electoral son taxativas y no permiten una
interpretación subjetiva.
41. Adujo que, frente a la causal de nulidad prevista en el artículo 275.5 del
CPACA, la parte actora no señaló en qué causal de inhabilidad incurrió el diputado
electo, situación que impedía el estudio de oficio, aunado a que no especificó si se
configuró una incompatibilidad o inhabilidad, lo que imposibilitaba al demandado
ejercer su derecho de defensa sobre la totalidad de las inhabilidades e
incompatibilidades.
42. Sostuvo que, si en gracia de discusión se realizara un estudio oficioso de la
inhabilidad consagrada en el artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, tampoco la
encontró configurada, en consideración a que comprende al departamento y las
entidades descentralizadas que hacen parte de este, por lo que es claro que el
municipio de Florencia no está dentro de esa estructura.
43. Indicó que la redacción de la norma es similar a la del artículo 6 de la Ley
1871 de 2020 que señalaba:
ARTÍCULO 6°. De las inhabilidades de los diputados. Las inhabilidades de los
miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de la Constitución Política modificado
por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen
y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición
de servidor público.
PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este
artículo se refiere a departamento como entidad pública y sus institutos y entidades
descentralizadas, no al aspecto territorio.”
44. Afirmó que esa disposición fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-396 de 2021, en la cual precisó que no le
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corresponde al legislador modificar las definiciones que la Constitución Política ha
determinado lo que debe entenderse por departamento, así como tampoco puede
modificar el régimen de inhabilidades de los diputados, el cual no puede ser inferior
al de los congresistas.
45. Sostuvo que la norma fue inaplicada por el Consejo de Estado 13, pero se
advirtió que esa consecuencia regiría para elecciones futuras, las cuales no
ocurrieron, pues aquella fue retirada del ordenamiento jurídico el 18 de noviembre
de 2021.
46. Reiteró que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades es de
interpretación restrictiva, por lo que, comoquiera que la parte actora no precisó la
inhabilidad o incompatibilidad en la cual está incurso el demandado, no podía hacer
un estudio oficioso de las normas jurídicas que se consideran quebrantadas, dado
que se vulneraría el derecho de defensa del demandado.
1.8. El recurso de apelación
47. El demandante del proceso con radicación 2023-00170 interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:
48. Acotó que, contrario a lo señalado por el tribunal, en las demandas se indicó
como norma violada el artículo 33.5 de la Ley 617 de 2000, que hace referencia a
las inhabilidades de diputados, específicamente, la relacionada con el vínculo de
parentesco con funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la elección
haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
departamento.
49. Sostuvo que, en este caso está, probado con los registros civiles de
nacimiento el segundo grado de parentesco entre Mauricio Ruiz Ciceri con el
entonces alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Ciceri, emitidos por la Notaría
Única del Círculo de Belén de los Andaquíes (Caquetá), el 15 de noviembre de
2023.
50. Asimismo, se acreditó que el demandado fue electo diputado del Caquetá y
que Luis Antonio Ruiz Ciceri ostentó la calidad de alcalde de Florencia para el
periodo constitucional 2020-2023.
51. Consideró errada la argumentación del tribunal en el sentido de que limitó la
inhabilidad endilgada por parentesco respecto de los servidores públicos del orden
departamental y omitió los del municipal, sin revisar la exposición de motivos de la
norma.
52. Adujo que del espíritu de la Ley 617 de 2000 se infiere que la regulación «en
el respectivo departamento» incluye a todos los servidores públicos de ese territorio,
13 Citó la sentencia del 9 de septiembre de 2021, rad. 54001-23-33-000-2020-00606-01, MP Nubia
Margoth Peña Garzón.
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esto es, a todos los municipios, y no solo a los de la gobernación.
53. Reiteró que el hermano del demandado se valió de su condición de alcalde
para influir en la voluntad de los electores, hasta el punto de que el diputado obtuvo
un porcentaje de votación del 70%.
54. Advirtió que, si el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no es la norma aplicable,
sino el artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, lo cierto es que se debió hacer el
análisis de esta disposición por ser de orden público y de aplicación inmediata.
55. Subrayó que se debe inaplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, «porque esa disposición reduce los elementos necesarios para que se
configure la inhabilidad bajo estudio, a que el ejercicio de autoridad se haga solo en
las entidades públicas, institutos y entidades descentralizadas del departamento,
amén de que el artículo 299 de la Constitución Política establece que el régimen de
los diputados no podrá ser menos estricto que el de los congresistas, y también en
atención a que el numeral 5º. del artículo 179 hace referencia al territorio como
circunscripción territorial y no simplemente como entidad pública».
56. Refirió que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de
julio de 2023, inaplicó por inconstitucional el artículo 6 de la Ley 1871 de 2017,
modificado por la Ley 2200 de 2022, cuyo contenido es igual a la del artículo 49 de
esta última, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-396 de 2021, en cuanto a que la expresión «en el respectivo
departamento» debe entenderse como circunscripción territorial.
57. Por lo tanto, consideró que, comoquiera que el municipio de Florencia forma
parte del departamento del Caquetá, es aplicable la inhabilidad que se endilgó al
demandado, por cuanto su hermano fue alcalde de ese municipio dentro de los doce
meses anteriores a la elección.
58. Sostuvo que es equivocada la interpretación del tribunal en el sentido de que
por no haber citado adecuadamente la norma que regula la inhabilidad, se viola el
derecho de defensa del demandado, por cuanto en la demanda se indicaron en
forma clara los hechos que generaron la inhabilidad, frente a los cuales contó con
la oportunidad de pronunciarse.
59. Añadió que, en virtud del principio iura novit curia, se debe resolver la
controversia planteada con fundamento en la ley que sea aplicable, con el fin de
que se garantice el acceso a la administración de justicia.
60. Citó la sentencia del 18 de julio de 2024, exp. 05001-23-33-000-2024-00039-
01, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, para señalar que en esta
se indicó que el artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, que de manera similar trae el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, «no podría ser aplicado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 299 constitucional, ya que el régimen
de los diputados no puede ser menos gravoso que el de los congresistas. Por tanto,
debe entenderse que, por departamento, debe comprender todo el territorio, junto a
los municipios que lo componen».
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Demandantes: Andrés Eduardo Aragón Peña y otro
Demandado: Mauricio Ruiz Ciceri
– diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
61. Por consiguiente, señaló que se debe revocar la sentencia apelada, por
cuanto está demostrado que el hermano del demandado ejerció autoridad
administrativa en Florencia, dentro de los doce meses anteriores a la elección, el
cual está ubicado territorialmente en el departamento del Caquetá, de manera que
se estructura la inhabilidad alegada.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
62. Mediante auto del 3 de marzo de 2025, el magistrado ponente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación; (ii) ordenó a la
Secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el término de 3 días;
(iii) dispuso que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera el expediente en
Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos de conclusión
y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público con el fin de que
rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.10. Oposición al recurso de apelación
63. El demandado se opuso a la prosperidad14 del medio de impugnación
ejercido, para cuyo efecto adujo similares planteamientos a los de la contestación
de la demanda.
1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia
64. Se pone de presente que durante el término para presentar alegaciones
finales no se hizo manifestación alguna por las partes, como lo indica el informe
secretarial del 26 de marzo de 202515. Sin embargo, en forma extemporánea,
mediante escrito radicado el 8 de mayo de 202516, el demandado allegó un
memorial para ese fin, razón por la cual su contenido no será tenido en cuenta para
dictar sentencia.
1.11. Concepto del Ministerio Público
65. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público se pronunció en el sentido de solicitar que se revoque la sentencia
de primera instancia, para lo cual adujo que si bien el artículo 33 de la Ley 617 de
2000, invocado en la demanda, fue derogado por la Ley 2200 de 2022, lo cierto es
que tienen idéntica redacción, por lo que el enfoque del tribunal para decidir el
asunto desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre aspectos formales, previstos en el
artículo 228 de la Constitución Política, y en las atribuciones que otorga la ley
procesal al juez para interpretar la demanda, bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una acción pública.
14 El memorial de oposición se puede visualizar en el índice 128 del expediente digital de primera
instancia registrado en SAMAI.
15 Índice 14.
16 Índice 15.
10
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66. Se refirió a todos los elementos que configuran la inhabilidad, para concluir
que Luis Antonio Ruiz Ciceri ejerció autoridad administrativa en Florencia, municipio
que pertenece al departamento del Caquetá, como criterio geográfico y no como
ente orgánico, durante los doce meses anteriores a la elección demandada.
67. Añadió que el cargo de alcalde comporta el ejercicio de autoridad
administrativa, con fundamento en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, según el
cual, esa facultad la ejerce el mandatario, pues se trata de un cargo del máximo
nivel decisorio de la respectiva entidad territorial.
68. En cuanto al elemento territorial, indicó que, según el parágrafo del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022, la noción de departamento está relacionada como
entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, lo cual descartaría la
inhabilidad cuando se presenta en alguno de los municipios del departamento.
69. Anotó que, no obstante, la Sección Quinta ha inaplicado el parágrafo que se
menciona, por considerarlo contrario al artículo 299 de la Constitución Política,
norma que establece que el régimen de los diputados no puede ser menos riguroso
que el de los congresistas, previsto en el artículo 179 ibidem17.
70. Precisó que, sobre el mismo aspecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-396 de 2021, declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de
2017, que tenía el mismo contenido del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, en razón a que era contrario al artículo 299 de la Constitución Política.
71. Expresó que el demandado conoció ab initio la situación fáctica y los
elementos estructuradores de la inhabilidad, independientemente de que no se haya
relacionado la normativa pertinente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
72. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
20 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de
conformidad con lo establecido en los artículos 15018 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19, en
17 Citó la sentencia del 8 de julio de 2021, rad. 85001-23-33-000-2020- 00007-02, MP Rocío Araújo
Oñate. Tesis reiterada en sentencia del 18 de julio de 2024, rad. 05001- 23-33-000-2024-00039-01,
MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
18 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
19 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
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concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 202420.
2.2. Problema jurídico
73. Corresponde a esta Sección resolver si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar la sentencia proferida del 20 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.
74. Para el efecto, se deberá establecer si el juez de primera instancia estaba
relevado del análisis de la causal de inhabilidad que se invocó en la demanda, por
estar sustentada en una disposición derogada, y en caso contrario, si en este asunto
el demandado se encontraba inhabilitado para ser diputado por el vínculo de
parentesco con funcionario que ejerció autoridad administrativa y política en el
departamento, durante los doce meses anteriores a la elección.
2.3. Generalidades de las inhabilidades
75. Según lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta21, los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido y de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos, previstos en el artículo 40 de la Constitución Política, no tienen el
carácter de absolutos, de manera que la propia norma constitucional y la ley prevén
unas restricciones al ejercicio de tales prerrogativas, con el fin de garantizar el
interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, como ocurre
tratándose de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
76. La Corte Constitucional ha justificado la institución del régimen de inhabilidades
porque busca «impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos
que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de
los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;
20 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley.
Igualmente, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas.
21
Sobre el particular ver entre otros: auto de 4 de mayo de 2017 Rad. 11001-03-28-000-2017-00011-
00, MP Rocío Araujo Oñate, auto de 30 de junio de 2016, rad. 85001-23-33-000-2016-00063-01,
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 25 de abril de 2016 rad 11001-03-28-000-2015-00005-
00 MP Carlos Enrique Moreno Rubio; auto de 4 de febrero de 2016, rad. 1001-03-28-000-2015-
00048-00 MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 21 de abril de 2016, rad. 11001-03-28-
000-2016-00023-00 MP Rocío Araújo Oñate.
12
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la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo
público»22.
77. En similar sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha entendido respecto de las restricciones a los derechos políticos que
«el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio
indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración,
del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda,
razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos
en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función
pública o el ejercicio de esta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas
cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores»23.
78. Por ello, cada cargo de elección popular tiene previsto un régimen de
inhabilidades con un listado de las actuaciones que no pueden realizarse durante
un plazo determinado, anterior a la inscripción o elección, según el caso, so pena
de impedir la aspiración política.
2.4. Causal de inhabilidad para ser diputado por parentesco con funcionario
que ejerce autoridad civil o administrativa en el departamento
79. Tratándose de los diputados, el régimen de inhabilidades para ser diputado está
regulado en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que establece la siguiente causal:
ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; (…).
80. De esa disposición, se pueden extraer los siguientes elementos para estructurar
la causal24:
a) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente, o parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un funcionario.
b) Objetivo: el familiar debe ser un funcionario que haya ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar.
c) Temporal: la autoridad se verifica dentro de los doce meses anteriores a la
elección.
22 Sentencia C-064 de 2003
23 Sentencia de 21 de abril de 2009, rad. 2007-0058. Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencias de 3 de octubre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2023-01255-01, MP. Gloria
María Gómez Montoya y 31 de octubre de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2024-00021-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
24 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias:
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d) Espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo departamento.
81. Asimismo, se requiere la demostración de todos los elementos en forma
concurrente y su interpretación debe hacerse atendiendo al carácter restrictivo y
taxativo del régimen de inhabilidades en tanto constituye una limitación al derecho
fundamental a ser elegido.
82. En particular, frente al elemento espacial o factor territorial, el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 introdujo un ingrediente común a las causales
relacionadas en la norma, según el cual «se refieren al departamento como entidad
pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo
territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial».
83. Por lo tanto, según esa disposición, la autoridad debe ejercerse en una entidad
del orden departamental, lo cual descartaría la inhabilidad cuando esto ocurre en
alguno de los municipios del respectivo departamento.
84. Sin embargo, esta Sección25 ha inaplicado el aludido parágrafo, por
considerarlo contrario a lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Política,
según el cual el régimen de los diputados no puede ser menos riguroso que el de
los congresistas, previsto en el artículo 179 ibidem. En tal sentido, se ha precisado
lo siguiente:
118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha
disposición implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública y
sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que
para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en
el artículo 33 de la Ley 617 el (sic) 2000, sería necesario entender que el aspecto
espacial se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad
administrativa-.
119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo 299
constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado
para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior, por cuanto para efectos de
los Congresistas, específicamente, los Representantes a la Cámara cuya elección se
realiza en la misma circunscripción territorial de los diputados, la configuración de la
inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente se aplicaría respecto de situaciones
que se presenten en la correspondiente “circunscripción”, lo que incluye toda la
extensión del territorio departamental y de forma inescindible en los municipios que
lo componen; mientras que para los diputados, la expresión “departamento” se
asimilaría únicamente a la organización administrativa y no a su geografía, haciendo
entonces más flexible el régimen de estos últimos.
85. Sobre el mismo aspecto, se ha advertido que la Corte Constitucional, en
sentencia C-396 de 2021, declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley
1871 de 2017, que exponía el mismo contenido del parágrafo del artículo 49 de la
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de julio de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2020-
00007-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Tesis reiterada en sentencia de 18 de julio de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2024-00039-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Ley 2200 de 2022, precisamente por ser contrario al referido artículo 299 superior.
86. Se reitera que todas aquellas funciones que de acuerdo con la estructura
orgánica de la administración confieran al respectivo cargo autonomía en la
adopción de decisiones y potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa.
87. En consecuencia, aunque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
no ha sufrido derogatorias, es claro que este precepto reprodujo el contenido
material de otro declarado inexequible, en contra de la prohibición que trae en ese
sentido el artículo 243 de la Constitución Política.
88. Por ello, la verificación de la inhabilidad para ser diputado por ejercicio de
autoridad bien sea directo o por un familiar, debe considerar los pronunciamientos
jurisprudenciales en torno a la inconformidad de dicho parágrafo con el
ordenamiento superior.
2.5. Caso concreto
89. En este asunto, el recurrente considera que en la demanda se planteó como
causal de inhabilidad la prevista en el artículo 33, numeral 5 de la Ley 617 de 2000
y, a pesar de que fue derogada por la Ley 2200 de 2022, lo cierto es que esta
disposición tiene idéntica redacción a la anterior, por lo que se debía hacer una
interpretación integral de los supuestos fácticos en cuanto a que se alegó la
vulneración del régimen de inhabilidades previsto para los diputados, consagrado
en el artículo 49 de la última legislación.
90. Al respecto, se tiene que el Tribunal Administrativo del Caquetá sustentó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda en el hecho de que la parte actora
señaló como disposición trasgredida el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, norma
derogada por el artículo 154 de la Ley 2200 de 2022, por lo que aquella fue retirada
del ordenamiento jurídico y, en esa medida, no era posible realizar el estudio
oficioso de la inhabilidad, debido al carácter rogado de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la presunción de legalidad del acto de elección y en
garantía del derecho de defensa del demandado.
91. Lo primero que se debe advertir es que las disposiciones en comento son
idénticas en su redacción26, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:
26 Al respecto, se puede consultar la sentencia del 12 de diciembre de 2024, exp. 81001-23-39-000-
2023-00084-01, MP Omar Joaquín Barreto Suárez.
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92. Por lo tanto, tal como lo sostuvo el recurrente, el problema jurídico debió
resolverse con base en la normativa vigente que consagra el régimen de
inhabilidades de diputados, esto es, el artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, pues
es claro que en la demanda se expusieron con suficiencia los supuestos fácticos y
los argumentos por los cuales se considera que el demandado incurrió en la
inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce autoridad administrativa en el
departamento, durante los doce meses anteriores a la elección.
93. Para el efecto, se indicó que el señor Luis Antonio Ruiz Ciceri es hermano del
demandado, como lo acreditan los registros civiles de nacimiento aportados con la
demanda, emitidos por la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes, el
15 de noviembre de 2023, y que fungió como alcalde de Florencia27, en el periodo
2020-2023.
94. En ese sentido, no le era dable al tribunal, so pretexto de la derogatoria del
artículo 33 de la Ley 617 de 2000, abstenerse de efectuar el estudio de la inhabilidad
atribuida al demandado, toda vez que, en aplicación del derecho de acceso a la
administración de justicia y del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, debía interpretar la demanda a partir de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, y emprender el juicio de legalidad del acto de elección acusado
con base en la normativa vigente.
95. En esa misma perspectiva, la Corte Constitucional ha explicado que «defectos
tales como la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es
fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente,
pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad»28.
96. En cuanto a la congruencia, el artículo 281 del Código General del Proceso
ordena que la sentencia esté «en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley».
97. Por consiguiente, la decisión recurrida debió proferirse en consonancia con la
situación fáctica puesta de presente en la demanda, máxime teniendo en cuenta el
carácter público del medio de control de nulidad electoral, que puede ser ejercido
por cualquier persona, y cuyo objetivo es la defensa de la legalidad en abstracto del
acto de elección que se pretende controvertir.
27 Según el formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2019, aportado con la demanda.
28 Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.
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98. De conformidad con lo señalado, se procederá a analizar los elementos de la
inhabilidad.
99. Sobre el factor territorial, la Sección Quinta ha señalado que el que el parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 flexibiliza el régimen de inhabilidades de los
diputados, respecto al de los congresistas, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución Política.
100. Ello es así porque configura el elemento territorial de las causales, en
particular, aquella por vínculo o parentesco con un funcionario que ejerce autoridad,
únicamente cuando el familiar ocupa un cargo en la administración departamental
o alguna de sus entidades adscritas o vinculadas, mientras que, para los
congresistas, específicamente los representantes a la Cámara, se estructura
también cuando el respectivo cargo pertenece a alguno de los municipios del
departamento.
101. Esta postura fue determinante para decidir recientemente un asunto similar
al que se resuelve en esta oportunidad, con el siguiente razonamiento:
[A]unque el recurrente afirme y sostenga que esa norma está vigente, lo cierto es
que su parámetro de interpretación, de conformidad con la Constitución Política,
ya está definido e hizo tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo expuesto en
esta providencia.
En este sentido, debe entenderse que [el] departamento de Antioquia es la
totalidad del territorio que lo compone, dentro del cual se encuentra el municipio
de Rionegro, donde según se afirma en la demanda, el pariente del señor […]
ejerció autoridad29.
102. En ese contexto, se evidencia que la situación descrita acontece en este
asunto, pues no está en discusión que el señor Luis Antonio Ruiz Ciceri fue alcalde
de Florencia, municipio comprendido en el departamento del Caquetá, por manera
que la autoridad que se atribuye fue ejercida «en el respectivo departamento», como
lo exige el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
103. Ahora bien, en cuanto al elemento objetivo de la inhabilidad, referente al
ejercicio de autoridad administrativa, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha
señalado que se trata de aquellos poderes decisorios de mando o imposición de
sanciones que ostentan quienes se encuentran en cargos de administración
nacional, departamental, municipal o de los órganos electorales y de control con
capacidad para «hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando
y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo
sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios,
castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, es la autoridad
administrativa»30.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de julio de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2020-
00007-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Tesis reiterada en sentencia de 18 de julio de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2024-00039-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
30 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
junio de 1998, exp. AC-5779.
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104. En relación con los elementos de la autoridad administrativa, desde el año
200531, en tesis que más adelante se reiteró en la sentencia del 23 de septiembre
de 201332, la sala ha precisado que para establecer «si el ejercicio de determinado
cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien
a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible
entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad.
Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis
que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto».
105. Se reitera que todas aquellas funciones que de acuerdo con la estructura
orgánica de la administración confieran al respectivo cargo autonomía en la
adopción de decisiones y potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa.
106. En este caso, no hay duda de que el cargo de alcalde implica el ejercicio de
autoridad política y administrativa, según los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de
199433, en tanto se trata al empleo del máximo nivel decisorio del municipio, el cual
fue ejercido por Luis Antonio Ruiz Ciceri, hermano del demandado, durante el año
anterior a la elección.
107. Por lo tanto, se configuran todos los presupuestos de la causal de
inelegibilidad para ser diputado por parentesco con funcionario que ejerció
autoridad, consagrada en el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, razón
por la cual se revocará la sentencia apelada, y, en su lugar, se declarará la nulidad
del acto de elección de Mauricio Ruiz Ciceri como diputado del Caquetá, para el
periodo constitucional 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
31 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
septiembre de 2005, rad. 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657), MP Darío Quiñones Pinilla.
32 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 23 de
septiembre de 2013, rad. 41001-23-31-000-2012-00048-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
33 ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del
mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros
del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política (…).
ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores
de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios;
ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas,
decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al
personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes
legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
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Demandantes: Andrés Eduardo Aragón Peña y otro
Demandado: Mauricio Ruiz Ciceri
– diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá
Rad. 18001-23-33-000-2023-00170-01 (acum)
III. FALLA:
PRIMERO: Revócase la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda, y,
en su lugar, declárase la nulidad del acto de elección de Mauricio Ruiz Ciceri como
diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá, para el periodo 2024-2027,
por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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