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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00021-02

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2024-00021-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2024-00021-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

31 de octubre de 2024

Demandante: Luis Francisco Riaño Salamanca
Demandado: Delmar Leonardo Roa Patiño
Radicado: 15001-23-33-000-2024-00021-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 15001-23-33-000-2024-00021-02
Demandante: LUIS FRANCISCO RIAÑO SALAMANCA
Demandado: DELMAR LEONARDO ROA PATIÑO - DIPUTADO DE LA
ASAMBLEA DE BOYACÁ – 2024 - 2027

Temas: Inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa prevista
en el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

El señor Luis Francisco Riaño Salamanca, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el acto
contenido en el formulario E-26 ASA del 7 de noviembre de 2023, por medio del
cual se declaró la elección del señor Delmar Leonardo Roa Patiño como diputado
de Boyacá, para el período 2024 – 2027.

1.2 Hechos

El accionante refirió que el demandado fue candidato a la Asamblea Departamental
de Boyacá para las elecciones de 29 de octubre de 2023, y resultó elegido como
diputado de esa corporación para el periodo 2024-2027, por los partidos
Conservador Colombiano y ASI.

1 Anotación 3 del expediente de primera instancia visible en la sede electrónica para la gestión

judicial, Samai. La demanda fue reformada para presentar una nueva redacción de dos hechos y
requerir nuevas pruebas (anotación 047).

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Demandante: Luis Francisco Riaño Salamanca
Demandado: Delmar Leonardo Roa Patiño
Radicado: 15001-23-33-000-2024-00021-02

Indicó que entre el señor Delmar Leonardo Roa Patiño y la señora Leonor López
Salazar existe un vínculo de matrimonio o unión permanente, desde antes de que
aquel inscribiera su candidatura para las mencionadas elecciones. Además,
comentó que, fruto de esa unión, nació Andrés Leonardo Roa López.

Explicó que la señora Leonor López Salazar se encuentra vinculada a la Asamblea
Departamental de Boyacá desde el 18 de enero de 1995, y a partir de diciembre de
2020, a la fecha, ostenta el cargo de líder de programa, nivel profesional, código
206, grado 7 de la dirección de Recursos Humanos de la planta temporal de la citada
corporación, «que por sus funciones le da autoridad administrativa».

Destacó que, conforme a la Resolución 509 de 20202, el propósito del empleo
implica, entre otros, el desarrollo de competencias del área de control interno de la
Asamblea de Boyacá, es decir, el ejercicio de autoridad administrativa.

Agregó que la señora Leonor López Salazar ejerció de autoridad administrativa
durante los 12 meses anteriores a la fecha de las elecciones, de allí que el candidato
demandado se encontrara inhabilitado para inscribirse y ser elegido diputado de la
Asamblea Departamental de Boyacá, de conformidad con el numeral 6 del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022.

1.3 Concepto de la violación

El demandante consideró que el accionado, en su condición de diputado del
departamento de Boyacá, está incurso en la causal de inhabilidad por parentesco
prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, toda vez que la
señora Leonor López Salazar, cónyuge del señor Delmar Leonardo Roa Patiño,
ejerció autoridad administrativa en esa entidad territorial.

Luego de mencionar los parámetros fijados por la norma para que se configure la
inhabilidad, refirió que, en el caso concreto, se encuentra demostrado que: (i) entre
el demandado y la señora Leonor López Salazar existe un vínculo de matrimonio
que estaba vigente para la fecha de las elecciones y doce (12) meses antes de
estas; y (ii) la Resolución 509 de 2020 facultó a la cónyuge del demandado para
ejercer por delegación las funciones y competencias del área de control interno, por
consiguiente, en los términos del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, ejercía
autoridad administrativa.

Expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que el elemento
referente a la autoridad debe interpretarse de manera objetiva, esto es, que no
requiere de verificación efectiva de que el servidor haya hecho uso de las

2 «Por el cual se establece el manual de funciones, competencias y requisitos de la planta de empleos

de carácter temporal de la Asamblea Departamental de Boyacá».

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Demandante: Luis Francisco Riaño Salamanca
Demandado: Delmar Leonardo Roa Patiño
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atribuciones otorgadas, sino que tenga la virtualidad o potencialidad de
desarrollarlas.

En consecuencia, aseveró que la señora Leonor López Salazar ejerció autoridad
administrativa en la Asamblea Departamental de Boyacá, corporación para la cual
fue elegido el demandado como diputado.

Por último, solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

1.4 Contestación de la demanda

1.4.1 Demandado

Por conducto de apoderado judicial, el señor Delmar Leonardo Roa Patiño contestó
la demanda en los siguientes términos:

Señaló que el accionante no probó, por una parte, el vínculo matrimonial o la unión
marital alegada entre la señora Leonor López Salazar y el demandado y, por otra,
el elemento objetivo, por cuanto no acreditó el ejercicio de la autoridad
administrativa que se le atribuye a la mencionada funcionaria de la Asamblea
Departamental de Boyacá.

Aclaró que el Consejo de Estado3 ha considerado que el ejercicio de la autoridad
administrativa debe analizarse desde una perspectiva orgánica y una funcional. En
cuanto a la primera, estimó que solo se trata de los cargos de nivel directivo,
mientras que la segunda concierne a la ejecución de funciones de dirección que se
concretan en la capacidad de mando propia de estas autoridades, que se
caracteriza por su autonomía decisoria.

Bajo tales lineamientos, resaltó que la señora Leonor López Salazar ha
desempeñado cargos de naturaleza técnica y profesional, lo que es incompatible
con el ejercicio de la autoridad administrativa. Además, precisó que no obra prueba
de la existencia de funciones de control interno, dado que estas serían atribuidas
previa delegación que, en todo caso, no se materializó.

Finalmente, pidió aplicar la excepción de ilegalidad frente a la Resolución 509 de
2020, por medio de la cual la Asamblea Departamental de Boyacá adoptó un manual
de funciones de la planta de empleos temporal, entre ellos el ocupado por la señora
Leonor López Salazar, puesto que su duración no podía ser superior a doce (12)
meses y los funcionarios de carrera administrativa de la corporación fueron
nombrados en la referida planta temporal.

3«Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 8 de julio de 2021, Radicado No. 85001-23-33-

000-2020-00007-02», y «Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 12 de agosto de 2021,
Radicado No. 50001-23-33-000-2020-00012-02 y No. 50001-23-33-000-2020-00022-00».

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1.4.2 Germán Ernesto Escobar Higuera

El referido ciudadano, quien fue reconocido como tercero4, a favor del demandado,
intervino en los siguientes términos:

Aseveró que no se encuentra probado dentro del proceso: (i) el parentesco entre el
accionado y la funcionaria de la Asamblea Departamental de Boyacá, señora Leonor
López Salazar; (ii) el elemento temporal, por cuanto no es dable determinar el lapso
en el que ejerció el cargo en el que aparentemente fue autoridad administrativa; y
(iii) el elemento objetivo, toda vez que la funcionaria no ejercía ningún empleo del
cual el diputado elegido pudiese «sacar provecho».

Con fundamento en lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

1.4.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que la entidad presentó la
contestación en forma extemporánea, por lo cual, no la tuvo en cuenta.

1.4.4 Consejo Nacional Electoral

Guardó silencio dentro del término legal concedido.

1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia

Se tienen como tales las siguientes:

• Por medio de auto de 23 de febrero 2024, corregido a través de proveído de 29 de
febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y negó la
suspensión provisional de los efectos del acto de elección del señor Delmar
Leonardo Riaño Salamanca, porque consideró que no había prueba del vínculo
marital, entre él y la señora Leonor López Salazar, ni de las funciones que ella
desempeñó.

En el mismo proveído, el a quo tuvo como coadyuvante del demandante a la señora
Tatiana Catterine Salcedo Pineda, quien presentó la solicitud para ser tenida en
cuenta como tercero dentro del proceso; sin embargo, no hizo ninguna
manifestación adicional.

• El Tribunal admitió la reforma a la demanda presentada por el accionante,
mediante providencia de 11 de abril del mismo año. En dicha reforma el actor
redactó de manera distinta los hechos 5° y 14°, para precisar que entre la señora

4 Mediante auto de 11 de abril de 2024.

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Leonor López Salazar y el demandado existía un vínculo de matrimonio o unión
permanente. Además, aportó y requirió el decreto de nuevas pruebas.

• El 28 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se fijó el
litigio, así:

[Estudiar] […] la validez del acto de elección contenido en el Formulario E 26 ASA de
7 de noviembre de 2023, emanado de los Delegados del Consejo Nacional Electoral
para el escrutinio de los votos de Gobernador y de Asamblea Departamental y al
efecto se revisaría si existía el impedimento que se adujo en la demanda, es decir, el
relacionado con el hecho de que quien tenía la condición de demandado se hallaba
vinculado por matrimonio con la señora Leonor López Salazar y si la citada señora
tenía la condición de empleada pública, para el caso, de la Asamblea Departamental
de Boyacá, y si en esa condición pudo haber ejercido por alguna de las maneras que
legalmente está prevista, autoridad administrativa, bien fuera por (i) el
correspondiente manual de funciones; (ii) por encargo de funciones; o (iii) por
delegación de funciones y para el efecto iba tomar en consideración la definición que
contenía el artículo 190 de la Ley 136 de 1994; así también que la Sala iba a realizar
un estudio acerca de la validez del acto administrativo por medio del cual se estableció
la planta de empleos temporal de la Asamblea departamental de Boyacá para los
años 2022 y 20235 así como la del acto que estableció funciones, de cara al
argumento que estaba contenido en la contestación de la demanda relacionado con
la ilegalidad de esa planta de personal y de manera consecuente de la ilegalidad del
acto a través del cual se estableció el manual de requisitos y funciones del empleo
que ostentó la señora Leonor López Salazar6.

• En esa misma providencia, el Tribunal decretó y negó unas pruebas. Inconforme
con la decisión el accionante interpuso recurso de apelación, concedido ante esta
Corporación7.

• Mediante audiencia de pruebas del 21 de junio de 2024, el a quo incorporó las
pruebas documentales aportadas y concedió el término de traslado para que las
partes presentaran sus alegatos de conclusión, por escrito, y el Ministerio Público
formulara su concepto.

1.6 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de sentencia del 23 de julio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que no se prevé tarifa legal para probar el vínculo del matrimonio, por ende,
en el caso bajo estudio, con la Declaración de Bienes y Rentas y Registro de
Conflictos de Interés de la Función Pública de 31 de diciembre de 2023, suscrita por
el diputado, se demostró que entre la señora Leonor López Salazar y el señor
Delmar Leonardo Riaño Salamanca existe un vínculo de matrimonio, con lo que se

5 Resolución 509 de 2020.
6 La transcripción es literal del original, puede contener errores de ortografía y gramática.
7 Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, en auto del 21 de junio de 2024.

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cumple el elemento material contenido en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022.

Recordó que la señora Leonor López Salazar, entre 2022 y 2023, tuvo la calidad de
empleada de la Asamblea del Departamento de Boyacá, en encargo, como líder de
programa, código 206, grado 07 de la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo
con la Resolución 509 de 2020. Por lo tanto, descartó el análisis del ejercicio de
autoridad administrativa bajo un criterio orgánico, toda vez que el nivel del empleo
que desempeñó es profesional, el cual no se encuentra en la cúspide de la
Asamblea de Boyacá, y no puede equipararse al de jefe de personal.

En consecuencia, descendió al análisis del asunto bajo el criterio funcional.

Destacó que, dentro del propósito del empleo de la funcionaria, previsto en la
Resolución 509 de 2020, se expresa el de «ejercer las competencias del área de
control interno de la corporación»; no obstante, con las pruebas recaudadas en el
proceso se constató que la señora Magda Milena Pinto Torres, en virtud de los
contratos de prestación de servicios celebrados, fue quien ejerció dicha actividad en
la Asamblea de Boyacá y no la señora Leonor López Salazar.

Precisó que el ejercicio de la autoridad administrativa prevé la posibilidad de asumir
decisiones que estén contenidas en actos administrativos, lo cual no se evidenció
en el proceso de la referencia.

En cuanto a la función del numeral 15 del manual de funciones del cargo ocupado
por la señora Leonor López Salazar, concerniente a ejercer por delegación las
funciones y competencias del área de control interno, enfatizó que esta dependía
de la existencia de un acto administrativo de delegación, circunstancia que no se
acreditó, dado que, la presidenta de la citada corporación certificó que no se emitió
uno en el que se hubiesen transferido este tipo de funciones a la servidora.

En lo que atañe a la función de «[d]esarrollar y ejecutar acciones propias para la
vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del personal conforme a la normativa
vigente», arguyó que no era posible el ejercicio de ese poder, por cuanto la señora
Leonor López Salazar no podía asumir decisiones relacionadas con el manejo de
personal de la Asamblea de Boyacá, debido a que esas determinaciones provienen
del ejercicio de la facultad nominadora, que radica en cabeza de las mesas
directivas, conforme al artículo 41.1 de la Ley 5ª de 1992.

Agregó que, una vez revisadas todas las facultades asignadas, la señora Leonor
López Salazar no ejerció funciones que estuvieran relacionadas con la celebración
de contratos, ordenación del gasto, decisión de situaciones administrativas y
potestad sancionatoria, en la medida que ninguna de ellas se encuentra enunciada
en el manual de funciones.

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Concluyó que, desde el punto de vista orgánico y funcional, la señora Leonor López
Salazar no ejerció autoridad administrativa durante los doce (12) meses anteriores
a la elección del señor Delmar Leonardo Roa Patiño como diputado de la Asamblea
Departamental de Boyacá.

1.7 El recurso de apelación

Contrario a la decisión de primera instancia, el apelante consideró que la señora
Leonor López, en su cargo de líder de programa de la Dirección de Recursos
Humanos, ejerció autoridad administrativa en el departamento de Boyacá dentro de
los doce (12) meses anteriores a la elección de su cónyuge, el señor Delmar Roa
Patiño, como diputado de la Asamblea Departamental de la referida entidad
territorial.

Citó una sentencia emitida por el Consejo de Estado8, según la cual existen empleos
que, aun cuando no son de dirección, al tener atribuidas funciones que implican el
ejercicio de un poder de mando o la capacidad de influir en las decisiones de la
entidad, son autoridad administrativa, conforme a la ley, el reglamento o el
correspondiente manual de funciones.

Comentó que los empleados que hacen parte de las unidades de control interno,
como es el caso de la señora Leonor López, ejercen autoridad administrativa.

Sostuvo que, en los términos de la jurisprudencia aplicable9, no es necesario que
se verifique, de manera efectiva, que el servidor público haya hecho uso de algunas
de las atribuciones que le otorga la ley, sino que, basta con que tenga la «virtualidad
o potencialidad» de desarrollarlas, para afirmar que ejerció autoridad administrativa.

Adujo que la Resolución 509 de 2020, a través de la cual se adoptó el manual de
funciones de la planta temporal de la Asamblea Departamental de Boyacá, es legal
y goza de plena validez, que no puede ser desvirtuada en el proceso de la
referencia.

Expresó que la citada resolución estableció como propósitos principales del cargo
ocupado por la señora Leonor López Salazar, entre otros, el de ejercer
competencias del área de control interno.

Aunado a ello, explicó que, de la lectura de las funciones enunciadas en el
respectivo manual, es posible colegir que la naturaleza del empleo es la dirección

8«Sección Primera, Consejera Ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ del 13 de julio de

2017, radicación número: 13001-23-33-000-2016-00089-01».
9 « Sección Quinta en sentencia del 7 de diciembre de 2016 Magistrada Ponente LUCY JEANNETTE

BERMÚDEZ, Radicación número: 52001-23-33-000-2016-00016-01 y 52001-23-33-000-2015-
00840-01» y «Consejo de Estado, del 12 de febrero de 2012. C.P. Susana Buitrago Valencia. Nulidad
Electoral – Importancia Jurídica. Rad. 11001-03-28- 000-2010 -00063-00».

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del talento humano de la Asamblea Departamental de Boyacá, comoquiera que
aquellas implican dirigir, coordinar, hacer seguimiento y control, liderar la ejecución,
diseñar planes y programas, así como planear y ejecutar la evaluación del
desempeño de los demás funcionarios.

Manifestó que la delegación de las funciones de control interno se hace
directamente en la Resolución 509 de 2020 y no está condicionada a la existencia
de un acto administrativo que transfiera el ejercicio de la competencia.

Destacó que, aunque la señora Magda Milena Pinto Torres ejerció el control interno
de la Asamblea Departamental de Boyacá entre 2022 y 2023, no se desvirtuó el
hecho de que la señora Leonor López Salazar tenía asignadas esas funciones.

Finalmente, resaltó que la funcionaria también estaba facultada para «[d]esarrollar
y ejecutar acciones propias para la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del
personal conforme a la normativa vigente», en consecuencia, podía vincular
personal, lo que evidencia el ejercicio propio de autoridad administrativa.

1.8 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 23 de agosto de 202410 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el actor en contra de la sentencia de primera instancia y se corrió
traslado para alegaciones finales y concepto del Ministerio Público.

1.9 Alegatos de conclusión

1.9.1 Demandante11:

Trajo a colación las mismas sentencias del Consejo de Estado citadas en el recurso
de apelación, en las que se define el alcance del ejercicio de la autoridad
administrativa y se precisa que este no se limita a quienes ocupan cargos de
gobierno, sino que incluye, además, empleados oficiales con competencias en
funciones administrativas como contratación, gasto y disciplina, entre otras
definidas en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que permiten influir en decisiones
y ejercer poder de mando.

Resaltó que, al verificar la función 15 contenida en el manual de funciones aplicable
al cargo que ocupó la señora Leonor López Salazar, es posible advertir de manera
clara que tiene asignadas, por delegación, las funciones y competencias del área
de control interno, según la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normativa
vigente para la Asamblea Departamental de Boyacá. Trasferencia de funciones

10 Anotación 8 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Anotación 11 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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conferida directamente por la Resolución 509 de 2020, razón por la cual no está
supeditada a la existencia de otro acto administrativo para su validez.

1.9.2 Demandado12:

Por conducto de apoderado, reafirmó lo expuesto en la contestación de la demanda.
En efecto, el accionado mencionó que en el curso del proceso no se demostró la
existencia de vínculo matrimonial entre él y la señora Leonor López Salazar, ni el
ejercicio de autoridad administrativa por parte de ella, por cuanto no se hallaron
probados los elementos orgánico o el funcional. En consecuencia, solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia.

1.10 Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada, con base en los siguientes argumentos:

Aclaró que, por una parte, la señora Leonor López Salazar no ocupó alguno de los
cargos enunciados en el artículo 190 de la Ley 136 de 1990 y, por otra, las funciones
atribuidas por el respectivo manual se enmarcan en el giro ordinario de su empleo
profesional como líder de programa, código 206, grado 07 de la Dirección de
Recursos Humanos.

Arguyó que la función de desarrollar y ejecutar acciones propias para la vinculación,
permanencia, desarrollo y retiro de personal «no […] genera total claridad a que [sic]
refiere y cuál es su alcance, toda vez que es un criterio muy amplio, el cual abarca
desde la formulación de planes y estrategias que debe realizar la entidad para el
movimiento, vinculación, desarrollo o retiro de personal; pasando por la elaboración
de actos administrativos para tal fin; e, incluso llegando hasta la concreción material
de dichos verbos, en donde este último escenario es el único que se considera
proscrito».

Dijo que, «[a]l ser entonces una tarea tan amplia, no existe total certeza de si la
prohibición señalada cobija o no lo allí establecido, por lo que teniendo en cuenta el
carácter restrictivo de interpretación de las inhabilidades se debe optar en este
momento por la menos lesiva, entendiendo que dicha función escapa del marco
señalado en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 y por tal, también de la del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022».

Agregó que la función relacionada con ejercer, por delegación, las funciones y
competencias del área de control interno debe ser leída en forma conjunta con el
propósito principal del empleo y, aunque los funcionarios que hacen parte de estas

12 Anotación 14 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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unidades ejercen autoridad administrativa, el cargo que ocupa la señora Leonor
López Salazar se encuentra asignado a la dependencia de recursos humanos, y no
a la de control interno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 23 de julio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15013 y 152 numeral 7.a del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14.

2.2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 23 de julio
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las
pretensiones de la demanda tendientes a obtener la nulidad de la elección del señor
Delmar Leonardo Roa Patiño como diputado de la Asamblea Departamental, para
el período 2024 – 2027.

Para el efecto, se debe establecer si estuvo incurso en la inhabilidad prevista en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, concretamente si su cónyuge, la
señora Leonor López Salazar, ejerció autoridad administrativa durante el período
inhabilitante, en el respectivo departamento.

Con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda instancia desde
los siguientes ejes temáticos: (i) el marco jurídico y jurisprudencial de la inhabilidad
por parentesco con funcionario que ejerce autoridad, contenida en el numeral 6 del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y, (ii) el caso concreto.

13 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
[…]
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales […]»

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2.2 La causal de inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad administrativa del numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones que pueden recaer
sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en la
función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales15.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»16.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.17

Tratándose de los diputados, el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 enunció causales
inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser elegidos como
tales. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo
fue dispuesto con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 33.- De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido diputado:
[…]

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad <tercer grado de consanguinidad>, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento; […]

<El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-325 de 2009, y sustituido por la expresión «tercer grado de
consanguinidad»>.

15 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
16 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
17 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado

110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros

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Posteriormente, la anterior disposición fue reproducida en el numeral 6° del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022, fundamento normativo de la pretensión de anulación del
demandante, en los términos que se citan a continuación:

6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo departamento;

En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos estructuradores, a saber18:

i) El relacionado con el parentesco – hasta el tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil – o el vínculo por unión permanente o matrimonio.
ii) Un aspecto objetivo referido al ejercicio de autoridad civil, política, administrativa
o militar, por parte del pariente, cónyuge o compañero permanente.
iii) Un límite temporal, reflejado en que lo expuesto en el numeral anterior, debe
presentarse dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
iv) Un elemento espacial, pues hace referencia a que el criterio objetivo se presente
en el respectivo departamento.

Ahora bien19, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección20 han acudido,
«para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder […] no con
carácter analógico sino a título de referente conceptual»21, a la definición plasmada
en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que dispone:

ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde,
la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 22 de

agosto de 2024. Expediente 50001-23-33-000-2024-00008-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.

M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia
Sentencia de 19 de marzo de 2009.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-

00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

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En lo que concierne a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado22 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un
cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía
decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, con base en la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la
dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de
mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200523, mediante
la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que
de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla fuera de texto)

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia24 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.

Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones
que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre
y cuando, las competencias analizadas cumplan las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines

22 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-

31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-

000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia».25 (Se resalta)

Con miras a analizar la configuración de la causal de inelegibilidad invocada, en
todo caso se debe examinar que los elementos señalados en precedencia se
presenten de manera concurrente y, en caso de que no sea así, se entenderá que
no se materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular26.

2.5 Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar
o revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que negó la nulidad del
acto de elección del señor Delmar Leonardo Roa Patiño como diputado de Boyacá,
para el período 2024 – 2027, dado que no encontró acreditado el elemento objetivo
de la inhabilidad prevista en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
referente a que la señora Leonor López Salazar, cónyuge del servidor electo,
ejerció autoridad administrativa durante el período inhabilitante.

La Sala recuerda que el recurrente aduce, entre otros argumentos, que la naturaleza
del empleo desarrollado por la señora Leonor López Salazar es la dirección del
talento humano de la Asamblea Departamental de Boyacá, comoquiera que sus
funciones implican dirigir, coordinar, hacer seguimiento y control, liderar la
ejecución, diseñar planes y programas, así como planear y ejecutar la evaluación
del desempeño de los demás funcionarios. Aunado a ello, el accionante considera
que la servidora tiene asignadas competencias del área de control interno, por
delegación, que proviene directamente del manual de funciones, sin que deba
mediar un acto administrativo.

Sobre el particular, resulta del caso recordar que la competencia del juez de
segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código

25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-

0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia de 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).

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General del Proceso27, aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la
Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos
formulados por el recurrente, referentes al criterio funcional de quienes ejercen
autoridad administrativa.

Según se tiene, en el presente asunto, el a quo tuvo por cierto el vínculo matrimonial
existente entre el demandado y la señora Leonor López Salazar, circunstancia que
no fue discutida en el recurso interpuesto.

También se encuentra probado que la señora Leonor López Salazar está inscrita en
el Registro Público de Carrera Administrativa desde el 15 de octubre de 1996, en el
cargo de bibliotecóloga código 502, grado 2; registro actualizado el 13 de
septiembre de 2012, por el empleo de técnico código 401, grado 01, ambos en la
Gobernación de Boyacá.

Además, se verifica que la aludida funcionaria se desempeñó en el cargo de líder
de programa, nivel profesional, código 206, grado 7 de la dirección de Recursos
Humanos de la planta temporal de la Asamblea Departamental de Boyacá, en
encargo, desde 202228 hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, está en
discusión si en dicho lapso ejerció o no autoridad administrativa.

Pues bien, teniendo en cuenta que el referido empleo no se encuentra dentro de los
enunciados en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, citado previamente, no puede
afirmarse que aquel implica el ejercicio de autoridad administrativa por el criterio
orgánico. Lo cual, además, no está siendo discutido por las partes.

27 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
28 De las pruebas obrantes en el proceso no es posible determinar la fecha exacta en la que inició a

ejercer el aludido cargo.

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De ahí que el asunto debe analizarse a partir del criterio funcional, por lo que es
necesario estudiar cada una de las funciones asignadas, debido a que, como se
dijo, el recurrente considera que la servidora estaba facultada para ejercer
competencias propias de un cargo de mando o dirección en el área de talento
humano, así como funciones de la unidad de control interno, y el Tribunal se
pronunció de manera general frente a tales competencias.

Ahora, conforme a la Resolución 509 del 22 de diciembre de 2020, por medio de la
cual el presidente de la Asamblea de Boyacá estableció un manual de funciones
para empleos de carácter temporal, el cargo que desempeñó la señora Leonor
López Salazar tiene asignados los siguientes propósito y funciones:

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Por otra parte, para definir si algunas de esas funciones se enmarcan en aquellas
atribuciones de mando o dirección, resulta pertinente recordar que el Decreto 1083
de 201529 estableció las facultades que se pueden atribuir a los empleos según el
nivel jerárquico. En lo que respecta al nivel profesional, ejercido por la señora
Leonor López Salazar, la norma ibidem fijó:

ARTÍCULO 2.2.2.2.3 Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza
demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier
disciplina académica o profesión, diferente a la formación técnica profesional y
tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias
exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y
desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los planes,
programas y proyectos institucionales.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas del área interna de su competencia.

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los
recursos disponibles.

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del área.

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

29 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas.

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo. (Se subraya).

A su vez, según la citada norma, en su artículo 2.2.2.2.1, el nivel directivo tiene
asignadas funciones como fijar las políticas y adoptar los planes generales
relacionados con la institución, dirigir, velar por el cumplimiento de los objetivos de
la institución, organizar, nombrar, remover, administrar el personal, entre otras.

Bajo tales lineamientos normativos, cabe anotar, en primer lugar, que el propósito
principal del empleo de la señora Leonor López Salazar implica la coordinación y la
ejecución de sus acciones profesionales, acorde con el nivel del cargo; luego
entonces, es evidente que no se le confirió, en principio, ninguna función de
dirección o mando.

De la misma manera, se destaca que en las funciones 1, 3, 9, 10, 11 y 12, se usan
los verbos que son propios del nivel profesional, tales como implementar, coordinar,
administrar, diseñar, ejecutar y desarrollar actividades, que no implican ningún
poder decisorio o de mando, porque requieren de una orden previa o reglas
señaladas por el jefe inmediato del empleo, es decir, el presidente de la Asamblea
de Boyacá.

En efecto, la función 12 prevista en la Resolución 509 de 2020, según la cual la
servidora tiene la facultad de «[d]esarrollar y ejecutar acciones propias para la
vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del personal conforme a la normativa
vigente», no le confieren una competencia de decisión frente al nombramiento y
remoción de subalternos, porque, como se vio, los verbos que se usan no son los
que se atribuyen a los cargos de dirección, en los que de manera directa se enuncia
la posibilidad de nombrar, remover y administrar el personal.

Nótese que, por el contrario, en este caso solo se permite desarrollar y ejecutar
acciones30, lo que evidencia que no hay ningún grado de autonomía, sino, más bien,
que debe mediar una orden o dirección previa, en este caso, del jefe inmediato que,
se insiste, conforme al respectivo manual, es el presidente de la Asamblea de
Boyacá. Ello, por cuanto, como se verá más adelante, la iniciativa de emitir los actos

30 Dentro de las cuales podría estar la elaboración del proyecto del acto de designación o retiro del

personal.

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administrativos, solo puede provenir del presidente o de la mesa directiva de la
asamblea.

Lo mismo ocurre con la función 16 ibidem que, aunque inicia con el verbo dirigir, se
limita a la ejecución de programas, actividades y actuaciones administrativas
relacionadas con los asuntos de manejo de personal y control interno de gestión,
que tampoco le asignan capacidad de decisión sobre el personal.

El anterior razonamiento se refuerza con la respuesta del 30 de diciembre de 2023,
emitida por el presidente de la Asamblea de Boyacá a una petición radicada por el
accionante, en la que se explica que la señora Leonor López Salazar no es superior
jerárquico de personal de la planta de la corporación y, además, que «[…] las
vacaciones, permisos, licencias y demás prestaciones sociales a las que tienen
derecho los servidores y funcionarios de la Asamblea de Boyacá solo son
autorizadas por la presidencia de la corporación, en tanto que el pago de cesantías,
cuentas de cobro y demás obligaciones a su cargo, son tramitadas por tesorería».

En cuanto a la función 2, si bien en esta se expresa que la señora Leonor López
Salazar está facultada para «impartir lineamientos», estos hacen referencia a la
actualización del manual de funciones y competencias laborales de la Asamblea de
Boyacá, que no equivale a la capacidad de aprobar su contenido, que depende
directamente de la discrecionalidad de la mesa directiva de la corporación y debe
ser suscrito por esta o su presidente, lo que permite aseverar que consiste en la
actuación positiva de mantener actualizada esta herramienta de gestión del talento
humano, mas no a la facultad de determinar el sentido de sus directrices.

Lo anterior se explica, porque, aunque el «departamento de talento humano»
elabora las resoluciones que atañen a su área, la iniciativa para su realización debe
provenir de la mesa directiva o la presidencia de la Asamblea de Boyacá31, quienes,
además, se insiste, deben suscribirlas, lo que denota que el cargo de la señora
Leonor López Salazar no tenía asignado un poder o mando sobre el particular.

Como sustento de tal afirmación, a título de ejemplo, se tiene que la Resolución 509
de 2020, aportada por la parte demandante, referente al manual de funciones que

31 Acto Reglamentario 001 de 2016, «Por la cual se establece el reglamento interno de la Asamblea

de Boyacá». Sobre el particular, se destacan los siguientes artículos:
ARTÍCULO 79. ORIGEN. La decisión con respecto a la elaboración de las resoluciones corresponde
únicamente a la Asamblea Departamental, ya sea por iniciativa de la Presidencia o de la Mesa
Directiva.
[…]
ARTÍCULO 81. CLASES DE RESOLUCIONES. Dentro de la Asamblea de Boyacá se elaborarán 4
clases de resoluciones:
[…]
b. Resoluciones de Talento Humano: Son elaboradas por el departamento de talento humano y
firmadas por la Mesa Directiva, tratan temas relacionados con el personal de la Asamblea
Departamental de Boyacá, como contratación, posesión, horario, entre otros.

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se adoptó para la planta de empleos temporal, se encuentra suscrita por el
presidente de la corporación, jefe inmediato del cargo de líder de programa código
206, grado 07 y nominador de los empleos pertenecientes a la asamblea.

También existen otras funciones, como las 4, 5, 6, 7, 14, 17 y 18, que se
circunscriben a establecer la ejecución y elaboración de documentos, bases de
datos, informes y respuestas a peticiones que atañen a la corporación en la que
labora la señora Leonor López Salazar, que no son rasgos del ejercicio de la
autoridad administrativa.

Las funciones 8 y 13, relativas a «[f]ormular, implementar y evaluar la dimensión de
talento humano, y los planes del área de conformidad con lo establecido en el
decreto 1083 de [2015] y demás normativa» aplicable y «[p]lanear, ejecutar y
documentar la evaluación del desempeño y orientar a las diferentes áreas en su
implementación […]», no constituyen por sí mismas, prueba del ejercicio de
autoridad administrativa, por cuanto, esta Sección pacíficamente ha sostenido que
la evaluación de desempeño de los miembros de los equipos de trabajo
«corresponde a la coordinación natural que debe existir frente a empleados directos
de un cargo del nivel directivo y a la verificación del cumplimiento de las metas
propuestas al interior de una dependencia administrativa»32.

Este tipo de evaluaciones son un instrumento de gestión que, con base en
parámetros objetivos, permite pronunciarse sobre el desempeño de los empleados
de carrera, conforme a los artículos 38 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.8.1.1 del Decreto
1083 de 2015.

De igual forma, se ha afirmado que33:

[…][L]a labor de evaluación no constituye el ejercicio de una facultad subjetiva, sino
el cumplimiento de una obligación periódica, objetiva y transparente, conforme la
metodología previamente establecida. De manera tal que el evaluador no cuenta en
estricto sentido con autonomía decisoria, y, por ende, no puede considerarse que
ejerce autoridad administrativa, a lo que se añade, que su decisión puede ser revisada
por su superior jerárquico de interponerse el recurso de apelación.

En ese orden de ideas, es claro que la Sala Electoral ha precisado que las
evaluaciones de desempeño no comportan el ejercicio de autoridad administrativa
por cuanto, obedecen a la aplicación de parámetros objetivos previamente
establecidos en la ley o reglamento. Criterio que se acoge y reitera íntegramente en

32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 05001-23-

33-000-2015-02491-01. Providencia del 9 de febrero de 2017. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-

28-000-2022-0039-00. Providencia del 23 de febrero de 2023. M.P. Rocío Araujo Oñate en
reiteración de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Expediente 50001-23-33-000-2020-00012-02. Providencia del 12 de agosto de 2021. M.P. Rocío
Araujo Oñate.

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este caso, en el que queda claro que las funciones nominadoras y de retiro de
personal está en cabeza del presidente, jefe inmediato de la señora López Salazar,
o de la mesa directiva de la asamblea.

Por último, la función 15, de «[e]jercer por delegación las funciones y competencias
del área de control interno que prevé la ley 87 de 1993, 1974 de 2011 y demás
normativa vigente en la Asamblea de Boyacá», según la cual, el accionante
considera, se le otorga a la señora Leonor López Salazar la función de control
interno y no requiere que medie un acto administrativo de delegación, por cuanto,
el manual de funciones de su cargo le otorga directamente la facultad, la Sala
considera que este argumento no es de recibo, puesto que el ejercicio de la función
de control interno está condicionada a que, en efecto, el superior la delegue.

Ello es así, por cuanto, contrario al argumento de la parte actora, esta Sala decisión
advierte que la señora Leonor López Salazar no está facultada para ejercer
directamente la función de control interno, porque, la misma Resolución 509 de 2020
impone como condición para ejercerla, que medie la delegación, es decir, la facultad
no proviene del manual de funciones, sino, del acto de delegación que se hubiese
emitido.

Resulta pertinente recordar que el artículo 209 de la Constitución Política prevé que
la función administrativa se desarrolla, entre otras, mediante la delegación de
funciones, en virtud de la cual, en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
las autoridades administrativas «[…] podrán mediante acto de delegación, transferir
el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones
afines o complementarias».

En el mismo sentido, el artículo 10 de la norma ibidem enuncia como requisitos de
la delegación que el acto que transfiere las funciones siempre sea escrito, que se
determine la autoridad delegataria «y las funciones o asuntos específicos cuya
atención y decisión se transfieren».

Sobre esta forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la
función administrativa, esta Sala34 ha precisado:

45. Al respecto, el Consejo de Estado ha concluido que la delegación implica el
ejercicio por parte del delegatario de las atribuciones propias del funcionario
delegante, así como la posibilidad de que este último pueda reasumir en cualquier
momento las funciones delegadas y, la autorización legal previa al acto de delegación,
salvo que exista prohibición expresa para delegar35.

34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 15001-23-

33-000-2024-00229-01. Providencia del 8 de agosto de 2024. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
35 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 12 de agosto de 2013.

Radicado: 11001-03-28-000-2012-00043-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez».

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46. Ahora, se destaca que la delegación no implica que el delegatario asuma el cargo
del delegante, pues lo único que se trasladan son las funciones36.

Luego entonces, como lo advirtió el a quo, en el caso bajo estudio se encuentra
probado, según certificación de 14 de junio de 2024, suscrita por la presidente de la
Asamblea de Boyacá, que en los archivos de la corporación «[…] no se encuentra
acto administrativo alguno de delegación o encargo de funciones distintas a las
referidas [37] […]». Por consiguiente, durante el tiempo que la señora Leonor López
Salazar desempeñó el cargo de líder de programa, nivel profesional, código 206,
grado 7, no ejerció la función de control interno, porque esta no fue delegada
conforme a las formalidades que exige la normativa aplicable.

Del análisis detallado de las mencionadas funciones asignadas, como del propósito
del cargo señalado, y de los verbos contenidos en ellas, la mayoría alude al deber
de desplegar las actividades materiales que se requieren para llegar a un resultado
o al conocimiento propio del nivel profesional, sin que pueda confundirse con el
poder propio que acompaña el concepto de autoridad, puesto que, mientras este se
traduce en dirección y mando, el del profesional conlleva la coordinación,
supervisión, control e impulso de actividades de la dependencia en la que desarrolla
sus actividades el servidor, bajo los parámetros impuestos por su superior
jerárquico, en este caso, del presidente de la corporación.

Cabe anotar que, las mismas sentencias citadas por la parte demandante
(proferidas dentro de los expedientes 13001-23-33-000-2016-00089-01 y 52001-23-
33-000-2016-00016-01), sirven de fundamento del criterio que aquí se sostiene,
porque, como se vio, se verificaron cada una de las funciones atribuidas, sin
importar si la servidora las ejerció. Sin embargo, en esta oportunidad no se advirtió
que la señora Leonor López Salazar tuviese asignadas facultades de mando o
dirección, tales como celebrar contratos o convenios, ordenar gasto, nominar
personal o retirarlo, trasladar empleados de la planta, reconocer vacaciones,
licencias u horas extras, ni cualquiera otra competencia que evidenciara la autoridad
administrativa.

Por último, en cuanto al fallo emitido en el expediente11001-03-28-000-2010-00063-
00(IJ), referido por el actor, es menester precisar que en este se analizó la
inhabilidad de un representante a la Cámara por el departamento de Magdalena,
quien, de manera previa, tuvo la condición de alcalde del municipio de Fundación

36 “«En efecto, es la misma ley la que permite que el alcalde delegue en sus secretarios ciertas

funciones, sin embargo, de ello no se desprende que los delegados se entienda, en los términos del
artículo 38 de la Ley 617 de 2000, como un reemplazo del burgomaestre […] En efecto, a través de
la figura de la delegación lo que se trasladan son únicamente las funciones, sin que ello implique que
el delegado asuma en el cargo del delegatario; aceptar lo contrario, tal y como se propone en la
solicitud de suspensión provisional, no solo implicaría modificar el alcance del concepto de
delegación, sino aplicar una interpretación extensiva al régimen de inhabilidades de los alcaldes para
hacerla, aplicable a otras personas que no están cobijadas por las mismas, lo cual no está permitido
[…]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.” Sentencia del 17 de mayo de 2018.
Radicado: 11001-03-28-000-2018-00026-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
37 La presidenta de la asamblea hace referencia a las enunciadas en el manual de funciones.

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(Magdalena), y, en ella, el Consejo de Estado concluyó que la autoridad civil
corresponde al «[…] ejercicio de actos de poder y mando», por lo que no existía
discusión en que «[…] los alcaldes detentan tal forma de autoridad, puesto que
basta consultar lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 136 de 1994, para advertir
que tales atribuciones son propias de ese cargo, como así lo corroboran las distintas
funciones fijadas en el artículo 315 Constitucional». Situación fáctica que dista de la
controversia que se plantea en el proceso de la referencia, en el que el cargo de la
señora Leonor López Salazar es del nivel profesional.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que ninguno de los reparos esbozados
por el recurrente en el escrito de apelación tiene vocación de prosperidad, por
cuanto no se encuentra acreditado dentro del proceso que la señora Leonor López
Salazar, cónyuge del demandado, haya ejercido autoridad administrativa dentro de
los 12 meses anteriores a la elección del señor Delmar Leonardo Roa Patiño como
diputado de Boyacá, para el período 2024 – 2027.

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia del 23 de
julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las
pretensiones, dictada dentro de este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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