Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2023-00253-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2023-00253-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 17001-23-33-000-2023-00253-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
27 de febrero de 2025
Demandante: Androw Montoya Londoño
Demandado: Óscar Alonso Vargas Jaramillo
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00253-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00253-02
Demandante: ANDROW MONTOYA LONDOÑO
Demandado: ÓSCAR ALONSO VARGAS JARAMILLO – DIPUTADO DE LA
ASAMBLEA DE CALDAS – PERÍODO 2024-2027
Temas: Inhabilidad de diputado por parentesco con funcionario público
que ejerce autoridad administrativa en el departamento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandado
contra la sentencia de 14 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró la nulidad de su elección como diputado de la
Asamblea Departamental.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El ciudadano Androw Montoya Lodoño, a través de apoderado1, instauró
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que declaró la elección del señor
Óscar Alonso Vargas Jaramillo como diputado de la Asamblea de Caldas, para el
período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA del 8 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.
1.2. Hechos
2. El demandante relató los hechos que se resumen a continuación:
1 El abogado Jorge Eliécer Ruiz Serna.
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Demandante: Androw Montoya Londoño
Demandado: Óscar Alonso Vargas Jaramillo
Radicación: 17001-23-33-000-2023-00253-02
3. El señor Óscar Alonso Vargas Jaramillo se inscribió y fue elegido por el
Partido Liberal Colombiano como diputado de la Asamblea de Caldas, para el
período 2024-2027, en las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 29 de
octubre de 2023.
4. El diputado y la señora Juliana Vargas Ramírez son parientes en segundo
grado de consanguinidad, de acuerdo con sus respectivos registros civiles de
nacimiento.
5. En el certificado de existencia y representación legal expedido el 31 de
octubre de 2023 consta que la señora Juliana Vargas Ramírez fue nombrada
gerente de la Terminal de Transportes de Manizales, a través del acta JU-1200-1-
2-376 del 28 de octubre de 2022 de la Junta Directiva.
6. En el mismo documento se observa que dicha empresa es una sociedad
anónima, industrial y comercial del Estado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. La parte actora afirmó que el demandado fue elegido con violación al régimen
de inhabilidades establecido para los diputados, concretamente por la causal
prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
8. Explicó que el señor Óscar Alonso Vargas Jaramillo es pariente en segundo
grado de consanguinidad de la señora Juliana Vargas Ramírez, quien desde el 28
de octubre de 2022 y hasta la fecha, es gerente de la Terminal de Transportes de
Manizales.
9. Sostuvo que ese nombramiento la ha investido de autoridad civil y
administrativa, de conformidad con los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994,
pues ejerce la dirección, administración y representación legal de una empresa
industrial y comercial del Estado.
1.4. Contestaciones de la demanda2
10. Dentro del traslado concedido en el auto admisorio de 2 de febrero de 20243,
el demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, a través de apoderado4.
2 En el auto admisorio se ordenó la notificación del Consejo Nacional Electoral, pero no se observa
escrito de contestación de la demanda por parte de la entidad.
3 En esta providencia, el tribunal también negó la medida cautelar solicitada por el demandante,
debido a que estuvo dirigida a la suspensión provisional de un acto diferente al que declaró la
elección, esto es, el «formulario E-28 de 8 de noviembre de 2023», que corresponde a la credencial
otorgada al elegido.
4 El abogado Alejandro Franco Castaño.
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11. Con tal propósito, admitió su parentesco en segundo grado de
consanguinidad con la señora Juliana Vargas Ramírez. Sin embargo, precisó que
«son hermanos medios o de simple conjunción por línea paterna, los cuales
descienden según sus registros civiles de nacimiento de un tronco común
correspondiente al señor ALONSO VARGAS GUTIERREZ».
12. Agregó que la señora Juliana Vargas Ramírez nació en 1991 y fue reconocida
por ambos padres desde el momento de su nacimiento, mientras que el demandado
nació en 1976 y el reconocimiento paterno ocurrió el año 2002.
13. Explicó que entre ellos «no ha existido una relación o vínculo directo e
inmediato que una a ambos hermanos medios en lazos de afecto bidireccional, no
han hecho parte de sistema familiar, ni convivieron en un contexto de aprendizaje y
desarrollo recíproco».
14. En consecuencia, argumentó que «el derecho no puede ser ajeno a las
particularidades y realidades del vínculo social familiar, de cara al supuesto
beneficio electoral que pudo reportarle la hermana media de mi representado».
15. Por otra parte, adujo que la Terminal de Transportes de Manizales es una
sociedad con aportes del sector privado y se rige por el derecho privado, lo cual
relacionó con la definición de las sociedades de economía mixta contenida en el
artículo 97 de la Ley 489 de 1998.
16. Afirmó que la señora Juliana Vargas Ramírez no ocupaba el cargo de gerente
de dicha empresa para el momento de la contestación de la demanda y, además,
sostuvo que esa calidad no determinaba prima facie que tuviera la connotación legal
y jurisprudencial de autoridad civil y administrativa.
17. Igualmente, destacó que no se cumplía el elemento territorial de la inhabilidad
que se le atribuye, pues «claramente la empresa Terminal de Transportes de
Maizales S.A., es una entidad del orden municipal, de segundo nivel, que no hace
parte de la estructura del Departamento en su nivel descentralizado y mucho menos
del nivel central».
18. Al respecto, consideró que en este caso resulta aplicable la sentencia SU-
207 de 2022 de la Corte Constitucional, con el fin de «determinar si un funcionario
de un Municipio podría ejercer autoridad sobre el territorio Departamento» y, en
consecuencia, si pudo influir de manera directa o indirecta en el electorado.
19. Resaltó que el asunto debe abordarse desde la perspectiva de los principios
de legalidad, pro homine5, «pro electoratem» y eficacia del voto, privilegiando la
5 Al respecto, remitió a la sentencia C-1056 de 2004 de la Corte Constitucional.
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interpretación menos restrictiva al derecho a ser elegido6 y más favorable para el
principio de confianza legítima de los electores, sin acudir a criterios extensivos o
analógicos de las causales de inhabilidad.
20. Adicionalmente, en escrito separado formuló la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales, ante la omisión de
especificar alguna causal de nulidad prevista en los artículos 137 y 275 de la Ley
1437 de 2011 y falencias en el concepto de violación.
21. Sobre el punto, explicó que esa omisión le impuso un ejercicio de
interpretación que afecta la defensa técnica. También indicó que el demandante
pretendió la nulidad del formulario E-28, que no corresponde al acto de elección.
1.5. Trámite en primera instancia
22. Mediante auto de 4 de abril de 2024, el magistrado ponente en el tribunal
declaró no probada la excepción propuesta por el demandado, al considerar
satisfechos los requisitos formales de la demanda.
23. En tal sentido, anotó que la parte actora invocó de forma expresa la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 e
identificó debidamente el acto acusado en el escrito de corrección. En ese orden de
ideas, concluyó que «el cargo planteado es diáfano y fue formulado de manera
concreta y entendible».
24. En la audiencia inicial, celebrada el 16 de abril de 2024, el conductor del
proceso rechazó por extemporánea la nueva solicitud de suspensión provisional que
presentó la parte actora.
25. Al lado de lo anterior, fijó el litigio, en los siguientes términos:
¿Incurrió el señor OSCAR ALONSO VARGAS JARAMILLO en la inhabilidad
contemplada en el artículo 49 numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, por haber ejercido
su hermana, la señora JULIANA VARGAS RAMÍREZ, autoridad civil y administrativa
durante el año anterior a la elección, en su condición de Gerente de la TERMINAL
DE TRANSPORTES DE MANIZALES?
En caso afirmativo,
¿Es nula la elección del demandado VARGAS JARAMILLO como diputado a la
asamblea departamental por el periodo constitucional 2024-2027? (Mayúsculas
sostenidas del texto original).
6Citó la sentencia SU-556 de 2019 de la Corte Constitucional. Además, el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
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26. En la misma diligencia, dispuso tener como pruebas los documentos
aportados en la demanda y la contestación. A su turno, negó las documentales
solicitadas por ambas partes7 y los testimonios requeridos por el demandado8.
27. Finalmente, corrió traslado para alegar y para el concepto del Ministerio
Público, por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento.
1.6. Sentencia de primera instancia9
28. Mediante sentencia de 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró la nulidad del acto de elección del señor Óscar Alonso Vargas
Jaramillo como diputado de la Asamblea de Caldas, por cuenta de la inhabilidad
establecida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
29. Para sustentar la decisión, el tribunal verificó los elementos de la prohibición,
empezando por el subjetivo. Al respecto, acudió a la definición de hermanos y
hermanos extramatrimoniales de los artículos 54 y 55 del Código Civil y resaltó que
el artículo 42 de la Constitución Política reconoce iguales derechos a los hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él.
30. Sobre el elemento objetivo, es decir, el ejercicio de autoridad civil o
administrativa, expuso los conceptos previstos en los artículos 188 y 190 de la Ley
136 de 1994. Igualmente, advirtió que la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado10 los identifica a partir de una revisión orgánica y funcional.
31. De allí destacó algunas atribuciones, como la celebración de contratos y
convenios, la ordenación del gasto y las decisiones sobre el personal de las
entidades, entre otras. Así mismo, señaló que la causal «no exige para estos casos
más que su ‘probabilidad real’ mas no su ‘ejercicio efectivo’ para que se configure».
32. Respecto al elemento temporal, determinó que la restricción para el pariente
del elegido se remontaría hasta el 29 de octubre de 2022, considerando la fecha de
las elecciones de este asunto.
33. En cuanto al elemento territorial, advirtió que el ingrediente introducido por el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 hacía que el régimen de
7 Referidas a documentos que ya se encontraban en el expediente y otros impertinentes, como la
certificación del Consejo Nacional Electoral sobre la militancia política de la señora Juliana Vargas
Ramírez.
8 De personas que declararían sobre las funciones del gerente de la Terminal de Transportes de
Manizales y la naturaleza jurídica de esta entidad.
9 Mediante auto de 25 de julio de 2024, el tribunal negó la aclaración solicitada por la parte
demandada. Fundamentó lo resuelto en que la referencia a la «Ley 137 de 1994» fue un lapsus sin
incidencia en la decisión y en que los efectos de la sentencia fueron expuestos de forma diáfana en
la parte resolutiva de la providencia.
10 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de abril de 2024, Rad. 76001-23-
33-000-2023-00935-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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inhabilidades de los diputados fuera menos severo que el de los congresistas,
contrario a lo dispuesto en el artículo 299 constitucional11.
34. Adicionalmente, explicó que la Corte Constitucional fijó en la sentencia SU-
207 de 2022 una regla según la cual no todo funcionario del nivel departamental
puede tener influencia en el nivel municipal y observó que esa hipótesis no
corresponde al caso concreto.
35. Seguidamente, encontró probado que el demandado y la señora Juliana
Vargas Ramírez son hermanos, que la Terminal de Transportes de Manizales S.A.
es una empresa industrial y comercial del Estado, con domicilio en ese municipio y
que la señora Vargas Ramírez fue nombrada gerente, a través del acta JU-1200-1-
2-376 de 28 de octubre de 2022.
36. Del mismo modo, a partir del manual de funciones de la empresa, verificó el
ejercicio de autoridad civil, por cuenta de aquellas relativas al manejo y conducción
de la entidad, al igual que al nombramiento, remoción y administración del personal.
37. En tales condiciones, concluyó que estaban reunidos todos los elementos de
la inhabilidad.
1.7. Recurso de apelación
38. El demandado apeló el fallo de primera instancia, pues estima que no resolvió
a profundidad sobre el presupuesto de incidencia de la señora Juliana Vargas
Ramírez en su elección. Al respecto, señaló que era indispensable evaluar y probar
la posibilidad real de ejercicio de la autoridad en el respectivo municipio, al igual que
la capacidad del funcionario de influir en la elección del pariente, de conformidad
con «la regla jurisprudencial y la modulación de la inhabilidad alegada por el
demandante en la sentencia SU-556 de 2019 y la SU-207 de 2022», con fuerza
vinculante de precedente judicial.
39. En tal sentido, precisó que «acorde a las nuevas reglas jurisprudenciales el
mero parentesco no constituye automáticamente una causa de inhabilidad para ser
elegido en un cargo público, ya que la persona que ostenta dicho cargo debe poseer
una capacidad efectiva de influir en la elección».
40. Igualmente, reiteró que la relación con la señora Vargas Ramírez no implica
«cercanía, familiaridad o confianza (…) como para presuponer una influencia
significativa en el proceso electoral».
41. Al lado de lo anterior, argumentó que la declaratoria de nulidad transgrede la
regla de interpretación restrictiva de las inhabilidades, toda vez que, tanto el numeral
11 Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de agosto de 2021, Rad. 2020-00007-
02, MP. Rocío Araújo Oñate.
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6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, como el numeral 5 del artículo 33 de la
Ley 617 de 2000, disponen que la causal se configura por parentesco «en» y no
«hasta» el tercer grado de consanguinidad, lo que excluye a los hermanos.
42. En línea con lo expuesto, abogó porque se acoja la interpretación menos
lesiva de los derechos humanos, acorde con el artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y la sentencia C-1056 de 2004 de la Corte
Constitucional.
43. Por otra parte, sostuvo que la naturaleza jurídica de la Terminal de
Transportes de Manizales no supone que el gerente «sea un cargo que por si (sic)
mismo involucre el ejercicio de autoridad administrativa o civil por tratarse
justamente de una sociedad anónima».
44. Finalmente, insistió en que la pretensión estuvo dirigida contra el formulario
E-28 y que la sentencia incurrió en «una extralimitación a la facultad interpretativa
de la demanda por parte del juez electoral».
1.8. Trámite en segunda instancia
45. Mediante auto de 25 de julio de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el fallo de
primera instancia, previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la
misma providencia, corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.
46. Por medio de auto de 19 de diciembre de 2024, se rechazó, por
extemporánea, la solicitud de intervención del señor Luis Hernando Quevedo Jara
como tercero impugnador12. Así mismo, se rechazó la solicitud de unificación de
jurisprudencia formulada por el demandado, porque no reunía los presupuestos del
artículo 271 del CPACA.
47. A través de auto de 30 de enero de 2025, se resolvió no reponer la
providencia reseñada en el numeral anterior y se rechazaron otros recursos y
peticiones formuladas por los mismos sujetos.
1.8.1. Alegatos de conclusión
48. El demandante remitió expresamente a los argumentos expuestos durante el
trámite procesal. Entre ellos, frente al elemento territorial, subrayó que la Terminal
de Transportes de Manizales S.A. es una entidad descentralizada que hace parte
de la circunscripción del departamento de Caldas. Por lo tanto, afirmó que la
hermana del demandado ejerció autoridad civil y administrativa, durante el año
anterior a su elección como diputado, por cuenta del cargo de gerente.
12 Invocó la condición de director ejecutivo y representante legal de la Confederación Nacional de
Asambleas y Diputados de Colombia, CONFADICOL.
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49. También alegó que no era necesario acreditar la influencia electoral del
desempeño efectivo de las funciones por el pariente, pues ese ingrediente no fue
contemplado por la causal de inhabilidad.
1.8.2. Concepto del Ministerio Público
50. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia recurrida. Como fundamento de su postura, advirtió que los supuestos de
hecho del caso concreto no responden a la regla jurisprudencial de la sentencia SU-
207 de 2022 de la Corte Constitucional, debido a que se impugna la elección de un
servidor del orden departamental y se alega el parentesco con un funcionario del
nivel municipal.
51. Precisó que la expresión «en el respectivo departamento» alude a la totalidad
de este o alguno de los municipios que lo integran, «visto como un ente geográfico
y no meramente orgánico».
52. Por otra parte, explicó que el tercer grado de consanguinidad, al que se
refiere el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, comprende al segundo.
53. Finalmente, consideró que el cargo de gerente de la Terminal de Transportes
S.A. de Manizales corresponde a un empleo público, con facultades de autoridad
civil y administrativa, de acuerdo con los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994,
especialmente por la función de nombrar, remover y administrar el personal.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
54. La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
el demandado contra la sentencia de 14 de junio de 2024, por la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas anuló su elección como diputado de la asamblea
departamental, período 2024-2027, de conformidad con los artículos 15013 y 152,
numeral 7, literal a)14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación15.
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
14«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los diputados de las asambleas departamentales (…).
15 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024. «ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS
PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala
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2.2. El acto acusado
55. El acto cuya nulidad se pretende en el presente asunto corresponde a la
elección del señor Óscar Alonso Vargas Jaramillo como diputado de la Asamblea
de Caldas, período 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ASA del 8 de
noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.
2.3. Problema jurídico
56. Con base en los argumentos del recurso de apelación, corresponde a la Sala
establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia de 14 de junio
de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas anuló la elección
del demandado como diputado de la asamblea departamental.
57. La controversia consiste en determinar si se configuró la inhabilidad por
parentesco en segundo grado de consanguinidad con una funcionaria que habría
ejercido autoridad civil y administrativa en el departamento, dentro del año anterior
a la elección.
58. Con tal propósito, antes de decidir el caso concreto, es pertinente exponer la
finalidad y los elementos que configuran la prohibición, a partir de su regulación
legal y el tratamiento que le ha dado la jurisprudencia dictada en la materia.
2.4. La inhabilidad de los diputados por vínculo o parentesco con
funcionario que ejerce autoridad civil o administrativa en el
departamento
59. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos
del Estado accedan a ellos en igualdad de condiciones y orienten su desempeño
hacia el interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a
motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.
60. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»16.
61. Tratándose de cargos de elección popular, se convierten en restricciones
válidas al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser evaluadas previamente
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta: (…) 1. La acción de nulidad
electoral contra los actos de elección popular (…)».
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,
Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
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por las organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so
pena de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la
elección realizada en esas circunstancias.
62. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las causales de
inhabilidad se reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del
principio de capacidad electoral17. De manera que el operador jurídico no está
autorizado para aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo
que corresponda.
63. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser diputado está regulado
en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que establece la siguiente causal:
ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; (…).
64. De acuerdo con la jurisprudencia de esta sección18, la inhabilidad para ser
diputado por cuenta de un familiar que ejerce autoridad se configura por la
verificación conjunta de los factores que se exponen a continuación:
i) Relación familiar: vínculo por matrimonio o unión permanente, o parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un funcionario.
ii) Elemento objetivo: que el funcionario haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar.
iii) Elemento temporal: que lo anterior haya ocurrido dentro de los 12 meses anteriores
a la elección.
iv) Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo
departamento.
65. Reunidos de forma concurrente los presupuestos reseñados, puede
afirmarse que se configura la inhabilidad, con las consecuencias que el
ordenamiento jurídico contempla, entre ellas, la nulidad del acto que declara la
elección.
66. En particular, frente al elemento objetivo, relativo a la autoridad en las
modalidades señaladas en la norma, la sección determina su ejercicio a partir de
17 Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
18 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 3 de octubre de 2024, Rad.
05001-23-33-000-2023-01255-01, MP. Gloria María Gómez Montoya y 31 de octubre de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2024-00021-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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los criterios orgánico y funcional, que remiten a la ubicación jerárquica del empleo
dentro de una entidad pública y a las competencias que le atribuyen la ley o el
reglamento.
67. Para el efecto, se han tomado como referente los conceptos que trae la Ley
136 de 1994 sobre autoridad civil y dirección administrativa:
ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si (sic) o
por delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del
alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
68. En línea con los parámetros legales, de antaño se ha definido la autoridad
civil como «el poder que uno tiene para gobernar y poner en ejecución las leyes»19,
que ostenta, por ejemplo, «quien reconoce y declara los derechos civiles de las
personas»20.
69. Este concepto se ha mantenido en el tiempo y así lo demuestra la
jurisprudencia más reciente de esta sección, que define la autoridad civil como la
«potestad de dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los
civiles o particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción,
esto es, incluso contra la voluntad de los mismos»21.
19 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 18 de febrero de 1965, Rad. 483-CE-SP-1965-02-
18, MP. Guillermo González Charry.
20 Id.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-
2019-00638-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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70. Es el típico caso de los personeros22, inspectores de policía23, comisarios de
familia24, alcaldes encargados25, alcaldes locales26, directores de institutos
descentralizados27, rectores de establecimientos educativos28, integrantes de los
órganos de regulación del gobierno29, entre otros cargos.
71. Al lado de lo anterior, la ley identifica la autoridad civil a partir de precisas
funciones, a modo enunciativo, cuando su titular tiene facultad de nominación de
servidores públicos, incluso por delegación, y potestad sancionatoria.
72. De forma similar, la autoridad administrativa se debe establecer con un
criterio orgánico y funcional. En efecto, frente al primero, la propia ley señala
algunos cargos, como el alcalde, los secretarios de su despacho y los jefes de las
entidades descentralizadas. Sobre el segundo, también la norma relaciona algunas
atribuciones que representan este tipo de autoridad, a saber, la celebración de
contratos, la ordenación del gasto, la definición de situaciones administrativas de
los empleados de la entidad y el control interno y la potestad disciplinaria.
73. Con ese enfoque, se ha precisado que no solamente la jerarquía funcional
determina la autoridad administrativa, sino que también debe advertirse si el cargo
esté dotado de autonomía funcional para tomar decisiones, normalmente reflejada
en las competencias anotadas30.
74. Por otra parte, en cuanto al elemento espacial o factor territorial, el parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 introdujo un ingrediente común a las causales
relacionadas en la norma, según el cual «se refieren al departamento como entidad
pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo
territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial».
75. Según esa disposición, la autoridad debe ejercerse en una entidad del orden
departamental, lo cual descartaría la inhabilidad cuando esto ocurre en alguno de
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1990, Rad. 0434, MP. Amado
Gutiérrez Velásquez.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de 1991, Rad. 0516, MP. Jorge
Penen Deltieure.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de febrero de 2005, Rad. 23001-23-31-000-
2004-00217-01, MP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 1993, Rad. CE-SEC5-EXP1993-
N0968, MP. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de
2001, Rad. AC-12300, MP. Ana Margarita Olaya Forero.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 1994, Rad. CE-SEC5-
EXP1994-N1108, MP. Amado Gutiérrez Velásquez. Ver, además, sentencia de 5 de junio de 2003,
Rad. 73001-23-31-000-2000-0365302, MP. Darío Quiñones Pinilla.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de agosto de 2004, Rad. 50001-23-31-000-
2004-00008-01, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
29 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1º de febrero de 2000, Rad. AC-7974, MP. Ricardo
Hoyos Duque.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de diciembre de 2024, Rad. 25000-23-41-
000-2024-00098-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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los municipios del respectivo departamento. Sin embargo, esta Sección ha
inaplicado el parágrafo31, por considerarlo contrario a lo dispuesto en el artículo 299
de la Constitución Política, según el cual el régimen de los diputados no puede ser
menos riguroso que el de los congresistas, previsto en el artículo 179 ibidem. En tal
sentido, se ha precisado lo siguiente:
118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha
disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública
y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que
para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en
el artículo 33 de la Ley 617 el (sic) 2000, sería necesario entender que el aspecto
espacial se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad
administrativa-.
119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo 299
constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior,
por cuanto para efectos de los Congresistas, específicamente, los Representantes
a la Cámara cuya elección se realiza en la misma circunscripción territorial de los
diputados, la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente
se aplicaría respecto de situaciones que se presenten en la correspondiente
“circunscripción”, lo que incluye toda la extensión del territorio departamental y de
forma inescindible en los municipios que lo componen; mientras que para los
diputados, la expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la organización
administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de
estos últimos32.
76. Sobre el mismo aspecto, se ha advertido que la Corte Constitucional, en la
sentencia C-396 de 2021, declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley
1871 de 2017, que exponía el mismo contenido del parágrafo del artículo 49 de la
Ley 2200 de 2022, precisamente por oponerse al referido artículo 299 superior.
77. En consecuencia, aunque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
no ha sufrido derogatorias, es claro que este precepto reprodujo el contenido
material de otro declarado inexequible, en contra de la prohibición que trae en ese
sentido el artículo 243 de la Constitución Política.
78. Siendo así, la verificación de la inhabilidad para ser diputado por ejercicio de
autoridad, bien sea directo o por un familiar, debe considerar los pronunciamientos
jurisprudenciales en torno a la inconformidad de dicho parágrafo con el
ordenamiento superior.
31 Inicialmente, el que hacía parte del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017.
32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de julio de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2020-
00007-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Tesis reiterada en sentencia de 18 de julio de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2024-00039-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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2.5. Caso concreto
79. Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró la nulidad de la elección del señor Óscar Alonso
Vargas Jaramillo como diputado de la Asamblea de Caldas, para el período 2024-
2027.
80. La decisión estuvo sustentada en la prueba de la inhabilidad prevista en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, debido a su parentesco en
segundo grado de consanguinidad con una funcionaria que ejerció autoridad civil y
administrativa en el departamento, dentro del año anterior a su elección.
81. Inconforme con el fallo, el demandado interpuso recurso de apelación, con el
propósito de que se revisen cinco aspectos concretos:
1) La extralimitación a la facultad interpretativa de la demanda por parte del
juez electoral, por desconocer que la pretensión estuvo dirigida contra el
formulario E-28, que no corresponde al acto de elección.
2) La incidencia o posibilidad real del ejercicio de autoridad por parte de su
pariente en el departamento y la verdadera capacidad de incidencia en el
electorado, de acuerdo con la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional.
3) La inexistencia de una relación cercana o de afecto entre los parientes.
4) La interpretación restrictiva de las inhabilidades, para considerar que la
norma se limita al parentesco «en tercer grado de consanguinidad» y no
«hasta» ese grado, lo cual excluye a los hermanos.
5) La naturaleza jurídica de la Terminal de Transportes de Manizales, como
factor que elimina la posibilidad del ejercicio de autoridad civil o
administrativa por parte del gerente.
82. La Sala estudiará los reparos anunciados, en el mismo orden.
83. Interpretación de la demanda frente al acto acusado. Como se anunció,
el demandado insistió en el recurso de apelación en un argumento que había
expuesto en la contestación de la demanda, según el cual la pretensión estuvo
dirigida contra el formulario E-28. Por ello, consideró que la sentencia incurrió en
«una extralimitación a la facultad interpretativa de la demanda por parte del juez
electoral».
84. Sobre esta inconformidad, la Sala observa que expone un defecto formal que
fue superado en el momento procesal correspondiente. En efecto, en el auto de 4
de abril de 2024, se negó en primera instancia la excepción de inepta demanda que
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propuso el demandado, pues «una lectura de la demanda y su corrección, las que
fueron integradas en un mismo escrito (PDF N° 25), revela con sencillez que el
accionante (…) impetra la nulidad del Formulario E-26 ASA de 8 de noviembre de
2023». Adicionalmente, al momento de admitir la demanda33 el tribunal ya había
estimado cumplida la corrección ordenada, comoquiera que la parte actora aportó
el formulario E-26 del 8 de noviembre de 2023, que contiene la elección del
demandado como diputado.
85. En tales condiciones, como consta en las dos providencias referidas, que
quedaron debidamente ejecutoriadas, el objeto de la pretensión es el acto que
declaró la elección del demandado como diputado de la Asamblea de Caldas y su
identificación fue precisada desde la etapa inicial del proceso.
86. Siendo así, resta recordar que el principio de prevalencia del derecho
sustancial, previsto en el artículo 228 de la Constitución Política, implica que el juez
«se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias», como lo ordena
expresamente el artículo 11 del Código General del Proceso.
87. En esa medida, el poder de interpretación de la demanda se traduce en el
análisis integral que ha explicado esta sección de la siguiente manera:
[R]esulta imperativo para todas las autoridades la resolución material de los asuntos
puestos a su disposición, con el fin de garantizar de manera real y efectiva el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual se materializa
cuando con la presentación del libelo introductorio el juez al analizar las
pretensiones, los hechos, el concepto de la violación y las pruebas aportadas o
solicitadas para determinar la verdadera vía procesal por la que debe ser tramitado
el medio de control y, de encontrar que puede cercenar algún derecho con esta
decisión, por no tener claridad en alguno de los requisitos de admisibilidad, debe
ordenar su inadmisión para aclararle al accionante las razones que pueden dar al
traste ab initio su petición judicial34.
88. En consecuencia, como se ha hecho en el contexto particular del proceso
electoral, el juez está en el deber de realizar una apreciación conjunta y armónica
de la demanda, que permita desentrañar el sentido de la controversia puesta a su
consideración, sin apego a ritualidades excesivas, más aún cuando se trata de un
medio de control de carácter público, que puede ser ejercido por cualquier
persona35.
89. Se concluye, entonces, que el primer motivo de inconformidad de la sentencia
surge de un rigor extremo de la parte demandada, quien subraya un defecto
meramente formal que fue corregido en la oportunidad pertinente y, además, nunca
33 Auto de 2 de febrero de 2024.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-
00068-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
35 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 27 de mayo de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2019-
00094-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Auto de 27 de mayo de 2021, Rad. 66001-
23-33-000-2020-00499-02 (Acumulado), MP. Rocío Araújo Oñate.
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impidió identificar el acto acusado ni el propósito de la demanda. Por tal razón, está
lejos de tener la capacidad de conducir a que se revoque la decisión apelada.
90. Análisis de incidencia de la sentencia SU-207 de 2022. En el contexto de
las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular, la Corte Constitucional
estableció en la aludida providencia una regla para interpretar el ingrediente referido
al ejercicio de autoridad en el lugar de la elección, en los siguientes términos:
(i) cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal electo y (ii) se alegue para ello su parentesco con un funcionario que
ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii) corresponde a la autoridad judicial
realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de razonabilidad
y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible un examen específico de
la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad administrativa en
el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no es posible la valoración
genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la autoridad se ejerce por
el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones formales sobre la
naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas (Destacado del original).
91. El demandado ha venido solicitando desde la contestación de la demanda la
aplicación de esos lineamientos, pues considera que resultan esenciales para
decidir la controversia. Sin embargo, el tribunal advirtió en el fallo apelado que la
Corte se ocupó en aquella oportunidad de la influencia de un cargo de rango
departamental en un municipio y concluyó que se trataba de una «duda que no se
genera en un caso como el presente».
92. En la apelación, el diputado insiste en que se analice este asunto con el
enfoque indicado en la aludida sentencia, para «evaluar la posibilidad real de
ejercicio de la autoridad en el respectivo municipio como parte integrante del
Departamento». Por lo tanto, aboga por una interpretación que considere «el
ejercicio de funciones con capacidad de afectar la voluntad democrática, producir
desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa pública para
desequilibrar el debate electoral (visión pro homine)». Cabe anotar que la sentencia
SU-556 de 2019 no será estudiada, porque expone un tema ajeno al que plantea el
propio apelante36.
93. Sobre estos argumentos, la Sala advierte, en primer lugar, que la regla de
interpretación que introdujo la Corte Constitucional surgió por la necesidad de
aclarar si la autoridad que se ejerce desde un cargo público en el departamento
puede entenderse automáticamente con la posibilidad de reflejarse en los
municipios que integran la entidad territorial. Allí se estudió, por ejemplo, el caso del
contralor departamental, que no necesariamente tiene jurisdicción en los
municipios, ante la existencia de contralores de este nivel.
36 En efecto, esta providencia tiene que ver con la unificación de reglas jurisprudenciales sobre
subsidiariedad de la acción de tutela cuando se pretende el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez.
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94. De manera que en la sentencia SU-207 de 2022 no se discutió si la autoridad
que se ejerce en un cargo público del nivel municipal influye en el departamento,
que es el escenario pertinente a este asunto, como lo observó el tribunal. De hecho,
esta posibilidad constituye un punto pacífico en la jurisprudencia de esta
corporación, partiendo de la premisa de que geográficamente los municipios
integran los departamentos y, del mismo modo, los electores de los primeros
resultan ser los mismos de los segundos.
95. En este sentido, se ha expuesto particularmente para el caso de los diputados
la tesis que se observa a continuación:
Sin embargo, la norma jurídica resultante de armonizar el numeral 5º con el inciso
penúltimo del artículo 179 de la C.N., no fue absolutamente trasladada al régimen
de inhabilidades que la Ley 617 de 2000 en su artículo 33 numeral 5º, previó para
los Diputados; en esta codificación se omitió, deliberadamente, la parte aquella del
inciso penúltimo del artículo 179 que establecía que la configuración de la
inhabilidad sólo operaba frente a funcionarios que ejercieran autoridad en la misma
circunscripción electoral por la que se postulaba el Diputado, vale decir la
Departamental, lo que a todas luces demuestra que la intención del legislador fue la
de hacer operar esa causal de inhabilidad no solo frente a funcionarios que
ejercieran autoridad en la misma circunscripción electoral del miembro de la Duma
Departamental, sino también frente a funcionarios que ejercieran autoridad en una
circunscripción electoral menor, como son los municipios, entidades territoriales que
vienen a integrar los Departamentos, interpretación ésta que ratifica el propósito del
legislador de hacer más riguroso el régimen de inhabilidades de los Diputados, en
comparación con el mismo régimen establecido por el constituyente para los
Congresistas.
Por otra parte, desde el punto de vista teleológico o finalístico, es igualmente claro
que el legislador abandonó la fórmula establecida por el constituyente de que el
ejercicio de autoridad correspondiera a la misma circunscripción electoral, para dar
paso a la configuración de la inhabilidad en los Diputados por el ejercicio de
autoridad, por parte de sus parientes, en cualquier parte del respectivo
departamento, que es a lo que equivale “en el respectivo departamento”, pues con
ello se quiere cerrar el paso al nepotismo, evitando que varios miembros de un
núcleo familiar accedan a los cargos y corporaciones públicas de elección popular,
en un marco electoral reducido como las entidades territoriales seccionales y
locales, donde es más sensible la influencia que desde el poder público se puede
ejercer sobre el electorado para inclinar la balanza a favor de los allegados,
vulnerando de paso el principio de la igualdad que debe reinar en todo certamen
democrático (Negrillas del original)37.
96. Esta postura fue ratificada, en los siguientes términos:
En lo que respecta al ámbito de acción del ejercicio de autoridad por parte de la
funcionaria y pariente que se le opone al demandado, es preciso retomar de la
causal de inhabilidad en estudio que ello ha de ocurrir “en el respectivo
departamento”. Como quiera que el departamento es una unidad territorial, que a su
vez se compone de unos municipios, puede surgir la inquietud de cuál sea el alcance
de la expresión. Sin embargo, esta Sección ya aclaró ese interrogante, pues luego
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de julio de 2005, Rad. 76001-23-31-000-
2003-04843-01 (35423), MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
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de hacer un estudio sistemático del ordenamiento constitucional, en lo pertinente,
de cara al diseño que el legislador dio al régimen de inhabilidades de los diputados,
recientemente creado con la Ley 617 de 2000, concluyó que el legislador endureció
tal régimen frente a los integrantes de las Asambleas Departamentales, quienes se
pueden inhabilitar por parientes o allegados que ejerzan autoridad dentro de la
jurisdicción del departamento, así sea al servicio de una entidad del nivel nacional,
seccional o local38.
97. En tales condiciones, está claro que, tratándose del cuestionamiento de
elecciones del orden departamental, como los diputados, se entiende que los
funcionarios de los municipios que integran el departamento ejercen su autoridad
en una parte de este y, en consecuencia, pueden llegar a inhabilitar a su pariente.
98. Ahora bien, es posible advertir en la sentencia SU-207 de 2022 la intención
de avanzar, de forma general para estos casos, hacia la valoración de la
probabilidad real del ejercicio de las funciones que comportan autoridad en la
respectiva circunscripción, a partir del análisis de la naturaleza del cargo y de las
funciones que le establecen la ley o el reglamento39.
99. Al respecto, en el caso concreto está probado que la señora Juliana Vargas
Ramírez, hermana del demandado, fue nombrada gerente de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., «POR ACTA NÚMERO JU-1200-1-2-376 DEL 28
DE OCTUBRE DE 2022 DE LA JUNTA DIRECTIVA», de acuerdo con el certificado
de existencia y representación legal de la respectiva Cámara de Comercio. Además,
en el mismo documento se observa que el domicilio de la sociedad es Manizales.
100. Adicionalmente, de conformidad con el Manual Específico de Funciones y
Requisitos40, el cargo de gerente ejecuta «labores de dirección general». En
particular, le corresponde «nombrar, remover y administrar el personal de la
Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias,
así como fijarles su remuneración salarial». Así mismo, es de su resorte «ordenar
el gasto de la entidad» y «suscribir los actos y celebrar los contratos que sean
necesarios para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los programas
de la entidad».
101. Sumado a lo anterior, la empresa certificó el 17 de enero de 2024, que la
señora Juliana Vargas Ramírez fue gerente entre el 28 de octubre de 2022 y el 31
de diciembre de 2023 y que, en tal calidad, desempeñó las funciones previamente
señaladas.
102. Consecuente con lo relatado, en el proceso se acreditó que la hermana del
demandado detentaba las funciones de gerente de la Terminal de Transportes de
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 68001-23-15-000-
2007-00677-02, MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
39 Ver: Aclaración de voto del magistrado Omar Joaquín Suárez Barreto, a la sentencia de 18 de julio
de 2024, Rad. 23001-23-33-000-2023-00191-02.
40 Resolución GE-1000-7-4-003 de 3 de junio de 2015.
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Manizales S.A. en la capital del departamento de Caldas, razón por la cual se
configura el elemento espacial o territorial de la inhabilidad, como lo verificó también
el tribunal en primera instancia. De ahí se sigue que este argumento de la apelación
tampoco prospere.
103. La inexistencia de una relación cercana o de afecto entre los parientes.
De forma muy próxima a la inconformidad estudiada previamente, el demandado
alega que no era posible derivar una ventaja o beneficio para su elección, por cuenta
del parentesco con la señora Juliana Vargas Ramírez, debido a que entre ellos no
existe un lazo estrecho como hermanos, que se explica por las circunstancias
personales que esbozó en la contestación de la demanda.
104. Sobre este punto, es necesario aclarar que, si bien la finalidad de los
regímenes de inhabilidades incluye evitar el nepotismo y que las relaciones
personales con autoridades públicas generen ventajas para los candidatos, lo cierto
es que las causales no incorporan este elemento como un aspecto que deba
verificarse, al momento de definir su configuración.
105. Por el contrario, como se explicó previamente, tratándose de la inhabilidad
por vínculo o parentesco con funcionario que ejerce autoridad, los elementos de la
causal auscultan en la relación familiar, por vínculo o parentesco; el ejercicio de
autoridad civil, política, administrativa o militar; su ocurrencia dentro del año anterior
a la elección y, para el caso, en el respectivo departamento.
106. Exigir la comprobación de factores adicionales a aquellos llevaría al
escenario imposible de conocer los motivos que animaron la decisión de cada
elector, lo cual, no solo escapa a las posibilidades reales de prueba, sino que
también interferiría en la esfera personal de los votantes.
107. Adicionalmente, la naturaleza de la relación entre los familiares tampoco es
un factor contemplado por la ley para determinar la inhabilidad. Antes bien, la norma
impone un análisis estrictamente objetivo, que permita establecer con los medios
de prueba admisibles si entre el elegido y el funcionario público existe el vínculo o
el parentesco, del tipo y grado señalados, del cual la ley presume válidamente que
puede derivar el favorecimiento que busca evitar la prohibición.
108. Al respecto, esta sección ha hecho las siguientes precisiones:
Por otro lado, frente a los argumentos esbozados en los recursos de apelación en
cuanto a que debe realizarse una interpretación teleológica de la norma, es decir,
que habría de tenerse en cuenta la grave enemistad que existe entre los hermanos
(…) por razón de que la norma busca evitar un favorecimiento del primero hacia la
segunda que no puede darse por la circunstancia anotada, la Sala precisa que en el
texto del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 no se ha previsto una consecuencia
diferente para quien se encuentra en esta especial situación, ni se hace excepción
alguna a la regla general consistente en que no podrá ser inscrito candidato ni
elegido diputado quien tenga vínculo de parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad con quien haya ejercido autoridad administrativa, el año anterior a
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su elección. Esta persona, independientemente de la relación afectiva que tenga
con su pariente, se encuentra inhabilitada para acceder a dicho cargo de elección
popular, pues el elemento relevante es el vínculo de parentesco.
Además de lo anterior se advierte que las inhabilidades se hallan consagradas en
un listado taxativo, que no es susceptible de interpretaciones distintas a las que se
desprenden de su tenor literal41.
109. De modo que no es posible considerar el argumento que esgrime el
demandado, en cuanto a la inexistencia de un vínculo afectivo con la señora Juliana
Vargas Ramírez, el cual, dicho sea de paso, no cuenta más que con su propia
afirmación.
110. Atendiendo a lo expuesto, la Sala considera acertada la valoración que hizo
el tribunal frente al elemento subjetivo de la causal de inhabilidad, sin lugar a
variación alguna.
111. Interpretación restrictiva de la inhabilidad frente al grado de
consanguinidad del pariente del diputado. Considera el demandado que el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 únicamente estructura la
inhabilidad allí prevista por cuenta del parentesco «en» el tercer grado de
consanguinidad. Con base en esta lectura, solicita que se atienda al carácter
restrictivo y taxativo de las causales de inhabilidad, para no extender este
presupuesto «hasta» ese grado y, de esta forma, excluir a los hermanos, vinculados
en el segundo grado de consanguinidad.
112. Frente a este argumento, lo primero que advierte la Sala es que no fue
propuesto desde la contestación de la demanda, lo que sería suficiente para no
analizarlo en esta instancia. Ello es así, porque las posturas de las partes en las
oportunidades procesales correspondientes son las que determinan la fijación del
litigio y, en consecuencia, definen los problemas jurídicos que debe abordar el juez
de primera instancia. Por lo mismo, una censura adicional a las que guiaron la
controversia desborda el debate, afectando el debido proceso y los contornos de la
apelación, definidos en el artículo 322 del Código General del Proceso.
113. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que esta corporación ha
precisado de tiempo atrás que la expresión «en», que utilizan algunas causales de
inhabilidad para referirse al grado de consanguinidad, debe interpretarse como
«hasta» o «dentro» de ellos:
Una interpretación ad absurdum significaría aceptar que la inhabilidad se configura
frente a los aspirantes que tienen tíos o sobrinos que desempeñan cargos con
autoridad política o civil y no frente a los hermanos, padres o abuelos en la misma
situación, donde la relación afectiva que es la razón de ser de la inhabilidad es mas
(sic) estrecha.
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 2 de octubre de 2009, Rad. 47001-23-31-000-
2007-00501-00, MP. Filemón Jiménez Ochoa.
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De allí que resulte razonable para el interprete (sic) sostener que si se configura la
inhabilidad cuando se tienen tíos o sobrinos que desempeñan cargos con autoridad
política o civil, con mayor razón (argumento de menor a mayor) la inhabilidad existe
en tratándose de padres e hijos, hermanos, nietos o abuelos por cuanto los lazos
afectivos son mayores.
Se trataría, por tanto, más de un error de redacción que de una explícita exclusión
por el constituyente de la causal de inhabilidad que se discute42.
114. Particularmente, tratándose de diputados, esta sección también ha indicado
claramente que la intención de legislador ha sido extender el parentesco «hasta el
tercer grado de consanguinidad»43, máxime cuando el referente para los miembros
de las asambleas departamentales son los congresistas y su régimen de
inhabilidades no puede ser menos severo que el de estos, de conformidad con el
artículo 299 superior44.
115. En consecuencia, no es admisible que la inhabilidad se configure únicamente
para los parientes del tercer grado de consanguinidad, es decir, los tíos y los
sobrinos, mas no frente a aquellos vinculados en líneas más cercanas, como es el
caso de los padres, los hijos y los hermanos, entre otros, con los que es posible
presumir un lazo más estrecho.
116. De lo anterior se sigue que este argumento de la apelación no resiste un
análisis de cara a la finalidad de la norma y del sentido lógico de las palabras que
utiliza. De tal suerte que este enfoque, en lo absoluto, desborda la interpretación
restringida de las limitaciones al derecho a ser elegido.
117. Por tal razón, no hay lugar a censurar la sentencia de primera instancia por
advertir configurado el elemento subjetivo de la prohibición, por cuenta del
parentesco en segundo grado de consanguinidad entre el demandado y la señora
Juliana Vargas Ramírez.
118. Naturaleza jurídica de la entidad pública como factor determinante del
ejercicio de autoridad de los funcionarios. El demandado sustentó esta
inconformidad en que la Terminal de Transportes de Manizales S.A. es una
sociedad de economía mixta, lo que deduce de la aplicación del derecho privado al
desarrollo de su objeto social, según destaca de la escritura pública de constitución.
119. Al respecto, agregó que «de los diferentes documentos societarios que
reposan en el expediente, no se colige con claridad y certeza que el empleo de
Gerente del Terminal de Transporte de Manizales, por el sólo hecho de ostentar
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de
1998, Rad. AC-5397, MP. Ricardo Hoyos Duque.
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2024, Rad. 15001-23-33-000-
2024-00021-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de noviembre de 2009, Rad. 20001-23-31-
000-2008-00127-01, MP. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 20001-
23-31-000-2007-00240-01, MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
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algunas de las funciones o actividades que la jurisprudencia a (sic) trazado a efectos
de estudiar el elemento objetivo de la causal de inhabilidad, sea un cargo que por
si (sic) mismo involucre el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse
justamente de una sociedad anónima». Así mismo, anunció que profundizaría en
esta cuestión en la etapa de alegatos.
120. Frente a este reparo, la Sala observa, en primer lugar, que el demandado no
presentó alegatos de conclusión y, en cualquier caso, es la apelación la oportunidad
para exponer los argumentos contra la sentencia de primera instancia.
121. En segundo lugar, no es cierto que la Terminal de Transportes de Manizales
S.A. sea una sociedad de economía mixta. En su lugar, el certificado de existencia
y representación legal señala claramente que dicha entidad «ES UNA SOCIEDAD
COMERCIAL ANOMIMA (sic) CONFORMADA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS,
DESCENTRALIZADAS (sic) INDIRECTA, DE SEGUNDO GRADO DEL ORDEN
MUNICIPAL, SUJETA AL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO». Esta naturaleza jurídica también se observa en el
artículo primero de los estatutos de la sociedad, de acuerdo con la Escritura Pública
83 del 26 de enero de 2005 (AA 022726). De manera que no tiene aportes de
particulares45, como lo señala para este tipo de entidades el artículo 85 de la Ley
489 de 199846.
122. Ahora bien, fuera uno u otro tipo de entidad, en ambos escenarios se trata de
una entidad descentralizada de derecho público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 68, 85 y 97 de la referida Ley 489 de 1998. Así mismo, esa
naturaleza pública no se elimina por la aplicación del régimen privado a las
funciones administrativas y las actividades industriales y comerciales que
desarrollan.
123. Adicionalmente, en cuanto a sus funcionarios, el artículo 123 de la
Constitución Política cobija expresamente bajo el concepto de servidores públicos
a «los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios». Para el caso, el artículo cincuenta y uno de los
estatutos de la sociedad, modificados conforme a la Escritura Pública 83 del 26 de
enero de 2005 (AA 022726), dispone que «el gerente, el secretario general, el
tesorero y el jefe de control interno tienen el carácter de empleados públicos».
45 De acuerdo con la descripción de la página web de la entidad, la Terminal de Transportes de
Manizales tiene una «composición accionaria en un 100% corresponde a capital aportado por
entidades estatales».
46 ARTICULO 85. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. Las empresas
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las
reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes
características: (…) c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos
comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios,
y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución (subrayado
adicional).
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124. Significa lo anterior que el argumento que intenta proponer el demandado,
según el cual la supuesta participación de capital privado en la empresa, que quedó
desmentida, sería un factor para diluir el ejercicio de autoridad civil y administrativa
por parte del gerente, carece de fundamento normativo y probatorio.
125. Por el contrario, en este caso se aportaron documentos que acreditan que la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. es una entidad pública descentralizada,
cuyo gerente ejerce funciones que responden a los conceptos legales de autoridad
civil y administrativa.
126. Ante esa realidad, no prospera esta censura y, en suma, ninguna de las
planteadas en el recurso de apelación. En consecuencia, se confirmará el fallo
apelado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de junio de 2024, por la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró la nulidad de la elección del señor Óscar Alonso
Vargas Jaramillo como diputado de la Asamblea de Caldas, para el período 2024-
2027, contenido en el formulario E-26 ASA del 8 de noviembre de 2023, expedido
por la Comisión Escrutadora General.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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