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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2020-00007-02

Nulidad electoral: contra acto de elección de diputada

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2020-00007-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECHAZAR la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandada, para que en el vocativo de la referencia, se adopte una sentencia de unificación jurisprudencial. SEGUNDO: INAPLICAR para el presente caso el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, por ser contrario a la Constitución Política, en virtud del artículo 4º superior. TERCERO: CONFIRMAR fallo del 18 de marzo del 2021, adoptado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante el cual se declaró la nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, contenido en el formulario E-26 ASA del 09 de noviembre del 2019. CUARTO: Una vez en firme, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 85001-23-33-000-2020-00007-02

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

8 de julio de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de diputada / SOLICITUD DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL – Rechazada por falta de carga argumentativa

[E]n su escrito de apelación el impugnante solicitó, de forma somera, que ante lo que denominó como una discrepancia de criterios respecto de la interpretación y alcance del elemento territorial de la inhabilidad que fundamenta el pedido de nulidad de la parte actora, se proceda a emitir una decisión de unificación sobre el tema, y de ser el caso, se proceda a dar aplicación a la figura de la jurisprudencia anunciada. Sobre este particular, es de resaltar que decisiones recientes adoptadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, así como por esta Sección, han precisado que en relación con las solicitudes por medio de las cuales se pretende la adopción de un fallo de unificación, conforme al artículo 271 de la Ley 1437 del 2011, modificado por la Ley 2080 del 2021, se deben cumplir una serie de requisitos de procedencia adjetiva, especialmente, cuando la petición en tal sentido proviene de alguna de las partes. Respecto de estos, se resalta el correspondiente al elemento modal, el cual se relaciona de forma directa con la debida argumentación y sustentación de la misma. (…). Así las cosas, encuentra esta judicatura que en el recurso de apelación, únicamente al final de su intervención, el apoderado de la parte demandante se limitó a solicitar, sin presentar sustento alguno, que en el sub judice fuera adoptado un fallo de unificación jurisprudencial, e incluso, requirió que respecto del mismo se hiciera uso de la figura de la jurisprudencia anunciada. Ante ello, es claro que la parte no atiende la obligación que le exige la norma procedimental -artículo 271 del CPACA-, la cual es clara en demandar de la solicitud para adoptar una decisión con dichos efectos, una carga argumentativa suficiente que permita evidenciar la configuración de los criterios que la misma disposición normativa establece para su procedencia. De esta manera, al no acreditarse un requisito de procedibilidad adjetiva, se procederá a rechazar la solicitud elevada en tal sentido por el apoderado de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los requisitos de procedencia adjetiva de las solicitudes por medio de las cuales se pretende la adopción de un fallo de unificación, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de febrero del 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2020-00004-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de marzo del 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 y 11001-03-28-000-2019-00034-00 (Acumulado); Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 24 de marzo del 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2020-00034-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 17 de junio del 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2021-00034-00. Del elemento modal relacionado con la debida argumentación y sustentación de la solicitud de unificación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de marzo del 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 y 11001-03-28-000-2019-00034-00 (Acumulado).

NULIDAD ELECTORAL / INHABILIDAD DEL DIPUTADO POR PARENTESCO CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Elementos que configuran la causal

Se considera importante resaltar en este punto, que bajo el entendido de la inexistencia de derechos absolutos, se predica que las garantías políticas -art. 40 constitucional- pueden ser objeto de restricciones razonables y proporcionales, establecidas por el texto fundamental o el legislador -arts. 123 y 150 numeral 23 de la Constitución- y que por lo tanto, se contraponen directamente al interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y control del poder político. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran su fundamento en la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la igualdad y la moralidad, ello conforme al artículo 209 Superior. (…). De la lectura de la norma transcrita [numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000] en forma precedente, es posible entonces resaltar los siguiente elementos, a saber: i) El relacionado con el parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil- o el vínculo por unión permanente o matrimonio. ii) Un aspecto objetivo referido al ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar, por parte del pariente, cónyuge o compañero permanente. iii) Un límite temporal, reflejado en que lo expuesto en el numeral anterior, debe presentarse dentro de los 12 meses anteriores a la elección. iv) Un elemento espacial, pues hace referencia a que el criterio objetivo se presente “en el respectivo departamento”. Se debe mencionar que para efectos de la determinación de la configuración de la causal de inhabilidad en comento, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de los elementos antes señalados, en tanto la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en manifestar que todos ellos constituyen un conjunto inescindible. (…). En punto de los elementos descritos, se resalta que conforme a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, que guardan identidad con la defensa desplegada desde el escrito de contestación de la demanda, la discusión en el caso concreto, se centra en el aspecto espacial de la inhabilidad deprecada contra la aquí demandada, es decir, que el ejercicio de autoridad se haya presentado departamento. (…). En línea con lo anterior, esta Sección en decisión reciente, realizó una precisión sobre dicho factor territorial de la expresión “en el respectivo departamento” contenida en la literalidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000.

NOTA DE RELATORÍA: En lo que tiene que ver con la inexistencia de derechos absolutos, que pueden ser objeto de restricciones razonables y proporcionales, establecidas por la Constitución, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-537 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Corte Constitucional, sentencia C-408 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería. Reiteradas en: Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. De las limitaciones constitucionales que encuentran fundamento en la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la igualdad y la moralidad, ello conforme al artículo 209 Superior, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-612 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos. Del concepto de inhabilidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-903 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería. En lo relacionado con la necesaria concurrencia de todos y cada uno de los elementos, como un conjunto inescindible, para la configuración de la causal de inhabilidad del diputado, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero del 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Radicación 15001-23-33-000-2019-00588-01. Reitera criterios expuestos en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, MP Susana Buitrago Valencia, Rad. 11001-03-28-000-2014-00113-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 68001-23-31-000-2011-01057-01. Sobre la inhabilidad de diputado que busca evitar que el ejercicio de un cargo que implique autoridad sea utilizado como elemento que distorsione la igualdad de los participantes del certamen democrático, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre del 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Radicación 13001-23-33-000-2016-00078-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, número interno 2008-00014; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, número interno 2007-00376. Del elemento relativo a la circunscripción en la cual se configura la inhabilidad del diputado cuando el pariente, cónyuge o compañero permanente del aspirante a la referida corporación pública, ejerció la autoridad en los municipios que componen el departamento por el cual se aspira, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de febrero del 2012, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 11001-03-28-000-2010-00063-00 (acumulado). Reitero criterios expuestos en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de mayo de 2002, Pérdida de Investidura No. 11001-03-15-000-2001-00249-01 y 11001-03-15-000-2001-00249-01 (PI-033 y PI-034); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 15 de febrero de 2011, radicación 11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI). Del factor territorial de la expresión “en el respectivo departamento”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 21 de enero de 2021, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01.

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - Aplicación en el medio de control de nulidad electoral

El artículo 4º de la Constitución Política, consagra el principio de supremacía del texto constitucional, bajo el aforismo de la “norma de normas”, fijando a su vez una consecuencia práctica del mismo: en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. (…). Lo expuesto es el reflejo de la existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad como nota característica de nuestro ordenamiento jurídico, pues por un lado, se tiene la posibilidad que por la vía de acción o del carácter automático establecido por el constituyente, se realice un control abstracto de las normas por parte de la Corte Constitucional, con efecto erga omnes y de cosa juzgada -en los términos del artículo 243 Superior-. Pero a su vez, es viable que con efectos inter partes y en casos concretos, los operadores realicen este control por vía de excepción, siendo esta última posibilidad en la que se enmarca al instrumento estudiado en este acápite. (…). [L]a procedencia de la excepción de inconstitucionalidad en procesos judiciales en lo que se discute la legalidad de los actos electorales, se deriva de la posibilidad, incluso oficiosa, que se radica en cabeza del operador judicial de buscar en todo momento la garantía del poder normativo de la Constitución cuando se observe una discordancia entre esta y normas de inferior jerarquía, sin que sea relevante, al menos en principio, verificar de forma clara la afectación o amenaza a un derecho fundamental. Concluir lo contrario, cercenaría de forma considerable el alcance de este mecanismo, que como se expuso, se deriva directamente del artículo 4º constitucional e impediría que el juez electoral, ante una evidente contradicción entre normas de inferior rango -leyes, decretos, resoluciones, decisiones internas de los partidos- y la Constitución Política de 1991, pueda acudir dicho control difuso a efectos de garantizar la supremacía de este último cuerpo normativo. Así la cosas, de entrada, esta Sala señala que no son de recibo los argumentos expuestos por la delegada del Ministerio Público, al cuestionar la procedencia de la utilización de la excepción de inconstitucionalidad por parte del tribunal de primera instancia, al señalar que no se evidenció que un derecho o garantía fundamental estuviera en riesgo de ser desconocido o transgredido. Por el contrario, dada la naturaleza pública del medio de control de nulidad electoral, el carácter objetivo del control de legalidad que allí se realiza y la importante función que este cumple en relación con los fines democráticos establecidos por el constituyente, es claro que la excepción de inconstitucionalidad cobra, quizá, una relevancia fundamental en la labor del operador judicial que conoce de estos asuntos para garantizar, en todo momento, la vigencia de los postulados constitucionales aplicables.

NOTA DE RELATORÍA: De la denominada excepción de inconstitucionalidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia SU-132 del 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Reiteró criterios de: Corte Constitucional, providencia T-389 de 2009.

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - Procede inaplicación del artículo 6 de la Ley 1871 del 2017 / NULIDAD ELECTORAL - El juicio de legalidad del acto acusado no implica una valoración de la carrera o proyección profesional de quien fue declarada electa como diputada / NULIDAD ELECTORAL - No se puede predicar la existencia de una confianza legítima por el actuar previo de la administración cuando el mismo se sustenta en interpretaciones contrarias al ordenamiento / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – Sus decisiones en sede administrativa no condicionan el análisis en sede jurisdiccional a través del medio de control de nulidad electoral / INHABILIDAD DEL DIPUTADO POR PARENTESCO CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Se configuraron todos sus elementos incluido el territorial

[C]ontrario a lo expuesto por el recurrente, es claro que la norma [artículo 179 de la Constitución Política] determina un parámetro objetivo específico en relación con el elemento territorial de la inhabilidades para ser congresistas, lo que permite, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 299 constitucional -que establece que las inelegibilidades de los diputados no podrán ser menos severas de las establecidas para aquellos-, y por consiguiente, realizar el correspondiente juicio de severidad. (…). [L]a interpretación por vía legislativa efectuada en dicha disposición [parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017], implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en el artículo 33 de la Ley 617 el 2000, sería necesario entender que el aspecto espacial se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad administrativa-. (…). Dicha hermenéutica, a todas luces, contravía la exigencia del artículo 299 constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior, por cuanto para efectos de los Congresistas, específicamente, los Representantes a la Cámara cuya elección se realiza en la misma circunscripción territorial de los diputados, la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente se aplicaría respecto de situaciones que se presenten en la correspondiente “circunscripción”, lo que incluye toda la extensión del territorio departamental y de forma inescindible en los municipios que lo componen; mientras que para los diputados, la expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la organización administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de estos últimos. (…). [E]s evidente la contradicción entre la interpretación que vía legislativa se adelantó en la norma del 2017 y las exigencias que de orden constitucional se derivan frente al contenido del régimen de las condiciones de inelegibilidad de los diputados. Esta dicotomía, que surge del necesario análisis de las disposiciones bajo estudio, permite entonces dar aplicación a la figura de la excepción de inconstitucionalidad que fundamentó el fallo de primera instancia y que será confirmado en esta providencia. (…). [C]onsidera entonces la Sala, que para el caso concreto, resulta procedente la inaplicación de la norma dispuesta en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, en tanto conlleva a una disminución de las exigencias o criterios para la configuración de los diputados respecto de aquellas (os) determinados para los congresistas. (…). Esta Sala precisa que, en atención a los efectos inter partes de la excepción de inconstitucionalidad, la decisión adoptada en tal sentido se limita a la resolución del sub judice, siendo importante resaltar que, frente a cada causal de inhabilidad en la que se pueda predicar la aplicación del parágrafo 6º de la Ley 1871 del 2017, se debe efectuar un análisis independiente con el fin de establecer si procede o no inaplicar la misma a cada situación de inelegibilidad. (…). Tampoco resulta pertinente el argumento expuesto en la apelación bajo estudio, la cual señala que el criterio orgánico para definir la expresión departamento, ya había sido utilizado en la Ley 1148 del 2007, pues dicha norma no hace parte del objeto del debate planteado en la presente litis y la misma consagra eventos diferentes de la causal de inhabilidad estudiada, por lo que no puede ser presentada como un criterio o parámetro interpretativo en este asunto.

De otra parte, es claro que el juicio de legalidad realizado respecto del acto electoral acusado, no implica una valoración de la carrera o proyección profesional de quien fue declarada electa como diputada. (…). [E]l objeto del medio de control de nulidad electoral, se aleja de apreciaciones de orden subjetivo como las mencionadas por el recurrente, para enfocarse de forma exclusiva en la legalidad objetiva del acto, es decir, su validez respecto de la norma que, como en el presente caso, consagra una causal de inelegibilidad respecto de quien aspira a un cargo de elección popular. (…). En otras palabras, los derechos subjetivos de quien pretende el acceso a un cargo de elección popular, ceden frente a las garantías que bajo el sistema democrático se han establecido a favor de los electores, entre las cuales se encuentran, la de contar con elecciones justas, libres de factores que las distorsionen o nuliten el principio de igualdad que debe caracterizarlas, finalidades que se predican del régimen de inhabilidades fijado en la Constitución y la ley, el cual finalmente se garantiza, entre otros medios, con el control de legalidad que se radicó en cabeza de los jueces contencioso administrativos. Es por ello que no resulta de recibo lo expuesto en la apelación que se resuelve por el presente proveído, en tanto lo que pretende el apoderado de la parte demandada, pues busca a través de su razonamiento dar una prevalencia absoluta a las garantías que constitucionalmente se reconocen a su representada -conforme al artículo 40 Superior-, desconociendo que estos pueden ser limitados en forma legítima y proporcional a finalidades igual de relevantes y sobre las cuales corresponde a los jueces procurar su efectividad. Adicionalmente, el recurrente solicita se de aplicación al criterio de interpretación útil de las normas. (…). Frente a ello, la Sala indica que la tesis fundamental prohijada en esta providencia, la cual concuerda con la expuesta por el fallo impugnado, precisamente busca garantizar, no solamente la primacía del texto fundamental, sino también la eficacia de las disposiciones que componen el régimen de inhabilidades de los diputados, siendo que una posición en contrario, pone en riesgo la efectividad del mismo en la garantías de los altos intereses que se busca proteger con el mismo. (…). Uno de los elementos de los principios que se invocan por el impugnante, es que el soporte de las expectativas generadas por las entidades públicas, tenga un soporte acorde con la Constitución y con la ley. Así las cosas, ante dicha características de legalidad, es claro que no se puede predicar la existencia de una confianza legítima por el actuar previo de la administración, cuando el mismo se sustenta en interpretaciones que resultan contrarias al ordenamiento. En conclusión, toda vez que los actos de los cuales se pretende predicar la aplicación de la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, presentan una interpretación contraria al ordenamiento vigente, no resulta aceptable predicar la materialización de aquellos en favor de la demandada. (…). [E]l procedimiento para la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, se trata de un trámite de índole administrativo, que busca materializar la competencia que constitucionalmente ha sido asignada al CNE, en el sentido de verificar, entre otras circunstancias, la posible configuración de inhabilidades, evitando así que los ciudadanos que fehacientemente se encuentren en tal situación de inelegibilidad (plena prueba) participen del evento democrático. Bajo esta lógica, el acto objeto de control en tal sede, se corresponde con el acto de inscripción que realizan los partidos o movimientos políticos.

Por otra parte, el medio de control de nulidad electoral, busca verificar por excelencia la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento, por aspectos derivados del proceso de elección -causales objetivas-, como de las calidades exigidas respecto del elegido, nombrado o llamado -causales subjetivas-, realizando, (…), un análisis objetivo del contenido de la norma frente a las demás que regulan la actividad electoral, a efectos de determinar la ocurrencia de algunas de las causales que expresamente se han consagrado en los artículos 137 y 275 del CPACA. Esto sin perder de vista, que el análisis del acto de designación, no excluye el estudio de validez de las actuaciones previas al que declaró la elección, nombramiento o llamamiento, en especial cuando a partir de éstas se edifican los motivos de inconformidad. Asimismo debe considerarse, que el Consejo Nacional Electoral actúa en el trámite de revocatoria como entidad de inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de los partidos políticos, es decir, ejerce una función pública de orden administrativo respecto de las colectividades políticas; mientras que en la nulidad electoral deviene de una función jurisdiccional cuya decisión tiene el carácter de cosa juzgada, que buscan el control de legalidad de los actos susceptibles de la misma, buscando con ello el control de la administración, que para el caso de las elecciones de carácter popular, se traduce en las autoridades que declaran la elección, estudio que vale la pena aclarar, puede involucrar la revisión de las actuaciones de las colectividades políticas, por ejemplo, en materia de avales o de las listas de candidatos que conforman, comoquiera que tales actuaciones deben cumplir con los parámetros legalmente establecidos y hacen parte del procedimiento que se adelanta para la conformación del acto de designación. Es claro entonces que, a través de la actuación del CNE, se busca la protección del certamen electoral en sede administrativa, es decir, en los momentos previos a este y bajo la posibilidad de controlar el accionar de los partidos políticos, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de sus candidatos. Mientras que en otro estadio, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la nulidad electoral, busca el control de las decisiones administrativas que se expidan con posterioridad a las votaciones, comprendiendo los actos derivados de escrutinios y la posterior declaratoria de la elección, así como de las calidades de quienes resultasen elegidos, estudio en el que se insiste, también tiene lugar la revisión de la validez de las actuaciones previas al acto de designación. En conclusión a ello, el sistema responde a una lógica de buscar que todos los actos que se derivan de la celebración de las elecciones, tengan algún mecanismo de control, que permita la eficacia de los derechos de participación política de los ciudadanos. (…). Si bien es cierto, en ambas actuaciones es procedente la revisión de asuntos en común, como lo es la posible configuración de una inhabilidad respecto del candidato o el elegido, según se trate, también lo es que dicha situación se presenta de esa manera, en la medida en que tanto la Constitución Política -en el artículo 265- como la Ley 1437 del 2011 -en el artículo 275-, así lo consagraron, sin que se observe desde el punto de vista normativo la existencia de un condicionamiento mutuo frente a dichos trámites.

Bajo esta lógica, no resulta contrario a derecho, o los principios de confianza legítima o seguridad jurídica, que en sede jurisdiccional, se solicite la nulidad del acto de elección por causal del artículo 275.5 del CPACA, aunque dicho aspecto haya sido revisado en sede administrativa ante el CNE, dado que, no sólo se presentan las diferencias descritas en los numerales precedentes, sino que también, es válido desde el punto de vista legal. (…). [D]ebe considerarse, que en sede administrativa y debido al poco tiempo que transcurre entre la inscripción de los candidatos y las elecciones, el ejercicio de la facultad del CNE de revocar aquéllas, debe estar soportado en la existencia de “plena prueba”, con lo cual quiso advertir el constituyente, que se está ante un palmaria violación del régimen de inhabilidades, porque en caso contrario, esto es, de existir duda, debe optarse por permitir la participación en el certamen electoral, so pena de restringir bajo una situación de incertidumbre el ejercicio de los derechos políticos. Y es que el análisis que tiene lugar en sede judicial, obedece tanto a la naturaleza de las autoridades competentes y a las normas procesales y sustanciales que deben aplicar, como al hecho que cuando el asunto es sometido a la jurisdicción, se está ante un acto electoral con presunción de legalidad, es más, que representa la voluntad popular, por lo que su estudio merece el más exhaustivo análisis, dada la incidencia que tienen para el sistema democrático las decisiones que se profieran, contexto que difiere al que se ve enfrentado el CNE en sede administrativa, sin desconocer con ello, la trascendencia de las determinaciones que adopta antes, durante la campaña electoral y en los comicios. (…). [E]s claro que una decisión previa del Consejo Nacional Electoral, en proceso de revocatoria de inscripción con fundamento en las funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas a dicho organismo, no limita, condiciona, instruye o guía el análisis que en sede jurisdiccional a través de la acción de nulidad electoral realizan los jueces administrativos, quienes bajo el principio de autonomía judicial, adoptarán las decisiones que razonablemente sean procedentes en derecho. Por lo dicho, es claro que emitir un pronunciamiento contrario a lo que se haya decidido en sede administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral, no implica desconocer los principios de confianza legítima, buena fe o seguridad jurídica, pues una conclusión en contrario, dejaría sin contenido el control de legalidad que realizan los jueces sobre los actos de la administración, entre ellos los electorales, así como conllevaría a pensar que existe una especie de condicionamiento respecto de las decisiones que se puede adoptar por el operador judicial en sede de nulidad electoral, lo cual a todas luces resulta atentatorio del principio de independencia judicial y de la posibilidad de control jurisdiccional de los actos expedidos por las autoridades públicas. Finalmente, se debe resaltar que para efectos de la configuración de la inhabilidad deprecada contra la demandada y que soporta la solicitud de nulidad de su elección, resulta irrelevante demostrar si su familiar ejerció su autoridad en favor de su aspiración a la Asamblea Departamental del Casanare, pues dicho criterio no hace parte de la configuración normativa y literal del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, lo que permite concluir que su ocurrencia es irrelevante frente a los elementos que permiten configurar la inhabilidad reseñada.

A lo anterior se suma que esta Sección ha señalado para efectos de determinar la materialización de la misma, no es necesario que se concrete o lleven a cabos actos que impliquen el ejercicio de la autoridad que se predica respecto del pariente, toda vez que basta con verificar que la misma se ostentó dentro del período inhabilitante, alejándose el análisis del juez electoral de criterios subjetivos que pretendan desentrañar si se buscaba o no obtener réditos manifestados en votos a favor de una postulación determinada. (…). Conforme a lo dicho en precedencia, esta Sala concluye que es procedente confirmar el fallo de primera instancia, en tanto resulta claro que todos los elementos de la inhabilidad deprecada contra la demandada se configura. Se resalta que los relativos al parentesco, al calificativo de autoridad civil, política, administrativa o militar que se predica de las funciones de alcalde municipal -cargo que ostentaba el familiar (sic) de la señora Bohórquez Cuevas- y el elemento temporal, no fueron cuestionados por el apelante, por lo que se entiende que la configuración de los mismos, demostrada en el fallo del a quo, no es objeto de controversia. En punto del elemento territorial, la Sala evidencia que toda vez que el familiar de la [demandada] (…), en su calidad de Alcalde de Pore (Casanare) -lo que tampoco fue debatido o controvertido-, ejerció la autoridad administrativa, civil y política derivada de dicho cargo, en un municipio que hace parte del departamento que integra la circunscripción por la cual resultó elegida como diputada. Sobre este particular, en razón a la vigencia del parágrafo del artículo 6º del Ley 1871 del 2017, esta Sala comparte la conclusión expuesta por el tribunal, al indicar que toda vez que dicha disposición interpretativa resulta contraria a las exigencias del artículo 299 constitucional, es procedente su inaplicación, con fundamento en el artículo 4º Superior. Toda vez que esto último no fue expuesto en la parte resolutiva en el proveído recurrido, esta Sección así lo dispondrá en esta oportunidad, decisión que limita sus efectos a lo decidido en el caso concreto (inter partes). En consideración a que los demás argumentos de la apelación no tienen vocación de prosperidad por las razones expuestas en el acápite anterior, se impone la forzosa conclusión de mantener la declaratoria de la nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, contenido en el formulario E-26 ASA del 09 de noviembre del 2019, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental del Casanare.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el aspecto territorial en cuanto a la inhabilidad de diputado, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 21 de enero de 2021, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01. Sobre la incompatibilidad entre el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017 y los artículos 299 y 179 constitucionales, giran en torno a la interpretación de la expresión “departamento”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, 21 de enero de 2021, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01. En cuanto a la actuación que adelanta el Consejo Nacional Electoral al momento de decidir sobre la revocatoria de inscripciones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio del 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. En lo relativo al contenido del principio pro homine, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 18 de febrero del 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2019-02852-02. Sobre la competencia del CNE para revocar la inscripción de aquellos aspirantes incursos en causal de inhabilidad, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de octubre de 2020, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 11001-03-28-000-2019-00042-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 1° de julio de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00050-00. Del medio de control de nulidad electoral, que busca verificar la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento, por aspectos derivados del proceso de elección -causales objetivas-, como de las calidades exigidas respecto del elegido, nombrado o llamado -causales subjetivas-, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00022-00. En cuanto al cumplimiento de la cuota de género, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de septiembre de 2020. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 19001-23-33-000-2019-00357-01; sentencia del 21 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 50001-23-33-000-2019-00488-01. Sentencia del 28 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 76001-23-33-000-2019-01061-01. Sentencia del 4 de febrero de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-002-2019-01077-01. En cuanto a que todos los actos que se derivan de la celebración de las elecciones tengan algún mecanismo de control, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2019, C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). Para efectos de determinar la materialización de la inhabilidad, no es necesario que se concrete o lleven a cabos actos que impliquen el ejercicio de la autoridad que se predica respecto del pariente, toda vez que basta con verificar que la misma se ostentó dentro del período inhabilitante, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 17 de junio del 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 52001-23-33-000-2019-00638-01.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 108 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 179 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 299 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 / LEY 1871 DE 2017 – ARTÍCULO 6 / LEY 617 DEL 2000 - ARTÍCULO 33

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00007-02

Actor: ÁNGELA JIMENA VALENCIA MARIÑO

Demandado: LADY PATRICIA BOHÓRQUEZ CUEVAS - DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CASANARE, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Inhabilidad para ser diputado – Elemento territorial de la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000. Excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – CONFIRMA FALLO

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia del 18 de marzo del 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Casanare declaró la nulidad del acto de elección demandado.

ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1. La señora Ángela Jimena Valencia Mariño, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA, elevó las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el documento expedido por la Organización electoral E-26 ASA del 09 de noviembre del 2019, firmado por los delegados del Consejo Nacional Electoral como miembros de la comisión Escrutadora del Departamento de Casanare, acto por medio del cual se declara electa como Diputada del Departamento de Cansare (sic) a LADY PATRICIA BOHORUEZ (SIC) CUEVAS, identificada con C.C. 52.897.176 de Bogotá, para el período 2020-2023 avalada por el Partido Liberal Colombiano.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del artículo 288 de la Ley 1437 del 2011, que se decrete la cancelación de la credencial que acredita a la ciudadana (…) como Diputada Electa del Departamento de Casanare.

TERCERA: Que, como consecuencia de la cancelación de la credencial E-27, solicitada en la pretensión anterior, se ordene al Registrador Nacional para que le otorgue la credencial a la persona que sigue en la lista del Partido Liberal Colombiano.

CUARTA: Por tratarse de una declaratoria de nulidad de Acto (sic) de elección por la condición subjetiva de inhabilidad de la ciudadana avalada por el Partido Liberal Colombiano, se hagan las comunicaciones respectivas de la sentencia al Consejo Nacional Electoral, para lo de su competencia, conforme a lo señalado por la ley 1475 para estos casos.

QUINTA: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la elección (…) se solicita muy respetuosamente, se ordene a quien corresponda declarar Electo como Diputado del Departamento de Cansare (sic), al candidato que haya obtenido la tercera votación del Partido Liberal Colombiano”.

Hechos

2. Narró la demandante que el 4 de agosto del 2019, la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas se inscribió por el Partido Liberal Colombiano como candidata a la Asamblea Departamental de Casanare, correspondiéndole el numero L-53 en el tarjetón.

3. Indicó que a dicha fecha, el señor Omar Cuevas Bernal ostentaba la calidad de alcalde municipal de Pore (Casanare), al haber sido elegido para el período constitucional 2016-2019.

4. Refirió que entre la demandada y el referido funcionario público, existe vínculo por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad al ser la primera sobrina del segundo.

5. El 9 de noviembre del 2019 la aspirante a la mencionada duma, fue declarada electa como diputada, conforme consta en el formulario E-26 ASA, suscrito por la Comisión Escrutadora Departamental.

Normas violadas y concepto de la violación

6. Se precisó en el libelo introductorio de la acción, que con el acto acusado se incurrió en un desconocimiento del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política y el artículo 299 Superior, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2007.

7. Precisó que el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, determina que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado, quien tenga vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento. Indicó que por su parte, el numeral 5º del artículo 179 constitucional, refiere que respecto de los aspirantes a congresistas, dicha causal de inelegibilidad se extiende hasta el parentesco por tercer grado de consanguinidad con funcionarios con dichas facultades, precisando que el artículo 299 del texto superior determina que “(…) el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

8. A reglón seguido, manifestó:

“Ahora bien, la causales previstas en los artículo 179-5 de la Constitución Política y 33-5 de la Ley 617 del 2000, que son las que ocupan la atención, fueron consagradas con la finalidad de depurar la democracia colombiana, evitando el nepotismo y per sé que los servidores investidos de autoridad la utilizaran para favorecer los intereses de personas de su núcleo familiar, con quienes tienen lazos de parentesco en los grados allí señalados, conducta que de no ser prevenida rompería el principio de imparcialidad, empañaría el proceso político electoral y comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de oportunidades de los candidatos para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, inclinando la balanza a favor de sus allegados, facilitando así la propagación de dinastías electorales familiares”.

9. Señaló que de un cotejo entre las normas de orden legal -numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000- y constitucional -numeral 5º del artículo 179, se tiene que el legislador, frente al vínculo por consanguinidad, fue menos estricto que lo establecido por el constituyente. Por esta razón, indicó que la lectura de estas disposiciones debe realizarse en el marco del artículo 299 constitucional, que determina una prohibición de hacer menos estricto el régimen de inhabilidades de los diputados respecto del establecido para los congresistas.

10. Con fundamento en ello, así como en dos providencias de esta Sección, determinó entonces que respecto de la causal de inelegibilidad deprecada en la demanda, la misma debe entenderse que se configura cuando se demuestra un parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad -tal y como se dispone para los aspirantes al Congreso de la República-, en tanto lo consagrado en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, es inconstitucional.

11. Seguidamente, refirió que el Consejo de Estado ha determinado que en relación con el elemento relativo al ejercicio de autoridad en la circunscripción departamental, esta última no necesariamente tiene que corresponder con dicho ámbito territorio, sino que se puede presentar frente a uno menor, por lo que entonces se predica la configuración de la inhabilidad, cuando el pariente del elegido ostenta las funciones de las cuales se deriva la autoridad civil, política o administrativa en uno de los municipios o distritos que conforman el departamento.

12. Continuó su exposición refiriendo los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, que desarrollan los conceptos de autoridad civil, política y dirección administrativa, para concluir que respecto del pariente de la demandada, al ostentar la calidad de alcalde municipal, desplegó poderes decisorios, de control y mando dentro de la jurisdicción de Pore (Casanare), que configuran entonces dichos elementos requeridos por la normativa inhabilitante que fundamenta su pretensión anulatoria.

13. Solicitó que se aplique la excepción de inconstitucionalidad respecto del parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, al considerar que su contenido es contrario al artículo 179 de la Constitución Política, así como a lo dispuesto en el artículo 299 del mismo cuerpo normativo.

14. Finalizó su argumentación señalando que:

“De acuerdo con los anteriores razonamientos resulta demostrado que la hoy diputada electa según el E-26 ASA, LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, para la fecha de su inscripción, como de su elección, se encuentra incursa en la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, puesto que dentro de los doce meses anteriores a su elección su pariente en tercer grado de consanguinidad ejerce (sic) autoridad al desempeñarse como mandatorio local; en concreto, porque el señor OMAR CUEVAS BERNAL, tío de LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, se desempeña (sic) como Alcalde del municipio de Pore. Por tanto, el cargo de revocatoria (sic) del acto administrativo E-26 ASA de esta candidata prospera, razón por la que se solicita de la manera más respetuosa se concedan las pretensiones del medio de control invocado, y se disponga la revocatoria del acto administrativo enunciado (sic)”.

Actuaciones Procesales

1.2.1. Admisión
15. Con providencia del 22 de enero del 2020, el Tribunal Administrativo del Casanare dispuso la admisión de la demanda de la referencia, así como ordenó las notificaciones del caso y negó la medida cautelar solicitada con el libelo introductorio de la acción.

16. Frente a este último punto, se determinó por la referida autoridad judicial, que con el escrito inicial, no se aportó prueba del parentesco a efectos de considerar configurada la inhabilidad deprecada, por lo que a dicha instancia del proceso, no era procedente el decreto de la suspensión de los efectos del acto demandado.

1.2.5. Contestaciones

17. De la Registraduría Nacional del Estado Civil. Actuando a través de apoderado constituido para el efecto, la referida entidad refirió que no era la llamada a pronunciarse de fondo respecto de los cargos y pretensiones formuladas por la parte actora, “(…) toda vez que no expidió el acto demandado y carece de competencia para resolver reclamaciones, dado que dichas prerrogativas constitucionales y legales le fueron atribuidas al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y Jueces de la República, a nivel Departamental y Municipal, a través de las Comisiones Escrutadoras General y Municipales respectivamente”.

18. Indicó que con fundamento en lo anterior, presentaba la excepción previa de falta de legitimación en la causa, soportándose adicionalmente en pronunciamientos de esta Sección, en donde se ha precisado que la Registraduría Nacional de Estado Civil no es un sujeto procesal dentro de los juicios de nulidad electoral, pues su presencia en la organización electoral es meramente operativa.

19. De otra parte, refirió en su intervención, que en el procedimiento de inscripción de candidatos no realiza un proceso de verificación respecto de las posibles inhabilidades en las cuales se encuentren incursos los aspirantes, reseñando que dicha función corresponde a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos y al Consejo Nacional Electoral a través del procedimiento de revocatoria de dichos actos.

20. De la demandada. En su intervención, por intermedio de su representante judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, solicitando que las mismas sean negadas.

21. Propuso la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, sustentada en dos razones, la primera, a la presunta indebida integración del litisconsorcio necesario por el extremo pasivo de la relación procesal, en tanto a su juicio, se debió designar como parte demandada al Partido Liberal Colombiano, colectividad que avaló la postulación de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas. De otra parte, en le marco de la misma, consideró que el escrito inicial no atendió los requisitos del artículo 162 del CPACA, en atención a que no se desarrolla en forma clara el concepto de violación que permita entender los argumentos que se elevan para entender materializada la causal de inelegibilidad.

22. De otra parte propuso la excepción mixta de cosa juzgada, al considerar que el asunto objeto de debate fue resuelto por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 5965 del 16 de octubre del 2019, en la que se negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de la demandada como candidata a la Asamblea Departamental del Casanare. Resaltó que en su momento, la referida entidad administrativa, señaló que la autoridad civil, administrativa, política y militar para entender configurada la causal de inhabilidad deprecada con la demanda, debe ejercerse a nivel departamental, tal y como se desprende del contenido de la “ley 1871 de 2018”.

23. Frente al fondo del asunto, refirió lo siguiente:

24. De conformidad con el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, se entiende que el elemento de ejercicio de autoridad exigido por la norma que prescribe la causal de inelegibilidad, debe comprobarse respecto de todo el ente territorial departamental, por lo que a su juicio, “un alcalde no inhabilita un diputado”.

25. Respecto de lo anterior, indicó que “frente a congresistas no ha existido una postura unánime de la jurisprudencia respecto del factor territorial, referido a que el ejercicio de autoridad se deba dar en el respectivo municipio, distrito o departamento en el cual se desea aspirar como candidato, pues difiere en su concepción de circunscripción, acogiendo ya sea un criterio electoral o territorial, en consecuencia, al no haber uniformidad, existe un vacío sobre la severidad en este tópico (espectro territorial)”.

26. Manifestó que los dos incisos finales del artículo 179 de la Constitución Política, no señalan de forma expresa su aplicación a los diputados. Adicionalmente, precisó que, a su juicio, la Ley 1871 de 2017, constituye “interpretación legislada, por ende es válida su aplicación y no es procedente la inaplicación que sugiere la demandante.”

27. Refirió que el inciso 2º del artículo 299 constitucional, dispuso que el régimen de las inhabilidades de los diputados será fijado por la ley, por lo que consideró que a esta clase de funcionarios no les es aplicable de manera directa e irrestricta la norma constitucional, así como tampoco procede desconocer lo referido por la Ley 1871 del 2017, por que esta última fue expedida en virtud del poder que al legislador le confiere la Constitución Política.

28. Argumentó que, conforme a lo consagrado en la sentencia dictada en el expediente 3982-3951, calendada el 23 de febrero del 2007, se tiene que para la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades de los congresistas, se requiere, por un lado, que no se haya previsto una causal igual o más estricta para los diputados; y del otro, que la causal propia de los aspirantes al Congreso de la República, frente a la que se mide la severidad de los postulados a la duma departamental, sea de aquellas que correspondan de forma exclusiva a estos últimos.

29. Siguiendo con su contestación, puso de presente que conforme al inciso 3º del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política, siendo que dicha disposición fue declarada exequible, en providencia C-490 del 2011, entendiéndose que dicho parámetro sólo será exigible frente a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 179. Por ello, manifestó, el juicio de severidad sólo puede realizarse frente a esta última causal, y no frente a la número 5, como lo pretende la demandante con sus pretensiones.

30. Arguyó que, para la Corte Contitucional, “el término de comparación que prescriben respecto de reglas de congresistas para otros servidores públicos (incluidos los diputados) no puede aplicarse de manera plena, en razón a que no todas la causales de inhabilidad establecidas en la Constitución para los congresistas se pueden predicar en general de todos los servidores públicos de elección popular, pues en su mayoría no aplican en el nivel territorial y el mandato legal no puede desconocer la facultad conferida por el constituyente al legislador para establecer distintos regímenes de inhabilidades en el acceso a cargos de elección popular distintos a los de los senadores y representantes, para quienes el constituyente consagró un estatuto especial y unas prohibiciones específicas”.

31. A reglón seguido, indicó que el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, llena el vacío derivado de la literalidad del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, en tanto el primero interpreta que no se trata del ejercicio de “cualquier autoridad” sino que debe ser del “orden departamental”, siendo que esta disposición no es ni más ni menos severa que lo esipulado en el artículo 179 constitucional, en tanto es “de idéntica aplicación en lo que corresponde”.

32. Precisó que en todo caso, dicho criterio de territorialidad no es nuevo, presentando el contenido del artículo 1º de la Ley 1148, modificatorio del artículo 49 de la Ley 617 del 2000, en donde se hizo referencia a una serie de prohibiciones que limitaron dicho asunto a la pertenencia al departamento.
33. Aseveró que la solicitud de la demandante, en el sentido de inaplicar por inconstitucional el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, además de presentar pocos argumentos, resultaría en una afectación desproporcionada a los derechos políticos de su representada, determinados en el artículo 40 constitucional, así como los artículos 93 y 107 del Texto Superior, y del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para lo que solicitó acudir a los principios pro homine, de efecto útil, de eficacia del voto, de buena fé, confianza legítima y seguridad jurídica -estos últmos por la decisión del CNE al resolver la solicitud de revocatoria de la inscripción de la demandada- como criterios de interpretación para resolver el caso.

34. Del Consejo Nacional Electoral. Tras precisar el contenido de la inhabilidad deprecada en la demanda y determinar los elementos que de forma concurrente deben presentarse para su configuración, la apoderada de esta entidad, refirió que conforme a la Ley 1871 del 2017, en el parágrafo de su artículo 6º, se debe demostrar que el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar del elegido, dentro del período inhabilitante, fue ejercido de forma exclusiva en el departamento, en tanto de la lectura de dicha disposición, se refiere que para todas la inhabilidades del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, se debe entender al departamento como entidad pública, y no al aspecto “territorio”.

35. Adicionalmente, hizo referencia al antecedente administrativo correspondiente a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, indicando que la misma fue resuelta mediante Resolución 5965 del 16 de octubre del 2019, confimada con Resolución 6344 del 22 de octubre del 2019, indicándo que dichas decisiones constituyen “un precedente de suma importancia para el presente asunto.”

1.2.6. Trámite de instancia

36. Con auto del 30 de julio del 2020, el despacho conductor de la primera instancia resolvió sobre las excepciones previas de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida integración del litisconsorte necesario por el extremo pasivo de la relación procesal, así como por la presunta ausencia de requisitos legales exigidos por el artículo 162 del CPACA. Estos medios exceptivos fueron negados en la providencia señalada.

37. En decisión de la misma fecha, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Casanare, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como negó aquella que por cosa juzgada alegada por el apoderado de la demandada.
38. Mediante auto del 16 de diciembre del 2021, se dispuso el 26 de enero del 2021 como fecha para la celebración de la audiencia inicial.

39. En la diligencia antes referida, tras efectuar el correspondiente saneamiento del proceso, se adoptaron las siguientes decisiones:

Se fijó el litigio en los siguientes términos:

“De conformidad con los hechos fijados en el litigio, en el presente asunto se debe determinar si ¿La (sic) señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, se encuentra inhabilitada para ser diputada de la Asamblea Departamental de Casanare, por tener grado de parentesco en tercer grado de consanguinidad con el señor Omar Cuevas Bernal, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000?

En relación con las pruebas, se presentaron las siguientes decisiones:

Respecto de la parte demandante, se incorporaron las documentales allegadas con el escrito inicial, así como se ofició a la Alcaldía de Pore, para que se certificara las personas que han ocupado el puesto de primer mandatario de dicha localidad desde el mes de diciembre del 2018. A su vez se negaron por innecesarias, las solicitudes tendientes a oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al CNE, por cuanto el registro civil de la demandada y de su pariente, como los antecedentes administrativos del trámite de revocatoria, ya obraban en el expediente. Así mismo, se despachó en forma desfavorable la solicitud de realizar un interrogatorio de parte y un testimonio, con los que se buscaba probar el vínculo de parentesco, al considerar que no es la prueba idónea o conducente para el efecto.

En relación con las solicitudes probatorias de la parte demandada, se decidió incorporar al expediente los documentos allegados en la contestación; así como se negaron las demás efectuadas en la misma intervención.

Finalmente, se dispuso el 2 de febrero del 2021, como día para llevar a cabo la audiencia de pruebas. En dicha fecha, se llevó a cabo tal actuación, en la que se indicó que el recaudo probatorio estaba completo, sin que se presentaran recursos de las partes. Así las cosas, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión, así como para que el Ministerio Público presente su concepto, si así lo considera.

1.2.7. Alegatos de conclusión en primera instancia

40. La demandante. En su intervención, la demandante, actuando a través de apoderada judicial, solicitó se acceda a las pretensiones, para la cual reiteró los argumentos presentados en sus escritos anteriores, en los cuales refirió la configuración de la causal de inhabilidad deprecada como fundamento de la nulidad del acto de elección acusado.

41. La demandada. Concluyó que en el sub lite no se configura la condición de inelegibilidad alegada, en tanto no se demostró el ejercicio de autoridad en el respectivo departamento del Casanare, para lo cual, reiteró las manifestaciones efectuadas al momento de contestar la demanda.

42. El Consejo Nacional Electoral. Reiteró en su integridad el contenido de la contestación al libelo introductorio.

1.2.8 Concepto del Ministerio Público

43. En su intervención, la Vista Fiscal consideró que en el caso concreto no se presentaban los elementos concurrentes para la configuración de la causal de inhabilidad alegada por la demandante, en tanto a su juicio y conforme a lo determinado por el artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, el ejercicio de la autoridad -civil, administrativa, política o militar- exigido por la norma, debe extenderse por todo el departamento.

44. Así las cosas, manifestó que el pariente de la demandada, si bien ostentó la calidad de alcalde municipal al momento de la inscripción y de su elección, lo cierto es que sus competencias estaban circunscritas a la localidad de Pore (Casanare), lo que a su juicio, rompe la concurrencia de todos los elementos requeridos y desarrollados tanto por la ley como por la jurisprudencia.

1.3. Sentencia de primera instancia

45. El Tribunal Administrativo del Casanare, en fallo del 18 de marzo del 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas como diputada de la Asamblea Departamental del Casanare. Para el efecto, sostuvo que la tesis principal de sus consideraciones es que “el parágrafo del art. 8 (sic) de la Ley 1871 redujo el rigor de la causales de inhabilidad para ser congresista (sic), comparadas con las de un representante a la Cámara, debe inaplicarse (sic) por quebrantar los mandatos de los arts. 179 y 299 de la Carta. (…) En su lugar, debe entender que todos los municipios que integran el respectivo departamento hacen parte de la circunscripción electoral por la que se eligen diputados, de manera que el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa en cualquiera de ellos, inhabilita a los parientes cercanos y cónyuge o pareja, para aspirar a esas corporaciones de elección popular, durante el lapso vedado por la Ley 617 del 2000 (art. 33)”.

46. Para sustentar la tesis anterior, razonó de la siguiente manera:

47. En primer lugar, indicó que ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado han analizado -en controles abstractos de constitucionalidad o mediante sentencias de unificación jurisprudencial-, el alcance del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017. Así las cosas, refirió que la interpretación con autoridad efectuada en dicha norma por el Congreso de la República, al asignar a la expresión “circunscripción departamental” una equivalencia con la de “organización administrativa”, provoca una “reducción de la severidad de la causal de inhabilidad de diputados, comparada con la de los congresistas y, especialmente, con la de representantes a la Cámara, que son los pares más próximos en lo que atañe al concepto de circunscripción electoral, pues tanto unos como otros se postulan y eligen por el respecto (sic) departamento”.

48. Seguidamente, citó el contenido de los artículos 179 y 299 constitucional, para indicar que la armonización de dichos preceptos impide considerar la interpretación legislada de la disposición legal citada en el párrafo precedente, toda vez que la asamblea existe en cada departamento y en su territorio, que se corresponde con la circunscripción electoral, en la cual se depositan los votos a favor de los diputados. Refirió que estos funcionarios no son electos en relación con la organización administrativa departamental o sus entes descentralizados, sino por todos los electores asentados en el territorio, del que son inseparables, cada uno y todos sus municipios.

49. Tras citar algunos apartes de la sentencia C-325 del 2009, concluyó entonces que las inhabilidades del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, se configuran cuando la autoridad se ejerce por el pariente del elegido, tanto a nivel departamental -al servicio de la entidad administrativa o de sus entes descentralizados-, y por supuestos, en cualquiera de los municipios que lo integran.

50. Precisado lo anterior, analizó el material probatorio obrante en el plenario, para concluir la comprobación de cada uno de los elementos de la causal de inelegibilidad deprecada por la demandante -parentesco, ejercicio de autoridad, temporal y territorial-, para entonces, acceder a las pretensiones incoadas por aquella y declarar la nulidad del acto acusado.

1.4. Recurso de apelación
51. El apoderado de la demandada presentó escrito mediante el cual recurrió al decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

44. No existe contradicción entre los artículos 179 y 299 de la Constitución con el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017.

52. Según su dicho, el inciso final del artículo 179 constitucional, difiere al legislador la competencia para regular el régimen de las inhabilidades. Bajo esta argumentación, al efectuarse por la Ley 1871 del 2017 una interpretación legislada, la misma resulta válida y aplicable al caso, sin que sea procedente desconocerla para efectos de resolver el sub judice. Indicó que antes de la promulgación de la referida normatividad, no existía criterio legislativo o judicial claro sobre el alcance del elemento espacial para efectos de la configuración de las inhabilidades de los diputados.

53. Indicó que “la ley 1871, obedece a que situado en la realidad nacional no tiene sentido restringir los derechos electorales a una persona por motivos de parentesco, a veces lejano y a veces poco razonable, que restringen el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Verbi gracia un inspector de policía (autoridad civil) que inhabilita a un aspirante a la asamblea, situación que resulta desproporcionada no garantiza valores constitucionales relevantes, ni la ética política a que se refiere el fallo apelado”.

54. Trajo a colación el contenido de la sentencia del 23 de febrero del 2007 (Expediente 3982, 3951, 3968), para referir que la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los congresistas, opera por vía de excepción, es decir, bajo “la condición de no (sic) exista norma legal en el régimen (…) propio de estos servidores territoriales que, en lo que corresponda, sea igual o más severa que el previsto para los congresistas”.

55. Refirió que entonces, el problema jurídico se centra en determinar si lo señalado en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, resulta igual o más estricto a lo previsto para los congresistas, o si por el contrario, resulta en un aspecto aplicable a estos últimos servidores públicos, más no a los diputados.

56. Frente a ello, manifestó que en el artículo 179 constitucional no existe una regla clara respecto del alcance territorial de la inhabilidad. Así las cosas, según su dicho, no se puede afirmar que lo dispuesto en la norma del 2017 sea menos severo a lo consagrado en el texto superior, en tanto en este último no existe parámetro claro determinado o determinable sobre dicho elemento de las causales de inelegibilidad, por lo que consideró que, al no haber claridad, no se puede hacer el test de severidad.

57. En relación con si se refiere a un aspecto que puede aplicarse a los diputados, mas no a los congresistas, señaló que se debe acudir al criterio de “en lo que corresponda” del inciso segundo del artículo 299 constitucional, “pues implica que algunas causales propias de estos últimos, al aplicarse a los diputados, están restringidas al ámbito de la circunscripción departamental y una connotación y alcance diferente a la de los congresistas”.

58. Indicó que el fallo apelado, se fundamenta en la “reivindicación de la ética política”, lo que a su juicio implica una estigmatización y condena de una carrera pública de quien aspira a un cargo de elección popular por la mera voluntad de servir a las comunidades.

59. Interpretación legislativa a través del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017. 60. Argumentó que, conforme al artículo 25 del Código Civil, la interpretación con autoridad es válida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que resulta procedente considerar como aplicable lo establecido en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017. Tras citar el contenido de la decisión de constitucionalidad emitida sobre la mentada norma del ordenamiento civil, es claro que “(…)el legislador es uno de los que tiene la potestad de interpretar y solucionar los aspectos oscuros de un ley, con otra ley, fenómeno que se presenta en el caso concreto, en donde se establece el alcance de la inhabilidad otorgando el alcance desde lo netamente administrativo e institucional, esto es el departamento desde el punto de vista orgánico o subjetivo, al señalar que “Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.”
61. El tema debe ser analizado a la luz de la Ley Estatutaria 1475 del 2011 y su interpretación constitucional. 62. Reiteró lo expuesto en la contestación a la demanda, en la que indicó que el inciso 3º del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, había sido declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, en el entendido en que ningún régimen de inhabilidades podría ser superior al de los Senadores y Representantes a la Cámara, únicamente respecto de la causal consagrada en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política. 63. Por ello, refirió que según dicha decisión, “el test de severidad únicamente se hace en punto de la causal 2ª del artículo 179 de la Constitución Política y la que nos convoca en este debate es la causal 5ª, es decir, que bastaría con este argumento para dejar sin piso la tesis de la libelista y del fallo recurrido, incluida la excepción de inconstitucionalidad.”
64. El criterio territorial que prevé el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871, no es nuevo, porque ya en materia de incompatibilidades existe ley con el mismo alcance. 65. En este punto, indicó que la Ley 1148, modificatoria del artículo 49 de la Ley 617 del 2000, utilizó el criterio “departamento” en materia de prohibiciones para algunos funcionarios elegidos popularmente a nivel territorial, por lo que considera que lo señalado en la normativa del 2017, no resulta novedoso. 66. Inexistencia de presupuestos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Inaplicar la citada norma significa desconocer derechos fundamentales. 67. Sobre este particular, manifestó que en el caso concreto no se observa una contradicción clara y evidente entre la disposición de orden legal, por lo que no era procedente dar aplicación a la figura de la excepción de inconstitucionalidad. 68. De otra parte, reiteró que el fallo apelado resulta en una afectación desproporcionada a los derechos políticos de su representada, determinados en el artículo 40 constitucional, así como los artículos 93 y 107 del Texto Superior, y del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para lo que solicitó acudir al principio pro homine. 69. Indicó, adicionalmente, lo siguiente: Las conductas contrarias a la ética política se sancionan y/o corrigen con mecanismos diferentes a la creación y patrocinio indiscriminado de inhabilidades bajo el amparo de ampliadas interpretaciones. El fallo recurrido sacrifica derechos fundamentales so pretexto de la reivindicación de la ética política. Invocó la aplicación del principio interpretativo de efecto útil de las normas, según el cual debe considerarse, que, entre varias interpretaciones de una disposición normativa, debe preferirse aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que derive consecuencias superfluas o innecesarias.

Alegó un desconocimiento de los Principio de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, especialmente, por cuanto el CNE determinó en forma previa la legalidad de la inscripción de su representada. El a quo declaró la nulidad de la elección, pero en su parte resolutiva no decidió inaplicar el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, configurándose en un defecto sustantivo. No está demostrado que el entonces Alcalde de Pore haya incidido en la voluntad de un segmento de los electores. 70. Finalizó su intervención manfestando:
“Solicitamos que ante la variedad de interpretaciones de la norma que se han hecho por parte del Consejo de Estado, ahora con la nueva normatividad, se unifique la jurisprudencia. Asimismo, pedimos que se dé aplicación a la figura de la jurisprudencia anunciada, en consideración a que no existe un precedente judicial pacífico, estable y claro alrededor de la aplicación del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, por ser las primeras elecciones regionales en las que se aplicó esta norma. Debe tenerse en cuenta que la demandada se inscribió y participó en la elección amparada en los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, que le brindaban la norma vigente y su claro alcance. Por esa razón, en el hipotético evento de que se decidiera inaplicar la norma que orientó y aplicó en las elecciones regionales de 2019 en todo el país, y teniendo en cuenta que no existía regla preestablecida sobre este asunto, es deber de la jurisdicción proferir una sentencia pedagógica o de jurisprudencia anunciada, como en efecto se ha hecho por esa Corporación en casos anteriores, dando así prevalencia a los derechos del elegido. Especialmente, si se tiene en cuenta que ante dos posibles interpretaciones de un precepto legal que regula una inhabilidad, se debe preferir la que menos limite el derecho de acceso a cargos públicos.”
1.5. Trámite del recurso de apelación

71. Mediante auto del 12 de abril del 2021, la magistrada ponente de la primera instancia concedió en el efecto suspensivo el recurso presentado.

72. Una vez repartido el expediente en la Sección Quinta del Consejo de Estado, por proveído del 26 de abril del 2021, el despacho conductor del proceso admitió la alzada interpuesta por la parte demandante. Así mismo, corrió traslado para alegar de conclusión y dispuso el expediente para que el Ministerio Público rindiera su concepto, de considerarlo necesario.

1.6. Alegatos de conclusión en el trámite de la segunda instancia

73. El Consejo Nacional Electoral reiteró los argumentos expuestos en la primera instancia, con los que pretende señalar que el elemento territorial de la inhabilidad deprecada no se configura en el caso concreto.

74. La parte demandada presentó nuevamente las razones que sustentan su recurso de alzada, solicitando sea revocada la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.7. Concepto de la Agente del Ministerio Público

75. En su intervención, la Vista Fiscal consideró que en el caso sub judice, el problema jurídico se centra en determinar si era procedente, como fue señalado en la providencia apelada, dar aplicación a la figura de la excepción de inconstitucionalidad frente al contenido del parágrafo del artículo 6º del a Ley 1871 del 2017. A su juicio, el tribunal a quo no analizó la procedencia de ello, toda vez que de una revisión de la norma y de los hechos objeto de la controversia, son ausentes dos requisitos: (i) la evidente contradicción entre la disposición legal y el texto superior y (ii) la afectación o amenaza a un derecho de estirpe fundamental.

76. Siguiendo con su argumentación, presentó un parangón entre la referida disposición de la Ley 1871 del 2017 y el artículo 179 superior, para concluir que “no se constata un antagonismo ostensible que salte a la vista como quiera que el texto inaplicado contiene una fórmula interpretativa, en relación con las inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas y no en relación con los congresistas materia de la que se ocupan los apartes del artículo 179 (…)”.

77. Indicó que, “con todo, la ausencia de antagonismo se aprecia con más evidencia, cuando el último inciso señala que para los fines de este artículo, vale decir, para los fines de las inhabilidades de los congresistas, se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5. Lo que en palabras más sencillas significa que en la inhabilidad por parentesco de los congresistas de que trata el numeral 5, la circunscripción nacional no coincide con cada una de las circunscripciones territoriales (departamentos y municipios)”.

78. Refirió que, toda vez que para efectos del análisis de severidad derivado del artículo 299 constitucional implicó efectuar interpretaciones o elaboraciones jurídicas por parte del tribunal, implica que ello descarta el carácter de ostensible o manifiesto. Para soportar lo anterior, reiteró:

“En otras palabras, no existe contradicción directa entre los efectos de la norma legal inaplicada y la norma constitucional, habida cuenta, que no regulan la misma situación específica, luego, el asunto concreto (interpretación frente al ámbito espacial de las inhabilidades) de que trata la norma anterior (…) no queda gobernado por el canon constitucional, porque sencillamente, éste regula otro aspecto, esto es, una limitación dirigida al legislador: la ley que regule inhabilidades e incompatibilidades de los diputados no puede ser menos estricto (sic) que el señalado para los congresistas”.

79. Manifestó que, si bien es cierto, las autoridades judiciales pueden ejercer el control difuso a través de la excepción de inconstitucionalidad, lo cierto es que para ello se requiere que el asunto implique la protección de algún derecho fundamental, aspecto que al no verificarse en el caso concreto, conllevó a que con la decisión apelada se cercenó la garantía de elegir y ser elegida de la demandada, en un medio de control que se dirige a garantizar la pureza del sufragio.

80. Consideró que con la sentencia recurrida, se desconoció el amplio margen de configuración legislativa respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el cual encuentra únicamente un límite claro en la misma Constitución Política y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Al ser inexistente un pronunciamiento que haya determinado el desbordamiento de dichos derroteros, se tiene entones que es posible aplicar el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, especialmente cuando un juez constitucional -haciendo referencia a una decisión de tutela- ha considerado que lo allí consagrado no implica un nuevo régimen respecto de los diputados.

81. Finalmente señaló que comparte el criterio expuesto en el recurso de alzada, en el sentido de presentar que se desconoció el principio de confianza legítima, toda vez que la demandada actuó bajo los conceptos que previamente había expedido el Departamento Administrativo de la Función Pública (radicado 20196000309151) y su inscripción fue confirmada por el CNE en el trámite administrativo de revocatoria que se inició con fundamento en los mismos hechos que soportan la demanda.

82. Bajo las anteriores consideraciones, solicitó que la providencia adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare, sea revocada.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

83. El Consejo de Estado es competente, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152-8 del CPACA, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 18 de marzo del 2021, adoptado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante el cual se accedió las pretensiones de nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, como diputada de la Asamblea Departamental del Casanare.

2.2. Problema jurídico

84. Corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante:

Si procede confirmar, revocar o modificar la decisión el fallo adoptado por el tribunal a quo, al acceder a las pretensiones de la demanda, considerando para el efecto, los argumentos expuestos por el apelante en su recurso de alzada.

85. Por efectos metodológicos, el problema jurídico antes descrito será abordado desde las siguientes perspectivas: (i) contenido de la inhabilidad deprecada en la demanda contra el acto de elección acusado; (ii) figura de la excepción de inconstitucionalidad y su aplicación en el marco del medio de control de nulidad electoral; para finalmente, aterrizar dichos conceptos al (iii) caso concreto.

2.3. Cuestión previa
86. Previo al abordaje de los asuntos descritos en el párrafo precedente, la Sala observa que en su escrito de apelación el impugnante solicitó, de forma somera, que ante lo que denominó como una discrepancia de criterios respecto de la interpretación y alcance del elemento territorial de la inhabilidad que fundamenta el pedido de nulidad de la parte actora, se proceda a emitir una decisión de unificación sobre el tema, y de ser el caso, se proceda a dar aplicación a la figura de la jurisprudencia anunciada.

87. Sobre este particular, es de resaltar que decisiones recientes adoptadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, así como por esta Sección, han precisado que en relación con las solicitudes por medio de las cuales se pretende la adopción de un fallo de unificación, conforme al artículo 271 de la Ley 1437 del 2011, modificado por la Ley 2080 del 2021, se deben cumplir una serie de requisitos de procedencia adjetiva, especialmente, cuando la petición en tal sentido proviene de alguna de las partes.

88. Respecto de estos, se resalta el correspondiente al elemento modal, el cual se relaciona de forma directa con la debida argumentación y sustentacion de la misma. En auto del 16 de marzo del 2021, esta Corporación señaló:

“38. Elemento modal: En relación con la motivación de la solicitud, es de resaltar que cuando esta proviene de las partes, la norma exige que “(…) la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”. Como se observa, el legislador impone a las partes del proceso judicial el cumplimiento de una carga argumentativa suficiente a efectos de elevar la solicitud para que un determinado proceso sea asumido por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

39. Entiende esta Corporación que dicha carga se atiende cuando el peticionario determina y expone los elementos que con toda claridad permiten evidenciar el cumplimiento, para el caso concreto, de las hipótesis que condicionan el que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avoque el conocimiento para proferir el fallo, esto es, las razones específicas y concretas en que se sustenta: i) la importancia jurídica del asunto, ii) su trascendencia económica o (iii) social, o iv) la necesidad de unificar o v) de sentar jurisprudencia sobre un tema en particular.

40. La exigencia de esa carga argumentativa por quien funge como parte de la litis, atiende a la lógica de buscar que este mecanismo, consagrado en la ley procesal, sea excepcional y se utilice en aquellos eventos en los que se requiere necesariamente de un pronunciamiento de la máxima instancia contencioso administrativa, en orden a preservar la competencia que por ley o reglamento se asigna a los tribunales administrativos o a las subsecciones o secciones especializadas del Consejo de Estado.”

89. Así las cosas, encuentra esta judicatura que en el recurso de apelación, únicamente al final de su intervención, el apoderado de la parte demandante se limitó a solicitar, sin presentar sustento alguno, que en el sub judice fuera adoptado un fallo de unificación jurisprudencial, e incluso, requirió que respecto del mismo se hiciera uso de la figura de la jurisprudencia anunciada. Ante ello, es claro que la parte no atiende la obligación que le exige la norma procedimental -artículo 271 del CPACA-, la cual es clara en demandar de la solicitud para adoptar una decisión con dichos efectos, una carga argumentativa suficiente que permita evidenciar la configuración de los criterios que la misma disposición normartivia establece para su procedencia.

90. De esta manera, al no acreditarse un requisito de procedibilidad adjetiva, se procederá a rechazar la solicitud elevada en tal sentido por el apoderado de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas.

2.4. De la causal de inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad dentro del período inhabilitante.

91. Se considera importante resaltar en este punto, que bajo el entendido de la inexistencia de derechos absolutos, se predica que las garantías políticas -art. 40 constitucional- pueden ser objeto de restricciones razonables y proporcionales, establecidas por el texto fundamental o el legislador -arts. 123 y 150 numeral 23 de la Constitución- y que por lo tanto, se contraponen directamente al interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y control del poder político. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran su fundamento en la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la igualdad y la moralidad, ello conforme al artículo 209 Superior.

92. Por lo dicho, es importante resaltar, que en palabras de la Corte Constitucional “…Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos…”.

93. El artículo 33 de la Ley 617 del 2000, en su numeral 5º, fundamento normativo de la pretensión anulatoria de la demandante, determina en su tenor literal lo siguiente:
ARTICULO 33. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
(…)
5. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre <>> Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad <tercer grado de consanguinidad>, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha. (Énfasis fuera del texto original)
94. De la lectura de la norma transcrita en forma precedente, es posible entonces resaltar los siguiente elementos, a saber:
El relacionado con el parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil- o el vínculo por unión permanente o matrimonio.
Un aspecto objetivo referido al ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar, por parte del pariente, cónyuge o compañero permanente.
Un límite temporal, reflejado en que lo expuesto en el numeral anterior, debe presentarse dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
Un elemento espacial, pues hace referencia a que el criterio objetivo se presente “en el respectivo departamento”.
95. Se debe mencionar que para efectos de la determinación de la configuración de la causal de inhablidad en comento, es neceseria la concurrencia de todos y cada uno de los elementos antes señalados, en tanto la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en manifestar que todos ellos constituyen un conjunto inescidible.
96. Desde una perspectiva teleológica, la referida causal de inelegibilidad busca evitar que la práctica del nepotismo tenga incidencia alguna en las contiendas electorales. Bajo la misma, se busca evitar que el ejercicio de un cargo que implique autoridad en alguno de los calificativos previstos por la norma, sea utilizado como elemento que distorsione la igualdad de los participantes del certamen democrático que corresponda. Lo anterior ha sido precisado por esta Sala de Decisión al indicar que:
“(…)

Sobre la finalidad de esta causal ha concluido la Sección:

‘ese apoyo mutuo que se podían brindar los parientes generaba un desbalance en el contexto político electoral colombiano, que si bien tenía como justificación ejercer el derecho fundamental de acceso al poder político (art. 40 ib), se hacía con un inmenso sacrificio (sic) del derecho a la igualdad y por supuesto del principio de transparencia, ya que no era claro que el éxito que eventualmente se ignora en los (sic) urnas fuera el fruto de un capital electoral propio sino más bien ajeno, endosado para esos únicos fines y no para consolidar un proyecto ideológico o político. Sin dejar de lado, por supuesto, que con el nepotismo se pone en serio riesgo el pulcro ejercicio de la función administrativa, en particular su imparcialidad (art. 209 ib), en la medida que por esa relación de parentesco o familiaridad del servidor público puede actuar o dejar de hacerlo inspirado por motivos que no atienden el interés general’.

En el mismo sentido:

‘Las causales previstas en los artículos 179-5 de la Constitución Política y 33-5 de la Ley 617 de 2000, que son las que ocupan la atención de la Sala, fueron consagradas con la finalidad de depurar la democracia colombiana, evitando el nepotismo y per se que los servidores investidos de autoridad lo utilizaran para favorecer intereses de personas de su núcleo familiar, con quienes tienen lazos de parentesco en los grados allí señalados, conducta que de no ser prevenida rompería con el principio de imparcialidad, empeñaría el proceso político electoral y comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de oportunidades de los candidatos para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, inclinando la balanza a favor de sus allegados, facilitando así la propagación de dinastías electorales familiares’.

97. En punto de los elementos descritos, se resalta que conforme a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, que guardan identidad con la defensa desplegada desde el escrito de contestación de la demanda, la discusión en el caso concreto, se centra en el aspecto espacial de la inhabilidad deprecada contra la aquí demandada, es decir, que el ejercicio de autoridad se haya presentado departamento.

98. Sobre este particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de febrero del 2012, al momento de analizar en el caso de los Representantes a la Cámara, el elemento relativo a la circunscripción en la cual opera la inhabilidad del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política -la cual se asimila a la deprecada en el sub judice y refiere también a elección llevadas a cabo en el ámbito departamental-, concluyó que la misma implica que aquella se configura, cuando el pariente, cónyuge o compañero permanente del aspirtante a la referida corporación pública, ejerció la autoridad que predica la norma en los municipios que componen el departamento por el cual se aspira.

99. Como fundamento de su argumentación, entre otros aspecto, la máxima instancia decisoria de esta Corporación Judicial, señaló que “[e]s evidente que en materia electoral existen distintas circunscripciones, como son la nacional, la departamental, la municipal y la de las localidades, dentro de las cuales se convocan y practican las distintas elecciones, en unos casos para elegir autoridades territoriales y en otros para elegir autoridades nacionales. Con todo, en las elecciones realizadas por circunscripción departamental, como lo es la elección de Representantes a la Cámara, la participación de todos los electores del departamento comprende a una misma sin que se escindan los electores del departamento de los electores de sus municipios, ya que son los habitantes de estos últimos –que sumados conforman los del departamento al cual dichos entes territoriales pertenecen -, los que deciden en quienes recae la representación ante el Congreso de la República.” (énfasis de la Sala)

100. Se indicó que una interpretación en contrario, no consutaría el principio de igualdad en materia electoral, dado que el aspirante a un cargo elegido en una circunscripción del orden departamental, con parientes que ostenten autoridad en instancias del nivel local municipal, tendría un factor de ventaja derivado de esta última situación, que es lo que precisamente el constituyente y el legislador buscan sea proscrito de la práctica política colombiana.

101. En línea con lo anterior, esta Sección en decisión reciente, realizó una precisión sobre dicho factor territorial de la expresión “en el respectivo departamento” contenida en la literalidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, la cual dada su importancia cardinal a efectos de resolver el problema jurídico de la presente providenica, se cita in extenso:

“Conforme con lo anterior, queda claro que la libertad de configuración del legislador para regular las inhabilidades de los diputados establecida en el artículo 299 superior, encuentra un límite en la misma disposición, en tanto la norma señala que dicho régimen no puede ser menos gravoso, en relación con el fijado por la constitución para los congresistas.

(…)

Ahora bien, el tenor literal del artículo 179 delimita con suma claridad el elemento espacial o territorial de las inhabilidades allí enlistadas, al prescribir que los supuestos de hecho que se erigen como tales, previstos en los numerales 2, 3, 5 y 6, este último atinente a la coexistencia de inscripciones, se refieren a situaciones que tengan lugar en la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”. Además, la norma precisa que para la configuración de dichas causales “se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5”.

(…)

Así entonces, la interpretación armónica de los preceptos ya reseñados, permite concluir que el elemento territorial que integra los supuestos de cada una de las inhabilidades de los congresistas, se refiere a situaciones que acontezcan en la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”, lo que en términos de la actual división política se refiere a toda la extensión del territorio nacional, en el caso del Senado, y a los diferentes departamentos que conforman aquel, tratándose de la Cámara de Representantes, estos últimos entes, entendidos en sentido lato o amplio que el constituyente le adscribió, esto es, como porción territorial, en cuyo ámbito se ubican los distintos municipios que lo integran, cuya delimitación geográfica tiene, entre otras finalidades, la determinación del censo electoral en un ámbito espacial específico.

En este sentido, se insiste en que la teleología que respalda el establecimiento de circunscripciones en el marco de la normatividad superior ya analizada, no está soportada en un criterio organicista que hace relación a la conformación de los diferentes niveles seccionales y locales de los entes descentralizados por territorio – departamentos y municipios –, sino que se erige desde una perspectiva geográfica territorial que le sirve de soporte a diversas actuaciones de las autoridades electorales, entre las cuales está la determinación del censo en un espacio físico, la delimitación de las circunscripciones municipales, departamentales y nacional a fin de organizar las correspondientes elecciones por voto popular que se celebren en cada uno de esos niveles (…)”

2.5. De la excepción de inconstitucionalidad y su utilización en el medio de control de nulidad electoral

102. El artículo 4º de la Constitución Política, consagra el principio de supremacía del texto constitucional, bajo el aforismo de la “norma de normas”, fijando a su vez una consecuencia práctica del mismo: en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

103. El anterior presupuesto, es el fundamento de la denominada excepción de inconstitucionalidad, la cual ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como “(…) una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. (Énfasis de la Sala)

104. Lo expuesto es el reflejo de la existencia de un sistema mixto de control de consitucionalidad como nota característica de nuestro ordenamiento jurídico, pues por un lado, se tiene la posibilidad que por la vía de acción o del carácter automático establecido por el constituyente, se realice un control abstracto de las normas por parte de la Corte Constitucional, con efecto erga omnes y de cosa juzgada -en los términos del artículo 243 Superior-. Pero a su vez, es viable que con efectos inter partes y en casos concretos, los operadores realicen este control por vía de excepción, siendo esta última posibilidad en la que se enmarca la instrumento estudiado en este acápite.

105. Reconoce esta Sala que la jurisprudencia ha establecido que, adicional a buscar la garantía de la supremacía del texto constitucional, y en últimas, la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho allí consagrado, se quiere lograr con esta institución la protección de derechos y garantías fundamentales, siendo que como bien fue expuesto por el Ministerio Público en su intervención, se exige que alguno de aquellos se encuentre en claro riesgo para considerar procedente su utilización. Sin embargo, en el marco del medio de control de nulidad electoral, dicha afirmación adquiere ciertos matices.

106. En procesos de esta naturaleza se estudia es la legalidad objetiva de los actos de elección, nombramiento o llamamiento. En dicho marco de acción, el juez contencioso electoral, realiza una confrontación acto – norma a efectos de determinar la validaz de las decisiones adoptadas en el ejercicio de una función electoral, que puede ser afectada, entre otros aspectos, por la elección de candidatos que se encontraban incursos en causales de inhabilidad.

107. Bajo esta premisa, es razonable concluir que la labor del juez también se enfoca en la aplicación directa de la Constitución, la cual constituye un parámetro de válidez de las actuaciones de los poderes públicos -entre ellos, las autoridades electorales- y que por mandato del artículo 4º Superior, es norma de normas. Así las cosas, la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad en procesos judiciales en lo que se discute la legalidad de los actos electorales, se deriva de la posibilidad, incluso oficiosa, que se radica en cabeza del operador judicial de buscar en todo momento la garantía del poder normativo de la Constitución cuando se observe una discordancia entre esta y normas de inferior jerarquía, sin que se relevante, al menos en principio, verificar de forma clara la afectación o amenaza a un derecho fundamental.

108. Concluir lo contrario, cercenaría de forma considerable el alcance de este mecanismo, que como se expuso, se deriva directamente del artículo 4º constitucional e impediría que el juez electoral, ante una evidente contradicción entre normas de inferior rango -leyes, decretos, resoluciones, decisiones internas de los partidos- y la Constitución Política de 1991, pueda acudir dicho control difuso a efectos de garantizar la supremacía de este último cuerpo normativo.

109. Así la cosas, de entrada, esta Sala señala que no son de recibo los argumentos expuestos por la delegada del Ministerio Público, al cuestionar la procedencia de la utilización de la excepción de inconstitucionalidad por parte del tribunal de primera instancia, al señalar que no se evidenció que un derecho o garantía fundamental estuviera en riesgo de ser desconcido o transgredido. Por el contrario, dada la naturaleza pública del medio de control de nulidad electoral, el carácter objetivo del control de legalidad que allí se realiza y la importante función que este cumple en relación con los fines democráticos establecidos por el constituyente, es claro que la excepción de inconstitucionalidad cobra, quizá, una relevancia fundamental en la labor del operador judicial que conoce de estos asuntos para garantizar, en todo momento, la vigencia de los postulados constitucionales aplicables.

2.4. Estudio del recurso de apelación.

110. El esfuerzo argumentativo del apelante, así como lo referido concepto rendido por el Ministerio Público en su intervención, en primer lugar, se centran en señalar que no se presenta una contradicción entre lo dispuesto por el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017 y lo señalado en los artículo 179 numeral 5º y 299 constitucional, que implique (i) considerar que con la interpretación legislada efectuada en la primera de las normas citadas, se disminuye el nivel de severidad de las inhabilidades de los diputados respecto de aquellas establecidas para los congresitas; y (ii) que habilite a inaplicar la misma por considerarse contraria a las exigencias de Texto Superior.

111. A juicio de esta judicatura, los razonamientos expuestos en el recurso de alzada en tal sentido, no son de recibo, conforme a los siguientes planteamientos:

112. En primer lugar, el fundamento del reparo del impugnante, se centra en precisar que el artículo 179 constitucional no fija una regla clara sobre el elemento territorial, en punto de las inhabilidades allí consagradas. Ello, según su dicho, permite la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, pues no habría un parámetro objetivo para verificar el cumplimiento de las exigencias efectuadas por el artículo 299 constitucional.

113. Contrario a dicha situación, una revisión del artículo 179 Superior establece con claridad una regla sobre el aspecto territorio. El tenor de dicha norma determina:
“ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:
(…)
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.” (Énfasis de la Sala)
114. Lo anterior ha sido reconocido por esta Corporación, al señalar en reciente decisión:

“Ahora bien, el tenor literal del artículo 179 delimita con suma claridad el elemento espacial o territorial de las inhabilidades allí enlistadas, al prescribir que los supuestos de hecho que se erigen como tales, previstos en los numerales 2, 3, 5 y 6, este último atinente a la coexistencia de inscripciones, se refieren a situaciones que tengan lugar en la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”. Además, la norma precisa que para la configuración de dichas causales “se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5”.

Lo anterior, conlleva a diferenciar, a voces de los artículos 176 y 179 de la Constitución Política, por una parte, la circunscripción nacional, como espacio geográfico, que cubre todo el territorio nacional, en el cual se desarrolla la elección de Senado y, de otro lado, las circunscripciones territoriales, que corresponde a cada uno de los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, sin perjuicio de las circunscripciones especiales.” (Énfasis de la Sala).

115. Así las cosas, contrario a lo expuesto por el recurrente, es claro que la norma determina un parámetro objetivo específico en relación con el elemento territorial de la inhabilidades para ser congresistas, lo que permite, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 299 constitucional -que establece que las inelegibilidades de los diputados no podrán ser menos severas de las establecidas para aquellos-, y por consiguiente, realizar el correspondiente juicio de severidad.

116. Ahora bien, la pregunta que surge entonces es, ¿implica una flexibilización o disminución del régimen de inhabilidades de los diputados, lo consagrado en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, en contravía de lo dispuesto en el los artículos 299 y 179 constitucionales, que permita la inaplicación de la primera norma mediante la excepción de inconstitucionalidad? A juicio de la Sala, la respuesta al interior interrogante es afirmativa.

117. En primer lugar, la norma del nivel legal antes referida dispone:
ARTÍCULO 6o. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Las inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html" \l "33" 33 de la Ley 617 de 2000, además de lo previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html" \l "299" 299 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html" \l "179" 179 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición de servidor público.
PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio. (Énfasis de la Sala)
118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en el artículo 33 de la Ley 617 el 2000, sería necesario entender que el aspecto espacial se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad administrativa-.
119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contravía la exigencia del artículo 299 constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior, por cuanto para efectos de los Congresistas, específicamente, los Representantes a la Cámara cuya elección se realiza en la misma circunscripción territorial de los diputados, la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente se aplicaría respecto de situaciones que se presenten en la correspondiente “circunscripción”, lo que incluye toda la extensión del territorio departamental y de forma inescindible en los municipios que lo componen; mientras que para los diputados, la expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la organización administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de estos últimos.

120. Lo anterior implica, contrario a lo expuesto por el apelante y por el Ministerio Público, que es evidente la contradicción entre la interpretación que vía legislativa se adelantó en la norma del 2017 y las exigencias que de orden constitucional se derivan frente al contenido del régimen de las condiciones de inelegibilidad de los diputados. Esta dictomía, que surge del necesario análisis de las disposiciones bajo estudio, permite entonces dar aplicación a la figura de la excepción de inconstitucionalidad que fundamentó el fallo de primera instancia y que será confirmado en esta providencia.

121. Es de resaltar que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la incompatibilidad entre el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017 y los artículos 299 y 179 constitucionales, consideraciones que, aunque efectuadas en punto de una causal de inhabilidad diferente a la aquí estudiada, resultan aplicables, pues giran entorno a la interpretación de la expresión “departamento” señalada en la norma del artículo 33 de la Ley 617 del 2000. Al respecto, se traen a colación los argumentos expuestos en dicha oportunidad, así:

“(…)

Ahora bien, con base en estas precisiones conceptuales, encuentra esta Sala, que el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, al establecer que, para todos los efectos legales, la inhabilidad descrita, entre otras hipótesis, en el numeral 5º del artículo 33 de la ley 617 de 2000, “se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio”, modifica sustancialmente el elemento territorial o espacial de la misma, tornando menos estricta su aplicación a los diputados, en relación con el mismo hecho inhabilitante previsto para los congresistas en el artículo 179 superior.

(…)

En suma, el alcance que el texto superior le otorgó al elemento territorial que integra algunos de los supuestos inhabilitantes que enlista el artículo 179 de la carta política, no discrimina a los diferentes departamentos como entidades públicas para efectos de identificar la circunscripción correspondiente, pues si esa hubiere sido la finalidad de la norma constitucional, tal precisión se habría contemplado expresamente, como lo hizo al exceptuar el numeral 5º de esa norma en lo atinente a la coincidencia de las circunscripciones nacional y territorial.

(…)

Así las cosas, no cabe duda para esta Sala que al señalar el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, que el entendimiento del vocablo “departamento”, contenido en algunos de los supuestos inhabilitantes previstos en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debe ser referido a la “entidad pública” y no al aspecto “territorio”, el legislador desbordó su ámbito de su competencia, al regular, en términos más laxos, el componente territorial de la causal de inhabilidad que ahora ocupa la atención de la Sala, con lo cual se quebrantaron los artículos 179 y 299 de la Carta.

Además, la interpretación que se hace del referido componente territorial, en nada contribuye a reducir la ocurrencia de fenómenos que alteran la solidez de una democracia, como el nepotismo y la conformación de clanes o dinastías electorales, que dan al traste con valores superiores como la igualdad, el pluralismo y la participación, al promover que quienes tengan la ventaja de tener lazos consanguíneos, con personas con un alto caudal electoral, se apoderen de varios cargos de elección popular de los niveles departamental y municipal. Debe recordarse, que la condena de estas prácticas nocivas para la democracia, “no se reducen a las que tienen proyección nacional, pues resultan igualmente perniciosas para la democracia las que tienen asiento local y florecen al amparo de la urdimbre de poder que puede emanar de unas pocas familias.”, pues precisamente la proscripción de aquellas que se presentan en los territorios, “es una forma de asegurar la igualdad real y efectiva entre los diferentes aspirantes a ocupar cargos de elección popular.”.

Así las cosas, frente al abierto desconocimiento de los artículos 179 y 299 constitucionales se impone para la Sala acudir al mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad o también denominado control de constitucionalidad por vía de excepción, el cual se fundamenta en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Este precepto hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la constitución en un caso concreto y con efectos inter partes.”
122. Precisado lo anterior, considera entonces la Sala, que para el caso concreto, resulta procedente la inaplicación de la norma dispuesta en el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 del 2017, en tanto conlleva a una disminución de las exigencias o criterios para la configuración de los diputados respecto de aquellas (os) determinados para los congresistas. Ello permite concluir que esta judicatura encuentra válido el razonamiento que sobre dicho aspecto realizó el juez a quo, por lo que los argumentos de inconformidad que pretendían cuestionar ello, son despachados de forma desfavorable. Esta Sala precisa que, en atención a los efectos inter partes de la excepción de inconstitucionalidad, la decisión adoptada en tal sentido se limita a la resolución del sub judice, siendo importante resaltar que, frente a cada causal de inhabilidad en la que se pueda predicar la aplicación del parágrafo 6º de la Ley 1871 del 2017, se debe efectuar un análisis independiente con el fin de establecer si procede o no inaplicar la misma a cada situación de inelegibilidad. 123. Se resalta, en primer lugar, que si bien se reconoce en cabeza del legislador colombiano la posibilidad de efectuar intepretaciones por vía de la expedición de leyes con dicha finalidad, es claro, bajo el mismo contenido del artículo 4º Superior y el poder normativo de la Constitución, que dicha función no puede adelantarse en detrimento de los postulados que el constituyente -originario o derivado- incluyan y demanden de las autoridades en el contenido del texto fundamental. Así mismo, en nada afecta lo expuesto por el apoderado de la demandada, al indicar que en la parte resolutiva de la providencia apelada no se dispuso de forma expresa la decisión de inaplicar la mentada normativa, pues ello, más allá de una omisión de orden formal, en nada permite desvirtuar que en efecto, en sus consideraciones, el Tribunal Administrativo del Casanare fundametó la excepción de inconstitucionalidad como ratio de la declaratoria de nulidad del acto de elección. 124. Frente a los demás argumentos expuesto en la apelación, la Sala responde: 125. No resultan de recibo las apreciaciones del recurrente, al señalar que el caso debe analizarse a la luz de lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, de lo cual se puede predicar, según su dicho, que la exigencia del artículo 299 Superior únicamente es posible respecto de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 179 constitucional, ello, tras la declaratoria efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 del 2011. 126.

Lo anterior es así, por cuanto el pronuciamiento de exequibilidad condicionada antes referido, parte de reconocer el régimen de libertad de configuración legislativa respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios de elección popular, lo que en ningún momento implica un condicionamiento de las exigencias del artículo 299 constitucional, al determinar que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. 127. Por ello, si bien la norma entendió que lo dispuesto en el inciso final del parágrafo del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, debía entenderse respecto del numeral 2º del artículo 179 Superior, ello desde ninguna perspectiva implica que al momento de la fijación del régimen de los diputados se puedan desconocer las propias limitaciones que la Carta Política trajo en otro de sus artículos. 128. Tampoco resulta pertinente el argumento expuesto en la apelación bajo estudio, la cual señala que el criterio orgánico para definir la expresión departamento, ya había sido utilizado en la Ley 1148 del 2007, pues dicha norma no hace parte del objeto del debate planteado en la presente litis y la misma consagra eventos diferentes de la causal de inhabilidad estudidada, por lo que no puede ser presentada como un criterio o parámetro interpretativo en este asunto. 129. De otra parte, es claro que el juicio de legalidad realizado respecto del acto electoral acusado, no implica una valoración de la carrera o proyección profesional de quien fue declarada electa como diputada. Como se precisó en párrafos anteriores, el objeto del medio de control de nulidad electoral, se aleja de apreciaciones de orden subjetivo como las mencionadas por el recurrente, para enfocarse de forma exclusiva en la legalidad objetiva del acto, es decir, su validez respecto de la norma que, como en el presente caso, consagra una causal de inelegibilidad respecto de quien aspira a un cargo de elección popular. 130. Así mismo, con la decisión anulatoria recurrida, si bien se puede establecer de forma indirecta una limitación al derecho a elegir y ser elegido, de participar en la conformación del poder público y de acceso a los cargos, ello resulta fundamentado en una restricción considerada como razonable y proporcional frente a los intereses superiores que se pretende proteger, como lo es, la consagración de una causal de inhabilidad. Estas restricciones han sido validadas por el ordenamiento interno -como se señaló al incio del acápite 2.4. de esta providencia-, así como a nivel internacional. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el contenido del artículo 23 Convencional ha precisado:
“149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legitima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.” (Énfasis de la Sala)

131. Declarar la nulidad de un acto de elección por el incumplimiento de quien aspira de las normas que consagran causales de inhabilidad, implica en esencia reivindicar los altísimos fines que se buscan con estas normas, entre ellos, la moralidad, la imparcialidad y la igualdad que deben ser garantizados en las contiendas electorales, lo que irradia también sus efectos frente a los ciudadanos que acuden a las urnas a manifestar su opinión mediante el voto.
132. En punto de este argumento, es importante resaltar el contenido del principio pro homine, que fundamenta una de las razones de inconformidad esgrimidas por el apelante. Esta Sala, en relación con dicho concepto, ha tenido la oportunidad de pronuciarse previamente, en este sentido:
“Es importante señalar que el sistema democrático se funda, entre otros, en los principios de transparencia, igualdad y legitimidad institucional, que imponen desde la perspectiva de la función asignada al juez electoral su defensa.

En esa tarea, lo lógico es que este juez esté llamado a resolver las tensiones que se generan entre los valores y principios propios del sistema democrático y los derechos de quien, en ejercicio de las reglas que fija ese sistema, resulta como titular de cierta porción del poder estatal. Tensión que en el marco de las funciones asignadas a este juez, no puede ser resuelta bajo la lógica de la prevalencia de los derechos del elegido, en tanto ha de entenderse que, para que aquellos -los derechos del elegido- se materialicen, necesariamente primero ha de lograrse la pervivencia del sistema democrático pues, de no respetarse éste, la garantía y realización de aquellos se hace imposible.

Dentro de esta lógica, antes que la realización del derecho subjetivo a ser elegido, el juez de lo electoral está obligado, frente al ejercicio de la función electoral bien por parte del pueblo mediante el sufragio o de los diversos órganos estatales que tienen asignada dicha potestad, a hacer compatibles los principios en que se funda el Estado democrático con todo el sistema de principios y valores constitucionales, en donde su análisis no puede tener como fin último o único la prevalencia de los derechos del elegido, en los que, seguramente para lograr la pervivencia y eficacia del sistema democrático, estos pueden resultar limitados.

En ese orden de ideas, para la efectiva realización de la democracia, se requiere que, con fundamento en los parámetros constitucionales, el Estado y los individuos cumplan y observen sus presupuestos -entendidos como esos requisitos formales y materiales para el acceso a un cargo o función pública que la norma fundamental ha fijado-, razón por la que no es posible subordinar sus fundamentos a la realización exclusiva de los derechos fundamentales del elegido, pues estos solo se pueden satisfacer cuando previamente se han observado los supuestos para la realización de la democracia, entendida esta como principio y valor fundante del Estado colombiano. Por ello es que no puede perderse de vista que, el acto electoral antes que el derecho del elegido, es el derecho del elector y que, por ende, en esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no del primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores).”
133. En otras palabras, los derechos subjetivos de quien pretende el acceso a un cargo de elección popular, ceden frente a las garantías que bajo el sistema democrático se han establecido a favor de los electores, entre las cuales se encuentran, la de contar con elecciones justas, libres de factores que las distorsienen o nuliten el principio de igualdad que debe caracterizarlas, finalidades que se predican del régimen de inhabilidades fijado en la Constitución y la ley, el cual finalmente se garantiza, entre otros medios, con el control de legalidad que se radicó en cabeza de los jueces contencioso administrativos. 134. Es por ello que no resulta de recibo lo expuesto en la apelación que se resuelve por el presente proveído, en tanto lo que pretende el apoderado de la parte demandada, pues busca a través de su razonamiento dar una prevalencia absoluta a las garantías que constitucionalmente se reconocen a su representada -conforme al artículo 40 Superior-, desconociendo que estos pueden ser limitados en forma legítima y proporcional a finalidades igual de relevantes y sobre las cuales corresponde a los jueces procurar su efectividad. 135. Adicionalmente, el recurrente solicita se de aplicación al criterio de interpretación útil de las normas, indicando que conforme a este debe preferirse la hermenéutica que genere efectos sobre aquella que no, o incluso, en desconocimiento de las asignaciones de significado que reporten consecuencias innecesarias o superflúas. Frente a ello, la Sala indica que la tesis fundamental prohijada en esta providencia, la cual concuerda con la expuesta por el fallo impugnado, precisamente busca garantizar, no solamente la primacía del texto fundamental, sino también la eficacia de las disposiciones que componen el régimen de inhabilidades de los diputados, siendo que una posición en contrario, pone en riesgo la efectividad del mismo en la garantías de los altos intereses que se busca proteger con el mismo. 136. Respecto del presunto desconocimiento de los principios de buena fe, confianza legítima y segurídad jurídica, los cuales fundamenta en la existencia de conceptos previos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y en la resolución que se tuvo al final del procedimiento administrativo adelantado por el CNE en el marco del trámite de la revocatoria de la inscripción de la aquí demandada, la Sala precisa: 137. Uno de los elementos de los principios que se invocan por el impugnante, es que el soporte de las expectativas generadas por las entidades pública, tenga un soporte acorde con la Constitución y con la ley. Así las cosas, ante dicha características de legalidad, es claro que no se puede predicar la existencia de una confianza legitima por el actuar previo de la administración, cuando el mismo se sustenta en interpretaciones que resultan contrarias al ordenamiento.

En conclusión, toda vez que los actos de los cuales se pretende predicar la aplicación de la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, presentan una interpretación contraria al ordenamiento vigente, no resulta aceptable predicar la materialización de aquellos en favor de la demandada. 138. De otra parte, en cuanto a la actuación que adelanta el Consejo Nacional Electoral al momento de decidir sobre la revocatoria de inscripciones, es procedente señalar: 139. En decisión del 29 de octubre del 2020, se precisó que la competencia del CNE para la revocatoria de inscripciones de candidatos, fue plasmada a nivel constitucional mediante el Acto Legislativo 01 del 14 de junio del 2009, que en su artículo 2º le otorgó al Consejo Nacional Electoral la atribución de revocar la inscripción de aquellos aspirantes incursos en causal de inhabilidad, modificando con ello el artículo 108 de la Carta, en los siguientes términos: “Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso”.

140. Frente a la facultad antes descrita, es procedente señalar que la misma tiene una diferencia respecto del medio de control de nulidad electoral, que permite concluir con toda claridad, que no existe una codependencia o prejudicialidad entre un trámite y otro, como lo pretende hacer ver el actor.

141. En primer lugar, el procedimiento para la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, se trata de un trámite de índole administrativo, que busca materializar la competencia que constitucionalmente ha sido asignada al CNE, en el sentido de verificar, entre otras circunstancias, la posible configuración de inhabilidades, evitando así que los ciudadanos que fehacientemente se encuentren en tal situación de inelegibilidad (plena prueba) participen del evento democrático. Bajo esta lógica, el acto objeto de control en tal sede, se corresponde con el acto de inscripción que realizan los partidos o movimientos políticos.

142. Por otra parte, el medio de control de nulidad electoral, busca verificar por excelencia la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento, por aspectos derivados del proceso de elección -causales objetivas-, como de las calidades exigidas respecto del elegido, nombrado o llamado -causales subjetivas-, realizando, como se precisó con anterioridad, un análisis objetivo del contenido de la norma frente a las demás que regulan la actividad electoral, a efectos de determinar la ocurrencia de algunas de las causales que expresamente se han consagrado en los artículos 137 y 275 del CPACA. Esto sin perder de vista, que el análisis del acto de designación, no excluye el estudio de validez de las actuaciones previas al que declaró la elección, nombramiento o llamamiento, en especial cuando a partir de éstas se edifican los motivos de inconformidad.

143. Asimismo debe considerarse, que el Consejo Nacional Electoral actúa en el trámite de revocatoria como entidad de inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de los partidos políticos, es decir, ejerce una función pública de orden administrativo respecto de las colectividades políticas; mientras que en la nulidad electoral deviene de una función jurisdiccional cuya decisión tiene el carácter de cosa juzgada, que buscan el control de legalidad de los actos susceptibles de la misma, buscando con ello el control de la administración, que para el caso de las elecciones de carácter popular, se traduce en las autoridades que declaran la elección, estudio que vale la pena aclarar, puede involucrar la revisión de las actuaciones de las colectividades políticas, por ejemplo, en materia de avales o de las listas de candidatos que conforman, comoquiera que tales actuaciones deben cumplir con los parámetros legalmente establecidos y hacen parte del procedimiento que se adelanta para la conformación del acto de designación.

144. Es claro entonces que, a través de la actuación del CNE, se busca la protección del certamen electoral en sede administrativa, es decir, en los momentos previos a este y bajo la posibilidad de controlar el accionar de los partidos políticos, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de sus candidatos. Mientras que en otro estadio, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la nulidad electoral, busca el control de las decisiones administrativas que se expidan con posterioridad a las votaciones, comprendiendo los actos derivados de escrutinios y la posterior declaratoria de la elección, así como de las calidades de quienes resultasen elegidos, estudio en el que se insiste, también tiene lugar la revisión de la validez de las actuaciones previas al acto de designación.

145. En conclusión a ello, el sistema responde a una lógica de buscar que todos los actos que se derivan de la celebración de las elecciones, tengan algún mecanismo de control, que permita la eficacia de los derechos de participación política de los ciudadanos.

146. Ello ha sido avalado por la Sala Plena de esta Corporación, al indicar:

“6.4.5.2 Como se nota, el Consejo Nacional Electoral, en sede administrativa, está facultado para decidir sobre la concurrencia de causales de inhabilidad en los candidatos o en los elegidos, previo el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes y en garantía del derecho de defensa de los candidatos, y conforme a ello, revocar la inscripción del candidato o abstenerse de declarar su elección.

6.4.6 Bajo este panorama del sistema normativo, la Sala encuentra palmaria la existencia de un marco jurídico de control previo y concomitante sobre el proceso electoral, donde las inhabilidades son el foco central de la regulación, pues lo que se pretende es que la finalidad depuradora con la que se dotó constitucionalmente a esta figura, cumpla su cometido y se materialice en el escenario político, incluso con anterioridad al inicio del proceso electoral, garantizando así la prevalencia de los intereses superiores democráticos, el equilibrio de la contienda electoral y los principios de igualdad, moralidad y transparencia electorales.” (Negrilla fuera del texto original).

147. Si bien es cierto, en ambas actuaciones es procedente la revisión de asuntos en común, como lo es la posible configuración de una inhabilidad respecto del candidato o el elegido, según se trate, también lo es que dicha situación se presenta de esa manera, en la medida en que tanto la Constitución Política -en el artículo 265- como la Ley 1437 del 2011 -en el artículo 275-, así lo consagraron, sin que se observe desde el punto de vista normativo la existencia de un condicionamiento mutuo frente a dichos trámites. Bajo esta lógica, no resulta contrario a derecho, o los principios de confianza legítima o seguridad jurídica, que en sede jurisdiccional, se solicite la nulidad del acto de elección por causal del artículo 275.5 del CPACA, aunque dicho aspecto haya sido revisado en sede administrativa ante el CNE, dado que, no sólo se presentan las diferencias descritas en los numerales precedentes, sino que también, es válido desde el punto de vista legal.

148. Aunado a lo expuesto debe considerarse, que en sede administrativa y debido al poco tiempo que transcurre entre la inscripción de los candidatos y las elecciones, el ejercicio de la facultad del CNE de revocar aquéllas, debe estar soportado en la existencia de “plena prueba”, con lo cual quiso advertir el constituyente, que se está ante un palmaria violación del régimen de inhabilidades, porque en caso contrario, esto es, de existir duda, debe optarse por permitir la participación en el certamen electoral, so pena de restringir bajo una situación de incertidumbre el ejercicio de los derechos políticos.

149. Y es que el análisis que tiene lugar en sede judicial, obedece tanto a la naturaleza de las autoridades competentes y a las normas procesales y sustanciales que deben aplicar, como al hecho que cuando el asunto es sometido a la jurisdicción, se está ante un acto electoral con presunción de legalidad, es más, que representa la voluntad popular, por lo que su estudio merece el más exhaustivo análisis, dada la incidencia que tienen para el sistema democrático las decisiones que se profieran, contexto que difiere al que se ve enfrentado el CNE en sede administrativa, sin desconocer con ello, la trascendencia de las determinaciones que adopta antes, durante la campaña electoral y en los comicios.

150 Conforme a lo dicho, es claro que una decisión previa del Consejo Nacional Electoral, en proceso de revocatoria de inscripción con fundamento en las funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas a dicho organismo, no limita, condiciona, instruye o guía el análisis que en sede jurisdiccional a través de la acción de nulidad electoral realizan los jueces administrativos, quienes bajo el principio de autonomía judicial, adoptarán las decisiones que razonablemente sean procedentes en derecho.

151. Por lo dicho, es claro que emitir un pronunciamiento contrario a lo que se haya decidido en sede administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral, no implica desconocer los principios de confianza legítima, buena fe o seguridad jurídica, pues una conclusión en contrario, dejaría sin contenido el control de legalidad que realizan los jueces sobre los actos de la administración, entre ellos los electorales, así como conllevaría a pensar que existe una especie de condicionamiento respecto de las decisiones que se puede adoptar por el operador judicial en sede de nulidad electoral, lo cuala todas luces resulta atentatorio del principio de independencia judicial y de la posibilidad de control jurisdiccional de los actos expedidos por las autoridades públicas.

152. Finalmente, se debe resaltar que para efectos de la configuración de la inhabilidad deprecada contra la demandada y que soporta la solicitud de nulidad de su elección, resulta irrelevante demostrar si su familiar ejerció su autoridad en favor de su aspiración a la Asamblea Departamental del Casanare, pues dicho criterio no hace parte de la configuración normativa y literal del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, lo que permite concluir que su ocurrencia es irrelevante frente a los elementos que permiten configurar la inhabilidad reseñada. A lo anterior se suma que esta Sección ha señalado para efectos de determinar la materialización de la misma, no es necesario que se concrete o lleven a cabos actos que impliquen el ejercicio de la autoridad que se predica respecto del pariente, toda vez que basta con verificar que la misma se ostentó dentro del período inhabilitante, alejándose el análisis del juez electoral de criterios subjetivos que pretendan desentrañar si se buscaba o no obtener réditos manifestados en votos a favor de una postulación determinada.

Conclusión

153. Conforme a lo dicho en precedencia, esta Sala concluye que es procedente confirmar el fallo de primera instancia, en tanto resulta claro que todos los elementos de la inhabilidad deprecada contra la demandada se configura. Se resalta que los relativos al parentesco, al calificativo de autoridad civil, política, administrativa o militar que se predica de las funciones de alcalde municipal -cargo que ostentaba el familitar de la seora Bohóquez Cuevas- y el elemento temporal, no fueron cuestionados por el apelante, por lo que se entiende que la configuración de los mismos, demostrada en el fallo del a quo, no es objeto de controversia.

154. En punto del elemento territorial, la Sala evidencia que toda vez que el familiar de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, en su calidad de Alcalde de Pore (Casanare) -lo que tampoco fue debatido o controvertido-, ejerció la autoridad administrativa, civil y política derivada de dicho cargo, en un municipio que hace parte del departamento que integra la circunscripción por la cual resultó elegida como diputada. Sobre este particular, en razón a la vigencia del parágrafo del artículo 6º del Ley 1871 del 2017, esta Sala comparte la conclusión expuesta por el tribunal, al indicar que toda vez que dicha disposición interpretativa resulta contraria a las exigencias del artículo 299 constitucional, es procedente su inaplicación, con fundamento en el artículo 4º Superior. Toda vez que esto último no fue expuesto en la parte resolutiva en el proveído recurrido, esta Sección así lo dispondrá en esta oportunidad, decisión que limita sus efectos a lo decidido en el caso concreto (inter partes).

155. En consideración a que los demás argumentos de la apelación no tienen vocación de prosperidad por las razones expuestas en el acápite anterior, se impone la forzosa conclusión de mantener la declaratoria de la nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, contenido en el formulario E-26 ASA del 09 de noviembre del 2019, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental del Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandada, para que en el vocativo de la referencia, se adopte una sentencia de unificación jurisprudencial.

SEGUNDO: INAPLICAR para el presente caso el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, por ser contrario a la Constitución Política, en virtud del artículo 4º superior.

TERCERO: CONFIRMAR fallo del 18 de marzo del 2021, adoptado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante el cual se declaró la nulidad del acto de elección de la señora Lady Patricia Bohórquez Cuevas, contenido en el formulario E-26 ASA del 09 de noviembre del 2019.

CUARTO: Una vez en firme, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Folio 1. Tomo I. Expediente Digital. La demanda fue presentada el 19 de diciembre del 2019.
ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html" \l "1" 472 de 1998.

Al respecto, trajo a colación el fallo del 11 de agosto del 2005 (expediente 3580) y la providencia del 23 de febrero del 2007 (expediente 3982-3951). Al respecto, fundamentó su razonamiento en el fallo del 14 de julio del 2005, expediente 3543. Ordenó la notificación personal a la demandada, a los representantes legales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, así como dispuso la notificación por estado a la demandante y la publicación del aviso informativo a la comunidad. ARTÍCULO 6o. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Las inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html" \l "33" 33 de la Ley 617 de 2000, además de lo previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html" \l "299" 299 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html" \l "179" 179 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición de servidor público. PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio. Actuación No. 70. Expediente Digital. En contra de esta decisión se presentó recurso de reposición por el apoderado de la parte demandada, el cual fue rechazado por improcedente con auto del 1º de septiembre del 2020 (Actuación 78, expediente digital) y adecuado al de apelación en la misma providencia. Este medio de impugnación, fue resuelto por esta Sección con auto del 26 de noviembre del 2020, mediante el cual se confirmó lo adoptado en primera instancia. Actuación No. 71. Expediente Digital. Actuación 97. Expediente Digital. Acta obrante en la actuación No. 104_ED39 del expediente digital. Esta decisión no fue recurrida por las partes. Estas decisiones no fueron recurridas por las partes. Acta en la actuación No. 114_ED50 del expediente digital. Actuación No. 117ED_54 del Expediente Digital. Actuación No. 121ED_58 del expediente digital. Actuación No. 122ED_59 del expediente digital. Actuación No. 128ED_65 del expediente digital. Actuación No. 135_ED72. Expediente Digital. Actuación 137ED_74. Expediente Digital. Actuación No. 149. Sistema SAMAI. Actuación 52. Sistema SAMAI. Al respecto, hizo referencia a lo dispuesto en el fallo del 4 de diciembre del 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-04412-00, adoptado por al Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, M.P. María Adriana Marín. Auto del 16 de febrero del 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00004-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; Auto del 16 de marzo del 2021, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 y 11001-03-28-000-2019-00034-00 (Acumulado), M.P. Rocío Araújo Oñate y Auto del 24 de marzo del 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00034-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto del 17 de junio del 2021. Radicación 11001-03-28-000-2021-00034-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Auto del 16 de marzo del 2021, radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 y 11001-03-28-000-2019-00034-00 (Acumulado), M.P. Rocío Araújo Oñate. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-408 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
Sentencia C-903 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de enero del 2021. Radicación 15001-23-33-000-2019-00588-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Reitera criterios expuestos en: sentencia del 14 de mayo de 2015, MP Susana Buitrago Valencia, Rad. 11001-03-28-000-2014-00113-00. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de mayo de 2013, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 68001-23-31-000-2011-01057-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre del 2016. Radicación 13001-23-33-000-2016-00078-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, número interno 2008-00014. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, número interno 2007-00376. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de febrero del 2012. Expediente acumulado No. 11001-03-28-000-2010-00063-00. M.P. Susana Buitrago Valencia. En esta, se hizo referencia a los criterios expuestos en: Sentencia del 28 de mayo de 2002. Pérdida de Investidura No. 110010315000200100249-01 y 110010315000200100249-01 (PI-033 y PI-034). Actor: Rodrigo Molina Cardozo y otro. Demandado: Representante a la Cámara por el Cesar – Dr. Libardo de Jesús Cruz Romero; Fallo del 15 de febrero de 2011. Pérdida de Investidura No. 110010315000201001055-00 (PI). Actor: Asdrúbal González Zuluaga. Demandado: Representante a la Cámara por Risaralda. Ídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, 21 de enero de 2021, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01, Demandado: WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ. Corte Constitucional. Sentencia SU-132 del 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. Reiterando criterios de la providencia T-389 de 2009. Ídem.

ARTICULO 176.  La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley. Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial. (…)
ARTICULO 171.  El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, 21 de enero de 2021, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01, Demandado: WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ.
Corte Constitucional, sentencia C – 373 de 1995.
Ibídem.
Corte Constitucional, sentencia C-122 de 2011.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, 21 de enero de 2021, rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01, Demandado: WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ.
Por medio de la cual se modifican las Leyes  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr002.html" \l "136" 136 de 1994 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html" \l "1" 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. México. Sentencia del 6 de agosto del 2008. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de junio del 2016. Radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Esta sentencia, responde a la categoría de providencia de unificación, en punto de la el alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral

Se reitera el criterio expuesto en la providencia del 18 de febrero del 2021, radicación 05001-23-33-000-2019-02852-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación número 11001-03-28-000-2019-00042-00
(I) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de mayo de 2001, M.P. Roberto Medina López, radicado No. 11001-03-28-000-2001-0026-01(2509). (II) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de octubre de 2012, M.P: Susana Buitrago Valencia, radicado No. 08001-23-31-000-2011-00175-01. (III) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de julio de 2018, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00066-00. Consejo de Estado, (IV) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 20 de junio de 2019, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2019-00017-00. (V) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 13 de febrero de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2020-00030-00. (VI) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 1° de julio de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00050-00.
A manera de ejemplo puede apreciarse: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00022-00
Por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de la cuota de género. En tal sentido pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado: sentencia del 17 de septiembre de 2020. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 19001-23-33-000-2019-00357-01. Sentencia del 21 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 50001-23-33-000-2019-00488-01. Sentencia del 28 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 76001-23-33-000-2019-01061-01. Sentencia del 4 de febrero de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-002-2019-01077-01.
Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
Respecto de la conclusión expuesta en este párrafo, ver: Consejo de Estado. Sección Quinta. Fallo del 17 de junio del 2021. Radicación 52001-23-33-000-2019-00638-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Radicado: 85001-23-33-000-2020-00007-02
Demandantes: Ángela Jimena Valencia Mariño
Demandado: Diputada de Casanare

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 85001-23-33-000-2020-00007-02
Demandantes: Ángela Jimena Valencia Mariño
Demandado: Diputada de Casanare

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