Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00073-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00073-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 68001-23-33-000-2024-00073-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de febrero de 2025
Demandante: Ángel de Jesús Estévez Salazar
Demandado: Arley Octavio Valero Sáenz, diputado
de Santander, para el periodo 2024-2027
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00073-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00073-01
Demandante: Ángel de Jesús Estévez Salazar
Demandado: Arley Octavio Valero Sáenz, diputado de Santander, periodo
2024-2027
Tema: Inhabilidad numeral 6°, artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos, en escritos separados, por
el demandado Arley Octavio Valero Sáenz y Joselín Díaz Aguillón en calidad de
impugnador, contra la sentencia de 27 de septiembre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, que anuló la elección del demandado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1. Ángel de Jesús Estévez Salazar solicitó que se anulara la elección de Arley
Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander, para el periodo 2024-2027,
porque, en su criterio, el hermano del demandado ejerció autoridad administrativa
en ese departamento, en el lapso inhabilitante.
2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación
2. La parte actora mencionó que, el 29 de octubre de 2023, Arley Octavio Valero
Sáenz, perteneciente al Partido Conservador2, fue elegido diputado del
departamento de Santander, tal como se evidencia del formulario E-26 ASA de 12
de noviembre de 2023.
3. Explicó que el demandado es hermano de Ludwing Joel Valero Sáenz, quien
ocupó el cargo de director operativo, código 0100, grado 23, de la Dirección de
Gestión Contractual, encargado de las funciones de director general, código 0015,
grado 25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC desde el
15 de noviembre de 20223.
1 Presentada el 17 de enero de 2024.
2 En coalición con MIRA.
3 El actor aludió al Decreto nro. 2179 de 12 de noviembre de 2022.
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Demandante: Ángel de Jesús Estévez Salazar
Demandado: Arley Octavio Valero Sáenz, diputado
de Santander, para el periodo 2024-2027
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4. En adición a lo anterior, indicó que Ludwing Joel Valero Sáenz fue nombrado
director general, código 0015, grado 25 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, a partir del 20 de octubre de 2023.4
5. Además, refirió que, en virtud de las funciones asignadas al cargo de director
general, código 0015, grado 25 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC5, el hermano del demandado representó legalmente a la
referida entidad, manejó presupuesto, nombró y removió personal y, celebró
contratos 12 meses antes de los comicios en los que el demandado resultó elegido
como diputado de Santander.
6. En correspondencia con lo que antecede, precisó que, en el referido
departamento, en el que el demandado resultó elegido como diputado, existen seis
(6) cárceles6 «que por ocasión del cargo el señor LUDWING JOEL VALERO SÁENZ
ejerció injerencia en la firma de contratos, manejo de personal, manejo de
presupuesto y representación legal».
7. Así las cosas, indicó que se encuentra configurada la inhabilidad contenida
en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
3. Trámite en primera instancia
8. Por auto del 24 de enero de 20247, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda interpuesta por Ángel de Jesús Estévez Salazar y, ordenó las
respectivas notificaciones8.
4. Contestaciones
4.1. Arley Octavio Valero Sáenz (demandado)9
9. La defensa se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al
concluir que, el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no resulta aplicable al caso
particular, pues fue derogado tácitamente por el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
10. Expuso que, aunque Ludwing Joel Valero Sáenz representó legalmente a la
USPEC, manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos, lo
cierto es que no ejecutó «nombramientos» en el departamento de Santander,
pues dicha entidad «no tiene oficinas en el ente territorial y todas las actuaciones
[s]e hacen desde Bogotá con carácter general mas no específicas para cada una
de las cárceles que funcionan en el departamento de Santander».
4 El actor aludió al Decreto 1734 de 20 de octubre de 2023.
5 El actor refirió a la Resolución nro. 000084 de 18 de febrero de 2021 y al artículo 12 del Decreto
4150 de 2011.
6 «Málaga, Socorro, Vélez […] Palogrande en Girón […] Modelo y de mujeres en Bucaramanga».
7 Índice 5 Samai. Expediente 2024-00073-00.
8 Se ordenó notificar a: i) Arley Octavio Valero Sáenz, ii) Agente del Ministerio Público, iii)
Registraduría Nacional del Estado Civil, iv) Consejo Nacional Electoral y, v) al demandante por
estado.
9 Índice 14 Samai. Expediente 2024-00073-00.
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11. En correspondencia con lo que antecede, mencionó que el nombramiento del
personal administrativo y de guardia es una función propia del Instituto Penal y
Carcelario - INPEC.
12. Refirió que, la parte actora se limitó a citar normas y jurisprudencia
relacionadas con la «doble militancia en la modalidad de apoyo» y omitió desarrollar
el concepto de la violación necesario para desvirtuar la presunción de legalidad del
acto demandado.
4.2. Joselín Díaz Aguillón (Impugnador)10
13. Señaló que las pretensiones esbozadas por la parte actora devienen
improcedentes, porque, en primer lugar, el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 «no
tiene aplicación», pues fue derogado de forma tácita por el artículo 49 de la Ley
2200 de 202211.
14. En segundo término, expuso que, la pérdida de investidura contemplada en
el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no puede ser tramitada a través del medio de
control de nulidad electoral, toda vez que se trata de un proceso «especial», en el
que «se juzga la conducta del demandado desde el punto de vista de su licitud».
15. En tercer lugar, señaló que no se ha demostrado la configuración de la
inhabilidad endilgada por la parte actora; luego, tampoco resulta procedente
reemplazar el cargo que detenta el demandado por otro candidato.
16. Seguidamente, refirió que, aunque Ludwing Joel Valero Sáenz representó
legalmente a la USPEC, manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró
contratos, lo cierto es que no ejecutó «nombramientos» en el departamento de
Santander, pues dicha entidad «no tiene oficinas en el ente territorial y todas las
actuaciones [s]e hacen desde Bogotá con carácter general mas no específicas para
cada una de las cárceles que funcionan en el departamento de Santander».
17. En correspondencia con lo que antecede, mencionó que no se demostró que
Ludwing Joel Valero Sáenz haya tenido influencia en la elección del demandado,
con ocasión del cargo que ejerció en la USPEC. Además, precisó que el
nombramiento del personal administrativo y de guardia es una función propia del
Instituto Penal y Carcelario - INPEC.
18. Por otra parte, hizo alusión al parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 para indicar que la inhabilidad allí contemplada «se refiere a Departamento
como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto
territorio», por ende, la aplicación de la referida inhabilidad resulta menos estricta
para los diputados a diferencia de los congresistas.
10 Índice 12 Samai. Expediente 2024-00073-00.
11 «tiene por objeto establecer el régimen político y administrativo que rige a los departamentos como
entidades territoriales» […] «La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el
Decreto 1222 de 1986, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les
sean contrarias».
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19. Aunado a lo anterior, citó los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994
para aludir a los conceptos de autoridad civil, política, militar y dirección
administrativa y precisó que dicha circunstancia tiene límites de carácter espacial y
normativa. Así, señaló que «el director de la USPEC no cuenta con la potencialidad
de ejercer autoridad civil o administrativa más allá de la ciudad de Bogotá donde
tiene su puesto» e indicó que la mentada entidad «no tiene sede en el departamento
de Santander».
20. Bajo ese entendido, aludió a la sentencia SU - 207 de 202212 y expresó que
resulta necesario establecer la probabilidad real del ejercicio de autoridad
administrativa en el departamento de Santander por parte del hermano del
demandado.
4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)13
21. El apoderado judicial de la entidad indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, porque la institución cumple funciones logísticas en el proceso
electoral; por ende, solicitó su desvinculación del proceso.
4.4. Consejo Nacional Electoral (CNE)14
22. La apoderada judicial de la entidad alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que el Consejo Nacional Electoral no se pronunció sobre el
caso particular en el trámite de revocatoria de inscripción de la candidatura del
demandado, por lo que «no existe omisión o actuación jurídicamente relevante para
la vinculación del CNE dentro del presente trámite».
5. Actuaciones procesales relevantes
23. Mediante providencia del 27 de mayo de 202415 el tribunal admitió a Joselín
Díaz Aguillón16 como impugnador17. La anterior decisión fue reiterada en auto de 28
de mayo del mismo año18, en donde se declararon no probadas las excepciones
propuestas por el tercero vinculado, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil19.
12 Frente a la citada sentencia indicó: «Para la sala plena de la Corte Constitucional, esta
interpretación es la única compatible con la constitución pues garantiza el derecho a acceder a
cargos públicos y el principio de eficacia del voto, sin renunciar al deber de realizar los objetivos que
se adscriben al régimen de inhabilidades. Por tanto, no es posible hacer una evaluación genérica o
abstracta basada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad. Sentencia SU
207 – 22 Corte Constitucional».
13 Índice 15 Samai. Expediente 2024-00073-00.
14 Índice 16 Samai. Expediente 2024-00073-00.
15 Índice 27 Samai. Expediente 2024-00073-00. Adicionalmente, el tribunal decidió «desacumular»
el expediente con radicado 680012333000-2024-00083-00.
16 Índice 12 Samai. Expediente 2024-00073-00. El tercero contestó la demanda y solicitó su
vinculación como impugnador.
17 Se aclara que, el tribunal alude al tercero vinculado como coadyuvante; sin embargo, las
pretensiones de este último están encaminadas a respaldar al extremo pasivo del proceso.
18 Índice 32 Samai. Expediente 2024-00073-00.
19 El impugnador propuso excepción previa por inepta demanda. Respecto de las dos entidades se
declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva.
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6. Trámite posterior
24. Por auto de 24 de junio de 202420, el Tribunal Administrativo de Santander,
entre otras, dispuso el trámite de sentencia anticipada e incorporó las pruebas
aportadas con la demanda, así como las allegadas por la defensa. A su vez, decretó
las documentales solicitadas por la parte actora21. Además, fijó el litigio en los
siguientes términos22:
2.1. ¿Debe declararse la nulidad del Formato E26 de fecha 12 de Noviembre de
2023 emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por el cual se decreta la
elección de ARLEY OCTAVIO VALERO SÁENZ, como DIPUTADO de la Asamblea
de Santander para el periodo 2024-2027, por incurrir en violación al régimen de
inhabilidades consagrado en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, al existir
parentesco con el señor LUDWING JOEL VALERO SÁENZ quien dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección había ejercido funciones como autoridad civil y
administrativa en el departamento al ocupar el cargo de Director general Código
0015, Grado 25 de la unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-?
O si, por el contrario, conforme la defensa del demandado,
2.2. No existe vicio alguno que imponga declarar la nulidad del acto referido, ya que
si bien es cierto el hermano del señor ARLEY OCTAVIO VALERO SÁENZ
represento legalmente a la USPED, manejando presupuesto, nombrando y
removiendo personal, celebrando contratos, no es cierto que lo haya hecho para el
departamento de Santander, sino en general para todas las cárceles, no pudiendo
con ello influir en el electorado (sic)
25. Posteriormente, mediante auto de 30 de julio de 202423, el tribunal corrió
traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio
Público rindiera concepto.
7. Alegatos de conclusión
26. Joselín Díaz Aguillón24, en calidad de impugnador, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y sostuvo que, el hermano del
demandado ejerció funciones públicas «en el nivel central», sin que se presentara
«incidencia directa» en el departamento de Santander; luego, no se logró demostrar
el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar.
20 Índice 40 Samai. Expediente 2024-00073-00.
21 Se decidió oficiar a la USPEC para que allegara los contratos y/o convenios de suministro, dotación
de obra, y cualquier otro motivo para las cárceles de Santander (Málaga, Vélez, Socorro, Palogordo,
Modelo y de mujeres), suscritos entre el 12 de noviembre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, por
Ludwing Joel Valero Saenz, quien detentó el cargo de director general código 0015, grado 25. La
referida entidad emitió respuesta el 24 de julio de 2024 (índice 55 samai).
22 Contra la citada decisión el demandante interpuso reposición y en subsidio apelación, con la
finalidad de que se incluyera en la fijación del litigio que el análisis se haría conforme el «Num. 5, Art
33 Ley 617 del 2000 y Num. 6 Art 49 Ley 2200 de 2022» (índice 45 samai). Mediante providencia de
12 de julio de 2024 el tribunal decidió no reponer el auto de 24 de junio de 2024, porque el 25 de
abril de 2024 se indicó que ambos artículos tienen el mismo contenido y, explicó que, «más
allá de la norma invocada lo que se analizará en el fondo del asunto es su contenido, el que
se insiste es el mismo en uno u otro caso». Además, rechazó la apelación por resultar
improcedente (índice 47 samai).
23 Índice 57 Samai. Expediente 2024-00073-00.
24 Índice 63 Samai. Expediente 2024-00073-00.
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27. Seguidamente, se refirió al oficio de 24 de julio de 2024 remitido por el
director de gestión contractual de la USPEC para indicar que la priorización de
obras, bienes y servicios «obedece al plan de necesidades remitido por el INPEC»,
por ende, esta última entidad es la encargada de elaborar el anteproyecto del
presupuesto para la USPEC.
28. Así, señaló que el director general de la USPEC no es el funcionario
competente para realizar la priorización de bienes y servicios; luego, no podría
predicarse de dicho funcionario «el favorecimiento para celebrar contratos en el
departamento de Santander que beneficien los intereses electorales del elegido
diputado».
29. En adición a lo que antecede, indicó que la suscripción de contratos a nivel
nacional, incluyendo aquellos negocios jurídicos que tuviesen como destino las
cárceles de Santander, no representa un interés de favorecimiento por parte del
director general hacia su hermano.
30. Además, resaltó que los contratos de obra suscritos en el lapso comprendido
entre el 12 de noviembre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, tuvieron como objeto
la «Atención primaria por el sistema de monto agotable a la estructura física de los
establecimientos de reclusión del orden nacional», por lo que no se evidencia la
inclusión de las cárceles de Santander25.
31. En cuanto a los contratos de prestación de servicios, refirió que obedecen al
«suministro de la alimentación a la población carcelaria nacional», los cuales, en su
concepto, no abarca a los establecimientos penitenciarios del departamento de
Santander.
32. Frente a los convenios interadministrativos precisó que fueron realizados con
«los centros de reclusión militar, policivas y unidades tácticas a cargo del INPEC»,
sin que de estos se desprenda la incorporación de los establecimientos ubicados en
el referido departamento.
33. Bajo ese entendido, indicó que los establecimientos carcelarios referidos por
el actor aparecen como beneficiarios priorizados por el INPEC en algunos negocios
jurídicos relacionados; sin embargo, no se realizó contratación directa, invitación
pública y tampoco contratos de prestación de servicios «de manera particular» con
establecimientos carcelarios ubicados en el departamento de Santander.
34. Seguidamente, señaló que el hermano del demandado «ejerció autoridad
civil y administrativa en la ciudad de Bogotá, pero no en el departamento de
Santander», pues la USPEC no tiene dependencias descentralizadas en este último
territorio. Además, precisó que, pese a que en algunas zonas del mentado
departamento existen cárceles respecto de las cuales el INPEC debe suministrar
servicios de alimentación, sostenimiento, entre otros, lo cierto es que las actividades
administrativas y contractuales «corresponden a la entidad nación, mas no al
departamento de Santander».
25 «Vélez, Málaga, Socorro, San Gil, Palo Gordo, Modelo y de Mujeres de Bucaramanga».
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35. Por último, indicó que resulta necesario evaluar la probabilidad real del
ejercicio de autoridad en el departamento de Santander, tratándose de un
funcionario que detenta un cargo «de estructura nacional».26
36. El demandado27 expuso similares argumentos a los referidos en el escrito
de alegatos de conclusión del impugnador Joselín Díaz Aguillón y, reiteró que el
director de la USPEC no ejerce autoridad política o administrativa en el
departamento de Santander, pues la mentada entidad no tiene dependencias
descentralizadas en este último territorio.
37. El demandante28 reiteró los fundamentos planteados en la demanda y,
relacionó diferentes contratos29 suscritos por la USPEC, con el propósito de indicar
que, dichos negocios jurídicos tuvieron «injerencia directa y exclusiva» en algunos
municipios del departamento de Santander; por ende, el hermano del acusado
ejerció autoridad civil y administrativo en el referido territorio.
38. Aunado a lo anterior, mencionó que, contrario al dicho de la defensa, el factor
territorial «no se puede definir únicamente bajo el criterio del domicilio principal de
la entidad», pues la mayoría de los cargos de nivel nacional tienen como domicilio
principal la ciudad de Bogotá D.C., situación que, en su concepto, no impide la
destinación de recursos hacia diferentes regiones, como ocurrió en el caso
particular.
39. Seguidamente, trajo a colación la sentencia de 13 de marzo de 2013 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado30, para indicar que los hechos
analizados guardan similitud fáctica con el caso particular, dado que «se trata de
familiares que ejercieron como directores de Unidades Administrativas Especiales
adscritas a un ministerio»; luego, «al tener competencia a nivel nacional basta con
ocupar el cargo para saber que ya se encuentran inmersos en la inhabilidad».
40. Además, sostuvo que en el presente asunto se demostró que el hermano del
demandado suscribió contratos «con destinación presupuestal específica para
Santander», situación que, a su juicio, resulta contraria a la ley.
41. La Registraduría Nacional del Estado Civil31, mediante apoderado judicial,
insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva.32
26 Citó: «Corte Constitucional, sala plena M.P José Fernando Reyes Cuarta, Ref: Exp. T-8.361.046
y T-8.425.408. acumulados: T-8.361.046 T.A de la Guajira y T8.425.408 Sección Quinta Consejo de
Estado junio 09 de 2022».
27 Índice 64 Samai. Expediente 2024-00073-00.
28 Índice 65 Samai. Expediente 2024-00073-00.
29 i) 418 de 21 de diciembre de 2022, ii) 432 del 30 de diciembre de 2022, iii) 440 de 30 de diciembre
de 2022 y, iv) 242 del 24 de julio de 2023.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de
marzo de 2013. Rad. 68001-23-31-000-2011-00967- 01 (PI). M.P. Maria Claudia Rojas Lasso.
31 Índice 62 Samai. Expediente 2024-00073-00.
32 Frente a esta petición el tribunal aclaró en la sentencia de 27 de septiembre de 2024, que mediante
auto de 28 de mayo de 2024 se decidieron las excepciones propuestas por el CNE y la RNEC, por
lo que no había lugar a realizar un nuevo pronunciamiento.
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8. Concepto del Ministerio Público33
42. La procuradora 159 Judicial II para asuntos administrativos solicitó que se
declare la nulidad del acto de elección de Arley Octavio Valero Sáenz, toda vez que,
a su juicio, incurrió en la inhabilidad prevista en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
porque su hermano, Ludwing Joel Valero Sáenz, ejerció autoridad administrativa en
el cargo de director general de la USPEC.
43. Aludió a la «respuesta otorgada por la USPEC» y relacionó cuatro (4)
contratos34, para señalar que el director de la mentada entidad «manejaba
presupuesto, era ordenador del gasto y celebró contratos para prestar servicios en
establecimientos penitenciarios y carcelarios de Santander».
44. Bajo esa óptica, concluyó que el director general de la USPEC «cumplía
función administrativa y dentro de su gestión celebró contratos para prestar
servicios, obtener suministros y satisfacer necesidades de los establecimientos
carcelarios y penitenciarios de Santander además de realizar las coordinaciones y
supervisiones que por razón de sus funciones generales le correspondía ejercer en
el Departamento de Santander».
9. Sentencia de primera instancia35
45. Mediante providencia de 27 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Santander, declaró la nulidad de la elección de Arley Octavio
Valero Sáenz, como diputado de Santander, para el periodo 2024-2027.
46. En lo referente con el asunto objeto de debate, luego de valoradas las
pruebas, el tribunal encontró demostrado que Ludwing Joel Valero Sáenz es
hermano del demandado y, se desempeñó en el cargo de director de la USPEC,
inicialmente como encargado desde el 12 de noviembre de 202236 y,
posteriormente, mediante «nombramiento ordinario» a partir del 20 de octubre de
202337; por ende, detentó dicho empleo durante el periodo inhabilitante.
47. De manera subsiguiente, citó los artículos 30 del Decreto 4150 de 2011 y 123
de la Constitución Política con la finalidad de señalar que, el cargo de director
general de la USPEC es un empleo público, pues «la unidad está adscrita a un
Ministerio y el régimen de personal corresponde al general».
48. Indicó que, desde la perspectiva orgánica, el hermano del demandado
detentó autoridad administrativa, pues desempeñó el cargo de director general en
la USPEC.
33 Índice 66 Samai. Expediente 2024-00073-00.
34 i) 418 de 21 de diciembre de 2022, ii) 440 del 30 de diciembre de 2022, iii) 308 del 30 de enero de
2023 y, iv) 242 del 24 de julio de 2023.
35 Índice 68 Samai. Expediente 2024-00073-00. Mediante providencia de 29 de octubre de 2024 el
tribunal decidió adicionar el fallo de primera instancia, indicando los efectos de la sentencia. (Índice
76).
36 La posesión se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2022.
37 Sin solución de continuidad. La posesión se realizó el 26 de octubre de 2023.
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Demandante: Ángel de Jesús Estévez Salazar
Demandado: Arley Octavio Valero Sáenz, diputado
de Santander, para el periodo 2024-2027
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00073-01
49. Sumado a lo anterior, el tribunal también encontró probado el ejercicio de la
autoridad administrativa por parte de Ludwing Joel Valero Sáenz a partir del criterio
funcional, toda vez que, se trata de un empleo que corresponde a una entidad de
orden nacional y, la inhabilidad alegada por el actor «apunta al ejercicio de
jurisdicción en el departamento».
50. Pues bien, refirió que, conforme las funciones desarrolladas por el director
general de la USPEC, es posible denotar la potestad de mando y autonomía
decisoria, características propias de la autoridad administrativa, que se materializa
con «la celebración de contratos o convenios, la dirección y control de la entidad, la
decisión en segunda instancia de procesos disciplinarios» y, las competencias
establecidas en el Decreto 4150 de 2011.
51. Seguidamente, trajo a colación los pronunciamientos del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional38 en torno al parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de
201739, el cual fue declarado inexequible por esta última corporación y, mencionó
que, el concepto de departamento que contiene la norma alude a la «ejecución o
materialización por parte del empleado público en un territorio, de la función
administrativa de la que es titular», y no refiere «a la entidad territorial y sus institutos
departamentales».
52. En línea con lo que antecede, señaló que la anterior conclusión no varía
tratándose de la Ley 2200 de 202240, pues una deducción distinta, que tenga como
fundamento el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, previamente citado,
implicaría desconocer el artículo 229 de la Constitución Política y, «se flexibilizarían
las inhabilidades de los diputados».
53. Bajo esa óptica, el a quo explicó que Ludwing Joel Valero Sáenz, quien
detentó el cargo de director de la USPEC, ejerció autoridad administrativa en el
departamento de Santander, toda vez que, «celebró contratos en beneficio de
distintos establecimientos carcelarios ubicados en Bucaramanga, Girón, Málaga,
San Vicente de Chucurí, esto es, en la circunscripción territorial del departamento
de Santander».
54. En correspondencia con lo que antecede, mencionó que la función de
celebrar contratos está relacionada con la gestión penitenciaria y carcelaria de los
establecimientos de tal naturaleza, «por lo que no puede desligarse su ejercicio de
los entes ubicados territorialmente en la jurisdicción donde resultó electo el diputado
demandado».
38 Citó: i) «Consejo de Estado. Sentencia Nulidad Electoral. Radicado
8500123330002020000702.ponente Roció Araujo Oñate» y, ii) «Corte Constitucional. Sentencia C-
396 del 18 de noviembre de 2021, con ponencia del magistrado Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar».
39 «ARTÍCULO 6o. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. <Ver Notas del Editor> Las
inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617 de
2000, además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de la Constitución Política modificado por el
Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan, sin
perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición de servidor público.
PARÁGRAFO. <Parágrafo INEXEQUIBLE> Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad
descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades
descentralizadas, no al aspecto territorio».
40 El tribunal indicó «del numeral 9 del artículo 6».
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55. Además, precisó que el argumento del extremo pasivo, relacionado con la
falta de evidencia respecto del beneficio que obtuvo el demandado con la
celebración de dichos contratos, no resulta «válido» porque dicha circunstancia no
se constituye como un elemento contemplado en la norma.
56. Por último, el tribunal indicó que, aun si no se hubiese materializado el criterio
funcional, la inhabilidad alegada por el actor se encuentra configurada, teniendo en
cuenta la condición de servidor público como director de la Unidad Administrativa
Especial (USPEC), y detenta autoridad, desde el nivel directivo.
10. Recursos de apelación
10.1 Arley Octavio Valero Sáenz 41
57. El demandado solicitó que se revoque la sentencia del 27 de septiembre de
2024, del Tribunal Administrativo de Santander, para que, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda.
58. Para argumentar lo anterior, sostuvo que la inhabilidad contemplada en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 no resulta aplicable al demandado,
toda vez que, su hermano, Ludwing Joel Valero Sáenz, detentó el cargo de director
general «de una entidad pública de naturaleza especial del orden nacional y no
departamental, que conforme con la normativa presuntamente violada, no resulta
incompatible con la elección que se acusa».
59. Aunado a lo que antecede, indicó que, contrario a lo esbozado por el a quo,
la inhabilidad contenida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 no
se configuró, atendiendo a los siguientes argumentos.
60. En primer lugar, trajo a colación las consideraciones relacionadas en el
escrito de alegatos de conclusión presentados en primera instancia e indicó que el
director de la USPEC no ejerce autoridad administrativa o política en Santander,
«entendido este como una entidad pública, no como territorio», toda vez que, sus
funciones «son las de autoridad de la nación» y, dicha institución no tiene
dependencias descentralizadas en el referido departamento.
61. Asimismo, precisó que, pese a que en algunas zonas de Santander existen
cárceles respecto de las cuales el INPEC debe suministrar servicios de
alimentación, sostenimiento, entre otros, lo cierto es que las actividades
administrativas y contractuales «corresponden a la entidad Nación, mas no al
departamento de Santander».
62. A su vez, refirió al Decreto Ley 4150 de 2011, la Ley 1709 de 2014 y el
Decreto 1069 de 2015, para señalar que la USPEC «es una entidad adscrita que
hace parte del sector descentralizado del orden ejecutivo nacional del sector justicia
y del derecho», por ende, a su juicio, el a quo incurrió en error al concluir, desde la
perspectiva del criterio funcional, que el director general de la referida entidad tiene
41 Índice 82 Samai. Expediente 2024-00073-00.
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potestad de mando, autonomía y poder decisorio, que se materializa con «la
celebración de contratos o convenios, la dirección y control de la entidad, la decisión
en segunda instancia de procesos disciplinarios» y, las competencias establecidas
en el Decreto 4150 de 2011.
63. En esa línea, sostuvo que el tribunal «de manera indiscriminada subsumió
los presupuestos fácticos y jurídicos de la pretensión de nulidad» en contra de sus
intereses y, realizó una interpretación errada de las normas al aplicar «una
hermenéutica extensiva» que concluyó en la configuración de la inhabilidad
endilgada al acusado.42
64. En ese entendido, señaló que el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 «es claro» y «no genera ninguna confusión», por lo que no resultaba
procedente concluir que el hermano del demandado ejerció autoridad administrativa
o civil, dado que, Ludwing Joel Valero Sáenz detentó un cargo de orden nacional
que no puede «encasillarse en la causal de inhabilidad deprecada».
65. Aunado a lo anterior, precisó que «la simple» suscripción de contratos que
vinculan al departamento de Santander no resulta suficiente para anular la
elección del demandado. Además, señaló que la decisión del tribunal se llevó a
cabo «sin elementos reales de juicio, aplicando de manera descontextualizada la
jurisprudencia».
66. En segundo término, puso de presente la naturaleza jurídica de la USPEC,
aludió a la estructura interna de la entidad y relacionó las funciones propias del
director general43 para indicar que la referida institución desarrolla sus
competencias de acuerdo con los «lineamientos y prioridades» que
establezca el INPEC.
67. En adición a lo que antecede, sostuvo que el director general de la USPEC
cuenta con voz, pero sin voto, por ende, debe atender las circunstancias que
considere tanto el presidente de la República, como el consejo directivo de dicha
entidad.
68. En tercer lugar, mencionó que la actividad contractual que gestiona la USPEC
se encuentra supeditada a las necesidades que surjan en los establecimientos
penitenciarios, y a la correspondiente priorización que realice el INPEC.
69. Seguidamente, se refirió a los cuatro (4) contratos suscritos por Ludwing Joel
Valero Sáenz44 en calidad de director general de la USPEC, que fueron abordados
en primera instancia y, expuso que el tribunal omitió realizar el debido análisis
respecto de estos, porque no tuvo en cuenta «las circunstancias fácticas y
jurídicas» que llevaron a su celebración (criterio de priorización).
42 Al respecto citó: i) «Sentencia C-325 de 13 de mayo de 2009 – Corte Constitucional – M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo - expediente D-7458» y ii) «Corte Constitucional – Sentencia SU-207 de
junio de 2022 – M.P. José Fernando Reyes Cuartas – Expediente T-8.361.046».
43 Contenidas en el artículo 12 del Decreto 4150 de 2011.
44 i) Contrato de prestación de servicios 418 de 21 de diciembre de 2022, ii) contrato de obra 440 del
30 de diciembre de 2022, iii) contrato de obra 242 del 24 de julio de 2023, y iv) contrato de prestación
de servicios profesionales 308 del 30 de enero de 2023.
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70. En línea con lo anterior, explicó que el director general de la referida entidad
no detenta poder decisorio que permita concluir la incidencia «directa o
indirectamente» en la suscripción de los negocios jurídicos previamente señalados;
luego, tampoco resulta procedente aludir al ejercicio de autoridad administrativa en
Santander, máxime si se tiene en cuenta que el referido servidor público se
encuentra supeditado a las priorizaciones que realice el INPEC respecto de cada
uno de los establecimientos carcelarios.
71. De manera subsiguiente, abordó los procesos contractuales que culminaron
con los negocios jurídicos previamente referidos, y concluyó que fueron
desarrollados con fundamento en las necesidades establecidas para las vigencias
fiscales de 2022 y 2023, y, posteriormente priorizados por la dirección general del
INPEC; por ende, el director general de la USPEC no tuvo incidencia en la
delimitación de las necesidades y tampoco en la adjudicación de dichos contratos,
evidenciándose así la ausencia de poder decisorio y la consecuente falta de
autoridad administrativa en el departamento de Santander.
72. Finalmente, insistió en que el tribunal realizó una interpretación extensiva de
la norma que contempla la inhabilidad endilgada al demandado, toda vez que, el
concepto de departamento allí relacionado debe entenderse «como entidad pública,
sus institutos y entidades descentralizadas que funcionen en el respectivo
departamento».
73. Aunado a lo anterior, citó el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
para reiterar que las inhabilidades que se predican respecto de los diputados, «se
enmarcan en: a) el departamento como entidad pública, b) sus instituciones y c) las
entidades descentralizadas, que deben funcionar en el respectivo territorio, o las
entidades que ejerzan competencias, pero que involucren a la entidad territorial».
74. En línea con lo que antecede, indicó que la vinculación a una entidad adscrita
a un nivel territorial superior podría resultar suficiente para configurar el elemento
territorial; no obstante, aludió a la sentencia SU-207 de 2022 y sostuvo que incluso,
en algunos casos, se requiere verificar la probabilidad real de ejercer la autoridad
administrativa.
75. Bajo ese entendido, señaló que las funciones que ejerce el director general
de la USPEC son de orden nacional y no territorial; competencias que, en todo
caso, no incidieron en los contratos previamente referidos.
10.2 Joselín Díaz Aguillón (Impugnador)45
76. Solicitó que se revoque la sentencia de 27 de septiembre de 2024 del
Tribunal Administrativo de Santander, para que, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
77. Sostuvo que el tribunal desconoció el contenido del parágrafo del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022, el cual indica que la autoridad administrativa debe
45 Índice 84 Samai. Expediente 2024-00073-00.
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efectuarse «donde resultó electo el diputado». En esa línea, resaltó que el tribunal
no tuvo en cuenta el elemento territorial, que ha sido desarrollado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
78. En correspondencia con lo que antecede, indicó que la norma previamente
señalada alude al departamento «como entidad pública y sus institutos y entidades
descentralizadas, no al aspecto territorio». Así, aseguró que el director de la USPEC
ejerció autoridad administrativa a nivel nacional y no departamental, precisando que
la celebración de contratos con este último «no puede considerarse como indicativo
de ejercicio de autoridad, pues se trata de una vinculación meramente contractual,
donde la USPEC celebra contratos para la atención de necesidades nacionales
previa priorización realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC».
79. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció
el precedente jurisprudencial46, en el que se ha puntualizado que «la operación
electoral» se garantiza como derecho fundamental de elegir y ser elegido.
11. Trámite en segunda instancia
80. El 29 de enero de 2025, se admitieron los recursos interpuestos por el
demandado y el impugnador, en escritos separados, contra el fallo de 27 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Santander. A su vez, se ordenó
poner el expediente a disposición de las partes, para presentar alegatos de
conclusión, y del Ministerio Público para emitir concepto.47
81. El Ministerio Público no rindió concepto.
12. Alegatos de conclusión en segunda instancia
82. El apoderado judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil48
solicitó que se revoque la decisión de primera instancia e insistió en su
desvinculación del proceso, atendiendo a la falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues las funciones de la entidad son, únicamente, de carácter logístico.
83. El impugnador Joselín Díaz Aguillón49, reiteró los argumentos expuestos en
las oportunidades procesales correspondientes y recalcó que el hermano del
demandado no ejerció autoridad administrativa en el departamento de Santander y
refirió al parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, precisando que el
departamento se entiende como «entidad pública y no como territorio».
84. El demandante50 señaló que en el caso particular se configuraron los
elementos propios de la inhabilidad endilgada al demandado y, se refirió a los
46 Al respecto, aludió a la SU de 7 de junio de 2016, sin indicar información adicional.
47 Índice 5 Samai.
48 Índice 9 Samai.
49 Índice 11 Samai.
50 Índice 12 Samai.
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cargos expuestos en el recurso de apelación, sobre los cuales concluyó que debían
ser rechazados en tanto que, carecen de fundamento.
85. El apoderado judicial del demandado51 reiteró los argumentos expuestos en
el escrito de apelación y mencionó que el hermano del acusado no ejerció ningún
tipo de autoridad en el departamento de Santander, precisando que no tuvo
autonomía y tampoco poder decisorio sobre los contratos relacionados en primera
instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
86. De conformidad con los artículos 15052, 152 numeral 7.a53 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024, esta corporación es competente para
conocer en segunda instancia, dado que se trata de la apelación interpuesta contra
la providencia del 27 de septiembre de 2024, del Tribunal Administrativo de
Santander, y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe conocer del asunto,
porque se demandó el acto de elección Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado
de Santander, periodo 2024-2027.
2. Acto demandado
87. Se demanda la nulidad de la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como
diputado de Santander, para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26
ASA de 12 de noviembre de 2023, porque, presuntamente, se encuentra
configurada la inhabilidad contenida en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022.
51 Índice 16 Samai.
52 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
53«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original)
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3. Cuestión previa
88. La Sala advierte que, el demandado indicó en su apelación que la vinculación
a una entidad adscrita a un nivel territorial superior podría resultar suficiente para
configurar el elemento territorial; no obstante, aludió a la sentencia SU-207 de 2022
y sostuvo que incluso, en algunos casos, se requiere verificar la probabilidad real
de ejercer la autoridad administrativa.
89. Sobre este punto, se pone de presente que, si el anterior argumento se
entendiera como una solicitud para que se tenga en cuenta lo dispuesto en la
sentencia de unificación 207 de 2022, ello no sería objeto de pronunciamiento en
esta instancia, dado que, se trata de un reparo que resulta novedoso, pues no fue
expuesto, por el demandado, en la contestación de la demanda y, tampoco fue
objeto de debate por el Tribunal Administrativo de Santander.
90. Aunado a lo anterior, la Sala observa que, en el escrito de alegatos de
segunda instancia, el apoderado judicial de la Registraduría Nacional del Estado
Civil insistió en la solicitud consistente en que la entidad sea desvinculada del
proceso, atendiendo a la presunta falta de legitimación en la causa por pasiva.
91. Al respecto, se advierte que dicha petición deviene improcedente y
extemporánea, dado que el tribunal decidió resolver de manera desfavorable la
excepción propuesta por la entidad; luego, no hay lugar a realizar pronunciamiento
alguno en esta sede.
4. Problema jurídico
92. A partir de los fundamentos de la apelación, se deberá determinar si se
revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander,
en cuanto declaró la nulidad de la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como
diputado de Santander, para el periodo 2024-2027.
93. Para resolver la anterior cuestión, la Sala verificará si del análisis probatorio
se concluye la configuración del elemento territorial de la inhabilidad alegada, para
lo cual se estudiará si Ludwing Joel Valero Sáenz, hermano del demandado, ejerció
autoridad administrativa en el departamento de Santander.
94. Con el propósito de dar solución al cuestionamiento antes planteado, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) la causal de
inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad administrativa y, ii) el
caso concreto.
4.1. La causal de inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad
administrativa en el periodo inhabilitante (aplicación para los diputados).
Interpretación del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022.
95. Las inhabilidades son condiciones objetivas que recaen sobre una persona y
tienen como único fin que quienes accedan o estén en la función pública,
desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
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imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales
de la comunidad sobre los personales.54
96. En este sentido, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.55
97. Precisamente, tratándose de los diputados, la Ley 617 de 2000 (art. 33)
enlistó las causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser
elegidos como tales y luego se regularon en la Ley 2200 del 202256. En relación con
el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto con el
siguiente tenor literal en la última normativa mencionada:
ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
[…]
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; […]
PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas
en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos y
entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial. (Énfasis de la Sala).
98. De la norma que se aduce desconocida, se pueden extraer los siguientes
elementos estructuradores, a saber57:
i) Elemento subjetivo. La existencia del vínculo por matrimonio, unión
permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, entre el elegido y el funcionario.
ii) Elemento temporal. Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los
12 meses anteriores a la elección.
iii) Elemento objetivo. Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil,
política, administrativa o militar.
iv) Elemento territorial. Que estos ocurran en el departamento donde resultó
elegido el diputado.
54 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994
M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
55 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, rad.
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros.
56 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
departamentos.
57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 28 de
enero de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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99. Sobre el elemento territorial, es importante resaltar que el artículo 299 de la
Constitución Política dispone que «el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado
para los congresistas en lo que corresponda».
100. De ahí que, por virtud del constituyente, para interpretar las inhabilidades de
los diputados, sea necesario remitirse a las de los congresistas para verificar si el
régimen de aquellos es menos estricto que el de estos.
101. Así, el artículo 179.5 de la Constitución Política trae la inhabilidad por
parentesco, igual que se hace para los diputados en la norma ya citada, con la
siguiente regulación:
ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:
[…]
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con
funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones
que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva
elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco,
con las autoridades no contemplados en estas disposiciones. (Énfasis de la Sala)
102. En ese sentido, la Sección se ha pronunciado sobre la presunta flexibilización
que se hizo del régimen de los diputados en el parágrafo del artículo 6° de la Ley
1871 del 2017, que de manera similar a lo que ahora trae el parágrafo del artículo
49 de la Ley 2200 del 2022, decía lo siguiente:
ARTÍCULO 6o. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Las inhabilidades
de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617
de 2000, además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de la Constitución Política
modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen,
modifiquen y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a
su condición de servidor público.
PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita
en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus
institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio. (Énfasis de la
Sala)
103. Al respecto, la Sala consideró que esta norma no podría ser aplicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 299 constitucional, ya que el régimen
de los diputados no puede ser menos gravoso que el de los congresistas. Por tanto,
debe entenderse que, por departamento, debe comprender todo el territorio, junto a
los municipios que lo componen.
104. De otra manera, ello significaría aceptar que los diputados tienen un régimen
más flexible para la aplicación de las inhabilidades, por cuanto según la norma
mencionada, al departamento lo compone únicamente la organización
administrativa y no su territorio. Así lo dijo esta Sala Electoral:
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118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha
disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública
y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que
para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en
el artículo 33 de la Ley 617 el 2000, sería necesario entender que el aspecto espacial
se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad
administrativa-.
119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo 299
constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo
anterior, por cuanto para efectos de los Congresistas, específicamente, los
Representantes a la Cámara cuya elección se realiza en la misma circunscripción
territorial de los diputados, la configuración de la inhabilidad por ejercicio de
autoridad de pariente se aplicaría respecto de situaciones que se presenten en la
correspondiente “circunscripción”, lo que incluye toda la extensión del territorio
departamental y de forma inescindible en los municipios que lo componen; mientras
que para los diputados, la expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la
organización administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el
régimen de estos últimos.58 (Énfasis de la Sala).
105. Dicha interpretación fue luego recogida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-396 del 2021, en la que concluyó lo siguiente:
123. El artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, no cumple con los requisitos propios de
las leyes interpretativas, puesto que el legislador no se limitó a fijar el sentido de una
disposición anterior, esto es, del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, sino que, como
se demostró, modificó el alcance material de estas disposiciones, al disponer qué
debe entenderse por departamento, para efectos de la aplicación del régimen de
inhabilidades de los diputados, esto es, el aspecto puramente institucional (entidad
pública y sus entidades descentralizadas), sin tener en cuenta el aspecto territorial.
Esta modificación material de las leyes interpretadas, hace que el régimen de
inhabilidades de los diputados sea menos estricto que el señalado para los
congresistas, lo cual constituye un desconocimiento de la prohibición del inciso
segundo del artículo 299 de la Carta, por cuanto el legislador no puede fijar un
régimen de inhabilidades menos estricto que el señalado por la Constitución para
los congresistas, razón por la cual la Sala encuentra que los segmentos sub examine
son inconstitucionales.
106. Al respecto, se considera que este criterio debe aplicarse igualmente para el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022, pues es posición de la Sección y
de la Corte Constitucional, que las inhabilidades de los diputados no pueden ser
menos estrictas que las de los congresistas, por las razones anotadas en los
precedentes citados.
107. Por tanto, aunque la norma mencionada se encuentre vigente, lo cierto es
que la interpretación de esta ya ha sido decantada anteriormente, bajo la aplicación
estricta que se le debe dar al artículo 299 de la Constitución Política y así se hará
en el asunto.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 8 de
julio del 2021. Rad. 85001-23-33-000-2020-00007-02. MP. Rocío Araújo Oñate.
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108. Ahora bien59, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección 60 han
acudido, «para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…)
no con carácter analógico sino a título de referente conceptual»61, a la definición de
dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en
su tenor literal dispone:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
109. La Sección Quinta del Consejo de Estado62 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita
obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria
requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar,
tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección
administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.
110. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 63,
mediante la cual esta Sala dispuso:
Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha
autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias
de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al
análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla
fuera de texto)
59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. MP. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.
M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. MP. Susana Buitrago Valencia
Sentencia de 19 de marzo de 2009.
61 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-
00087-03(IJ). MP. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
62 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-
31-000-2003- 01299-02(3657). MP. Filemón Jiménez Ochoa.
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111. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia64 ha admitido que
comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones
y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede
al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
112. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y
cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad.
La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones
administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que
no alcanzan a tener esa importancia.65 (Se resalta)
113. Es menester reiterar, entonces, que la inhabilidad bajo estudio supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce autoridad
civil, política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los 12 meses
anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo departamento por
el cual se inscribe el candidato a diputado -elemento espacial o territorial-.
5. Pruebas relevantes para el caso
114. Se relacionaron las siguientes:
1. Funciones asignadas al director operativo de la USPEC, código 0100, grado
23, de la dirección de infraestructura, contempladas en la Resolución 000084
de 18 de febrero de 2021, «Por la cual se establece el Manual Específico de
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la Planta de
Personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC».66
2. Decreto nro. 2179 del 12 de noviembre de 2022, mediante el cual se encargó
a Ludwing Joel Valero Saenz, director operativo, código 0100, grado 23, de
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-
000-2020- 00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
65 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-
0161-01(PI025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
66 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Páginas 24 a 26 – Expediente digital.
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la Dirección de Gestión Contractual, como director general, Código 0015,
grado 25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.67
3. Acta de posesión nro. 0014 del 15 de noviembre de 2022 de Ludwing Joel
Valero Sáenz como encargado en el empleo de director general, código
0015, grado 25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC.68
4. Decreto nro. 1734 del 20 de octubre de 2023, mediante el cual se nombró a
Ludwing Joel Valero Sáenz en el cargo de director general, código 0015,
grado 25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.69
5. Acta de posesión nro. 0015 del 26 de octubre de 2023 de Ludwing Joel Valero
Sáenz como director general, código 0015, grado 25 de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.70
6. Funciones asignadas al director general de la USPEC, código 0015, grado
25, de la dirección general, contempladas en la Resolución 000084 de 18 de
febrero de 2021, «Por la cual se establece el Manual Específico de
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la Planta de
Personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC».71
7. Mediante certificación de octubre de 2023, la coordinadora del grupo
administración de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC indicó que Ludwing Joel Valero Sáenz se encontraba
vinculado a la entidad desde el 14 de marzo de 2022 en el cargo de director
operativo, código 0100, grado 23 de la dirección de gestión contractual de la
USPEC y, desde el 12 de noviembre de 2022 como encargado de las
funciones del empleo de director general, código 0015, grado 25 de la
referida entidad.72
8. Certificado de 11 de octubre de 2023 emitido por la coordinadora del grupo
administración personal de la USPEC en el cual se indica que en la misma
fecha se publicó en la página web de la entidad los documentos de Ludwing
Joel Valero Sáenz con ocasión de su nombramiento como director general,
código 0015, grado 25.73
9. Petición elevada por el demandante ante la USPEC, mediante la cual se
solicitó copia de los contratos y/o convenios que la entidad firmó entre el 12
de noviembre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, de suministro, dotación de
obra, entre otros, para las cárceles de Santander, particularmente Málaga,
Vélez, Socorro, Palogordo, Modelo y de mujeres.74
10. Respuesta de 24 de julio de 2024 emitida por el director de gestión
contractual de la USPEC al requerimiento realizado por el tribunal, en donde
se relacionan los contratos y convenios con destino a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios a nivel nacional, suscritos por la entidad en el
67 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Páginas 27 a 28 – Expediente digital.
68 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 29 – Expediente digital.
69 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 30 – Expediente digital.
70 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 94 – Expediente digital.
71 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Páginas 73 a 74 – Expediente digital.
72 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 82 – Expediente digital.
73 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 85 – Expediente digital.
74 Documento 002_ED_2DEMANDACONANEXO.pdf. Página 95 – Expediente digital.
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lapso comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de enero de
2023.75
6. Caso concreto
115. Los recurrentes plantean, en síntesis, que: i) la inhabilidad contemplada en
el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 no resulta procedente en este
caso, porque la entidad de la cual hace parte el hermano del demandado es de
orden nacional; luego, deviene apropiada la aplicación del parágrafo de la norma
referida y, ii) Ludwing Joel Valero Sáenz no ejerció autoridad administrativa en el
departamento de Santander, pues la gestión contractual propia del cargo directivo,
se encuentra supeditada a las necesidades que surjan en los establecimientos
penitenciarios, y a la correspondiente priorización que realice el INPEC.
116. Frente al primer reparo, la defensa argumentó que el tribunal realizó una
interpretación extensiva de la norma e indicó que debía aplicarse el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, entendiéndose el concepto de departamento allí
relacionado «como entidad pública, sus institutos y entidades descentralizadas que
funcionen en el respectivo departamento».
117. Aunado a lo anterior, la parte pasiva del proceso sostuvo que las
inhabilidades que se predican respecto de los diputados, «se enmarcan en: a) el
departamento como entidad pública, b) sus instituciones y c) las entidades
descentralizadas, que deben funcionar en el respectivo territorio, o las entidades
que ejerzan competencias pero que involucren a la entidad territorial».
118. En correspondencia con lo que antecede, mencionaron que la entidad de la
cual hace parte Ludwing Joel Valero Sáenz como director general es de orden
nacional y no tiene dependencias descentralizadas en el referido departamento.
119. Al respecto, resulta relevante poner de presente que el debate que pretende
desarrollar el extremo pasivo del proceso, tratándose de la aplicación del parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, obedece a una discusión que ha sido zanjada
por esta corporación y la Corte Constitucional, tal como se explicó en el numeral
4.1.
120. En esa línea, se reitera que el régimen de inhabilidades respecto de los
diputados no puede ser menos gravosa que el de los congresistas, conforme lo
dispone el artículo 299 de la Constitución Política; luego, el debate relacionado con
la interpretación de la norma referida se encuentra plenamente solventado e hizo
tránsito a cosa juzgada.76
121. Bajo esa óptica, debe entenderse que departamento es la totalidad del
territorio que lo compone y, contrario al dicho de la defensa, su alcance no se limita
75 Índice 55 Samai. Expediente 2024-00073-00. Oficio remitido por el director de gestión contractual
de la USPEC. Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1AJtFjEoE_6KNUAkzKz-
cyuQztHWjQ4xm
76 Al respecto, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia de 18 de julio de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2024-00039-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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a la organización administrativa. Así, el estudio de la inhabilidad endilgada al
diputado en virtud del ejercicio de autoridad detentado por su pariente debe ser
analizado respecto de las circunstancias que se evidencien en Santander como
extensión territorial.
122. En cuanto al segundo argumento, la defensa explicó que Ludwing Joel
Valero Sáenz no ejerció autoridad administrativa en el departamento de Santander,
toda vez que detentó un cargo de orden nacional que no puede «encasillarse en la
causal de inhabilidad deprecada».
123. En línea con lo anterior, señaló que la suscripción de los contratos por parte
del director general de la USPEC se encuentra supeditada a las necesidades que
surjan de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y las respectivas
priorizaciones que de ellas realice el INPEC.
124. Aunado a ello, el demandado aludió a los procesos contractuales que
culminaron con los negocios jurídicos suscritos por el hermano del demandado,
particularmente los que fueron analizados por el tribunal, y concluyó que, el director
general de la USPEC no tuvo incidencia en la delimitación de las necesidades y
tampoco en la adjudicación de dichos contratos, evidenciándose así la ausencia de
poder decisorio y la consecuente falta de autoridad administrativa en el
departamento de Santander.
125. De conformidad con lo expuesto, la Sala pone de presente como primer punto
que, la defensa sostuvo que, de inferirse el ejercicio de autoridad administrativa
respecto de las funciones en cabeza de la USPEC, este debía entenderse «a nivel
central o nacional»77.
126. En esa línea, conviene precisar que los recurrentes no cuestionaron lo
relativo a la configuración de la inhabilidad desde el factor orgánico, en los términos
expuestos por el tribunal; no obstante, resulta pertinente poner de presente que,
atendiendo a la naturaleza jurídica de la USPEC y la definición de dirección
administrativa que se encuentra contemplada en el artículo 190 de la Ley 136 de
199478, es posible denotar que, Ludwing Joel Valero Sáenz detenta autoridad
administrativa, toda vez que ejerce el cargo de director general de la referida unidad
administrativa especial.
77 «Así las cosas, y habiéndose revisado en detalle las funciones de la USPEC, de modo alguno,
puede inferirse que ejerza autoridad administrativa, civil o política en un determinado
departamento, sino a nivel central o nacional, aunado al hecho de que, a través de su director
general, que, en todo caso, no ostenta autoridad decisoria, sino más bien técnica, a través de los
objetivos misionales otorgados, se devela su no incidencia en los objetos contractuales ya señalados,
motivo por el cual, la situación fáctica alegada, no se encuadra dentro de los postulados del parágrafo
del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
Se recuerda que, el mismo Decreto 4150 de 2011 establece que la USPEC tendrá como sede la
ciudad de Bogotá y ejercerá sus funciones en el territorio nacional, criterio orgánico funcional
del que no puede hacerse interpretaciones extensivas sino de forma taxativa restrictiva […]».
(Énfasis añadido)
78 «DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de
la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales […]». (Énfasis añadido)
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127. Partiendo de lo anterior, se observa que Ludwing Joel Valero Sáenz, en
calidad de director general de la USPEC tiene dentro de su competencia, el ejercicio
de las siguientes funciones, las cuales se encuentran previstas en la Resolución
000084 de 18 de febrero de 2021, «Por la cual se establece el Manual Específico
de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la Planta de
Personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC»:
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel DIRECTIVO
Denominación del empleo DIRECTOR GENERAL
Código 0015
Grado 25
No. de cargos 1
Dependencia Dirección general
Cargo del jefe inmediato Ministro de Justicia y del Derecho
II. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y controlar la entidad, encaminando sus acciones a cumplir con la misión, objetivos
y políticas propuestas, de acuerdo con lineamientos y directrices del Consejo Directivo, el
Gobierno Nacional y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear la gestión de la Dirección General teniendo en cuenta el plan estratégico,
necesidades y lineamientos institucionales.
2. Dirigir la implementación de los planes, programas y proyectos en materia
estratégica, logística, administrativa y de infraestructura que debe brindar la Unidad de
Servicios Penitenciarios Carcelarios - USPEC, de conformidad con las políticas que defina
el Consejo Directivo y el Gobierno Nacional, relacionadas con la gestión penitenciaria y
carcelaria.
3. Celebrar convenios interadministrativos y/o de asociación entre entidades
públicas y privadas, para el cumplimiento del objeto de la entidad, de acuerdo con
la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.
4. Orientar el objetivo y aplicación de las investigaciones y estudios, relacionados
con la gestión penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las
recomendaciones correspondientes.
5. Representar legalmente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -
USPEC, con criterios de ética y legalidad.
6. Expedir los actos administrativos y celebrar de acuerdo a su competencia, los
contratos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC conforme al plan de
desarrollo y normatividad vigente.
7. Dirigir las políticas y decisiones relacionadas con el talento humano de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
8. Someter a consideración del Comité Directivo el proyecto de presupuesto anual
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, así como las
modificaciones presupuestales que garanticen la ejecución normal de los planes y
proyectos de la misma, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
9. Decidir en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten en
contra de los funcionarios de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.
10. Realizar la dirección y control de la Entidad, dando solución a las
necesidades evidenciadas en cumplimiento a los objetivos propuestos a corto,
mediano y largo plazo.
11. Direccionar los mecanismos de articulación internos y externos establecidos de
acuerdo a las directrices institucionales.
12. Gestionar los requerimientos internos y de los organismos oficiales y privados,
dando cumplimiento a la oportuna entrega y veracidad de la información solicitada.
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13. Orientar la gestión de su equipo de trabajo siguiendo la planeación realizada y las
necesidades del servicio.
14. Monitorear la gestión de su área de responsabilidad según procedimientos y metas
establecidas.
15. Proponer mejoras en la gestión de su área de responsabilidad de acuerdo con los
resultados del seguimiento y de los parámetros institucionales.
16. Las establecidas en el Decreto 4150 de 2011.
17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.
128. En virtud de lo que antecede y, atendiendo a los reparos esbozados por la
defensa, en el expediente se demostró que el director general de la USPEC celebró
cuatro (4) contratos79 que tuvieron como finalidad, entre otros, suplir las
necesidades de algunos establecimientos penitenciarios ubicados en el
departamento de Santander.
129. Así, la Sala pone de presente que los contratos previamente mencionados
estuvieron encaminados a la prestación del servicio de suministro de la alimentación
a la población privada80, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
eléctrica de los establecimientos penitenciarios81, las actividades necesarias para la
operación de las plantas de tratamiento de agua y mantenimiento del sistema
hidrosanitario82 y, la adquisición de municiones para la seguridad de los referidos
establecimientos83.
130. Al respecto, se destaca que las actividades contratadas tuvieron como
lugares de ejecución, entre otros, algunos establecimientos penitenciarios ubicados
en el departamento de Santander, particularmente en los municipios de
Bucaramanga, San Gil, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Girón, Vélez,
Málaga y Socorro.
131. De lo anterior se colige que, Ludwing Joel Valero Sáenz como director
general de la USPEC detentó el ejercicio de autoridad administrativa,
particularmente en el departamento de Santander, pues en virtud de la función de
gestión contractual que le fue asignada, suscribió los negocios jurídicos
previamente referidos.
132. Ahora bien, la defensa trae a colación un presunto condicionamiento por
parte del INPEC para la suscripción de los referidos contratos, relacionado con que
según su dicho es este instituto el que prioriza sus necesidades y la USPEC solo
las contrata; no obstante, la Sala observa que dicho sometimiento o subordinación
por parte del director general es inexistente, pues la celebración del contrato no está
sujeta a la aprobación de otra autoridad lo que permitiría constatar un grado de
subordinación que no se demostró en este caso.
79 i) Contrato de prestación de servicios 418 de 21 de diciembre de 2022, ii) contrato de obra 440 del
30 de diciembre de 2022, iii) contrato de obra 242 del 24 de julio de 2023, y iv) contrato de prestación
de servicios profesionales 308 del 30 de enero de 2023.
80 Contrato de prestación de servicios 418 de 21 de diciembre de 2022.
81 Contrato de obra 440 del 30 de diciembre de 2022.
82 Contrato de obra 242 del 24 de julio de 2023.
83 Contrato de prestación de servicios profesionales 308 del 30 de enero de 2023.
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Demandante: Ángel de Jesús Estévez Salazar
Demandado: Arley Octavio Valero Sáenz, diputado
de Santander, para el periodo 2024-2027
Radicado: 68001-23-33-000-2024-00073-01
133. Por el contrario, lo que sí queda en evidencia es el nivel de directivo y de
máxima autoridad de la USPEC, como director, y que tiene dentro de su asignación
la de celebrar contratos y convenios, sin que del referido manual se desprenda algún
límite o restricción.
134. Pues bien, la Sala concluye que, como lo sostuvo el tribunal, en el plenario
reposan elementos de convicción necesarios para acreditar la configuración de la
inhabilidad prevista en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
135. Así las cosas, es lo procedente confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto declaró la nulidad
de la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander, para el
periodo 2024 – 2027, por las razones que se expusieron en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 27 de septiembre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró la nulidad del acto
de elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander, para el
periodo 2024 – 2027.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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