RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila- el 4 de febrero de 2025, mediante la cual accedió las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de abril de 2025

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02
Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira, concejal del municipio de
Campoalegre (Huila), periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad administrativa, artículo 43 numeral 4 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 4 de febrero de 2025,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Gilberto Avendaño García, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
del 2011, presentó demanda el 29 de noviembre de 2023, en la que solicitó la nulidad
del formulario E-26 CON del 9 de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual
se declaró la elección del señor Ronal Eugenio Ferreira como concejal del municipio de
Campoalegre (Huila) para el periodo constitucional 2024-20271.

1.2. Hechos

2. Sostuvo el demandante lo siguiente:

3. El 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones para alcaldía,
gobernación y corporaciones públicas en todo el territorio nacional, en las cuales fue
elegido el señor Ronal Eugenio Ferreira como concejal para el municipio de
Campoalegre (Huila), por el Partido Alianza Social Independiente – ASI.

4. Durante la inscripción de la candidatura y la elección del demandado, su hermano
Abimelech Durán Ferreira, fue el subdirector de Talento Humano y Financiero de las
Empresas Públicas EMAC S.A. E.S.P. de Campoalegre (Huila), transgrediendo el
artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000.

1
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «001_Demanda.pdf»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

5. En la contienda electoral, el Partido Alianza Social Independiente – ASI, obtuvo dos
(2) curules que fueron ocupadas por los señores Elkin Mauricio Claros y Ronal Eugenio
Ferreira, pero como este último está inhabilitado, el escaño debe ser ejercido por la
señora Gloria Cortés, siguiente en la lista que inscribió dicho partido.

1.3. Concepto de la violación

6. Como normas violadas señaló el artículo 43, numeral 4º, de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

7. Mediante providencia del 17 de enero de 2024, se admitió el medio de control2, y se
dispuso su notificación al demandado, al Ministerio Público y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil. El 7 de marzo de 20243 se vinculó al Consejo Nacional
Electoral, conforme al artículo 277 del CPACA.

8. Surtidas las notificaciones de rigor4, se pronunciaron los siguientes sujetos
procesales:

9. El demandado5 se opuso a las pretensiones y dijo que en el manual de funciones de
la Empresa EMAC S.A. E.S.P., para el cargo de subdirector de Talento Humano y
Financiero, no están incluidas atribuciones como miembro de junta directiva y/o
representante legal, descartándose así cualquier inhabilidad.

9.1. Además, que la relación con su medio hermano Abimelech Durán Ferreira y su
familia es nula; jamás han vivido juntos y este ofreció su respaldo a candidatos de un
partido diferente, por lo que no se daría favorecimiento a la aspiración de Ronal
Eugenio Ferreira.

9.2. Formuló las excepciones de «INEXISTENCIA DE INHABILIDAD, IRREGULARIDAD Y/O
ILEGALIDAD ALGUNA RESPECTO DE LA ELECCIÓN» y la de «INEPTITUD DE LA
DEMANDA POR FALTA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD».

10. La Registraduría Nacional del Estado Civil6 formuló la excepción de «FALTA DE
LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA», por no tener conexión alguna con los hechos
que soportan el litigio.

11. El Consejo Nacional Electoral7 alegó su falta de legitimación, dado que en este
caso, no se presentó solicitud alguna de revocatoria de la inscripción de la candidatura
del señor Ronal Eugenio Ferreira.

2
Expediente digital SAMAI – índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «011_AUTOADMITEDEMANDA.pdf»
3
Expediente digital SAMAI – índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«024AUTOORDENAVIN_202300388GILBERTOAVE.pdf»
4
Expediente digital SAMAI – índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «015Soporte notificación Notificacion Persona.pdf»
• «027Soporte notificación Notificacion Persona.pdf»
5
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«021_ContestaciónDemandaParteDemandada.pdf»
6
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «019_ContestaciónDemandaYPoder.pdf»
7
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«030ContestaciónDemandaConsejoNacionalElectoral.pdf»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

12. Por auto del 3 de mayo de 20248, se negó la prosperidad de la excepción de
ineptitud de la demanda propuesta por el demandado y se declaró probada la de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del
Estado Civil; finalmente, se convocó a las partes para audiencia inicial.

13. La diligencia citada tuvo lugar el 16 de mayo de 20249 y en la etapa del
saneamiento se ordenó suspenderla para resolver una solicitud de terminación del
proceso por abandono invocada por la parte demandada10, petición que fue resuelta
negativamente en auto del 7 de junio de 202411, confirmada en vía de reposición
mediante proveído del 3 de julio de 2024 12, en el cual, además, se rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente.

14. Contra la anterior decisión, el demandado interpuso recurso de reposición y en
subsidio queja13; aquél se resolvió negativamente y se concedió el de queja para ante
esta Corporación14, quien por auto del 28 de agosto de 2024 estimó bien denegado el
recurso de apelación15.

15. El 10 de octubre de 2024 se dio continuidad a la audiencia inicial 16, se fijó el litigio17
y se decretaron las pruebas invocadas por las partes18. Finalmente se fijó fecha para la
audiencia de pruebas.

16. El 24 de octubre de 202419 se practicaron las pruebas decretadas, se ordenó el
cierre del período probatorio y se dio traslado común a las partes para que presentaran
sus alegatos finales y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

1.5. Sentencia de primera instancia

17. El 4 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las
pretensiones de la demanda. Inicialmente encontró probado con los registros civiles de
nacimiento allegados al expediente, el parentesco entre los señores Ronal Eugenio
Ferreira y Abimelech Durán Ferreira, en calidad de hermanos.

8
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 006ED_2expSamai41001233300» -
«032AUTOFIJAFECHA_202300388RESUELVEEXB.pdf»
9
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «035Acta de
Audienc_ACTAAUDIENCIAINICIAL.pdf»
10
Consideró que el demandante no había cumplido con la carga procesal establecida en el numeral sexto del auto admisorio de la
demanda, esto es, realizar la publicación del aviso.
11
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «036AUTO RESUELVE SOLICITUD DE
ABANDONO Y FIJA FECHA.pdf»
12
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «041Auto Resuelve
R_202300388ELECTORALGI.pdf»
13
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «043_MemorialWeb_Recurso-
recursopoderpdf.pdf»
14
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «048Auto Concede
Re_202300388AUTORESUELV.pdf»
15
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «057_AutoResuelveQueja.pdf»
16
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«064ActadeAudienc_202300388ACTAAUDIENC.pdf»
17
Consistió en: «¿si debe anularse el acto de elección del señor RONAL EUGENIO FERREIRA, como concejal del municipio de
Campoalegre – Huila para el periodo constitucional 2024-2027, contenido en el acta de escrutinio formulario E–26 CON – del día 09
de diciembre de 2023, expedida por LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, al incurrir
presuntamente en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 10 (sic) de
la Ley 617 de 2000?
18
Decretó la prueba documental aportada por las partes. Decretó el interrogatorio de parte solicitado por el demandante y la prueba
testimonial invocada por el demandado. Decretó oficiosamente prueba por exhortos con destino a la RNEC y a la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC S.A. E.S.P.
19
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 000103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

18. Además, que el señor Abimelech Durán Ferreira fue nombrado mediante
Resolución 003 del 10 de enero de 2020 como subdirector de Talento Humano y
Financiero de la EMAC S.A. E.S.P., de quien concluyó que ejercía como tal dentro del
período comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023.

19. Según el Acuerdo 020 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se aprueba y ajusta
el manual específico de funciones y competencias laborales de la EMAC S.A. E.S.P. de
Campoalegre (Huila), el cargo desempeñado por el hermano del demandado se
denomina subdirector de Talento Humano y Financiero, dependiente de la Gerencia, de
carácter directivo relacionado con actividades como «planear, coordinar y evaluar el talento
humano, los recursos administrativos, financieros, técnicos, informáticos utilizados en la
empresa», y dentro de sus atribuciones resaltó la de «Adelantar en primera Instancia los
procesos disciplinarios de acuerdo a su competencia dando cumplimiento a la Ley.», que
constituye una función de carácter administrativo frente a las posibles faltas
disciplinarias en que pudieran incurrir los empleados de la entidad.

20. Encontró configurada la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, puesto que el
señor Abimelech Duran Ferreira, en calidad de subdirector de Talento Humano y
Financiero de Empresas Públicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de
Campoalegre–Huila EMAC S.A. E.S.P., ciertamente tenía y mantuvo autoridad
administrativa durante los doce meses anteriores a las elecciones territoriales que se
llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, y por lo tanto, su hermano, Ronal Eugenio
Ferreira, se encontraba inhabilitado para participar como candidato a concejal de ese
municipio en la contienda electoral para el periodo constitucional 2024-2027.

1.6. Recurso de apelación

21. La parte demandada20 apeló la sentencia y dijo que el tribunal realizó una indebida
aplicación del fenómeno procesal de abandono del medio de control por omisión de la
carga procesal al extremo activo y, además, porque no resolvió de manera uniforme
conforme a situaciones que tienen los mismos supuestos fácticos y jurídicos y
desconoció el precedente constitucional aplicado a un caso similar21.

22. Frente al primer aspecto, insistió en un supuesto «INDEBIDO SANEAMIENTO DEL
PROCESO» relacionado con la petición de terminación por abandono, afirmando que el
magistrado instructor erró en la interpretación de la carga procesal impuesta a la parte
actora y atacó las actuaciones surtidas desde el auto del 7 de junio de 2024 porque las
mismas se encuentran viciadas y por tanto, el trámite judicial carece de legalidad.

23. Expresó que el fallo desconoce sus propios lineamientos sustentados en
providencias que resuelven situaciones jurídicas semejantes22, como ocurre con la
aplicación de la sentencia SU-207 de 2022, específicamente relacionado con el deber
de probar la incidencia que se ha tenido en el electorado con relación a la causal de
inhabilidad discutida.

20
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «078_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAEPLACIO.pdf»
21
Hace referencia a la Sentencia SU-207 de 2022
22
El recurrente no expuso a cuáles antecedentes se refiere

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

24. Citó sentencias del 22 de agosto23 y 19 de diciembre de 202424 del Tribunal
Administrativo del Huila, relacionadas con el análisis de la inhabilidad por parentesco
con quien ejerce autoridad administrativa, de las cuales resaltó que «…no se advierte
incidencia directa con la comunidad del municipio de Rivera, Huila, en el período del 4 de
octubre de 2018 al 19 de febrero de 2019 y mucho menos, pese a que se dice ejerce autoridad
administrativa, hiciera despliegue de la misma en función de su cargo, ya que no debe perderse
de vista, que dicho análisis en aplicación de la causal invocada, debe ir más allá de encontrarla
configurada…».

25. En este proceso no existe prueba siquiera sumaria, con la cual se pueda concluir
que en efecto el señor Abimelech Duran Ferreira hubiese participado en la campaña del
demandado y mucho menos, que existiera algún tipo de relación de cercanía, amistad o
familiaridad, pues con los testimonios se probó el distanciamiento entre ambos, lo que
permite concluir que no pudo haber algún tipo de incidencia en los electores.

1.7. Auto que concedió el recurso de apelación

26. El Tribunal Administrativo del Huila, el 27 de febrero de 2025, concedió el recurso
interpuesto25.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

27. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
20 de marzo de 202526, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales. En ese término se allegaron los
siguientes escritos:

28. La parte demandante guardó silencio.

29. El demandado, aunque se pronunció en escrito radicado el 7 de abril de 2025 27, lo
hizo por fuera del término legal, pues para alegar de conclusión en esta instancia,
contaba con el período comprendido entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 202528.

30. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto29,
indicando que el primer argumento dirigido al supuesto indebido saneamiento de la
actuación procesal fue superado por el Tribunal Administrativo del Huila, quien negó la
terminación del proceso por abandono y dio continuidad con la audiencia inicial, sin que
el demandado expusiera reparo adicional y en su lugar, aceptó la fijación del litigio, es
decir, que dichas censuras ya fueron suficientemente decantadas y el demandado tuvo
la oportunidad de alegarlas sendas veces, pretendiendo en esta instancia reabrir el
debate en sede de apelación de la sentencia.

23
41001233300020230042600
24
41001233300020240020800
25
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«081AutoConcedeRe_CONCEDEAP_20230038800GILBERTOA.pdf»
26
Expediente digital SAMAI – Índice 00005
27
Expediente digital SAMAI – Índice 00011 – Presentado el 07/04/2025 16:05:31
28
Expediente digital SAMAI – Índice 00009
29
Expediente digital SAMAI – Índice 00012

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

31. Frente al supuesto desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales que
tomaron como referencia la sentencia SU-207 de 2022 relacionado con el deber de
probar la incidencia, corresponde a un argumento que no fue aducido en la
contestación de la demanda ni quedó contemplado en la fijación del litigio, razón por la
que no existe razón para que el tribunal lo hubiera tenido en cuenta para resolver las
pretensiones y si se busca su análisis en esta instancia, no puede ser objeto de
pronunciamiento porque resultó novedoso y en esa medida, el recurso de apelación
carece de los reparos concretos para que el superior revoque o reforme la decisión,
como lo exige el artículo 320 del CGP.

32. Finalizó diciendo que como lo advirtió el juez de primera instancia, en el manual
específico de funciones del cargo de subdirector de Talento Humano y Financiero de la
EMAC S.A E.S.P de Campoalegre (Huila), dentro de las facultades que se atribuyen al
hermano del demandado, se halla en el numeral 2 del listado, la de adelantar en
primera instancia los procesos disciplinarios de acuerdo a su competencia dando
cumplimiento a la ley, siendo aquella indicativa del ejercicio de autoridad administrativa,
conforme a la línea jurisprudencial de la Sección30, lo que impone confirmar la sentencia
apelada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15031 y 152.7.a)32 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado33.

2.2. Cuestión Previa

34. En el escrito de apelación34, el demandado expuso como uno de los aspectos en
los que centra su inconformidad contra la sentencia, la supuesta indebida aplicación del
fenómeno procesal de abandono del medio de control por omisión de la carga procesal
al extremo activo, sin embargo, desde ya se advierte que ese cuestionamiento no será
abordado en esta instancia, toda vez que no fue objeto de pronunciamiento en la
providencia del 4 de febrero de 2025.

30
Citó entre otras: Sentencias Sección Quinta del Consejo de Estado: MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 28 de enero
de 2021, radicado 76001-23-33-000-2020-00013-01; concepto reiterado en sentencias MP. Pedro Pablo Vanegas Gil de 18 de julio
de 2024, radicado 05001-23-33-000-2024- 00039-01 y sentencia del 8 de agosto de 2024. Radicación No. 85001-23-33-000-2023-
00125-01. Sentencia del 27 de febrero de 2025. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, exp. 68001-23-
33-000-2024-00073-01.
31
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
32
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…), de los miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos, (…)»
33
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado
34
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «078_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAEPLACIO.pdf»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

35. Sumado a lo anterior, ese asunto ya fue zanjado por el tribunal de instancia en auto
del 7 de junio de 202435, confirmado en vía de reposición mediante proveído del 3 de
julio de 202436, por lo tanto, no será estudiado dentro de esta decisión.

36. De otro lado, en la contestación de la demanda37, el Consejo Nacional Electoral dijo
que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el presente medio de
control versa sobre una causal de nulidad subjetiva relacionada con los requisitos,
calidades y condiciones de elegibilidad de los candidatos que escapan de su
competencia y, además, no se presentó solicitud alguna de revocatoria de la inscripción
de la candidatura del señor Ronal Eugenio Ferreira.

37. En lo que respecta a la legitimación en la causa del CNE, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, ha considerado que:

«Advierte la Sala que según el artículo 265 de la Constitución, el Consejo Nacional
Electoral tiene la atribución de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la
Organización Electoral, por lo cual, como organismo permanente dentro de dicha
estructura, le corresponde atender el proceso de nulidad electoral...»38.

38. A partir del artículo 265 Superior, al Consejo Nacional Electoral le asistiría
legitimación en la causa por pasiva, en virtud de sus funciones relacionadas con la
decisión sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o
cargos de elección popular; sin embargo, frente a la inscripción de la candidatura del
señor Ronal Eugenio Ferreira no ejerció sus atribuciones constitucionales, lo que lleva a
concluir que resulta viable declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva alegada.

2.3. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 4 de febrero de 2025, mediante la
cual declaró la nulidad de la elección del señor Ronal Eugenio Ferreira como concejal
del municipio de Campoalegre (Huila) periodo constitucional 2024-2027, al encontrar
configurada la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 200039. Lo anterior, en consonancia
con los argumentos del apelante, referentes a la supuesta falta de prueba de la
incidencia en el electorado conforme a la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional.

35
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «036AUTO RESUELVE SOLICITUD DE
ABANDONO Y FIJA FECHA.pdf»
36
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «041Auto Resuelve
R_202300388ELECTORALGI.pdf»
37
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«030ContestaciónDemandaConsejoNacionalElectoral.pdf»
38
Sobre el punto consultar los autos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 30 de
agosto de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00034-00. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 13 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-
000-2018-00038-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 11 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 85001-
23-33-000-2020-00002-01. Consejo de Estado, Sección Quina, auto del 5 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-
23-33-000-2019-00473-01
39
«ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>
No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; (…)»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

40. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular;
(ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; iii) la regla de decisión de
la sentencia SU-207 de 2022 y; (iv) el caso concreto.

2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular40

41. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.41

42. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública42. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»43.

43. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»44. Así mismo, en la
realización del principio democrático45 esta Sala ha reconocido que estos regímenes
tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»46. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
41
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
44
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 21 de enero de 2021. MP Luis Alberto
Álvarez Parra. Rad. 15001-23-33-000-2019-00588-01.
45
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 31 de julio de 2009. MP María Nohemí
Hernández Pinzón. Rad. 08001-23-31-000-2007-00966-02.
46
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 3 de diciembre de 2020. MP Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos.47

44. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 48, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.5. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

45. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:

ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
136 de 1994 quedará así:

Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital:

(…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; (…).

46. La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección49 han acudido, «para efectos de
precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título
de referente conceptual»50, a la definición de dirección administrativa plasmada en el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal dispone:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios
de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como
superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente
los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades
47
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
48
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago Valencia.
Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-
00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
50
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las
faltas disciplinarias.

47. La Sección Quinta del Consejo de Estado51 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir
del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la
certeza que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante
el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la
ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la
caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

48. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200552, mediante
la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica
el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o
bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de
determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos
que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es una
manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las
funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.
(Negrilla fuera de texto)

49. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia53 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva
sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.

50. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican
el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las
competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es,
que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al
cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano
administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena
de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

51
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre
de 2020.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657).
M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes
decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad
administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una
connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa
importancia.54 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

51. Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración
de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil -
elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce autoridad civil, política,
administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los 12 meses anteriores a la
elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo municipio o distrito por el cual se
inscribe el candidato a alcalde o concejal -elemento espacial o territorial-.

52. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso
se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera
concurrente y, de no ser así, se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad
planteado.

2.6. Regla de decisión de la sentencia SU-207 de 2022

53. El fallo constitucional inicia su estudio mostrando una línea jurisprudencial, en la
que se señala que «Para la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el cargo del
cónyuge o pariente del aspirante al cargo de elección popular no pertenezca a la planta de
personal del Municipio, sino que, dadas las funciones que desempeña, basta que esté en
capacidad de influir en el electorado y, con mayor razón, si, como en este caso, tales
funciones deben desarrollarse directa y concretamente en el mismo Municipio donde el
cónyuge o pariente tiene sus aspiraciones electorales»55.

54. A partir del anterior referente, estudió varios casos en los que el Consejo de Estado
analizó, desde una perspectiva modal-territorial, cómo se estructura la presente
inhabilidad, cuando el pariente que ejerce autoridad lo hace desde una jurisdicción
distinta a la del elegido, mostrando con ello, que el juez de la nulidad electoral valoró en
cada caso cómo podía concretarse dicho factor, a saber: i) si siendo empleado del
orden departamental la entidad a la que pertenece tiene sede en el municipio del
elegido56; ii) en los casos de delegación de funciones -criterio funcional-, si ella implica
ejercicio de autoridad administrativa en el mismo territorio57; iii) si se demuestra que es
ejercida desde un órgano de otro nivel con incidencia en el lugar que fue elegido el
demandado58 y; iv) si se realizan actividades específicas en la misma circunscripción
del designado59.

55. Para el juez de cierre constitucional, en los casos analizados se emprendió un
análisis que «se orienta a establecer la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel

54
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío
Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
55
Consejo de Estado, Sala Plena, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicado 11001-03-15-000-2001-0283-
01(S-084).
56
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
57
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
58
Radicado 52001-23-33-000-2016-00016-01 acumulado.
59
Radicado 44001-23-40-000-2019-00175-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

territorial correspondiente examinando, por ejemplo, si de acuerdo con sus actividades, existía
una probabilidad real de ejercer la autoridad administrativa. Si se examinan con detalle esas
providencias parece requerirse un escrutinio que evidencie una probabilidad material de que las
gestiones departamentales tengan réplicas en el nivel municipal».

56. Es decir, en el estudio de la presente causal de inelegibilidad, compete al juez
determinar la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial del ejercicio de
autoridad, lo que se traduce en determinar con certeza que las gestiones tengan
«réplicas» o se efectúen en el municipio donde resultó electo el demandado.

57. A partir de ello concluyó que es necesario «establecer una regla en virtud de la cual (i)
cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal electo
y (ii) se alegue para ello su parentesco con un funcionario que ocupa un cargo en el nivel
departamental, (iii) corresponde a la autoridad judicial realizar una valoración probatoria
concreta y ajustada al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible
un examen específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad
administrativa en el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no es posible la
valoración genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la autoridad se ejerce por el
solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones formales sobre la naturaleza de la
entidad o el tipo de funciones asignadas».

58. Así, para el estudio de la presente inhabilidad, más allá de limitarse el juez a
señalar conforme a las funciones, que determinado empleo es de los que denota
autoridad administrativa o civil, debe ilustrar que aquél se ejerce en el mismo municipio
del candidato de una forma real y material60, en tanto, el solo hecho de ser un
funcionario de una jurisdicción más grande (como lo es la departamental frente a la
municipal) no implica per se una especie de efecto irradiador61.

59. Por manera que, «Invocar los objetivos que en abstracto persigue la norma que prevé el
supuesto de inhabilidad dejando de considerar si la aplicación concreta los alcanza, resulta
contrario a la Constitución. Solo a partir de una valoración probatoria integral y detallada,
encaminada a demostrar la probabilidad real del ejercicio de las funciones en el
municipio del ciudadano electo, permite justificar la restricción de los derechos del elegido y
los de sus electores»62.

2.7 Caso concreto

60. La cuestión puesta en conocimiento de esta sala, radica en que el tribunal de
primera instancia declaró la nulidad de la elección demandada, al encontrar
estructurados los elementos que configuran la inhabilidad establecida en el numeral 4
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, pues se demostró el parentesco por consanguinidad entre el electo concejal
Ronal Eugenio Ferreira y el señor Abimelech Durán Ferreira, quien fue nombrado
mediante la Resolución 003 de 202063 en el cargo de subdirector de Talento Humano y
Financiero en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre –
EMAC S.A. E.S.P., posesionado el 10 de enero de 202064.

60
La Sala Plena aclara que no se trata de demostrar que la autoridad efectivamente se ejerció. Lo que se exige es demostrar que
existió una probabilidad real de ejercerla.
61
Ver considerando 85 de la sentencia SU 207 de 2022.
62
Ver considerando 86 de la sentencia SU 207 de 2022.
63
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «068_RespuestaEMAC.pdf» Pág. 3 a 4
64
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «004_ActaPosesionAbimelechDuranFerreira.pdf»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

61. Contrario a lo concluido por el a quo, la parte demandada afirma que el fallador
desconoció que en este caso no se probó el efecto que tuvo el hermano del demandado
en el electorado como lo indica la sentencia SU-207 de 2022, pues no se demostró que
Abimelech Durán Ferreira hubiera tenido algún tipo de incidencia en la elección de
Ronal Eugenio Ferreira.

62. En atención a la precisión consignada en el aspecto previo, es pertinente advertir,
que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del Proceso indica que «el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión».

63. Además, el artículo 322 ibídem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que «será
suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la providencia
apelada».

64. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley».

65. El apelante sustenta su disenso en la regla de decisión fijada en la sentencia SU-
207 de 2022, no obstante, en su argumento afirma que el señor Abimelech Durán
Ferreira no participó en la campaña del señor Ronal Eugenio Ferreira y, además, entre
ellos no existía ningún tipo de relación de cercanía, amistad o familiaridad, y según los
testimonios practicados en el proceso, siempre ha habido distanciamiento, incluso,
Durán Ferreira apoyó a otro candidato al concejo municipal.

66. Como lo concluyó el a quo, en el expediente quedó plenamente demostrada la
elección del demandado como concejal de Campoalegre (Huila) según el formulario E-
26 CON del 9 de noviembre de 202365. Igualmente se acreditó el parentesco en
segundo grado de consanguinidad entre los señores Abimelech Durán Ferreira y Ronal
Eugenio Ferreira, mediante los correspondientes Registros Civiles de Nacimiento66 y
que aquél, a través de la Resolución 003 del 10 de enero de 2020 fue nombrado
subdirector de Talento Humano y Financiero de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Campamento – EMAC S.A. E.S.P. 67.

67. Quedó establecido, además, que mediante el Acuerdo 020 del 28 de diciembre de
2018 se aprobó y ajustó el manual específico de funciones y competencias laborales de
la EMAC S.A. E.S.P.68, en el cual de identifica el cargo denominado «SUBDIRECTOR DE
TALENTO HUMANO Y FINANCIERO» de libre nombramiento y remoción, adscrito a la
Gerencia de la entidad. En el propósito principal del cargo se lee:

65
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«029_ContestaciónDemandaRegistraduríaNacionalEstadoCivil.pdf»
66
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«021_ContestaciónDemandaParteDemandada.pdf» Pág. 58 y «069_RespuestaRNEC.pdf»
67
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «068_RespuestaEMAC.pdf» Pág. 3 a 4
68
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» -
«021_ContestaciónDemandaParteDemandada.pdf»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

«Es un cargo de carácter directivo relacionado con las actividades de planear, coordinar y
evaluar el talento humano, los recursos administrativos, financieros, técnicos, informáticos
utilizados en la empresa, con el fin de optimizarlos para el eficaz cumplimiento de los
objetivos de la entidad.» (Negrillas fuera de texto).

68. Dentro de las funciones esenciales, se resaltan las siguientes:

1. Planear, dirigir y coordinar los asuntos relacionados con la administración financiera,
contable, presupuestal, cartera, tesorería de la empresa.
2. Adelantar en primera Instancia los procesos disciplinarios de acuerdo a su
competencia dando cumplimiento a la Ley.
(…)
4. Realizar el análisis a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad y
entregar a la gerencia un informe mensual.
(…)
7. Coordinar con el tesorero de la entidad la prelación de pagos de acuerdo a las
obligaciones de la empresa.
(…)
10. Realizar seguimiento al plan de compras se tal forma que atiendan las solicitudes de
suministro de materiales, equipos, herramientas, repuestos y todo lo demás para el buen
funcionamiento de todas las dependencias.
(…)
17. Elaborar la liquidación de nóminas y demás prestaciones sociales a que haya lugar al
personal, al igual que la liquidación para seguridad social, régimen de pensiones, ARL y
cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en la ley. (Negrillas nuestras).

69. Respecto al ejercicio de autoridad administrativa, como se dijo en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, «para efectos de precisar los elementos
que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de referente
conceptual», esta corporación ha acudido a la definición de dirección administrativa
plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que se concreta, entre otras, frente
a quien tenga facultades para investigar faltas disciplinarias.

70. La jurisprudencia de esta sección, ha permitido que a la noción de autoridad
administrativa se arribe a través de un criterio funcional, a partir del análisis casuístico
de las competencias atribuidas al cargo, que permita tener certeza que el titular de la
función tenga la autonomía decisoria requerida. O mediante el uso de un criterio
orgánico, que impone extraer desde la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de
dirección administrativa que la caracteriza, materializada en poderes de mando 69.

71. De conformidad con lo anterior, partiendo del artículo 190 mencionado, el ejercicio
de autoridad administrativa comporta: i) la celebración de contratos o convenios; ii) la
ordenación de gastos u horas extras; iii) la autorización de comisiones, licencias no
remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión; iv) el traslado horizontal o
vertical de los funcionarios subordinados; v) la vinculación de personal supernumerario
o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta y vi) hacer parte de las
unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias70.

69
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado.
M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
70
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

72. En este orden de ideas, aunque no fue objeto de apelación, es oportuno advertir,
conforme lo concluyó el tribunal de instancia, que no hay duda que el señor Abimelech
Durán Ferreira, en su calidad de subdirector de Talento Humano y Financiero de la
EMAC S.A. E.S.P., ejerce autoridad administrativa materializada en las facultades
disciplinarias asignadas en el numeral 2º de las funciones esenciales definidas en el
Acuerdo 020 del 28 de diciembre de 2018 expedido por la Junta Directiva de dicha
entidad, la cual presta servicios públicos domiciliarios en el municipio de Campoalegre
(Huila)71, donde resultó elegido concejal el demandado Ronal Eugenio Ferreira, para el
período constitucional 2024-2027.

73. Ahora bien, el recurrente funda su desacuerdo en la supuesta falta de aplicación del
precedente contenido en la sentencia SU-207 de 2022, respecto de la incidencia en los
electores por parte de la autoridad administrativa; no obstante, la delegada del
Ministerio Público considera que este argumento es novedoso en el recurso de
apelación; sin embargo, esta sección lo analizará, toda vez que en demandas de
nulidad electoral en las que se invoca la inhabilidad por parentesco con quien ejerce
autoridad administrativa, resulta procedente el análisis de la regla de decisión contenida
en dicha providencia.

74. Así las cosas, la razón plasmada en la sentencia de unificación comprende los
casos en que deba determinarse la configuración de la inhabilidad por ejercicio de
autoridad, cuando el elegido es de un orden territorial diferente al de su pariente. Es en
aquella circunstancia, en la que el operador judicial debe realizar un examen específico
en donde determine cómo el ejercicio de sus competencias irradia la jurisdicción del
elegido para así concretar la incidencia en los electores72.

75. En este caso, el señor Abimelech Durán Ferreira se desempeñó como Subdirector
de Talento Humano y Financiero de la EMAC S.A. E.S.P. en el municipio de
Campoalegre (Huila), circunscripción donde resultó electo como concejal su hermano
Ronal Eugenio Ferreira, es decir, en el mismo nivel territorial, sin que frente a ello exista
reproche del recurrente, por lo que no resulta necesario analizar el efecto irradiador de
las funciones desde el nivel departamental al municipal, que es el supuesto fáctico que
trae la sentencia de unificación constitucional73.

76. Finalmente, respecto al argumento del demandado en cuanto a que con la prueba
testimonial se demostró que Abimelech Durán Ferreira apoyó a otro candidato al
Concejo municipal de Campoalegre (Huila) distinto al señor Ronal Eugenio Ferreira y
que aquél no participó en la campaña del demandado, a más que entre ellos no existe
ningún tipo de relación cercana, amistad o familiaridad y siempre ha habido
distanciamiento entre ambos, esta sección ha indicado que el elemento personal
contenido en la norma inhabilitante, no tiene excepción alguna a la regla general
consistente en que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal,
quien tenga vínculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad con

71
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «006ED_2expSamai41001233300» - «068_RespuestaEMAC.pdf»
«https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emacsaesp.gov.co%2F&data=05%7C02%7Csectriadm
hui%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cef9bfb3be415406814a008dcef830dab%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0
%7C638648593729728006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXV
CI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pA63xKZ4xdPL95U6vc5yAzCveNOaW0qOXB94GFbAPCk%3D&reserved=0»
72
Ver párrafo 120 de la sentencia SU 207 de 2022.
73
En los expedientes de tutela T-8.361.046 y T-8.425.408, se analizaron relaciones de parentesco de los demandados electos en el
orden municipal con autoridades administrativas de entes del departamental.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

77. En providencia del 2 de octubre de 2009, al analizar un asunto de contornos
similares al presente, precisó74:

«Frente a los argumentos esbozados en los recursos de apelación en cuanto a que debe
realizarse una interpretación teleológica de la norma, es decir, que habría de tenerse en
cuenta la grave enemistad que existe entre los hermanos Margarita Vives y Nelson Vives por
razón de que la norma busca evitar un favorecimiento del primero hacia la segunda que no
puede darse por la circunstancia anotada, la Sala precisa que en el texto del numeral 5 del
artículo 33 de la Ley 617 no se ha previsto una consecuencia diferente para quien se
encuentra en esta especial situación, ni se hace excepción alguna a la regla general
consistente en que no podrá ser inscrito candidato ni elegido diputado quien tenga vínculo de
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad con quien haya ejercido autoridad
administrativa, el año anterior a su elección. Esta persona, independientemente de la
relación afectiva que tenga con su pariente, se encuentra inhabilitada para acceder a dicho
cargo de elección popular, pues el elemento relevante es el vínculo de parentesco».

78. En similares términos se pronunció la Corte Constitucional, cuando mediante
sentencia T-720 del 9 de septiembre de 2010 indicó75:

«Es del caso observar si la causal de inhabilidad derivada del parentesco resulta inaplicable
en aquellos casos en que, contrario a lo que es usual, no existe entre los consanguíneos y
los afines en ella contemplados el natural vínculo de afecto y cercanía, que fundamente el
temor de que quien ejerce un cargo público intente favorecer al pariente que procure
alcanzar el favor del electorado de la misma circunscripción.

(…) No obstante, en virtud de ese mismo principio de tipicidad, es evidente que todas
aquellas inhabilidades, particularmente las de tipo preventivo, vigentes por no haber sido
objeto de derogatoria ni de una decisión de inexequibilidad, se configuran y despliegan todos
sus efectos por la sola ocurrencia de los supuestos de hecho normativamente previstos, sin
que haya lugar a la pretendida demostración de que, pese a su concurrencia objetiva, no
existen frente al caso concreto los peligros de favorecimiento o falta de transparencia, cuya
materialización se intentó prevenir.

Es por ello que, pese a que en efecto las inhabilidades generadas por relaciones de
parentesco se fundamentan en la presunción de que las personas ligadas por estos vínculos
están naturalmente inclinadas a favorecer a los demás miembros de su familia76, resulta
improcedente argüir en contra so pretexto de eventuales o reales distanciamientos entre
ellas.

Ello por cuanto, según se ha explicado, la consagración de tales inhabilidades tiene un
propósito eminentemente preventivo y de preservación de la confianza en la administración,
que se resentiría por la sola inferencia de nepotismo.

También por cuanto, aun ante la cabal demostración de la animadversión o falta de afecto
entre los parientes, esa circunstancia es esencialmente mudable y en ocasiones
imperceptible o inverosímil para la comunidad, precisamente por mediar un vínculo familiar
que es objetivo, resultando muy difícil el conocimiento para agentes externos a ellos, al igual
que la prueba y el control.

Así, concluye la Sala que carece de sentido la pretensión de que las inhabilidades
constitucionales o legales basadas en el parentesco devengan inaplicables por la supuesta o

74
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 2 de octubre de 2009. MP Filemón
Jiménez Ochoa. Radicación: 47001-23-31-000-2007-00501-00
75
Corte Constitucional - Sentencia T-720 del 9 de septiembre de 2010. MP Nilson Pinilla Pinilla. Radicación expediente T-2.655.695
76 Sobre este tema ver también las ya citadas sentencias C-373 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-348 de 2004 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño) y C-903 de 2008 (M. P. Jaime Araújo Rentería).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilberto Avendaño García
Demandado: Ronal Eugenio Ferreira,
concejal del municipio de Campoalegre (Huila) periodo 2024-2027
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-02

real existencia de desafecto u otras circunstancias que, apenas en gracia de discusión,
podrían excluir la intención de mutuo apoyo entre las personas de quienes tales
inhabilidades se predican» (Subrayas propias).

79. Las anteriores providencias guardan relación con el análisis de la inhabilidad que
nos ocupa, cuyo estudio es meramente objetivo, al recaer sobre el acto de elección y su
legalidad y no sobre las cualidades del aspirante al cargo, quedando así descartada la
posibilidad de acudir, en este tipo de procesos, a figuras jurídicas que supongan la
inaplicación de la causal, basadas en supuestas condiciones de animadversión o falta
de afecto entre los parientes.

80. Por manera que, al no encontrar que los fundamentos propuestos en el recurso de
apelación tengan la entidad para modificar o revocar la sentencia impugnada, resulta
procedente confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva frente al Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la motivación
de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila- el 4 de febrero de 2025, mediante la cual accedió las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.