Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06456-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06456-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06456-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06456-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
26 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 26 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: RONAL EUGENIO FERREIRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad electoral.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.
Revoca fallo que deniega y declara improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 18
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, que denegó el amparo pretendido en la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, Ronal Eugenio Ferreira,
actuando a través de apoderado, pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, elegir y ser elegido, ocupar cargos públicos, de acceso a la
administración de justicia, buen nombre, dignidad humana e igualdad, en conexidad con
el principio de seguridad jurídica.
A juicio del tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con ocasión
de la sentencia del 24 de abril de 2025, dictada por Consejo de Estado, Sección Quinta,
que confirmó la sentencia que accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad
electoral con radicado No. 41001-23-33-000-2023-00388-02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
PRIMERO: Como medida provisional, mientras se decide de fondo la presente acción, SUSPENDER
LOS EFECTOS de la sentencia de segunda instancia del 24 de abril de 2025 que declaró la nulidad
de la elección como concejal de Campoalegre de mi prohijado para evitar que se consolide un
perjuicio irremediable a sus derechos y los de la ciudadanía que éste representa.
SEGUNDO: Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de abril de 2025 proferida
dentro del proceso de nulidad electoral 41001233300020230038802 incurre en un defecto
procedimental absoluto por desconocimiento del precedente vinculante establecido en la SU-207 de
2022 y la omisión del análisis funcional y orgánico exigido para determinar la inhabilidad alegada.
TERCERO: Declarar que la sentencia de segunda instancia antes referida adolece de falta de
motivación suficiente, configurando un defecto sustantivo que vulnera el debido proceso y la
seguridad jurídica.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado
proferir una nueva sentencia que aplique rigurosamente el precedente vinculante establecido en la
SU-207 de 2022, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y los principios democráticos.
QUINTO: Las demás que el Honorable Juez Constitucional considere necesarias para garantizar la
protección de mis derechos fundamentales.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Gilberto Avendaño García presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, con el fin de obtener la nulidad del formulario E-26 CON del 9 de
noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección de Ronal Eugenio Ferreira
como concejal del municipio de Campoalegre (Huila), para el periodo constitucional 2024-
2027. En la demanda se alegó la configuración de una inhabilidad por parentesco, en
razón a que Abimelech Durán Ferreira, su hermano, fue el subdirector de Talento
Humano y Financiero de las Empresas Públicas EMAC SA ESP en el mismo municipio,
durante los 12 meses anteriores a la inscripción de su candidatura.
El 5 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila, profirió sentencia en la que
accedió a las pretensiones de la demanda, por encontrar configurada la inhabilidad
establecida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en atención a que
Abimelech Durán Ferreira, fungió como subdirector de Talento Humano y Financiero de
Empresas Públicas EMAC SA ESP, tenía y mantuvo autoridad administrativa durante los
12 meses anteriores a las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 29 de octubre
de 2023 y, por lo tanto, su hermano Ronal Eugenio Ferreira se encontraba inhabilitado
para participar como candidato a concejal de ese municipio en la contienda electoral para
el periodo constitucional 2024-2027.
Inconforme con la decisión, el concejal demandado interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto de manera negativa mediante sentencia de 24 de abril de 2025, suscrita
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, la cual sostuvo similares argumentos a los de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
primera instancia y agregó que el precedente fijado en la sentencia SU-207 de 2022 no
resultaba aplicable al caso concreto.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas
incurrieron en:
Defecto fáctico1 Porque la Sección Quinta no realizó el análisis funcional y orgánico
exigido por la SU-207 de 2022 para determinar la existencia de inhabilidades
administrativas. Además, omitió valorar de manera adecuada las pruebas aportadas por
el accionante, violando su derecho de defensa y contradicción, en especial la testimonial
en la que, de manera clara, este nunca apoyo al accionante en su aspiración al concejo
municipal y mucho menos, el operador judicial no logró demostrar la presunta incidencia
en los resultados electorales de la contienda del año 2023.
Falta de motivación suficiente, por cuanto la sentencia impugnada no expone razones
claras que justifiquen el apartamiento de la SU-207 de 2022, ni explica por qué no se
aplicó este precedente en la sentencia dentro del proceso 41001233300020230038802,
pero sí se aplicó de manera muy detallada en el proceso 41001233300020230042601,
omisión que afecta el derecho del accionante a entender y controvertir la decisión.
Desconocimiento del precedente desarrollado en la sentencia SU-207 de 2022, la cual
exige un análisis funcional y orgánico para determinar inhabilidades administrativas.
Señaló que este desconocimiento impactó gravemente el derecho al debido proceso, ya
que generó incertidumbre sobre la aplicación uniforme del derecho.
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Quinta, pidió que se declarara improcedente o, en su
defecto, se denegara el amparo, pues no es posible concluir que el asunto reviste de
relevancia constitucional, en tanto el demandante se limitó a exponer su desacuerdo con
las consideraciones de la sentencia cuestionada, sin que materialmente refiriera una
verdadera situación que conllevara la transgresión de sus garantías superiores.
Agregó que el trámite de la nulidad electoral se adelantó con sus respectivas formas y
con el respeto de las garantías procesales; la decisión se adoptó conforme a las pruebas
aportadas en la oportunidad legal, se tuvo en cuenta las manifestaciones de los sujetos
1 Formulado como un defecto procedimental absoluto, pero que por sus fundamentos de indebida valoración
probatorias se adecúa al fáctico
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
procesales y se analizó la normativa y jurisprudencia aplicable, lo que desvirtúa una
violación al debido proceso.
El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación del trámite de tutela, por no
tener injerencia alguna respecto de las pretensiones expuestas, en la medida en que no
se evidencia participación, responsabilidad ni relación directa de esa entidad con el
proceso ni con la controversia planteada entre el Consejo de Estado y el demandante.
La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió igualmente su desvinculación, en la
medida en que no tiene competencia para atender lo requerido por el demandante,
además de que debía tenerse en cuenta que se pretendió utilizar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido, lo cual es
improcedente.
Adolfo Daniel Cerro Arrieta se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto la
sentencia cuestionada no incurrió en los defectos que se le atribuyeron. En consecuencia,
solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda o, en
subsidio, vincular a la concejal Rosa Dávila Navarro y al Concejo Municipal de
Buenavista.
El Tribunal Administrativo de Huila y Gilberto Avendaño García guardaron silencio
pese a haber sido debidamente vinculados y notificados de la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 18 de
noviembre de 2025, negó la solicitud de vinculación de terceros y desestimó la falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
En cuanto al fondo del asunto, negó la solicitud de amparo, al estimar que de la lectura
del expediente del proceso electoral, así como de la decisión acusada, se evidenciaba
una motivación suficiente y coherente que justificaba su sentido, en la que se decidieron
cada uno de los argumentos propuestos en el recurso de apelación.
Destacó que la razón plasmada en la sentencia de unificación SU-207 de 2022
comprende los casos en que debe determinarse la configuración de la inhabilidad por
ejercicio de autoridad, cuando el elegido es de un orden territorial diferente al de su
pariente. Precisó que es en aquella circunstancia, en la que el operador judicial debe
realizar un examen específico en donde determine cómo el ejercicio de sus competencias
irradia la jurisdicción del elegido para así concretar la incidencia en los electores.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
Consideró que el Consejo de Estado, Sección Quinta partió del criterio fijado en el
pronunciamiento de unificación que considera desconocido el accionante, según el cual
«[p]ara la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el cargo del cónyuge o pariente del
aspirante al cargo de elección popular no pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino
que, dadas las funciones que desempeña, basta que esté en capacidad de influir en el electorado
y, con mayor razón, si, como en este caso, tales funciones deben desarrollarse directa y
concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o pariente tiene sus aspiraciones
electorales», para aclarar que aquella regla decisional solo aplicaba en los casos en los
que el elegido era de un orden territorial diferente al de su pariente.
Afirmó que, en la sentencia cuestionada, se arribó a la conclusión de que sí existía un
vínculo de consanguinidad, tal y como lo tuvo acreditado el tribunal de primera instancia
conforme a los registros civiles de nacimiento aportados al expediente, por lo que la
corporación judicial demandada se ocupó de analizar los demás elementos de la
inhabilidad, en específico el relacionado con que el hermano del tutelante ejerció
autoridad civil. Asunto respecto del cual se explicó que la sentencia SU-207 de 2022 no
tenía aplicación en el caso por lo expuesto previamente, y que los argumentos de
animadversión entre hermanos tampoco resultaban procedentes, en tanto el estudio de
la inhabilidad endilgada obedeció a un estudio objetivo en el que tal supuesto no tenía
relevancia.
Agregó que, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada, en la
que se desarrollaron cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y en el recurso de apelación, debe precisarse que, el demandante más allá de
concretar las razones por las cuales se pudo configurar el desconocimiento del
precedente invocado o alguna interpretación irrazonable, lo que evidencia es su
desacuerdo con las consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual
pretendió que se realizara un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de
tutela.
De lo expuesto concluyó que la decisión acusada no incurrió en desconocimiento del
precedente, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la
materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual
permitió concluir que se acreditó la causal de inhabilidad alegada. Agregó que lo que
existe es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural
que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos
presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente
razonada y justificada.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
Afirmó que la sentencia impugnada desconoció que si bien es cierto, la Sentencia SU 207
de 2022 es clara en determinar el análisis irradiador de la autoridad administrativa en la
jurisdicción donde el candidato aspira al cargo de elección popular y las posibles
incidencias en el electorado, es aún más cierto que dicha interpretación ha constituido
espacios para que inhabilitados por esta causal no tengan inconvenientes para ocupar
cargos de elección popular, tal es el caso reciente en el que el hijo de la rectora de la
universidad Surcolombiana (Huila) pudiera continuar como Alcalde de un municipio
dentro del departamento del Huila, tan solo porque en ese municipio no hay sede de la
universidad, soportando su decisión en que según la sentencia SU-207 de 2022 no hay
incidencia en el electorado.
Sostuvo que en este caso se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, por aplicar
criterios diferenciados por el territorio donde se aspira al cargo de elección popular, de
manera que este es el momento de poder modular el alcance no de la sentencia SU 207
de 2022 sino de la causal de inhabilidad, en el entendido que en estos tiempos, la
concepción de familia y su naturaleza es ampliamente diferente y tiene relevancia al
momento de determinar si ese vínculo genera inhabilidad por incidencia en el electorado.
Señaló que no es admisible que el juez constitucional de instancia justifique simplemente
la inaplicabilidad de la sentencia SU 207 de 2022, “en el marco que por ser de la misma
jurisdicción no se aplica la evaluación de injerencia al elector pero en el caso de una rectora de
universidad pública del orden departamental si se aplica evaluando que por no existir sede la
autoridad administrativa no se concretó”.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que revocará el fallo impugnado, para en su lugar declarar la
improcedencia de la acción, pues los argumentos formulados por la demandante en la
solicitud de amparo coinciden con los que se desestimaron en la providencia cuestionada,
de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y en la
impugnación, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad
electoral con radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia, como en el proceso de nulidad
electoral antes referido, la parte actora alegó que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales al aplicar indebidamente la sentencia SU-207 de
2022, específicamente relacionado con el deber de probar la incidencia que se ha tenido
en el electorado con relación a la causal de inhabilidad para ejercer el cargo de concejal
cuando existe vínculo de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en
el respectivo municipio o distrito .
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la providencia
dictada el 4 de febrero de 2025, por el Tribunal Administrativo del Huila, se lee lo
siguiente:
El a quo desconoce sus propios lineamientos que ha adoptado y sustentado en providencias donde
se resuelve situaciones jurídicas semejantes, como lo es la aplicación subjetiva de la sentencia del
máximo cuerpo colegiado en lo constitucional SU 207 de 2022, en especial lo relacionado en el deber
de probar la incidencia que se ha tenido en el electorado con relación a la causal de inhabilidad
discutida, la cual extrañamente esa jurisprudencia, fue aplicada para resolver el levantamiento de
una medida cautelar de suspensión provisional del acto electoral demandado, y para resolver la
pérdida de investidura en los dos (2) casos el beneficiado de la aplicación de la sentencia bajo la
interpretación del tribunal es que no se logró demostrar la incidencia de la inhabilidad alegada en el
electorado, es decir, que no se logró demostrar que se hubiese tenido algún tipo de ventaja o
incidencia para ganar las elecciones, sin embargo, para el caso que atañe la atención del presente
medio de control la sentencia ni siquiera de manera sumaria fue tenida en cuenta ni mucho menos
se expuso las razones por las cuales la misma no se aplica al presente caso.
Sea lo primero a advertir en un medio de control conocido por este mismo cuerpo colegiado con
radicado interno 41001233300020230042600 en providencia del veintidós (22) de agosto de 2024,
mediante la cual resolvió el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional, dentro
de un proceso de nulidad electoral, teniendo como teoría que la necesidad primaria de demostrar la
Incidencia de los electores por parte de la autoridad administrativa, al señalar que:
Para la Sala es claro que, conforme a la regla fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-207 de 2022, en estos casos siempre será necesario realizar una valoración probatoria
concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y un examen
específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa
en el nivel municipal y, de esta forma. Determinar la incidencia en los electores, análisis que
en este caso no es posible hacerlo, con el material probatorio allegado por la parte actora junto
con los documentos insertados en el escrito de la solicitud de revocatoria.
Ahora bien, dentro del medio de control de pérdida de investidura conocido bajo el radicado No.
41001 23 33 000 2024 00208 00, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
fecha diecinueve (19) de diciembre de 2024, negó las pretensiones del misma, y su principal
argumento se centró en que no se demostró la incidencia en los electorados del municipio, al señalar
que:
(…)
En ese orden de ideas, y bajo el mismo principio rector con el que se soportó el levantamiento de la
suspensión de la medida cautelar en el proceso de nulidad electoral referido, y que soportó la
decisión dentro del proceso de perdida de investidura, es necesario manifestar, que dentro del
plenario quedó ampliamente demostrado, con los testigos que el señor AMIBELECH DURAN
FERREIRA apoyo a otro candidato al concejo municipal, incluso quedo demostrado por el testigo
JESUS LEANDRO CORTES FIERRO a que candidatura apoyo el mencionado ciudadano DURAN
FERREIRA.
En ese orden de ideas, es claro entonces, que en el proceso se demuestre la incidencia de los
electores por parte de la autoridad administrativa en el nivel municipal, pues en armonía con la
postura de la sala en un proceso de iguales características y connotaciones fácticas similares, la
valoración probatoria se debe realizar de manera concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, para poder determinar la incidencia en los electores, y sobra a la
vista que dentro del acervo probatorio, no existe prueba ni tan siquiera sumaria, con la cual se pueda
concluir que en efecto el señor AMIBELECH DURAN FERREIRA hubiese participado en la campaña
de mi apoderado, y mucho menos que existiera algún tipo de relación de cercanía, amistad o
familiaridad, pues es claro de acuerdo a los testimonios, que el distanciamiento entre aquel y mi
prohijado ha sido de siempre, lo que concluye que para nada pudo haber algún tipo de incidencia en
los electorados.
Lo anterior se fundamenta en la Sentencia SU207 del nueve (9) de Junio de 2022, de la Honorable
Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Doctor José Fernando Reyes Cuartas, en la que
sostiene que en efecto se debe acreditar en el plenario la incidencia que tendría quien tendía
autoridad administrativa y que dicha autoridad genera incidencia en el electorado, y por lo que es
necesario reiterara que en el caso quedo demostrado que bajo ningún concepto existió algún tipo de
ayuda a la campaña de mi prohijado.
En contraste, en el escrito de tutela el accionante reclama:
En este caso, la Sección Quinta no realizó el análisis funcional y orgánico exigido por la SU- 207 de
2022 para determinar la existencia de inhabilidades administrativas. Además, omitió valorar de
manera adecuada las pruebas aportadas por el accionante, violando su derecho de defensa y
contradicción, en especial la testimonial en la que de manera clara este nunca apoyó al accionante
a su aspiración al concejo municipal y mucho menos el operador judicial NO LOGRÓ DEMOSTRAR
la presunta incidencia en los resultados electorales de la contienda del año 2023.
(…)
La sentencia impugnada no expone razones claras que justifiquen el apartamiento de la SU-207 de
2022, ni explica por qué no se aplicó este precedente en la sentencia dentro del proceso
41001233300020230038802 pero si se aplicó de manera muy detallada en el proceso
41001233300020230042601, esta omisión afecta el derecho del accionante a entender y controvertir
la decisión.
(…)
La omisión de este precedente vinculante, la falta de motivación suficiente y los defectos
procedimentales denunciados han afectado de manera directa los derechos fundamentales del
accionante y de sus electores.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
Además, las pruebas practicadas y que hacen parte integral del expediente, evidencian que la
inhabilidad alegada no cumplía con los criterios funcionales y orgánicos exigidos por la jurisprudencia
vinculante. Sin embargo, estos elementos fueron ignorados por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, lo que refuerza la necesidad de intervenir mediante la acción de tutela para garantizar la
justicia material.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
sentencia dictada el 24 de abril de 2025, en la que se consideró:
2.6. Regla de decisión de la sentencia SU-207 de 2022
(…)
56. Es decir, en el estudio de la presente causal de inelegibilidad, compete al juez determinar la
probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial del ejercicio de autoridad, lo que se traduce
en determinar con certeza que las gestiones tengan «réplicas» o se efectúen en el municipio donde
resultó electo el demandado.
57. A partir de ello concluyó que es necesario «establecer una regla en virtud de la cual (i) cuando
deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal electo y (ii) se
alegue para ello su parentesco con un funcionario que ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii)
corresponde a la autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio
de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible un examen específico de la
probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad administrativa en el mismo municipio
del candidato, de modo que (v) no es posible la valoración genérica o abstracta, fundada en la regla
según la cual la autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas».
58. Así, para el estudio de la presente inhabilidad, más allá de limitarse el juez a señalar conforme a
las funciones, que determinado empleo es de los que denota autoridad administrativa o civil, debe
ilustrar que aquél se ejerce en el mismo municipio del candidato de una forma real y material, en
tanto, el solo hecho de ser un funcionario de una jurisdicción más grande (como lo es la
departamental frente a la municipal) no implica per se una especie de efecto irradiador.
(…)
73. Ahora bien, el recurrente funda su desacuerdo en la supuesta falta de aplicación del precedente
contenido en la sentencia SU-207 de 2022, respecto de la incidencia en los electores por parte de la
autoridad administrativa; no obstante, la delegada del Ministerio Público considera que este
argumento es novedoso en el recurso de apelación; sin embargo, esta sección lo analizará, toda vez
que en demandas de nulidad electoral en las que se invoca la inhabilidad por parentesco con quien
ejerce autoridad administrativa, resulta procedente el análisis de la regla de decisión contenida en
dicha providencia.
(…)
75. En este caso, el señor Abimelech Durán Ferreira se desempeñó como Subdirector de Talento
Humano y Financiero de la EMAC S.A. E.S.P. en el municipio de Campoalegre (Huila),
circunscripción donde resultó electo como concejal su hermano Ronal Eugenio Ferreira, es decir, en
el mismo nivel territorial, sin que frente a ello exista reproche del recurrente, por lo que no resulta
necesario analizar el efecto irradiador de las funciones desde el nivel departamental al municipal,
que es el supuesto fáctico que trae la sentencia de unificación constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el Consejo de
Estado que concluyó que, las reglas contenidas en la sentencia SU-207 de 2022 no eran
aplicables al caso del demandante y explicó con suficiencia por qué en este caso
particular no era procedente analizar la incidencia en el electorado.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad electoral con radicado 41001-23-33-000-2023-00388-02, finalidad para la que
no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por el tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad electoral, lo que
denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia
constitucional, de ahí que deba revocarse la sentencia impugnada, que la estudió de
fondo para, en su lugar, declararla improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-01
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
III. FALLA
1. Revocar la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2025, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda- Subsección B, que negó el amparo pretendido en la presente acción
de tutela. En su lugar se dispone:
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.