Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06456-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06456-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06456-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06456-00
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Inhabilidad
por parentesco / Desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Ronal Eugenio Ferreira en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Ronal Eugenio Ferreira promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, a
ocupar cargos públicos, al acceso a la administración de justicia, al buen nombre, a
la dignidad humana y a la igualdad, con ocasión de la sentencia proferida el 24 de
abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el expediente de nulidad
electoral identificado con el radicado 41001233300020230038802.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Gilberto Avendaño García presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, con el fin de obtener la nulidad del formulario E-26 CON del 9
de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual se declaró la elección de
Ronal Eugenio Ferreira como concejal del municipio de Campoalegre (Huila), para
el periodo constitucional 2024-2027, al incurrir en inhabilidad por parentesco, en
razón a que Abimelech Durán Ferreira, su hermano, fue el subdirector de Talento
Humano y Financiero de las Empresas Públicas EMAC SA ESP en el mismo
municipio, durante los 12 meses anteriores a la inscripción de su candidatura.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-00
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
2.2. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 5 de febrero de 2025
accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar configurada la inhabilidad
establecida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, puesto que Abimelech Duran Ferreira, en calidad
de subdirector de Talento Humano y Financiero de Empresas Públicas EMAC SA
ESP, tenía y mantuvo autoridad administrativa durante los 12 meses anteriores a
las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, por lo
tanto, su hermano Ronal Eugenio Ferreira se encontraba inhabilitado para participar
como candidato a concejal de ese municipio en la contienda electoral para el periodo
constitucional 2024-2027. La parte demandada interpuso recurso de apelación
contra esta decisión.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 24 de abril de 2025
confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos, además de establecer
que el precedente fijado en la sentencia SU-207 de 2022 no resulta aplicable al caso
concreto.
2.4. La autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022 para determinar
la causal de inhabilidad por parentesco, además de 2 pronunciamientos del Consejo
de Estado, Sección Quinta, en los que se negaron las pretensiones de nulidad
electoral por similares argumentos.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: Como medida provisional, mientras se decide de fondo la presente
acción, SUSPENDER LOS EFECTOS de la sentencia de segunda instancia del 24 de
abril de 2025 que declaró la nulidad de la elección como Concejal de Campoalegre de
mi prohijado para evitar que se consolide un perjuicio irremediable a sus derechos y los
de la ciudadanía que éste representa.
SEGUNDO: Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de abril de
2025 proferida dentro del proceso de nulidad electoral 41001233300020230038802
incurre en un defecto procedimental absoluto por desconocimiento del precedente
vinculante establecido en la SU-207 de 2022 y la omisión del análisis funcional y orgánico
exigido para determinar la inhabilidad alegada.
TERCERO: Declarar que la sentencia de segunda instancia antes referida adolece de
falta de motivación suficiente, configurando un defecto sustantivo que vulnera el debido
proceso y la seguridad jurídica.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado proferir una nueva sentencia que aplique rigurosamente el precedente
vinculante establecido en la SU-207 de 2022, garantizando el debido proceso, la
seguridad jurídica y los principios democráticos. […]». (sic)
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Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo Nacional Electoral2 solicitó su desvinculación del trámite de tutela al
no tener injerencia alguna respecto de las pretensiones expuestas, en la medida en
que no se evidencia participación, responsabilidad ni relación directa de esa entidad
con el proceso ni con la controversia planteada entre el Consejo de Estado y el
demandante.
5. La Registraduría Nacional del Estado Civil3 pidió su desvinculación, en la
medida en que no tiene competencia para atender lo requerido por el demandante,
además de que debía tenerse en cuenta que se pretendió utilizar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido, lo
cual es improcedente.
6. Adolfo Daniel Cerro Arrieta4 se opuso a las pretensiones de la demanda, por
cuanto la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos que se le atribuyeron.
Por su parte, solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la
demanda o, en subsidio, vincular a la concejal Rosa Dávila Navarro y al Concejo
Municipal de Buenavista.
7. El Consejo de Estado, Sección Quinta5 pidió declarar la improcedencia de la
tutela o, en su defecto, negar el amparo, pues no se observan motivos que
permitieran concluir que el asunto reviste de relevancia constitucional, en tanto la
demandante se limitó a exponer su desacuerdo con las consideraciones de la
sentencia cuestionada, sin que materialmente refiriera una verdadera situación que
conllevara la transgresión de sus garantías superiores.
7.1. Además, el trámite de la nulidad electoral se adelantó en sus respectivas formas
y con el respeto de las garantías procesales, la decisión se adoptó conforme a las
pruebas aportadas en la oportunidad legal, se tuvo en cuenta las manifestaciones
de los sujetos procesales y se analizó la normativa y jurisprudencia aplicable, con
lo cual cae de su peso la violación del debido proceso.
8. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio 6.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii) procedencia
2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3 Ver índice 11 de Samai.
4 Ver índice 13 de Samai.
5 Ver índice 8 de Samai.
6 Mediante auto del 1 de octubre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular
al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión; y a Mary Sol Dávila Salcedo,
Humberto Emiliani Amell Aguilera, Armando Lozano Rodríguez y Jhon Sebastián García Orellano.
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Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La vinculación de terceros
11. Al presente asunto fue vinculado Adolfo Daniel Cerro Arrieta, en atención a que
fungió como demandante en uno de los procesos electorales que fue acumulado a
la causa 2023-00219-01, quien solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el
auto admisorio de la demanda o, en su defecto, vincular a la concejal Rosa Dávila
Navarro y al Concejo Municipal de Buenavista.
12. Punto respecto del cual, esta Sala de decisión no considera procedente la
referida solicitud, en la medida en que al trámite del presente asunto fueron
vinculados quienes hicieron parte del proceso de nulidad electoral cuyo
pronunciamiento de fondo se cuestiona en este oportunidad, además de que la
referida solicitud no se efectuó al interior de la referida causa contencioso-
administrativa, de tal manera, no se incurrió en irregularidad procesal alguna que
afecte el debido proceso al considerar debidamente conformado el contradictorio en
este proceso constitucional.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
13. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
14. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
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Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente7:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
15. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron que en relación con esas entidades se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho
fundamental alguno del demandante y tampoco hay una relación directa entre lo
pretendido y las acciones que esas autoridades puedan desplegar para su
cumplimiento.
16. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al asunto fue en calidad de terceros
con interés, al figurar como demandados en el proceso contencioso en cuestión, y
en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
17. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
7 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
18. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
19. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
20. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
21. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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22. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
23. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales de Ronal Eugenio Ferreira con ocasión de la sentencia del
24 de abril de 2025, mediante la cual confirmó la decisión de declarar la nulidad de
su acto de elección como concejal del municipio de Campoalegre (Huila), para el
periodo constitucional 2024-2027, al incurrir en inhabilidad por parentesco, con la
que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
24. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
25. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
26. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
27. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
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decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
28. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Sobre el caso concreto
29. Ronal Eugenio Ferreira acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 24 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta que
confirmó la decisión de declarar la nulidad de su acto de elección como concejal de
Campoalegre (Huila), periodo constitucional 2024-2027, al considerar acreditada la
causal de inhabilidad de parentesco por cuanto su hermano ejerció como
subdirector de Talento Humano y Financiero de las Empresas Públicas EMAC SA
ESP del mismo municipio, durante los 12 meses previos a la inscripción de su
candidatura.
30. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en
desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-207 de 2022 para determinar la causal de inhabilidad por parentesco, además
de aquel del Consejo de Estado, Sección Quinta en los que se negaron las
pretensiones de nulidad electoral, frente a argumentos similares.
31. Al descender al caso en concreto, de la lectura del expediente contentivo del
radicado 41001233300020230038802 y de la decisión acusada, se evidencia una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, en la que se decidieron
cada uno de los argumentos propuestos en el recurso de apelación. Al respecto,
consideró:
«[…] 72. En este orden de ideas, aunque no fue objeto de apelación, es oportuno
advertir, conforme lo concluyó el tribunal de instancia, que no hay duda que el señor
Abimelech Durán Ferreira, en su calidad de subdirector de Talento Humano y Financiero
de la EMAC S.A. E.S.P., ejerce autoridad administrativa materializada en las facultades
disciplinarias asignadas en el numeral 2º de las funciones esenciales definidas en el
Acuerdo 020 del 28 de diciembre de 2018 expedido por la Junta Directiva de dicha
entidad, la cual presta servicios públicos domiciliarios en el municipio de Campoalegre
(Huila)71, donde resultó elegido concejal el demandado Ronal Eugenio Ferreira, para el
período constitucional 2024-2027.
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73. Ahora bien, el recurrente funda su desacuerdo en la supuesta falta de aplicación del
precedente contenido en la sentencia SU-207 de 2022, respecto de la incidencia en los
electores por parte de la autoridad administrativa; no obstante, la delegada del Ministerio
Público considera que este argumento es novedoso en el recurso de apelación; sin
embargo, esta sección lo analizará, toda vez que en demandas de nulidad electoral en
las que se invoca la inhabilidad por parentesco con quien ejerce autoridad administrativa,
resulta procedente el análisis de la regla de decisión contenida en dicha providencia.
74. Así las cosas, la razón plasmada en la sentencia de unificación comprende los casos
en que deba determinarse la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad,
cuando el elegido es de un orden territorial diferente al de su pariente. Es en aquella
circunstancia, en la que el operador judicial debe realizar un examen específico en donde
determine cómo el ejercicio de sus competencias irradia la jurisdicción del elegido para
así concretar la incidencia en los electores.
75. En este caso, el señor Abimelech Durán Ferreira se desempeñó como Subdirector
de Talento Humano y Financiero de la EMAC S.A. E.S.P. en el municipio de
Campoalegre (Huila), circunscripción donde resultó electo como concejal su hermano
Ronal Eugenio Ferreira, es decir, en el mismo nivel territorial, sin que frente a ello exista
reproche del recurrente, por lo que no resulta necesario analizar el efecto irradiador de
las funciones desde el nivel departamental al municipal, que es el supuesto fáctico que
trae la sentencia de unificación constitucional.
76. Finalmente, respecto al argumento del demandado en cuanto a que con la prueba
testimonial se demostró que Abimelech Durán Ferreira apoyó a otro candidato al Concejo
municipal de Campoalegre (Huila) distinto al señor Ronal Eugenio Ferreira y que aquél
no participó en la campaña del demandado, a más que entre ellos no existe ningún tipo
de relación cercana, amistad o familiaridad y siempre ha habido distanciamiento entre
ambos, esta sección ha indicado que el elemento personal contenido en la norma
inhabilitante, no tiene excepción alguna a la regla general consistente en que no podrá
ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal, quien tenga vínculo de
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de
los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio. […]». (sic)
32. Así pues, de la lectura del expediente se observa que la discusión planteada en
sede de tutela se centra en el elemento parental como inhabilitante para aspirar al
cargo de concejal.
33. De tal manera, se evidencia que la inconformidad del demandante gira en torno
a la acreditación del parentesco por consanguinidad respecto de Abimelech Durán
Ferreira, de tal manera, con sustento en la regla de decisión fijada en la sentencia
SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, argumentó que Abimelech Durán
Ferreira no participó en su campaña política y, además, que entre ellos no existía
ningún tipo de relación de cercanía, amistad o familiaridad, pues, según los
testimonios practicados en el proceso, siempre ha habido distanciamiento entre
ellos.
34. Contrario a lo afirmado por el demandante, se evidencia que el Consejo de
Estado, Sección Quinta partió del criterio fijado en el referido pronunciamiento de
unificación según el cual «[p]ara la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el
cargo del cónyuge o pariente del aspirante al cargo de elección popular no pertenezca a la
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Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
planta de personal del Municipio, sino que, dadas las funciones que desempeña, basta que
esté en capacidad de influir en el electorado y, con mayor razón, si, como en este caso,
tales funciones deben desarrollarse directa y concretamente en el mismo Municipio donde
el cónyuge o pariente tiene sus aspiraciones electorales», para aclarar que aquella regla
decisional solo aplicaba en los casos en los que el elegido era de un orden territorial
diferente al de su pariente.
35. Así pues, en relación con el vínculo consanguíneo, se observa que en la
sentencia cuestionada se arribó a la conclusión de que este sí existía, tal y como lo
tuvo acreditado el tribunal de primera instancia conforme a los registros civiles de
nacimiento aportados al expediente, por lo que la corporación judicial demandada
se ocupó de analizar los demás elementos de la inhabilidad, en específico el
relacionado con que el hermano del tutelante ejerció autoridad civil. Asunto respecto
del cual, se explicó que la sentencia SU-207 de 2022 no tenía aplicación en el caso
por lo expuesto previamente, y que los argumentos de animadversión entre
hermanos tampoco resultaban procedentes, en tanto el estudio de la inhabilidad
endilgada obedeció a un estudio objetivo en el que tal supuesto no tenía relevancia.
36. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada, en la
que se desarrollaron cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda y en el recurso de apelación, debe precisarse que, el demandante más
allá de concretar las razones por las cuales se pudo configurar el desconocimiento
del precedente invocado o alguna interpretación irrazonable, lo que evidencia es su
desacuerdo con las consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo cual
pretendió que se realizara un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede
de tutela.
37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
38. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
desconocimiento del precedente, debido a que fue proferida de conformidad con las
normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado
al proceso ordinario, el cual permitió concluir que se acreditó la causal de inhabilidad
alegada.
39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06456-00
Demandante: Ronal Eugenio Ferreira
3. Conclusión
40. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Ronal Eugenio Ferreira, en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ronal Eugenio
Ferreira, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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