Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 81001-23-39-000-2023-00084-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 81001-23-39-000-2023-00084-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 81001-23-39-000-2023-00084-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de diciembre de 2024
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Demandante: Germán Ernesto Escobar Higuera
Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
Radicación: 81001-23-39-000-2023-00084-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 81001-23-39-000-2023-00084-01
Demandante: GERMÁN ERNESTO ESCOBAR HIGUERA
Demandada: MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO – DIPUTADA DE ARAUCA
(PERÍODO 2024-2027)
Temas: Inhabilidad de diputado por vínculo o parentesco con funcionario
que ejerce autoridad civil o administrativa en el departamento.
Factor espacial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 9 de agosto de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Arauca declaró la nulidad del acto que declaró su elección como
diputada de la Asamblea Departamental.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El ciudadano Germán Ernesto Escobar Higuera, en nombre propio, instauró
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que declaró la elección de la señora
María Isabel Gelvez Orozco como diputada de la Asamblea Departamental de
Arauca, para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA del 7 de
noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.
1.2. Hechos
2. La parte actora relató los hechos relevantes que se sintetizan a continuación:
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Demandante: Germán Ernesto Escobar Higuera
Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
Radicación: 81001-23-39-000-2023-00084-01
3. Las señoras María Isabel y Lida Elena Gelvez Orozco son hermanas, según
lo demuestran sus registros civiles de nacimiento.
4. Ladi Elena Gelvez Orozco fue personera del municipio de Arauquita (Arauca)
desde el 1º de marzo de 20231 hasta el 29 de febrero de 2024.
5. Por su parte, María Isabel Gelvez Orozco fue elegida diputada de Arauca en
las pasadas elecciones del 29 de octubre de 2023, en la lista del Partido Liberal.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
6. La parte actora afirmó que la demandada está incursa «en la Causal del
numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000»2, por cuenta del parentesco en
segundo grado de consanguinidad que tiene con una funcionaria que ocupó el cargo
de personera de Arauquita (Arauca), desde el cual ejerció autoridad administrativa
en el mismo territorio donde fue elegida diputada, dentro del año anterior a la
elección.
7. Explicó que esta inhabilidad tiene cuatro elementos, a saber, un vínculo o
parentesco, el ejercicio de autoridad (objetivo), dentro de los 12 meses anteriores a
la elección (temporal) y «en el respectivo departamento» (espacial).
8. Resaltó que la prohibición busca evitar que la práctica del nepotismo tenga
incidencia en las contiendas electorales y que la autoridad se utilice como un
elemento que distorsione la igualdad entre los candidatos.
9. Argumentó que el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 20173 asimila
el departamento a la entidad pública y sus institutos descentralizados, razón por la
cual contradice el artículo 299 de la Constitución Política, que dispone que el
régimen de inhabilidades de los diputados no podrá ser menos estricto que el de los
congresistas.
10. A su juicio, ello es así porque para los representantes a la Cámara, que
también se eligen en circunscripción departamental, las inhabilidades por ejercicio
de autoridad se configuran cuando se ejerce en toda la extensión del territorio del
departamento, que incluye a los municipios que lo componen, mientras que, para
los diputados, el departamento se asimila únicamente a la organización
administrativa y no a su geografía, ingrediente que hace el régimen más flexible
para estos últimos.
1
Mencionó la Resolución 007 del 17 de febrero de 2023, por el cual fue nombrada para cumplir el
resto del período 2020-2024.
2
También citó el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que tiene que ver con los
concejales.
3
Aunque el demandante no cita expresamente la Ley 1871 de 2017, transcribió el texto que
correspondía al artículo 6º de dicha ley.
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Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
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11. Destacó que los diputados de las asambleas «no son electos en relación con
la organización administrativa departamental o sus entes descentralizados, sino por
todos los electores asentados en el territorio».
12. Por otra parte, señaló que los personeros municipales ejercen el Ministerio
Público en los municipios y distritos y ostentan autoridad administrativa,
especialmente por cuenta de la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, la imposición de sanciones disciplinarias y por la
ejecución de los recursos del presupuesto.
13. También observó que los personeros tienen jerarquía y capacidad de mando
y no dependen del alcalde para desempeñar sus atribuciones de control, lo que
explica la autonomía administrativa y presupuestal de las personerías.
14. Agregó que las funciones del personero en defensa de los intereses de la
sociedad permiten su acercamiento a la comunidad y el favorecimiento al pariente
que aspira a un cargo de elección popular, por encima de los demás candidatos.
1.4. Contestación de la demanda
15. Dentro del plazo concedido en el auto admisorio de 18 de enero de 20244, se
recibieron las intervenciones que se reseñan a continuación:
1.4.1. La demandada
16. El apoderado5 de la señora María Isabel Gelvez Orozco se opuso a las
pretensiones de la demanda. Inicialmente, subrayó que la parte actora citó
erróneamente el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que consagra las inhabilidades
para ser concejal.
17. Así mismo, señaló que para la fecha de inscripción, votación y declaratoria
de elección el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no era aplicable,
debido a que fue derogado por el artículo 154 de la Ley 2200 de 2022. Con esa
premisa, advirtió que no se pronunciaría sobre el concepto de violación, pues la
norma que sustentaba el cargo no existe.
18. Alegó que «el demandante pretende hacer valer en el tiempo, unas causales
de inhabilidad menos favorables a mi defendida, cuando las mismas no le son
aplicables por su vigencia, omitiendo las vigentes que si (sic) le son favorables para
enervar cualquier pretensión de anulabilidad de su elección por inhabilidad».
4
Esta providencia también negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado,
solicitada por la parte actora.
5
El abogado Ricardo Augusto Gómez Mancera.
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Demandante: Germán Ernesto Escobar Higuera
Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
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1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
19. A través de apoderada6, afirmó que la entidad era ajena a las pretensiones
de la demanda, lo cual impedía un pronunciamiento sustancial y ameritaba el
decreto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
20. En tal sentido, sostuvo que la entidad no verifica inhabilidades ni
incompatibilidades de los candidatos, que su labor es estrictamente técnica,
logística y administrativa en las elecciones populares y que, por lo mismo, al
momento de la inscripción solo constata los requisitos formales del acto.
1.4.3. Consejo Nacional Electoral
21. A través de apoderado7, formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues las elecciones municipales están por fuera de su
competencia y la demanda versa sobre una causal de nulidad que no está
sustentada en actuaciones u omisiones suyas.
1.5. Actuaciones de la primera instancia
22. El 7 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se fijó el
litigio, así:
¿Se debe declarar la nulidad del acto demandado por las causales de inhabilidad
esgrimidas por el demandante, y en consecuencia acceder a todas y cada una de
las pretensiones de la demanda?
23. En la misma diligencia se decretaron algunas pruebas para establecer el
parentesco, el nombramiento de la señora Ladi Elena Gelvez Orozco en el cargo de
personera y sus funciones en la Personería de Arauquita (Arauca), de acuerdo con
lo referido en la demanda.
24. El 22 de marzo de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
incorporaron los documentos previamente solicitados.
1.6. Sentencia de primera instancia
25. Mediante sentencia de 9 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Arauca declaró la nulidad de la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco
como diputada de la Asamblea Departamental, por la inhabilidad prevista en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
6
La abogada Maryori Lagos Buitrago.
7
El abogado Mario Andrés Estrella Montilla.
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Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
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26. Al respecto, aclaró que el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, también citado
por el demandante para sustentar la causal de inhabilidad, fue derogado por el
artículo 154 de la citada Ley 2200 de 2022.
27. Precisado lo anterior, verificó cada uno de los elementos que configuran la
prohibición. Con este norte, encontró probado con los registros civiles de nacimiento
que la demandada es hermana de la señora Ladi Elena Gelvez Orozco; también
que esta última fue personera del municipio de Arauquita (Arauca) dentro del año
anterior a la elección de su pariente, de conformidad con la resolución de
nombramiento8.
28. Así mismo, consideró que el personero ejerce autoridad civil y administrativa,
con arreglo a los artículos 178, 181, 188 y 190 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con los artículos 108 y 109 del Decreto 111 de 1996, especialmente
por las competencias para designar y remover empleados, la potestad disciplinaria
y la facultad de ordenar el gasto y el presupuesto.
29. En cuanto al factor espacial, es decir, que la autoridad se deba ejercer en el
respectivo departamento, advirtió que este concepto se concibió con un criterio
orgánico y no territorial o geográfico en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200
de 2022.
30. No obstante, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, no
aplicó la norma al caso concreto, por oponerse a lo dispuesto en el artículo 299
superior, según el cual el régimen de inhabilidades de los diputados no podrá ser
menos estricto que el de los congresistas.
31. Sobre esa apreciación, explicó que el aludido parágrafo reprodujo el que
hacía parte del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-326 de 2021 y que venía siendo inaplicado por
la misma razón por el Consejo de Estado9.
32. Agregó que «la norma en cuestión flexibilizó y disminuyó los requisitos de
inelegibilidad de los Diputados en contraposición a los previstos para los
Congresistas, contrariando con ello el precepto Superior». Precisó que esto es así
porque, de acuerdo con el referido pronunciamiento de la Corte Constitucional, para
los primeros el departamento solo se refiere a las entidades de ese nivel, mientras
que para los segundos comprende esas y las de los municipios de todo el territorio.
8
Resolución 007 del 17 de febrero de 2023, artículo 2º. El período para el cual se nombra es desde
el día primero (01) de marzo de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024.
9
Citó: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 54001-23-
33-000-2020-00606-01(PI), MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
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1.7. Recurso de apelación
33. Inconforme con la decisión reseñada, la parte demandada interpuso recurso
de apelación, donde la acusó de ser incongruente con la fijación del litigio, en contra
de lo exigido por el artículo 281 del Código General del Proceso, con el siguiente
razonamiento:
Lo anterior se deduce del hecho, de que se profirió una Sentencia por parte del
Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, en la cual se logra dilucidar; que se
realizaron comparaciones entre una norma que durante todo el proceso contó con
dos yerros los cuales objetivamente enmarcaban un derrotero fallido desde el inicio
y desde [el] punto de vista legal, los cuales consistieron en: i) Invocar una norma
que en su definición era aplicable a Concejales ii) invocar una norma ya
derogada para demostrar una inhabilidad de una diputada (…) (Negrillas
originales).
34. Igualmente, remitió a los argumentos de la contestación de la demanda, en
cuanto a que los cargos no tenían un soporte legal vigente, toda vez que el artículo
33 de la Ley 617 de 2000 fue derogado por la Ley 2200 de 2022. Por lo mismo,
reiteró que la demanda carece de las normas violadas y el concepto de la violación.
35. Destacó que las normas que consagran inhabilidades deben ser
interpretadas de forma restrictiva y sin aplicar la analogía, dado que restringen el
derecho fundamental a ser elegido, en conexidad con el derecho al trabajo y los
principios pro homine y de favorabilidad.
1.8. Trámite en segunda instancia
36. Mediante auto de 16 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado
ponente admitió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la misma
providencia, corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.
1.8.1. Alegatos de conclusión
37. La apoderada de la demandada reiteró la falta de soporte legal vigente de los
cargos formulados en contra de su elección como diputada y la inexistencia del
concepto de violación normativa.
38. Por otra parte, señaló que la autonomía administrativa y presupuestal de las
personerías municipales impide que estas tengan incidencia política para elegir a
una diputada departamental.
39. Igualmente, desde la perspectiva del principio de eficacia del voto, la voluntad
popular y el efecto útil de las normas, resaltó que la demandada obtuvo 198 votos
en el municipio de Arauquita, los cuales no alteraban el resultado.
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1.8.2. Concepto del Ministerio Público
40. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación emitió concepto en
el sentido de confirmar el fallo apelado, por considerar que fue congruente con el
problema jurídico planteado.
41. Al respecto, partió de la base de que «en esta instancia no se cuestionó la
consumación de la inhabilidad, sino, la eventual causación de una irregularidad
procesal».
42. Con tal precisión, estimó que «el fallador de primer grado valoró, desglosó y
decantó el problema jurídico a partir de los presupuestos de la causal de inhabilidad
por parentesco establecida por el legislador para los aspirantes a diputados [y]
estableció claramente los elementos estructuradores y sobre ellos sentó la situación
fáctica que derivó en la tesis de nulidad».
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
43. La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
la demandada contra el fallo de 9 de agosto de 2024, por el cual el Tribunal
Administrativo de Arauca declaró la nulidad de la elección de la señora María Isabel
Gelvez Orozco como diputada de la Asamblea Departamental, período 2024-2027,
de conformidad con los artículos 15010 y 152, numeral 7, literal a)11 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación12.
2.2. El acto acusado
44. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco como diputada de Araca, para
el período 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ASA de 7 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.
10
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
11
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los diputados de las asambleas departamentales (…).
12
«ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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2.3. Problema jurídico
45. Con base en los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia de 9 de agosto de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Arauca declaró la nulidad de la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco
como diputada de Arauca, período 2024-2027.
46. Con tal propósito, es necesario determinar si la decisión estuvo basada en
una norma derogada, de acuerdo con la regulación de la inhabilidad para ser
diputado por parentesco con un funcionario que ejerció autoridad civil o
administrativa en el departamento, dentro de los doce meses anteriores a la
elección.
47. Para el efecto, se repasarán los elementos de la aludida causal, previo a
abordar el caso concreto.
2.4. Inhabilidad de los diputados por vínculo o parentesco con
funcionario que ejerce autoridad civil o administrativa en el
departamento
48. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos
del Estado accedan a ellos en igualdad de condiciones y orienten su desempeño
hacia el interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a
motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.
49. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»13.
50. Tratándose de cargos de elección popular, se convierten en restricciones
válidas al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser evaluadas previamente
por las organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so
pena de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la
elección realizada en esas circunstancias.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,
Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
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51. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las causales de
inhabilidad se reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del
principio de capacidad electoral14. De manera que el operador jurídico no está
autorizado para aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo
que corresponda.
52. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser diputado está regulado
en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que establece la siguiente causal:
ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General
Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; (…).
53. De acuerdo con la jurisprudencia de esta sección15, la inhabilidad para ser
diputado por cuenta de un familiar que ejerce autoridad se configura por la
verificación conjunta de los factores que se exponen a continuación:
i) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente, o parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un funcionario.
ii) Elemento objetivo: que el funcionario haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar.
iii) Elemento temporal: que lo anterior haya ocurrido dentro de los 12 meses anteriores
a la elección.
iv) Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo
departamento.
54. Reunidos de forma concurrente los presupuestos reseñados, puede
afirmarse que se configura la inhabilidad, con las consecuencias que el
ordenamiento jurídico contempla, entre ellas, la nulidad del acto que declara la
elección.
55. En particular, frente al elemento espacial o factor territorial, el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 introdujo un ingrediente común a las causales
relacionadas en la norma, según el cual «se refieren al departamento como entidad
pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo
territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial».
14
Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
15
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 3 de octubre de 2024, Rad.
05001-23-33-000-2023-01255-01, MP. Gloria María Gómez Montoya y 31 de octubre de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2024-00021-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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56. Por lo tanto, según esa disposición, la autoridad debe ejercerse en una
entidad del orden departamental, lo cual descartaría la inhabilidad cuando esto
ocurre en alguno de los municipios del respectivo departamento.
57. Sin embargo, esta Sección ha inaplicado el aludido parágrafo, por
considerarlo contrario a lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Política,
según el cual el régimen de los diputados no puede ser menos riguroso que el de
los congresistas, previsto en el artículo 179 ibidem. En tal sentido, se ha precisado
lo siguiente:
118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en dicha
disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la “entidad pública
y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento territorial. Es decir, que
para efectos de la configuración de las inhabilidades previstas para los diputados en
el artículo 33 de la Ley 617 el (sic) 2000, sería necesario entender que el aspecto
espacial se verifique, necesariamente, en todo el ente departamental -como entidad
administrativa-.
119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo 299
constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Lo anterior,
por cuanto para efectos de los Congresistas, específicamente, los Representantes
a la Cámara cuya elección se realiza en la misma circunscripción territorial de los
diputados, la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente
se aplicaría respecto de situaciones que se presenten en la correspondiente
“circunscripción”, lo que incluye toda la extensión del territorio departamental y de
forma inescindible en los municipios que lo componen; mientras que para los
diputados, la expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la organización
administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el régimen de
estos últimos16.
58. Sobre el mismo aspecto, se ha advertido que la Corte Constitucional, en
sentencia C-396 de 2021, declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley
1871 de 2017, que exponía el mismo contenido del parágrafo del artículo 49 de la
Ley 2200 de 2022, precisamente por ser contrario al referido artículo 299 superior.
59. En consecuencia, aunque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
no ha sufrido derogatorias, es claro que este precepto reprodujo el contenido
material de otro declarado inexequible, en contra de la prohibición que trae en ese
sentido el artículo 243 de la Constitución Política.
60. Siendo así, la verificación de la inhabilidad para ser diputado por ejercicio de
autoridad, bien sea directo o por un familiar, debe considerar los pronunciamientos
jurisprudenciales en torno a la inconformidad de dicho parágrafo con el
ordenamiento superior.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de julio de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2020-
00007-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Tesis reiterada en sentencia de 18 de julio de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2024-00039-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Germán Ernesto Escobar Higuera
Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
Radicación: 81001-23-39-000-2023-00084-01
2.5. Caso concreto
61. Mediante sentencia de 9 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Arauca declaró la nulidad del acto de elección de la señora María Isabel Gelvez
Orozco como diputada de la Asamblea Departamental, para el período 2024-2027.
62. La decisión estuvo sustentada en la comprobación de los elementos que
configuran la causal de inhabilidad para ocupar dicho cargo, prevista en el numeral
6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, debido a que la hermana de la diputada
ejerció autoridad civil y administrativa en el departamento, dentro de los 12 meses
anteriores a la elección, como personera municipal de Arauquita.
63. La demandada apeló, en primer lugar, con base en el artículo 281 del Código
General del Proceso, pues considera que el fallo no fue congruente con la fijación
del litigio, ya que tuvo en cuenta una norma aplicable a los concejales y otra
derogada. Por el mismo motivo, adujo que la demanda no cumplió con el requisito
de exponer las normas violadas y el concepto de la violación.
64. En segundo lugar, destacó la interpretación restrictiva y el carácter taxativo
de las inhabilidades, en concordancia con el principio pro homine y de favorabilidad,
dado que limitan derechos fundamentales. Con base en estos parámetros,
considera que el caso debió resolverse con fundamento en la disposición vigente.
65. La Sala se ocupará de estos reparos, en el mismo orden.
66. Primera inconformidad. Se observa que el tribunal se percató en la
sentencia de las imprecisiones de la demanda en cuanto a la norma que consagraba
la causal de inhabilidad invocada, las cuales habían sido advertidas en la
contestación de la demanda. Al respecto, se pronunció en los siguientes apartados:
En efecto, al estudiar los fundamentos jurídicos invocados por el demandante se
evidencia que citó erróneamente normas que no corresponden a la situación fáctica
que trajo a estudio en sede judicial contenciosa administrativa; en primer lugar,
porque uno de los preceptos aludidos en la demanda es aplicable a los aspirantes
al Concejo Municipal (numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994), cuando lo
pretendido es la declaratoria de nulidad de la elección como diputada del
departamento de Arauca de la demandada Gelvez Orozco.
En segundo lugar, la otra disposición legal que mencionó en la demanda se refiere
a una de las causales de las inhabilidades de los diputados (numeral 5 del artículo
33 de la Ley 617 de 2000), sin embargo la norma citada fue derogada por la Ley
2200 de 2022.
67. Pese a lo anterior, consideró que una interpretación integral y sistemática de
la demanda le permitía concluir sin lugar a dudas que su motivación era la
vulneración del régimen de inhabilidades previsto para los diputados en el artículo
49 de la Ley 2200 de 2022. En tal sentido, explicó:
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Demandada: María Isabel Gelvez Orozco
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La Sala al efectuar de manera integral un análisis de la demanda presentada logra
concluir que podrá ser emitido un pronunciamiento de fondo en el asunto sometido
a examen, dado que se encuentran en el libelo introductorio los elementos y
requisitos mínimos para analizar los planteamientos esbozados por el demandante,
sin que ello implique una vulneración a las garantías procesales como lo es el debido
proceso, el derecho de defensa y contradicción, aunado a que no se desconocen el
postulado de Justicia rogada a la que se encuentra sometida la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, ni el principio de congruencia.
68. En ese orden, observó que el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 había sido
derogado por la Ley 2200 de 2022, habida cuenta que en el artículo 49 previó el
régimen de inhabilidades de los diputados y en el artículo 154 derogó todas las
disposiciones contenidas en aquella ley que le fueran contrarias.
69. Por lo tanto, si bien la disposición invocada en la demanda como sustento de
la inhabilidad no fue en estricto sentido la que analizó el tribunal para resolver el
caso, lo cierto es que aquella y la que terminó siendo aplicada son idénticas en su
contenido, como se ilustra a continuación, en lo pertinente:
LEY 617 DE 2000 LEY 2200 DE 2022
ARTÍCULO 33. No podrá ser inscrito como ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE
candidato ni elegido diputado: LOS DIPUTADOS. Además de las
inhabilidades establecidas en la Constitución, la
5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión ley y el Código General Disciplinario, no podrá
permanente, o de parentesco en tercer grado ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con funcionarios que dentro de los doce 6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
(12) meses anteriores a la elección hayan permanente, o de parentesco en tercer grado
ejercido autoridad civil, política, administrativa o de consanguinidad, primero de afinidad o Único
militar en el respectivo departamento. civil, con funcionarios que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o
militar en el respectivo departamento.
70. Así, en la providencia se advirtió expresamente que el problema jurídico se
decidiría con base en la disposición vigente que contiene el régimen de
inhabilidades de los diputados, cabe reiterar, el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
y fue desde su contenido que se abordaron los elementos que configuran la causal
de inhabilidad del numeral 6.
71. La Sala considera que el enfoque que adoptó el tribunal para abordar este
asunto está respaldado en el derecho de acceso a la justicia y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre los aspectos formales, previstos en el
artículo 228 de la Constitución Política, y en las atribuciones específicas que otorga
la ley procesal al juez, que le permiten interpretar la demanda, dentro de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
72. En esa línea, la Corte Constitucional ha explicado que «defectos tales como
la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es fácilmente
identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente pero
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comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad17» (se
destaca).
73. Ahora, en cuanto a la congruencia, el artículo 281 del Código General del
Proceso ordena que la sentencia esté «en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley».
74. En este caso, la Sala constata que la sentencia apelada se profirió dentro del
marco fáctico y jurídico de la controversia, atendiendo a los argumentos expuestos
por los extremos procesales enfrentados. Así quedó claro desde el capítulo del caso
concreto (2.4), anunciado y desarrollado respecto de la inhabilidad por parentesco
en segundo grado de consanguinidad con la personera municipal de Arauquita, en
el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.
75. En concordancia, la decisión respondió a la fijación del litigio definida en la
audiencia inicial, que apuntaba a determinar si debía declararse la nulidad del acto
acusado «por las causales de inhabilidad esgrimidas por el demandante»18, que fue
el estudio que justamente abordó el tribunal y que incluyó la precisión sobre la
norma que contenía la prohibición, según se explicó.
76. Finalmente, en cuanto a la supuesta omisión de exponer en la demanda las
normas violadas y el concepto de la violación, es claro que el tribunal, también
respaldado en las facultades de interpretación del juez, explicó que los argumentos
suministrados por el demandante permitían abordar el análisis de fondo.
77. Atendiendo a lo expuesto, no prospera la censura que ataca el fallo recurrido
por faltar al principio de congruencia, toda vez que no fueron aplicadas normas
ajenas a la controversia ni la demanda incumplió uno de los requisitos formales.
78. Segunda inconformidad. La demandada invoca contra la sentencia apelada
la interpretación restrictiva y el carácter taxativo de las inhabilidades, dado que
limitan derechos fundamentales, en concordancia con el principio pro homine y de
favorabilidad. De acuerdo con lo expuesto en el recurso, es posible entender que, a
su juicio, dichos parámetros habrían sido desconocidos por la decisión recurrida, ya
que el juez no debió resolver el asunto con base en una norma derogada.
79. Sin embargo, el recurrente no controvirtió el análisis jurídico y probatorio que
hizo el tribunal frente a los cuatro elementos que configuran la inhabilidad, ni explicó
de qué forma esta valoración se opone al carácter restrictivo y taxativo de las
inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
17
Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.
18
Ver acta de la audiencia inicial, celebrada el 7 de marzo de 2024.
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80. En efecto, no desmintió el parentesco con la personera ni se refirió a las
funciones analizadas para deducir el ejercicio de autoridad civil y administrativa en
ese cargo, como tampoco refutó que la hermana de la demandada lo hubiese
ocupado dentro de los doce meses que preceden a la elección.
81. En cuanto al elemento espacial, no se observa en el recurso algún argumento
concreto de oposición a la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que fue la figura invocada por el tribunal para
respaldar la conclusión sobre el ejercicio autoridad en el departamento, por parte de
una funcionaria de una entidad del orden municipal.
82. No obstante, es posible interpretar que el debate sobre la norma vigente que
propone la parte demandada conduce, necesariamente, a revisar el factor territorial
de la causal de inhabilidad, ya que es el único ingrediente que la diferencia con el
texto anterior del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
83. Sobre el punto, y ante la precariedad de la sustentación del recurso en esta
parte, baste con reiterar la tesis de esta Sala, en cuanto a que el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 flexibiliza el régimen de inhabilidades de los
diputados, respecto al de los congresistas, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución Política.
84. Ello es así, porque configura el elemento territorial de las causales, en
particular, aquella por vínculo o parentesco con un funcionario que ejerce autoridad,
únicamente cuando el familiar ocupa un cargo en la administración departamental
o alguna de sus entidades adscritas o vinculadas, mientras que para los
congresistas, específicamente los representantes a la Cámara, se estructura
también cuando el respectivo cargo pertenece a alguno de los municipios del
departamento.
85. Esta postura fue determinante para decidir recientemente un asunto similar
al que se resuelve en esta oportunidad, con el siguiente razonamiento:
[A]unque el recurrente afirme y sostenga que esa norma está vigente, lo cierto es
que su parámetro de interpretación, de conformidad con la Constitución Política, ya
está definido e hizo tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
En este sentido, debe entenderse que [el] departamento de Antioquia es la totalidad
del territorio que lo compone, dentro del cual se encuentra el municipio de Rionegro,
donde según se afirma en la demanda, el pariente del señor […] ejerció autoridad19.
19
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86. La situación descrita también se presenta en este caso, toda vez que no está
en discusión que la hermana de la señora María Isabel Gelvez Orozco fue personera
del municipio de Arauquita, entidad territorial comprendida en el departamento de
Arauca. Por lo tanto, la autoridad civil y administrativa que acompaña a ese cargo,
que tampoco se apeló, fue ejercida «en el respectivo departamento», como lo
requiere el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
87. De acuerdo con el estudio precedente, la Sala concluye que el tribunal no
faltó a la interpretación restrictiva ni al carácter taxativo de las inhabilidades, toda
vez que decidió el asunto con fundamento en la norma vigente y a partir de los
factores de configuración que ella contiene.
88. Además, hizo prevalecer la Constitución Política, por encima de un precepto
que incorpora a la inhabilidad un ingrediente abiertamente contrario al ordenamiento
superior, como lo impone el artículo 4º de la Carta, cuando ordena que «[e]n todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales».
89. En tales condiciones, tampoco prospera este cargo.
90. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, que declaró la nulidad
de la elección de la demandada como diputada de la Asamblea de Arauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de agosto de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la nulidad del acto de elección de la
señora María Isabel Gelvez Orozco como diputada de la Asamblea Departamental,
período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA de 7 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora General.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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