Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01540-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01540-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-01540-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
19 de marzo de 2026
Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicados: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Principal)
25000-23-41-000-2024-01627-00 (acumulado)
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Demandantes : DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETÁ Y JORGE ALBERTO
CAICEDO AYURE
Demandado: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, ALCALDE LOCAL DE
CIUDAD BOLÍVAR (BOGOTÁ D.C.)
Temas: Requisito de residencia alcalde local.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por el demandado y la
Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C., contra la sentencia proferida el 4 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, que declaró la nulidad del artículo 1.°, numeral 2.°, del
Decreto 260 de 29 de julio de 2024, a través del cual se nombró al señor Diego Arley
Arenas Manrique como alcalde local, código 030, grado 05, de la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)2.
Lo anterior, con base en los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1. Los señores Diana Marcela Diago Guaquetá y Jorge Alberto Caicedo Ayure, en
nombre propio, presentaron de manera separada demandas en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, contra el acto de
nombramiento del señor Diego Arley Arenas Manrique como alcalde local código
030 grado 5 de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.
1.1. Pretensiones
2. La parte actora solicitó la nulidad del Decreto 260 del 29 de julio de 2024,
mediante el cual se nombró, entre otros, al demandado como alcalde local de
Ciudad Bolívar.
3. Adicionalmente, en el proceso 2024-01540 se demanda también la nulidad del
acto de posesión surtido el 29 de julio de 2024 y en el proceso 2024-01627 se
pretende «la compulsa de copias, si a ello hubiere lugar, ante las entidades
correspondientes».
1 Diana Marcela Diago Guaqueta, en el proceso 25000-23-41-000-2024-01540 y Jorge Alberto
Caicedo Ayure, en el radicado 25000-23-41-000-2024-01627.
2 Expedido por el alcalde mayor de Bogotá D.C.
3 En adelante CPACA.
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Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
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4. Las súplicas tuvieron como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
5. Precisaron que el demandado fue elegido alcalde del municipio de Pandi
(Cundinamarca), para el periodo 2020-2023 y ejerció el cargo entre el 1.° de enero
de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, función que implicaba dedicación exclusiva,
disponibilidad permanente y prestación continua del servicio público.
6. Añadieron que en la hoja de vida de Arenas Manrique, registrada en el Sistema
de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), se reportó
como domicilio, durante ese periodo, el Palacio Municipal de Pandi (Carrera 4 No.
3-55/64).
7. Refirieron que, una vez culminado su mandato, participó en el proceso
adelantado para la provisión del cargo de alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar,
procedimiento desarrollado con fundamento en la Circular 002 del 8 de febrero de
2024, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.
8. Expusieron que el referido superó la prueba de conocimientos aplicada por la
Universidad Nacional, fue incluido en la lista de aspirantes habilitados e integró
posteriormente la terna presentada por la Junta Administradora Local de Ciudad
Bolívar al alcalde mayor de Bogotá.
9. Señalaron que mediante el Decreto 260 del 29 de julio de 2024 el alcalde mayor
efectuó el nombramiento de Diego Arley Arenas Manrique en el empleo objeto de
controversia, cuya posesión se realizó ese mismo día.
10. Sostuvieron que dicha designación desconoció lo dispuesto en el artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993, norma que exige haber residido o desarrollado una
actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad
durante los dos años anteriores a la vinculación.
11. Destacaron que los documentos aportados para acreditar el supuesto arraigo
territorial no demostraban el cumplimiento del requisito legal.
12. Resaltaron que el demandado continuaba inscrito para votar en el municipio de
Pandi, circunstancia que, en su criterio, evidencia la ausencia de un vínculo
territorial efectivo con la localidad de Ciudad Bolívar.
13. Informaron que el 17 de julio de 2024 se formularon observaciones ciudadanas
a la hoja de vida del aspirante y que la Secretaría Distrital de Gobierno respondió el
29 de julio de 2024 mediante el oficio 20244212295112, en el cual indicó que un
ciudadano puede tener varios domicilios.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
14. Advirtieron que el acto acusado vulneró la Constitución Política, artículos 1, 6,
13, 29 y 209; el Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 65 y 84; la Ley 1437 de 2011,
artículo 275 numeral 5.°; la Ley 617 de 2000, artículo 38; el Decreto 1083 de 2015,
artículo 2.2.5.1.4; el Decreto 1350 de 2005, artículo 1; la Resolución 440 de 2011
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de la Secretaría Distrital de Gobierno; y la Circular 002 del 8 de febrero de 2024,
expedida por esa misma entidad.
15. Para lo cual, desarrollaron los siguientes cargos:
1.3.1. Incumplimiento del requisito de residencia o actividad en la localidad
16. Expusieron que el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 exige que quien
aspire al cargo de alcalde local haya residido o desarrollado una actividad
profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad durante los dos
años anteriores al nombramiento.
17. Afirmaron que el demandado no satisfizo esa exigencia, pues entre los años
2020 y 2023 ejerció como alcalde del municipio de Pandi (Cundinamarca), función
que impone dedicación exclusiva, disponibilidad permanente y presencia
institucional constante en ese territorio.
18. Precisaron que en la hoja de vida registrada en el sistema SIDEAP el propio
Arenas Manrique consignó como domicilio el Palacio Municipal de Pandi, dato que
confirma que su residencia, para esa época, se situaba en ese municipio y no en la
localidad de Ciudad Bolívar.
19. Indicaron que los documentos allegados para demostrar el supuesto arraigo
territorial carecen de sustento, puesto que la certificación relacionada con el
establecimiento comercial «MAXIPEGANTES» corresponde a una dirección
ubicada en la localidad de Tunjuelito, mientras que la sociedad «Arenas Company
S.A.S.» se constituyó en el año 2024, lo que impide acreditar actividad económica
durante el periodo exigido por la ley.
1.3.2. Incompatibilidad derivada del ejercicio del cargo de alcalde de Pandi
20. Sostuvieron que el ejercicio de actividades profesionales o comerciales en otra
jurisdicción resulta incompatible con el régimen aplicable a los alcaldes municipales,
conforme al artículo 38 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe desempeñar
simultáneamente otros cargos o empleos públicos o privados.
21. Argumentaron que, de aceptarse la realización de actividades en Ciudad Bolívar
durante el tiempo en que el demandado ejercía como primera autoridad en Pandi,
se configuraría la infracción del régimen de incompatibilidades, puesto que la
naturaleza del cargo exige dedicación total al ejercicio de la función pública.
1.3.3. Ausencia de vínculo territorial con la localidad de Ciudad Bolívar
22. Manifestaron que el artículo 1.° del Decreto 1350 de 2005 orienta el proceso de
integración de ternas bajo el supuesto de que quienes aspiren a una alcaldía local
tengan una relación efectiva con la comunidad y conocimiento directo de las
dinámicas territoriales.
23. En ese sentido, destacaron que la permanencia del demandado en el municipio
de Pandi durante el periodo exigido por la ley impide reconocer la existencia de ese
vínculo territorial, en tanto la residencia simultánea resulta incompatible con la lógica
del requisito legal.
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1.3.4. Vicios del acto de nombramiento
24. Alegaron que el Decreto 260 de 2024 fue falsamente motivado, dado que se
fundó en que el designado cumplía los requisitos legales de elegibilidad,
circunstancia que, según las pruebas allegadas, no acompasa con la realidad.
25. Señalaron que la autoridad distrital omitió verificar de manera suficiente las
condiciones exigidas para el cargo y, pese a las observaciones formuladas durante
el proceso de selección, mantuvo la designación. Por esa razón, argumentaron que
se presentó una «falla en el servicio».
26. Propusieron que existió una desviación de poder al nombrar a una persona que
no conoce los intereses de la localidad que representa al no cumplir con los
requisitos previstos para el efecto.
27. Añadieron que el alcalde mayor debió devolver la terna al advertir que uno de
sus integrantes no reunía las calidades legales, en aplicación del artículo 84 del
Decreto Ley 1421 de 1993 y de las directrices previstas en la Circular 002 de 2024
de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.
1.3.5. Configuración de la causal de nulidad electoral
28. Concluyeron que las irregularidades descritas configuran la causal de nulidad
prevista en el numeral 5.° del artículo 275 del CPACA, según la cual es posible
anular un nombramiento cuando la persona designada no reúne las calidades y
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad.
29. Advirtieron que esa situación compromete además los principios de igualdad,
debido proceso y moralidad administrativa, en tanto permite el acceso a un cargo
público sin el cumplimiento de las condiciones previstas por el ordenamiento
jurídico.
1.4. Contestación de las demandas
1.4.1. Demandado
30. Mediante apoderado, el señor Diego Arley Arenas Manrique se opuso a las
pretensiones de nulidad en los procesos 2024-01540 y 2024-01627, al sostener que
su nombramiento como alcalde local de Ciudad Bolívar se ajustó al ordenamiento
jurídico y que cumple el requisito de arraigo previsto en el Artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993.
31. Afirmó que mantiene un vínculo real y permanente con la localidad desde hace
más de 16 años, pues (i) cursó estudios entre 2008 y 2014 en la Universidad
Distrital, sede ubicada en Ciudad Bolívar, (ii) reside con su compañera permanente
y sus hijos en el barrio Madelena en un inmueble familiar y (iii) estos últimos estudian
en el Gimnasio Obregón, situado en el mismo sector.
32. Sostuvo que el concepto de residencia no debe interpretarse de manera
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restrictiva, ya que jurídicamente es posible tener más de un domicilio, de modo que
la permanencia temporal en otro municipio no excluye la existencia de arraigo en la
localidad.
33. Explicó que, durante su periodo como alcalde de Pandi (2020-2023), su
presencia en ese municipio no fue permanente, pues las constancias expedidas por
la Gobernación de Cundinamarca indican que permanecía allí entre dos y tres días
por semana, con un máximo aproximado de diez días al mes, tras lo cual regresaba
a su vivienda en Bogotá.
34. Agregó que parte de las funciones del cargo se desarrollaron mediante
herramientas virtuales, circunstancia que le permitió mantener su residencia familiar
en Ciudad Bolívar.
35. Argumentó que el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece dos
supuestos alternativos; residir o desarrollar actividades en la localidad, por lo que el
ejercicio de la Alcaldía en Pandi no elimina el arraigo previo y simultáneo en Ciudad
Bolívar.
36. Cuestionó las pruebas aportadas en las demandas al considerar que no
demuestran la inexistencia del vínculo territorial alegado.
37. Finalmente, propuso las excepciones de mérito de ausencia absoluta de la
violación alegada, insuficiencia del acervo probatorio y la genérica, con el fin de que
el juez reconozca cualquier circunstancia exceptiva que resulte acreditada en el
proceso.
1.4.2. Secretaría de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
38. Su representante judicial contestó los escritos iniciales en el sentido de que el
acto acusado se expidió con sujeción al artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y
que el designado cumplió el requisito de residencia o actividad en la localidad
durante los dos años anteriores al nombramiento.
39. Sostuvo que el concepto de residencia no puede interpretarse de manera
restrictiva, pues, conforme al artículo 83 del Código Civil, es jurídicamente posible
que una persona tenga más de un domicilio, de modo que el ejercicio previo de la
alcaldía de Pandi no excluye la existencia de vínculos simultáneos con Ciudad
Bolívar.
40. Indicó que el arraigo territorial del demandado se acredita con diversos
elementos probatorios, entre ellos su formación profesional en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, sede ubicada en la localidad; la propiedad y
residencia en un inmueble situado en el barrio Madelena desde el año 2008; la
actividad laboral de su compañera permanente en ese sector; y la matrícula de sus
hijos en el Gimnasio Obregón, institución educativa localizada en la misma zona.
41. Añadió que también se allegaron certificaciones de administradores y vecinos
del conjunto residencial Los Urapanes, que dan cuenta de su permanencia en el
sector desde 2016, así como registros de la Cámara de Comercio que lo vinculan
con actividades comerciales y empresariales desarrolladas en Bogotá.
42. Frente al ejercicio de alcalde de Pandi, precisó que dicha circunstancia no
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elimina los vínculos familiares, sociales y económicos que el funcionario mantuvo
de forma continua en Ciudad Bolívar.
43. Aclaró que los documentos relativos a la empresa MAXIPEGANTES se
aportaron para acreditar experiencia profesional y no para demostrar el requisito de
arraigo territorial exigido por la ley.
44. Explicó que la incorporación tardía de algunos documentos obedeció a un error
de radicación atribuible a la Junta Administradora Local, circunstancia que fue
subsanada mediante un alcance aclaratorio dentro del trámite administrativo.
45. Concluyó que el Decreto 260 de 2024 se encuentra debidamente motivado,
pues se expidió con fundamento en pruebas verificadas por las dependencias
competentes del Distrito, y advirtió que los reproches de las demandas no
desvirtúan la presunción de legalidad del acto administrativo, razón por la cual
solicitó negar las pretensiones de nulidad.
1.5. Admisión del medio de control
46. En el proceso 2024-01627, mediante auto del 18 de diciembre de 2024, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en sala
unitaria4, admitió la demanda. A su vez, en el radicado 2024-01540, el magistrado
conductor5 ordenó iniciar6 el correspondiente trámite al medio de control contra el
decreto demandado el 12 de diciembre de 2024.
1.6. Fijación del litigio
47. En la causa 2024-01540, a través de proveído del 20 de marzo de 2025, se fijó
el litigio en los siguientes términos:
«(…) se deberá establecer si debe declararse la nulidad del Decreto 260 del 29 de
julio de 2024 mediante el cual el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán
Pachón nombró al señor Diego Arley Arenas Manrique como Alcalde Local Código
030 Grado 05 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, al presuntamente incumplir lo
contemplado en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el artículo
7 de la Ley 2116 de 2021ۛ».
48. Posteriormente, el 12 de mayo de ese año, se dispuso la acumulación de los
procesos 2024-01540 y 2024-01627, con el primero como expediente principal. En
relación con este último, la delimitación del problema jurídico se efectuó el 23 de
julio de 2025, así:
«(…) El objeto principal de las pretensiones de la demanda consiste en que se declare
la nulidad del Decreto 260 de 29 de julio de 2.024, por el cual la alcaldía mayor de
Bogotá DC realizó el nombramiento del señor Diego Arley Arenas Manrique como
alcalde local código 030 grado 5 de la alcaldía local de Ciudad Bolívar de Bogotá DC.
Así mismo, se fija el litigio respecto al análisis de los cargos de nulidad propuestos en
4 M.P. César Giovanni Chaparro Rincón.
5 M.P. Oscar Armando Dimaté Cárdenas, quien pertenece a esa misma corporación, sección y
subsección.
6 Previamente a la admisión de la demanda, mediante auto del 2 de octubre de 2024 se ordenó correr
traslado de la solicitud de medida cautelar. Luego, por proveído del 10 de octubre de 2024, se declaró
la nulidad de lo actuado respecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al advertirse una irregularidad en
la notificación y en el traslado de dicha solicitud, por lo que se ordenó rehacer la actuación en relación
con ella.
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Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
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el acápite de la demanda así:
Se formularon como cargos de nulidad los siguiente: (…) a) Desviación de Poder y
Violación del Principio de Transparencia (…) b) Falla en el servicio (c) Falsa
motivación (…)»7.
1.7. Sentencia de primera instancia8
49. Mediante providencia del 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», accedió a las pretensiones
de las demandas y declaró la nulidad del artículo 1.° numeral 2 del Decreto 260 del
29 de julio de 2024, por medio del cual se nombró al señor Diego Arley Arenas
Manrique como alcalde local de Ciudad Bolívar.
50. Encontró acreditado, en síntesis, lo siguiente:
51. El señor Arenas Manrique ejerció como alcalde de Pandi entre el 1.° de enero
de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, de modo que, durante los dos años anteriores
al acto acusado, su labor u oficio se desarrolló en ese municipio y no en la localidad
de Ciudad Bolívar.
52. Mientras ocupó dicho cargo, la relación del designado con Ciudad Bolívar tuvo
un carácter esporádico, episódico, coyuntural, inhabitual e infrecuente, pues los
elementos allegados únicamente demostraron que allí habitaban su compañera
permanente y sus hijos, sin evidenciar una presencia efectiva vinculada con el
conocimiento del territorio ni con la planeación de la gestión local exigida por el
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
53. Para arribar a esa conclusión, la primera instancia se apoyó en la postura de la
Sección Quinta del Consejo de Estado9, según la cual residencia debe entenderse
como una presencia habitual, próxima a los habitantes de la localidad y frecuente
respecto de sus necesidades, lo cual supone una relación efectiva con el territorio.
54. Asimismo, descartó que el nombrado hubiera acreditado el requisito alternativo
de desarrollar una actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
localidad durante los dos años previos al nombramiento, pues la relación con
MAXIPEGANTES finalizó el 31 de diciembre de 2019, según lo consignó el propio
interesado en su hoja de vida y la sociedad Arenas Company S.A.S. solo fue
matriculada el 5 de marzo de 2024, esto es, apenas cuatro meses antes del
nombramiento.
55. Agregó que, aun si se considerara la actividad mercantil alegada, el designado
se hallaba jurídicamente limitado para ejercer el comercio mientras desempeñó el
cargo de alcalde de Pandi, a la luz del artículo 14 del Código de Comercio, razón
adicional para descartar que hubiera satisfecho por esa vía la exigencia legal.
56. En cuanto a las pruebas allegadas por la defensa, reconoció la existencia de la
7 Los demandantes expusieron el acto demandado fue falsamente motivado, por cuanto que se
sustentó en que el designado cumplía los requisitos legales de elegibilidad, circunstancia que, según
las pruebas allegadas, no acompasa con la realidad.
8 Frente a esta decisión se presentó solicitud de aclaración, adición y corrección por parte del
demandado, la cual fue negada mediante auto del 8 de octubre de 2025.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de
diciembre de 2023, Rad.: 25000-23-41-000-2021-00774-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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unión marital de hecho, la convivencia familiar en el barrio Madelena, la propiedad
de inmuebles en ese sector, la matrícula de los hijos en el Gimnasio Obregón, el
pago de celaduría o administración y las constancias de permanencia expedidas
por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca; sin embargo, estimó que tales
elementos reflejan principalmente un vínculo familiar y patrimonial, insuficiente para
demostrar la residencia material requerida para ejercer la alcaldía local.
57. Indicó que la mera propiedad de inmuebles, la residencia del núcleo familiar o
la realización de gestiones domésticas en la localidad no satisfacen el requisito
previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, cuyo propósito es garantizar
que quien administre la localidad tenga conocimiento directo del territorio, cercanía
con la comunidad y participación efectiva en la gestión pública local.
57. Concluyó que el Decreto 260 de 2024 incurrió en falsa motivación, pues se
expidió bajo el supuesto de que el designado reunía los requisitos legales de
elegibilidad, cuando en realidad no acreditó un nexo habitual, frecuente y efectivo
con la localidad de Ciudad Bolívar durante los dos años anteriores a su
nombramiento; en consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado.
58. Para finalizar, aclaró que el reproche relativo a la presunta incompatibilidad
derivada del ejercicio previo como alcalde de Pandi no tenía vocación de
prosperidad, porque aquellas suponen la imposibilidad de desempeñar
simultáneamente determinadas funciones o actividades y se configuran con
posterioridad al acto de elección o nombramiento; por esa razón, precisó que el
medio de control de nulidad electoral no es el mecanismo idóneo para examinar su
eventual configuración.
1.8. Recursos de apelación
1.8.1. Demandado
59. Inconforme con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
señor Diego Arley Arenas Manrique, mediante apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia del 4 de septiembre de 202510.
60. Cuestionó la interpretación efectuada por el tribunal de primera instancia
respecto del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, al considerar que la
sentencia realizó una interpretación restrictiva de dicha disposición, pese a que esta
establece supuestos alternativos de cumplimiento, en cuanto exige haber residido
o desempeñado una actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
localidad durante los dos años anteriores al nombramiento. En su criterio, la
providencia incurrió en error al analizar dichas condiciones como si debieran
concurrir simultáneamente.
61. Destacó que el propio fallo reconoció que el interesado habita en la localidad de
Ciudad Bolívar junto a su núcleo familiar y posee bienes inmuebles en ese territorio,
pero posteriormente restó valor a tales elementos al considerar que el ejercicio
previo del cargo de alcalde de Pandi impedía acreditar el requisito de residencia.
10 El fallo de primera instancia fue objeto de solicitud de adición, aclaración y corrección, desatada
por auto de 8 de octubre de 2025. Notificada esa decisión, se interpuso en término el recurso de
alzada.
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62. Sostuvo que el concepto de arraigo territorial no exige una presencia física
permanente o exclusiva en la localidad, sino la existencia de un vínculo real y
efectivo con la comunidad, el cual se encuentra probado por la permanencia de su
centro de vida familiar en Ciudad Bolívar durante varios años.
63. Además, argumentó que el tribunal de primera instancia desconoció la realidad
social de la «movilidad pendular», fenómeno consistente en que una persona puede
residir en un municipio y desarrollar sus actividades laborales en otro, situación
frecuente entre Bogotá y los municipios de su entorno, sin que ello implique la
pérdida del lugar habitual de residencia.
64. Añadió que, durante su ejercicio como alcalde del municipio de Pandi, desarrolló
diversas actividades institucionales en la ciudad de Bogotá, particularmente ante
entidades del orden departamental y nacional, lo cual apunta a que su permanencia
en ese municipio no era constante ni excluyente respecto de su residencia familiar
en la capital.
65. Señaló igualmente que los avances tecnológicos y las modalidades
contemporáneas de gestión administrativa permiten desarrollar funciones de
manera remota o virtual, circunstancia que hacía posible mantener su residencia
familiar en Ciudad Bolívar mientras ejercía sus funciones como alcalde municipal.
66. Invocó la posibilidad de contar con pluralidad de domicilios, prevista en el
Código Civil, razonamiento aplicado por el Consejo de Estado11 y la Corte
Constitucional12, para sostener que el desempeño de un cargo público en otro
municipio no excluye la existencia simultánea de vínculos residenciales en una
localidad distinta.
67. Insistió en que el centro de vida, habitación y convivencia familiar del apelante
ha permanecido en Ciudad Bolívar, donde reside con su compañera permanente y
sus hijos, quienes han cursado estudios de manera continua en el Gimnasio
Obregón desde los años 2020 y 2022, lo cual acredita la permanencia del núcleo
familiar en esa localidad.
68. Igualmente, reprochó la valoración probatoria realizada, al estimar que el
tribunal partió de la premisa según la cual el ejercicio del cargo de alcalde municipal
supone necesariamente la residencia permanente en el municipio correspondiente,
conclusión que carece de sustento normativo.
69. Afirmó que la providencia impugnada desconoció la relevancia de diversas
pruebas aportadas al proceso, entre ellas los certificados de propiedad de
inmuebles, las constancias de convivencia familiar y los documentos relacionados
con la educación de sus hijos, los cuales conducían a la permanencia de su
residencia en Ciudad Bolívar.
70. Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta el concepto emitido por el Ministerio
Público en primera instancia, en el que se concluyó que el demandado sí cumplía
el requisito de arraigo territorial exigido para el cargo, razón por la cual insistió en
que la sentencia apelada debe ser revocada.
11 «Al respecto ver, concepto Sala de Consulta C.E. 1222 de 1999 Consejo de Estado - Sala de
Consulta y Servicio Civil».
12 «Sentencia C-517 de 2007».
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Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
1.8.2. Secretaría de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
71. La Secretaría Distrital de Gobierno, en representación del Distrito Capital,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia13, al
considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuó una
interpretación errónea del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y realizó una
valoración indebida del material probatorio relacionado con el arraigo territorial del
señor Diego Arley Arenas Manrique.
72. Sostuvo que la citada disposición establece supuestos alternativos de
cumplimiento, pues exige haber residido o desempeñado una actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la localidad durante los dos años anteriores al
nombramiento, por lo que, a su juicio, la providencia apelada incurrió en una
interpretación restrictiva al exigir la concurrencia simultánea de tales condiciones.
73. Indicó que el tribunal desconoció la diferencia entre residencia y domicilio civil,
pues la jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional15 ha
precisado que el requisito legal se refiere a la residencia efectiva, entendida como
el lugar donde una persona se encuentra establecida y mantiene sus relaciones
familiares o sociales, y no necesariamente al domicilio en sentido técnico.
74. Afirmó que el arraigo del designado en la localidad de Ciudad Bolívar se
encuentra acreditado mediante diversos elementos probatorios, entre ellos la
residencia de su núcleo familiar en el barrio Madelena, los registros civiles y
certificados educativos que acreditan que sus hijos cursan estudios en el Gimnasio
Obregón, así como los certificados de tradición y libertad que evidencian la
propiedad de inmuebles en ese sector desde varios años atrás.
75. Añadió que también obran en el expediente certificaciones de residencia
expedidas por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y declaraciones de terceros que
dan cuenta de la permanencia del apelante en ese territorio desde años anteriores,
lo cual confirma la existencia de un vínculo estable y permanente con la comunidad
de la localidad.
76. Expuso que el ejercicio del cargo de alcalde del municipio de Pandi entre 2020
y 2023 no desvirtúa dicha residencia, pues el Código Civil admite la posibilidad de
pluralidad de domicilios, de manera que una persona puede desarrollar actividades
laborales en un municipio distinto al lugar donde mantiene su centro de vida familiar
y social.
77. Argumentó que una interpretación rígida de la norma desconocería además el
derecho constitucional a escoger libremente profesión u oficio, previsto en el artículo
26 de la Constitución Política, en la medida en que impediría que un profesional
ejerza sus actividades en un lugar distinto a aquel donde tiene establecida su
residencia.
13 El fallo de primera instancia fue objeto de solicitud de adición, aclaración y corrección, desatada
por auto de 8 de octubre de 2025. Notificada esa decisión, se interpuso en término el recurso de
alzada.
14 No especificó una providencia, solo refirió que se encuentra relacionada en las Resoluciones
04494 de 2024 y 16016 de 2023 del Consejo Nacional Electoral.
15 «Corte Constitucional, sentencia C 112 de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger».
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Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
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Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
78. Reprochó igualmente la valoración probatoria efectuada por el tribunal, al
considerar que la sentencia incurrió en una contradicción lógica, pues reconoció la
existencia de vivienda, familia y vínculos personales del demandado en la localidad,
pero concluyó que su relación con ese territorio era meramente esporádica con
fundamento exclusivo en el ejercicio previo del cargo de alcalde municipal.
79. Finalmente, solicitó aplicar el principio de conservación de los actos
administrativos, según el cual las decisiones de las autoridades deben preservarse
cuando sean aptas para cumplir la finalidad prevista por el ordenamiento jurídico,
razón por la cual pidió revocar la sentencia apelada y mantener la validez del
nombramiento acusado.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
80. Mediante auto del 7 de noviembre de 202516, el magistrado ponente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia; (ii) ordenó a la Secretaría de
la Sección ponerlos a disposición de los demandantes por el término de tres días;
(iii) determinó que, vencido ese plazo, el expediente permaneciera en Secretaría
por otros tres días para la presentación de alegatos de conclusión y (iv) ordenó
correr traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto dentro de los cinco
días siguientes.
1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia17
1.10.1. Parte demandante
81. La accionante Diana Marcela Diago Guaqueta solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, para lo cual sostuvo que se demostró que el designado no residió
ni desarrolló actividades profesionales o comerciales en esa localidad durante los
dos años anteriores al nombramiento, puesto que entre 2020 y 2023 ejerció como
alcalde municipal de Pandi, circunstancia que ubicó en ese municipio su centro de
vida política, laboral y de residencia efectiva durante los años 2022 y 2023.
82. Explicó que dicho cargo exige dedicación plena y exclusiva, lo que resulta
incompatible con la afirmación de una residencia habitual simultánea en la localidad
de Ciudad Bolívar.
83. En ese mismo sentido, respaldó la conclusión del tribunal según la cual el
vínculo del nombrado con la localidad fue meramente familiar, pues la existencia de
parientes o de bienes inmuebles en el sector no satisface el requisito legal de arraigo
16 Confirmado mediante los proveídos del 2 de diciembre de 2025, que resolvió el recurso de
reposición presentado por el demandado, y del 22 de enero de 2026, que decidió el recurso de
súplica. Contra esta última providencia se presentó solicitud de aclaración, la cual fue negada
mediante auto del 5 de febrero del mismo año.
17 No se tendrán en cuenta los alegatos de conclusión presentados por el demandado, aunque fueron
radicados oportunamente, porque actuó en nombre propio sin acreditar la terminación del poder
previamente conferido para su representación judicial. Al respecto, consultar Consejo de Estado,
Sección Quinta, auto de 28 de noviembre de 2024, Rad.: 73001-23-33-000-2023-00464-02, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, y auto de 7 de febrero de 2025, Rad.: 81001-23-39-000-2023-00084-01,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Tampoco serán objeto de análisis las alegaciones obrantes en
SAMAI bajo el consecutivo 00040, presentadas el 23 de febrero de 2026, por fuera del término
respectivo, que transcurrió entre el 17 y el 19 del mismo mes y año, según los informes secretariales
incorporados bajo los consecutivos 00041 y 00043.
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territorial, que exige permanencia y habitualidad con el fin de garantizar el
conocimiento de las necesidades y dinámicas de la gestión local
84. Señaló que no se acreditó el requisito alternativo de desarrollar una actividad
económica en la localidad durante el período exigido, toda vez que el propio
interesado indicó en su hoja de vida que su relación con la empresa
MAXIPEGANTES finalizó el 31 de diciembre de 2019 y que la sociedad Arenas
Company S.A.S. fue matriculada en marzo de 2024, esto es, pocos meses antes
del nombramiento, de manera que las certificaciones de residencia, los títulos de
propiedad y las declaraciones allegadas por la defensa carecen de la entidad
suficiente para desvirtuar la prueba directa derivada del ejercicio de la alcaldía de
Pandi.
85. En vista de lo anterior, solicitó confirmar la sentencia del 4 de septiembre de
2025 al considerar que dicha decisión salvaguarda el principio de legalidad y
garantiza que las alcaldías locales sean ejercidas por personas con una relación
real y efectiva con la comunidad.
1.11. Concepto del Ministerio Público
86. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
87. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de
nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes,
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
88. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la Secretaría de
Gobierno de Bogotá D.C. contra la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B»,
de conformidad con lo establecido en los artículos 15018 y 152 numeral 7.c19 del
CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación,
modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 202420.
2.2. Cuestión previa
18 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…).
19 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento
a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin
pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus
equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital…»
20 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.-
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta. ۛ. La
acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales
(…).
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89. Se advierte que, tras la revisión de las actuaciones surtidas en los procesos
2024-01540-00 y 2024-01627-00, adelantados por los magistrados conductores del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», en el
primero de ellos se fijó el litigio mediante auto del 20 de marzo de 2025;
posteriormente, los expedientes fueron acumulados y, una vez dispuesta dicha
acumulación, mediante providencia del 12 de mayo de 2025 se delimitó el problema
jurídico dentro del trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del
CPACA.
90. Tal proceder resulta contrario a las normas especiales que rigen el contencioso
electoral, toda vez que el artículo 282 del CPACA dispone que la acumulación de
procesos solo procede después de vencido el término para contestar la demanda.
91. En ese orden, se exhortará a la Subsección «B» de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que observe con rigor las reglas
procesales aplicables en los juicios de nulidad electoral.
2.3. Problema jurídico
92. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos planteados en
los recursos de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección «B», el 4 de septiembre de 2025.
93. Para tal efecto, se estudiará el caso concreto, oportunidad en la que se
precisará el alcance que esta sección otorga a los requisitos previstos en el artículo
65 del Decreto Ley 1421 de 199321 y, a partir de ello, se examinarán los argumentos
propuestos en la alzada con el fin de determinar si el demandado satisfizo dichas
exigencias para ser designado alcalde local de Ciudad Bolívar.
2.4. Caso concreto
94. La Sala observa que los recursos de apelación se sustentan, de una parte, en
que el tribunal de primera instancia habría efectuado una indebida valoración del
material probatorio, al desconocer los documentos y declaraciones que, según los
recurrentes, acreditan la residencia del demandado en la localidad de Ciudad
Bolívar y los vínculos familiares, sociales y patrimoniales que mantiene en ese
territorio.
95. De otra parte, cuestionan la interpretación realizada respecto del artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993, al estimar que la sentencia apelada asumió de manera
restrictiva el requisito de arraigo territorial al considerar que el ejercicio del cargo de
alcalde municipal de Pandi implicaba una dedicación exclusiva incompatible con la
residencia en Ciudad Bolívar y que el vínculo acreditado en esta última era
meramente familiar, pese a que dicha disposición permite demostrar el requisito
mediante la residencia o el desempeño de actividades en la respectiva localidad.
96. En ese contexto, se determinará si el hecho de que el demandado se hubiera
desempeñado como primera autoridad en Pandi (Cundinamarca) durante el período
21 Modificado por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021.
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2020-2023, antes de su posterior designación impide tener por acreditado el
requisito de residencia o de desempeño de actividades en esa localidad durante los
dos años anteriores al nombramiento, en los términos de la aludida norma.
97. El artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 7 de la
Ley 2116 de 2021 establece:
Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para ser elegido edil o
nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o
desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la
elección o del nombramiento.
Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos
descritos en el numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.
98. De la lectura de la disposición transcrita se desprende que, para ser designado
alcalde local, deben acreditarse las siguientes exigencias:
(i) Ser ciudadano en ejercicio, lo que implica el goce de los derechos políticos.
(ii) Acreditar un vínculo con la respectiva localidad, el cual la norma permite
demostrar de manera alternativa mediante la residencia en ella o el desempeño de
una actividad profesional, industrial, comercial o laboral dentro de su ámbito
territorial.
(iii) Demostrar que dicho vínculo se mantuvo al menos durante los dos años
anteriores al nombramiento.
(iv) Cumplir los requisitos de formación y experiencia previstos para los empleos del
nivel directivo, conforme al numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de
2005.
(v) No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 66 del
Decreto Ley 1421 de 1993, aplicables a quienes aspiren a integrar las juntas
administradoras locales y extensivas al cargo de alcalde local.
99. Frente a la finalidad que tuvo el legislador extraordinario al establecer estas
exigencias, esta Sala22, en anterior oportunidad, identificó las razones que
justificaron su consagración normativa, así:
i) El conocimiento de las realidades de la localidad por parte de los alcaldes locales,
ii) la proximidad de la gestión pública de estos funcionarios a la ciudadanía, iii) la
planeación como elemento a tener en cuenta por los burgomaestres en el nivel local,
el cual, debe ser coordinado con el propuesto por el alcalde (a) mayor, iv) el control
social de la ciudadanía sobre los recursos y, v) la democratización de los territorios
de acuerdo a las particularidades de cada localidad.
100. En esa misma línea, la providencia en cita explicó que tales requisitos se
insertan en el diseño institucional previsto por el Decreto Ley 1421 de 1993,
mediante el cual se estableció el régimen especial del Distrito Capital y se configuró
la institución de los alcaldes locales como autoridades encargadas de coordinar la
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de
diciembre de 2023, rad.: 25000-23-41-000-2021-00774-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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gestión administrativa en el territorio, promover la participación ciudadana, intervenir
en los procesos de planeación local y ejecutar las políticas públicas y los recursos
asignados a la respectiva localidad.
101. De ahí que la obligación de residencia o de desempeño de actividades en la
localidad no responda a una razón meramente formal, sino a la necesidad de que
quien ejerza dicho cargo cuente con un conocimiento real del territorio y de sus
dinámicas sociales, lo que permite garantizar una gestión pública cercana a la
ciudadanía y acorde con las necesidades propias de cada localidad.
102. Ahora bien, en torno al marco normativo para la vinculación de alcaldes locales
del Distrito Capital, no se establece una definición puntual de lo que debe
entenderse por «haber residido o desempeñado alguna actividad». Frente a lo
primero, el artículo 1.° del Decreto 1350 de 200523 dispone:
En cumplimiento de los principios de la función pública previstos en el artículo 209 de
la Constitución Política, el presente decreto reglamenta el proceso de la
integración de las ternas para el nombramiento de los Alcaldes Locales en el
Distrito Capital, con el fin de que este responda al criterio de mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional de los aspirantes y que permita la
participación de los ciudadanos que habitan en cada una de las localidades, al
tenor del numeral 2 del artículo 2º y del Título VIII de la Ley 909 de 2004 y de los
artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de la autonomía de las Juntas
Administradoras Locales.
103. A la luz de la disposición transcrita, se avizora que el Decreto 1350 de 2005,
al reglamentar el proceso de integración de las ternas para el nombramiento de
alcaldes locales, parte del propósito de garantizar «la participación de los
ciudadanos que habitan» en cada localidad dentro de dicho procedimiento.
104. Esta orientación debe interpretarse de conformidad con la finalidad del Decreto
Ley 1421 de 1993, en cuanto busca que quien resulte designado cuente con
cercanía y conocimiento de las dinámicas sociales del territorio, de modo que pueda
atender de manera adecuada las necesidades de la comunidad, en particular si se
tiene en cuenta la naturaleza de las funciones administrativas, de planeación y de
coordinación que corresponden a estas autoridades en el ámbito local.
105. De modo que, para ser ternado por las juntas administradoras locales y
posteriormente designado como primera autoridad de la respectiva localidad, el
aspirante debe acreditar una relación efectiva con ese territorio, la cual puede
demostrarse mediante la residencia en él o mediante el desarrollo de alguna de las
actividades previstas en la ley dentro de su ámbito territorial.
106. Sobre el alcance de estos presupuestos, esta Sección precisó su contenido en
sentencia del 14 de diciembre de 202324, en la cual explicó el significado de los
conceptos de residencia y de desempeño de actividades previstos en el artículo 65
del Decreto Ley 1421 de 1993.
107. En dicha providencia se indicó que la expresión «haber residido» debe
entenderse en un sentido material y no meramente formal, de manera que se
23 «Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 84 y 102 del Decreto-ley 1421 de 1993, en
lo que tiene que ver con el proceso de integración de ternas para la designación de los Alcaldes y el
nombramiento de los Personeros Locales».
24 Id. nota al pie 18.
15
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Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
relaciona con la circunstancia de habitar efectivamente en el territorio. Ello supone
una permanencia real y un vínculo con el entorno social que permita al aspirante
conocer las necesidades, oportunidades y dinámicas propias del lugar.
108. También, se advirtió que la sola titularidad de bienes en la zona no satisface
dicha condición, pues «no se entiende adscrita exclusivamente al hecho de poseer
propiedades en la zona correspondiente», en la medida en que tal circunstancia «no
constituye por sí sola el sustrato material del concepto de residencia, ya que no
implica estar de asiento en la localidad».
109. Asimismo, se precisó que la expresión «durante los dos años anteriores»
implica que la residencia o la actividad desarrollada debe presentar carácter
simultáneo, subsistente y habitual en ese lapso, lo que excluye actuaciones
esporádicas, episódicas o coyunturales, incapaces de evidenciar una relación
constante con el territorio.
110. En cuanto al supuesto alternativo consistente en haber ejercido una actividad
profesional, industrial, comercial o laboral, se señaló que dicho concepto debe
entenderse en un sentido amplio, comprensivo del ejercicio de cualquier profesión
u oficio lícito; sin embargo, para que tal circunstancia satisfaga la exigencia legal,
es necesario demostrar que se desarrolló con continuidad dentro del ámbito
territorial, de modo que revele una relación efectiva con la comunidad y con sus
dinámicas sociales.
111. A su turno, esta Corporación25 precisó recientemente que, para examinar la
legalidad de esta clase de actos, deben valorarse los documentos aportados al
momento de la inscripción, pues es allí cuando se verifica si el aspirante reúne los
requisitos y a partir de esa información se conforma la terna y se produce la
designación.
112. Con fundamento en los anteriores criterios, esta Judicatura examinará si en el
presente asunto el señor Diego Arley Arenas Manrique acreditó el requisito previsto
en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
113. Cabe precisar que la exigencia de haber residido o desempeñado alguna
actividad en la localidad debe contabilizarse durante los dos años anteriores a la
inscripción en el proceso de conformación de la terna, y no desde la fecha del
nombramiento26.
114. En el presente asunto, en sede de apelación no se discute la fecha de la
inscripción, la cual se tendrá por realizada el 9 de mayo de 2024, según se acredita
con el correo electrónico remitido por el demandado a la Junta Administradora Local
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de
octubre de 2025, rad.: 25000-23-41-000-2024-01526-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de
diciembre de 2013, rad: 25000-23-41-000-2012-00346-01, M.P. Susana Buitrago Valencia, en la que
se dispuso: «Lo dicho conduce a señalar que si bien parece que el Decreto N.° 1421 de 1993 prevé
que el vínculo con una localidad debe acreditarse para el nombramiento, lo cierto es que las demás
normas que regulan la designación de alcaldes locales exigen que el requisito se cumpla al momento
de la inscripción con el fin de que el aspirante a ser incluido en la terna pueda continuar en el proceso
meritocrático, oportunidad que considera la Sala, es la pertinente para demostrar que se reúne tal
requisito atendiendo las sanciones que acarrea su ausencia al momento de la inscripción». Postura
reiterada en sentencias del 9 de septiembre de 2021, rad.: 25000-23-41-000-2020-00347-02, M.P.
Rocío Araújo Oñate y del 14 de diciembre de 2023, rad.: 25000-23-41-000-2021-00774-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
16
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Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
de Ciudad Bolívar en esa misma fecha.
115. Además, de los documentos que reposan en el expediente se denota que los
soportes allegados con esa comunicación fueron examinados por la Junta
Administradora Local de Ciudad Bolívar, es más, esas piezas fueron aportadas por
la Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C., con la indicación de que correspondían
a las «certificaciones y documentos aportados por el señor Diego Arley Arenas
Manrique al proceso de integración de ternas para la designación de alcaldes
locales en Bogotá D.C., de los cuales se desprende el cumplimiento del requisito
exigido en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993».
116. Adicionalmente, con la contestación de la demanda, esa secretaría sostuvo
que Arenas Manrique participó «con la inscripción 19002», en ese proceso, como
se evidencia a continuación:
117. De otra parte, como quedó expuesto, el requisito previsto en la norma citada
puede acreditarse mediante cualquiera de las dos alternativas allí previstas, esto
es, haber residido en la respectiva localidad o ejercido una actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en ella durante el período señalado.
118. Por consiguiente, la Sala examinará en primer lugar si se encuentra
demostrada la residencia y, de acreditarse, se tendrá por satisfecho dicho
presupuesto, lo que conduciría a revocar la sentencia de primera instancia. No
obstante, como la segunda hipótesis prevista en la norma también fue objeto de
controversia en la alzada, se hará pronunciamiento sobre ella, con el fin de resolver
todos los argumentos planteados en los recursos de apelación.
119. A partir de las pruebas que obran en el expediente y que hicieron parte de la
actuación objeto de análisis27, se tiene acreditado lo siguiente:
27 Los documentos fueron aportados por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, D. C., al contestar la
demanda dentro del proceso 2024-01627.
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www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
120. En primer lugar, se encuentra el formato único de hoja de vida del SIDEAP,
actualizado el 19 de marzo de 2024, del cual se desprende la trayectoria académica
y profesional del señor Diego Arley Arenas Manrique, así como los respectivos
soportes allegados.
121. No obstante, la Sala no se detendrá en el examen de la formación académica,
toda vez que la realización de esos estudios se ubica por fuera del período relevante
para este asunto. En cuanto a la experiencia laboral allí registrada, su análisis se
abordará a partir de la documentación específica que la respalda.
122. En segundo lugar, figura la certificación expedida por la Secretaría General y
de Gobierno del municipio de Pandi, en la que se hace constar que el señor Diego
Arley Arenas Manrique ejerció el cargo de alcalde de ese ente territorial entre el 1.°
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
123. De esa documental se desprende que, por razón del cargo, el demandado
debía prestar sus servicios en el municipio de Pandi y atender allí las funciones
inherentes a esa investidura; sin embargo, por sí sola, no permite establecer si su
residencia se encontraba en ese ente territorial o en Bogotá.
124. Ahora bien, aunque en la contestación de la demanda se allegaron
certificaciones de permanencia expedidas por la Secretaría de Gobierno de
Cundinamarca, correspondientes a varios meses de los años 2022 y 2023, y sobre
ellas se edificaron algunos de los reparos formulados en la apelación, lo cierto es
que dichos documentos no pueden ser valorados en esta oportunidad, pues no
hicieron parte del trámite administrativo previo a la designación.
125. Basta recordar que el control de legalidad de actos de esta naturaleza debe
efectuarse con base en los soportes allegados al momento de la inscripción, pues
es en esa oportunidad cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos del
aspirante y, a partir de ese insumo, se conforma la terna y se adopta la
designación28.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de octubre de 2025, rad. 25000-23-41-000-
2024-01526-02, cit.
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Demandantes: Diana Marcela Diago Guaquetá y otro
Demandado: Diego Arley Arenas Manrique,
alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
Rad: 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Ppal.)
126. Igual determinación se impone respecto de las declaraciones extrajuicio
rendidas por el demandado y su compañera y los señores Miguel Ángel Peña
Arévalo y Sergio Eulises Páez Villalba, dado que tales elementos tampoco
integraron el soporte documental examinado dentro del procedimiento de
conformación de la terna.
127. En tercer lugar, se allegó el certificado de tradición y libertad expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, correspondiente
a la matrícula inmobiliaria 50S-548721, del 8 de mayo de 2024, en el que consta
que el señor Diego Arley Arenas Manrique adquirió el inmueble ubicado en la Calle
59 Sur No. 64-45, Conjunto Urapanes, barrio Madelena, mediante la anotación No.
026, registrada el 3 de agosto de 2016, con fundamento en la escritura pública No.
12752 del 15 de julio de 2016, otorgada en la Notaría Veintinueve de Bogotá D. C 29.
128. En cuarto lugar, para acreditar su residencia en ese inmueble, se allegó
«declaración juramentada de residencia» suscrita el 9 de mayo de 2024 por el
demandado, en la que afirmó: «vivo en el Barrio Madelena desde el año 2008 fecha
en la que estaba estudiando en la Universidad Distrital sede Candelaria la Nueva
Ciudad Bolívar teniendo como último domicilio la Calle 59 sur No. 64-45 como lo
certifiqué en el documento expedido el 21/02/2024 por la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar, teniendo este domicilio ya que mi compañera sentimental trabaja en Bogotá,
mis hijos estudian en madalena y yo ejerzo mi actividad comercial en Bogotá desde
el año 2004». (transcripción original).
129. Asimismo, con ese escrito se hizo referencia a un certificado laboral de su
«compañera sentimental», correspondiente a una vinculación de la señora Fanny
Milena Castillo López como instrumentadora con el Hospital Universitario de San
Ignacio de Bogotá D.C.
130. En quinto lugar, en relación con esa misma ubicación, se allegó la certificación
expedida por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar el 21 de febrero de 2024, en la que
se dejó constancia de que Arenas Manrique residía en el referenciado inmueble
situado dentro de la jurisdicción de esa localidad.
29 Esa dirección será posteriormente relacionada con la localidad de Ciudad Bolívar a partir de las
demás pruebas obrantes en el expediente relacionadas con la inscripción del demandado,
especialmente la certificación de la correspondiente alcaldía local (consideración 130).
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alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
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131. En sexto lugar, se allegó certificación del 8 de mayo de 2024, suscrita por René
León, Luis Domínguez y Raúl Rodríguez, debidamente identificados y con
información de contacto, en la que se dejó constancia de que el demandado reside
en ese inmueble «con su esposa e hijos vive en la calle 59 sur No 64-45 del Barrio
Madelena conjunto los Urapanes desde abril de 2016, y que es quien cancela los
servicios de celaduría y a la fecha se encuentra al día». (Transcripción original).
132. En séptimo lugar, se arrimaron los registros civiles de nacimiento de los hijos
del señor Diego Arley Arenas Manrique y de la señora Fanny Milena Castillo López.
133. En octavo lugar, obra certificación expedida por rector de la Institución
Educativa Gimnasio Obregón, en la que se hace constar que los menores cursaron
y aprobaron los correspondientes grados; el primero, durante los años lectivos 2020
a 2023, y el segundo, en los años 2022 y 2023.
134. Dicho documento, además, permite advertir que esa institución educativa se
encuentra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, como allí se indica.
135. En este punto, la Sala recuerda que las pruebas deben valorarse en conjunto
y conforme a las reglas de la sana crítica, como lo dispone el artículo 176 del CGP:
Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
136. Por ende, su examen no puede hacerse de forma aislada, sino a partir de una
lectura integral del material probatorio obrante en el expediente. Así, el mérito de
cada prueba no depende solo de su contenido, sino también de su relación con las
demás. Por ello, corresponde al juez valorar razonadamente el conjunto de los
elementos de juicio y definir el alcance de cada uno dentro del proceso.
137. A partir de lo anterior, se avizora que en el expediente obran varios elementos
entrelazados que apuntan a la residencia del demandado en el inmueble ubicado
en la Calle 59 Sur No. 64-45, Conjunto Urapanes, barrio Madelena, veamos:
137.1. El certificado de tradición y libertad acredita la titularidad del bien y permite
identificar con precisión la dirección objeto de análisis.
137.2. La declaración de residencia suscrita por el demandado el 9 de mayo de 2024
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da cuenta de que afirmó vivir en ese lugar desde 2008 y que lo señaló como su
último domicilio.
137.3. La certificación expedida por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no solo
coincide con la dirección ya reseñada, sino que hace constar que el inmueble se
ubica dentro de la jurisdicción de esa localidad y que el señor Arenas Manrique
residía allí para el momento en que se expidió ese documento.
137.4. La constancia suscrita por René León, Luis Domínguez y Raúl Rodríguez
corrobora la permanencia del demandado en ese inmueble desde abril de 2016 y
da cuenta de que habita allí con su esposa e hijos.
137.5. Lo anterior guarda correspondencia con los registros civiles de nacimiento de
los menores, a partir de los cuales se verifica que el demandado y la señora Fanny
Milena Castillo López son sus padres y que aquellos estudian en el sector.
138. Valorados en conjunto, esos elementos muestran una secuencia coincidente
en torno a la residencia alegada por el demandado en ese inmueble, es más, esos
elementos permiten concluir que el demandado mantenía un vínculo material y
comprobable con ese inmueble situado en la localidad de Ciudad Bolívar y que
correspondía al que reportó como residencia al momento de su inscripción.
139. Tal conclusión no se desvirtúa por el solo hecho de que hubiera ejercido el
cargo de alcalde del municipio de Pandi entre 2020 y 2023, pues esa circunstancia,
por sí misma, no descarta el vínculo real, material y estable con la localidad. En ese
sentido, la titularidad del bien no aparece como un dato puramente registral, sino
acompañada de otros elementos concordantes, como la certificación oficial de
residencia en esa dirección, la constancia de permanencia suscrita por terceros,
que aparentemente son las personas que están a cargo de los servicios de celaduría
o que tienen relación con ello, por la información que suministraron.
140. Así, valorado en conjunto el material probatorio allegado con la inscripción la
Sala encuentra acreditada el vínculo real, estable y material en la localidad de
Ciudad Bolívar.
141. En este orden de ideas, la exigencia consistente en «haber residido» en la
respectiva localidad durante los dos años anteriores a la vinculación no puede
entenderse como la permanencia física ininterrumpida de la persona en ese
territorio, ni como la imposibilidad de desplazarse temporalmente a otro lugar por
razones laborales o de otra índole. Lo que la norma contempla es la acreditación de
una residencia efectiva, esto es, de un vínculo real, estable y material con la
localidad dentro del período legalmente exigido.
142. Desde esa perspectiva, el hecho de que el demandado hubiera ejercido
temporalmente el cargo de alcalde en otro municipio no conduce, por sí solo, a
descartar el nexo con la localidad, pues una cosa es el cumplimiento de las
funciones propias del cargo y otra, distinta, la conservación del lugar donde se
mantiene de manera habitual el centro de vida personal o familiar. Solo por esa
circunstancia no puede afirmarse, sin más, la ruptura del vínculo material exigido
por el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
143. Se recuerda que las interpretaciones en torno a las limitaciones al derecho de
acceso a cargos públicos deben orientarse por un criterio no restrictivo frente al
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elegido, en cuanto comportan una restricción al ejercicio de un derecho político, de
conformidad con los principios pro homine y pro libertate.
144. Esta conclusión armoniza con lo previsto en el artículo 83 del Código Civil 30,
en cuanto admite la posibilidad de pluralidad de residencias o domicilios, de modo
que el ejercicio de funciones públicas en un municipio distinto no excluye, por sí
solo, la conservación de la residencia en otro lugar.
145. En tales condiciones, el desempeño del cargo de alcalde de Pandi no basta
para descartar que el demandado hubiera mantenido un vínculo material, real y
estable con Ciudad Bolívar durante el período relevante.
146. En consecuencia, la Sala tiene por acreditado que el señor Diego Arley Arenas
Manrique mantuvo un vínculo con la localidad de Ciudad Bolívar durante el período
comprendido entre el 10 de mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2024, por lo que se
satisface el requisito previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 por la
vía de la residencia.
147. En lo que respecta a la segunda hipótesis prevista en la norma, esto es, haber
ejercido una actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva
localidad durante los dos años anteriores a la inscripción en el proceso, se colige
que no existe sustento fáctico para tenerla por acreditada dentro del período
comprendido entre el 10 de mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2024.
148. En efecto, la certificación relacionada con MAXIPEGANTES no resulta apta
para demostrar el cumplimiento de esa exigencia, pues tan solo acredita la
existencia del establecimiento y la condición de propietario del señor Diego Arley
Arenas Manrique, sin que de su contenido se desprenda el desarrollo efectivo de
actividad comercial alguna dentro del período relevante.
30 «Cuando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo,
circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se
trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será
para tales casos el domicilio civil del individuo».
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149. En relación con esa empresa, también se allegó certificación laboral en la que
consta que el demandado prestó sus servicios como gerente general entre el 8 de
enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2019, pero ese documento no puede ser
tenido en cuenta para el análisis del caso, dado que el período allí referido es ajeno
al lapso relevante.
150. Por su parte, el documento de existencia y representación legal de Arenas
Company S.A.S. da cuenta de que dicha sociedad fue matriculada el 5 de marzo de
2024, es decir, dentro del lapso examinado y poco antes de la inscripción. Sin
embargo, esa sola circunstancia no basta para entender satisfecho el requisito legal,
pues en el expediente no obran pruebas que acrediten actos concretos de comercio,
gestión empresarial o actividad material desarrollada por dicha sociedad en la
localidad durante el término exigido, ni elementos específicos que permitan
establecer de qué manera intervino el demandado en tales actuaciones.
151. De cualquier modo, esas documentales relacionadas con las sociedades
MAXIPEGANTES y legal de Arenas Company S.A.S no apuntan a que estas
tuvieran presencia en Ciudad Bolívar.
152. En esas condiciones, no es posible concluir que el señor Diego Arley Arenas
Manrique hubiera ejercido de manera efectiva, habitual y verificable una actividad
profesional, industrial, comercial o laboral en la localidad de Ciudad Bolívar dentro
del período comprendido entre el 10 de mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2024.
153. Con todo, esa insuficiencia probatoria no altera la conclusión previamente
alcanzada, puesto que, como ya se explicó, el requisito previsto en el artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993 se satisface de forma alternativa y, en el presente asunto,
quedó demostrada la residencia del demandado en la localidad, circunstancia
suficiente para tener por cumplida dicha exigencia legal.
154. En este orden de ideas, la Sala concluye que la sentencia de primera instancia
valoró de manera restrictiva el requisito previsto en el artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993 y, por esa vía, arribó a una conclusión que no se acompasa con el
material probatorio obrante en el expediente. En efecto, los documentos allegados
al trámite administrativo y valorables en esta sede permiten tener por acreditado
que el demandado mantuvo su residencia en la localidad de Ciudad Bolívar durante
el período comprendido entre el 10 de mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2024, sin
que el ejercicio del cargo de alcalde del municipio de Pandi desvirtúe, por sí solo,
esa realidad material.
155. Por último, el demandado solicitó en su recurso de apelación que se acogieran
los argumentos expuestos por el Ministerio Público en primera instancia. Al
respecto, basta señalar que, si bien conforme al artículo 303 del CPACA esa entidad
puede intervenir en todos los procesos como sujeto procesal especial, sus
apreciaciones no resultan vinculantes para el juez, quien, de conformidad con el
artículo 230 de la Constitución Política, debe decidir con fundamento en el
ordenamiento jurídico y en los supuestos fácticos debidamente acreditados en el
expediente.
156. De otra parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C. invocó el principio de
conservación del acto administrativo, al estimar que el nombramiento debía
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alcalde local de Ciudad Bolívar (Bogotá D.C.)
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preservarse por resultar apto para cumplir la finalidad prevista por el ordenamiento.
Sobre el particular, esa tesis no altera el análisis de legalidad que corresponde
efectuar en esta sede, pues el control judicial no se orienta por la conveniencia o
utilidad del acto acusado, sino por la verificación de su conformidad con las normas
preexistentes que rigen la materia y con el principio de legalidad.
157. En consecuencia, se impone revocar la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, por cuanto quedó demostrado que el
señor Diego Arley Arenas Manrique satisfizo el requisito previsto en el artículo 65
del Decreto Ley 1421 de 1993 para ser designado alcalde local de Ciudad Bolívar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
3. FALLA:
PRIMERO: Revócase la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección «B» de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 1.° numeral 2 del
Decreto 260 del 29 de julio de 2024, por medio del cual se nombró al señor Diego
Arley Arenas Manrique como alcalde local de Ciudad Bolívar. En su lugar, niéganse
las pretensiones de las demandas, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Exhórtase a la Subsección «B» de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que en lo sucesivo observen con el debido
rigor las reglas procesales aplicables a los juicios de nulidad electoral,
especialmente lo regulado en el artículo 282 del CPACA.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
24
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