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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01672-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01672-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia de 23 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró la nulidad de la elección de Leidi Marcela Pinilla Pinilla, conforme las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2025-01672-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01
Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local de Usme, (Bogotá
D.C.)

Tema: Artículo 651 Decreto Ley 1421 de 1993 - desempeño de actividad
profesional como requisito para ser alcalde local.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos2 por la demandada y la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., contra la sentencia del 23 de abril de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que anuló la designación de
la acusada, como alcaldesa local de Usme, Bogotá, D.C., de conformidad con los artículos 150
y 152.7 literal c)3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, el CPACA) y 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20194 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Diana Marcela Diago Guaqueta demandó5 la nulidad del Decreto nro. 452 de 23 de
septiembre de 2025, mediante el cual el alcalde Mayor de Bogotá nombró a Leidi Marcela
Pinilla Pinilla como alcaldesa de la localidad de Usme, en síntesis, al concluir que incumple
con la exigencia de acreditar su residencia o el desempeño de actividad profesional o laboral
en la respectiva localidad durante los dos años anteriores a su designación, como lo impone
el Decreto Ley 1421 de 19936.

2. Para tal efecto, afirmó que, de la documentación aportada por la accionada al proceso
de selección, se evidencia que, en los contratos celebrados por la demandada con el Ministerio
del Trabajo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para los años
2018, 2022, 2023 y 2024, declaró que su domicilio se encuentra ubicado en la localidad de

1 Modificado por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021.
2 En escritos independientes.
3 «COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales administrativos

conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: c)
De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los
de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus
equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital […]».
4 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5 Nulidad electoral, artículo 139 del CPACA. Demanda del 16 de octubre de 2025.
6 «Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá». Como fundamento de su dicho,

señaló como vulnerados los artículos 65 y 84 del citado decreto ley.

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

Fontibón. Además, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, su lugar de
votación es en Sutamarchán (Boyacá).

3. Sumado a lo anterior, se refirió a la certificación, aportada por la accionada, suscrita por
la representante legal de la Corporación Solidaridad y Trabajo7, para resaltar que fue «tachada
de falsa por varios ciudadanos» y objeto de cuestionamientos de concejales de Bogotá8,
debido a que su ejecución coincide en el tiempo con los contratos celebrados con el Ministerio
del Trabajo9.

4. Agregó que, en la declaración de bienes y rentas de enero de 2024, la alcaldesa
demandada manifestó no poseer actividades económicas de carácter privado para la época,
que según las planillas de liquidación de aportes a seguridad social se domicilia en la localidad
de Fontibón y, además, en hojas de vida anteriores no registró su vinculación con la
Corporación Solidaridad y Trabajo.

5. Finalmente, destacó que la Secretaría Distrital de Gobierno alertó sobre las anomalías
documentales y solicitó la reconsideración de la terna remitida por la Junta Administradora
Local de Usme; no obstante, la administración distrital decidió omitir dichas advertencias y se
nombró a una persona que no cumple con las exigencias legales requeridas para ser alcalde
local en Bogotá; por tanto, se incurrió en la causal de nulidad electoral del numeral 5 del artículo
275 del CPACA.

6. Por último, advirtió que las certificaciones presentadas por la demandada resultan
insuficientes para demostrar su arraigo con la localidad en la que fue designada, en los
términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado10, según el cual, el requisito de residencia
o vinculo, con el correspondiente territorio, previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de
1993, debe ser real, habitual, próximo y verificable.

B. Posición de la parte demandada e intervinientes en primera instancia

7. La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá11 solicitó que se nieguen
las pretensiones de la demanda al considerar que, contrario al dicho de la demandante, el lugar
de votación (Sutamarchán, Boyacá) o la recepción de correspondencia en Fontibón resultan
insuficientes para desvirtuar el requisito exigido por el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de
1993, ya que legalmente es permitida la pluralidad de domicilios y no se restringe el desarrollo
de actividades laborales a una única jurisdicción.

8. Sumado a lo anterior, señaló que la Secretaría Distrital de Gobierno constató que la
designada con la certificación expedida por la Corporación Solidaridad y Trabajo, domiciliada
en Usme, acreditó su vínculo con dicha localidad, con ocasión de su labor como asesora
legal desde el 5 de enero de 2020, la cual goza de plena validez probatoria, conforme a los
artículos 257 y 260 del Código General del Proceso.

7 De acuerdo con las certificaciones los periodos laborados transcurrieron entre el 4 de febrero de 2022 y 31 de diciembre de

2023; y 2 de enero de 2024 sin fecha de retiro.
8 Que no individualizó.
9 Del 17 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023; y entre el 2 de febrero de 2024 hasta el 18 de septiembre de

2024.
10 Al respecto, citó Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de Diciembre de 2023.Radicado núm. 25000-23-41-

000-2021-00774-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
11 Índices 23 Samai, primera instancia. Mediante apoderado judicial.

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

9. Finalmente, la entidad precisó que, pese a las observaciones ciudadanas formuladas,
las etapas de revisión transcurrieron con apego al debido proceso y no arrojaron pruebas para
tachar de falso el documento o advertir un incumplimiento normativo, razón por la cual, ante la
ausencia de elementos probatorios sobre posibles «inhabilidades», el alcalde mayor ejerció
sus facultades constitucionales para expedir el decreto demandado. Por tanto, la Secretaría
de Gobierno Distrital concluyó que la actora no desvirtúa la presunción de legalidad del acto
acusado.

10. Por su parte, Leidi Marcela Pinilla Pinilla12 defendió la legalidad de su nombramiento.
Explicó que la ubicación de su domicilio electoral en el municipio de Sutamarchán o de su
residencia en otra zona de Bogotá resulta jurídicamente irrelevante para resolver la presente
controversia porque, como lo probó en el proceso de selección, atiende la exigencia del artículo
65 del Decreto Ley 1421 de 1993, con el ejerció de su actividad profesional en la localidad de
Usme.

11. Precisó que la ejecución simultánea de contratos no genera «inconsistencia» alguna,
por el contrario, debe tenerse en consideración que la abogacía, como profesión liberal,
permite prestar sus servicios y asesorías en los sectores público y privado, sin que legalmente
se establezca el deber de exclusividad para los contratistas de prestación de servicios.

12. Luego, con fundamento en el Decreto 1083 de 201513 y en concepto del Departamento
Administrativo de la Función Pública14, destacó que cuando de probar la experiencia se trata
no hay lugar a la contabilización de tiempos de servicio simultáneos, por tanto, en otras
oportunidades, relacionó, únicamente, la documentación necesaria para sumar el tiempo
exigido en el cargo y no aquella que se ejecutara en el mismo lapso, lo cual no configura
falsedad alguna, sino que obedece a la estricta aplicación normativa.

13. Finalmente, rechazó la imposición judicial de requisitos probatorios extralegales, tales
como la exigencia de informes de gestión para demostrar el servicio en el sector privado, pues,
en su criterio, el ordenamiento jurídico requiere la presentación de certificación laboral con
funciones específicas.

12
En nombre propio.
13 «Artículo 2.2.2.3.8. Certificación de experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias

expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante
declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. tiempo de servicio.
3. relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará una sola vez».
14 Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto 108841 de 2020: «En cuanto a los requisitos para ser

nombrado alcalde local, la misma disposición normativa, estableció que se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido
o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante
los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento. De conformidad con lo anterior, se tiene que el referido
Decreto fue claro al definir los requisitos que se deben reunir para ser alcalde local, es decir el candidato al referido cargo,
deberá acreditar la residencia o el desempeño de alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva
localidad por lo menos dos años antes de la elección y nombramiento. A la luz de lo anterior, es necesario afirmar que los
requisitos antes señalados, además de ser claros, son inmodificables y deben ser cumplidos en su totalidad por quien aspire
a desempeñar el cargo de alcalde local».

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

14. Por consiguiente, advirtió que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado15, el juez de lo electoral se debe limitar a verificar la legalidad del acto a partir de los
documentos aportados con la inscripción del aspirante a la alcaldía local, sin margen para
invalidar la designación con juicios de conveniencia o requerimientos ajenos a la ley, esto en
procura de salvaguardar la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.

C. Sentencia recurrida16

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, anuló17 la
designación de Leidi Marcela Pinilla Pinilla como alcaldesa local de Usme, al concluir que «no
logró acreditar con suficiencia el requisito de arraigo».

16. Para fundar su decisión, el tribunal explicó que para ser alcalde local se requiere18 ser
ciudadano en ejercicio, haber residido o desempeñado alguna actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad, por lo menos, durante los dos
años anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura (en este caso ocurrió el 13 de
septiembre de 2024). Además, en sede judicial, el análisis del cumplimiento de estas
exigencias requiere de la valoración de los documentos aportados en el proceso
administrativo19.

17. Expuso que la demandada pretendió acreditar el arraigo con el desempeño de actividad
profesional de abogada en la localidad de Usme. En consecuencia, residir en la localidad de
Fontibón o tener su inscripción electoral en Sutamarchán (Boyacá), en su criterio, resulta
irrelevante y «no es objeto de debate».

18. Acto seguido, explicó, con sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado20, que
la exigencia de residir o desempeñar una actividad profesional en la respectiva localidad
procura porque «quien ejerza dicho cargo cuente con un conocimiento real del territorio y de
sus dinámicas sociales, lo que permite garantizar una gestión pública cercana a la ciudadanía
y acorde con las necesidades propias de cada localidad».

19. Por lo anterior, indicó que, de acuerdo con la «interpretación histórica y sistemática del
artículo 65 ejusdem realizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, […] la residencia
o el desempeño de actividades en la respectiva localidad: «i) deben ser habituales, ii) no
esporádicos ni lejanos al ciudadano del respectivo territorio, iii) próximos al residente de la
localidad y, iv) frecuentes al administrado y a sus necesidades, durante los dos años anteriores
a la inscripción».

15 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 9 de octubre de 2025, radicado 25000-23-

41-000-2024-01526-02.
16 En el trámite de primera instancia, se dieron las siguientes actuaciones: el 20 de noviembre de 2025 se admitió la demanda

y se negó la suspensión provisional del acto demandado (índice 17). El 5 de febrero de 2026 se profirió auto que ordenó el
trámite de sentencia anticipada (índice 28), en el que se fijó el litigio en los siguientes términos: «[S]e deberá establecer si
debe declararse la nulidad del Decreto 452 del 23 de septiembre de 2025 mediante el cual el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos
Fernando Galán Pachón nombró a la señora Leidi Marcela Pinilla Pinilla como Alcaldesa Local Código 030 Grado 05 de la
Alcaldía Local de Usme, al presuntamente incumplir lo contemplado en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado
por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021».
17 Índice 42 Samai, primera instancia. El 23 de abril de 2026.
18 En los términos del artículo 65 Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021.
19 Afirmación que apoyó en providencia del Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de marzo de 2026. Rad.

25000-23-41-000-2024-01540-01 (Principal). MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de marzo de 2026. Rad. 25000-23-41-000-2024-01540-01 (Principal).

MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

20. Enseguida se refirió a la certificación expedida por la Corporación Solidaridad y Trabajo,
según la cual la demandada está vinculada laboralmente desde el 5 de enero de 2020 «hasta
la fecha actual»21 como asesora jurídica y las funciones asignadas.

21. De la valoración de dicha prueba, dado que el tribunal concluyó que carecía de fecha
de expedición, durante el trámite judicial, la JAL de Usme solicitó su aclaración y, como
respuesta, la corporación informó que la certificación se expidió el 13 de septiembre de 2024
y que la demandada «ha estado vinculada laboralmente mediante contrato de prestación de
servicios».

22. En este orden, el tribunal encontró probado22 que la Corporación Solidaridad y Trabajo
tiene su domicilio en Usme, la existencia de la relación contractual con la demandada (contrato
de prestación de servicios), su calidad de asesora legal y las «funciones» asignadas23.

23. Sin embargo, concluyó que de la vinculación y las funciones no era posible «inferir
automáticamente elementos como la presencialidad, lugar de ejecución o continuidad material
en el territorio de Usme», para el juez de la primera instancia, las pruebas valoradas no
acreditan que su labor de asesora legal se haya desarrollado en dicha localidad; es decir, no
demuestran el arraigo que exige el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 junto con la
interpretación de esta Sala de lo electoral.

24. Por otra parte, en el relacionado con la simultaneidad de actividades contractuales
afirmó que «no supone por sí misma el incumplimiento del requisito legal, puesto que el artículo
65 no exige exclusividad», en todo caso, destacó que, para el presente asunto, las siguientes
situaciones servían como elementos de contraste a la hora de determinar «si la actividad
invocada en la localidad de Usme cuenta con respaldo suficiente y verificable respecto de su
ejecución efectiva y de su continuidad durante el periodo exigible».

25. Al respecto, se aludió a las hojas de vida de la demandada de 30 de enero de 2024, 17
de noviembre de 2022, 13 de enero de 2023, para la suscripción de contratos de prestación
de servicios con el Ministerio del Trabajo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, para precisar que «nunca se menciona su experiencia o vínculo contractual con
la Corporación Solidaridad y Trabajo».

26. Adicionalmente, señaló que en la declaración de bienes y conflictos de interés firmada
por la accionada el 3 de enero de 2024, negó tener actividades privadas o posiciones de
asesoría en organizaciones sin ánimo de lucro, lo que, para el tribunal, da cuenta de una «clara
contradicción» respecto de la información reportada por la accionada en otros procesos
contractuales y la anunciada para ser alcalde local de Usme.

27. En la misma línea, expuso que la Corporación Solidaridad y Trabajo certificó que la

21 Que no se precisa
22 Valga precisar que también acudió al certificado de existencia y representación legal de la corporación y el informe de su

representante legal, con ocasión de la aclaración requerida.
23 1. Asesoría Legal: Brindar orientación sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las fundaciones sin

ánimo de lucro.
2. Redacción de Documentos: Elaborar y revisar estatutos, contratos, convenios y otros documentos legales necesarios para
el funcionamiento de la fundación.
3. Gestión de Riesgos Legales: Identificar y mitigar riesgos legales que puedan afectar a la fundación.
4. Representación Legal: Representar a la fundación en procedimientos judiciales o administrativos.
5. Capacitación: Ofrecer formación a los miembros de la fundación sobre temas legales relevantes, como derechos y
obligaciones y buenas prácticas de gobernanza.

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demandada estuvo vinculada del 5 de enero de 2020 al 13 de septiembre de 2024, pero en el
Formato Único de Hoja de Vida SIDEAP allegado al expediente, se observa que Leidi Marcela
Pinilla Pinilla registró que celebró contratos de prestación de servicios con la misma
corporación el 2 de enero de 2024 al 13 de septiembre de 2024, 4 de febrero de 2022 al 31 de
diciembre de 2023 y 5 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

28. A partir de lo anterior, el tribunal resaltó la «inconsistencia» entre la certificación y la
hoja de vida, pues sostuvo que mientras la primera alude a una relación ininterrumpida la
segunda denota la celebración de varios contratos de prestación de servicios. A lo que agregó
a que, en principio, la corporación aludió a que mantuvo un vínculo laboral con la accionada y
luego precisó que, en realidad, había una relación contractual.

D. Recursos de apelación24

29. La demandada25, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca porque, en su criterio, realizó una interpretación extensiva al artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993, el cual, exige, únicamente, el desempeño de una actividad
profesional en la localidad por dos años; sin embargo, el fallador impuso condiciones
adicionales ausentes en la norma, tales como presencialidad permanente, demostración de
cercanía con la comunidad y exclusividad contractual.

30. En este mismo sentido, precisó que es postura del del Consejo de Estado26 que, para
demostrar la residencia o la actividad requerida para ser alcalde local se debe acreditar un
vínculo habitual, no ocasional, cercano al ciudadano de la localidad, no distante y frecuente
frente al administrado y sus necesidades; por tanto, al a quo le correspondía verificar si la
demandada cumplía con alguna de esas alternativas, pero «sin adicionar exigencias no
previstas expresamente en la Constitución, en la ley o en la jurisprudencia».

31. En línea con lo anterior, resaltó que está probado en el expediente que desempeñó
actividad profesional habitual y frecuente en Usme, durante el periodo legalmente establecido,
esto a partir de la certificación, y su aclaración, expedida por la Corporación Solidaridad y
Trabajo, la cual, precisó, atiende el contenido del artículo 2.2.5.6.5. del Decreto 1083 de 2015.

32. La apelante criticó la valoración probatoria del tribunal pues concluyó que no era
suficiente para probar su actividad profesional en Usme «porque no demostraba la modalidad
de ejecución de las labores, el lugar exacto de prestación del servicio, la periodicidad de las
actividades, la presencialidad ni un vínculo efectivo con la comunidad».

33. Sin embargo, afirmó que se desconoció que las funciones certificadas requieren de la
«interacción directa y un conocimiento profundo de la Entidad y su contexto en la localidad de
Usme».

34. De manera adicional, advirtió la indebida valoración probatoria y la alteración de las
reglas procesales sobre la carga de la prueba, toda vez que, al contestar la demanda aportó
una certificación de prestación de servicios expedida por la Corporación Solidaridad y Trabajo

24 Índice 46, Samai primera instancia. El recurso fue concedido por el tribunal el 14 de mayo de 2026 (índice 49).
25 Mediante su apoderado judicial Gustavo Quintero Navas.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 14 de diciembre de 2023. Expediente No. 25000-23-41-000-2021- 00774-

01.

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con pleno apego a los lineamientos contenidos en el Decreto 1083 de 201527.

35. También se apartó de la conclusión del tribunal relacionada con el denominado
«elemento de contraste» para «dudar» del vínculo entre su labor y el vínculo con la localidad
porque el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993 no exige exclusividad en la actividad
profesional.

36. Además, señaló que, según el fallo, la demandada no podía ejecutar las actividades
contractuales pactadas con la corporación de manera presencial, frecuente o habitual, pero
omitió «realizar el mismo análisis respecto de las demás vinculaciones contractuales» y adujo
que se desconoció su argumento según el cual, en otras hojas de vida no relacionó su contrato
con la corporación porque para acreditar experiencia no resulta válido los tiempos de ejecución
simultánea, sin que esta omisión pueda derivar en falsedad alguna.

37. Asimismo, aclaró que el hecho de que en su declaración de enero de 2024 no registrara
actividades privadas ni de asesora de una organización sin ánimo de lucro «no implica
falsedad» sino que «pudo ser un error al diligenciar el formato o una interpretación distinta de
lo que constituye una "actividad económica privada"».

38. Luego, se refirió al artículo 167 del CGP que regula la carga de la prueba para enfatizar
que es a la parte actora a quien le corresponde demostrar el vicio en que incurre la designación,
no obstante, esta Sección28 ha dicho que «el demandado tiene la carga de demostrar que
satisface el requisito de residencia o de desempeño de actividad profesional, industrial,
comercial o laboral en la respectiva localidad, [pero] ello no significa que la parte actora quede
relevada de probar los hechos en que funda su pretensión anulatoria».

39. En este sentido, indicó que la demandante no tachó de falsa la certificación, ni desvirtuó
que el vínculo profesional no existió o que su actividad fue simulada o no se relacionó con
Usme, sino que la conclusión de la sentencia se funda en la exigencia de requisitos adicionales
a los legal y jurisprudencialmente previstos.

40. Afirmó que el tribunal omitió acudir a su potestad para decretar pruebas de oficio para
indagar sobre las dudas que tenía respecto a la modalidad de ejecución de las labores y no
simplemente concluir que las aportadas resultaban insuficientes para tener por acreditado el
requisito analizado acudiendo a argumentos ajenos a la ley y que vulneran el principio de
buena fe y, por el contrario, «le dio validez a los documentos que soportaban la tesis de la
inexistencia de arraigo, sin ningún tipo de profundidad, en desmedro de la prueba que cumplía
a cabalidad con el requisito previsto en el ya mencionado artículo 65».

41. Expuso que la sentencia privilegió la prevalencia de lo formal sobre lo sustancial, en
contravía del artículo 228 de la Constitución Política, toda vez que, acudió a expresiones como
«ininterrumpida» o «certificación laboral», para invalidar la realidad material probada en el
27 «Artículo 2.2.5.6.5. Certificación de experiencia adquirida por desarrollo de contratos laborales y contratos de prestación de

servicios. Para acreditar la experiencia previa adquirida por contratos laborales y contratos de prestación de servicios, las
autoridades encargadas del diseño y desarrollo de los concursos públicos de méritos, los directores de contratación y los jefes
de talento humano o quienes hagan sus veces en las entidades públicas solo tendrán en cuenta las certificaciones de los
contratos que expidan a su respecto las entidades contratantes.
Parágrafo 1°. La certificación a que se refiere este artículo deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: El nombre del
trabajador o contratista, su documento de identificación, la fecha de inicio y de terminación del contrato, la jornada laboral
(solo en el caso de los contratos laborales) y las funciones u obligaciones, según corresponda».
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número 25000-

23-24-000-2004-00421-01(3744) .

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Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

proceso con la certificación debidamente aportada, interpretación que restringe
injustificadamente sus derechos políticos fundamentales para acceder, elegir y permanecer en
cargos públicos (art. 40 de la CP).

42. Finalmente, expuso que las limitaciones a los derechos políticos se deben interpretar de
manera restrictiva a favor del demandado29, pues «ante varias lecturas posibles del requisito
de arraigo, el Tribunal debía preferir aquella que resultara compatible con el ejercicio del
derecho de mi mandante, siempre que estuviera respaldada por la Ley y por las pruebas del
expediente, y no utilizar requisitos no previstos en desmedro de sus derechos fundamentales».

43. Por su parte, el apoderado judicial de la Secretaría de Gobierno de Bogotá solicitó
revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al concluir que incurre
en indebida valoración probatoria e interpretación extensiva del artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993.

44. Para tal efecto, expuso que está suficientemente demostrado que la nombrada
desarrolló actividades «laborales» en Usme, así como su vínculo con dicha localidad, esto a
partir de lo certificado por la Corporación Solidaridad y Trabajo.

45. Se refirió a la prueba de oficio decretada por el tribunal para resaltar que se limitó a
requerirle a la corporación que allegara su certificado de existencia y representación legal e
informara su domicilio, en este orden, sostuvo que resultó «sorpresivo» que luego reclamara
la probanza de situaciones que no pidió que se acreditaran, tal como el lugar de ejecución de
las funciones contractuales y vínculo con la localidad, lo que, en su criterio, pudo ser objeto de
la prueba de oficio.

46. Por lo anterior, consideró que la sentencia, al concluir que las labores de asesoría
jurídica y redacción de documentos pueden ejecutarse desde cualquier lugar y no permiten
acreditar la permanencia física o el vínculo con la localidad de Usme, es una interpretación
restrictiva del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

47. Hizo alusión a la sentencia del 7 de diciembre de 2006 del Consejo de Estado30, para
significar que la acreditación del arraigo no requiere de «tarifa legal», y el estudio de su
configuración exige la valoración probatoria en sana crítica31. Así las cosas, si el tribunal no
hubiere exigido elementos ajenos al contenido del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y
limitara su análisis a las pruebas, debidamente allegadas, no podría concluir en la anulación
del nombramiento demandado.

E. Trámite de segunda instancia

48. El 3 de junio de 202632, se admitieron los recursos de apelación de la demandada y la
Secretaría de Gobierno de Bogotá, y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para emitir concepto.

29 Para lo cual acudió a la providencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, Bogotá D.C., del 19 de marzo de 2026, Rad.

25000-23-41-000-2024-01540-01.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. María Nohemí Hernández Pinzón, radicado 25000-23-24-000-2005-00961-

01(4136) y 25000-23-24-000-2005-00968-01; MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 23 de abril de 2026, radicado
25000-23-41-000-2024-01526-02.
31 C-202 de 2005
32 Índice 4, Samai.

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

49. En esta oportunidad Leidi Marcela Pinilla33 reiteró sus argumentos de defensa. Por su
parte, la demandante34 solicitó confirmar la sentencia apelada, por compartir la tesis según la
cual la constatación formal del vínculo contractual no prueba la modalidad de su ejecución, el
lugar de prestación del servicio y la cercanía con la localidad de Usme.

50. Destacó que el fallo únicamente aplicó el precedente jurisprudencial vinculante de la
Sección Quinta del Consejo de Estado35; que exige probar la habitualidad, proximidad y
frecuencia de las actividades en el territorio administrado.

51. Asimismo, la accionante rechazó el argumento de la buena fe y la ausencia de tacha de
falsedad documental invocado por la defensa, al concluir que la nulidad de la designación no
se fundó en la falsedad del certificado, sino en la falta suficiencia probatoria para demostrar el
vínculo de la demandada con la localidad en la cual ejercería sus funciones como alcalde local.

52. Insistió en las contradicciones, advertidas por el tribunal, entre la certificación laboral,
los formatos de hoja de vida, la declaración de bienes y rentas y el reporte del SIDEAP.

53. El Ministerio Público,36 en su concepto, solicitó revocar el fallo apelado, al concluir que,
como lo afirman los recurrentes, está demostrado que la demandada cumple con la exigencia
legal de arraigo, esto a partir de la constancia y la aclaración de la Corporación Solidaridad y
Trabajo, de la cual se deriva la existencia de su vínculo mediante contrato de prestación de
servicios, que fue ejecutado, en la localidad de Usme, de manera «habitual o periódica, pues
la certificación que se allegó como prueba y que no fue controvertida, no marca cortes
temporales».
54. En este orden, advirtió que, contrario a lo concluido por el tribunal, «no es posible extraer
que la presencialidad sea un requisito de cierre para la valoración del arraigo, en tanto excede
el contenido normativo mismo» y tampoco que «el desempeño de la actividad en la localidad
sea eminentemente presencial, pues ello bien podría mezclarse con la otra opción de
acreditación de requisitos, esto es, el de la residencia».

55. A su vez, determinó que se invirtió la carga de la prueba, pues corresponde a la parte
actora y no a la demandada acreditar que quien resulta designado no cumple con los requisitos
necesarios para ejercer el cargo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

56. La Sala confirmará la sentencia recurrida que declaró la nulidad del acto de elección de
la alcaldesa local de Usme, porque se demostrará que no incurrió en indebida interpretación
del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y valoró, adecuadamente, la certificación allegada
para probar la exigencia contenida en dicho precepto legal.

2.1. Caso concreto

57. De conformidad con los argumentos expuestos por la demandada y la Secretaría de
Gobierno de Bogotá, la competencia de este juez de segunda instancia se limita a definir si el

33 Índices 10 Samai.
34 Índice 12 Samai.
35 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 14 de diciembre de 2023, radicado

25000-23-41-000-2021-00774-01.
36 Índice 15, Samai.

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Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
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tribunal: i) interpretó de manera extensiva el requisito contenido en el artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993; ii) incurrió en indebida valoración probatoria y; iii) omitió hacer uso de sus
facultades oficiosas para esclarecer las dudas que sustentaron la nulidad de la designación.

58. Para resolver la controversia suscitada, la Sala explicará el contenido del artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993 y la interpretación que esta corporación le ha otorgado, para luego,
valorar si la demandada cumple con esta exigencia legal.

2.2. De la exigencia del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y la interpretación que
esta corporación le ha otorgado

59. Es lo cierto que el Decreto Ley 1421 de 199337, en su artículo 6538 dispone que, para
ser edil o alcalde local, se requiere: i) ser ciudadano en ejercicio y ii) haber residido o
desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva
localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del
nombramiento39.

60. Cómo quedó demostrado en los antecedentes de esta providencia, la controversia gira
en torno a establecer si la demandada acreditó que desempeñó alguna actividad profesional o
laboral en la localidad de Usme durante, por lo menos, dos años anteriores a la fecha de la
inscripción de su candidatura40.

61. Al respecto, esta Sección Electoral, en fallo de 202341, analizó el contenido histórico,
normativo, jurisprudencial y sistemático del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y,
entre otras disertaciones, precisó que, «el legislador les encomendó a los alcaldes locales
precisas competencias, las cuales, para lograr ser cumplidas, deben partir del
conocimiento que tenga el funcionario sobre su localidad, por ello, el presidente en uso
de facultades legislativas no fue caprichoso en instruir a través de ciertos requerimientos, el
cumplimiento de las exigencias que debe tener la persona para ser nombrado en dicho cargo
público». (Negrilla de la Sala).

62. Al referirse al concepto de residencia, la misma providencia, del análisis de los Decretos
1421 de 199342 y 1350 de 200543 y la Ley 2116 de 202144, señaló que el legislador no
estableció una definición, puntual y delimitada de dicho concepto, por lo que corresponde al
juez definir sus alcances y características.

63. Lo anterior, para concluir que «la expresión, residir, está condicionada por una última
palabra, «durante», la cual, es aplicable en su aspecto temporal al desempeño de una actividad
industrial, laboral, comercial o profesional, por lo que debe entenderse, como habitual o con
frecuencia en el término de los dos años y próxima a los elementos configurativos de la

37 «Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá».
38 Modificado por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021.
39 Dicha norma también prevé que «Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos

descritos en el numeral 13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005».
40 Se precisa que si bien la norma señala que es desde la elección este aspecto fue aclarado por la jurisprudencia de esta

Sección para concluir que se debe acreditar con la inscripción de la aspiración. Al respecto, ver, entre otras, Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de octubre de 2025, Rad. 25000234100020240152602, MP. Pedro Pablo Vanegas
Gil
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 25000234100020210077401, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
42 «Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá».
43 «Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 84 y 102 del Decreto-ley 1421 de 1993, en lo que tiene que ver con

el proceso de integración de ternas para la designación de los Alcaldes y el nombramiento de los Personeros Locales».
44 «Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico De Bogotá».

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descentralización administrativa y de la planeación de la gestión local». (Negrilla de la Sala).

64. Agregó que la residencia exigida para ser alcalde local procura por establecer si el
elegido tiene arraigo en la localidad45, razón por la cual debe tener relación directa con la
localidad, un «mínimo» de conocimiento de las necesidades, oportunidades y fortalezas
de la localidad a la cual se postula.

65. Sumado a lo dicho, precisó el fallo que «la habitualidad o la frecuencia con que se
desempeñe las actividades en una determinada localidad es lo que realmente condiciona la
hermenéutica que debe adoptar el juez para derivar, si un nombrado en el cargo de
alcalde local, cumple o no con tal requisito legal». (Negrilla de la Sala). Así para concluir,
la sentencia descrita concluyó que:

[…] el alcalde para ser nombrado debe acreditar, la ciudadanía en ejercicio, junto a la
residencia o el desempeño de actividades en la respectiva localidad, pero no se trata de
demostrar estos supuestos de cualquier forma, pues la estructura normativa del artículo 65,
su análisis sistemático con otras normas del estatuto orgánico de la capital, su análisis
histórico como el jurisprudencial, llevan a concluir que: i) deben ser habituales, ii) no
esporádicos ni lejanos al ciudadano del respectivo territorio, iii) próximos al residente de
la localidad y, iv) frecuentes al administrado y a sus necesidades, durante los dos años
anteriores a la inscripción.

Lo anterior adquiere trascendencia, pues la simple lectura literal dejaría de lado la interpretación
histórica y sistemática del artículo 65, con lo cual se desatendería, lo dicho por los constituyentes,
el contexto normativo y las funciones de tal cargo. (Negrilla de la Sala).

66. Las anteriores conclusiones han sido reiteradas de forma pacífica por esta Sección,
como se advierte al consultar el fallo proferido el 19 de marzo de 202646.

2.3. Del caso concreto

67. Como se anticipó, debe la Sala resolver si, como lo afirman los recurrentes, el tribunal
interpretó indebidamente la disposición normativa que exige acreditar el desempeño de
actividad profesional en la localidad de Usme.

68. Para tal efecto, de la lectura de la sentencia apelada se advierte que contiene un acápite
que da cuenta del marco jurídico y jurisprudencial con el cual resolvió la controversia, en el
cual se analiza el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 7 de la
Ley 2116 de 2021 y diferentes providencias de esta Sala de lo electoral47.

69. Con fundamento en lo anterior, señala que dichos preceptos legales y la citada
jurisprudencia indican que los alcaldes locales deben tener conocimiento de las realidades y
necesidades de los habitantes de la zona y que «acoge la interpretación histórica y sistemática
del artículo 65 ejusdem realizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia
del 14 de diciembre de 2023», según la cual el desempeño de actividades tiene que ser

45 Con fundamento en fallo del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 6 de octubre de 2005. Rad. 25000-23-24-000-2004-

00421-01(3744).
46 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez, sentencia de 19 de marzo de 2026, Rad.

25000234100020240154001. Con salvedad de voto de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 23 de junio de 2022, Expediente No.

25000-23-41-000-2019-01154-01. MP: Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 14 de diciembre de 2023. Expediente No.
25000-23-41-000-2021-00774-01.

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habitual «ii) no esporádico ni lejano al ciudadano del respectivo territorio, iii) próximo al
residente de la localidad y, iv) frecuente al administrado y a sus necesidades, durante los dos
años anteriores a la inscripción».

70. Así se ocupa de la valoración de la certificación «Laboral» suscrita por la representante
legal de la Corporación Solidaridad y Trabajo, con su aclaración, según la cual la demandada
«ha estado vinculada laboralmente con esta entidad desde el 5 de enero de 2020 hasta la
fecha actual, desempeñándose en el cargo de Asesora Legal» y detalla las funciones
desarrolladas48 y concluye que dicha corporación se domicilia en Usme, existió una relación
contractual con la demandada y se desempeñó como asesora legal del 5 de enero de 2020 al
13 de septiembre de 2024, pero afirmó que:

[…] [D]ada la naturaleza de la prestación de servicios, la sola existencia del vínculo contractual
y la enunciación de funciones no permiten inferir automáticamente elementos como
presencialidad, lugar de ejecución o continuidad material en el territorio de Usme, aspectos
que, para el caso concreto, en criterio de la Sala, deben estar soportados en evidencia adicional
o en un mayor nivel de precisión de la certificación o el respectivo soporte del contrato de
prestación de servicios.

[…] para la Sala no se evidencia la efectividad material del vínculo con la localidad, ni
siquiera la certificación demuestra que el desempeño de su labor como asesora legal se
haya desarrollado específicamente en la localidad respectiva, sino simplemente, que
ejecutó un contrato de prestación de servicios con una entidad sin ánimo de lucro cuyo
domicilio se encuentra en esa localidad.

71. En este orden, para la Sala no se advierte la indebida interpretación de las exigencias
legales y jurisprudenciales establecidas para analizar si la demandada demostró, en debida
forma, desempeñó su actividad profesional o laboral en la localidad de Usme, por el contrario,
el tribunal para fundar su decisión atendió los criterios establecidos por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, en sentencia de 14 de diciembre de 2023, como ya se expuso.

72. Al respecto, es oportuno señalar que los recurrentes critican la supuesta indebida
interpretación realizada en la sentencia recurrida sin presentar queja alguna frente a las
exigencias establecidas por esta Sala de lo Electoral, en todo caso, se analizará si los
parámetros jurisprudenciales y normativos requeridos fueron debidamente acatados por el
tribunal y si la certificación aportada por la accionada demuestra la exigencia de residencia
mediante desempeño de su actividad profesional.

73. En este punto, como lo señaló el a quo, para demostrar el requisito contenido en el
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 2116 de 2021,
en cuanto al desempeño de actividades en la respectiva localidad, es lo procedente
concluir que tales actividades: i) deben ser habituales, ii) no esporádicas ni lejanas al
ciudadano del respectivo territorio, iii) próximas al residente de la localidad y, iv)
frecuentes al administrado y a sus necesidades, durante los dos años anteriores a la

48 1. Asesoría Legal: Brindar orientación sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las fundaciones sin

ánimo de lucro.
2. Redacción de Documentos: Elaborar y revisar estatutos, contratos, convenios y otros documentos legales necesarios para
el funcionamiento de la fundación.
3. Gestión de Riesgos Legales: Identificar y mitigar riesgos legales que puedan afectar a la fundación.
4. Representación Legal: Representar a la fundación en procedimientos judiciales o administrativos.
5. Capacitación: Ofrecer formación a los miembros de la fundación sobre temas legales relevantes, como derechos y
obligaciones y buenas prácticas de gobernanza.

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inscripción.

74. En este orden, al acudir al contenido de la certificación y la aclaración expedida por la
Corporación Solidaridad y Trabajo, debe indicarse que, en efecto, no permite demostrar que
las labores adelantadas por la demandada se hayan adelantado en la localidad de Usme,
tampoco su frecuencia, ni su alcance con la población de esa zona.

75. En efecto, como lo expuso el tribunal, dichas pruebas solo permiten advertir que Leidi
Marcela Pinilla Pinilla fue asesora legal de la Corporación Solidaridad y Trabajo49, del 5 de
enero de 2020 hasta el 13 de septiembre de 202450, vinculada mediante contrato de prestación
de servicios51 y cumplió las siguientes funciones:

1. Asesoría Legal: Brindar orientación sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables a las fundaciones sin ánimo de lucro.
2. Redacción de Documentos: Elaborar y revisar estatutos, contratos, convenios y otros
documentos legales necesarios para el funcionamiento de la fundación.
3. Gestión de Riesgos Legales: Identificar y mitigar riesgos legales que puedan afectar a la
fundación.
4. Representación Legal: Representar a la fundación en procedimientos judiciales o
administrativos.
5. Capacitación: Ofrecer formación a los miembros de la fundación sobre temas legales
relevantes, como derechos y obligaciones y buenas prácticas de gobernanza.

76. Nótese que las actividades que se certifican estaban dirigidas al servicio de la
corporación y sus miembros, quienes, de acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, serían, en principio, los integrantes de su junta directiva, pero no
a la población de la localidad de Usme, pues la asesoría recae sobre la regulación de
fundaciones sin ánimo de lucro, la proyección de escritos procuraba por su
funcionamiento, la gestión de riesgos que afectaran a la fundación a la cual, además,
representaba legalmente.

77. Sobre ello, se advierte que, si bien, dentro del objeto social52 de la Corporación
Solidaridad y Trabajo está el mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo cierto es
que, en este caso, la demandada ofreció sus servicios de capacitación directamente a la
fundación en temas legales y buenas prácticas de gobernanza, lo cual difiere de las actividades
de asesoría y capacitación que ejerce la fundación sobre la población, por ejemplo, en materia
de vivienda de interés social, trabajo productivo a las clases más necesitadas, cultura,
prevención de adicciones y salud mental, entre otras.

78. De hecho, nótese que uno de los objetivos específicos de la entidad sin ánimo de lucro
consiste en «desarrollar proyectos sociales en los diferentes sectores económicos de cada
localidad a través de empresas asociativas comunitarias altamente competentes generadoras
de empleo e ingresos». Lo anterior evidencia que su ámbito de actuación no se circunscribe
exclusivamente a la localidad de Usme, aun cuando allí se encuentre registrada su dirección,
sino que desarrolla actividades en diferentes sectores de Bogotá, D. C. En consecuencia, no
es posible afirmar que las obligaciones derivadas del contrato estuvieran dirigidas a los

49 Entidad sin ánimo de lucro según certificado de existencia y representación legal, allegado al pleneario, por solicitud del

tribunal.
50 Según «aclaración laboral» que data del 4 de diciembre de 2024, en la que se indicó que la anterior certificación fue expedida

el 13 de septiembre de 2024, fecha hasta la cual existió la vinculación contractual.
51 Misma aclaración.
52 De conformidad con el Certificado de existencia y representación Legal.

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habitantes de dicha localidad.

79. En este orden, debe la Sala concluir que no advierte configurada la indebida
interpretación normativa y tampoco los yerros probatorios a los que aluden los recurrentes, por
el contrario, se comprobó que la sentencia apelada acudió a las disposiciones legales que
regulan la residencia que debe acreditar quien desee ser alcalde local y a los desarrollos
jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso objeto de controversia.

80. En consecuencia, no hay lugar a revocar la providencia apelada, pues como se expuso,
es lo cierto que las pruebas que la demandada aportó para acreditar que desarrolló labores
que demuestran su vínculo con la localidad de Usme, no dan cuenta del cumplimiento de dicha
exigencia legal53.

81. A esta altura, conviene aclarar que la defensa destaca que la certificación valorada
cumplió con los parámetros fijados en el artículo 2.2.5.6.5 del Decreto 1083 de 2015, aspecto
que resulta ajeno al debate, pues el tribunal no descartó como prueba dicho documento, lo que
concluyó era su insuficiencia probatoria para dar cuenta del cumplimiento de los requisitos
para no anular la designación de la demandada.

82. Ahora bien, la Sala debe aclarar que, en atención a que la sentencia recurrida encontró
demostrado que la demandada no acreditó el requisito al que alude el artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993, no había lugar, por resultar ajeno a la controversia, a que el tribunal ejerciera
el análisis de lo que denominó «elemento de contraste» en el marco del cual manifestó dudas
sobre si la actividad alegada contaba con respaldo suficiente y verificable respecto de su
ejecución efectiva y de su continuidad durante el periodo exigible, pues, según su propio dicho,
esta circunstancia no suponía, por sí misma, «el incumplimiento del requisito legal, puesto que
el artículo 65 no exige exclusividad».

83. Lo anterior, teniendo en cuenta que ese debate no hizo parte de la fijación del litigio, no
se contaba con el suficiente material probatorio para adentrase en su análisis y para concluir
si, en efecto, existió o no ejecución simultánea.

84. En todo caso, como se evidenció en los párrafos anteriores, en la presente providencia
se aborda el análisis y valoración de la certificación allegada, a tal punto que se concluye que
con ella no se logró acreditar el cumplimiento de los requisitos normativos y jurisprudenciales
para demostrar el arraigo de la elegida.

85. Lo mismo ocurre frente a las conclusiones a las que llegó el juez de primera instancia
frente a la información contenida en formatos de hojas de vida diligenciadas y en la declaración
de bienes y rentas y registro de conflicto de interés por la demandada (del 3 de enero de 2024),
que tenían como destinatario procesos contractuales adelantados con el Ministerio del Trabajo
y la UARIV, pues los mismos no tenían como finalidad demostrar el vínculo de Leidi Marcela
Pinilla Pinilla con la localidad de Usme.

86. Por otra parte, según los recurrentes, el Tribunal invirtió indebidamente la carga
de la prueba y vulneró la presunción de buena fe (artículo 83 de la Constitución Política),
porque no tuvo en consideración que la parte demandante nunca tachó de falsa la certificación

53 A esta misma conclusión arribó la Sala, en un caso similar, en la Sentencia del 19 de marzo de 2026. Rad. 25000-23-41-

000-2024-01540-01 (Principal). MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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de la corporación sin ánimo de lucro.

87. Al respecto, resulta suficiente con señalar que es postura jurisprudencial que el estudio
del cumplimiento de los requisitos para ser alcalde local se realiza a partir de los documentos54
que la aspirante, ahora demandada, aportó con su inscripción, y que no se logró desvirtuar el
cargo de nulidad formulado por la parte actora, como incluso lo admite la accionada en su
recurso.

88. Sumado a lo anterior, se insiste que el tribunal no restó valor probatorio a las
documentales analizadas, por el contrario, las valoró y concluyó que no acreditaba, entre otras,
la habitualidad y permanencia de la demandada en la localidad de Usme, aspectos necesarios
para acreditar el requisito de arraigo objeto de estudio.

89. Finalmente, no desconoce la Sala que según los recurrentes el fallo apelado puede
afectar el derecho a elegir y ser elegido de la demandada (art. 40 de la CP) con la decisión
anulatoria, sin embargo, no estamos en el escenario de la existencia de dos tesis y de alguna
duda que deba resolverse a favor de la accionada. Además, es postura de la Sección55 que:

[…] que quienes postulan su nombre para desempeñar cargos públicos deban someterse al
cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, apenas acordes con los supremos intereses que les
corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad colectiva56, entre las
que se cuentan las calidades exigidas para ejercer cargos o integrar corporaciones públicas de
elección popular, entendidas estas como aquellas condiciones relativas a la nacionalidad, la
edad, el ejercicio de la ciudadanía y la residencia, que resultan indispensables para que una
persona pueda acceder al ejercicio de tales dignidades.

90. Así las cosas, no se evidencia amenaza ni vulneración al derecho alegado por la
accionada que derive en la revocatoria de la providencia apelada.

91. Dicho esto, en relación con argumento sobre la supuesta omisión del tribunal omitió
hacer uso de sus facultades oficiosas para esclarecer las dudas que sustentaron la
nulidad de la designación, se debe resaltar que la prueba de oficio, regulada en el artículo
213 del CPACA es una facultad potestativa y discrecional del juez, encaminada a verificar la
verdad material ante dudas surgidas en el proceso, sin que, en ningún caso, constituya una
obligación legal imperativa destinada a suplir la falta de diligencia, la pasividad o la incuria de
la parte demandada para desvirtuar las pretensiones de su contraparte.

92. Sumado a lo anterior, como ya se explicó con suficiencia, la forma en que se debe
acreditar las exigencias contenidas en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 ha sido
debidamente explicada por esta Sala de lo Electoral, con antelación incluso al inicio de la
presente controversia, por tanto, la defensa no puede pretender trasladar o desplazar su carga
probatoria al juez y menos exigir una labor probatoria oficiosa.

93. Así las cosas, como se demostró, los argumentos que fundan las apelaciones resultan
insuficientes para desvirtuar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

54 Al respecto, esta sala concluyó que «para examinar la legalidad de esta clase de actos, deben valorarse los documentos

aportados al momento de la inscripción, pues es allí cuando se verifica si el aspirante reúne los requisitos y a partir de es a
información se conforma la terna y se produce la designación». Sentencia del 19 de marzo de 2026. Rad. 25000-23-41-000-
2024-01540-01. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
55 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de marzo de 2026. Rad. 25000234100020190115401. MP. Pedro

Pablo Vanegas Gil.
56 Corte Constitucional. Sentencia C-064 de 2003.

Calle 12 Núm. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandante: Diana Marcela Diago Guaquetá
Demandada: Leidi Marcela Pinilla Pinilla, como alcaldesa local
de Usme, (Bogotá D.C.)
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01672-01

Sección Primera Subsección B, que declaró la nulidad de la designación de Leidi Marcela
Pinilla Pinilla como alcaldesa local de Usme y, en consecuencia, es lo procedente confirmar
dicha decisión.

94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 23 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró la nulidad de la elección de Leidi
Marcela Pinilla Pinilla, conforme las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 Núm. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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