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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00774-01

Fecha
14 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2021-00774-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–, declaró la nulidad del Decreto 271 del 23 de julio de 2021, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2021-00774-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de diciembre de 2023

Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2021-00774-01
Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y JAVIER
ARMANDO SOLORZANO PEÑAS
Demandada: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA
LOCAL DE ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.

Temas: Acreditación de residencia o desempeño de alguna actividad
profesional, industrial, comercial o laboral durante los dos años
anteriores a la fecha del nombramiento como alcalde (a) local
de Bogotá, D. C.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y
por el Distrito Capital contra la sentencia del 30 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–, por
medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto 271 del 23 de julio de 2021 a
través del cual se nombró a Mónica Alejandra Díaz Chacón como alcaldesa de la
localidad de Antonio Nariño de Bogotá, D.C.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

Los accionantes, en nombre propio, interpusieron en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral demanda en contra del Decreto 271 de 23 de julio de 2021
proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, por medio del cual se nombró a la
demandada como burgomaestre de la localidad de Antonio Nariño de la capital de
la República.

Advirtieron la vulneración del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 1 –Estatuto
Orgánico de Bogotá–, en consideración a que no se cumplió con el requisito de

1 Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se

requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores
a la fecha de la elección o del nombramiento. (…)

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1

Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o
laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la
fecha del nombramiento.

Los demandantes refirieron sus pretensiones bajo la siguiente literalidad:

PRIMERA: Se declare la nulidad del Decreto Distrital 271 de julio 23 de 2021
proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá por el cual se hace un nombramiento.

SEGUNDA: Se declare la nulidad del nombramiento de Mónica Alejandra Díaz
Chacón identificada con cédula de ciudadanía 1.085.992.995 como alcalde local de
la localidad de Antonio Nariño de Bogotá, D.C.

TERCERA: Se ordene a la accionada a llevar a cabo nuevamente el proceso de
selección de Alcalde Local de la Localidad de Antonio Nariño en apego de lo
establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993.

1.2 Hechos

La parte actora expuso como fundamentos fácticos los siguientes:

Indicaron como fechas relevantes del proceso de selección de Alcalde Local de
Antonio Nariño las siguientes: i) Para el 8 de marzo del 2021 se dio inicio al proceso
de selección, ii) el 15 de dicho mes y año se realizó la inscripción de aspirantes, iii)
el 10 de abril se realizó el examen de conocimientos y, iv) finalmente, el 22 de la
misma data se publicaron los resultados de todo el proceso meritocrático.

Los demandantes informaron que la Junta Administradora de Antonio Nariño
elaboró la terna de aspirantes con aquellos ciudadanos que habían superado el
examen de conocimientos y, acreditaron los demás requisitos contemplados en el
Decreto Ley 1421 de 1993, ello con el fin de remitir a la alcaldesa mayor dicha triada
para que, esta funcionaria, eligiera discrecionalmente al burgomaestre de tal
territorio.

La parte actora, adujo que la demandada fue habilitada como aspirante en el
proceso meritocrático e incluida en la respectiva terna2, sin embargo, cuando
consultaron la base de datos del –ADRES3–, para la fecha de la inscripción, ésta
aparecía activa en el departamento de Nariño, es decir, su arraigo se ubicaba en el
municipio de Ipiales desde el 2017.

2 Refirieron que la terna quedó conformada con las señoras: Sandra Milena Jiménez, Mercy Karin

Parra y Mónica Alejandra Díaz Chacón.
3 Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

Alegaron los memorialistas, que la anterior información de la demandada es similar
a la consignada en el –RUAF4– pues tiene la afiliación tanto con su EPS como con
la ARL, desde julio de 2020 y enero de 2016 en la ciudad de Pasto, departamento
de Nariño. Así mismo, conforme a la consulta que se hizo en la –RNEC, oficina
censo–, la accionada tuvo como residencia electoral el municipio de Ipiales.

Indicaron que el 27 de mayo de 2021, la Secretaría de Gobierno de Bogotá requirió
a la Junta Administradora de Antonio Nariño, para que se aportaran los documentos
que acreditaban la vinculación de la demandada con dicho territorio, teniendo en
cuenta que la declaración juramentada del 17 de marzo de 2021 aportada por está,
no especificó la actividad profesional, el tiempo de ejercicio y el lugar donde se había
desarrollado.

La parte actora reseñó que en respuesta a lo anterior, la junta aportó a la Alcaldía
Mayor de Bogotá, previa petición a la accionada, constancia documental del 20 de
marzo de 2021, suscrita por la coordinadora de la Mesa Local Indígena de Antonio
Nariño, en la que se certificaba la realización de capacitaciones ad honorem en
liderazgo, a mujeres y jóvenes de dicho territorio por parte de la aspirante en dos
momentos, a saber: i) diciembre de 2018 hasta julio de 2019 y, ii) octubre de 2020
hasta mayo de 2021. Actividades, según cuentan, se llevaron a cabo en un inmueble
ubicado en la calle 17 sur número 10ª - 21, barrio Ciudad Jardín Sur de la capital.

Para el extremo activo, era imposible que en ese lugar se hubieran realizado esas
actividades, ya que allí funcionaba: un café internet, una farmacia y, la estructura
física para dar las capacitaciones no tenía las condiciones para ello.

Adicional a lo anterior, los accionantes subrayaron que al consultar la página web
del –SIDEAP5–, encontraron dos aspectos relevantes para afirmar que la
demandada no tenía vínculo profesional con la localidad:

i) La presunta experiencia que contiene el documento expedido por la Mesa Local
Indígena, no fue reportado en este portal electrónico y, ii) la demandada se
desempeñó como directora de un departamento administrativo de la Alcaldía
Municipal de Ipiales, departamento de Nariño entre el 10 de enero de 2018 al 23 de
julio de 2019, luego, al dar las citadas charlas ad honorem, ostentando un cargo
directivo que exige tiempo y dedicación, torna en inverosímil tal experiencia.

Recordaron que la nombrada aportó ante la JAL, una segunda certificación fechada
el 20 de marzo de 2021, suscrita a su vez por el representante legal de la empresa,
Influencia Urbana SAS, en la que se refiere que la elegida asesoró a esta compañía
desde agosto de 2019 hasta enero de 2021, siendo poco creíble para los
demandantes esa afirmación, pues:

4 Registro Único de Afiliados. Sistema de información que consolida las afiliaciones que reportan las

entidades y administradoras del Sistema de Protección Social.
5 Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública.

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Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

i) No se identificó el NIT de la compañía, ii) al contrastarse con información de la
DIAN, esta sociedad no existía, iii) no se acreditó el pago al régimen de seguridad
social, pues aunque se indicó que los pagos de la asesoría prestada fueron en
especie, éstos no estaban exentos de la obligación ante la entidad tributaria y, iv)
esta experiencia no fue reportada ni relacionada en la hoja de vida del SIDEAP.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

Los accionantes invocaron como normas vulneradas los artículos, 322
constitucional, 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, 23 inciso 2 de la Ley 909 de 2004,
2.2.5.1.4 del Decreto 1083 de 2015 y el numeral 5º del 275 de la Ley 1437 de 2011.

El concepto de la violación lo justificaron en los siguientes términos:

Manifestaron que la demandada, no acreditó el vínculo con la localidad de Antonio
Nariño dentro de los dos años anteriores al nombramiento, de conformidad con el
presupuesto normativo que estableció el Estatuto Orgánico de Bogotá.

En tal sentido, la documental aportada al plenario relacionada con las charlas ad
honorem dictadas a los integrantes de la Mesa Local Indígena, desde diciembre del
2018 a julio 2019 y, octubre de 2020 a mayo de 2021, no son válidas, en
consideración a que en la misma época, por lo menos al principio de dicha data, la
demandada actuó como funcionaria directiva en los municipios de Pasto e Ipiales,
departamento de Nariño.

En este orden de ideas, aseveraron que no era posible prestar en forma gratuita el
servicio social que se pretende demostrar, pues dadas las distancias entre esos
municipios con el distrito capital y la exigencia del cargo desempeñado en tales
entidades territoriales, «ponen en entredicho la prestación ad honoren del servicio
comunitario»

De igual modo, refirieron que la accionada, cuando estuvo en Bogotá, se encontraba
vinculada contractualmente con localidades distintas a la de Antonio Nariño como
lo fueron, Los Mártires, desde el 1º de junio de 2020 al 10 de enero de 2021 y, con
Bosa, desde el 3 de abril del año 2020 al 31 de junio del mismo año, momentos en
los que corría el periodo de 2 años que estableció la norma censurada.

Dicho lo anterior, para el extremo demandante, la nombrada no acreditó el
desempeño de alguna actividad durante los dos años anteriores a la fecha del
nombramiento, habida cuenta que las charlas dadas a los indígenas, fueron un:
«esporádico trabajo comunitario con comunidades vulnerables se aleja plenamente del
sentir del legislador quien claramente buscaba que quien fuera elegido tuviera pleno
conocimiento de la dinámica local, conocimiento e interacción comunitaria entre otros
aspectos … si el legislador condiciono (sic) y convalido (sic) el vínculo con la residencia trae
inmerso la continuidad y pleno desarrollo de una actividad».

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Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
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1.4 Actuaciones procesales

1.4.1 La admisión y la suspensión provisional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–,
mediante auto del 10 de septiembre de 2021 corrió traslado de la medida cautelar,
y en providencia del 24 del mismo mes y año admitió el libelo y negó la solicitud que
pedía suspender los efectos del Decreto Distrital 271 del 23 de julio de 2021.

1.4.2 Apelación del auto que negó la suspensión provisional

La alzada fue rechazada por dicha corporación en auto del 11 de noviembre de
2021, habida cuenta que el recurso fue presentado extemporáneamente.

1.4.3 Contestación de la demanda

1.4.3.1 Por parte de la accionada

Manifestó que la certificación de las capacitaciones dadas a los integrantes de la
Mesa Local Indígena, demuestran6 el vínculo con la localidad dentro de los dos años
anteriores al nombramiento como alcaldesa.

Explicó su apoderado que, no existe impedimento legal para actuar como servidora
pública en la ciudad de Ipiales y realizar actividades profesionales en la localidad de
Antonio Nariño, ello de conformidad con el concepto 147941 de 2016 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual, no ve impedimento para
que un colaborador del estado pueda realizar asesorías a una entidad privada que
no maneja recursos públicos.

La defensa insistió en que la actividad desarrollada en la localidad no requiere el
ejercicio permanente7, pues tal cualificación no la exigió la norma, en tal sentido, el
certificado de residencia electoral en el que aparece registrado como puesto de
votación la ciudad de Ipiales, no es un impedimento para ser nombrada.

La defensa refiere que las asesorías prestadas a la empresa, Influencia Urbana
SAS, pagadas bajo el carácter de aportes voluntarios, censuradas por el actor, no
tenían la obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social, y que, los certificados
del RUAF y ADRES no deben otorgárseles el valor probatorio que quieren los
demandantes, pues en esos documentos no se hace claridad si el registro
relacionado con el municipio de Ipiales, hacen referencia a la ciudad de nacimiento
o a la de afiliación.

6 Aportaron las actas de relatoría de las reuniones celebradas el 15 de diciembre de 2018, 16 de

febrero de 2019, 18 de mayo de 2019, 6 de febrero de 2021, 17 de abril de 2021.
7 Citó Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Reinaldo

Chavarro Buriticá, sentencia del 6 de octubre de 2005, radicación 25000232400020040042101.

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Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

1.4.3.2 Por parte del Distrito Capital

La apoderada judicial subrayó que en el numeral 7.3 literal (e) de la Circular 005 del
5 de marzo de 2021, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se fijaron, entre
otras cosas, los medios para la acreditación de los requisitos para ser nombrado,
para lo cual, la demandada los demostró con:

a) La declaración bajo gravedad de juramento, en la que informaba la actividad
profesional desarrollada en la Mesa Local indígena, con indicación del tiempo de
ejercicio y lugar en donde la desarrolló y, b) la constancia expedida por la
Coordinadora de esta instancia étnica del 20 del mismo mes y año quien detalló las
charlas realizadas por parte de la nombrada.

Así mismo, para demostrar esa exigencia, la demandada aportó una certificación
expedida por el representante legal de la empresa, Influencia Urbana SAS, del 20
de marzo de 2021, en la que se constató que la nombrada había brindado asesorías
jurídicas, desde agosto de 2019 hasta enero de 2021 en la sede de la empresa
ubicada en la localidad de Antonio Nariño.

Finalmente, recordó jurisprudencia del Consejo de Estado8 para decir que el vínculo
que se debe acreditar para la elección de un alcalde local no implica una relación
continua en el tiempo, pues el ejercicio de una profesión puede desarrollarse de
manera habitual, sin que necesariamente sea permanente.

1.4.4. Audiencia inicial

Fue celebrada el 18 de mayo de 2022 y allí se fijó como problema jurídico principal
y asociado lo siguiente:

se debe decretar o no la nulidad del Decreto 271 del 23 de julio de 2021, por medio
del cual se hace un nombramiento en un empleo de libre nombramiento y remoción
en el cual se nombra a la señora MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN en el cargo
de Alcalde Local de Antonio Nariño, por infracción de las normas en que debería
fundarse, desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento del debido
proceso, como quiera que la demanda se encuentra incursa en la inhabilidad
descrita en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993. (…)

i) Si MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN cumplió con el requisito de residir o
ejercer una actividad profesional dentro de la localidad de Antonio Nariño, durante
al menos los dos últimos años anteriores a la fecha de la elección. (…)

El a quo en la citada audiencia se pronunció sobre los elementos de convicción
aportados por las partes y, decretó las documentales aportadas por el demandado

8 Citó Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP Reinaldo

Chavarro Buriticá, sentencia del 6 de octubre de 2005, radicado 25000232400020040042101.

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Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
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y el demandante. Así mismo, negó algunos medios de prueba solicitados por los
demandantes, entre esos:

1.4.5 Audiencia de pruebas

El 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la referida audiencia, en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca practicó el testimonio al concejal Rolando
González García, decreto pruebas de oficio, incorporó las pruebas en la audiencia
inicial y reiteró a las entidades9 como a la demandada allegar al expediente las
documentales decretadas.

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–,
declaró la nulidad del Decreto 271 del 23 de julio de 2021 a través del cual se
nombró a Mónica Alejandra Díaz Chacón como alcaldesa de la localidad de Antonio
Nariño de Bogotá, D. C.

Para el juzgador, el acto de nombramiento vulneró el orden superior –artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993–, el cual se relaciona con el desempeñó de una actividad
profesional, durante los dos años anteriores a la fecha de nombramiento.

Para llegar a esta conclusión, determinó que la interpretación de tal requisito debe
garantizar que solo quienes tienen una relación con esa localidad, participen y
decidan sobre los asuntos que incumben a su vecindad, evitando así, que
ciudadanos que no tienen un vínculo con ella, interfieran.

Con base en lo anterior, al valorar las pruebas recaudadas en el proceso, el tribunal
de instancia llegó a las siguientes conclusiones:

i) La hoja de vida del SIDEAP demostró que, en el lapso comprendido
entre el 1 de junio de 2020 al 10 de enero de 2021, la demandada
estuvo vinculada contractualmente con las alcaldías de otras
localidades no con la de Antonio Nariño.

9 Ministerio de Protección Social –Unidad de Gestión pensional y Parafiscales UGPP dar respuesta

al requerimiento probatorio efectuado, en aras de determinar si la empresa Influencia Urbana SAS–
reportó pago de obligaciones de seguridad social durante el lapso comprendido entre agosto de 2019
a Julio 23 de 2021 por la presunta relación contractual con la demandada. La Alcaldía Local de
Antonio Nariño, con el fin que aporte copia simple de los actos de creación y reglamentación de la
Mesa Local Indígena de la Localidad Antonio Nariño. A la demandada Mónica Alejandra Díaz Chacón
para que allegue i) Soportes de los desplazamientos efectuados desde el municipio de Ipiales hasta
la ciudad de Bogotá en el lapso comprendido entre diciembre de 2018 a junio de 2021 para dictar
las charlas a que refiere la certificación expedida por la mesa local indígena de Antonio Nariño; y ii)
Soporte de los pagos a seguridad social y retenciones tributarias en relación a los servicios prestados
a la empresa, Influencia Urbana SAS.

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ii) La respuesta de la empresa de transporte aéreo AVIANCA al
requerimiento probatorio del tribunal, demostró que en el período de 2
años que exige la norma, la demandada realizó algunos viajes
ocasionales desde Pasto a Bogotá, los días: 20 de junio de 2019, 10
de septiembre de 2019, (con retorno el 15 de septiembre del mismo
año), 26 de noviembre de 2019 (con destino hacia la ciudad de pasto
el 30 de noviembre del mismo año). Así mismo en relación con
SATENA indicó que, no se habían hecho viajes por parte de la
demandada en el citado período de dos años.

Lo anterior, demostró una esporádica visita de la elegida y de corta duración a la
ciudad de Bogotá.

iii) El Instituto de Servicios Varios de Ipiales –ISERVI ESP–, certificó que
la accionada estuvo nombrada desde el 8 de marzo y hasta el 22 de
julio de 2019, tiempo en el que solo viajó a Bogotá en dos ocasiones.

iv) La Cámara de Comercio de Bogotá informó que la empresa, Influencia
Urbana SAS, con NIT 8300738894, cesó su inscripción desde el 8 de
abril de 2014, por lo tanto, en el período (agosto 2019 a enero 2021)
no contaba con la inscripción activa en el RUP.

v) La respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social constata que
en la Planilla Integrada de Aportes –PILA–, no se encontró información
reportada por la empresa comercial respecto de la demandada como
empleada o como independiente.

vi) El certificado emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
demostró que la demandada tuvo como residencia electoral la ciudad
de Ipiales, departamento de Nariño hasta el año 2021.

vii) El testimonio dado por el concejal Rolando González García que en
principio desconoció el vínculo de la demandada, y que luego procedió
a rectificarlo para decir que la accionada sí había tenido relación con
la comunidad indígena de la localidad, se sustentó en manifestaciones
de terceros no referidos en el plenario que le indicaron a éste
situaciones carentes de respaldo probatorio.

Con base en tales pruebas, para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
demandada no logró demostrar el arraigo o el vínculo con la localidad, pues las
capacitaciones ad honorem dadas a la Mesa Indígena, no constataron el requisito
establecido en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Al no encontrarse acreditada la residencia en la ciudad de Bogotá, mucho menos
en la localidad de Antonio Nariño, tampoco se derivó relación profesional o laboral

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con esta, habida cuenta que sus trayectos de traslado aéreo denotan que su lugar
de asentamiento y retorno siempre fue el departamento de Nariño, en las ciudades
de Pasto o Ipiales, y que sus traslados a la capital fueron de corta duración, tal y
como lo certificó la empresa de trasporte aéreo Avianca, incluso la propia
demandada.

Así las cosas, el a quo accedió al primer cargo –infracción a norma superior– y
declaró la nulidad del acto de nombramiento, pues la demandada no acreditó el
arraigo con la localidad, con lo cual, se desdibujó la finalidad de dicho requisito.

3. Los recursos de apelación

La parte accionada así como el Distrito Capital, formularon escritos en el que se
opusieron a la decisión de primera instancia, los cuales fueron concedidos por el
magistrado sustanciador mediante auto del 18 de mayo de 2023 y, remitidos a esta
corporación judicial el 29 del mismo mes y año.

3.1 La admisión de los recursos

El magistrado ponente mediante auto del 2 de junio de 202310, admitió los recursos
presentados contra la sentencia y, en el término de ejecutoria11, el apoderado de la
demandada presentó solicitud de pruebas12.

3.2 La solicitud de pruebas

El memorialista indicó que, con fundamento en lo establecido en los artículos 212,
213 del CPACA y 317 del CGP, solicitaba la práctica de una inspección judicial al
predio ubicado en la calle 17 sur número 10ª – 21, Barrio Ciudad Jardín Sur de
Bogotá, así como incorporar los videos de retractación del concejal Rolando
González García a favor de la demandada o en su defecto, ordenar la ampliación al
testimonio por él brindado en los medios de comunicación del Concejo de Bogotá.

Mediante auto del 29 de junio de 202313, el despacho rechazó las solicitudes
probatorias formuladas por la demandada.

10 Índice SAMAI número 8.

11 La secretaria de la Sección Quinta notificó por estado el 5 de junio de 2023, luego, los tres días de

ejecutoría se surtieron el 6, 7 y 8 del citado mes y año.
12 Índice SAMAI número 10.

13 Índice SAMAI número 12.

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3.3 Recursos de Reposición y Súplica

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandada interpuso alzadas14
contra la anterior determinación, sin embargo, a través de auto del 26 de julio de
202315, el despacho las rechazó, al haber sido interpuestas en forma extemporánea.

3.4 Incidente de nulidad procesal

El apoderado de la demandada debatió la anterior determinación y presentó
escrito16 que denominó «Nulidad contra el auto de 26 de julio de 2023 que rechaza
por extemporáneo recurso de súplica».

3.5 Auto que rechazó incidente de nulidad procesal

Presentado lo anterior, el magistrado ponente mediante decisión del 14 de agosto
de 202317, rechazó la solicitud formulada.

3.6 Solicitud de aclaración y adición

Ante tal decisión, el apoderado de la demandada mediante memorial radicado el 17
de agosto de 202318, solicitó se aclararan y adicionaran aspectos del auto del 14 de
dicha data que, en su criterio eran relevantes para zanjar el asunto.

3.7 Auto que negó solicitudes

El despacho mediante auto19 del 11 de septiembre de 2023, negó el fundamento del
escrito.

3.8 Incidente de nulidad procesal

Ejecutoriado el auto previamente referido, el apelante presentó nuevamente una
petición de nulidad procesal20 en el que exigió, declarar la nulidad de lo actuado
respecto del auto que corrió traslado para alegar, ya que estaban pendientes de
resolver, según su criterio, varios recursos y solicitudes, con lo cual, el citado
término nunca corrió.

14 Índice SAMAI número 18.

15 Índice SAMAI número 20.

16 Índice SAMAI número 24.

17 Índice SAMAI número 28.

18 Índice SAMAI número 32.

19 Índice SAMAI número 34.

20 Índice SAMAI número 24.

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Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
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3.9 Niega nulidad procesal y decreta medida de saneamiento

Mediante auto del 31 de octubre, el ponente negó la solicitud propuesta, pero
consideró como medida garantista, avalar la posibilidad de que el peticionario
rindiera los alegatos de conclusión respecto de la sentencia de primera instancia.

4. La sustentación de los recursos

4.1. La demandada

A través de apoderado manifestó que el fallo de primera instancia debía ser
revocado por cuatro argumentos a saber: i) Errónea interpretación del artículo 65
del Decreto Ley 1421 de 1993, ii) indebida aplicación de la norma en el fallo, iii)
equivocada valoración probatoria e, iv) irrespeto por los principios a elegir, ser
elegido y de congruencia de la sentencia.

El apelante al desarrollar el primer argumento de su alzada, esto es, la indebida
interpretación normativa, recordó que la sentencia de primer grado cometió un yerro
al decir en su parte considerativa que:

«La Sala concluye que se accederá a las pretensiones de la demanda, al
encontrarse probado el primer cargo formulado por el demandante, esto es la
configuración de la inhabilidad contenida en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de
1993, (…)» (Subrayado original).

Lo anterior lo justificó, por cuanto en su criterio, la inhabilidad se materializa si se ha
desempeñado un empleo público en el distrito, pero no se adscribe al cumplimiento
de los requisitos, tampoco a las calidades exigidas para el cargo o corporación al
que se aspira, por lo que la sentencia violó el principio de congruencia al fallar sobre
una inhabilidad inexistente y, además, no solicitada en la demanda.

De otra parte, justificó el segundo de los argumentos de su alzada, esto es, la
indebida aplicación de la norma en el fallo, por lo que aseveró que, el artículo 26
constitucional otorgó libertad para escoger profesión u oficio y, el canon 65 del
Estatuto Orgánico de Bogotá, previó literalmente para aquellos que aspiren ser
alcaldes locales: «haber (…) desempeñado cualquier actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad».

Así las cosas, señaló como inadmisible que: i) el fallo hubiera entendido que el
vínculo de la demandada con la (Mesa Local Indígena e Influencia Urbana SAS), no
tenía cercanía con la comunidad y se «menosprecie el ejercicio de la profesión de
la demandada para justificar la causal de nulidad» y, ii) la ley no hizo distinciones
entre actividades públicas y privadas, luego, el juez no podía realizarla, so pena de
violar el derecho a la igualdad.

En tal sentido, la sentencia de primer grado fue en contra de la jurisprudencia de la

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Sala Electoral21, la cual ha entendido que, el ejercicio de una profesión bien podría
desarrollarse de manera habitual en una localidad durante el término señalado en
la ley, sin que necesariamente sea permanente y, por lo anterior, el fallo de instancia
impuso irrazonablemente un parámetro de temporalidad que la norma no fijó, pues
la accionada con las actividades particulares consolidó el requisito legal.

Por otra parte, el apelante desarrolló el tercer argumento de su recurso, relacionado
con la existencia de una indebida valoración probatoria, para ello refirió que, el
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, al leerse en forma taxativa, impedía que
el tribunal razonara bajo el siguiente tenor: «lo que se acredita es una asistencia
ocasional y concreta a unas instalaciones privadas para capacitar a sus miembros».

Finalmente, en el cuarto punto de su apelación, enfatizó en que la sentencia de
instancia desconoció los principios a elegir y ser elegido, así como el de congruencia
de la sentencia.

4.2 El Distrito Capital

A través de apoderada judicial manifestó que el fallo de primera instancia debía ser
revocado por los siguientes argumentos:

i) Incongruencia valorativa de la sentencia, ii) errónea aplicación del concepto de
arraigo, iii) inexistencia de la configuración de la inhabilidad e indebida
interpretación del artículo 65, iv) acreditación del requisito del desempeño
profesional en la localidad, v) infracción del principio de integralidad probatoria, vi)
inadecuada aplicación del mandato legal de contenido restrictivo y, vii) vulneración
del precedente jurisprudencial.

En el primero de los puntos, insistió en que no hubo un análisis adecuado respecto
de los medios de prueba aportados, entre esos y con mayor énfasis, en la
declaración rendida por la demandada y el testimonio del concejal Rolando
González García, los cuales, demuestran que la accionada cumplió con el requisito
del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.

En el segundo reparo, manifestó que una lectura literal del artículo 65 ídem, no exige
que exista un arraigo, basta que se demuestre el ejercicio de actividades en la
localidad, luego, el concepto que utilizó la instancia está por fuera del marco
jurisprudencial expuesto por la Sección Quinta22.

Respecto del tercer acápite de su alzada, insistió en que hubo una incorrecta
hermenéutica por parte del tribunal, en el que se confundieron los conceptos de,

21 Citó, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6

de octubre de 2005, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
22 Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado: 25000-23-24-000-2004-00421-01(3744). MP.

Reinaldo Chavarro Buriticá, sentencia del 6 de octubre de 2005.

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«inhabilidad con la exigencia de requisitos», aspectos que no permiten su
asimilación, por lo que la tesis del juzgador restringió la participación y ejercicio del
poder político de la nombrada.

Expuso como punto cuarto que en el plenario, sí se acreditó el requisito del
desempeño de actividad profesional en la localidad por parte de la demandada y,
para tal efecto, recordó el procedimiento que previeron las Circulares 05 y 06 de
2021, emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales, determinaron la forma
en que la vinculación se podía demostrar, siendo posible probarlas a través de
certificaciones aportadas por la aspirante o por terceros.

Refiere como aspecto número cinco, la vulneración del principio de integralidad
probatoria, para ello, aseveró que el tribunal no apreció en conjunto el acervo
probatorio y omitió considerar algunos elementos decisivos, los cuales insiste,
debían ser analizados a la luz de los artículos 164 y 176 del CGP.

Como sexto acápite de su escrito, indicó que hubo una inadecuada aplicación del
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, ya que no podía ser interpretado de
manera extensiva, pues la demandada aplicó a una de las dos opciones que trajo
la citada norma, por cuanto entregó para su valoración, las certificaciones y
constancias de haber desempeñado una labor profesional, sin embargo, el tribunal
extensivamente razonó en que a la demandada debía aplicársele la primera, es
decir, la de haber residido, lo cual desfasó el correcto entendimiento de la situación
fáctica y las pruebas que apoyaron tal determinación.

Concluye su análisis con el séptimo argumento, afirmando que se vulneró el
precedente jurisprudencial, es decir, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado han proscrito la hermenéutica extensiva cuando de restricciones al
derecho político a elegir y ser elegido se trata.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

5.1 El Distrito Capital23

La apoderada presentó similares argumentos a los propuestos en la apelación.

5.2 La demandada

La parte accionada, conforme con la medida de saneamiento adoptada en auto del
31 de octubre de 2023, rindió sus alegatos24. Para tal efecto, ratificó los argumentos
presentados en el escrito de apelación y finalmente, adujo el siguiente
razonamiento:

23 Índice SAMAI número 9.

24 Índice SAMAI número 47.

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La residencia exigida a quien aspira a ocupar tales posiciones, guarda relación con
la necesidad de que quienes adoptan decisiones que tienen impacto sobre una
determinada comunidad y ejercen la representación de esta, cuenten con arraigo
suficiente en ella para conocer sus necesidades y problemas, así como con la
capacidad de formular alternativas de solución basadas en la realidad de su
territorio…

5.3. Concepto del Ministerio Público25

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia proferida en primera instancia bajo los siguientes argumentos:

Indicó que el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, no exigió que la actividad
profesional se debía realizar de manera permanente en la localidad durante los dos
años anteriores al nombramiento, no obstante, allí se estableció la preposición
«durante», expresión que, denota simultaneidad o indica el período de tiempo a lo
largo del cual está ocurriendo algo de manera continuada o tiene lugar una acción.

En segundo momento aseveró la vista fiscal que, conforme a las pruebas aportadas
al plenario, no es posible concluir que la demandada hubiese desempeñado una
actividad profesional en la localidad de Antonio Nariño, durante los 2 años anteriores
a la fecha de su designación, –23 de julio de 2019 y el 23 de julio de 2021–.

Derivado de lo anterior, la certificación expedida por la coordinadora de la Mesa
Local Indígena, en la cual se afirmó que la demandada apoyó durante 13 meses y
20 días, al ser contrastada con las actas de reuniones de dicha instancia, evidencian
que la nombrada solo asistió a 4 mesas de trabajo durante el citado período alegado,
lo cual, no materializa el requisito legal que se echa de menos.

Así mismo, con relación a la certificación expedida por el representante legal de la
empresa, Influencia Urbana SAS, advierte que le fue certificada a la demandada 18
meses de experiencia contractual, sin embargo, solo se soportó en 7 recibos de caja
menor, con lo cual no se comprueba que se desarrolló en las condiciones de
habitualidad que exige la norma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 15026 y 152.7 literal (c) del CPACA, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala

25 Índice SAMAI número 26.

26 Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de

Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de

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Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el distrito
capital contra la sentencia del 30 de marzo de 2022, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–, declaró la
nulidad del Decreto 271 del 23 de julio de 2021.

2. Cuestión Previa

El 16 de noviembre de 2023, el apoderado de la demandada allegó memorial en el
que indicó que su prohijada, es decir, la señora Mónica Alejandra Díaz Chacón,
había presentado renuncia al cargo como alcaldesa local de Antonio Nariño, la cual,
fue aceptada a través del siguiente acto administrativo:

La Sala al respecto, debe precisar que el Decreto 271 del 23 de julio de 2021,
produjo efectos jurídicos desde su expedición hasta la aceptación de renuncia, con
lo cual, impone al juez electoral realizar el control judicial y decidir de fondo el caso.

En tal sentido, se recuerda la regla jurisprudencial27 que recae sobre el anterior
razonamiento:

2.2.3.2 Si el acto demandado produjo efectos jurídicos

queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de mayo de 2018, Rad. 47001-23-33-000-

2017-00191-02, MP. Rocío Araújo Oñate.

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Por otra parte y si el acto acusado produjo efectos y no se encuentra vigente, el
juez contencioso administrativo aún en el evento en que haya sido retirado del
ordenamiento jurídico, mantiene su competencia para conocer de su legalidad
porque, su exclusión jurídica impide que el acto se aplique hacia el futuro,
empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para
producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia.

Por lo anterior, un acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico que
produjo efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control
por la jurisdicción contencioso administrativa, quien formalmente decidirá si
dicho acto excluido fue expedido en su momento observando los elementos de
validez: competencia, objeto, forma, causa y finalidad.

Así las cosas, la Sala realiza el estudio de fondo, para lo cual, se abordarán los
tópicos que a continuación se refieren:

3. Problema jurídico

Conforme con el fallo de primera instancia y con los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica
o revoca la sentencia de primera instancia.

Para el efecto, se debe determinar si los argumentos presentados en los recursos
de apelación, los cuales están dirigidos a afirmar que, sí se acreditó el desempeño
de una actividad en la localidad, permiten revocar la decisión de instancia.

Se resalta que la parte recurrente, centró su atención en la presunta indebida
valoración jurídica y probatoria por parte del a quo, que le llevó a prescindir de varios
elementos de convicción obrantes en el proceso, y malinterpretar el parámetro legal,
los cuales indica, eran suficientes para acreditar que la demandada sí cumplió con
el requisito de haber desempeñado al menos con dos años de antelación a la fecha
de nombramiento en la localidad de Antonio Nariño, actividades jurídicas y
contractuales como presupuesto para su nombramiento.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) Análisis
histórico, normativo, jurisprudencial y sistemático del artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993 y, (ii) el caso concreto.

3.1 Análisis histórico, normativo, jurisprudencial y sistemático del artículo 65
del Decreto Ley 1421 de 1993

La Sala abordará el estudio de la citada norma, para tal efecto, revisará los orígenes
que tuvo la figura del alcalde local con el fin de comprender, cuál o cuáles fueron
los entendimientos que se le dieron a conceptos normativos, como lo son, el
desempeño de actividades, la duración de dos años y, el ejercicio de estos en la

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respectiva localidad, aspectos que como se indicó en los antecedentes de esta
providencia son objeto de discusión en sede de apelación.

En primer lugar, la Sala quiere destacar el desarrollo histórico de la institución
jurídica de las alcaldías locales, para así clarificar si cualquier experiencia aportada
por el demandado sirve o si, por el contrario, existen otros criterios que deben ser
tenidos en cuenta al momento de ser nombrado burgomaestre local.

Este análisis es de gran utilidad, debido a que la creación de esta figura fue objeto
de grandes discusiones en el seno de la constituyente de 1991, los cuales,
despertaron profundas modificaciones al régimen especial que aplicaría en la capital
de Colombia y, que hoy generan complejidades debido a la relativización de los
alcances jurídicos que tienen: i) los requisitos, ii) la residencia, iii) el desempeño de
actividad, y iv) la duración.

Según estudió la Sala, los antecedentes y los debates realizados en la constituyente
sobre el Estatuto Orgánico de Bogotá, consolidaron un proceso que venía de años
anteriores y que se remonta a 1945, más exactamente, ese proceso normativo se
materializó a través del artículo 1° del Acto Legislativo 0128, el cual, modificó el
artículo 5° de la Constitución Nacional de 1886, así:

El territorio nacional se divide en Departamentos, Intendencias y Comisarías;
aquéllos y éstas, en Municipios o Distritos Municipales.

La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito
especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que
fije la ley. La ley podrá agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de
la capital de la República, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas
partes de los concejales del respectivo Municipio. (Negrilla fuera de texto)

Posteriormente en 195429, durante el gobierno del General Rojas Pinilla, se expidió
el Decreto 3640 el cual dividió administrativamente la ciudad en zonas, con un
esquema de desconcentración a cargo de un alcalde menor, con funciones de
inspector de policía, y quien cumplía la tarea de ser subalterno y representante del
Alcalde Mayor en su respectivo territorio.

Con los años, el proceso fue evolucionando30 y se fueron introduciendo esquemas
de participación ciudadana y medidas que fueron extendiendo la autonomía local,
al punto que, para 1982 ya se contaba con 19 zonas, cada una con un alcalde local
menor que tenía la facultad de diseñar un plan para estos límites, con la asesoría
del Departamento Nacional de Planeación.

28 Por el cual se confieren algunas atribuciones al director de la policía.

29 La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 “Un hecho con antecedentes”. Revista

BITÁCORA Universidad Nacional.
30 Botero, M. H., y Suárez E. C. (2010). Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una

historia inconclusa. Universidad del Rosario.

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De lo anterior, puede colegirse que la planeación y sobre todo la desconcentración
de funciones en funcionarios que debían conocer el territorio, dada su especialidad,
erigía estos conceptos en definitorios, sobre lo que sería Bogotá en los próximos
años.

Ese decreto de 1954, alteró la visión que tenía la Constitución de 1886 y posibilitó
años después que, el legislador expidiera un Código de Régimen Municipal,
adoptado a través del Decreto 1333 de 1986, cuyo objeto, si bien no se dirigió a
reglamentar aspectos propios y especiales de la capital de la república, promocionó
la descentralización interna de la administración municipal y la adscripción de
funciones de mayor responsabilidad a las alcaldías locales, debido a que se
nombraba a quien tenía mayor y mejores conocimientos sobre las dinámicas de
cada territorialidad.

En vigencia de esa última norma, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 8 de
198731, el cual, creó 20 Juntas Administradoras Zonales y previó la figura del alcalde
zonal con las siguientes características: i) debía tener los mismos requisitos y
calidades del alcalde menor y, ii) tenía que residir en la respectiva zona por lo menos
con un año de antelación a la fecha de su designación.

Este acuerdo tuvo una efímera duración, habida cuenta que fue anulado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca32, con lo cual, se retrasó la coordinación
entre los niveles, distrital con el local y, la materialización de la planeación de la
ciudad en relación con el desarrollo de sus localidades.

En tal sentido, en la Asamblea Nacional Constituyente dado el impacto que
generaba la capital de la república en los aspectos políticos, servicios públicos,
fiscales, entre otros, sobre la nación, se vio necesario plantear un capítulo específico
que rigiera a Bogotá, teniendo como foco de discusión, la descentralización y la
planeación conforme a las premisas presentadas por algunos de los constituyentes
de la época.

A esta instancia preconstitucional, se presentaron varias propuestas de
organización administrativa para el distrito, con el propósito de facilitar, entre otras,
la planeación, la resolución de las demandas sociales, dada la multiplicidad de
comunidades que convivían al interior de la ciudad y de cada localidad.

31 Por medio del cual se estableció la Descentralización Administrativa del Distrito Especial de Bogotá

mediante la Organización de Juntas Administradoras Zonales, la creación de Fondos de Desarrollo
y se dictan otras disposiciones.
32 Botero, M. H., y Suárez E. C. (2010). Bogotá y la descentralización intraterritorial: crónica de una

historia inconclusa. Universidad del Rosario.

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Los debates entre los constituyentes33, Guillermo Plazas Alcid, Jaime Castro,
Augusto Ramírez Ocampo, entre otros, señalaban la importancia de que la capital
del país tuviera un régimen jurídico especial, acorde con su propia importancia y su
aspecto geofísico, aspectos que debían ser analizados dado el componente fiscal,
presupuestal y económico que repercutía no solo en la descentralización de
competencias y de funciones, sino también, en la planeación de todos los aspectos
de una ciudad que día a día crecía exponencialmente.

A partir de lo anterior, los proyectos proponían que Bogotá se dividiera34 al interior
por otras ciudades, y a la cabeza de ese conjunto se hallaran unos alcaldes con sus
respectivos concejos, quienes conociendo su comunidad, podrían dirigir y planear
la organización de los asuntos locales.

Otros delegatarios presentaron un informe35, insistiendo en que la estructura para
la ciudad debía reafirmar la democracia local, la descentralización al interior de la
ciudad y la planeación como fórmulas que permitieran a la ciudadanía, participar en
el manejo de los asuntos públicos que directamente les concierne y a elegir sus
autoridades más cercanas.

En últimas, la preocupación de esos constitucionalistas era insistir en que, los
espacios locales y por supuesto sus instituciones –alcaldes locales– debían ser
fortalecidos, no solo a través de la disposición de importantes recursos financieros,
sino también, cualificando la administración en forma eficiente y eficaz de cara al
ciudadano, a través de la descentralización, la planeación y el conocimiento cercano
de las necesidades de cada territorio.

Con base en ello, pensaron los constituyentes en que la planeación y la
descentralización de las funciones del distrito, en el nivel más próximo al habitante,
canalizaría las demandas sociales, reduciría los costos de las obras, los servicios,
y se garantizaría la efectiva participación comunitaria con el correlativo control de
las funciones públicas.

Al respecto, en dichos debates parlamentarios surtidos en la Asamblea Nacional
Constituyente36, se afirmó en punto de la representación de las localidades que:

Las ciudades, municipios o zonas en que se divida el Distrito tendrán, entonces,
autoridades propias, tendrán autonomía para el manejo de los asuntos de su
competencia y recursos para la atención de las funciones a su cargo. (…)

33 Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional No. 116.

34 Lemos Simmonds, C. (1991, 15 de marzo). Exposición de motivos del Distrito Especial de
Bogotá. Gaceta Constitucional, 21, 64-88.
35 Jaime Castro, Titulado: «Bogotá, Distrito Capital», Informe número 40, lunes 8 de abril de 1991.

Pág. 13.
36 Exposición de motivos del Distrito Especial de Bogotá. Gaceta Constitucional.

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Con base en las normas generales que establezca la ley, el Concejo, a iniciativa del
alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las
características sociales y económicas de sus habitantes, y hará el correspondiente
reparto de competencias y funciones administrativas. (…) a las locales, la gestión
de los intereses propios y particulares de su respectiva localidad. (Subrayado fuera
de texto).

La anterior preocupación de los redactores de la constitución, llevó a que se
diseñara un estatuto orgánico especial y único para Bogotá, pensado desde la
planeación general de la ciudad y aterrizado a los proyectos de desarrollo de las
localidades.

Seguidamente, esos debates una vez fueron zanjados en el Congreso de la
república, permitieron a la Asamblea Nacional Constituyente aprobar el texto
discutido y, es el que aparece en los artículos 322 a 324 de la Constitución Política
vigente, los cuales, han sido modificados por los Actos Legislativos 1 de 2000, 2 de
2002 y 3 de 2019.

Sin perjuicio de ello, debe decirse que la norma constitucional al ser de textura
abierta, defirió que el desarrollo de su régimen político, sería el establecido por el
legislador a través de las leyes especiales que para el mismo se dictaren, por ello,
como se verá más adelante, debe tenerse que el requisito, está condicionado a la
redacción que dio para tal efecto el Decreto Ley 1421 de 1993 a las normas que le
modifiquen o complementan para así entender sistemáticamente, el alcance que
tuvo la imposición de requisitos y calidades para ser alcalde local.

En tal sentido, si bien la norma constitucional del artículo 322 superior orientó el
entendimiento del requisito contemplado en el parámetro 65 del Estatuto Orgánico
de Bogotá, fue esta última norma la que delimitó las condiciones y alcances para
ser alcalde local, entre otros, por unas condiciones materiales37, temporales38 y
territoriales39.

La Sala debe precisar en este punto que, una vez entró en vigencia la Carta Magna,
se expidió la Ley 1ª de 1992, con la cual se dictaron las normas generales que
previeron el régimen inicial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá, sin
embargo, tuvo una efímera duración y fue derogada por el Decreto Ley 1421 de
1993, con ocasión de la concesión de facultades especiales establecidas por el
artículo transitorio 41 de la norma superior al presidente de la república.

De manera general, sin adelantar un estudio profundo sobre el citado decreto ley,
en él se establecieron las reglas generales de la descentralización territorial de la
ciudad respecto de las localidades, con sus juntas administradoras y sus alcaldes

37 Residir o desempeñar alguna actividad.

38 Durante y como mínimo dentro de los 2 años anteriores al nombramiento.

39 Dentro y exclusivamente de la localidad.

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y, como premisas generales, se dispuso la necesidad de que éstas no se
concibieran como simples delimitaciones físico-territoriales, por el contrario, en cada
una de estas existen características sociales, de estrato, culturales y económicas
en cada una de las veinte que existen hoy día.

La norma si bien reafirma la existencia de unos límites físicos con lo cual se
determina la competencia por factor territorial de los burgomaestres, ello no
constituye, per se, la simple división material del territorio, al contrario, tales
espacios, deben ser entendidos dentro de un contexto social por lo que, la gestión
de los intereses que subyacen a cada comunidad exige el conocimiento del lugar al
cual se aspiraría administrar, sea a través de la residencia o el desempeño de
actividades que durante un período mínimo de dos años, permita comprender las
dinámicas, los retos y las perspectivas de dicha localidad.

Bajo este primer análisis, la Sala reconoce algunos patrones comunes que tuvieron
en cuenta, no solo las normas preconstitucionales y los debates que los
constituyentes introdujeron a favor del régimen actual, sino que esas justificaciones
permiten entender, cuál fue el sentido que utilizó el legislador al redactar el requisito
del artículo 65 ídem. Al tenor de lo anterior, se pueden destacar las siguientes:

i) El conocimiento de las realidades de la localidad por parte de los alcaldes locales,
ii) la proximidad de la gestión pública de estos funcionarios a la ciudadanía, iii) la
planeación como elemento a tener en cuenta por los burgomaestres en el nivel local,
el cual, debe ser coordinado con el propuesto por el acalde (a) mayor, iv) el control
social de la ciudadanía sobre los recursos y, v) la democratización de los territorios
de acuerdo a las particularidades de cada localidad.

Razonado lo anterior, al haberse abordado el análisis histórico de las normas que
erigieron la figura de las alcaldías locales, la Sección ve procedente estudiar la
estructura normativa del artículo 65 del Estatuto Orgánico de Bogotá, en forma
sistemática40, contextual y literal, ello de conformidad con los parámetros
jurisprudenciales que ha establecido la Corte Constitucional41 respecto a la
hermenéutica que debe aplicarse en materia electoral por parte del juez.

La norma es la siguiente:

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Luis Eduardo

Jaramillo Mejía, sentencia de marzo 20 de 1996, radicaciones: 1366 y 1534. La consideración de la
interpretación armónica del Decreto 1421 de 1993 con la Constitución Política y otras normas del
Estatuto Orgánico de Bogotá, se asienta sobre la base del artículo 3º inciso 2 que dispuso que, sus
disposiciones prevalecen sobre las normas legales de carácter general vigentes para las demás
entidades territoriales.
41 Corte Constitucional, sentencia SU – 115 de 2019. MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Para la Corte,

la interpretación literal y gramatical, realizada por el Consejo de Estado no es la correcta en
tratándose de acceso a cargos públicos, en tal sentido procede el análisis sistemático y contextual
de la norma, el cual como es lógico, se ajusta en mayor grado a los contenidos constitucionales.

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Requisitos para los cargos de edil y alcalde local. Para ser elegido edil o nombrado
alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado
alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad
por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del
nombramiento.
Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos
descritos en el numeral 13.2.1.1 del Artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

En forma general, lo primero que se destaca y que es concordante con el análisis
histórico al cual se ha hecho alusión es que, las exigencias para el acceso al cargo
de alcalde local son reserva de ley y las normas en que se sustenta dicho mandato,
concretan una faceta de la autonomía territorial, específicamente, en la correcta
organización de la gestión pública de las diferentes localidades de la ciudad.

En segundo momento, cabe señalar que el Decreto Ley 1421 de 1993, fijó el
régimen especial del entonces Distrito de Santa Fe de Bogotá, el cual como es
obvio, reglamentó la figura de los alcaldes locales como entidades que coordinan
en el territorio, entre otras, la gestión administrativa, la prestación de servicios, la
planeación y la participación de la ciudadanía.

Al realizarse un análisis sistemático del Estatuto Orgánico de la ciudad, se
encuentran algunas de las variadas funciones que este cuerpo normativo asignó a
los alcaldes locales, las cuales, en su mayoría o con especial relevancia, están
dirigidas a preservar el espacio público, ejecutar el presupuesto, identificar las
necesidades apremiantes, buscar sus soluciones, promover la participación,
permitir la veeduría ciudadana en el manejo y control de los asuntos públicos.

También se tiene que, los burgomaestres locales pueden presentar proyectos de
acuerdo42 relacionados con la localidad, que no sean de la iniciativa privativa del
Alcalde Distrital, participar en la elaboración del plan de desarrollo económico, social
y de obras públicas y, vigilar la ejecución de los contratos en la localidad, así como
formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen
pertinentes.

Quiere decir lo anterior que, el legislador les encomendó a los alcaldes locales
precisas competencias, las cuales, para lograr ser cumplidas, deben partir del
conocimiento que tenga el funcionario sobre su localidad, por ello, el presidente en
uso de facultades legislativas no fue caprichoso en instruir a través de ciertos
requerimientos, el cumplimiento de las exigencias que debe tener la persona para
ser nombrado en dicho cargo público.

En otras palabras y de acuerdo con la interpretación histórica y sistemática sobre
los alcaldes locales, se entienden estas figuras como aquellas que constituyen una
autoridad que está para hacer más eficiente la acción administrativa, a través de la

42 Artículo 76 del Decreto Ley 1421 de 1993.

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desconcentración de funciones y, de esa manera, como se indicó en precedencia,
suplir de manera más próxima al ciudadano de la localidad las necesidades que se
demandan en sus territorios.

Esta norma hecha para la capital de Colombia y que deriva de los artículos 322 a
324 de la Constitución Política, reiteran que a las autoridades distritales les
corresponderá, garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y, la
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito, en tanto que, a las locales,
les corresponderá la gestión de los asuntos propios de su territorio.

En síntesis, desde un plano sistemático, la norma constitucional y el Decreto Ley
1421 de 1993, entienden que los alcaldes locales, detentan la calidad de directores
de la administración local y, asumen la planeación, coordinación y ejecución de los
proyectos de desarrollo local, a efectos de suplir, de manera próxima, las
necesidades del ciudadano y la gestión pública43 de sus territorios.

Ese entendimiento es acorde con lo dicho por la jurisprudencia constitucional 44, en
la cual, se destacan como notas características de dicho empleo las siguientes:

(…) iv) participan en la realización de la planeación de proyectos, para lo cual
asumen funciones de dirección política con miras aplicar el proyecto político en su
localidad (…)

Ahora bien, desde un análisis literal y contextual del enunciado normativo, se
precisa que para ser nombrado alcalde local:

i) Debe cumplir con unos requisitos45 esenciales46, únicos, específicos y
exclusivos, los cuales, fueron pensados por el constituyente y el legislador
en forma especial, debido al régimen en el que se desarrolló y organizó
la capital de la república.

43 Principalmente acceso a los barrios (mejoramiento de las vías), la construcción o el mantenimiento

de equipamientos sociales (educación, salud, deportes y recreación, etc.) Como algo secundario el
financiamiento de actividades interinstitucionales (animación, formación, asistencia, etc.)
44 Corte Constitucional, sentencia C – 368 de 1999, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Definió

características de dicho empleo público. Corte Constitucional, sentencia T – 268 de 2005, MP. Jaime
Araújo Rentería. Se pronunció sobre la discrecionalidad con la que cuenta el alcalde electo
popularmente para definir sobre estos empleos. Corte Constitucional, sentencia C – 353 A de 2021,
MP. Alberto Rojas Ríos. Esbozó sobre los regímenes especiales y del distrito capital. Corte
Constitucional, sentencia C – 268 de 2022, MP. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Estudió los artículos 6
y 14 de la Ley 2116 de 2021, por medio de la cual se modificó el Decreto Ley 1421 de 1993.
45 Real Academia de la Lengua Española - Diccionario panhispánico del español jurídico: Gral.

Requisito cuyo cumplimiento es indispensable para la validez del acto, negocio, disposición o
resolución de que se trate.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. María Nohemí

Hernández Pinzón, sentencia del 7 de diciembre de 2006, radicación: 25000-23-24-000-2005-00961-
01 y 2005-00968-01. Las exigencias del artículo 65 corresponden a requisitos de validez y si el
designado (a) no los demuestra, habrá lugar a invalidar el acto de designación.

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ii) Solo los ciudadanos en ejercicio tienen la potencialidad de acceder a este
cargo público, es decir, aquellos nacionales que hayan cumplido la edad
exigida por el ordenamiento jurídico y, que no hayan sido sancionados,
con la suspensión o la pérdida absoluta de los derechos políticos47.

iii) Debe haber residido, o

iv) Debió desempeñar alguna actividad profesional, industrial, comercial o
laboral, es decir, ejercer las obligaciones inherentes a una profesión,
cargo u oficio48.

v) Debió ejercer tal actividad, como mínimo, durante los dos años anteriores
a la fecha del nombramiento.

vi) Todo dentro de la respectiva localidad.

Sobre los conceptos 1 y 2, la Sala debe decir que los requisitos, son exigencias que
debe cumplir una persona para acceder al cargo público, en este punto, para ser
alcalde local, la norma estableció la conjunción «y», es decir, se requiere no solo la
calidad de ciudadano en ejercicio, también le exige, acreditar una de dos opciones
posibles.

La primera de ellas es, haber residido, para tal efecto, el legislador en forma
disyuntiva utilizó la letra «o» lo que quiere decir que, a la ciudadanía en ejercicio, la
puede acompañar alternativamente ésta, pero si no se logra demostrar, surge como
segunda opción, el haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial,
comercial o laboral.

Ahora bien, respecto al concepto de residencia, al revisarse el marco normativo para
la designación de alcaldes locales, (Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 1350 de
2005 y la Ley 2116 de 202149), no se observa que el legislador haya establecido
una definición, puntual y delimitada o se hubiera especificado qué condiciones debe
revestir esta noción, sin embargo, ante ausencia de descripción formal, corresponde
al juez dentro de la facultad de interpretación de las normas definir sus alcances y
características.

La Sala una vez puntualiza en que no es la norma superior la que detalla con
precisión, al ser una norma de textura abierta, el concepto de residencia, y a que
tampoco el Decreto Ley 1421 de 1993, los definió con toda precisión, pasa y analiza

47 Constitución Política artículos 98 y numeral 2 del 175.

48 Real Academia de la Lengua Española – Diccionario de la Lengua Española.

49 Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993.

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el artículo 1º del Decreto 1350 de 200550, en el cual, se precisaron otros elementos
a tener en cuenta respecto a este instituto jurídico:

Objeto. En cumplimiento de los principios de la función pública previstos en el
artículo 209 de la Constitución Política, el presente decreto reglamenta el proceso
de la integración de las ternas para el nombramiento de los Alcaldes Locales en el
Distrito Capital, con el fin de que este responda al criterio de mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional de los aspirantes y que permita la
participación de los ciudadanos que habitan en cada una de las localidades, al tenor
del numeral 2 del artículo 2 y del Título VIII de la Ley 909 de 2004 y de los artículos
32 y 33 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de la autonomía de las Juntas
Administradoras Locales. (Resaltado por la Sala)

Del anterior precepto, se debe entender que, para ser ternado y posteriormente
nombrado como alcalde local, los ciudadanos interesados en participar deben
«habitar» en la localidad.

Es decir, la norma propone un nuevo concepto para entender la residencia, el cual,
ya ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Sección y en la que se ha
advertido respecto de los alcaldes locales que:

i) No se entiende adscrito exclusivamente al hecho de poseer propiedades51 en la
zona correspondiente52 y, ii) puede demostrarse cuando se ha laborado en el
territorio en forma continua53, se han cursado estudios54 o se ha vivido55.

A esta hermenéutica adoptada por la Sección Quinta, se suma lo dicho por los
constituyentes, en cuanto que para acreditar arraigo o vínculo, el alcalde local debe
tener cercanía, proximidad y conocimiento del territorio al cual aspira ser nombrado,

50 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 84 y 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, en

lo que tiene que ver con el proceso de integración de ternas para la designación de los Alcaldes y el
nombramiento de los Personeros Locales.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Miren De La

Lombana De Magyaroff, sentencia del 2 de febrero de 1996, radicación: 1496.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Reinaldo

Chavarro Buriticá, sentencia del 6 de octubre de 2005, radicación 25000-23-24-000-2004-00421-01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago

Valencia, sentencia del 4 de diciembre de 2013, radicación: 25000-23-41-000-2012-00346-01. Allí
se manifestó: «Podría decir el demandante que el señor Borja Herrera de todas maneras no reúne
requisitos porque no demostró que durante los dos meses que trascurrieron entre su retiro de la
Personería de Bogotá y su inscripción a alcalde local tuvo vínculo con la localidad, sin embargo, una
afirmación en tal sentido caería en el rigorismo y desconocería que por más de tres años continuos
el demandado trabajó en la Localidad de Santa Fe. (Resaltado fuera de texto).
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. María Nohemí

Hernández Pinzón, sentencia del 7 de diciembre de 2006, radicación: 25000-23-24-000-2005-00961-
01 y 2005-00968-01.
55 Ídem.

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«durante56», los dos años anteriores al nombramiento. Mismo condicionamiento
temporal para el desempeño de alguna actividad industrial, laboral o profesional.

En este punto, conviene precisar que la Sección Electoral en sentencia con radicado
2004-00421-01(3744), en su parte considerativa, –obiter dicta– determinó que,
frente a los requisitos del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, «el ejercicio de
una profesión bien podría desarrollarse de manera habitual en una localidad durante
el término señalado en la ley, sin que necesariamente sea permanente».
(Subrayado por la Sala).

Sin embargo, debe precisar esta Sala en que la prenotada decisión:

i) No creó una regla jurisprudencial propiamente dicha, ii) se justificó bajo una
lectura literal mas no integral del estatuto orgánico, iii) no abarcó el análisis
sistemático, jurisprudencial y normativo que hoy debe realizarse en virtud de los
recientes fallos que la Corte Constitucional ha establecido frente a los métodos de
interpretación57 sobre derechos a ocupar cargos públicos, iv) aplicó una
interpretación exegética de la norma sin incluir un análisis sobre las expresiones,
«durante y por lo menos», habida cuenta que en ese caso, no vio necesario emplear
una hermenéutica de tales connotaciones y, v) el concepto de habitualidad58, infiere
un hábito o una frecuencia en el desempeño de una actividad, con lo cual,
desatiende aquello que es esporádico, episódico o coyuntural.

En este punto, debe dejarse en claro que la sentencia con radicado 2004-00421-
01(3744), que acaba de explicarse, declaró la nulidad del acto de nombramiento del
alcalde local, en consideración a que en ese preciso caso, el argumento central fue:

Aportó también el certificado de libertad y tradición de un inmueble cuyo No. de
matrícula es 50C - 48402, ubicado en la Calle 13 No. 9-33, Edificio Sabanas,
mediante el cual acreditó que es propietaria de cuotas de dominio sobre dicho bien,
(…) No obstante, ese hecho no constituye por sí solo el sustrato material del
concepto de residencia, pues no implica estar de asiento en la localidad en que el
bien está ubicado ni el desempeño de actividad profesional, industrial, comercial o
laboral en la misma durante los dos años anteriores a la fecha de expedición del
acto acusado. (Subrayado por la Sala)

56 Exposición de motivos del Distrito Especial de Bogotá. Gaceta Constitucional 21, 64-88. (1991, 15

de marzo).
57 Corte Constitucional, sentencia SU – 115 de 2019. MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Para la Corte,

la interpretación literal y gramatical, realizada por el Consejo de Estado no es la correcta en
tratándose de acceso a cargos públicos, en tal sentido procede el análisis sistemático y contextual
de la norma, el cual como es lógico, se ajusta en mayor grado a los contenidos constitucionales.
58 Diccionario de la Lengua Española: Que se tiene por habito. Que existe o se da normalmente con

frecuencia. Dicho de una persona que hace repetidamente lo que es propio.
https://dle.rae.es/habitual?m=form&m=form&wq=habitual

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Así las cosas, se insiste que conforme al análisis histórico, sistemático,
jurisprudencial y normativo contextual del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993,
la expresión, residir, está condicionada por una última palabra, «durante», la cual,
es aplicable en su aspecto temporal al desempeño de una actividad industrial,
laboral, comercial o profesional, por lo que debe entenderse, como habitual o con
frecuencia en el término de los dos años y próxima a los elementos configurativos
de la descentralización administrativa y de la planeación de la gestión local.

En este orden de ideas, tal como lo refirió la jurisprudencia electoral59, la residencia
para que sea válida al interior del proceso que tiene como finalidad el nombramiento
en el cargo de alcalde local, debe demostrar que, el demandado tuvo arraigo en la
localidad, así lo expresó esta corporación judicial:

Se infiere del material probatorio analizado, que no le asiste razón al accionante en
la imputación, dado que se demostró fehacientemente el arraigo de la señora
Nohora Morales Amaris con la Localidad de la Candelaria, no solo porque allí ha
tenido su residencia sino también porque en el mismo sector ha adelantado sus
estudios de pregrado y posgrado.

Así las cosas, la residencia tiene relación directa con la noción de vínculo en una
determinada zona, el cual, es indispensable para tener un mínimo de conocimiento
acerca de las necesidades, oportunidades y fortalezas del lugar al que se aspira ser
nombrado.

Por lo anterior, como lo resolverá más adelante la Sala en el caso concreto, lo que
se analizará es, de qué manera y si cualquier despliegue de actividad en el aspecto
temporal puede consolidar o no, el requisito para ser nombrado, teniendo en cuenta
la habitualidad o la frecuencia con que ésta se desarrolla.

Así las cosas, al analizarse el cuarto concepto que trajo el artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993, esto es, haber desempeñado alguna actividad profesional,
industrial, comercial o laboral, la Sala Electoral60 dijo lo siguiente:

De otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando en el artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993 se determinó que para ser edil, se requiere haber residido en la
respectiva localidad en la cual se inscribe la candidatura por lo menos durante los
dos años anteriores a la elección, dicha acepción tiene relación directa con la noción
de domicilio, entendido como permanencia y vínculo en una determinada zona,
indispensable para tener un mínimo de conocimiento acerca de las necesidades del
lugar al que se aspira ser elegido.

(…)

59 Ib.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique

Moreno Rubio, 6 de octubre de 2016, expediente 25000-23-41-000-2015-02381-01.

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La Sala precisa que la Constitución Política, en el artículo 26, respecto al derecho a
escoger libremente profesión u oficio, consagró lo siguiente: “Toda persona es libre
de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir título de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (…)”.

La acepción de profesión, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española,
hace referencia al “Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe
una retribución”.

A su vez, la misma entidad ha definido el oficio como la “Ocupación habitual” y, por
su parte, habitual como algo “Que se hace, padece o posee con continuación o por
hábito”.

Conforme con lo anterior, puede decirse que todo oficio o labor lícita desarrollada
por las personas de manera continua y habitual, sin importar si es remunerada o no,
se puede considerar una profesión, sin que para su ejercicio se requiera título de
idoneidad, pues éste, de acuerdo con la Constitución, solo será exigible cuando la
ley lo establezca.

(…)

Así las cosas, cuando la norma habla de profesión, en sentido amplio comprende
tanto los estudios académicos de educación superior (universitaria o técnica), como
el ejercicio de cualquier oficio lícito remunerado o no.

En esa decisión judicial, se analizó cada uno de los elementos de la actividad
industrial, comercial, laboral o profesional, lográndose acreditar el ejercicio por parte
del demandado de un trabajo ministerial con una iglesia de la localidad, con lo cual,
el acto enjuiciado mantuvo su legalidad en el ordenamiento jurídico.

En lo que observa la Sala, es que la habitualidad o la frecuencia con que se
desempeñe las actividades en una determinada localidad es lo que realmente
condiciona la hermenéutica que debe adoptar el juez para derivar, si un nombrado
en el cargo de alcalde local, cumple o no con tal requisito legal.

Por lo anterior, de manera reiterada y consistente con el pensamiento de los
constituyentes, la Sección ha entendido que esas ocupaciones son cualificadas por
la habitualidad y la continuidad, de otra manera no podría pensarse, pues en últimas
los artículos constitucionales 322 al 327, las normas que rigen al distrito capital y la
jurisprudencia constitucional, han visto en dichas significaciones el conector jurídico
que debe tener una actividad social en un respectivo territorio para ser nombrado.

Corolario de lo anteriormente dicho, para la Sala, aquella actividad que es inhabitual,
insólita, infrecuente o desacostumbrada no cumple con el requisito pensado
sistemática, histórica, contextual y literalmente por el legislador extraordinario.

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De otra parte, la norma en el concepto número cinco condicionó esos requisitos a
un aspecto temporal, único y exclusivo, es decir, a que se tomara el término de dos
años contados, específicamente y en forma regresiva, desde el nombramiento.

Sin embargo, el anterior concepto fue objeto de pronunciamiento judicial 61 cuando
se analizó, si debía ser a partir del nombramiento o de la inscripción, allí se dijo:

Lo dicho conduce a señalar que si bien parece que el Decreto 1421 de 1993 prevé
que el vínculo con una localidad debe acreditarse para el nombramiento, lo cierto
es que las demás normas62 que regulan la designación de alcaldes locales exigen
que el requisito se cumpla al momento de la inscripción con el fin de que el
aspirante a ser incluido en la terna pueda continuar en el proceso meritocrático,
oportunidad que considera la Sala, es la pertinente para demostrar que se
reúne tal requisito atendiendo las sanciones que acarrea su ausencia al
momento de la inscripción.

(…)

Entonces es incuestionable que es al momento de la inscripción que los aspirantes
deben acreditar que cumplen los requisitos para ser alcalde local, pues la ausencia
de éstos en tal oportunidad conduce al rechazo de la inscripción o, de haberse
conformado la terna, a que la misma se devuelva por el Alcalde Mayor para que se
sanee con quienes los reúnan. (Subrayado por la Sala)

Quiere decir lo anterior, que son dos los presupuestos temporales que debe
acreditar quien pretende ser nombrado alcalde local, el primero de ellos, que sea
como mínimo dos años, el segundo, que esa data se haya ejercido con anterioridad
a la inscripción.

Sin embargo, la norma también fijó la expresión «durante63» la cual va ligada a este
período lo que implica que, en esa data, la ciudadanía en ejercicio y la residencia o
el desempeño de actividad, sean simultáneos, subsistentes y habituales.

Así fue el entendimiento del legislador cuando expidió el Decreto Ley 1421 de 1993,
pues tal como fue advertido precedentemente, los constituyentes pensaron el

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago

Valencia, sentencia del 4 de diciembre de 2013, radicación: 25000-23-41-000-2012-00346-01. Tesis
reiterada por: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío
Araújo Oñate, 9 de septiembre de 2021, radicación: 25000-23-41-000-2020-00347-02.
62 Allí se hizo referencia al artículo 7° del Decreto 1350 de 2005 que consagró que la terna solo podrá

ser integrada por los aspirantes que superen todas las etapas del proceso meritocrático y que, en
caso de que la terna se conforme por una persona que no reúna los requisitos de ley, se devolverá
(…) para que sea integrada de nuevo con los aspirantes que superaron las etapas del proceso que
no tienen inhabilidades y cumplen los requisitos.
63 Real Academia de la Lengua Española – Diccionario de la Lengua Española. De durar y -nte.1.

prep. Denota simultaneidad. Del lat. Durāre, de durus “duro”. 1. Intr. continuar siendo, obrando,
sirviendo, etc. 2. Intr. subsistir, permanecer. Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra. Del lat.
Simul “al mismo tiempo”, juntamente, a la vez, formado sobre momentáneo.

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29

Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

Estatuto Orgánico de la capital y la creación de sus autoridades locales a través de
la descentralización de funciones con cierta habitualidad y todo dentro de un
específico territorio, esto es, la respectiva localidad.

Esto lleva a entender en el sexto concepto establecido por la norma que, los
requisitos advertidos con anterioridad, sean desarrollados en la respectiva localidad,
es decir, en esos espacios donde se ubica al ciudadano.

En otras palabras, el alcalde para ser nombrado debe acreditar, la ciudadanía en
ejercicio, junto a la residencia o el desempeño de actividades en la respectiva
localidad, pero no se trata de demostrar estos supuestos de cualquier forma, pues
la estructura normativa del artículo 65, su análisis sistemático con otras normas del
estatuto orgánico de la capital, su análisis histórico como el jurisprudencial, llevan
a concluir que: i) deben ser habituales, ii) no esporádicos ni lejanos al ciudadano
del respectivo territorio, iii) próximos al residente de la localidad y, iv) frecuentes al
administrado y a sus necesidades, durante los dos años anteriores a la inscripción.

Lo anterior adquiere trascendencia, pues la simple lectura literal dejaría de lado la
interpretación histórica y sistemática del artículo 65, con lo cual se desatendería, lo
dicho por los constituyentes, el contexto normativo y las funciones de tal cargo.

Dicho lo anterior, la Sala resolverá los planteamientos de la apelación.

3.2 Caso concreto

En el sublite se tiene que, los argumentos propuestos por la parte actora se centran
en advertir la vulneración del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, –Estatuto
Orgánico de Bogotá–, en consideración a que no se cumplió con el requisito de
haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en
la respectiva localidad, por lo menos y durante los dos años anteriores a la fecha
del nombramiento, conforme a los medios probatorios aportados y practicados.

Contrario sensu, la parte demandada insiste en que a través de las certificaciones
expedidas, por la Mesa Local Indígena y la empresa comercial, Influencia Urbana
SAS, el requisito dispuesto en el artículo 65 idem, sí demostró el desempeño de una
actividad laboral – profesional en la localidad de Antonio Nariño en el citado período.

La Sala para abordar la resolución del caso, al unísono con la jurisprudencia64 de
esta Sección, tendrá como extremos temporales de los dos años, la data del 1565

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago

Valencia, sentencia del 4 de diciembre de 2013, radicación: 25000-23-41-000-2012-00346-01. Tesis
reiterada por: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío
Araújo Oñate, 9 de septiembre de 2021, radicación: 25000-23-41-000-2020-00347-02.
65 No obra prueba de la data exacta en que se inscribió la demandada, solo aparece referida bajo el

número 15100 del listado de inscritos, sin embargo, la Sala tiene el 17 de marzo como fecha en que
la JAL requirió a la demandada para que demostrara el vínculo con la localidad.

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Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
Rad: 25000-23-41-000-2021-00774-01

de marzo del 2019 al 15 de marzo del 2021, ello en consideración a que la Circular
005 del 5 de marzo de 2021, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, estableció
esa primer fecha como la inicial de inscripción.

Así las cosas, la Sala valorará las pruebas a continuación:

3.2.1. Se tiene frente a la comprobación de experiencia en la localidad, lo aportado
por la empresa comercial, Influencia Urbana SAS:

En la hoja de vida66 aportada por la demandada, al trámite administrativo y al
plenario, se observa que en la data de los 2 años anteriores a la inscripción, no se
registró experiencia en la localidad de Antonio Nariño, de conformidad con la
siguiente documental:

Al valorarse esta documental, queda claro que la accionada no se desempeñó en la
localidad en ninguna actividad y por otro lado, al analizar las pruebas aportadas por
la accionada –recibos de pago hechos por la compañía comercial–, en estos se
hace alusión a su fecha de expedición67, sin indicar si esa misma data corresponde
a todo el mes de servicio prestado o si se trató de un pago monetario por un producto
entregado o del pago de servicios prestados causados en otros meses pero
pagados en esos:

66 Hoja de vida de SIDEAP de la demandada actualizada y presentada el 17 de marzo de 2021.

67 3 de septiembre de 2019 y 16 de diciembre de 2019; 28 de febrero, 30 de mayo, 28 de agosto y

30 de noviembre de 2020 y 30 de enero de 2021.

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Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
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Estas documentales, al valorarse en conjunto con la certificación del 20 de marzo
de 2021 del representante legal de la citada empresa y, la declaración juramentada
presentada por la demandada en las que se indicó que la demandada brindó
asesorías jurídicas en contratación estatal, entre el mes de agosto de 2019 hasta
enero de 2021, permiten a la Sala concluir que:

i) sin censurar la importancia que pudo haber generado para la compañía esas
asesorías, el vínculo con la localidad no queda plenamente demostrado en la data
de dos años que, esos 7 eventos inhabituales e infrecuentes hayan cubierto el
mínimo periodo que estableció el decreto ley, ii) sin que se entienda que debió
haberse cumplido un mínimo de eventos o de horas prestadas efectivamente a la
compañía, lo cierto es que en el periodo temporal que previó la norma esas
actividades no demuestran la habitualidad que pensó y condicionó el legislador, iii)
esa actividad contractual descrita en los recibos de caja menor no demuestra
medianamente una actividad frecuente con la localidad en la data de dos años, iv)
la demandada prestó sus servicios profesionales a través de una retribución
dineraria que se pagó por 7 eventos esporádicos, v) lejos de ser una actividad que
demuestre el cumplimiento del requisito, se trató de una actividad ocasional y, vi) el
denominado cargo de «asesora jurídica de la empresa» solo se centró en esos
episódicos eventos mas no en una actividad que demuestre el cumplimiento del
requisito en el tiempo.

Estas documentales al ser analizadas con la respuesta otorgada por el Ministerio
de Salud y Protección Social en la que aseveró que, «no se encontró información
de empleador, ni como independiente de la demandada reportada por la empresa,
Influencia Urbana SAS», demuestran que:

i) como no hubo un pago mensualizado de estos aportes a través de la PILA se
concluye que se trató de actividades ocasionales en las cuales no es posible advertir
que de los 7 eventos que se resaltan en los recibos de pago eso haya demostrado
el requisito de ley y, ii) si bien la certificación dada por el representante legal de la
compañía intenta aducir que desde agosto de 2019 a enero de 2021, la demandada
prestó sus servicios como asesora jurídica, intentando demostrar una suerte de
permanencia y vínculo en el tiempo de dicha labor con la localidad, lo que se
observa es que contrario a lo afirmado por este, no hay elementos de juicio que
lleven a pensar que esas actividades tuvieron esa categoría, al contrario, lo que se
ve es la realización de actos coyunturales que no logran materializar el requisito de
haber prestado servicios durante los dos años que trae la norma.

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La valoración que realiza la Sala sobre el conjunto de pruebas, permite advertir que
a la demandada no se le discute la prestación de siete actividades profesionales en
una empresa ubicada en la localidad de Antonio Nariño, lo que no puede extenderse
ni entenderse es que con esas infrecuentes actividades se demuestre el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de
1993, el cual se reitera es que haya sido, «durante los dos años».

3.2.2. Respecto de la comprobación de experiencia en la localidad –Mesa Local
Indígena–, se aportó lo siguiente:

Declaración juramentada del 17 de marzo de 2021 firmada por la demandada
dirigida a la Junta Administradora Local de Antonio Nariño:

La Sala lo primero que observa es que esta documental, insiste en demostrar que
«desde» un determinado tiempo ha prestado en forma «continua» una serie de
actividades, y con ello, probar que ese despliegue intelectual al ser constante
acredita el requisito establecido en el artículo 65 idem.

Sin embargo, esta sola prueba no persuade a la Sala de revocar el fallo de instancia,
ya que a partir del análisis integral de los demás medios probatorios se arriba a la
misma conclusión que antecedió a este punto, es decir, se trató de actividades
infrecuentes, inhabituales que no comprueban la exigencia mínima del requisito.

A su vez, se tiene en el plenario, algunas certificaciones expedidas por la Mesa
Local Indígena de Antonio Nariño, entre ellas se encuentra, una que data de marzo
20 de 2021, suscrita por la coordinadora de dicha instancia, en la que se indicó:

Estas actividades son concordantes con las manifestaciones hechas por la
demandada en la certificación aportada por esta, sin embargo, del entendimiento

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del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, el hecho de realizar unas charlas,
cursos o asistir a reuniones de la Mesa Local Indígena de forma inhabitual, sin que
sea el caso entrar a analizar su legitimidad, no denota el ejercicio de una labor o
actividad que demuestre la frecuencia de estas.

Esta Sala Electoral insiste en que, la certificación aportada intenta demostrar una
suerte de continuidad en los varios meses de los dos años que se indican allí, sin
embargo, al ser contrastadas con otras documentales denominadas, relatorías, lo
que se observa es todo lo contrario y con ella sola no se acredita el requisito legal.

Esas labores episódicas de asesorar a personas que realizan labores sociales no
indican una habitualidad de actividades con la localidad, pues según la naturaleza
propia de su profesión puede ir a cualquier territorio a realizar asesorías o
capacitaciones y no indica ello que con todas tenga un vínculo social o ejerza su
actividad de forma habitual.

Estas conclusiones a las que se llega, para confirmar la decisión de instancia, se
fortalecen en la medida que al analizarse la relatoría del 6 de febrero de 2021 no
demuestra con suficiencia el cumplimiento del requisito legal:

La Sala observa que «semanalmente», se pensaba reunir la mesa local, sin
embargo, esos encuentros no se dieron con esa constancia, sino que solo se dio en
tres infrecuentes momentos conforme a las pruebas adosadas, del 18 de mayo de
2019, 16 de febrero de 2021 y el 17 de abril de 2021.

No existe en el expediente otros elementos materiales probatorios aportados por la
demandada en la que se afirme que las charlas a la Mesa Local Indígena por si
mismas demuestren la acreditación de tal requisito, pues al valorarse con las
documentales –relatorías–, no se concluye con total grado de certeza que haya
existido esa situación.

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Así las cosas, en la última referencia de esta certificación se afirmó que la próxima
reunión a realizarse sería la última semana de febrero, sin embargo, tampoco existe
un medio que indique que en efecto se realizó.

Insiste la Sala que el análisis integral de las pruebas lleva a la conclusión de
confirmar la decisión de primera instancia, ya que al revisarse la segunda relatoría
–17 de abril de 2021– la misma suerte probatoria conlleva a su valoración, ya que
de la literalidad de esta se colige lo siguiente:

Para la Sala el hecho de que esta certificación afirmara la existencia de «varias
sesiones de charlas» sin precisar cuándo, cuáles o cuántas y, en qué período, y si
actuó la demandada en todas o no, impide a la corporación darle los efectos
probatorios que ha esgrimido la accionada.

Del contenido de esta relatoría no se concluye, por si misma que la demanda
hubiese estado en dichas seis reuniones, es más, no se tiene constancia de que se
hayan celebrado en presencia de la accionada, lo que implica que en todo el 2021
la nombrada solo asistió episódicamente a las mesas celebradas en febrero y abril.

Para la Sala estas conclusiones no surgen de interpretaciones subjetivas o
desconociendo los criterios valorativos del expediente judicial, al contrario, en forma
sistemática las documentales adosadas concluyen que en efecto no hubo una
frecuencia o hábito de la demandada en su labor dentro de los dos años que dispuso
la norma.

Prueba de lo anterior es que otro de los medios aportados –Certificaciones y
tiquetes de las empresas de Transporte Aéreo AVIANCA y SATENA–, demostraron
que la demandada viajó inusualmente un poco más de 5 ocasiones, dentro de la
data de los dos años que trajo la norma, desde otras ciudades con destino a la
capital, sin que se evidencie que haya aportado otros elementos suasorios que
indiquen que viajó por otro medio a la capital y que se trasladó a la localidad de
Antonio Nariño.

Si bien la demandada desde otros lugares del país, arribó a la capital, eso no
demuestra, per se, que el desempeño de actividades durante la data de dos años
hubiese sido cumplido bajo el entendimiento que se tiene del requisito normativo.

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En este punto debe resaltarse que, el a quo insistió en que los trayectos de traslado
aéreo denotan que su lugar de asentamiento y retorno siempre fue desde y hacia el
departamento de Nariño, a las ciudades de Pasto e Ipiales, y que fueron ocasionales
sus traslados a Bogotá cuya estadía, por lo menos desde lo aportado por la defensa,
fueron de corta duración, tal y como se certificó con los reportes dados por dichas
empresas de transporte aéreo como también por la propia demandada, en el
decurso de la contestación de la demanda y en la audiencia de pruebas.

En tal sentido, lo que se observa es que estos viajes esporádicos y coyunturales
demuestran que la nombrada no cumplió el requisito legal dentro de la data de los
dos años, ello conforme a lo siguiente:

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La Sala por otra parte, al valorar la entrevista aportada por el demandante en el que
la nombrada indica los vínculos que tiene con el municipio de Ipiales como gerente
de la empresa ISERVI68 en los inicios de la data que estableció el Decreto Ley 1421
de 1993, resalta los siguientes argumentos, dados al medio de comunicación:

… soy de Ipiales, soy funcionaria… Me fui un año para Bogotá y volví al municipio
por amor y actualmente trabajo porque el municipio de Ipiales salga adelante.
Estamos trabajando para Ipiales para que le vaya bien en este gobierno municipal.
… Mi compromiso con esta administración es total, tengo la camiseta puesta por
esta administración hasta el final de este gobierno…

Debe insistirse en que la demandada cuando rindió la citada entrevista para el 27
de mayo de 2019, declaró, entre otras cosas, que atendía al público de dicha entidad
territorial, demostró la vinculación y la habitualidad de su trabajo y por supuesto los
nexos familiares que la ataban a dicha entidad, así como la imposibilidad, de viajar
frecuentemente a la capital de la República para deducir de allí, que, dejando de
lado su empleo para dicho periodo, podía llegar a la localidad a brindar todas las
asesorías en forma constante y regular a la empresa comercial y a la mesa local
referidas.

Finalmente, la Sala quiere destacar los siguientes razonamientos:

i) En el presente caso, no se aplicó una hermenéutica extensiva que
restringiera el derecho político a elegir y ser elegido, debido a que la
interpretación del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993: a) Precisó
los limites racionales con que fue redactado y pensado el requisito y la
calidad para ser nombrado alcalde local, b) respetó el contenido de la
convocatoria pública proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá toda vez
que dentro de ella, solo se habilitaba a participar a quienes demostraran
experiencia o residencia en la localidad, c) el derecho contemplado en el
artículo 40 constitucional, como toda garantía, no es absoluto pues
subyacen en él, límites normativos para el acceso al cargo público, d) la
participación electoral, entendida en sentido amplio, implica por parte del
juez, analizar la legitimidad de los presupuestos para cada cargo público,
y e) en el sub examine no se realizaron analogías o interpretaciones
amplias, al contrario, se dio aplicación del presupuesto normativo, a los
hechos demostrados en el plenario, dotando así de contenido judicial el
precepto vulnerado.
ii) Tal como se estudió antecedentemente, se debe confirmar la sentencia
de primera instancia porque, por un lado, no se desconoció el valor
probatorio de las pruebas aportadas por las partes y, por otro, el correcto

68Minuto 6:06, 7:38, 38:01, 53:05, 57:20 entre otros. Entrevista vínculo
https://www.facebook.com/cnc.ipiales/videos/296475404570881/.

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entendimiento del requisito contemplado en el artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993 es el que se establece en esta providencia.

iii) Debe dejarse en claro por parte de esta corporación judicial, que el a quo
no debía asimilar, como impropiamente lo hizo, el régimen de
inhabilidades69 con el cumplimiento de requisitos para el nombramiento
en un cargo público, habida cuenta las profundas diferencias que
subyacen a cada uno de estos institutos jurídicos.

iv) Tampoco debía analizar, sobre los supuestos en que se cierne el
concepto de residencia electoral en cargos e investiduras de aquellos
elegidos democráticamente70, debido a que la controversia giraba
respecto de la acreditación del otro supuesto, esto es, el desempeño de
alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
respectiva localidad y, a que los análisis vertidos, confundieron el alcance
que se tiene para cargos de elección popular y aquellos en los que hay
un nombramiento.

v) Se debe relievar los argumentos propuestos por el apoderado de la
demandada en los alegatos de conclusión, relacionados precisamente
con lo que se ha dicho de manera precedente, esto es, que quien aspire
a ocupar el cargo de alcalde local, «debe tener relación con las necesidades
y decisiones que tendrán impacto sobre una determinada comunidad, para así
ejercer la representación de esta, con lo cual, debe contar con arraigo suficiente
en ella para conocer sus necesidades y problemas, así como con la capacidad
de formular alternativas de solución basadas en la realidad de su territorio.»

vi) La Sala concluye que los documentos adosados al expediente, dan
cuenta de una valoración probatoria que al armonizarse con la
interpretación sistemática, histórica, normativa y jurisprudencial adoptada
por esta corporación de cierre, llevan a confirmar la decisión de instancia.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

69 Definió el Tribunal como problema jurídico lo siguiente: «(…) como quiera que la demandad (sic)

se encuentra incursa en la inhabilidad descrita en el artículos 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.» y
tomo como resolución del problema jurídico: «(…) i) la finalidad del régimen de incompatibilidades e
inhabilidades en el ordenamiento jurídico colombiano; ii) Inhabilidad contenida en el artículo 65 (…)»
70 El a quo afirmo: «iv) Su estadía o residencia en la ciudad de Bogotá no se encuentra acreditada

con la vinculación contractual que afirma desarrollar en otras localidades durante algunos meses de
los años 2020 y 2021» Así mismo afirmo, «Por tanto, se recuerda que, tanto para ciudadanos
electores, como para candidatos a alcaldes(as) locales concretamente, deben acreditar que su
residencia o en este caso concreto, su actividad profesional está debidamente relacionada o
vinculada con la localidad en la cual, bajo juramento, se encuentra su asiento»

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Demandantes: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTRO
Demandado: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN - ALCALDESA LOCAL DE
ANTONIO NARIÑO, BOGOTÁ, D.C.
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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca –Sección Primera, Subsección B–, declaró la nulidad del Decreto
271 del 23 de julio de 2021, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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