Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00503-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00503-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2023-00503-03
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
27 de marzo de 2025
Demandante: Yimmis Salas Camargo
Demandado: Juan Carlos Romo Pérez – alcalde
de Altos del Rosario (Bolívar) para el período 2024-2027
Rad: 13001-23-33-000-2023-00503-03
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00503-03
Demandante: YIMMIS SALAS CAMARGO
Demandado: JUAN CARLOS ROMO PÉREZ - ALCALDE DE ALTOS DEL
ROSARIO (BOLÍVAR)- PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024-
2027
Tema: Requisito de residencia para ser elegido alcalde
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación presentados por la parte
actora y el coadyuvante contra la sentencia del 3 de octubre de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Quinta de Decisión, denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Yimmis Salas Camargo, por conducto de apoderado y, en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó
demanda contra el acto de elección del señor Juan Carlos Romo Pérez como
alcalde de Altos del Rosario (Bolívar) para el período constitucional 2024-2027, con
las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Se DECLARE LA NULIDAD del acto de declaratoria de elección del
señor JUAN CARLOS ROMO PEREZ como Alcalde del Municipio de Altos del
Rosario, Bolívar para el periodo 2024 – 2027, hecho por la Comisión Escrutadora
Municipal de Altos del Rosario, Bolívar conforme a lo que consta en el ACTA
GENERAL DE ESCRUTINIO el día nueve (9) de Noviembre de 2023, por
encontrarse incurso en la causal de nulidad consagrada en el numeral 5º del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Yimmis Salas Camargo
Demandado: Juan Carlos Romo Pérez – alcalde
de Altos del Rosario (Bolívar) para el período 2024-2027
Rad: 13001-23-33-000-2023-00503-03
SEGUNDO: ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
que cancele la credencial que acredita como Alcalde del Municipio de Altos del
Rosario, Bolívar para el periodo 2024-2027 al señor JUAN CARLOS ROMO
PEREZ.
TERCERO: Que en consecuencia de las anteriores declaraciones, se ORDENE a
la ORGANIZACIÓN ELECTORAL que proceda a tomar las medidas necesarias
para repetir las elecciones de Alcalde del Municipio de Altos del Rosario, Bolívar
para el periodo 2024-2027 en toda la circunscripción electoral. (Sic).
1.2. Hechos
2. La parte actora narró, en síntesis, que Juan Carlos Romo Pérez se inscribió
como candidato del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) a la
Alcaldía de Altos del Rosario (Bolívar) para el período 2024-2027, cargo en el que
fue elegido según consta en el Formulario E-26 ALC del 9 de noviembre de 2023.
3. Alegó que el demandado nació en el municipio de Maicao (La Guajira), con
arraigo público en este. Además, no ha residido en Altos del Rosario durante el año
anterior a la inscripción de su candidatura como alcalde, por lo que no cumplía los
requisitos para ostentar dicha dignidad.
4. Anotó que, en el primer trimestre del año 2023, vivió en los departamentos
de La Guajira y Cesar. En el primero, por razones laborales y, en el segundo,
académicas, toda vez que debía recolectar información para presentar su tesis de
grado para optar al título de abogado en la Universidad de Santander.
5. Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera oficiosa, revocó
la inscripción de la cédula de ciudadanía del demandado por incurrir en
trashumancia, decisión que fue revocada en atención a que aquel aportó el contrato
de arrendamiento de un inmueble destinado para vivienda que daba cuenta de su
residencia en el municipio de Altos del Rosario.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
6. La parte demandante invocó como desconocidos los artículos 139, 230 y 275
numeral 5 de la Ley 1437 de 2011, y 86 y 183 de la Ley 136 de 1994.
7. Al respecto, resaltó que el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 establece que
para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber
nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana, durante un año anterior a la fecha de la inscripción o por un período
mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.
8. Expresó que el señor Romo Pérez no nació en Altos del Rosario ni residió en
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Demandante: Yimmis Salas Camargo
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este durante el año anterior a la fecha de la inscripción, así como tampoco lo hizo
por un período de tres años consecutivos en cualquier época.
9. Por lo anterior, consideró que el demandado no cumple los requisitos para
ocupar el cargo de alcalde de ese municipio.
10. Destacó que el concepto de residencia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 4 de la Ley 163 de 1994 y la jurisprudencia de esta corporación,
corresponde al lugar en el que, por tener una relación material (habitación, negocio,
profesión, empleo), el ciudadano inscribe su cédula para ejercer sus derechos
políticos a elegir o ser elegido.
11. Recalcó que, en este caso, el señor Romo Pérez no acreditó alguno de esos
supuestos pues, por el contrario, su sitio de residencia era Maicao.
12. Comentó que el demandado no habitaba ni ejercía de manera permanente
una profesión o empleo en Altos del Rosario, ni estuvo al frente de algún
establecimiento de comercio durante el término exigido en el artículo 86 de la Ley
136 de 1994, ni tampoco se encuentra inscrito en los programas de salud del
régimen subsidiado de la referida entidad territorial.
13. Afirmó que el secretario de Gobierno de Altos del Rosario, mediante
constancia del 15 de agosto de 2023, indicó que Juan Carlos Romo Pérez no se
encuentra registrado como residente del municipio, de acuerdo con las bases de
datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (SISBEN) y demás «programas municipales», ni tampoco ejerce alguna
actividad comercial autorizada.
14. Señaló que según la información registrada en la plataforma de
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), el demandado aparece afiliado en el régimen subsidiado de ese sistema,
desde el 1º de enero de 2020, en la Nueva EPS, como padre cabeza de familia, en
el municipio de Maicao.
15. Sostuvo que Juan Carlos Romo Pérez fue denunciado por la presunta
comisión del delito de estafa y, según los datos suministrados por el denunciante,
el último contacto que tuvo con aquel fue en el municipio de Maicao, el 9 de febrero
de 2023.
16. Añadió que, de acuerdo con el certificado de matrícula mercantil de persona
natural 159378, a nombre del demandado, expedido por la Cámara de Comercio de
La Guajira, aparece registrado el establecimiento denominado «Drogas Luisa
Pérez», desde el 30 de septiembre de 2020, ubicado en Maicao, luego es en este
municipio donde ejerce su actividad comercial.
17. Por tal motivo, consideró que debía anularse su acto de elección como
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alcalde de Altos del Rosario para el período constitucional 2024-2027, por incurrir
en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Juan Carlos Romo Pérez
18. El demandado, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones del
medio de control impetrado.
19. Precisó que ha residido en Altos del Rosario, pues inscribió su cédula de
ciudadanía para votar el 23 de marzo de 2022, es decir, un año antes de la fecha
de su inscripción como candidato a la alcaldía, realizada el 27 de julio de 2023.
20. Mencionó que suscribió contratos de arrendamiento de vivienda, el 27 de
mayo de 2022 y el 28 de mayo de 2023. También es propietario de un lote de
terreno, el cual fue comprado mediante documento privado calendado 13 de agosto
de 2021.
21. Sostuvo que, el 12 de noviembre de 2021, compró ganado vacuno y ejerce
habitualmente actividades comerciales en Altos del Rosario.
22. Indicó que la certificación expedida por el secretario de Gobierno del
municipio de Altos del Rosario no demuestra la residencia o habitación en este,
pues en la alcaldía no reposan los contratos de arrendamiento de vivienda suscritos
por el demandado, en la medida en que se trata de documentos de naturaleza
privada.
23. Para el efecto, resaltó que Juan Carlos Romo Pérez, el 27 de mayo de 2022,
suscribió contrato de arrendamiento de dos habitaciones amobladas, con el fin de
destinarlas para vivienda del demandado y su familia, el cual tuvo una vigencia de
un año.
24. Asimismo, el 28 de mayo de 2023, suscribió contrato de arrendamiento de
una casa, por el término de un año, comprendido entre el 29 de junio de 2023 y el
31 de mayo de 2024.
25. Anotó que los registros de las bases de datos del SISBEN y ADRES no son
suficientes para desconocer la residencia electoral, como lo ha sostenido la Sección
Quinta del Consejo de Estado1. Además, se debe tener en cuenta el concepto de
portabilidad en el sistema de salud, ya que, de acuerdo con el Decreto 1683 de
1 Citó la sentencia del 9 de febrero de 2017, rad. 11001-03-28-000-2014- 00112-00, MP Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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2013, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deben garantizar
los servicios en un municipio diferente a aquel donde se encuentra afiliado.
26. Advirtió que es posible desarrollar actividades comerciales en todo el país.
No obstante, el establecimiento de comercio registrado con número de matrícula
mercantil de persona natural 159378, a nombre de Juan Carlos Romo Pérez, no
existe y, por lo tanto, no se encuentra en funcionamiento.
27. Al respecto, señaló que, a pesar de no haberse cancelado la matrícula
mercantil, tampoco ha sido renovada desde el 29 de marzo de 2021.
28. Mencionó que el CNE, mediante la Resolución 11511 del 28 de septiembre
de 2023, negó la solicitud de revocatoria de la inscripción como candidato a la
Alcaldía de Altos del Rosario.
29. Refirió que cumplió con la exigencia de habitar en el municipio para el cual
fue elegido alcalde, durante un año anterior a la fecha de la inscripción de su
candidatura.
30. Finalmente, invocó las excepciones de: i) «ineptitud de la demanda», toda
vez que el concepto de la violación es inexistente; ii) «ausencia absoluta de la
violación endilgada», por cuanto no se acreditó la configuración de la causal de
nulidad invocada, y iii) la denominada excepción genérica.
1.4.2. Consejo Nacional Electoral
31. Por medio de su apoderada, aseguró que carece de legitimación en la causa
por pasiva, ya que los hechos objeto de controversia escapan de la competencia de
la entidad.
32. Adujo que la inconformidad planteada en la demanda no se relaciona con
alguna actuación u omisión por parte del Consejo Nacional Electoral.
33. Además, informó que ya había conocido una solicitud de revocatoria de la
inscripción del demandado como candidato a la Alcaldía de Altos del Rosario, la
cual fue negada mediante Resolución 11511 del 28 de septiembre de 2023.
1.4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
34. A través de apoderado, el organismo se pronunció en el sentido de señalar
que la conducta endilgada no atañe a las funciones de organización de los
certámenes electorales, sino a una circunstancia de índole subjetiva. Por ello,
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
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1.4.4. Coadyuvante
35. El señor Gilberto Pineda Uribe presentó escrito de coadyuvancia2, en el que
manifestó que el demandado no nació en el municipio de Altos del Rosario y no
acreditó el arraigo en este, lo cual puede ser demostrado con los registros de la
base de datos de ADRES, el certificado de la Cámara de Comercio que da cuenta
que figura como comerciante del municipio de Maicao, así como las denuncias
presentadas en su contra en este último, en las que se señala a esa entidad
territorial como lugar de residencia.
36. Asimismo, indicó que fue concejal de Maicao durante el periodo
constitucional 2016-2019 y candidato a la Asamblea Departamental de La Guajira,
para el periodo 2019-2023.
37. Expuso que los contratos de arrendamiento aportados por el demandado no
acreditan su residencia en Altos del Rosario, aunado a que el hecho de que se
hubiera hospedado de manera transitoria en una residencia que tiene como
actividad prestar el servicio de alojamiento o habitación ocasional, transitoria,
circunstancial o esporádica, demuestran que no tenía ningún arraigo con el territorio
donde fue elegido alcalde.
38. Resaltó que los certificados electorales de votación en las elecciones para
presidente de la República no son pertinentes para demostrar la residencia como
requisito para ser elegido alcalde, toda vez que el alcance de aquellos difieren del
concepto de residencia electoral para efectos de ejercer el derecho al voto, si se
tiene en cuenta que esta última se circunscribe a la existencia de algún vínculo
jurídico del votante con el municipio, ya sea porque tiene algún interés familiar o
económico allí, o porque ejerce algunas actividades laborales o comerciales. En esa
medida, no se requiere que el ciudadano resida materialmente en el municipio en el
que vota, sin que ello implique que no tenga residencia electoral.
1.5. Actuaciones procesales relevantes de primera instancia
39. Mediante auto del 12 de enero de 20243, el Tribunal Administrativo de Bolívar
inadmitió la demanda para que se acreditara el envío del escrito y sus anexos, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
Igualmente, para que se señalara el lugar de notificaciones de las partes, según el
artículo 162 ibidem.
40. Por auto del 24 de enero de 20244, se rechazó la demanda en consideración
2 Por haber sido presentada en la oportunidad legal, se aceptó la intervención del coadyuvante
durante el trámite de la audiencia inicial, llevada a cabo el 4 de julio de 2024.
3 Índice 5 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
4 Índice 12 ibidem.
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a que, si bien se solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto
de elección acusado, esta no fue presentada con la demanda, además de que no
tiene el carácter de previa, razón por la cual la parte actora no estaba exenta de
cumplir con el requisito de que trata el numeral 8 del artículo 162 del CPACA.
41. En contra de esa decisión se interpuso recurso de apelación, resuelto por el
magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de
revocarla, mediante auto del 22 de febrero de 2024, con fundamento en el artículo
277 del CPACA, por cuanto en el medio de control de nulidad electoral solo es
procedente solicitar las medidas cautelares con la demanda. Por ello, el
demandante estaba exento de la carga de enviar la demanda y sus anexos a la
parte demandada porque solicitó una medida cautelar, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 162 ibidem.
42. Mediante auto del 8 de marzo de 20245 se corrió traslado de la medida
cautelar al demandado.
43. A través de proveído del 12 de abril de 20246 se negó la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto acusado al considerar que, para ese
momento, no existía prueba suficiente del incumplimiento de la calidad de residente
en el municipio de Altos del Rosario, requerida para ocupar el cargo de alcalde.
Igualmente, se admitió la demanda.
44. En contra de esa decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación. Mediante auto del 15 de mayo de 20247 se rechazó por improcedente
el primero y por extemporáneo el segundo.
45. Mediante proveído del 12 de junio de 2024 8, se encontró no probada la
excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la RNEC, no probado
ese mismo medio exceptivo invocado por el CNE, al igual que el de ineptitud
sustantiva de la demanda.
46. Posteriormente, el 4 de julio de 20249 se llevó a cabo la audiencia inicial de
que trata el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso tener como pruebas los
documentos aportados por las partes, se denegaron algunas de ellas, con inclusión
de las pedidas en el escrito de traslado de excepciones; se rechazaron por
extemporáneas las presentadas y solicitadas por el coadyuvante, y se decretaron
otras de oficio10. Por su parte, el litigio quedó fijado en los siguientes términos:
5 Índice 30 ibidem.
6 Índice 37 ibidem.
7 Índice 49 ibidem.
8 Índice 61 ibidem.
9 Índice 66 ibidem.
10 Se decretaron los testimonios de Deivys Alfonso Hernández Jiménez, Marta Isabel Esparza Matos,
Yeider Enrique Gómez Rodríguez y Licibeth Cogollo. Igualmente, se requirió al CNE para que
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[C]orresponde a este Tribunal establecer, teniendo en cuenta los hechos y cargos de
la demanda, si el acto que declara la elección de Juan Carlos Romo Pérez como
alcalde electo del Municipio de Altos de Rosario – Bolívar, para el periodo
constitucional 2024 – 2027 está o no viciado de nulidad por la configuración de la
causal de nulidad especial prevista en el numeral 5º del artículo 275 del C.P.A.C.A.,
consistente en que “Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las
calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”.
Para ello deberá la Sala establecer, si el demandado nació o es residente en el
municipio de Altos del Rosario durante el año anterior a la fecha de la inscripción o
durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época, tal como
lo exige el artículo 86 de la Ley 136/9411.
47. En contra de la decisión que denegó los testimonios pedidos al descorrer el
traslado de las excepciones, la parte actora presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto mediante auto del 24 de julio de 202412 por el magistrado ponente de
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la providencia
objeto de impugnación.
48. El 11 de julio de 202413 se realizó la audiencia de pruebas consagrada en el
artículo 285 del CPACA, en la que se incorporaron las pruebas documentales
decretadas, se llevó a cabo la contradicción del dictamen pericial aportado con la
demanda14 y se recibieron las declaraciones de Wilberto Simancas Mora, Giovanni
Vásquez Gutiérrez, Deivy Alfonso Hernández Jiménez, Martha Isabel Espalza
Mattos y Martha Lucía Vizcaíno Jaraba. Igualmente, se prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento, por lo cual se dispuso que las partes presentaran por
escrito los alegatos de conclusión.
1.6. Sentencia de primera instancia
49. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Quinta de Decisión, mediante fallo
del 3 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
50. Sobre el particular, resaltó que el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 exige a
quien aspire ser alcalde, además de ser ciudadano en ejercicio, haber nacido en el
municipio respectivo o acreditar su residencia en ese territorio, ya sea durante el
año anterior a la inscripción o por tres años de manera consecutiva en cualquier
aportara la actuación administrativa seguida en contra del demandado por trashumancia, en el
proceso en el cual se inscribió como candidato a alcalde.
11 Transcripción con posibles errores.
12 Índice 5 expediente digital de segunda instancia.
13 Índice 83 del expediente digital de primera instancia.
14
Con el fin de
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tiempo.
51. Al analizar las pruebas allegadas al expediente, estableció que el demandado
no residió de manera consecutiva durante tres años, en cualquier tiempo, en el
municipio de Altos del Rosario, pero sí acreditó la residencia durante el año anterior
a su inscripción como candidato a la alcaldía.
52. Al respecto, destacó que, aunque el secretario de Gobierno de ese municipio,
mediante certificado del 9 de julio de 2023 informó que el demandado no tiene
residencia allí y, a través de escrito del 15 de agosto del mismo año señaló que no
se encuentra registrado como residente, de acuerdo con la información disponible
en la base datos del SISBEN ni ha ejercido actividad comercial o administrativa, lo
cierto es que el servidor público en mención carece de competencia para hacer
constar que Juan Carlos Romo Pérez no tenía residencia en la entidad territorial,
con fundamento en los artículos 82 del Código Civil y 333.4 de la Ley 4 de 1913,
según los cuales el acalde o quien este delegue, pueden certificar la vecindad de
una persona que manifieste su ánimo de avecindarse en una localidad, pero no la
ausencia de residencia, disposición que se encuentra vigente.
53. Por lo anterior, consideró que la competencia no se extiende para emitir
constancia acerca de la no residencia en el respectivo lugar, toda vez que ninguna
norma atribuye esa facultad a los servidores públicos.
54. Indicó que el numeral 6.º, literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, faculta a los alcaldes para
expedir la certificación que acredite la residencia a aquellas personas que residen
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera y que aspiren a acceder a labores como mano de obra no
calificada, con base en los registros electorales o del SISBEN, así como en los
registros afiliados de las juntas de acción comunal, norma que tampoco faculta a los
alcaldes para certificar la falta de residencia en la localidad.
55. Con todo, anotó que el demandado no aseguró que durante los tres años
anteriores a la inscripción como candidato a la alcaldía se hubiera registrado en el
SISBEN o en algún programa municipal, declarado o pagado impuestos locales, o
haber desempeñado cargos o funciones administrativas, razón por la cual se probó
lo señalado en el certificado del 15 de agosto de 2023, máxime si se tiene en cuenta
que ningún medio de convicción lo contradice o desvirtúa.
56. Mencionó que la captura de pantalla del portal web de ADRES da cuenta que
el demandado se encuentra afiliado a la Nueva EPS, en el sistema de seguridad
social en salud, en el municipio de Maicao, desde el 10 de enero de 2020, lo que
constituye un indicio de su residencia en ese ente territorial, al igual que el formato
único de noticia criminal por estafa agravada con radicación
444306001082202310325, realizada el 7 de marzo de 2023 en Maicao, por el señor
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Yeider Enrique Gómez Rodríguez en contra del demandado.
57. Precisó que, si bien los documentos señalados son indicio de su residencia
en Maicao, no impiden que residiera en Altos del Rosario durante el año anterior a
la inscripción como candidato a la alcaldía de este último municipio, dada la
posibilidad de tener doble residencia o domicilio, reconocida por las normas legales
citadas.
58. Igual consideración empleó respecto de la tesis de grado para obtener el
título de abogado, producto de una investigación realizada en el municipio de
Agustín Codazzi (Cesar), y del certificado de matrícula mercantil aportado con la
demanda, es decir, que pudo habitar en dos entes territoriales.
59. Determinó que el demandado residió en Altos del Rosario dentro del año
anterior a la inscripción de su candidatura a la alcaldía de ese municipio, con
sustento en los contratos de arrendamiento suscritos con Deivys Hernández
Jiménez, el 22 de mayo de 2022 y el 26 de mayo de 2023, y con Martha Isabel
Espalza Mattos, el 22 de mayo de 2023, cuya vigencia se extendió entre el 30 de
junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, documentos que no fueron tachados ni
desconocidos por el demandante.
60. El objeto de los contratos fue el de habitar de manera continuada los
inmuebles por parte del demandado durante e plazo pactado con esporádicas
ausencias para visitar a su familia en el municipio de Maicao, según los testimonios
de los arrendadores
61. Lo anterior fue corroborado con las declaraciones de Wilberto Simancas
Mora y Geovanni Vásquez Gutiérrez, quienes aseguraron que, a partir del año 2022
el demandado fue comerciante de ganado en Altos del Rosario y participaba como
organizador de múltiples actividades sociales y cívicas, como el día de las madres
y de los niños.
62. Mencionó que puede tomarse como indicio de su residencia en el municipio
el registro en el censo electoral de Altos del Rosario para las elecciones de
presidente y vicepresidente de la República del 29 de mayo de 2022, y el hecho de
haber bautizado a los menores Elianis Belén Méndez Beltrán, Jeicoop Peña López
y Maykel David Polanco Gil, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, como
consta en las partidas de bautismo allegadas al expediente.
63. Igualmente, refirió que el registro de un hierro para marcar ganado y la
celebración de un contrato para la compra y venta de semovientes si bien no tratan
específicamente de actividades del demandado dentro del año anterior a la
inscripción como candidato y no demuestran que antes de ese lapso las
desarrollaba de manera constante, sí permiten inferir que la «actividad económica
dentro del año referido no fue improvisada, sino que venía de vieja data».
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64. Señaló que, aunque el contrato de compra de un lote a la señora Denis
Espalza Mattos, mediante documento privado suscrito por el demandado el 13 de
agosto de 2021, no permite establecer de manera cierta la naturaleza del bien
inmueble ni reúne las formalidades necesarias para completar la tradición, dado que
no obra la constancia del registro, según el artículo 756 del Código Civil, sí
constituye un indicio de la voluntad del demandado de construir un patrimonio en el
municipio o asentarse en él, como efectivamente lo hizo.
65. Mencionó las conclusiones a las que llegó el Consejo Nacional Electoral en
las Resoluciones 11511 del 28 de septiembre de 2023, por la cual se negó la
revocatoria de la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Altos del Rosario, y
12180 del 29 de septiembre de 2023, que repuso parcialmente las Resoluciones
6285 del 9 de agosto de 2023 y 9536 del 12 de septiembre de 2023, por presunta
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en Altos del Rosario, entre las que se
encontraba la del demandado, para señalar que tales actos también constituyen
indicios acerca de la residencia de aquel en la entidad territorial durante el año
anterior a la inscripción.
66. Indicó que se aportó al proceso el dictamen pericial rendido por el ingeniero
de sistemas Luis Alberto Martínez Barajas, en el que dio cuenta del aseguramiento
de dos fotografías extraídas de la cuenta de Instagram del demandado, al igual que
diez fotografías de un celular de propiedad del señor Juan Carlos Romo Pérez y dos
mensajes de correo electrónico, que tenía como finalidad demostrar la presencia de
aquel en distintos momentos en el municipio de Altos del Rosario y su participación
en varias actividades laborales y eventos religiosos, sociales y políticos.
67. Aseguró que, aunque el dictamen cumple los requisitos legales, durante la
audiencia de pruebas el perito señaló que del estudio de los metadatos de las
fotografías y mensajes de correos electrónicos se podía establecer la fecha en la
que se tomaron y la ausencia de alteraciones, pero no que correspondieran a algún
sitio específico del municipio.
68. Finalmente, acotó que el hecho de que el demandado no hubiera ejercido
como abogado en Altos del Rosario resulta irrelevante para demostrar el arraigo con
la localidad durante el año anterior a la inscripción, aunado a que alegó ser
estudiante de derecho y presentó tesis para optar por el título, más no que lo hubiera
obtenido.
1.7. Recursos de apelación
1.7.1. Demandante
69. Aseguró que hubo una indebida valoración de las pruebas practicadas
durante el proceso, lo que llevó a que el tribunal diera por «no probada la falta de
residencia del demandado en el municipio de Altos del Rosario».
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70. Consideró que existen pruebas que demuestran la ausencia de residencia en
el ente territorial en el lapso de un año anterior a la inscripción como alcalde, aunado
a que hay contradicciones entre los elementos de convicción aportados por Juan
Carlos Romo Pérez, pues las actividades principales no las ejercía en Altos del
Rosario.
71. Cuestionó concretamente el estudio realizado respecto de la certificación del
15 de agosto de 2023, suscrita por el secretario de Gobierno, toda vez que se trata
de un documento público que goza de presunción de «veracidad», y que determina
que el demandado no reside en el municipio, situación que se comprueba con las
consultas en las bases de datos de SISBEN y ADRES.
72. Aseguró que, si bien para el tribunal el secretario de Gobierno no tiene
competencia para certificar la no residencia en el municipio, lo cierto es que la
expedición del documento obedeció a una petición formulada en interés general,
por lo cual es una prueba del incumplimiento del requisito de residencia.
73. Destacó que la captura de pantalla del portal web de ADRES, la copia del
formato único de noticia criminal por estafa agravada con radicación
444306001082202310325, realizada el 7 de marzo de 2023, en Maicao, en contra
del demandado, la tesis de grado presentada en Valledupar (Cesar) para optar por
el título de abogado, el 30 de marzo de 2023, y el certificado de matrícula mercantil
del 16 de noviembre de 2023 emitido por la Cámara de Comercio de La Guajira,
que da cuenta que el señor Romo Pérez tiene registrado un establecimiento de
comercio en Maicao denominado «Drogas Luisa Pérez», deben ser valorados como
indicios de la ausencia de residencia, que, al ser contrastados con los testimonios
de los arrendadores de los inmuebles en Altos del Rosario, los contratos de
arrendamiento pierden credibilidad.
74. Señaló que es errada la conclusión del tribunal al indicar que existe la
posibilidad de que el demandado tenga doble residencia o domicilio, pues es
contraria al concepto de residencia definido por el Consejo de Estado, en el sentido
de que se trata del lugar donde habitualmente se encuentra y desarrolla sus
principales actividades.
75. Advirtió que, en este asunto, no hubo un desarrollo principal de actividades
por parte del demandado en Altos del Rosario, por cuanto estas se ejercían en
Maicao.
76. Advirtió que el testigo Giovanni Vásquez Gutiérrez fue «contundente con las
fechas y lugares» en las que vio al demandado en el municipio de Altos del Rosario,
pero el tribunal le dio mayor credibilidad a la declaración de Martha Espalza, cuando
entre ambos hay contradicciones en cuanto a los contratos de arrendamiento.
77. Al respecto, sostuvo que:
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[…] el despacho debe considerar que el contrato que se le aportó como prueba es el
original y sobre el cual hizo la declaración la testigo. Sin embargo, resulta que la testigo
manifestó que ellos se reunieron para firmar el contrato de manera física, lo que nos
da a entender que el contrato se encontraba en físico y no en digital como se observa
en la prueba aportada, además, al preguntársele si tenía el contrato en su computador
o en físico, manifestó que lo tenía físico pero que lo tenía en su casa y no ahí a la mano,
lo que nos lleva a concluir que la testigo mintió, debido a que anteriormente había
indicado que el contrato lo había hecho en un café internet y lo había mandado por
correo, pero luego dijo que se habían reunido de manera física para la suscripción del
contrato
Esta declaración contradictoria se relaciona con la irregularidad de que la cuarta página
del contrato está escaneada como una imagen, a diferencia de las tres primeras
páginas, que están en formato PDF. Esto sugiere que solo se imprimió la última hoja
para ser firmada, lo cual carecería de sentido si se reunieron para firmar el contrato en
persona. En tal caso, el documento original estaría en formato físico y se habría
escaneado completo, y no solo la cuarta página.
Además, si el contrato se envió por correo electrónico para su firma, algo que la testigo
contradijo en dos ocasiones, las firmas no se verían de la misma manera, ya que, si
una parte firmó primero y luego lo envió para la firma de la otra parte, las firmas tendrían
un aspecto diferente. (Sic).
78. Destacó que se equivocó el juez de primera instancia al señalar que, por el
hecho de no haberse alegado la falsedad de los contratos de arrendamiento, estos
tienen credibilidad al momento de su valoración, sin tener en cuenta que hay
contradicciones por parte de la señora Martha Espalza Mattos.
79. Cuestionó la interpretación del tribunal respecto de la declaración de la
testigo cuando afirmó que «desde el 2021 para acá, él vivió más acá en Altos del
Rosario. Que yo sepa, que viniera, salía de pronto a visitar a su mamá, a su familia,
pero ya desde el 2021 para acá él se radicó acá”, no resulta suficiente, pues, si se
analiza bien la declaración en la audiencia, si nos detenemos a analizar la expresión
dicha en realidad por la testigo: Desde el 2021 para acá, que yo sepa él vivía más
allá en el Alto, que yo sepa que viviera en Maicao… él iba y de pronto salía de vez
en cuando», por lo que es claro que el demandado no residía en Altos del Rosario,
sino que iba en forma esporádica o de visita.
80. Refirió la existencia de contradicciones entre el testimonio de Deivys
Hernández y lo consignado en el contrato que suscribió como arrendador, frente al
cual no expuso en qué consistieron las inconsistencias advertidas. Sin embargo,
anotó que, según la interpretación del tribunal, el contrato, en atención a que no
requiere de solemnidades para su validez, puede ser modificado en forma verbal o
escrita, es decir, que hay la posibilidad de que se haya ejecutado de modo distinto
a lo que se pactó inicialmente, lo que contraría el objeto del contrato.
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81. Igualmente, señaló lo siguiente:
También indicó el despacho, en suma a ese criterio, que la contradicción en cuanto
al domicilio del contrato de arrendamiento celebrado entre DEYVYS HERNANDEZ
y el demandado resulta explicable de acuerdo a las reglas de la experiencia, al
considerar que en estas situaciones son corrientes en los casos en que las personas
no tienen conocimientos jurídicos, no acuden a la asesoría de abogados e incluyen
en los contratos cláusulas estándar del tipo de contrato que no guardan relación con
su situación jurídica. Pero este argumento no puede ser de recibo, debido a que no
puede dejarse de lado que el arrendatario tiene estudios en derecho, quien sabría
que ese es un aspecto relevante para la elaboración de esa clase de contratos.
También debemos tener en cuenta que si va a hacerse uso de las reglas de la
experiencia para este aspecto, también debe hacerse uso para el aspecto en el que
las personas para esta clase de contratos, si bien manifiestan que los mismos se
realizan de forma física, no solo imprimen la última página para su impresión y
suscripción de su firma, máxime cuando, si pretendía hacerse de forma virtual,
pueden bien colocar la firma de forma digital15.
82. Alegó distintas contradicciones en la declaración de Deivys Hernández en
cuanto al domicilio para notificaciones establecido en el contrato, pues señaló que
era «Soledad» (Atlántico), frente a lo cual dijo que era un error de transcripción, lo
que demuestra la «posibilidad tácita» de modificar los contratos de arrendamiento.
83. Expresó que «si solo se imprimió la última hoja para la suscripción de la firma,
sería un aspecto que el testigo recordaría con facilidad, así como recordó de manera
exacta la fecha del contrato, además, si se hicieron dos contratos, el de él y el del
demandado, resulta ilógico que haya sido de forma digital; y si fue de forma física,
como quiso darlo a entender desde el principio, no se hubiese aportado de la forma
en que se aportó».
84. Aseguró que se debe analizar si el demandado realmente habitó el inmueble
y si hubo modificaciones en el contrato de arrendamiento.
85. Expresó que el demandado tiene estudios en derecho, por lo que sabía que
había un error en cuanto al domicilio que quedó consignado en el contrato de
arrendamiento, aspecto que, si bien fue valorado por el tribunal de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, es claro que evidencia una contradicción.
86. Resaltó que en la sentencia no se explicaron las razones por las cuales las
pruebas demuestran la residencia del demandado en Altos del Rosario durante el
año inmediatamente anterior a la inscripción de su candidatura como alcalde, sobre
la base de considerar que solo se indicó que sí la acreditan.
15 Transcripción con posibles errores.
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1.7.2. Apelación del coadyuvante
87. Manifestó que el demandado no tuvo residencia cierta, material y con ánimo
de permanencia en el municipio, por cuanto el contrato de arrendamiento de una
habitación en un hotel, hospedaje o residencia no cumple con el requisito de haber
vivido en aquel durante un año anterior a la inscripción (entre el 29 de junio de 2022
y 29 de junio de 2023). Ello, en la medida en que así la estancia sea por un tiempo
prolongado, no existe la intención de habitar o residir en el lugar.
88. Señaló que el demandado sí tuvo residencia permanente, según el contrato
de arrendamiento de una vivienda, celebrado con la señora Martha Espalza Mattos,
el 28 de mayo de 2023, con vigencia desde el 30 de junio de ese año hasta el 31
de mayo de 2024, pero ese negocio se dio tan solo un mes anterior de la inscripción,
luego no se cumple el requisito previsto en la norma -un año antes-, por lo que esa
prueba no debió ser valorada por el juez de primera instancia.
89. Indicó que es equivocado el argumento del tribunal referente a que las
Resoluciones 11511 del 28 de septiembre y 12180 del 29 de septiembre de 2023,
expedidas por el CNE constituyen un indicio de residencia del demandado en Altos
del Rosario, si se tiene en cuenta que, al resolver la solicitud de revocatoria de la
inscripción de la candidatura no se analizó el alcance de residencia ni la «idoneidad»
del contrato de arrendamiento en un hospedaje u hotel como prueba para demostrar
la permanencia y arraigo en el territorio.
90. Además, el juez de primera instancia equiparó la definición de residencia
electoral, para efectos del ejercicio del derecho al sufragio, respecto del cual no se
exige el requisito de permanencia previa, con el de residencia electoral dirigido a
postularse como candidato.
91. Anotó que no se debió dar valor probatorio a: i) los testimonios, por ser
contradictorios; ii) los registros de atención del demandado en el centro de salud
Manuel H. Zabaleta, iii) el registro de la inscripción de la cédula para votar; iv) las
partidas de bautismo en las cuales figura como padrino, al igual que las fotografías
que captaron esos sucesos; v) el dictamen pericial, y el vi) el registro del hierro
quemador, pues no constituyen indicios de residencia.
92. Cuestionó que no se le hubiera atribuido validez a la información de las bases
de datos de ADRES que demuestran que el demandado aparece registrado en el
municipio de Maicao, la constancia de no estar en el SISBEN en Altos del Rosario,
el certificado de la Cámara de Comercio de Maicao que lo identifica como
comerciante en ese ente territorial, así como las denuncias penales presentadas en
su contra, y la certificación de no residencia expedida por el secretario de Gobierno
de Altos del Rosario, entre otras pruebas, pues demuestran que el demandado
habita en forma permanente en Maicao.
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1.8. Trámite en segunda instancia
93. Mediante auto del 22 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación, se ordenó poner a disposición del demandado el memorial respectivo y
se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.
1.9. Alegatos de conclusión
1.9.1. Demandante
94. Explicó que, para acreditar la residencia en el municipio correspondiente, es
necesario que el candidato demuestre, mediante pruebas concretas y fehacientes,
que ha residido de manera continua en el ente territorial durante el año anterior a
su inscripción o durante tres años consecutivos en cualquier tiempo.
95. Aseguró que, en este caso, el demandado no demostró con suficiencia su
residencia en Altos del Rosario durante el tiempo requerido en la ley, ya que no
aportó algún documento que evidencie el cumplimiento de este requisito.
96. Insistió en que el certificado emitido por el secretario de gobierno de ese
municipio es válido, ya que es el funcionario competente para su expedición, por lo
que se debe tener en cuenta que la información registrada, en cuanto a que el
demandado no reside en Altos del Rosario, es veraz.
97. Señaló en el argumente referente a que, contrario a la explicación del tribunal,
para efectos de la residencia electoral, no es viable habitar en forma permanente en
dos lugares.
98. Acotó que todas las pruebas aportadas demuestran que Juan Carlos Romo
Pérez reside en el municipio de Maicao.
99. Reiteró que los testimonios presentan contradicciones respecto de la
residencia del demandado en Altos del Rosario durante el año anterior a su
inscripción como candidato a la alcaldía.
100. Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se
declare la nulidad del acto de elección demandado.
1.9.2. Demandado
101. Alegó de conclusión para reiterar que sí cumplió con el requisito de haber
residido en el municipio de Altos del Rosario un año antes de la inscripción de su
candidatura a la alcaldía, como lo exige el artículo 86 de la Ley 136 de 1994.
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1.10. Concepto del Ministerio Público16
102. La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó que se
confirme la decisión apelada.
103. Señaló que el demandado aportó dos contratos de arrendamiento de dos
habitaciones en un hotel y de vivienda urbana, ambos inmuebles ubicados en el
municipio de Altos del Rosario, con los cuales se acredita el requisito de haber
residido en el territorio donde se inscribió para ser alcalde, durante el año anterior a
la inscripción.
104. Destacó que, contrario a lo manifestado por el coadyuvante, no existe
prohibición alguna para que el alquiler de unidades habitacionales en un hotel sea
una limitante para cumplir con el requisito de residencia para ser elegido alcalde.
105. Adujo que si bien es cierto los hoteles alojan temporal y esporádicamente a
los visitantes, el hecho de que el demandado haya suscrito un contrato de
arrendamiento por un año elimina el carácter temporal y lo transforma en uno
permanente.
106. Mencionó que los arrendadores, en sus testimonios, indicaron que Juan
Carlos Romo Pérez habitó los respectivos inmuebles durante los periodos en que
fueron arrendados, por lo cual se cumplieron las cláusulas de los contratos,
referentes a que solo podían ser utilizados por el demandado y su núcleo familiar.
107. Aseguró que, al contrastar las fechas señaladas en los contratos con los
testimonios de los arrendadores, no existe contradicción evidente que permita
concluir que hubo alguna modificación subrepticia en favor del demandado, como
lo adujeron los apelantes.
108. Advirtió que, aunque en el contrato firmado con Deivys Alfonso Hernández
Jiménez, en la «cláusula vigésima. Notificación judicial» figura como lugar del
domicilio contractual el municipio de Soledad (Atlántico), ese solo hecho no es
concluyente en cuanto a que la residencia del demandado sea en la referida entidad
territorial, toda vez que el contrato de arrendamiento se realizó sobre una propiedad
de ser vivienda de aquel en el municipio de Altos del Rosario.
109. Respecto de la certificación emitida por el secretario de Gobierno de Altos
del Rosario sobre la no residencia de Juan Carlos Romo Pérez en el municipio,
sostuvo que, tal como lo explicó el juez de primera instancia, el funcionario tiene
competencia para certificar la residencia de un ciudadano que previa y
voluntariamente así lo hubiera querido hacer constar, pero no puede ser prueba
determinante de que no habita en el territorio por no haberlo declarado, sobre todo
16 Índice 13 del expediente de segunda instancia visible en Samai.
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si no es obligatorio hacerlo.
110. Por ello, el a quo consideró que la certificación debía ser valorada junto con
los demás medios probatorios, de cuyo análisis estableció que el demandado sí
residió en el municipio de Altos del Rosario, en los términos del artículo 86 de la Ley
136 de 1994.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
111. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación presentados
contra la sentencia del 3 de octubre de 2024, por la cual el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala Quinta de Decisión negó las pretensiones de la demanda contra el
acto de elección de Juan Carlos Romo Pérez como alcalde de Altos del Rosario
(Bolívar) para el período 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15017, 152 numeral 7.a18 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 202419.
2.2. El acto acusado
112. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección de Juan Carlos Romo Pérez como alcalde de Altos del Rosario (Bolívar)
para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ALC del 9 de noviembre
17 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
18«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original)
19 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley. Igualmente, la nulidad de
los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
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de 2023.
2.3. Problema jurídico
113. Con base en los argumentos presentados en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 3 de octubre de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda.
114. En tal sentido, se deberá determinar si el demandado incumplió el requisito
señalado en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 para ser elegido alcalde de Altos
del Rosario, relativo a ser residente del municipio durante el año anterior a la fecha
de la inscripción.
2.4. Calidades requeridas para ocupar el cargo de alcalde
115. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 [p]or
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios, se requiere la acreditación de las siguientes
calidades para ser elegido alcalde:
Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber
nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un
período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
116. En ese contexto, además de ser ciudadano colombiano en ejercicio, para ser
elegido alcalde es necesario cumplir con uno de cualquiera de los otros tres
requisitos alternativamente, es decir, i) haber nacido, ii) haber residido durante un
año anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura, o iii) haber residido
durante un periodo de por lo menos tres años consecutivos en cualquier época en
el respectivo municipio o área metropolitana. Por consiguiente, «cuando el
candidato carece de todos esos requisitos es inelegible; uno de cualquiera de los
mismos lo habilita para ser elegido»20.
117. La Corte Constitucional en sentencia C-1412 de 2000 declaró la
configuración de la cosa juzgada material respecto de la disposición transcrita, toda
vez que mediante sentencia C-130 de 1994 se declaró la exequibilidad de los
apartes demandados en esa ocasión del artículo 2 de la Ley 78 de 198621, cuyo
contenido normativo es idéntico al 86 de la Ley 136 de 1994.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 18 de
febrero de 1999, rad. 2142, MP Mario Alario Méndez.
21 Por la cual se desarrolla parcialmente el Acto legislativo número 1 de 1986 sobre la elección
popular de alcaldes y se dictan otras disposiciones.
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118. En la sentencia C-130 de 1994, la Corte Constitucional determinó que la
norma demandada no vulnera los derechos a la igualdad y participación política de
quienes aspiran a ser alcaldes, pues el precepto «busca regular aquella y ordenar
esta, a fin de asegurar su ejercicio en el marco de las condiciones materiales de la
sociedad y promover que los efectos provenientes del ejercicio de los derechos
políticos cumplan los fines esenciales de la función pública».
119. En consecuencia, en virtud de la amplia competencia del Congreso de la
República para definir el régimen de calidades, inhabilidades e incompatibilidades
de los funcionarios elegidos popularmente en las entidades territoriales, podía fijar
como uno de los requisitos para ser elegido alcalde el de vecindad en el
correspondiente municipio durante un determinado lapso.
120. En punto del contenido y alcance del requisito de residencia para ser elegido
alcalde, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado lo siguiente22:
a) La residencia a que se refiere la antes citada norma, tiene la misma connotación
de la que se enuncia en el artículo 316 de la Constitución Política, puesto que es de
carácter electoral cuya finalidad es proteger y preservar la independencia de las
entidades territoriales en el manejo de los asuntos locales, en este caso a través del
arraigo y compromiso con la localidad de las autoridades elegidas popularmente.
b) La residencia, para efectos electorales, ha sido definida por el artículo 183 de la
Ley 136 de 1994 como el sitio en el cual de manera regular se habita, se está de
asiento, se ejerce profesión u oficio o se poseen negocios o empleos. Así, esta
Corporación ha afirmado que se puede disfrutar de una o varias residencias y, por lo
mismo, la exigencia puede cumplirse si se llena alguna de las modalidades
anteriores23
Lo anterior es coincidente con la definición de vecindad, a cuya definición, contenida
en el Código Civil, remite el artículo 2º de la Ley 78 de 1986, modificado por el artículo
2 de la Ley 49 de 1987, así:
ARTÍCULO 2. CALIDADES. Para ser elegido Alcalde se requiere ser ciudadano en
ejercicio y haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o la
correspondiente área metropolitana durante el año anterior a la fecha de su
inscripción como candidato, o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.
(…)
ARTÍCULO 2°Calidades. Para ser elegido Alcalde se requiere, ser ciudadano en ejercicio y haber
nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana,
durante el año anterior a la fecha de su inscripción como candidato.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 6 de
abril de 2006, rad. 25000-23-24-000-2005-00156-01(3905), MP Filemón Jiménez Ochoa.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de
septiembre de 1996, radicación 1369, y 1541 del 18 de abril de 1996.
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PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente disposición, entiéndase por vecindad
la que define y establece el Código Civil Colombiano en su artículo 78
El citado artículo del Código Civil establece:
“Artículo 78: El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”.
Así lo ha interpretado esta Sala en pronunciamientos reiterados, al afirmar que para
los efectos del artículo 86 de la Ley 136 de 1994, el concepto de residencia implica
la relación de una persona con un lugar determinado, en donde habitualmente
se encuentra y desarrolla sus principales actividades. Es, por tanto, una
relación jurídica entre una persona y un lugar, y en esos términos equivale al
de domicilio civil, definido en el trascrito artículo 78 del Código Civil.
(…)
c) De las definiciones legales antes referidas se desprende que el domicilio
civil, vecindad, o residencia para efectos electorales, son coincidentes, y
contienen dos elementos a saber: el subjetivo, que corresponde al acto de voluntad
de permanecer en un lugar determinado, y el objetivo, donde la persona habita, o de
manera regular, está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus
negocios o un empleo en dicho lugar (arts. 76 a 84 del Código Civil y 86 de la Ley 136
de 1994). De donde debe concluirse que la presunción legal de residencia electoral
establecida en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, que, por la inscripción en el censo
electoral, también implica la presunción de vecindad o domicilio civil, puesto que son
términos que tienen el mismo contenido jurídico. (Resalta la Sala).
121. En conclusión, la residencia tiene una relación directa con el vínculo en una
determinada zona, el cual es indispensable para tener un mínimo de conocimiento
acerca de las necesidades, oportunidades y fortalezas del lugar al que se aspira ser
nombrado24.
2.5. Caso concreto
122. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Quinta de Decisión, denegó las
pretensiones de la demanda al encontrar demostrado que el demandado residió en
el municipio de Altos del Rosario durante el año anterior a su inscripción como
candidato a la alcaldía, de acuerdo con los dos contratos de arrendamiento suscritos
por aquel.
123. Inconforme con esta decisión, la parte actora y el coadyuvante la apelaron
mediante escritos en los que, en síntesis, cuestionaron la valoración probatoria
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
diciembre de 2023, rad. 25000-23-41-000-2021-00774-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra, citada, a
su vez, en sentencia del 27 de junio de 2024, rad. 5001-23-33-000-2023-01270-01, MP Gloria María
Gómez Montoya.
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Demandante: Yimmis Salas Camargo
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realizada en primera instancia, comoquiera que se tuvieron en cuenta: i) los
contratos de arrendamiento que demuestran la residencia en el municipio con un
año de antelación a la inscripción, para lo cual se omitieron las contradicciones
existentes en las declaraciones de los arrendadores; ii) se restó valor probatorio a
la certificación expedida por el secretario de Gobierno de Altos del Rosario, el 15 de
agosto de 2023, en la que señaló que el demandado no reside en el municipio, al
igual que a la información que aparece en las bases de datos de ADRES y SISBEN,
denuncias penales y certificado de la Cámara de Comercio de Maicao, que
demuestran la residencia en esta última entidad territorial; iii) la realización de la
tesis de grado en el municipio de Agustín Codazzi; iv) el arrendamiento de una
habitación de un hotel no demuestra el ánimo de permanencia; v) la inviabilidad de
tener doble residencia y, vi) el contenido de las resoluciones del CNE no son indicios
de arraigo.
124. Por razones metodológicas, el estudio de la Sala iniciará con el contenido de
la certificación expedida el 9 de agosto de 2023 por el secretario de Gobierno de
Altos del Rosario. En forma posterior, se analizarán, de manera general, los
documentos relacionados en la demanda tendientes a descartar la residencia en
Maicao, y luego los contratos de arrendamiento suscritos por el demandado que, en
criterio del tribunal, acreditan el cumplimiento del requisito de residencia para ser
alcalde durante el año anterior a la inscripción, con el fin de determinar si hubo una
indebida valoración de estos en contraste con los testimonios rendidos por los
arrendadores.
125. Lo primero que se debe anotar es que, según la Resolución 28223 del 14 de
octubre de 2022, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el plazo
para la inscripción de candidatos para las elecciones de autoridades regionales
inició el 29 de junio de 2023 hasta el 29 de julio de ese año, razón por la cual para
verificar el cumplimiento del requisito de residencia para ser alcalde se debe tener
en cuenta el año anterior a la inscripción que, para el caso del demandado, ocurrió
el 27 de julio de 2023 según el formulario E-6 AL aportado con el escrito
introductorio.
126. Al respecto, se tiene que mediante certificación emitida el 15 de agosto de
2023, el señor Eliécer Hoyos Herrera, en la condición de secretario de Gobierno (E)
del municipio de Altos del Rosario, por petición del señor Gilberto Pineda Uribe,
indicó que el señor Juan Carlos Romo Pérez no tiene residencia legalizada en ese
territorio, ni tampoco ha ejercido cargo público del orden municipal, departamental
o nacional ni es sujeto contribuyente. El contenido del referido documento es como
se muestra a continuación:
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127. Sobre lo consignado en ese elemento demostrativo, la Sala encuentra que la
valoración efectuada por el tribunal es acorde con el ordenamiento jurídico, en el
sentido de que el servidor público en referencia no estaba habilitado legalmente
para asegurar, a través de un documento público, que el demandado no tiene
residencia en el municipio de Altos del Rosario, de acuerdo con la interpretación de
los artículos 82 del Código Civil25 y 333 numeral 4 de la Ley 4ª de 191326.
128. Al respecto, se debe indicar que, aunque la certificación no se expidió con
sustento en las normas que se citan, se debe tener en cuenta que la residencia no
se descarta únicamente por el hecho de que la persona cuyo registro se busca no
aparezca en algunas bases de datos de las respectivas entidades, pues existen
otros factores, como los que se analizaron por el juez de primera instancia, para
acreditar el cumplimiento del requisito exigido por el artículo 86 de la Ley 136 de
1994.
129. Las disposiciones señaladas por el tribunal se refieren a la presunción del
domicilio por avecindamiento, para cuyo efecto se requiere una manifestación
25 ARTÍCULO 82. PRESUNCION DE DOMICILIO POR AVECINDAMIENTO. Presúmese también el
domicilio, de la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o corregidor, del ánimo de
avecindarse en un determinado distrito.
26 ARTICULO 333. Es vecino de un municipio, para los efectos políticos: (…)
4. El que manifieste su ánimo de avecindarse, ante el alcalde, el cual extenderá de ello la
correspondiente diligencia, pero los efectos de la vecindad no se surtirán en este caso sino dos
meses después de hecha la manifestación.
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previa del interés o ánimo de residir en un determinado lugar ante el alcalde o quien
este delegue, lo cual no se erige como una obligación del interesado. Por ello, no
se advierte la existencia de una atribución o facultad legal para hacer una
aseveración en el sentido contrario, es decir, respecto de la falta de residencia,
como lo expuso el Tribunal Administrativo de Bolívar, a pesar de que la constancia
se emitió con sustento en que el demandado no ha ejercido algún cargo público y
no figura como contribuyente en el municipio.
130. Sobre el punto, se debe indicar que la residencia no se verifica únicamente
por el hecho de ocupar un empleo o ejercer un oficio o porque no se registra el pago
de obligaciones tributarias, pues se requiere la comprobación de diversos factores
que demuestren el arraigo en el territorio, como lo ha señalado la jurisprudencia de
la Sección Quinta, ya referenciada. Además, para los efectos de la certificación,
como se anotó, el demandado debió manifestar previamente ante el alcalde su
interés de habitar en el municipio, lo cual no se demostró en el proceso, aunado a
que no era una obligación de este, teniendo en cuenta que se trata de un acto
voluntario.
131. En las anotadas condiciones, para la Sala es claro que el secretario de
Gobierno de Altos del Rosario no estaba facultado para certificar la ausencia de
residencia del señor Pérez Romo, razón por la cual no se evidencia una valoración
errónea del citado documento por parte del tribunal.
132. En cuanto a las capturas de pantalla de la consulta de las bases de datos de
SISBEN y ADRES, que dan cuenta que el demandado no está inscrito en el primero
en el municipio de Altos del Rosario y sí aparece registrado el segundo en Maicao,
desde el 1º de enero de 2020, se tiene que no son suficientes para descartar el
vínculo de arraigo en el primero ni acreditar permanencia en el segundo, durante el
año anterior a la inscripción como candidato a la alcaldía, como se indicó en la
sentencia de primera instancia, pues solo solo se demuestra el registro para la
atención en salud en el régimen subsidiado de seguridad social.
133. Por otro lado, el hecho de la sustentación de la tesis para optar al título de
abogado con un trabajo de investigación supuestamente realizado en el
departamento del Cesar y las denuncias presentadas en contra del demandado en
Maicao, en modo alguno, pueden acreditar que residía allí durante el año anterior a
la inscripción y no en Altos del Rosario, pues son pruebas que carecen de la
idoneidad necesaria para el fin que se pretende demostrar. Sobre el punto, se tiene
que los otros elementos de convicción valorados acreditaron la residencia en el
municipio en el que fue elegido alcalde.
134. Similar consideración se emplea respecto del certificado de matrícula
mercantil de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira,
aportado por la parte actora y el demandado, según el cual al establecimiento de
comercio Drogas Luis Pérez no le fue renovada la matrícula del 30 de septiembre
24
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de 2020, y como última fecha de renovación aparece el 29 de marzo de 2021, luego
no se puede tener en cuenta ese documento para demostrar la falta de residencia
en Altos del Rosario.
135. Con todo, el hecho de contar con el registro de actividad mercantil en distintos
territorios no es suficiente para descartar la residencia como requisito para
inscribirse como alcalde, pues no existe una limitación legal en ese sentido.
136. Por otro lado, respecto de los contratos de arrendamiento suscritos por el
demandado, con los cuales se acreditó el requisito de residencia en el municipio un
año antes de la inscripción de la candidatura para ser alcalde, se advierte que la
Sala no se detendrá en el análisis de la forma y demás circunstancias relacionadas
con la suscripción de esos negocios jurídicos, por cuanto estos se presumen
válidos, aunado a que no requieren de solemnidades para ese efecto, en atención
a que fueron producto de la autonomía de la voluntad de las partes27. Por lo tanto,
solo se detendrá en la vigencia y objeto de estos
137. En ese orden, se encuentra el contrato de arrendamiento suscrito entre el
demandado y Deivys Hernández Jiménez, el 27 de mayo de 2022, en cuyas
cláusula primera y segunda se pactó lo siguiente:
PRIMERA. -OBJETO. Por medio de este contrato EL ARRENDADOR entrega al
ARRENDATARIO y este declara que recibió a entera satisfacción dos (2) habitaciones
completamente amobladas destinadas a vivienda del ARRENDATARIO y su familia,
ubicado en el barrio el puerto del municipio de Altos del Rosario- Bolívar. SEGUNDA.
– DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración de doce (12) meses, contados
a partir del día 27 del mes de mayo del año 2022, Finalizando el día 26 del mes de
mayo del año 2023.
138. Según la declaración de Deyvys Hernández Jiménez, las habitaciones están
ubicadas en el hotel denominado «El Profe», en las cuales residió el demandado en
forma permanente desde la fecha del inicio del contrato hasta su culminación y,
posteriormente, se mudó a una vivienda arrendada por la señora Martha Espalza
Mattos, en el municipio de Altos del Rosario.
139. Así pues, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para la Sala la
valoración del tribunal respecto del contrato de arrendamiento y del testimonio del
arrendador merece credibilidad, pues el juez no encontró inconsistencias entre la
declaración y lo consignado en el negocio jurídico y, por el contrario, se acreditó la
permanencia del demandado en la unidad habitacional desde el 27 de mayo de
2022 hasta el 26 de mayo de 2023.
140. Ahora bien, la afirmación del coadyuvante en la alzada, referente a que por
27 Artículo 3 de la Ley 820 de 2003.
25
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haber residido el demandado en un hospedaje no se demuestra el ánimo de
permanencia, así se trate de una estadía prolongada, no tiene soporte jurídico
válido, toda vez que, aunque por su naturaleza los hoteles u hospedajes son sitios
de paso de visitantes, no existe una limitación en el ordenamiento en cuanto a la
posibilidad de habitar en ellos en forma continua por un determinado periodo.
141. También obra en el expediente el contrato de arrendamiento firmado entre el
demandado y la señora Martha Isabel Espalza Mattos, el 20 de mayo de 2023, el
cual tuvo como objeto el siguiente:
Primera. - Objeto: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título
de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble: casa ubicada en la
Calle 15 #5-87 Altos del Rosario, consta de 2 habitaciones, sala comedora, cocina,
un baño, patio y terraza. Destinado para el uso de vivienda del Arrendatario y la de
su familia. Segunda. - Canon de arrendamiento y forma de pago: El arrendatario
se obliga a pagar como canon de arrendamiento mensual la suma de
TRESCIENTOS MIL PESOS $ (300.000), MLC esto se pagara de manera
anticipada al arrendador o a su orden en el lugar que establezca el arrendador, y en
un tiempo máximo de 5 días después de la fecha de cumplimiento del mes. (…)
Cuarta. - vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha 30 de junio del año 2023 y terminará el día 31 de mayo
del año 2024 (sic).
142. El tribunal recibió el testimonio de la arrendadora, según el cual, en síntesis,
afirmó que el demandado habitó la vivienda desde el 30 de junio de 2023 y que
residía en el municipio desde aproximadamente el año 2021.
143. En la sentencia de primera instancia se concluyó lo siguiente en relación con
el análisis de los contratos de arrendamiento y los testimonios:
En los referidos contratos se señala con claridad su objeto, duración y precios del canon
correspondiente, y si bien de ellos solo se desprende que el accionado y sus
arrendadores se obligaron recíprocamente, se recibieron los testimonios de los dos
arrendadores, quienes dieron cuenta de la ejecución efectiva del contrato, esto es, de
la habitación de los inmuebles de manera continuada por parte del arrendatario durante
el plazo pactado, con esporádicas ausencias para visitar a su familia (madre y dos
hijos) que residen en el Municipio de Maicao, y de la recepción temporal de estos en el
lugar de residencia del accionado en Altos del Rosario.
A juicio de la Sala los testimonios de Deivys Hernández Jiménez y de Martha Isabel
Epalza Mattos resultan creíbles, no solo porque sus afirmaciones sobre lo pactado con
el demandante tienen respaldo en los contratos mismos allegados al proceso, que por
demás constituyen documentos privados aportados con la contestación de la demanda
que no fueron objeto de tacha ni desconocimiento, sino porque resultan internamente
consistentes y son congruentes, no solo entre sí, sino con otros testimonios, como los
de Wilberto Simancas Mora, todos los cuales afirmaron que el demandado si bien llegó
a Altos del Rosario desde hacía varios años atrás, aproximadamente desde 2016 o
2017, permanecía temporalmente en el municipio y se alojaba por días en el
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establecimiento de propiedad del señor Simancas Mora denominado Hotel El Profe,
hasta cuando atendiendo sus necesidades decidió arrendar, primero un par de
habitaciones por el término de un año en el mismo lugar, para luego continuar
habitando en arriendo en otra vivienda de propiedad de la señora Martha Isabel Epalza.
Los testigos mencionados, dieron cuenta de que a partir de mayo de 2022 el
demandado se desempeñaba en el Municipio como comerciante de ganado y que
participaba de múltiples actividades sociales y cívicas como los días de las madres, de
los niños, en los cuales era organizador.
Estos testimonios provienen de la percepción directa de los hechos narrados por
parte de personas que por sus vínculos con el demandado y el trato frecuente
que mantenían con él merecen la mayor credibilidad, sobre todo porque resultan
concordantes y armónicos con otros medios de prueba28. (Resalta la Sala).
144. Del anterior material probatorio y de la valoración efectuada de este, contrario
a lo indicado por los apelantes, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
residencia previsto en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, bajo el supuesto
contemplado en esa disposición de haber residido durante un año antes de la fecha
de inscripción de la candidatura.
145. De acuerdo con las conclusiones del juez de primera instancia, las supuestas
inconsistencias señaladas por el demandante en el testimonio de Martha Isabel
Espalza Mattos no revistieron la connotación de restarle credibilidad y validez a
estos, pues no se advirtieron incongruencias en lo manifestado, tal como se expuso
en el fallo apelado:
En efecto, el apoderado del demandante considera contradictorio que la señora
Martha Epalza Mattos haya afirmado en su declaración que envió el contrato vía
correo electrónico para la firma, pero también que lo firmaron físicamente; considera
irregular que los 3 primeros folios del contrato estén en formato PDF y la última hoja
escaneada, lo cual no tendría sentido si se reunieron para su suscripción; y cuando
se le preguntó quiénes vivían con demandado, manifestó que él es soltero y que los
dos hijos que tiene a veces llegaban allá, lo cual se contradice con lo afirmación de
que convivía con su familia. Además de que las afirmaciones de la testigo dan a
entender que el demandado estaba en Altos del Rosario de manera esporádica y de
visita, pues de lo contrario habría dicho de manera contundente que vivía allí y no en
otro lado, máxime cuando se trata de la arrendadora y debe tener más convicción de
ello”.
A juicio de la Sala, ninguna contradicción hay entre la afirmación de la testigo de que
envió el contrato de arrendamiento vía correo electrónico al demandante para su firma
y que luego se reunieron personalmente para firmarlo, pues se trata de personas que
actúan en el marco de la autonomía de la voluntad y se trata de un contrato cuya
validez no está sometido a formalidades especiales, por lo que podían elegir
28 Transcripción con posibles errores.
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libremente si preferían suscribirlo virtual o físicamente, o cambiar de opinión sobre la
forma de hacerlo. Y por otra parte, la Sala constató que el archivo allegado con la
contestación de la demanda que contiene el contrato referido y que obra en el archivo
37 del expediente digital, obra completamente en formato PDF, aunque no resulta
editable la parte correspondiente a las firmas, lo cual no resta validez al documento
ni permite inferir su falsedad, la cual pudo alegar el demandante en la oportunidad
procesal correspondiente y no lo hizo.
Tampoco se contradijo la testigo sobre la permanencia del testigo en Altos del
Rosario, pues afirmó con claridad que conoció al demandado desde el año 2016
cuando llegó por primera desde Maicao a visitar Altos del Rosario en época de
navidad, en compañía de una hermana y unos sobrinos de quienes era amigo; que
primero regresaba temporalmente y luego con más frecuencia a Altos del Rosario,
donde realizaba muchas labores sociales en la comunidad, y un día le dijo que
necesitaba una vivienda, porque hasta entonces se quedaba en hotel “el profe”; y
agregó la testigo que “desde el 2021 para acá, él vivió más acá en Altos del Rosario.
Que yo sepa, que viniera, salía de pronto a visitar a su mamá, a su familia, pero ya
desde el 2021 para acá él se radicó acá”, expresiones que junto con otras de la testigo
mencionada y de los otros testigos a quienes se reconoce credibilidad, llevó a la
convicción de que a partir de la época en que celebró el primer contrato en adelante
el testigo habitó y estuvo de asiento en Altos del Rosario, aunque visitaba y recibía
visitas de su mamá y de sus hijos, quienes residían en Maicao, circunstancia que el
demandado no ha negado. (sic).
146. La Sala acoge el análisis probatorio realizado por el a quo respecto de las
dos declaraciones y del contenido de los contratos, en la medida en que lo
manifestado por los apelantes, referente a las presuntas incoherencias advertidas
en la declaración de la arrendadora, no desvirtuaron la residencia del demandado
en el municipio durante el año anterior a la inscripción, máxime si se tiene en cuenta
que los señalamientos estaban relacionados con circunstancias poco relevantes en
torno a la celebración de los referidos negocios jurídicos.
147. Es importante señalar que, en ejercicio de las atribuciones legales, el juez
tiene libertad para hacer una apreciación autónoma y reflexiva de los medios
demostrativos aportados al proceso, a partir de los cuales forma su convencimiento
y resuelve el asunto sometido a su consideración, sin que ello implique, desde
luego, una desviación del ordenamiento jurídico al momento de efectuar el análisis
probatorio.
148. Bajo tales lineamientos, no observa la Sala que el análisis de las pruebas
allegadas al expediente haya sido indebida, equivocada o irracional, pues se
explicaron con suficiencia los fundamentos que llevaron al juez a determinar el
cumplimiento del requisito para ser alcalde de residir en el municipio un año antes
de la inscripción.
149. También es importante poner de presente que los demás medios de
convicción aportados, como las resoluciones del CNE expedidas en los procesos
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adelantados respecto de la revocatoria de la inscripción de la cédula de ciudadanía
del demandado para sufragar en Altos del Rosario y de su candidatura,
constituyeron solo indicios para el tribunal para tener acreditada su residencia, pero
la demostración del requisito recayó, esencialmente, en los dos contratos de
arrendamiento y en las declaraciones de los arrendadores.
150. En cuanto a la valoración de i) los documentos de atención del demandado
en el centro de salud Manuel H. Zabaleta; ii) las partidas de bautismo en las cuales
figura como padrino, al igual que las fotografías que captaron esos sucesos; iii) el
dictamen pericial, y iv) el registro del hierro quemador, para la Sala tales medios de
prueba no son pertinentes para determinar la residencia, pero, como se explicó, esta
se demostró con los elementos de convicción idóneos para ese propósito.
151. En relación con el registro de la inscripción de la cédula para votar, se tiene
que la Sala lo ha considerado como un indicio del vínculo con la respectiva entidad
territorial, pero, por sí solo, no es suficiente para acreditar la residencia como
requisito para ser alcalde.29
152. Se debe reiterar que el concepto de residencia hace referencia a la relación
que una persona tiene con un lugar determinado por tratarse del sitio en el que
habitualmente se encuentra y lleva a cabo sus actividades principales, ya sea
porque vive en ese lugar, está asentado allí de manera regular, ejerce su profesión
u oficio, o posee algún negocio o empleo.
153. Por lo anterior, la Sala concluye que ninguno de los reparos formulados
contra el fallo de primera instancia resulta suficiente para enervar la decisión allí
adoptada.
154. Por el contrario, durante el proceso se demostró que el señor Juan Carlos
Romo Pérez cumplió con el requisito de residencia previsto en el artículo 86 de la
Ley 136 de 1994, bajo el supuesto de haber residido durante un año antes de la
fecha de inscripción de la candidatura.
155. En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos de la alzada no
tienen vocación de prosperidad, la sala confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
29 Ver sentencia del 27 de junio de 2024, rad. 05001-23-33-000-2023-01270-01, MP Gloria María
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Demandante: Yimmis Salas Camargo
Demandado: Juan Carlos Romo Pérez – alcalde
de Altos del Rosario (Bolívar) para el período 2024-2027
Rad: 13001-23-33-000-2023-00503-03
III. FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 3 de octubre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Quinta de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda promovida contra el acto de elección del señor Juan
Carlos Romo Pérez como alcalde de Altos del Rosario (Bolívar) para el período
constitucional 2024-2027, por las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(ausente con excusa)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
30
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