Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00047-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00047-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 20001-23-33-000-2024-00047-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de mayo de 2025
Demandante: Amparo Judith Moreno Jiménez
Demandado: Cristian Leonardo Márquez Badillo,
Alcalde de Gamarra, Cesar 2024-2027
Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00047-01
Demandante: AMPARO JUDITH MORENO JIMÉNEZ
Demandado: CRISTIAN LEONARDO MÁRQUEZ BADILLO, ALCALDE DE
GAMARRA, CESAR, PARA EL PERIODO 2024-2027
TEMA: Artículo 86 Ley 136 de 1994- Requisitos de residencia para ser
alcalde municipal
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y por el señor Eder Junio Barrios Ramírez, quien actúa como
coadyuvante, contra la sentencia de 13 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual se denegó la nulidad del acto
de elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo como alcalde de
Gamarra, Cesar, para el periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. La señora Amparo Judith Moreno Jiménez, actuando en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda contra el acto de elección del señor Cristian Leonardo Márquez
Badillo como alcalde del municipio de Gamarra, Cesar, para el periodo 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 de 24 de diciembre de 2023, expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal.
2. Pidió que, como consecuencia de ello, se declare la vacante absoluta del
cargo de alcalde de Gamarra, Cesar y se convoque a una nueva elección.
1.2. Hechos
3. El 24 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una nueva elección de alcalde
en el municipio de Gamarra, Cesar, para el periodo 2024-2027, luego de que el
voto en blanco obtuviera el 52.69% en los comicios territoriales de 29 de octubre
de ese año. Lo anterior, después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil
abriera las inscripciones para la elección atípica de aspirantes a partir del 3 de
noviembre de 2023 y hasta el 12 de ese mismo mes y año.
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Demandante: Amparo Judith Moreno Jiménez
Demandado: Cristian Leonardo Márquez Badillo,
Alcalde de Gamarra, Cesar 2024-2027
Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
4. El 10 de noviembre de 2023, el señor Cristian Leonardo Márquez Badillo
inscribió su candidatura para participar en la mencionada contienda electoral por el
partido Gente en Movimiento, quien resultó elegido con 3.795 votos
correspondientes al 45.92%, por lo que su elección se declaró mediante acta de
escrutinio contenida en el Formulario E-26 de 24 de diciembre de 2023. Según el
registro civil de nacimiento del demandado, él nació en el municipio de Aguachica,
Cesar el 1º de agosto de 1994.
5. El señor Márquez Badillo se encontraba viviendo en Bogotá D.C. durante el
año anterior a la fecha de inscripción como candidato a la Alcaldía de Gamarra,
Cesar, tal y como se desprende del contrato de prestación de servicios suscrito
con la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual se celebró, ejecutó y
liquidó en esa ciudad desde el 18 de enero hasta el 17 de diciembre de 2022, y de
la hoja de vida cargada y actualizada el 20 de diciembre de 2022 en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y
de los ciudadanos, en el que manifestó bajo la gravedad del juramento que su
domicilio correspondía a la Avenida Carrera 50 1b – 22 Apartamento 401, en
Bogotá D.C.
6. Durante el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 1996 y hasta el
año 2017, el demandado realizó sus estudios académicos básicos por fuera del
municipio de Gamarra, Cesar, tal y como consta en el diploma de bachiller emitido
por el colegio Liceo Humanista de Aguachica, Cesar el 9 de diciembre de 2011. A
partir de agosto de 2014 hasta junio de 2019, el señor Márquez Badillo empezó
sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma del Caribe, y cursó diez
semestres de manera presencial, por lo que su residencia en ese lapso fue en la
ciudad de Barranquilla.
7. Según la información de la hoja de vida del demandado, se relacionaron
unas certificaciones laborales desde el 1º de abril de 2017 hasta el 20 de
noviembre de 2020 suscritas por el gerente de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos de Bolívar y Cesar, con ocasión de un contrato de prestación de
servicios profesionales independientes como auxiliar de asuntos jurídicos en el
municipio de Gamarra, Cesar; no obstante, ello es falso debido a que en esa fecha
el señor Márquez Badillo se encontraba cursando estudios universitarios de forma
presencial en la ciudad de Barranquilla.
8. El demandado celebró contrato de prestación de servicios desde el 4 de
mayo y hasta el 3 de noviembre de 2021 en Agua de Dios, Cundinamarca con la
Cámara de Representantes, se le otorgó título de abogado el 21 de junio de 2022
en la ciudad de Barranquilla, todo ello por fuera del municipio de Gamarra, Cesar;
además, figura en el Sisbén con el número de ficha 20011023508100006545, en
Aguachica, Cesar y conforme a la información de afiliación en la Base de Datos
Única de Afiliados, BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fue
afiliado el 1º de julio de 2021 hasta la actualidad en Bogotá D.C., como cotizante
en el régimen contributivo de Sanitas EPS.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
9. La parte actora adujo que con la elección demandada se vulneró el artículo
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86 de la Ley 136 de 1994, toda vez que según los hechos de la demanda, el señor
Cristian Leonardo Márquez Badillo no nació en el municipio de Gamarra sino en
Aguachica, ambos del departamento del Cesar, tal y como se desprende de su
registro civil de nacimiento.
10. Manifestó que el demandado no residió en el municipio de Gamarra, Cesar
en el año anterior a la fecha de la inscripción de su candidatura como alcalde de
dicho ente territorial, pues en ese lapso ejecutó un contrato con la
Superintendencia de Notariado y Registro en la ciudad de Bogotá D.C.
11. Señaló que desde la fecha de su nacimiento y hasta la inscripción de la
candidatura, el señor Márquez Badillo nunca residió de forma permanente y
continua por un periodo de tres años consecutivos en el municipio de Gamarra,
Cesar, tal y como se expuso detalladamente en los hechos, pues sus estudios de
preescolar, primaria y bachillerato fueron realizados entre los municipios de
Curumaní y Aguachica, Cesar; cursó la universidad en la ciudad de Barranquilla y
laboró en Bogotá D.C.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Cristian Leonardo Márquez Badillo, alcalde de Gamarra, Cesar, 2024-
2027
12. El demandado, quien actúa por conducto de apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda con fundamento en que la parte actora no mostró
la totalidad de los años vividos por él sino que se limitó a enrostrar cierta
información incompleta y sacada de contexto, con el objeto de hacer incurrir al
juez en error de hecho y de derecho, además que omitió verdades y mintió para
demostrar que mientras desarrolló sus estudios en Barranquilla residió en esa
ciudad, lo cual es falso.
13. Aclaró que su residencia se ubica en el casco urbano del municipio de
Gamarra, Cesar, solo que el inmueble que siempre ha sido su casa, la de sus
padres y hermanos fue registrado a nombre de uno de ellos; en relación con la
parte rural, registra una finca ubicada en el mismo ente territorial la cual es
propiedad de sus familiares, quienes todavía viven en ella.
14. Explicó que para la época en que adelantó la primaria y el bachillerato, el
municipio de Gamarra no contaba con una óptima infraestructura educativa y
hospitalaria, por que más del 50% de las personas que habitaban allí se
desplazaban al municipio de Aguachica para adquirir tales servicios, el cual está a
diez minutos de distancia en automóvil. Por ende, precisó que diariamente se
desplazaba desde Gamarra a Aguachica para cursar sus estudios.
15. Indicó que cursó la universidad en la sede del municipio de Ocaña, Norte de
Santander, el cual se encuentra a una hora y media de Gamarra, y ello aconteció
los fines de semana, por lo que no recibió ese tipo de educación en Barranquilla.
16. Expuso que ha residido por más de veinte años en el municipio de
Gamarra, tal y como lo demuestran las pruebas aportadas al proceso de las que
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se extraen los contratos de prestación de servicios suscritos con la sociedad
Agropecuaria Márquez Astier & Cia en C, donde ejerció sus actividades como
administrador desde el 1º de abril de 2017 hasta el 18 de octubre de 2018, y como
auxiliar de asuntos jurídicos de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de
Bolívar y Cesar, Agromol S.A., desde el 20 de noviembre de 2018 hasta el 19 de
noviembre de 2020, lo que evidencia que el demandado laboró por tres años y
seis meses en el mencionado ente territorial.
17. Sostuvo que ha vivido la mayor parte de su vida en el municipio de
Gamarra, Cesar e incluso ha ejercido siempre su derecho al voto allí, y el Consejo
Nacional Electoral nunca determinó que se encontraba en trashumancia debido a
que demostró que su residencia se ubicaba en ese sitio.
18. En relación con los contratos de prestación de servicios suscritos en el
Municipio de Agua de Dios y con la Superintendencia de Notariado y Registro,
precisó que una de las características propias de este tipo de vínculo es el no
cumplimiento de horarios laborales y la falta de obligación de asistencia a la
empresa o entidad, máxime después de la pandemia generada por el Covid 19, la
cual impulsó el trabajo en casa, de manera que no tuvo la necesidad de
desplazarse a la ciudad de Bogotá para la ejecución contractual.
19. Propuso la excepción de inexistencia de la causal alegada, con fundamento
en que, contrario a lo afirmado por la demandante, el señor Márquez Badillo
cumplió con las calidades y requisitos constitucionales para postularse y resultar
elegido alcalde del municipio de Gamarra, Cesar, dentro de los que se incluye
haber vivido más de tres años consecutivos allí.
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
20. La entidad, por conducto de apoderada judicial, manifestó que no es la
llamada a pronunciarse sobre la prosperidad de las pretensiones pues conforme a
lo establecido por la Constitución y la ley su misión es organizar las elecciones en
territorio nacional en cuanto a su logística, por lo que propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva.
21. Agregó que no tuvo injerencia de fondo en el acto que declaró la elección
objeto de demanda, ni en las actuaciones previas al asunto, además que tampoco
tiene interés en los resultados finales del proceso.
1.5. Actuación procesal de primera instancia
22. Por auto de 29 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió
la demanda y ordenó su notificación al demandado, al registrador Nacional del
Estado Civil y a los miembros de la Comisión Escrutadora del municipio de
Gamarra, Cesar. En proveído de la misma fecha se denegó la medida cautelar de
suspensión provisional del acto acusado.
23. En providencia de 23 de julio de 2024 se admitió al señor Eder Junior
Barrios Ramírez como coadyuvante de la parte actora y se fijó fecha y hora para la
celebración de la audiencia inicial la cual se llevó a cabo el 5 de agosto de 2024;
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dentro de dicha diligencia se despachó desfavorablemente la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se decretaron pruebas y se determinó el litigio bajo los siguientes
términos:
Acorde con lo anterior, téngase como eje central del litigio la declaratoria de
nulidad del E-26 ALC del 24 de diciembre de 2023 por medio del cual se
declaró la elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo como alcalde
de Gamarra por estar incurso en la inhabilidad para ser elegido alcalde por no
cumplir las calidades y los requisitos constitucionales y legales (artículo 86 de
la Ley 136 de 1994), en lo relacionado con “haber nacido o ser residente en el
respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1)
año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3)
años consecutivos en cualquier época.”
24. El 3 de septiembre de 2024 se realizó la audiencia de pruebas dentro de la
cual se incorporaron documentales aportadas, se recibieron testimonios y se
ordenó requerir a las autoridades correspondientes para que aportaran los medios
decretados faltantes; por auto de 14 de noviembre de 2024 se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
1.6. Sentencia de primera instancia
25. El Tribunal Administrativo del Cesar, en providencia de 13 de diciembre de
2024 denegó las súplicas de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
26. Argumentó que el demandado no probó que durante la ejecución del
contrato con la Superintendencia de Notariado y Registro haya residido en el
municipio de Gamarra.
27. Consideró que si bien las certificaciones laborales expedidas por las
empresas Agromol y Agropecuaria Márquez Astier fueron reprochadas de falsedad
por parte de la demandante con fundamento en que al mismo tiempo en que se
hizo constar la labor el demandado, residía en Barranquilla porque adelantaba
estudios en la Universidad Autónoma del Caribe, tal argumento no tiene sustento
ni prueba que el señor Márquez Badillo haya residido por fuera del municipio de
Gamarra en ese momento, pues se logró establecer que él estudió en la sede del
municipio de Ocaña, Norte de Santander.
28. Aclaró que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que el
demandado ha ejercido su derecho al voto en las últimas elecciones, en el
municipio de Gamarra, Cesar.
29. En relación con los testimonios recaudados, puntualizó que todos ellos
presentan una postura parcial pues se trata de personas cercanas a las partes que
los convocaron, de manera que no existe certeza sobre la residencia del señor
Márquez en el municipio de Gamarra, durante tres años consecutivos en cualquier
tiempo.
30. Sostuvo que no se pudo establecer que el demandado no haya residido por
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tres años consecutivos en el municipio pues, en primer lugar, desde el año 1994,
cuando este nació hasta el año 2002 cando presuntamente pasó a estudiar en
Aguachica, Cesar, da un total de ocho años; sin embargo, a pesar de tratarse de
su infancia cercana no hay prueba de no su residencia en Gamarra.
31. Explicó que existe otro periodo el cual va desde la terminación del
bachillerato y el ingreso a la universidad, en el que al parecer no hubo desarraigo
porque adelantó los estudios de educación superior los fines de semana en el
municipio de Ocaña, Norte de Santander, aunado al tiempo en que laboró en las
dos empresas de Gamarra, lo que suma más de tres años.
32. Recalcó que las versiones de los testigos no brindaron certeza, ya que
algunos declararon que el demandado no residió en el municipio, pero otros
afirman lo contrario, de modo que ante esa duda se aplica el principio de la carga
de la prueba que estaba a cargo de la parte actora quien tenía la obligación de
llevar a la certeza del incumplimiento de los requisitos del demandado para
resultar elegido.
33. Concluyó que por tal motivo debe escogerse la interpretación que preserve
la eficacia del voto, más teniendo en cuenta los eventos traumáticos sufridos en la
primera jornada de elecciones en Gamarra.
1.7. Recurso de apelación
1.7.1. Amparo Judith Moreno Jiménez, parte demandante
34. Manifestó que en el proceso se demostró que el demandado residió por
más de veinte años en varios sitios como Aguachica, Curumaní, Ocaña,
Barranquilla, Bogotá D.C. y Quito, Ecuador, por lo que no tiene un solo soporte
probatorio para acreditar que su domicilio estuvo en el municipio de Gamarra,
Cesar durante un periodo mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.
35. Señaló que los testimonios de los señores Nafer Jiménez Gómez y de Iván
Contreras Sánchez, ambos domiciliados en Gamarra, Cesar, dieron fe de que el
señor Márquez Badillo no residió en dicho municipio, particularmente en la finca El
Limoncito de la vereda del Cedro.
36. Indicó que se probó que el demandado no nació en Gamarra, Cesar, no
residió allí durante un año con anterioridad a la fecha de inscripción de su
candidatura y no realizó sus estudios de primaria, bachillerato y universitarios en
ese ente territorial, hechos que fueron probados en el expediente.
37. Adujo que no es posible aplicar la analogía de hechos contenida en la
sentencia de primera instancia que consistió en que muchas personas viven en un
municipio pero trabajan en otro, porque las circunstancias fácticas del demandado
son distintas debido a que se probó que siempre permaneció «sisbenizado» en el
núcleo familiar materno registrado en Aguachica, Cesar, domiciliado y con
residencia actualizada allí.
38. Planteó que el a quo debió requerir a las entidades para que certificaran en
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qué colegios del departamento del Cesar estudió el demandado, para corroborar
lo manifestado en la demanda y atendiendo a la carga dinámica de la prueba, en
vez de trasladar dicha obligación probatoria al demandante.
39. Controvirtió el hecho de que el Tribunal Administrativo del Cesar aplicara el
principio in dubio probatorio a favor del demandado sin analizar que se está en
presencia de una acción pública y sin tener en cuenta que no hay una sola prueba
que lleve al convencimiento de que el señor Cristian Leonardo Márquez Badillo,
hoy alcalde de Gamarra, Cesar, estuvo por un tiempo de tres años
ininterrumpidamente en ese municipio.
40. Expuso que se aplicó indebidamente la jurisprudencia sobre la eficacia del
voto frente a un candidato inelegible, figura que no es absoluta pues debe
confrontarse con las circunstancias específicas del caso, o sea, para lo que nos
ocupa, debió considerarse que el demandado no cumplió con los requisitos
legales establecidos por el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, y la Alcaldía
Municipal de Gamarra no fue rigurosa con la verificación de estos, debido a la
sensibilidad social generada por los trágicos sucesos ocurridos en las elecciones
de 29 de octubre de 2023, lo que conllevó a la inscripción inválida de la
candidatura objeto de reproche.
41. Puntualizó que no se acreditó que el señor Márquez Badillo haya residido
en el municipio de Gamarra, Cesar durante un periodo mínimo de 3 años pues no
se aportó prueba que acreditara su residencia efectiva y continua en dicho ente
territorial. Además, los medios probatorios aportados por la defensa no
demuestran lo anterior de forma convincente; contrario sensu, aquellos que fueron
allegados por la parte demandante sí prueban la infracción del artículo 86 de la
Ley 136 de 1994.
42. Sostuvo que la carga de la prueba también le correspondía a la parte
demandada, quien debió haber demostrado que residió continuamente en
Gamarra, Cesar, por un periodo consecutivo ininterrumpido de tres años, pues
durante el proceso manifestó que vivió por más de veinte años allí pero no allegó
medio probatorio alguno que soportara su afirmación; y, si bien aportó unos
certificados laborales emitidos por empresas de su familia paterna, estos carecen
de respaldo serio y válido porque no existen registros de aportes a seguridad
social relacionados con esos contratos, lo que socava la credibilidad de tales
constancias.
43. Resaltó que se hizo la investigación sobre los aportes a seguridad social y
parafiscales, documento anexo al memorial que descorre traslado de las
excepciones, del cual se puede establecer que estos no se hicieron en los
periodos de 1º de abril de 2017 al 18 de octubre de 2018, y del 20 de noviembre
de 2018 hasta el 19 de noviembre de 2020; al contrario, se encontró que en ese
tiempo el demandado se encontraba «sisbenizado» y con residencia en
Aguachica, Cesar.
44. Recalcó que, por lo anterior, no se entiende como un trabajador en una
empresa no está afiliado al sistema general de seguridad social pero sí al
subsidiado en el núcleo familiar de su madre en el municipio de Aguachica, Cesar,
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como es el caso, lo que indica que los certificados laborales en empresas de
Gamarra, Cesar fueron fabricados por sus familiares propietarios de estas.
45. Afirmó que el demandado intentó demostrar que posee bienes o
propiedades de familiares, pero no se indica que haya permanecido durante más
de tres años consecutivos en el municipio.
46. Controvirtió las pruebas aportadas por el demandado sobre sus estudios de
primaria y secundaria, con fundamento en que lo plasmado en el respectivo
memorial es falso ya que no ha existido una institución educativa en Gamarra que
se llame ABC casa jardín, párvulo, transición, y nunca se expidió una licencia de
funcionamiento en ese sentido.
47. Explicó que lo mismo aconteció con la Institución Educativa Manantial del
Saber, en la cual el demandado afirmó haber estudiado, pues mediante respuesta
de 23 de septiembre de 2024 al requerimiento con radicado 033506 solicitado por
la demandante, la secretaria de Educación Departamental indicó que a tales
instituciones no se les ha expedido licencia de funcionamiento para prestar
servicios educativos en los 24 municipios del departamento del Cesar.
48. Alegó que, por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura
Departamental del Cesar, en respuesta de 11 de septiembre de 2024 informó que
el colegio en mención no pertenece al municipio de Gamarra, Cesar, pues dicha
institución estuvo en funcionamiento en Aguachica, Cesar.
49. Destacó que el señor Márquez Badillo no aportó prueba de que cursó su
básica primaria en Gamarra, Cesar; al contrario, queda claro que con base en las
certificaciones expedidas por las instituciones educativas San Miguel, Campo
Serrano, San José y Liceo Humanista, él realizó sus estudios por fuera del
municipio.
1.7.2. Eder Junior Barrios Ramírez, coadyuvante
50. Manifestó que la demanda analizó de forma estructurada y conservando el
modo, tiempo y lugar de manera congruente, cada uno de los hechos expuestos
los cuales se soportaron con pruebas documentales y testimoniales, con el fin de
mostrar de manera cronológica, desde el nacimiento del demandado, que no
cumple con los requisitos establecidos por el artículo 86 de la Ley 136 de 1994.
51. Indicó que se demostró que el señor Cristian Leonardo Márquez Badillo
nació en el municipio de Aguachica, Cesar, y está inscrito al Sisbén en dicho ente
territorial junto a su madre, quien ha residido allí; de igual manera, se acreditó que
él no residió el año inmediatamente anterior a su inscripción como candidato en el
municipio de Gamarra, Cesar, toda vez que para ese entonces habitaba en Bogotá
D.C., tal y como lo demuestra el contrato de prestación de servicios profesionales
suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro desde el 18 de enero de
2022, hasta el 17 de diciembre de ese año, cuyo lugar de ejecución fue la carrera
50 #1B-22, apartamento 401, barrio Ciudad Montes, lo cual se encuentra
consignado en el formato de hoja de vida de la Función Pública del SIGEP1.
1 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
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52. Sostuvo que se encuentra probado que el demandado tampoco residió en
el municipio de Gamarra, Cesar, durante un periodo mínimo de tres años
consecutivos en cualquier época, pues desde el 1º de agosto de 1996 realizó sus
estudios de preescolar, primaria y secundaria por fuera de tal ente territorial, así
como cursó la carrera universitaria desde el 1º de agosto de 2014 en la
Universidad Autónoma del Caribe, sede Ocaña, en la modalidad presencial y con
una duración de diez semestres.
53. Alegó que si bien en la hoja de vida del señor Márquez Badillo que se
encuentra en el SIGEP reposa como experiencia laboral un contrato de prestación
de servicios con vigencia de 1º de abril de 2017 hasta el 11 de octubre de 2018
con la empresa Agropecuaria Márquez Astier & Cia. S. en C., ubicada en
Gamarra, Cesar, por esas mismas fechas él se encontraba adelantando el
pregrado de derecho de manera presencial en otro municipio.
54. Discutió que de igual manera se demostró que el demandado celebró
contrato de prestación de servicios desde el 20 de noviembre de 2018 y hasta el
20 de noviembre de 2020 con la empresa Sociedad de Agricultores y Ganaderos
de Bolívar y Cesar, Agromol S.A.S.; no obstante, en esas mismas fechas estaba
estudiando el pregrado de derecho.
55. Enfatizó en que la información contenida en el SIGEP por los periodos del
1º de abril de 2017 al 20 de noviembre de 2020 es falsa e incoherente, al igual que
la lista del colegio presentada ante el tribunal, cuando conforme a las
certificaciones de la Gobernación del Cesar se indicó que este no existe.
56. Puntualizó que quedó demostrado que el demandado celebró contrato de
prestación de servicios del 4 de mayo al 3 de noviembre de 2021 con la Cámara
de Representantes a desarrollarse en el municipio de Agua de Dios, el cual fue
suscrito en Bogotá, y en junio de 2022 se graduó de la Universidad Autónoma del
Caribe; luego, firmó contrato del 18 de enero al 17 de diciembre de 2022 con la
Superintendencia de Notariado y Registro cuya ejecución fue en esa ciudad.
57. Arguyó que la llegada del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo a la
alcaldía de Gamarra, Cesar, se dio por temas pasionales y en el contexto de
elecciones atípicas, por la quema de la sede de la registraduría y la muerte de uno
de sus funcionarios incinerado, lo que creó un populismo acogido por algunas
personas del municipio.
58. Fundamentó que en la demanda se solicitaron pruebas en donde se piden
certificados de estudio, por lo que en primera instancia el tribunal requirió al
demandado que los allegara pues se encontraba en una situación favorable para
aportar los medios probatorios; sin embargo, dicha parte presentó un memorial
que contenía una lista de colegios sin fechas de la época de estudios sin indicar el
nivel de escolaridad, además que en relación con la institución denominada ABC
casa jardín, párvulo, transición, según información emitida por la Gobernación del
Cesar el 23 de septiembre de 2024, no se le ha expedido licencia de
funcionamiento.
59. Informó que el demandado también afirmó que estudió en la Institución
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Demandante: Amparo Judith Moreno Jiménez
Demandado: Cristian Leonardo Márquez Badillo,
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Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
Educativa Inmaculada Concepción, lo cual es falso pues no existe certificado
alguno que indique lo anterior. Además, en el 2006 continuó con su residencia en
el municipio de Aguachica, Cesar, y una vez retirado de la Institución Educativa
Rafael Salazar, para el año 2007 ya se encontraba estudiando en el Liceo
Humanista.
60. Frente a las pruebas relacionadas en precedencia, concluyó que no existe
un solo medio de convicción que acredite la residencia del señor Cristian Leonardo
Márquez Badillo en Gamarra, Cesar.
61. Hizo referencia a los testimonios rendidos por los señores Wilfredo Quintero
Vera, Ramiro Martínez Fajardo, Jorge Leonardo Quiñonez Díaz y Alonso
Abuabara Noriega, quienes en su sentir presentan incongruencias en cuanto a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la residencia del demandado.
1.8. Trámite en segunda instancia
62. Mediante auto de 24 de febrero de 2025 se admitieron los recursos de
apelación presentados por la parte demandante y por el señor Eder Junio Barrios
Ramírez, quien actúa como coadyuvante, se ordenó poner a disposición de la
parte demandada los memoriales respectivos y se dispuso correr traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera
su concepto.
1.9. Alegatos de conclusión
63. Dentro del plazo otorgado para tal efecto, se presentaron los siguientes
escritos:
1.9.1. Cristian Leonardo Márquez Badillo, demandado
64. Manifestó que se acreditó que el demandado tiene como residencia el
municipio de Gamarra, Cesar, debido a que desde que cumplió la mayoría de
edad hasta hoy ha ejercido el voto en esa jurisdicción, según los certificados
emitidos por la Registraduría. Además se evidenció que ejerce su actividad
económica de ganadería en dicho ente territorial, por la marca de hierro que utiliza
para identificar el ganado, la cual se encuentra registrada allí.
65. Arguyó que es imposible que en una campaña de elección tan corta
(atípica) arrojara la votación más alta de la historia y que de ello resultara elegido
un desconocido; por el contrario, el demandado es conocido en la región porque
reside y trabaja en el municipio de Gamarra.
66. Sustentó que existen otras pruebas del proceso que evidencian que él
siempre ha tenido arraigo en dicho lugar tales como la partida de bautismo,
testimonios de funcionarios públicos y jóvenes que lideran actividades políticas y
académicas, así como el hecho de que su familia posee propiedades dentro del
municipio, en las cuales ha convivido con su núcleo familiar.
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Demandante: Amparo Judith Moreno Jiménez
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Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
1.10. Concepto del Ministerio Público
67. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó
confirmar el fallo apelado, con fundamento en que al revisar los medios de prueba
aportados al proceso, se evidenció que si bien el demandado estudió y laboró en
lugares geográficos distintos al municipio de Gamarra, Cesar, ello no implicó que
se hubiera extinguido su arraigo.
68. Precisó que en cuanto al nacimiento y estudios, el declarante Alonso
Abuabara Noriega explicó que los niños nacían en Aguachica, Cesar, porque en
Gamarra no había sala de parto; además, iban todos los días a estudiar allí sin
dejar de vivir en el pueblo.
69. Indicó que, en relación con los estudios universitarios, según la certificación
allegada por la Universidad Autónoma del Caribe el demandado estudió en la sede
de Ocaña, Norte de Santander. Sobre ese punto, aclaró que el declarante Jorge
Leonardo Quiñonez Díaz expresó que el señor Márquez Badillo se movilizaba
entre Gamarra y Ocaña los fines de semana, lo cual es consonante con las
certificaciones allegadas al expediente conforme a las cuales este laboró en dos
empresas de Gamarra entre los años 2017 y 2020; es decir, mientras llevaba a
cabo sus estudios superiores de Derecho.
70. Sostuvo que los testimonios de las personas a favor de la residencia y
arraigo del demandado en Gamarra fueron claras, coherentes y detallaron la
interacción de él con el territorio y las diferentes actividades de carácter social,
deportivo, electoral, educativo, laboral y convivencial.
71. Puso de presente el apoyo obtenido por el alcalde electo de dicho
municipio, pues obtuvo una ventaja superior a mil votos respecto del segundo en
contienda con un total de 3.795 sufragios, lo que es indicativo de reconocimiento
de la ciudadanía.
72. Observó que quien alega el incumplimiento de requisitos se encuentra
llamado a probar lo anterior, de manera que la parte actora en este caso no
demostró de forma concluyente los lugares de habitación, domicilio y residencia
del demandado, distintos al municipio de Gamarra, Cesar.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
73. La sala es competente para resolver los recursos de apelación presentado
contra sentencia de 13 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, a través de la cual se denegó la nulidad del acto de
elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo como alcalde de Gamarra,
Cesar, para el periodo 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1502, 152 numeral 7.a3 del Código de Procedimiento Administrativo y de
2 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en
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lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación4, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. El acto acusado
74. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo como alcalde de Gamarra,
Cesar, para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 de 24 de
diciembre de 2023.
2.3. Cuestiones previas
75. Sea lo primero señalar que en la apelación de la demandante contra el fallo
de primera instancia, se incluyó un argumento nuevo el cual consistió en que se
probó que el demandado residió en el municipio de Curumaní (Cesar) y en la
ciudad de Quito (Ecuador). De igual forma, con el recurso de alzada, el
coadyuvante trajo a colación un cargo nuevo relacionado con que la elección
demandada se dio en un contexto de sensibilidad originado por la quema de la
sede de la registraduría en el municipio y la muerte de una funcionaria de dicha
entidad.
76. Sobre el particular, el artículo 328 del Código General del Proceso delimitó
la competencia del superior en materia de apelación de providencias judiciales,
bajo los siguientes términos: «… El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley…».
77. Dicha disposición contiene el sustento normativo del principio de
congruencia de la sentencia, el cual surge como una garantía al debido proceso
en la medida en que restringe el ámbito de acción del juez, quien debe adoptar la
decisión judicial acorde con los argumentos esgrimidos por las partes.
78. Bajo el amparo de ese postulado, se encuentra que así como el juez de
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
3 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y
jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
4 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
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segunda instancia está sujeto a los argumentos de las partes, estas, a su turno,
deben abstenerse de formular cargos no señalados en la demanda o en la
respectiva contestación, pues de lo contrario y de llegarse a analizar en sede de
apelación nuevos hechos, pretensiones o sustento, se estaría atentando contra el
debido proceso de la contraparte que lleva inmerso el derecho a la contradicción y
a la defensa, ante la imposibilidad de oponerse a los mismos en su debida
oportunidad procesal.
79. Al punto, se recuerda que a la luz de los artículos 162.4 y 278 del CPACA,
los únicos momentos para presentar o incluir cargos, de manera oportuna, son con
la demanda y su subsanación, en todo caso, en el segundo escenario, respetando
el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral.
80. Acorde con lo anterior, no se hará referencia a los argumentos nuevos
planteados con los recursos de apelación formulados por el demandante y el
coadyuvante.
81. Por otro lado, se observa que en la parte considerativa de la sentencia de
13 de diciembre de 2024, objeto de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar
precisó lo siguiente:
«Sea lo primero indicar respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
que desde su primera intervención la entidad propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, misma que fue negada en la audiencia
inicial con la advertencia de que al momento del fallo se pronunciaría la Sala
sobre la legitimación material en la causa.
Ahora bien, es sabido que la jurisprudencia en materia electoral ha establecido
que las funciones asignadas por la Constitución y la ley a dicha entidad la
mayoría de las veces no tienen relación directa con el debate al interior del
proceso, puesto que ellos en el proceso electoral se desempeñan como
secretarios de la comisión escrutadora, pero es al Consejo Nacional Electoral al
que compete la declaratoria de elección.
Adicionalmente debe considerarse que la actividad que desarrolla se acompasa
con la idea de organizar las elecciones, en su logística y no propiamente con la
vigilancia sobre los candidatos para que cumplan los requisitos exigidos para el
cargo, aspecto que escapa a su órbita funcional.
En efecto, acorde con la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, está
plenamente justificado que la Registraduría se separe de los procesos de
nulidad electoral ya que no está llamado a participar del debate acerca de los
litigios suscitados por censuras formuladas al candidato, como ocurre cuando
la causal que da origen al proceso es de corte subjetivo y atañe a la idoneidad
de quien resultó elegido.
De esta manera, con fundamento en lo antes expuesto se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.«
82. No obstante, en la parte resolutiva omitió declarar probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de que se trata, de manera que la
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Sala, en atención a lo previsto por el artículo 187 del CPACA 5 , pasa a
pronunciarse sobre el particular.
83. En la contestación de la demanda, la Registraduría Nacional del Estado
Civil propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con
fundamento en que la entidad solo desempeña una labor técnica operativa en el
proceso electoral y determina si un candidato está incurso en alguna causal de
inhabilidad, si reúne los requisitos legales para tal efecto y si revoca la inscripción
de una candidatura o si se opta por un reconteo o no de votos; sin embargo, no
tiene injerencia en el acto que declaró la elección demandada ni en las
actuaciones previas al asunto, además que no tiene interés en el resultado final
del proceso pues los hechos objeto de demanda no tienen relación con las
facultades asignadas a ella, las cuales están contenidas en el Decreto 1010 de
2000.
84. Revisados los argumentos de la excepcionante, se observa que hay lugar a
declarar probada la excepción bajo análisis por cuanto, en efecto, dentro de las
funciones previstas por dicha normativa no se observa alguna relacionada con la
declaratoria de elección de funcionarios por voto popular ni de sus actos previos6.
5 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas
y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales
que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)»
6 ARTICULO 5o. FUNCIONES. Son funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las
siguientes:
1. Proponer las iniciativas sobre proyectos de ley y presentarlos a consideración del Consejo
Nacional Electoral por conducto del Registrador Nacional, así como los decretos y demás normas
relacionadas con la función de registro civil.
2. Adoptar las políticas del registro civil en Colombia y atender lo relacionado con la adopción,
ejecución y control de los planes y programas propios del registro civil con miras a garantizar su
óptimo funcionamiento.
3. Garantizar en el país y el exterior, la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos y
providencias sujetos a registro, proferir las autorizaciones a los entes o autoridades habilitadas
legalmente para que concurran en el cumplimiento de dicha función, y conocer mediante los actos
administrativos pertinentes de todo lo relativo a cancelaciones, reconstrucciones, anulaciones,
modelos de expedición y demás actos jurídicos sobre el registro civil.
4. Expedir las copias de registro civil de las personas que sean solicitadas de conformidad con las
leyes vigentes.
5. Atender el manejo, clasificación, archivo y recuperación de la información relacionada con el
registro civil.
6. Difundir las normas y procedimientos a seguir dentro del proceso de registro civil y adelantar
campañas y programas de capacitación en la materia.
7. Coordinar y armonizar con los demás organismos y entes del Estado las políticas, desarrollo y
consulta en materia de registro civil.
8. Adelantar inspección y vigilancia de los servicios de registro del estado civil de las personas.
9. Realizar o promover estudios, investigaciones y compilaciones en materia de registro del estado
civil de las personas y divulgar los resultados.
10. Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos,
actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún partido o grupo político pueda derivar
ventaja sobre los demás.
11. Dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y
elaborar los respectivos calendarios electorales.
12. Llevar el Censo Nacional Electoral.
13. Asesorar y prestar el apoyo pertinente en los procesos de elecciones de diversa índole en que
las disposiciones legales así lo determinen.
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85. Por consiguiente, se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2.4. Problema jurídico
86. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos
en los recursos de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o
confirmar la sentencia apelada.
87. Para el efecto habrá de establecerse si, como lo alegan los recurrentes, hay
lugar a declarar la nulidad del acto de elección del alcalde del municipio de
Gamarra, Cesar, para el periodo 2024-2027, por incumplimiento de los requisitos
contemplados por el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 para ostentar dicho cargo,
en particular el relacionado con la residencia de al menos tres años consecutivos
en el lugar en el cual resultó elegido.
2.5. Calidades requeridas para ocupar el cargo de alcalde
88. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994
«[p]or la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios», se requiere la acreditación de las siguientes
calidades para ser elegido alcalde:
Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber
14. Llevar las estadísticas de naturaleza electoral relacionadas con los resultados obtenidos en los
debates electorales y procesos de participación ciudadana.
15. Coordinar con los organismos y autoridades competentes del Estado las acciones orientadas al
desarrollo óptimo de los eventos electorales y de participación ciudadana.
16. Proceder a la cancelación de las cédulas por causales establecidas en el Código Electoral y
demás disposiciones sobre la materia y poner en conocimiento de las autoridades competentes los
hechos, cuando se trate de irregularidades.
17. Asignar el Número Unico de Identificación Nacional, NUIP, al momento de hacer la inscripción
de nacimiento en el Registro del Estado Civil de las personas y ejercer los controles físico, lógico y
técnico, para que dicho número sea exclusivo a cada ciudadano y exista un único documento de
identificación.
18. Responder las solicitudes de personas naturales o jurídicas y organismos de seguridad del
Estado o de la rama judicial en cuanto a identificación, identificación de necrodactilias y demás
requerimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo como soporte la información
contenida en las bases de datos de registro civil y el sistema de identificación.
19. Expedir y elaborar las cédulas de ciudadanía de los colombianos, en óptimas condiciones de
seguridad, presentación y calidad y adoptar un sistema único de identificación a las solicitudes de
primera vez, duplicados y rectificaciones.
20. Atender todo lo relativo al manejo de la información, las bases de datos, el Archivo Nacional de
Identificación y los documentos necesarios para el proceso técnico de la identificación de los
ciudadanos, así como informar y expedir las certificaciones de los trámites a los que hubiere lugar.
21. Celebrar los convenios que se requieran para que otras autoridades públicas o privadas
adelanten el registro civil de las personas.
22. Llevar las estadísticas sobre producción de documentos de identificación y el estado civil de las
personas y su proyección.
23. Innovar en investigación y adopción de nuevas tecnologías, normas de calidad y controles que
mejoren la producción de documentos de identificación y del manejo del registro civil.
24. Atender las solicitudes de expedición de la cédula de ciudadanía en los consulados de
Colombia en el exterior para que quienes estén habilitados puedan ejercer sus derechos políticos
como ciudadanos colombianos y brindar información acerca de su trámite.
25. Efectuar el recaudo del valor de los duplicados y rectificaciones de la cédula de ciudadanía,
copias y certificaciones del registro civil y de los libros y publicaciones que edite la Registraduría, y
las tarifas de los demás servicios que ésta preste.
26. Las demás que le asigne la Constitución Política y las disposiciones legales vigentes.
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Alcalde de Gamarra, Cesar 2024-2027
Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un
período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
89. En ese contexto, además de ser ciudadano colombiano en ejercicio, para
ser elegido alcalde es necesario cumplir con uno de cualquiera de los otros tres
requisitos alternativamente, es decir, i) haber nacido, ii) haber residido durante un
año anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura, o iii) haber residido
durante un periodo de por lo menos tres años consecutivos en cualquier época en
el respectivo municipio o área metropolitana. Por consiguiente, «cuando el
candidato carece de todos esos requisitos es inelegible; uno de cualquiera de los
mismos lo habilita para ser elegido»7.
90. La Corte Constitucional en sentencia C-1412 de 2000 declaró la
configuración de la cosa juzgada material respecto de la disposición transcrita,
toda vez que mediante sentencia C-130 de 1994 se declaró la exequibilidad de los
apartes demandados en esa ocasión del artículo 2 de la Ley 78 de 1986 8, cuyo
contenido normativo es idéntico al 86 de la Ley 136 de 1994.
91. En la sentencia C-130 de 1994, la Corte Constitucional determinó que la
norma demandada no vulnera los derechos a la igualdad y participación política de
quienes aspiran a ser alcaldes, pues el precepto «busca regular aquella y ordenar
esta, a fin de asegurar su ejercicio en el marco de las condiciones materiales de la
sociedad y promover que los efectos provenientes del ejercicio de los derechos
políticos cumplan los fines esenciales de la función pública».
92. En consecuencia, en virtud de la amplia competencia del Congreso de la
República para definir el régimen de calidades, requisitos, inhabilidades e
incompatibilidades de los funcionarios elegidos popularmente en las entidades
territoriales, podía fijar como una de las exigencias para ser elegido alcalde el de
vecindad en el correspondiente municipio durante un determinado lapso.
93. En punto del contenido y alcance del presupuesto de residencia para ser
elegido alcalde, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado lo siguiente 9:
a) La residencia a que se refiere la antes citada norma, tiene la misma connotación
de la que se enuncia en el artículo 316 de la Constitución Política, puesto que es de
carácter electoral cuya finalidad es proteger y preservar la independencia de las
entidades territoriales en el manejo de los asuntos locales, en este caso a través del
arraigo y compromiso con la localidad de las autoridades elegidas popularmente.
b) La residencia, para efectos electorales, ha sido definida por el artículo 183 de la
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 18 de
febrero de 1999, rad. 2142, MP Mario Alario Méndez.
8 Por la cual se desarrolla parcialmente el Acto legislativo número 1 de 1986 sobre la elección
popular de alcaldes y se dictan otras disposiciones.
(…)
ARTÍCULO 2°.Calidades. Para ser elegido Alcalde se requiere, ser ciudadano en ejercicio y haber
nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana,
durante el año anterior a la fecha de su inscripción como candidato.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 6 de
abril de 2006, rad. 25000-23-24-000-2005-00156-01(3905), MP Filemón Jiménez Ochoa.
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Ley 136 de 1994 como el sitio en el cual de manera regular se habita, se está de
asiento, se ejerce profesión u oficio o se poseen negocios o empleos. Así, esta
Corporación ha afirmado que se puede disfrutar de una o varias residencias y, por lo
mismo, la exigencia puede cumplirse si se llena alguna de las modalidades
anteriores10
Lo anterior es coincidente con la definición de vecindad, a cuya definición, contenida
en el Código Civil, remite el artículo 2º de la Ley 78 de 1986, modificado por el
artículo 2 de la Ley 49 de 1987, así:
ARTÍCULO 2. CALIDADES. Para ser elegido Alcalde se requiere ser ciudadano en
ejercicio y haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o la
correspondiente área metropolitana durante el año anterior a la fecha de su
inscripción como candidato, o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente disposición, entiéndase por vecindad
la que define y establece el Código Civil Colombiano en su artículo 78
El citado artículo del Código Civil establece:
“Artículo 78: El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”.
Así lo ha interpretado esta Sala en pronunciamientos reiterados, al afirmar que para
los efectos del artículo 86 de la Ley 136 de 1994, el concepto de residencia
implica la relación de una persona con un lugar determinado, en donde
habitualmente se encuentra y desarrolla sus principales actividades. Es, por
tanto, una relación jurídica entre una persona y un lugar, y en esos términos
equivale al de domicilio civil, definido en el trascrito artículo 78 del Código
Civil.
(…)
c) De las definiciones legales antes referidas se desprende que el domicilio
civil, vecindad, o residencia para efectos electorales, son coincidentes, y
contienen dos elementos a saber: el subjetivo, que corresponde al acto de voluntad
de permanecer en un lugar determinado, y el objetivo, donde la persona habita, o de
manera regular, está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus
negocios o un empleo en dicho lugar (arts. 76 a 84 del Código Civil y 86 de la Ley
136 de 1994). De donde debe concluirse que la presunción legal de residencia
electoral establecida en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, que, por la inscripción
en el censo electoral, también implica la presunción de vecindad o domicilio civil,
puesto que son términos que tienen el mismo contenido jurídico. (Resalta la Sala).
94. En conclusión, la residencia tiene una relación directa con el vínculo en una
determinada zona, el cual es indispensable para tener un mínimo de conocimiento
acerca de las necesidades, oportunidades y fortalezas del lugar al que se aspira
ser nombrado11.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de
septiembre de 1996, radicación 1369, y 1541 del 18 de abril de 1996.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
diciembre de 2023, rad. 25000-23-41-000-2021-00774-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra, citada, a
su vez, en sentencia del 27 de junio de 2024, rad. 5001-23-33-000-2023-01270-01, MP Gloria
María Gómez Montoya.
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Demandante: Amparo Judith Moreno Jiménez
Demandado: Cristian Leonardo Márquez Badillo,
Alcalde de Gamarra, Cesar 2024-2027
Rad: 20001-23-33-000-2024-00047-01
2.6. Caso concreto
95. Según se tiene, la parte actora pretende que se declare la nulidad del acto
de elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo como alcalde de
Gamarra, Cesar, con fundamento en que no cumple con el requisito de residencia
en el mencionado municipio previsto por el artículo 86 de la Ley 136 de 1994,
norma que restablece:
ARTÍCULO 86.- Calidades. Para ser elegido alcalde se requiere ser
ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el
respectivo municipio o del área correspondiente área metropolitana durante
un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
96. Trajo a colación una serie de pruebas que, en su sentir, demuestran que el
demandado no residió por más de tres años consecutivos en Gamarra, dado que
sus estudios de colegio y universidad los adelantó por fuera del municipio, trabajó
en la ciudad de Bogotá y figura inscrito en el Sisbén en Aguachica, Cesar, y en la
EPS Sanitas en ese sitio.
97. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar denegó las
pretensiones de la demanda, con sustento en que no se probó que el demandado
no hubiera residido por más de tres años consecutivos en Gamarra, dado que la
Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que él ejerció su derecho al voto
en dicho municipio, los testimonios no son concluyentes al proceder de personas
cercanas a las partes, los estudios por fuera de ese sitio no prueban que no haya
residido allí por haberse adelantado en municipio cercanos y correspondía a la
demandante probar el incumplimiento de los requisitos para ser alcalde.
98. Además, consideró que debe escogerse la interpretación que preserve la
eficacia del voto, teniendo en cuenta los eventos traumáticos sufridos en la
primera jornada de elecciones en Gamarra.
99. Inconformes con dicha decisión, tanto la demandante como el coadyuvante
la apelaron, con base en lo siguiente:
100. La señora Amparo Judith Moreno Jiménez, en calidad de demandante,
sostuvo que no existe soporte probatorio que acredite que el demandado estuvo
domiciliado en Gamarra por un periodo mínimo de tres años consecutivos en
cualquier época, dado que según los testimonios de Nafer Jiménez e Iván
Contreras, él no residió allí; además sus estudios los adelantó por fuera del
municipio. Controvirtió que se haya aplicado la duda a favor del accionado así
como la indebida aplicación de la figura de la eficacia del voto y que se le haya
trasladado la carga de la prueba a ella cuando el señor Cristian Leonardo estaba
en la obligación de demostrar su residencia en el lugar en donde resultó elegido
como alcalde.
101. Insistió en que conforme a los registros de seguridad social, el demandado
figura con residencia por fuera de Gamarra, en el domicilio de su familia materna
que se ubica en Aguachica, Cesar y destacó que conforme a las pruebas
recaudadas, los certificados de estudio no son concluyentes porque las
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instituciones educativas en las cuales los adelantó no cuentan con licencia de
funcionamiento.
102. Por su parte, el coadyuvante, Eder Junior Barrios Ramírez, manifestó de
igual forma los reproches sobre la residencia, la existencia de contratos de
prestación de servicios en Bogotá, el adelanto de estudios por fuera de Gamarra,
las irregularidades en la expedición de certificados de las instituciones educativas
en las cuales el demandado cursó preescolar, primaria y bachillerato, y la
incongruencia frente a los testimonios recaudados.
103. Revisados los argumentos de los apelantes y los medios de convicción
aportados en las oportunidades probatorias, la Sala anticipa que confirmará la
sentencia de primera instancia, como pasa a exponerse.
104. Como se precisó en el marco jurídico desarrollado en esta providencia, los
requisitos para ser alcalde son:
(i) ser ciudadano colombiano en ejercicio;
(ii) haber nacido en el municipio o área metropolitana o
(iii) ser residente durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o
(iv) ser residente durante un periodo mínimo de tres (3) años consecutivos
en cualquier época.
105. En el presente caso, la Sala se limitará a analizar el cuarto de los
presupuestos anteriores, relacionados con el requisito de haber residido durante
un periodo mínimo de tres años consecutivos en el municipio de Gamarra, Cesar,
toda vez que tanto la sentencia como los recursos de apelación versaron sobre el
incumplimiento de esa exigencia.
106. De acuerdo con lo anterior, se observa que existe discordia frente al lugar
en el cual el demandado adelantó los estudios primarios y secundarios pues
según la parte actora, las instituciones que avalaron que estos se desarrollaron en
Gamarra no tienen licencia para ello.
107. También hay disentimiento de los apelantes sobre el lugar de residencia del
accionado de cara a los certificados de afiliación al Sisbén y a la EPS Sanitas, y
en torno al desarrollo de actividades laborales en Gamarra, que, en sentir de ellos,
se contradicen con la asistencia del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo a
clases presenciales en la universidad, con sede en Barranquilla.
108. Sea lo primero señalar que, en relación con los contratos de prestación de
servicios aportados por la demandante y suscritos por el demandado con la
Superintendencia de Notariado y Registro y con la Cámara de Representantes,
cuyos lugares de ejecución son Bogotá D.C. y Agua de Dios, Cundinamarca, estos
solo acreditarían que entre los años 2021 y 2022 no residió en el municipio de
Gamarra, porque se encontraba desarrollando las actividades contractuales por
fuera de este.
109. Sin embargo, de acuerdo al formato de hoja de vida del SIGEP12, dentro de
12 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
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la experiencia laboral con la cual cuenta el demandado, se encuentra también la
obtenida en desarrollo de contratos de prestación de servicios ejecutados en el
municipio de Gamarra, Cesar. Primero, con la empresa Agropecuaria Márquez
Astier & Cia. S. en C., del 1º de abril de 2017 al 11 de octubre de 2018.
110. Y, segundo, con la empresa Agromol S.A., desde el 20 de noviembre de
2018 hasta el 19 de noviembre de 2020, de lo cual se infiere que el señor Márquez
Badillo laboró por más de tres (3) años consecutivos en el municipio de Gamarra.
111. Dicha información se coteja, además, con las certificaciones aportadas con
la demanda, que dieron fe del tiempo que él prestó sus servicios en las anteriores
empresas:
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112. Del anterior material probatorio y, contrario a lo indicado por el demandante,
la sala sí encuentra acreditado el requisito de residencia previsto en el artículo 86
de la Ley 136 de 1994, pues se probó que el demandado residió durante un
período de mínimo tres años, en cualquier época, en el municipio de la elección,
de manera que al menos se acreditó que desde el 1º de abril de 2017 y hasta el
20 de noviembre de 2020 (tres años y siete meses, aproximadamente), que fue el
tiempo que el señor Márquez Badillo prestó sus servicios en las empresas
Agropecuaria Márquez Astier & Cia. S. en C. y Agromol S.A., él residió en
Gamarra, Cesar.
113. Ello, sin perjuicio de que entre el 12 de octubre de 2018 y el 19 de
noviembre de ese mismo año no se hubiera certificado que el demandado laboró
en las anteriores compañías, dado que de todas formas no se encuentra probado
que durante ese lapso de algo más de un mes él no residió en el municipio.
114. Ahora bien, la parte actora aduce que no resulta coherente que durante los
años 2017 y 2020 el señor Márquez Badillo haya prestado sus servicios en las
empresas relacionadas y, al mismo tiempo, se encontrara estudiando el pregrado
de derecho en la Universidad Autónoma del Caribe que se ubica en Barranquilla
durante los periodos agosto - diciembre de 2014 hasta febrero - junio de 2019,
conforme lo certificó la misma institución en la constancia aportada con la
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demanda.
115. Sin embargo, de acuerdo con la certificación allegada por el ente
universitario según requerimiento realizado en cumplimiento de decisión proferida
en la audiencia inicial13, informó que él cursó y aprobó el pregrado de derecho en
la sede de Ocaña, Norte de Santander:
116. Por otro lado, en el certificado aportado con la contestación de la
demanda 14 , se constató que la intensidad promedio del estudio universitario
adelantado por el demandado era de dieciocho horas semanales. Sin embargo,
ello no desvirtúa lo manifestado por él en cuanto a que adelantó sus estudios los
fines de semana.
117. Sobre este punto, cabe resaltar que revisados los testimonios recaudados
por el tribunal a quo en la audiencia de pruebas, estos presentan incongruencias
por lo cual no permiten inferir, sin duda alguna, si el señor Márquez residió por
fuera de Gamarra durante el tiempo en que prestó para las empresas ubicadas en
ese municipio.
118. Mientras los declarantes Nafer Jiménez e Iván Contreras manifestaron que
el demandado no residió específicamente en la finca El Limoncito ubicada en la
13 Oficio GJ 2268 de 9 de septiembre de 2024, expedido por la secretaria del Tribunal
Administrativo del Cesar.
14 Página 26 de la contestación.
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vereda El Cerro, predio que pertenece a los abuelos del señor Cristian Leonardo
Márquez Badillo, los testigos Wilfredo Quintero Vera, Ramiro Martínez Fajardo,
Jorge Leonardo Quiñonez y Alonso Abuabara atestiguaron que conocen al
accionado desde niño y que él ha vivido en Gamarra. Incluso, el señor Wilfredo
Quintero señaló que lo veía constantemente llegar al colegio ubicado en ese
municipio.
119. En efecto, el declarante Nafer Jiménez, al consultarle la parte actora sobre
si el demandado residió en una dirección, manifestó que «(…) es totalmente falso,
distingo la casa que está situada esa dirección en donde vivió el señor padre (…),
porque el señor Cristian no es hijo de la señora Alba y esa era la casa donde
convivía el señor Domingo con la señora Alba (…) y si él afirma que vivió en esa
casa está mintiéndole tanto al despacho tanto al municipio (…) todo el mundo
sabe que la señora Alba convivió con el señor Mingo (…)».
120. Por su parte, el señor Iván Contreras sostuvo que el señor Cristian Márquez
no ha vivido en la finca El Limoncito del municipio de Gamarra, donde residen sus
abuelos, pues solo lo ha visto cuando ha ido en vacaciones a visitarlos.
121. De otro lado, el testigo Wilfredo Quintero Vera afirmó que el demandado sí
reside y residió en el territorio en mención. Igualmente, lo ha observado en varias
actividades económicas como venta de ganado, compra de corozo, así como
participación de eventos deportivos en Gamarra.
122. El señor Ramiro Martínez Fajardo declaró que conoce al señor Cristian
Márquez por su padre, de quien es amigo, y adujo que el demandado siempre
estuvo en actividades económicas en Gamarra. Además que vio al elegido pasar
frecuentemente hacia el colegio en dicho municipio.
123. El testigo Jorge Leonardo Quiñonez indicó que compartió en eventos
deportivos con el demandado y lo conoce desde el año 2009- 2010 y actualmente
comparten actividades varias. Afirmó que lo ha visto laborar en Agromol y
Agropecuaria Márquez Astier, y que conocía que él se trasladaba a la ciudad de
Ocaña, Norte de Santander, los fines de semana a estudiar su carrera de derecho.
124. Finalmente, el señor Alonso Abuabara manifestó que conoce al señor
Cristian Márquez en su trayectoria como recorrido político, pues ha sido amigo de
sus abuelos en la finca el Limoncillo y recorrió, como ex alcalde de Gamarra, todo
el sector. Puntualizó que distinguió al demandado desde que este tenía cuatro
años más o menos y aclaró que muchos jóvenes viajan de Gamarra a Aguachica a
estudiar porque la educación es de mayor calidad allí, al mismo tiempo que varios
niños nacen allí por la infraestructura en salud ante la ausencia de sala de parto
en Gamarra.
125. Por consiguiente, ante las contradicciones que presentan los testimonios,
no es posible inferir de tales pruebas que el alcalde electo de Gamarra no haya
residido en el municipio, ya que dos testigos niegan haberlo visto habitar allí, al
contrario de los otros cuatro testigos que afirmaron conocerlo incluso desde niño y
dieron fe de las múltiples actividades desarrolladas allí.
126. De esa manera, no se desvirtuó que durante el tiempo en que el señor
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Márquez Badillo prestó sus servicios en tales compañías (desde el 1º de abril de
2017 y hasta el 20 de noviembre de 2020), haya vivido por fuera de Gamarra,
Cesar.
127. Por ende, sin necesidad de entrar a analizar si el demandado adelantó sus
estudios de primaria y bachillerato en el lugar en el cual resultó elegido alcalde,
para efectos de corroborar si residió más de tres años consecutivos allí, lo cierto
es que resulta suficientemente acreditado tal hecho con los soportes que
demostraron que prestó sus servicios por más de ese tiempo en Gamarra, Cesar.
128. Se agrega a ello que los registros de seguridad social a los que alude la
parte actora, no son demostrativos del domicilio del demandado entre el 1º de abril
de 2017 y el 20 de noviembre de 2020 (fechas entre las cuales prestó sus
servicios en Gamarra, Cesar), pues el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 exige que
el alcalde electo haya residido por tres años consecutivos en cualquier tiempo,
por lo que su afiliación al sistema de seguridad social pudo haber variado luego de
la terminación del último contrato en el municipio; en efecto, la inscripción a
Sanitas EPS inició el 1º de julio de 2021, tal y como se muestra a continuación:
129. Por ende, la anterior certificación no descarta el hecho de que el
demandado haya residido en Gamarra durante el tiempo señalado, en tanto la
afiliación fue posterior a ello.
130. Situación similar acontece con el registro en el Sisbén que fue aportado por
la demandante:
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131. En el documento referenciado el demandado figura inscrito en el Sisbén en
el municipio de Aguachica, Cesar. No obstante, si bien en principio podría
entenderse que esta es una prueba de la residencia del señor Márquez Badillo en
ese lugar, o sea, por fuera de Gamarra, Cesar, porque la categorización se
efectúa con base en visitas realizadas a los hogares de los ciudadanos, lo cierto
es que esa circunstancia no demuestra de forma absoluta lo anterior, pues en
contraste con otras pruebas recaudadas en el expediente se demostró que la
residencia del alcalde electo de Gamarra, Cesar, se ubicó al menos por tres años
en dicho lugar.
132. Cabe resaltar, además, que obran en el expediente certificados expedidos
por la Registraduría Nacional del Estado Civil en los cuales se constató que el
demandado ejerció el derecho al voto en Gamarra, Cesar, durante las elecciones
de 27 de octubre de 2019, 13 de marzo de 2022, 19 de junio de 2022 y 29 de
octubre de 202315, por lo que si bien la residencia electoral no se trata de la misma
que se exige para la elección de un alcalde16, el hecho de que él haya sufragado
en las elecciones pasadas desde el año 2019 y tenga su residencia electoral en
Gamarra es un indicio de su vínculo con el ente territorial.
133. En ese sentido, contrastado lo anterior con las demás pruebas aportadas al
expediente, en especial los contratos de prestación de servicios suscritos con las
empresas Agropecuaria Márquez Astier & Cia. S. en C. y Agromol S.A., se
observa que en este caso se encontró acreditado el requisito de residencia de que
15 Documentos aportados con la contestación de la demanda radicada por el accionado.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Magistrada Ponente:
Gloria María Gómez Montoya. Sentencia de 27 de junio de 2024. Radicación: 05001-23-33-000-
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se trata.
134. Visto así el asunto, la sala concluye que ninguno de los reparos formulados
contra el fallo de primera instancia resulta suficiente para enervar la decisión allí
adoptada.
135. Por el contrario, durante el proceso se demostró que el demandado cumplió
con el requisito de residencia previsto en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, bajo
el supuesto de haber residido por un período de tres años, en cualquier época, en
el municipio de la elección.
136. En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos de la alzada no
tienen vocación de prosperidad, la sala confirmará la sentencia apelada.
137. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 13 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual se denegó la nulidad del acto
de elección del señor Cristian Leonardo Márquez Badillo, como alcalde de
Gamarra, Cesar, para el periodo 2024-2027.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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