Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03525-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03525-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03525-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03525-01
Accionante: Diana Marcela Diago Guáqueta.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta.
Tema: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de
Justicia. Nulidad electoral. Requisito de residencia alcalde local.
REVOCA SENTENCIA – NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 17 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
La señora Diana Marcela Diago Guáqueta, en nombre propio, promovió acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con la
sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en el medio de control de nulidad electoral, al que se le asignó el radicado
25000-23-41-000-2024-01540-00/01 (principal) - 25000-23-41-000-2024-01627-00
(acumulado). 3005635390
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que en el año 2019 el señor Diego Arley Arenas Manrique se postuló como
candidato a la Alcaldía Municipal de Pandi, Cundinamarca, y como resultado del
proceso electoral quedó electo como alcalde municipal para el periodo 2020-2023.
Que el 8 de febrero de 2024, la Secretaría Distrital de Gobierno expidió la Circular
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002 de 2024, mediante la cual impartió el instructivo para el proceso de- integración
Archivo Central.
de ternas para la designación de alcaldes locales en Bogotá D.C.
Que dentro del proceso de integración de ternas para la designación del alcalde
local de Ciudad Bolívar, el señor Arenas se inscribió como aspirante y allegó
documentación orientada a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
el cargo.
Que el 29 de julio de 2024, el alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 260 de
2024 «por medio del cual se efectúan unos nombramientos», en el que nombró al
señor Arenas como alcalde local de Ciudad Bolívar.
Que el 28 de agosto de 2024 presentó demanda de nulidad electoral contra el
Decreto 260 de 2024, con el fin de que se declara la nulidad del nombramiento del
señor Arenas como alcalde local.
Que en sentencia del 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B accedió a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad del artículo 1 y 2 del Decreto 260 del 29 de julio de
2024.
Que el señor Arenas interpuso recurso de apelación y en segunda instancia, el
Consejo de Estado, Sección Quinta mediante la sentencia del 19 de marzo de 2026
revocó la providencia del Tribunal y, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad electoral.
Que hubo un salvamento de voto en el que la magistrada sostuvo que el señor
Arenas no acreditó el requisito de residencia exigido por el Decreto Ley 1421 de
1993.
Considera que la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta
incurrió en:
Desconocimiento del precedente, en específico de la sentencia del 14 de
diciembre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el
proceso con radicado 25000-23-41-000-2021 00774-01, mediante la cual se definió
el alcance del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, estableciendo que el
requisito de residencia no puede ser interpretado desde una lectura reducida a una
verificación formal de documentos, así mismo, determinó que para los aspirante a
alcaldías locales debía comprobarse la ciudadanía en ejercicio y residencia o el
desempeño de actividades simultaneas, subsistentes y habituales en un período
mínimo de 2 años.
Defecto fáctico, por valoración irrazonable, fragmentaria e insuficiente del acervo
probatorio, puesto que no le dio un alcance probatorio suficiente al hecho de que el
señor Arenas se desempeñó como alcalde del municipio de Pandi durante el periodo
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legalmente exigido para ser alcalde local, es decir, que durante los- Archivo Central.
dos años
anteriores, su labor y oficio se desarrolló en ese municipio y no en la localidad de
Ciudad Bolívar; y que, por el contrario, otorgó un mayor valor a pruebas que solo
daban cuenta del entorno familiar y patrimonial del demandado mas no de su
residencia material y habitual en la localidad.
Motivación insuficiente, en tanto no ofreció una respuesta precisa y congruente al
verdadero problema jurídico planteado desde la demanda y sostenido durante todo
el trámite del proceso, es decir, que no explicó de manera suficiente el por qué y
cómo el ejercicio continuo de la alcaldía de Pandi durante todo el período
comprendido entre el año 2020 al año 2023, no afectaba de manera decisiva la
habitualidad, la subsistencia y la proximidad territorial del vínculo exigido con la
localidad de Ciudad Bolívar.
PRETENSIONES
Que se amparen los derechos fundamentales invocados; que se deje sin efectos la
sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta; y en consecuencia, que se ordene proferir un nuevo fallo que «se ajuste a
derecho» bajo los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales
aplicables al caso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 12 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó como terceros con
interés a los señores Jorge Alberto Caicedo Ayure y Diego Arley Arenas Manrique,
a la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Quinta manifestó que la acción de tutela tiene un
carácter excepcional, y que no puede ser utilizada como una instancia adicional ni
como un mecanismo para sustituir la valoración probatoria o la interpretación
normativa realizada por el juez natural.
Que en el presente caso no se prueba una actuación arbitraria o contraria a los
derechos fundamentales invocados, sino que el alegato es sobre un desacuerdo
que la accionante tuvo durante todo el proceso, en cuanto a la forma en que debía
apreciarse el requisito de residencia exigido a los alcaldes locales.
Que no desconoció la línea jurisprudencial de la Sección, puesto que la sentencia
no se refirió a una verificación meramente formal del artículo 65 del Decreto Ley
1421 de 1993, ni redujo la residencia a la simple propiedad de un inmueble, por el
contrario, que se examinó la residencia como un vínculo real con la localidad,
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relacionado con el arraigo, la habitualidad y la proximidad territorial, y que- Archivo
junto Central.
con
el material probatorio allegado se concluyó que habían elementos suficientes para
acreditar la residencia del demandado en Ciudad Bolívar.
Que no hizo una valoración aislada de las pruebas, sino que realizó un estudio
conjunto de estas conforme a las reglas de la sana crítica previstas en el artículo
176 del CGP. Que se comprobó la residencia del núcleo familiar y un conjunto de
circunstancias entrelazadas sobre el vínculo del demandado con el inmueble
reportado como residencia y con la localidad de Ciudad Bolívar.
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, y en subsidio, se niegue el
amparo.
POSICIÓN DE LOS VÍNCULADOS
El señor Diego Arley Arenas Manrique dijo que la acción de tutela procede de
forma excepcional, puesto que deben respetarse los principios de independencia,
autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada que recen sobre las sentencias
que emiten las autoridades judiciales en el marco de sus competencias.
Que la presente acción de tutela busca reabrir un debate jurídico, el cual fue
debidamente realizado, y donde se respetaron cada uno de los momentos
procesales y se garantizaron los derechos de las partes intervinientes, por lo tanto,
que no se evidencia un error que trascienda el ámbito del debate legal ordinario ni
que pueda generar una lesión profunda en garantías constitucionales.
Solicitó que se nieguen las pretensiones al no haber vulneración a los derechos
invocados.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el enlace del proceso
ordinario, e indicó que la acción pretende constituir una instancia adicional para
controvertir una situación ya resuelta dentro del proceso de nulidad, en el cual se
tomaron decisiones adoptadas al ordenamiento jurídico, garantizando los derechos
de las partes y respetando las normativas aplicables.
La Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Ciudad Bolívar manifestó
que la controversia carece de relevancia constitucional, porque se pretende reabrir
un debate jurídico ya resuelto por el juez natural.
Que durante el proceso de nulidad se acreditó que el señor Arenas mantenía
vínculos familiares, patrimoniales y sociales con la localidad de Ciudad Bolívar, y
que en sede del proceso judicial la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó
un estudio razonable del artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, tuvo en cuenta
el precedente aplicable y valoró de manera conjunta el material probatorio. Además,
que no se acreditó una vulneración ni un perjuicio irremediable a los derechos
invocados
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• Archivo Central.
Solicitó que se niegue el amparo.
La Secretaría Jurídica Distrital dijo que la controversia no cumple el requisito de
relevancia constitucional, puesto que lo pretendido es reabrir un debate jurídico ya
decidido por el juez natural, y que, no se acreditó un perjuicio irrazonable.
Que dentro del proceso de nulidad electoral, se comprobó que el señor Arenas
mantenía vínculos familiares, patrimoniales y sociales con la localidad de Ciudad
Bolívar, además, que la Sección Quinta realizó una interpretación razonable del
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, valoró íntegramente el material probatorio
y examinó el precedente aplicable.
Que la Alcaldía Mayor de Bogotá carece de legitimación en la causa por pasiva, y
por lo tanto, solicitó que se le desvincule del presente proceso, y que se declare la
improcedencia de la acción.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 17 de julio de 2026, declaró improcedente la acción por no cumplirse el requisito
de relevancia constitucional.
Afirmó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo
excepcional que tiene por objeto la protección de derechos fundamentales, por lo
que no es un juicio de corrección de la decisión cuestionada, y que debe evitar
utilizarse la tutela como una tercera instancia del proceso ordinario.
Que en el presente caso los cuestionamientos planteados iban dirigidos a
controvertir la valoración probatoria, la interpretación jurídica efectuada por la
Sección Quinta y el desconocimiento del propio precedente, sin embargo, «en lo
sustancial» manifestó los mismos argumentos formulados dentro del medio de
control de nulidad electoral, y, por lo tanto, se evidencia un desacuerdo con la
conclusión a la que arribó la providencia tutelada.
Manifestó que no se encontró probado el desconocimiento del precedente, puesto
que, la Sección aplicó al caso concreto los criterios jurisprudenciales relativos al
arraigo, la habitualidad y la residencia material, además que, acogió la comprensión
material del requisito de residencia y precisó el análisis a partir del conjunto de
circunstancias demostrativas del vínculo con la localidad; y que, a partir de ello,
valoró en su totalidad el material probatorio allegado.
Que la controversia no trasciende el ámbito del debate de legalidad, puesto que
versa sobre la apreciación de los hechos y la interpretación de los requisitos legales
exigidos para el nombramiento de alcaldes locales, así mismo, que no se advierte
la existencia de una actuación arbitraria o irrazonable. Concluyó que, la tutela no
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• Archivo Central.
cumple con el requisito de relevancia constitucional y declaró la improcedencia.
IMPUGNACIÓN
La accionante considera que sí cumple con el requisito de relevancia constitucional,
y que no pretende desarrollar una instancia adicional dentro del proceso de nulidad
electoral, por el contrario, que busca la protección efectiva de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo que
evidencia que el debate trasciende una simple inconformidad con el sentido del fallo
y plantea una controversia autónoma de naturaleza constitucional, vinculada a las
garantías que deben respetarse en las decisiones judiciales.
Citó la sentencia T-084 de 2025 de la Corte Constitucional, mediante la cual se
establece que la tutela «debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar
que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental», y que
en la presente acción, identificó los derechos vulnerados y explicó de forma concreta
cómo la sentencia de la Sección Quinta comprometió las garantías constitucionales,
además que individualizó tres defectos, relacionados con el desconocimiento del
precedente judicial aplicable, la valoración irrazonable del material probatorio y la
motivación insuficiente frente al problema jurídico.
Que la coincidencia de ciertos hechos y argumentos de la tutela con los debatidos
en el proceso de nulidad electoral no significa que las acciones tengan el mismo
objeto, tampoco que esté utilizando el amparo constitucional como una tercera
instancia.
Reiteró los argumentos del escrito inicial en cuanto a la configuración de los defectos
específicos, y concluyó que los cargos formulados justificaban continuar con el
examen de procedibilidad y efectuar el estudio de fondo; finalmente, solicitó que se
revoque la sentencia de tutela de la primera instancia y que, en su lugar se amparen
los derechos fundamentales y se acojan las pretensiones.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
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evitar un perjuicio irremediable. - Archivo Central.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial, esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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• Archivo Central.
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala considera que la acción sí supera la exigencia general de la relevancia
constitucional, puesto que lo pretendido por el accionante es lograr la protección a
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados con la sentencia del 19 de marzo de 2026
proferida por la autoridad judicial accionada, por la incursión en los defectos fácticos,
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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desconocimiento del precedente y motivación insuficiente. - Archivo Central.
La accionante procura demostrar la incursión en alguna de las causales específicas
establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la procedencia de la tutela
cuando se discuten providencias judiciales; lo cual sustentó de forma que resulta
comprensible y podrían tener eventualmente una incidencia en la decisión
adoptada.
En cuanto al cumplimento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que I) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
del 19 de marzo de 2026 fue notificada el mismo día, y esta acción fue instaurada
el 7 de mayo del presente año; II) no se está invocando una irregularidad procesal,
por lo que no hay lugar al estudio sobre dicha exigencia; III) se agotaron los medios
judiciales con los que se contaba; IV) se identificaron claramente los hechos
generadores de vulneración y los derechos estimados transgredidos; y V) no se trata
de una sentencia de tutela. Por lo anterior, se procederá al estudio del fondo del
asunto.
En la sentencia tutelada, la Sección Quinta centró la discusión en verificar si el
hecho de que el señor Arenas se hubiera desempeñado como primera autoridad del
municipio de Pandi durante el periodo 2020 – 2023, antes de su designación como
alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar, impedía tener por acreditado el requisito
de residencia o desempeño de actividades en esa localidad durante los dos años
anteriores al nombramiento.
La Sección analizó el Decreto Ley 1421 de 1993, explicando la función y el papel
de los alcaldes locales, así mismo, estableció que, para ser designado alcalde local
debían acreditarse las siguientes exigencias:
«(i) Ser ciudadano en ejercicio, lo que implica el goce de los derechos políticos.
(ii) Acreditar un vínculo con la respectiva localidad, el cual la norma permite
demostrar de manera alternativa mediante la residencia en ella o el desempeño
de una actividad profesional, industrial, comercial o laboral dentro de su ámbito
territorial.
(iii) Demostrar que dicho vínculo se mantuvo al menos durante los dos años
anteriores al nombramiento.
(…)»
Precisó que, en cuanto a la residencia o el desempeño de actividades en la
localidad, esta exigencia no era una simple formalidad, sino que representaba la
necesidad de que quien ejerciera el cargo tuviera pleno conocimiento del territorio y
de sus dinámicas sociales, permitiendo garantizar una gestión pública cercana a la
ciudadanía y acorde con las necesidades propias de cada localidad. Que por lo
tanto, los aspirantes debían acreditar una relación efectiva con ese territorio.
Citó la sentencia del 14 de diciembre de 2023 de la misma Sección para entender y
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analizar el alcance de los requisitos exigidos por la ley para ser designado - Archivo Central.
alcalde
local, y destacó que:
«(…) la sola titularidad de bienes en la zona no satisface dicha condición, pues
“no se entiende adscrita exclusivamente al hecho de poseer propiedades en la
zona correspondiente”, en la medida en que tal circunstancia “no constituye por
sí sola el sustrato material del concepto de residencia, ya que no implica estar
de asiento en la localidad”
(…) que la expresión “durante los dos años anteriores” implica que la residencia
o la actividad desarrollada debe presentar carácter simultáneo, subsistente y
habitual en ese lapso, lo que excluye actuaciones esporádicas, episódicas o
coyunturales, incapaces de evidenciar una relación constante con el territorio».
Así mismo, determinó que, para analizar la legalidad de los actos por el
cumplimiento de los requisitos, debían valorarse los documentos aportados al
momento de la inscripción, puesto que es allí donde se verifica si el aspirante reunió
los requisitos; por lo tanto, procedió a estudiar las pruebas allegadas al proceso de
manera conjunta como lo dispone el artículo 176 del CGP.
Concluyó que los elementos probatorios demostraban una «secuencia coincidente»
respecto a la residencia, donde se evidenciaba que el demandado mantenía un
vínculo material y comprobado con un inmueble ubicado en Ciudad Bolívar y que,
coincidía al que reportó como residencia al momento de su inscripción. Además,
que el haber ejercido como alcalde de Pandi no descartaba inmediatamente un
vínculo real, material y estable con la localidad.
De igual modo, resaltó que la exigencia de «haber residido» en la localidad durante
dos años previos a la vinculación, no podía entenderse solamente como la
permanencia física ininterrumpida, ni como la imposibilidad de desplazarse
temporalmente a otro lugar por razones laborales o de otra índole, y que por el
contrario lo que se debe determinar es «la acreditación de una residencia efectiva,
un vínculo real, estable y material (…)».
Así las cosas, frente al desconocimiento del precedente, por no aplicarse los
criterios establecidos por la misma Sección en sentencia del 14 de diciembre de
2023, esta Sala verifica que la Sección Quinta no solo citó y analizó el alcance de
la providencia, sino que utilizó las reglas allí plasmadas para determinar que el
requisito de residencia debía analizarse desde distintos aspectos y no como una
simple formalidad de tener titularidad sobre bienes o de ejercer una actividad laboral
en la localidad. Además, reiteró estos criterios para valorar las pruebas, interpretar
las normas y adoptar la decisión.
En cuanto al defecto fáctico, por una valoración fragmentaria e insuficiente del
material probatorio, se observa que la Sección Quinta realizó primero un estudio
individual de cada prueba allegada y, posteriormente las analizó de forma conjunta,
los elementos: (i) certificación del cargo de alcalde de Pandi por el periodo 2020-
2023; (ii) certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria en la que
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• Archivo Central.
consta que el señor Arenas adquirió un inmueble ubicado en el barrio Madelena; (iii)
declaración juramentada de residencia del demandado en la que juraba vivir en el
barrio Madelena desde el año 2008; (iv) certificación expedida por la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar en la que se dejó constancia de que el señor Arenas residía en
el referenciado inmueble; y (v) registros civiles de nacimiento de sus hijos.
Resultó tan riguroso el estudio de las pruebas, que la misma Sección determinó que:
«(…) el solo hecho de que hubiera ejercido el cargo de alcalde del municipio de
Pandi entre 2020 y 2023, pues esa circunstancia, por sí misma, no descarta el
vínculo real, material y estable con la localidad. En ese sentido, la titularidad del
bien no aparece como un dato puramente registral, sino acompañada de otros
elementos concordantes, como la certificación oficial de residencia en esa
dirección, la constancia de permanencia suscrita por terceros».
Y, encontró que, si bien se había acreditado el requisito por la residencia en la
localidad, el demandado no logró demostrar que hubiera ejercido de manera
efectiva, habitual y verificable una actividad profesional, industrial, comercial o
laboral en Ciudad Bolívar, por lo que consideró que no existía sustento fáctico para
que se cumpliera esa exigencia.
Respecto a la motivación insuficiente alegada por la accionante, que afirma una
carencia de respuesta congruente al verdadero problema jurídico, se comprueba
que en la Sentencia tutelada se estableció que el meollo sería precisar el alcance
de los requisitos previstos en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 y, de
acuerdo con ello determinar si el demandado había satisfecho dichas exigencias
para ser designado como alcalde local, teniendo de presente, entre otros asuntos,
su anterior cargo como alcalde de Pandi.
Lo anterior, demuestra que la decisión adoptada guardó congruencia con el litigio,
además se fundamentó en normas, jurisprudencia y análisis probatorio,
respondiendo a cada uno de los puntos alegados en la apelación.
En efecto, la Sala evidencia que no le asiste razón a la tutelante, y que por el
contrario la Sección Quinta del Consejo de Estado fundamentó su decisión en las
normativas y jurisprudencia aplicables al caso, además, la valoración probatoria que
realizó estuvo de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de razonamientos
lógicos, motivos por los cuales no se configura ninguno de los defectos alegados.
En tal sentido, valga recordar que el solo hecho de que el actor no esté de acuerdo
con la valoración probatoria y la interpretación realizada por el juez natural, no
califica de errónea la providencia.
En consecuencia, se revocará el fallo del 17 de julio de 2026 que declaró
improcedente la acción por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, y
en su lugar, se negará el amparo invocado.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Archivo Central.
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y en su lugar,
Segundo. NEGAR la tutela solicitada por la señora Diana Marcela Guáqueta, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12
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