Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-01154-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2019-01154-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2019-01154-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de junio de 2022
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Demandante: Edgar Andrés Rincón Zuluaga
Demandado: Erika Milena Medina Arévalo–
edil localidad de Puente Aranda 2019-2023
Radicado: 25000-23-41-000-2019-01154-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2019-01154-01
Demandante: EDGAR ANDRÉS RINCÓN ZULUAGA
Demandado: ERIKA MILENA MEDINA ARÉVALO – edil de la localidad de
Puente Aranda 2020-2023
Tema: Nulidad electoral, residencia electoral como requisito para
elección de ediles, presunción de residencia electoral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 27 de enero
de 2022, providencia en la que se declaró la nulidad de la elección de la señora
Erika Milena Medina Arévalo, como edil de la localidad de Puente Aranda, en la
ciudad de Bogotá, D.C., para el período 2020 – 2023.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. El señor Edgar Andrés Rincón Zuluaga presenta demanda en el medio de
control de nulidad electoral1 contra el acto de elección contenido en el formulario
E26 JAL del 10 de noviembre de 2019, por medio del cual la Comisión Escrutadora
de Puente Aranda, Bogotá, D.C., declaró la elección de la señora Erika Milena
Medina Arévalo como edil de dicha localidad. Como pretensiones, en el escrito
introductorio se incluyen las siguientes:
PRIMERO.- Que es nulo el acta, formulario E-26, por medio de los cual la
Comisión Escrutadora de la Localidad de Puente Aranda declaro la Elección
de la Señor EIKA MILENA MEDIA AREVALO, (…), como EDIL DE LA
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA POR EL PARTIDO CENTRO
DEMOCRÁTICO, por la INHABILIDAD contemplada en el artículo 66,
numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993: ‘ser pariente dentro del segunda
grado de consanguinidad, de la funcionaria pública señora DIANA MAGALLY
AREVALO, quien según el manual de funciones ejercer autoridad civil’.
1 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 1_ED_DEMANDADENULIDADP(.pdf) N roActua 3.
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Demandante: Edgar Andrés Rincón Zuluaga
Demandado: Erika Milena Medina Arévalo–
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SEGUNDO.- que se declare inclusive la nulidad del acra E-26 JAL, por medio
del cual la Comisión Escrutadora de Puente Aranda declaro elegida a la
señora ERIKA MILENA MEDIA AREVALO, como EDIL DE LA LOCALIDAD
DE PUENTE ARANDA, por no reunir los requisitos del artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993: ‘no residir o desempeñando alguna actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante
los dos (2) años anteriores a la fecha de la elección’.
TERCERO.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones el
cargo para la cual fue elegida (…) deberá ser ocupado por el señor EDGAR
ANDRÉS RINCÓN ZULUAGA (…) quien obtuvo la segunda votación por el
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO (…).
CUARTO.- Que se declare como consecuencia que la señora ERIKA
MILENA MEDIA AREVALO, deberá reintegran en su totalidad los dineros
percibidos como EDIL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA al Distrito
Capital (SIC).
2. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante expone que la
hermana de la edil cuya elección se demanda ejercía funciones como coordinadora
de gestión policiva de la Alcaldía Local de Puente Aranda, cargo que, afirma, tenía
dentro de sus funciones actividades que implicaban el ejercicio de autoridad civil.
Aduce, igualmente, que se presentaron afirmaciones relacionadas con la supuesta
intervención de la referida funcionaria con el fin de favorecer la candidatura de la
demandada.
3. Adicionalmente, sostiene que la señora Medina Arévalo no residía ni ejercía
actividad comercial o laboral en la localidad de Puente Aranda, pues residía en la
localidad de Los Mártires, aspecto que, afirma, se ve reforzado por cuanto su cédula
sólo fue inscrita para sufragar en la primera localidad referida en el mes de julio de
2019, es decir, con un término menor al exigido legalmente para postularse como
candidata a edil de Puente Aranda.
4. De acuerdo con lo señalado, aduce como presuntamente transgredidos los
artículos 322 y 41 transitorio de la Constitución Política; 32, 65, 66, ordinal 5, 67 y
69 del Decreto Ley 1421 de 1991; 95, 188 y 189 de la Ley 136 de 1994; y 275,
ordinal 5, del CPACA.
2. Trámite en primera instancia
5. Mediante auto del 15 de enero de 20202, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, inadmite la demanda con el fin de
que se la parte demandante precise si su interés se circunscribe a la declaratoria de
nulidad del acto de elección de la demandada, o si persigue un interés particular y
2 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 44_ED_01EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 169-170.
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concreto para ocupar ese cargo y que le sean reconocidos y pagados los
emolumentos devengados como edil de la localidad de Puente Aranda, para lo cual
le fue concedido el término de tres días.
6. En su escrito de subsanación3, la parte demandante indica que [e]l interés
que persigue el demandante Señor (sic) EDGAR ANDRÉS RINCÓN ZULUAGA se
circunscribe a solicitar la declaratoria de nulidad del acto que declaró la elección de
la demandada por las causales de inelegibilidad, consagradas en los artículos 65 y
66 numeral 5 del Decreto 1421 de 1993. Así, indica que sólo fue ratificada en las
pretensiones primera y segunda consignadas en la demanda inicial.
7. Por medio de auto del 28 de enero de 2020, el a quo admite la demanda y
ordena realizar las correspondientes notificaciones4.
8. La Registraduría Nacional del Estado Civil contesta la demanda5 y solicita su
desvinculación del proceso, por carecer de legitimación en la causa para ser
llamada al proceso6.
9. El Consejo Nacional Electoral contesta la demanda y manifiesta oponerse a
las pretensiones de esta, por considerar que no se cumple con los parámetros
exigidos por las normas constitucionales, legales y por la jurisprudencia vigente para
que se configure la causal de inhabilidad alegada7.
10. La demandada, por conducto de apoderado, contesta la demanda y se opone
a las pretensiones8. Así:
i) La hermana de la señora Erika Milena Medina Arévalo sí ejercía el cargo
de coordinadora del Grupo de Gestión Policiva de la Alcaldía Local de
Puente Aranda; sin embargo, las funciones asignadas a este no podían
considerarse constitutivas de ejercicio de actividad administrativa, civil o
política;
ii) Las afirmaciones realizadas por la parte demandante carecen de soporte
probatorio y corresponden a injurias y calumnias;
iii) Si bien es cierto que el puesto de votación sobre el cual la edilesa Medina
Arévalo ejerce el derecho al sufragio no siempre ha sido en la localidad
de Puente Aranda, dicha circunstancia también resulta irrelevante frente
a la causalidad que debe existir entre la presunta vulneración al régimen
de inhabilidad e incompatibilidades predicable a su cargo (…), así como
que no existe ninguna exigencia legal que establezca una temporalidad
3 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 44_ED_01EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Pág. 173.
4 Ibídem. Págs..177-182.
5 Ib. Págs. 197-233.
6 Mediante Auto del 22 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección
Primera, Subsección B, declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por
pasiva, invocada por la entidad. Índice SAMAI No. 3. Archivo: 44_ED_01EXP201901154(.pdf) Nro
Actua 3. Págs. 333-339.
7 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 44_ED_01EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 283-295.
8 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 3_ED_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf) NroActua 3.
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definida para la inscripción en un puesto de votación por parte de un
aspirante a un cargo de elección popular, como el referido.
iv) La demandada ha residido junto con su esposo y su hijo menor de edad
en la localidad de Puente Aranda, desde el 1 de febrero de 2016, por lo
que allega como soporte de tal afirmación los contratos de arrendamiento
suscritos los días 1 de febrero de 2016 y 24 de febrero de 2018. Así
mismo, asegura que en julio de 2017 el alcalde local de Puente Aranda
certificó la residencia del cónyuge de la demandada en dicha localidad.
11. La audiencia inicial a que refiere el artículo 283 del CPACA tuvo lugar el 26
de noviembre de 20209. Durante dicha diligencia, se identificaron a las partes e
intervinientes que asistieron a esta, se llevó a cabo el saneamiento del proceso y se
fijó el litigio en los siguientes términos:
… Problema Jurídico Principal, consiste en determinar si se debe decretar la
nulidad de la elección contenida en el formulario E-26 JAL del 10 de
noviembre de 2019 emitido por la Comisión Escrutadora de la localidad de
Puente Aranda, Bogotá, mediante el cual se declaró a la señora Erika Milena
Medina Arévalo como edil electa de esa localidad, por encontrarse
presuntamente incurso en la inhabilidad descrita en el artículo 95, numeral 4,
de la Ley 136 de 1994 y artículos 65 y 66 del Decreto Ley 1421 de 1993.
(Sic).
Así las cosas los problemas jurídicos asociados sugieren establecer a la luz
de la normatividad vigente: i) si ERIKA MILENA MEDINA ARÉVALO se
encontraba incursa en una causal de inhabilidad para ser elegida edil, al
presuntamente tener un parentesco de consanguinidad con la señora DIANA
MAGALLY MEDINA ARÉVALO, así como determinar, si esta ejercía
autoridad civil, administrativa, política o militar en los cargos desempeñados;
y ii) Si ERIKA MILENA MEDINA ARÉVALO cumplió con el requisito de residir
o ejercer una actividad prosefional dentro de la localidad de Puente Aranda,
durante al menos los dos últimos años anteriores a la fecha de la elección.
(Sic).
12. Finalmente, se dispone el decreto de algunas pruebas solicitadas por las
partes, así como de algunas ordenadas de oficio por el despacho.
13. Mediante auto del 13 de enero de 202110, se reconoce al señor Luis Eladio
Sierra como coadyuvante de la parte demandante dentro del proceso. En la misma
providencia, se decretan algunas pruebas aportadas y solicitadas por el referido
interviniente y se deniegan otros elementos probatorios solicitados.
9 Acta visible en Índice SAMAI No. 3. Archivo: 44_ED_01EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs.
349-377.
10 Ibídem. Pags. 381-387. La solicitud fue presentada el 25 de noviembre de 2020, esto es, un día
antes de realizarse la audiencia inicial, no obstante lo cual el escrito pasó al despacho con
posterioridad al desarrollo de dicha diligencia.
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14. El 7 de octubre de 2021 se adelanta la audiencia de pruebas, en la cual se
practican los testimonios decretados como prueba en la audiencia inicial, se
incorporan al expediente las pruebas documentales obtenidas como respuesta a
oficios remitidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a diferentes
entidades y se declara clausurado el periodo probatorio11.
15. El agente del Ministerio Público rinde concepto en primera instancia12, en el
que solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda, por considerar que la
señora MEDINA ARÉVALO estaba inhabilitada para ser elegida edil de la localidad,
por no haber residido o desempeñado una actividad profesional en la localidad de
Puente Aranda durante los últimos dos años, por lo menos, anteriores a la elección,
de conformidad con el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, los cuales no se
demostraron, por cuanto aparecen los certificados de residencia expedidos por el
Alcalde Local de los Mártires, respecto a ella y su esposo (…) en los que aparece
como domicilio una dirección perteneciente a la Localidad de los Mártires.
16. El apoderado de la parte demandada alega de conclusión13 y solicita que las
pretensiones se despachen desfavorablemente por cuanto afirma que: i) de
conformidad con lo establecido en la Ley 136 de 1994, el cargo desempeñado por
la hermana de la señora Medina Arévalo no implicaba el ejercicio de autoridad
administrativa, política o militar, por lo que no configura los supuestos fácticos y
legales que pudieran consecuencialmente inhabilitar a la señora Erika Milena
Medina como edilesa de la localidad de Puente Aranda; y ii) que la señora Erika
Milena Medina Arévalo además de ser ciudadana en ejercicio cumple el requisito de
haber residido con una permanencia mínima de dos años en Puente Aranda,
afirmación que se fundamenta, según su dicho, en que la demandada acreditó que
ha sido (sic) en las nomenclaturas urbanas Calle 36 sur No. 50A-43 del barrio Santa
Rita y, posteriormente, en la Carrera 31D no. 4A-53, barrio Veraguas Central (lugar
de residencia actual), ambas pertenecientes a la localidad de Puente Aranda, los
lugares en donde ha acreditado elementos positivos tales como el sitio de posada
o habitación de ella y su núcleo familiar, de manera ininterrumpida desde el 1 de
febrero de 2016.
17. Por su parte, el accionante presenta escrito de alegatos de conclusión14 en
el que, además de reafirmar lo señalado en la demanda, indica que el cónyuge de
la demandada presentó dudas al momento de referirse a su dirección de residencia
en el barrio Santa Rita y que la Calle 36 sur No. 5A-34 corresponde a una ubicación
en la localidad de San Cristobal y no en la de Puente Aranda. Adicionalmente,
señala que el contrato de arrendamiento aportado no cumple con los requisitos
legalmente establecidos para ser tenido como elemento de convicción, por cuanto,
si bien se indica el nombre y número de identificación de la demandada para afirmar
su condición de arrendataria, en dicho documento no se obligan las partes con la
firma y que obra en el expediente una certificación de residencia expedida por el
11 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 261-267.
12 Ibídem. Págs. 271-278.
13 Ib. Págs.. 283-294.
14 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 297-299.
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alcalde local de los mártires (sic) a los 30 días del mes de junio del 2017, donde
afirman que su domicilio es en la CARRERA 29A NO 22-39 localidad de los mártires
(Sic).
18. En similares términos, se pronuncia el coadyuvante de la parte demandante
en su escrito de alegatos de conclusión en primera instancia15.
19. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral alega de conclusión16 y solicita que
las pretensiones de la demanda sean negadas, por cuanto de lo expresado, y de
las pruebas arrimadas al presente, no se cumple con los parámetros exigidos por
las normas constitucionales, legales y por la jurisprudencia vigente para que se
configuren las causales de inhabilidad alegadas.
3. Sentencia de primera instancia
20. En sentencia del 2 de enero de 202217, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, considera, en relación con la
configuración de la inhabilidad contemplada en el artículo 66, ordinal 5, del Decreto
Ley 1421 de 1993, que no se reunía la totalidad de los elementos requeridos para
su acreditación, toda vez que, si bien se probó la relación de consanguinidad entre
la demandada y a quien se señaló como funcionaria de la Alcaldía Local de Puente
Aranda (su hermana Diana Magally Medina Arévalo), no ocurría lo mismo con los
elementos funcional, territorial y temporal, fundamentalmente porque las funciones
ejercidas en su cargo no implicaban el ejercicio de autoridad, en los términos de la
Ley 136 de 1994.
21. Por otra parte, respecto del cargo relacionado con el incumplimiento del
requisito previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1994, relativo a residir o
desempeñar actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la localidad en
la que se postuló la demandada para el cargo de edil por lo menos con dos años de
antelación a la fecha de la elección, el a quo indica, entre otras cosas, lo siguiente:
… la residencia electoral está ligada a i) la gravedad del juramento, al indicar
un determinado lugar como residencia; ii) al concepto de censo electoral a la
luz del artículo 47 de la ley 1475 de 2011 y iii) debe demostrarse como vínculo
la relación con el territorio, ya sea lugar de habitación o lugar donde
desempeña su profesión u oficio.
Precisado lo anterior, procede la Sala a efectuar la revisión del material
probatorio existente, encontrando lo siguiente:
(…)
i) Ante la autoridad electoral (…), la señora Erika Milena Medina Arévalo
tuvo su lugar de residencia electoral y de registro en el censo electoral
en la localidad de Los Mártires hasta el año 2018, esto es el año
15 Ibídem. Págs. 303-312.
16 Ib. Págs. 317-325
17 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 357-393.
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inmediatamente anterior, en el que ejerció incluso su derecho al voto
en el puesto de votación 03-COLSEGUROS, localidad de Los
Mártires, y solo hasta el 8 de julio de 2019, cambió su lugar de votación
y residencia a la localidad de Puente Aranda.
ii) Ante la autoridad tributaria – DIAN, nunca se registró por parte de la
señora Erika Milena Medina Arévalo una dirección o domicilio que
correspondiera a la localidad de Puente Aranda, siendo de profesión
contadora y conociendo su importancia, pues corresponden todas,
hasta el año 2020 a la unidad residencial COLSEGUROS, de la
localidad de Los Mártires, la misma que adujo la testigo, como la
reconocida en el barrio como vivienda de la demandada. Ni siquiera
su esposo, siendo igualmente de profesión contador, presentó una
dirección de domicilio principal en Puente Aranda, es más, este
relaciona una dirección aparentemente ubicada en la localidad de
Bosa (CR 68D 56-23 SUR), de la cual no hay claridad sobre su vínculo
laboral o de habitación.
iii) Sólo se presenta un contrato de arrendamiento en la Carrera 31D #
4A-53 APTO 202 en la localidad de Puente Aranda, cuyo arrendatario
es Juan Gabriel Nieto López, con vigencia a partir del 24 de febrero de
2018, esto es un año anterior al de las elecciones, pues el aportado
para el año 2016 donde lo suscribe la demandada, está incompleto y
no se allega el documento debidamente suscrito o firmado por las
partes.
iv) Sólo el testimonio de su esposo es el que avala su lugar de residencia
en la localidad de Puente Aranda, domicilio que incluso costó
fundamentar en su declaración, pues hizo énfasis en su vínculo laboral
con la dirección ubicada en Los Mártires, donde presuntamente
estaría su oficina, lo cual no procedió a acreditar ni probar, más allá
de lo afirmado, por lo que pudiera ser también su lugar de habitación.
v) Para el 30 de junio de 2017, exactamente dos años previos a las
elecciones de 2019 en las que participó la señora Medina Arévalo y
que fue elegida, su dirección certificada de domicilio era la Carrera
29A # 22-39, barrio COLSEGUROS, tal y como lo informó el Alcalde
Local (E) de Los Mártires y a solicitud de aquella.
En suma, no se logra acreditar que en efecto la señora Erika Milena Medina
Arévalo tuviera i) el lugar donde habita, ii) el lugar en el que de manera regular
estuviera de asiento, iii) el lugar donde ejerce su profesión u oficio, o iv) el
lugar en el que posee alguno de sus negocio o empleo, en la localidad de
Puente Aranda, es más, no se adujo como defensa si quiera cuál era su
desarrollo laboral, profesional, comunitario o de negocios que tuviera un
vínculo directo con la comunidad en la cual fue elegida edilesa, por lo que su
vínculo tampoco pudo soportarse con los registros en entidades públicas y
cuyas direcciones de domicilio se registran bajo juramento.
22. Por lo señalado, entre otras cosas, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, decidió DECLARAR LA NULIDAD
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del acto a través del cual se declaró a la señora Erika Milena Medina Arévalo como
edilesa de la Junta Administradora Local de la localidad de Puente Aranda – Bogotá
D.C., para el periodo 2020-2023, contenido en el Formulario de Resultado de
Escrutinio E-26 JAL del 10 de noviembre de 2019, y en virtud del artículo 288 del
CPACA se cancelará la respectiva credencial.
4. Recurso de apelación
23. La providencia en mención es impugnada18 por la parte demandada, por
cuanto considera que:
i) El a quo incurrió en una omisión e indebida valoración del material
probatorio incorporado al proceso, toda vez que hizo caso omiso de la
presencia en el expediente de elementos como:
a) Una certificación expedida por el alcalde local de Puente Aranda el 26
de julio de 2017, en la que se hace constar que el cónyuge de la
demandada tenía su domicilio en dicha localidad, hecho cuya
acreditación se refuerza con el contrato de arrendamiento suscrito
respecto del inmueble ubicado en la Calle 36 sur no. 50A-34, barrio La
Guaca/Santa Rita;
b) Una declaración juramentada en la que el señor Juan Gabriel Nieto
López, esposo de la demandada, afirma que tuvo su residencia en la
dirección antes mencionada desde el 1 de febrero de 2016 y hasta el
24 de febrero de 2018, y que posteriormente se trasladó a la Carrera
31D No. 4A-53 apartamento 2020, en el barrio Veraguas de la
localidad de Puente Aranda, donde reside todo el núcleo familiar hasta
la fecha.
c) El testimonio vertido por el señor Nieto López durante la audiencia de
pruebas celebrada en el proceso, en la que fue enfático en confirmar
los lugares de residencia antes indicados, señalando que quienes
residen en la localidad de Los Mártires son los padres de la señora
Medina Arévalo.
d) Los contratos de arrendamiento debidamente aportados al proceso, i)
el primero de fecha 1 de febrero de 2016, suscrito respecto del
inmueble ubicado en la Calle 36 sur no. 50A-34, barrio Santa Rita de
la localidad de Puente Aranda en dos (2) páginas; y ii) otro suscrito el
24 de febrero de 2018, en relación con el bien que se encuentra en la
Carrera 31D No. 4A-53, apartamento 202, barrio Veraguas Central de
la Localidad de Puente Aranda, en dos (3) páginas (sic).
En su criterio, tales documentos resultan suficientes para acreditar que
la demandada reside en la localidad referida con una antelación que
ronda los dos años y cuatro meses, previo a la fecha de las elecciones
18Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Págs. 398-411.
Solicitud de pruebas en págs.. 412-417.
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en que resultó designada como edil. Adicionalmente, afirma que el primer
contrato de arrendamiento referido consta de dos páginas y adjunta la
imagen del texto completo del contrato al escrito del recurso, en la que,
afirma, se aprecia que el documento sí fue firmado por los contrayentes.
De igual forma, señala que ninguno de tales documentos fue objetado en
relación con su autenticidad ni se solicitó su ratificación y que el Tribunal
erró al restarle valor probatorio, toda vez que dicha modalidad de contrato
siendo onerosa y conmutativa, para su perfeccionamiento no requiere
ninguna solemnidad ni la entrega de la cosa.
ii) Señala que el vínculo que sostienen la demandada y su cónyuge con el
inmueble ubicado en la localidad de Los Mártires, corresponde a la
residencia que de antaño detentan los padres de la primera, en la cual la
familia de la señora Medina Arévalo recibe su correspondencia en
atención a facilidades relacionadas con el servicio de vigilancia y casillero.
iii) Finalmente, aduce que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sacrificó la aplicación del derecho sustancial, dando prevalencia a la
vigencia de las formas procesales, puesto que no advirtió en ninguna
etapa procesal previa al fallo acerca de las falencias formales que
presentaba el primer contrato de arrendamiento aludido, ni desplegó su
actividad probatoria oficiosa para establecer la verdad acerca de la
relación de tenencia alegada respecto del inmueble objeto del contrato.
24. En atención a lo señalado, solicita que se decrete como prueba el texto
integral del contrato de arrendamiento del 1 de febrero de 2016, que se adjunta al
escrito del recurso y que se revoque la sentencia de primera instancia, para, en su
lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
5. Trámite en segunda instancia
25. Por medio de auto del 21 de febrero de 202219, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, concede el recurso de apelación
presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia.
26. El 25 de marzo de 2022 el despacho del magistrado sustanciador admite el
recurso y niega la solicitud de pruebas en segunda instancia formulada por la parte
demandada20. Contra esta última decisión, la parte recurrente presenta recurso de
súplica21, que fue despachado desfavorablemente por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto del 12 de mayo de 202222.
19 Ibídem. Págs. 429-432.
20 Índice SAMAI No. 6
21 Índice SAMAI No. 10
22 Índice SAMAI No. 18.
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27. La parte demandante alega de conclusión23 y solicita la confirmación del fallo
de primera instancia, con apego a argumentos similares a los utilizados previamente
en su demanda y su escrito de alegatos finales en primera instancia.
28. El Ministerio Público rinde concepto y solicita la revocatoria de la decisión del
a quo, por cuanto considera que: i) de los medios legal y oportunamente allegados
al plenario, esto es, la certificación de habitación del cónyuge de la demandada, los
contratos de arrendamiento de vivienda urbana respecto de lugares de habitación
en la localidad de Puente Aranda, el testimonio y declaración juramentada del
esposo y el número de votos que obtuvo en las elecciones, se desprende que la
señora ERIKA MILENA MEDINA AREVALO sí cumplió con el requisito relativo a
haber residido en la localidad de Puente Aranda durante los dos años anteriores a
la fecha de su elección; ii) así como que el a quo confundió el concepto de residencia
electoral con el de residencia habitacional, esto, en virtud a que en la localidad de
Los Mártires la demandada ejercía su derecho al voto, toda vez que el requisito a
que refiere el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, denota que debe utilizarse
el concepto de la residencia propiamente dicha, la cual hace referencia a la
permanencia y vínculo de una persona con determinada zona, siendo esto
determinante para que el candidato tenga un mínimo de conocimiento acerca de las
necesidades del lugar que busca representar, y así mismo, atendiendo a las
funciones del cargo a la cual aspira ser elegido.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
29. La Sala es competente para resolver el presente asunto, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 125.224 y 150 del CPACA25, en concordancia con el
artículo 152, ordinal 8, ibídem26 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado27.
2. Objeto del recurso
30. De conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código General del
Proceso, disposición que indica que el juez de segunda instancia es competente
para examinar el asunto sometido a su consideración únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante y habida cuenta de que en el
presente asunto únicamente presentó recurso de apelación la parte demandada,
23 Índices SAMAI Nos. 25 y 26.
24 Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias (…)
25 El Consejo de Estado conoce de los recursos de apelación formulados contra sentencias
proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
26 Que en su versión previa a la modificación incorporada por la Ley 2080 de 2021, establecía que
los Tribunales Administrativos conocerían en primera instancia De la nulidad del acto de elección de
(…) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades
municipales (…) que sean capital de departamento.
27 Que señala que los asuntos electorales serán de competencia de la Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
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corresponde en este punto establecer los aspectos que serán el objeto de la
presente providencia.
31. Cabe indicar que la parte recurrente centró su atención en la presunta
existencia de: i) una omisión e indebida valoración probatoria por parte del a quo,
que le llevó a omitir varios elementos de convicción obrantes en el proceso que
resultarían suficientes para acreditar que la demandada sí cumplió con el requisito
de residir con al menos dos años de antelación en la localidad de Puente
Aranda, como presupuesto para su postulación al cargo de edil de dicha localidad,
puesto que allí se ubica la casa de habitación que comparte con su familia28; ii) una
prevalencia en la aplicación de disposiciones procesales por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en desmedro de la vigencia del derecho
sustancial, por cuanto en el trámite de primera instancia no se advirtió la
irregularidad relativa al haberse aportado un contrato de arrendamiento de forma
incompleta, ni se desplegaron los poderes oficiosos del juez para establecer la
verdad real sobre dicho aspecto.
3. Problema jurídico
32. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la apelación, hay lugar a confirmar o revocar la
sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala se limitará a estudiar
si en el caso concreto se probó uno de los requisitos establecidos en el artículo 65
del Decreto Ley 1421 de 1993, esto es, haber residido en la respectiva localidad por
lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección29.
33. Para el efecto, la Sala i) hará referencia a las calidades exigidas en el artículo
65 del Decreto Ley 1421 de 1993 para ocupar el cargo de edil; y ii) se pronunciará
sobre el caso concreto.
3. Calidades para ocupar el cargo de edil – artículo 65 del Decreto Ley 1421
de 1993
34. Habida cuenta de lo indicado en relación con el objeto del recurso de
apelación formulado y con el problema jurídico que orientará el desarrollo de la
presente providencia, la Sala se ocupará de estudiar el segundo requisito previsto
en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual se refiere a la existencia de
un vínculo entre la persona que se postula como candidata a edil y la localidad en
que pretende ejercer dicha dignidad.
28 Durante todo el proceso y, en especial, en el recurso de apelación, la recurrente únicamente
manifiesta que el vínculo de la demandada con la localidad de Puente Aranda se debe al hecho de
ubicarse en ella la vivienda que habita con su familia. Por lo tanto, la Sala no se pronunciará sobre
la existencia de vínculos de orden comercial, laboral, profesional o industrial con dicha localidad,
puesto que carece de competencia para ello.
29 Sobre el particular, se aclara que, si bien la disposición referida prevé también otros requisitos
para ocupar el cargo de edil, la Sala se concentrará en verificar únicamente el presupuesto relativo
a haber residido en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha
de la elección, en el cual se centra el debate propuesto por la parte demandada en su recurso de
apelación.
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35. Al respecto, debe señalarse que la Constitución Política en su artículo 40
establece el derecho de [t]odo ciudadano (…) a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político, que cuenta con múltiples manifestaciones, entre
ellas el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Dicha garantía constitucional,
que resulta esencial para la existencia de un orden democrático, no se encuentra
exenta de limitaciones, tal y como ha sido reconocido por la Corte Constitucional:
El artículo 40.1 de la Constitución Política reconoce el derecho político de
todo ciudadano a elegir y ser elegido. (…) [E]ste derecho es “una
manifestación expresa de la calidad activa del ciudadano y forma parte del
conjunto de derechos y deberes de las personas en su relación con el poder
público, como partícipes de la organización del Estado, mediante los
procesos de elección”. (…) [E]l derecho a elegir y ser elegido es un derecho
de doble vía pues, por una parte, permite que los ciudadanos concurran a las
urnas para ejercer su derecho al voto y así materializar su derecho a elegir;
y, por otra parte, posibilita que los ciudadanos postulen su nombre a
consideración del pueblo con el propósito de ser elegido y, de este modo,
acceder directamente ejercicio del poder político. La segunda manifestación
se conoce como el derecho al sufragio pasivo.
Límites al derecho a elegir y ser elegido. Como sucede con todo derecho
fundamental, el derecho a elegir y a ser elegido no tiene un carácter absoluto.
En efecto, ya sea en calidad de elector o de candidato, el ejercicio del
derecho que contempla el numeral 1 del artículo 40 superior está sujeto a
condicionamientos constitucionales y legales y a mecanismos de control
administrativo y judicial de los actos de elección y nombramiento pues con
estos se ‘(garantiza) la institucionalidad misma y el respeto de los principios
de participación democrática previstos en la Constitución’30.
36. Por tanto, el ejercicio del derecho al sufragio, en particular en su dimensión
pasiva, implica que quienes postulan su nombre para desempeñar cargos públicos
deban someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, apenas acordes
con los supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés
común y de la prosperidad colectiva31, entre las que se cuentan las calidades
exigidas para ejercer cargos o integrar corporaciones públicas de elección popular,
entendidas estas como aquellas condiciones relativas a la nacionalidad, la edad, el
ejercicio de la ciudadanía y la residencia, que resultan indispensables para que una
persona pueda acceder al ejercicio de tales dignidades.
37. La residencia exigida a quien aspira a ocupar tales posiciones, guarda
relación con la necesidad de que quienes adoptan decisiones que tienen impacto
sobre una determinada comunidad y ejercen la representación de esta, cuenten con
arraigo suficiente en ella para conocer sus necesidades y problemas, así como con
la capacidad de formular alternativas de solución basadas en la realidad de su
territorio32.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-146 de 2021.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-064 de 2003.
32 En el mismo sentido, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Sentencia del 30 de octubre de 2010. Rad. 08001-23-31-000-2007-00982-01
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38. En concreto, el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que quien
pretenda ocupar el cargo de edil en el Distrito Capital debe ser ciudadano en
ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial,
comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años
anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.
39. Así, la norma en comento no limita el requisito de residencia previsto en la
Constitución al hecho de habitar en la localidad en la que se pretende ejercer como
edil, sino que lo extiende a otros vínculos, tal y como lo ha entendido la
jurisprudencia de esta Corporación, que sobre el particular ha señalado que este
requisito:
… [S]e puede acreditar de dos maneras: (a) por haber residido o (b) haber
desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral,
durante los dos años anteriores a la fecha de la elección33.
40. En efecto, el desarrollo legal citado hace referencia a una acepción del
concepto de residencia que tiene relación directa con la noción de domicilio,
entendido como permanencia y vínculo en una determinada zona, indispensable
para tener un mínimo de conocimiento acerca de las necesidades del lugar al que
se aspira ser elegido34, es decir, que se aproxima al concepto de domicilio civil
previsto en el artículo 78 del Código Civil, que lo entiende como [e]l lugar donde un
individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio.
4. Caso concreto
41. En el asunto bajo examen, la parte recurrente centra su atención
principalmente en señalar que el a quo ignoró una serie de elementos materiales
probatorios que, en su criterio, dan cuenta de que la demandada tiene su residencia
familiar en la localidad de Puente Aranda con una antelación superior a la exigida
por el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
42. Al respecto, cabe indicar que la Ley 1475 de 2011 en su artículo 28 establece
que los partidos y movimientos habilitados para postular candidatos a cargos de
elección popular, deben realizar su inscripción previa verificación del cumplimiento
de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad35. De tal modo, previo a la
inscripción de la candidatura de la demandada, existió un ejercicio de verificación
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 6 de
octubre de 2016, Rad.25000-23-41-000-2015-02381-01.
34 Ibídem.
35 Si bien la norma se refiere a partidos y movimientos con personería jurídica, la Corte
Constitucional, en sentencia C-490 de 2011, declaró la exequibilidad condicionada del aparte
normativo citado, en el entendido que el deber de verificación a que alude el precepto se extiende a
todos los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de
viudadanos, con facultad de postulación de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
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respecto de las calidades que debía acreditar para hacer viable su postulación como
candidata a edil de la localidad de Puente Aranda.
43. Consultado el formulario E-6 JL, aportado al proceso por la parte
demandante, se advierte que en él consta que la demandada, al momento de la
inscripción de su candidatura, manifestó bajo la gravedad de juramento residir en la
Carrera 31D No. 4A-53, apartamento 20236, dirección que se ubica en la localidad
de Puente Aranda.
44. Por otra parte, el artículo 32 ibídem dispone que la autoridad electoral
únicamente está llamada a verificar el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos para la inscripción de candidaturas, con lo cual dicha autoridad debe
presumir, en cumplimiento del principio constitucional de buena fe, que la
información consignada por los partidos y movimientos en los formularios
correspondientes es real y suficiente para acreditar el cumplimiento de las calidades
y requisitos correspondientes al cargo o corporación al cual presentan sus
candidatos.
45. De tal manera, que quien alega el incumplimiento de las calidades exigidas
por la ley a quienes postulan su nombre para desempeñar cargos o integrar
corporaciones de elección popular, se encuentra llamado a probar la ausencia de
estos.
46. En el caso bajo estudio, la parte demandante afirma que el requisito relativo
a haber residido (la demandada) o desempeñado alguna actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los
dos años anteriores a la fecha de la elección, fue desconocido por la autoridad
electoral encargada de declarar la elección de la demandada como edil de la
localidad de Puente Aranda, dado que, según su dicho, existen elementos de
prueba suficientes para tener por probado que su residencia se ubicaba en la
localidad de Los Mártires.
47. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio crédito a lo indicado por el
accionante y accedió a la pretensión de nulidad del acto demandado, con
fundamento en los siguientes hechos y elementos probatorios allegados al proceso:
i) Ante la autoridad electoral (…), la señora Erika Milena Medina Arévalo
tuvo su lugar de residencia electoral y de registro en el censo electoral
en la localidad de Los Mártires hasta el año 2018, esto es el año
inmediatamente anterior, en el que ejerció incluso su derecho al voto
en el puesto de votación 03-COLSEGUROS, localidad de Los
Mártires, y solo hasta el 8 de julio de 2019, cambió su lugar de votación
y residencia a la localidad de Puente Aranda.
ii) Ante la autoridad tributaria – DIAN, nunca se registró por parte de la
señora Erika Milena Medina Arévalo una dirección o domicilio que
36 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 1_ED_DEMANDADENULIDADP(.pdf) NroActua 3. Pág. 26.
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correspondiera a la localidad de Puente Aranda, siendo de profesión
contadora y conociendo su importancia, pues corresponden todas,
hasta el año 2020 a la unidad residencial COLSEGUROS, de la
localidad de Los Mártires, la misma que adujo la testigo, como la
reconocida en el barrio como vivienda de la demandada. Ni siquiera
su esposo, siendo igualmente de profesión contador, presentó una
dirección de domicilio principal en Puente Aranda, es más, este
relaciona una dirección aparentemente ubicada en la localidad de
Bosa (CR 68D 56-23 SUR), de la cual no hay claridad sobre su vínculo
laboral o de habitación.
iii) Sólo se presenta un contrato de arrendamiento en la Carrera 31D #
4A-53 APTO 202 en la localidad de Puente Aranda, cuyo arrendatario
es Juan Gabriel Nieto López, con vigencia a partir del 24 de febrero de
2018, esto es un año anterior al de las elecciones, pues el aportado
para el año 2016 donde lo suscribe la demandada, está incompleto y
no se allega el documento debidamente suscrito o firmado por las
partes.
iv) Sólo el testimonio de su esposo es el que avala su lugar de residencia
en la localidad de Puente Aranda, domicilio que incluso costó
fundamentar en su declaración, pues hizo énfasis en su vínculo laboral
con la dirección ubicada en Los Mártires, donde presuntamente
estaría su oficina, lo cual no procedió a acreditar ni probar, más allá
de lo afirmado, por lo que pudiera ser también su lugar de habitación.
v) Para el 30 de junio de 2017, exactamente dos años previos a las
elecciones de 2019 en las que participó la señora Medina Arévalo y
que fue elegida, su dirección certificada de domicilio era la Carrera
29A # 22-39, barrio COLSEGUROS, tal y como lo informó el Alcalde
Local (E) de Los Mártires y a solicitud de aquella.
48. Contrario a lo sostenido por el a quo, para la Sala, de las pruebas antes
referidas no es posible concluir que la señora Erika Milena Medina Arévalo no
residía en la localidad de Puente Aranda con suficiente antelación al momento de
su elección, como pasa a explicarse:
49. Frente a las afirmaciones relacionadas con la inscripción de la demandada
en el censo electoral, en el cual figuraba una dirección perteneciente a la localidad
de Los Mártires hasta el mes de julio de 2019, cuando modificó dicha información
señalando como residencia un inmueble ubicado en la localidad de Puente Aranda,
debe advertirse que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que el concepto
de residencia electoral prevista en el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 no
necesariamente corresponde al domicilio civil de la persona37. Así lo ha entendido
esta Sección:
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de
mayo de 2002. Rad. 25000-23-24-000-2000-0824-01.
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(…) [L]a residencia electoral está ligada al concepto de censo electoral,
definido en el artículo 47 de la Ley 1475 del 2011 como ‘el registro general
de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos
colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la
Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente,
para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de
participación ciudadana’, el cual, también corresponde al ‘instrumento
técnico, elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le
permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar
los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana’.
Así las cosas, se puede decir que la residencia electoral es aquella en la cual
los ciudadanos inscriben su cédula de ciudadanía con el fin de que haga parte
del censo electoral de un lugar, en el cual se ejercerá el derecho al voto,
siempre que se tenga un vínculo con el sitio en el cual se hace la respectiva
inscripción, en la medida que el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 163
de 1994 determina que: ‘con la inscripción, el votante declara, bajo la
gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio’.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando en el artículo 65 del
Decreto Ley 1421 de 1993 se determinó que para ser edil, se requiere haber
residido en la respectiva localidad en la cual se inscribe la candidatura por lo
menos durante los dos años anteriores a la elección, dicha acepción tiene
relación directa con la noción de domicilio, entendido como permanencia y
vínculo en una determinada zona, indispensable para tener un mínimo de
conocimiento acerca de las necesidades del lugar al que se aspira ser
elegido38.
50. En el mismo sentido, también se ha indicado que la acreditación de la calidad
de residente que se exige a quien se postula a un determinado cargo de elección
popular, como es el de edil del Distrito Capital, no se trata de la residencia electoral
que se exige a las personas que van a ejercer su derecho a elegir y a participar en
las decisiones en el ámbito local, es decir, a los electores39.
51. Adicionalmente, a partir de lo señalado en la norma en mención, esta Sección
ha indicado que de allí derivan varios elementos definitorios del concepto de
residencia electoral40, entre los que se cuenta la unicidad, entendida como la
obligación con que cuentan los ciudadanos que tienen vínculos con más de una
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 6 de
octubre de 2016, Rad.25000-23-41-000-2015-02381-01.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de
octubre de 2008. Rad. 08001-23-31-000-2007-00982-01. Si bien en esta decisión se hace referencia
a la residencia exigida por el artículo 299 superior para ocupar una curul en las asambleas
departamentales, los razonamientos expuestos resultan plenamente aplicables al caso de los ediles
del Distrito Capital de Bogotá, toda vez que se refiere a la diferencia entre la residencia electoral
exigida a los electores y el carácter de residente que tiene como requisito para el acceso a cargos o
la integración de corporaciones públicas de elección popular.
40 Ibídem.
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dirección de residencia (p.ej. habitacional, profesional, comercial), de elegir sólo uno
de ellos para efectos del ejercicio de su derecho al voto.
52. Así, el hecho de que la demandada tuviese registrada una dirección ubicada
en la localidad de Los Mártires, permite presumir la existencia de un vínculo con esa
localidad, pero no descartar en vínculo con otros lugares en los que la señora Media
Arévalo pudiese tener su vivienda o desarrollar otras actividades. Por lo tanto, dado
que el concepto de domicilio civil y la propia enunciación del requisito cuyo
incumplimiento se alega resultan mucho más amplios que la residencia electoral a
que alude la parte demandante, lo señalado en el documento en mención resulta
insuficiente para sustentar la declaratoria de nulidad del acto electoral acusado.
53. De igual forma, cabe pronunciarse frente a lo indicado en la sentencia de
primera instancia respecto de la dirección registrada ante la DIAN dentro de las
actualizaciones del Registro Único Tributario (RUT) realizadas por la demandada.
54. Si bien existe una actualización de dicho registro realizada por la señora
Medina Arévalo en Julio de 2016, en la cual indicó que su dirección de residencia
se ubicaba en la CR 29 A 22 3 ante l9 AP 2711 CONJ UNIDAD RESIDENCIAL
COLSEGUROS41, no es posible afirmar que la información allí consignada en
relación con el domicilio de quien tiene la obligación de declarar necesariamente
obedezca al lugar en que habita, pues el RUT tiene fines exclusivamente fiscales.
55. Así, según lo dispuesto en el Estatuto Tributario (artículo 555-2), el RUT,
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que
tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no
contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio (…) y los demás sujetos de
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
respecto de los cuales esta requiera su inscripción.
56. Adicionalmente, el Decreto Único Reglamentario 1625 del 11 de octubre de
2016, prevé lo siguiente:
Artículo 1.6.1.2.2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). El Registro
Único Tributario (RUT) constituye el mecanismo único para identificar, ubicar
y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por
decisión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) conforme con las normas legales y
raglamentarias vigentes.
Artículo 1.6.1.2.5. Elementos del Registro Único Tributario (RUT). Los
elementos que integran el Registro Único Tributario (RUT), son:
41 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 37_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3.
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(…)
2. UBICACIÓN
La ubicación comprende el domicilio principal, números telefónicos y correo
electrónico donde la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales-DIAN puede contactar oficialmente y para todos los
efectos, al respectivo inscrito.
El domicilio principal inscrito en el formulario del Registro Único Tributario
(RUT), será el informado por el obligado; en el caso de las personas jurídicas
o asimiladas, dicha dirección deberá corresponder a la señalada en el
documento de constitución vigente y/o documento registrado.
Sin perjuicio de la dirección registrada como domicilio principal, el
responsable deberá informar la ubicación de los lugares donde desarrolla sus
actividades económicas.
Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN en desarrollo del artículo 579-1 del Estatuto Tributario
determine el domicilio fiscal de una persona jurídica, este deberá
incorporarse en el Registro Único Tributario (RUT) y tendrá validez para todos
los efectos, incluida la notificación de los actos administrativos proferidos por
esta Entidad.
La dirección que el obligado informe al momento de inscripción o
actualización tendrá validez para todos los efectos, sin perjuicio de otras
direcciones que para casos especiales consagre la Ley. (…)
57. Como se observa -supra-, la información suministrada en el RUT no
corresponde a un único domicilio del sujeto obligado ante la DIAN, sino que,
justamente, existe la posibilidad de que quien realiza el trámite ante la autoridad
tributaria cuente con más de un domicilio, sin que necesariamente la dirección
registrada sea la de su lugar de habitación.
58. En relación con el contrato de arrendamiento que, según el dicho de la parte
demandada, fue suscrito por la señora Arévalo en febrero de 2016 respecto del
inmueble ubicado en la Calle 36 sur No. 50A-34, barrio Santa Rita en la localidad
de Puente Aranda, cabe indicar que el documento aportado no cuenta con las firmas
de quienes se identifican como partes de este.
59. Si bien es claro que, como asegura la recurrente, el arrendamiento de
vivienda urbana no requiere solemnidad alguna para su celebración42, lo cierto es
que la demandada intentó acreditar la existencia de un contrato celebrado por
escrito con un elemento probatorio que no resulta suficiente para probar plenamente
el nacimiento a la vida jurídica de dicho contrato, pues la relación de datos de las
42 Ley 820 de 2003, artículo 3.
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Demandante: Edgar Andrés Rincón Zuluaga
Demandado: Erika Milena Medina Arévalo–
edil localidad de Puente Aranda 2019-2023
Radicado: 25000-23-41-000-2019-01154-01
partes y demás atributos del documento aportado no prueban que efectivamente se
celebró dicho contrato.
60. No obstante lo anterior, en el expediente obran pruebas que resultan
suficientes para tener por acreditado que la demandada tenía su residencia familiar
en la localidad de Puente Aranda, al menos desde el 26 de julio de 2017, por cuanto,
en la declaración vertida por su cónyuge en el proceso43, este indicó que siempre
ha compartido su lugar de residencia con ella44, afirmación que no fue controvertida
ni desvirtuada en el proceso; y, junto al escrito de contestación de la demanda, se
aportó una certificación expedida por el alcalde local de Puente Aranda, expedida
el 26 de julio de 2017, en la que da cuenta que el señor Juan Gabriel Nieto López
tiene su domicilio en la CALLE 36 SUR # 50 A – 34 barrio LA GUACA, dirección
ubicada en dicha localidad.
61. Esa certificación fue expedida en ejercicio de la función asignada a los
alcaldes locales, para la época, por el artículo 49 del Decreto Distrital No. 854 de
2001, disposición que les otorgaba la facultad consagrada en el artículo 82 del
Código Civil Colombiano45, de recibir y certificar sobre las manifestaciones de ánimo
de avecindamiento que realicen los ciudadanos.
62. Así, los elementos probatorios antes referidos conducen a concluir que i) el
señor Nieto López, para el 26 de julio de 2017, residía en la localidad de Puente
Aranda; y ii) que, para esa fecha, también lo hacía con la señora Erika Milena
Medina Arévalo, por cuanto se acreditó que compartían el mismo lugar de habitación
como pareja.
63. Ahora bien, en relación con la certificación emitida el 30 de junio de 2017 por
el alcalde local de los Mártires46, en la que da cuenta de que la demandada residía
en dicha localidad, se advierte que esta fue expedida con antelación a la
certificación obtenida por su cónyuge, con lo cual, para la Sala, se encuentra
acreditado que, tras haber residido en la localidad de los Mártires, la demandada se
trasladó con su familia a la localidad de Puente Aranda, cuando menos para la fecha
señalada en el párrafo anterior.
64. Así las cosas, dado que las pruebas allegadas al plenario dan cuenta de que
para el 26 de julio de 2017 la demandada tenía su residencia familiar en la localidad
de Puente Aranda, la Sala concluye que, al momento de su elección como edil, que
tuvo lugar en el mes de octubre de 2019, esta llevaba más de dos años habitando
dicha localidad, por lo que se cumplió en debida forma el requisito establecido en el
artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
43 Registro civil de matrimonio visible en: Índice SAMAI No. 3. Archivo:
3_ED_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf) NroActua 3. Pág. 28.
44 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Pág. 265.
45 ARTICULO 82. <PRESUNCION DE DOMICILIO POR AVECINDAMIENTO>. Presúmese también
el domicilio, de la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o corregidor, del ánimo de
avecindarse en un determinado distrito.
46 Índice SAMAI No. 3. Archivo: 45_ED_02EXP201901154(.pdf) Nro Actua 3. Pág. 248.
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Demandante: Edgar Andrés Rincón Zuluaga
Demandado: Erika Milena Medina Arévalo–
edil localidad de Puente Aranda 2019-2023
Radicado: 25000-23-41-000-2019-01154-01
65. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia y,
en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 27 de enero
de 2022, providencia en la que se declaró la nulidad de la elección de la señora
Erika Milena Medina Arévalo, como edil de la localidad de Puente Aranda, en la
ciudad de Bogotá, D.C., para el período 2020 – 2023; y, en su lugar, DENEGAR las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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