Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00284-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 25000-23-41-000-2024-00284-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00284-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-00284-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de junio de 2025
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00284-01
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D. C.
para el periodo 2024-2027
Temas: Derecho personal a ocupar una curul como prerrogativa
establecida en el artículo 112 de la Constitución Política -
Régimen de inhabilidades aplicable – Inhabilidad por
celebración de contratos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por
el Concejo de Bogotá1 contra el fallo proferido el 6 de febrero de 20252 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante el cual se accedió a las pretensiones de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Luis Humberto Guidales García presentó demanda3, en ejercicio del medio de control
establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 20114, con el fin de obtener la nulidad
del acto de elección del señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá
D.C. para el periodo 2024-20275, contenido en los formularios E-26 AL y E-26 CON
emitidos por la Comisión Escrutadora General del 08 de noviembre de 2023.
1
Vinculado al presente trámite conforme lo dispuesto en el auto del 08 de febrero de 2024 (índice 4 Samai del tribunal), por medio
del cual se admitió la demanda, así: «3º) Notifíquese personalmente este auto al (i) registrador nacional del estado civil, (ii) al
presidente del Consejo Nacional Electoral y (iii) al presidente del Concejo Distrital de Bogotá, a sus delegados o quienes hagan
sus veces, en la forma dispuesta en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, mediante mensaje dirigido al buzón
para notificaciones judiciales de dicha entidad».
2
Índice 61 Samai del tribunal.
3
Índice 2 Samai del tribunal.
4
En adelante CPACA.
5
En razón a la aceptación a la curul de que trata el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018
[Estatuto de la Oposición Política].
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
1.1.1. Hechos
2. El demandante alegó que el señor Juan Daniel Oviedo Arango estaba inhabilitado
para ser inscrito6 como candidato a la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C., como quiera
que dentro de los doce (12) meses anteriores a las elecciones suscribió 7, en interés
propio, un contrato8 con el Fondo Nacional de Garantías, esto es, con una entidad
pública del orden nacional, cuyo lugar de ejecución correspondía a la ciudad de Bogotá
D.C., inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3. En criterio del accionante, el acto acusado es nulo por la causal prescrita en el
numeral 5 del artículo 275 del CPACA, en tanto, se eligió a un candidato inhabilitado,
en consideración a la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, el cual prescribe lo siguiente:
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: […]
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. […].
4. Para el accionante, en el caso concreto se encuentran acreditados todos los
elementos que configuran la inhabilidad señalada. Esto, porque el señor Oviedo Arango
suscribió un contrato con una entidad pública del orden nacional (elemento objetivo),
dentro de los doce meses anteriores a la elección (elemento temporal), a cambio de
una contraprestación económica o usufructo propio (elemento subjetivo). Asimismo,
dicho contrato tuvo como objeto el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la
ciudad de Bogotá D.C., es decir, en el distrito en el que le fue asignada una curul al
demandado (elemento territorial).
1.2. Trámite en primera instancia
1.2.1. Admisión y otras decisiones
5. Por medio de auto del 8 de febrero de 20249, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda10 y dispuso las
notificaciones y comunicaciones pertinentes.
6
El accionante señaló que el señor Oviedo Arango se inscribió como candidato al cargo de alcalde Mayor de Bogotá para el
periodo 2024-2027 por el grupo significativo de ciudadanos «Con toda por Bogotá».
7
El demandante indicó que la fecha de suscripción del contrato se produjo el 20 de junio de 2023.
8
En su demandada, el señor Guidales García señaló que «[e]l 20 de junio de 2023, el señor JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO,
suscribió el contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 2023400034, en la modalidad de contratación directa, con el Fondo
Nacional de Garantías S.A. (FNG), sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del Orden Nacional, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de 2023, y su valor ascendió a la
suma de CIENTO SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($106.016.318)».
9
Índice 4 Samai del tribunal.
10
Inicialmente la demanda fue presentada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y por medio de auto del 17 de enero de
2024, por falta de competencia, se ordenó la remisión del asunto al tribunal. Esta decisión fue objeto del recurso de reposición que
fue resuelto en providencia del 30 de enero de 2024, por medio de la cual no se repuso la orden del 17 del mismo mes y año.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
6. En el término de los traslados de la admisión de la demanda se presentaron las
intervenciones que se refieren a continuación.
1.2.2. Contestación
7. La parte demandada11, a través de apoderado, se manifestó sobre cada uno de los
hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones de nulidad al considerar que no
se encuentra inhabilitado. Precisó que la norma con la que el accionante sustentó su
demanda12, no es aplicable ni extensible al caso del señor Oviedo Arango, porque no
fue elegido como alcalde sino declarado concejal en razón a un derecho personal
consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909
de 2018.
8. En ese orden, alegó que el régimen de inhabilidades no admite interpretación más
allá de la plasmada por el legislador, así que, atendiendo el carácter taxativo y
restrictivo de aquel, la prohibición que alegó la parte demandante no le resulta aplicable
al accionado porque este no ostenta ni ejerce el cargo de elección popular que señala
de manera expresa el artículo citado en la demanda.
9. Además, la inscripción como candidato a la alcaldía no afecta su curul como concejal
de Bogotá, puesto que, la nulidad electoral recae sobre actos de elección y
nombramiento dentro de los cuales no encuadra la inscripción de una candidatura ya
que la competencia para disponer sobre la anulación de inscripción está reservada al
Consejo Nacional Electoral.
10. En relación con la causal de inhabilidad alegada explicó que la intervención en
gestión de negocios o celebración de contratos no surge con acuerdos de cualquier
naturaleza. Al respecto, hizo énfasis en que se debe tener en cuenta el beneficio
recibido y la potencialidad real en la eventual ventaja obtenida frente a los contendores,
así como en la influencia de ello en los ciudadanos, aspectos que no advierten en este
caso particular, razón por la cual, dicho cargo tampoco podría prosperar.
11. A través de apoderado judicial, el Concejo Distrital de Bogotá13 se manifestó
sobre la imposibilidad de contestar la demanda de nulidad electoral toda vez que a su
juicio el medio de control caducó. Esto, al considerar que el término establecido en el
literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 debe contarse desde el
9 de noviembre de 2023 (día siguiente hábil a la declaratoria de elección). En ese
orden, la parte actora podía interponer la demanda hasta el 15 de enero de 2024; sin
embargo, en el expediente se advierte que esta fue radicada el 16 de enero de 2024,
es decir, cuando había terminado el plazo legal para el efecto.
12. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) solicitó14 que se decrete la
configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que a la entidad le corresponde la obligación legal de verificar los requisitos
11
Índices 25 y 26 Samai del tribunal.
12
Esto es, el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994
13
Índices 22 y 23 Samai del tribunal.
14
Índice 21 Samai del tribunal.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
legales y formales para realizar la inscripción de candidaturas mas no tiene injerencia
en la investigación y declaratoria de las inhabilidades de los candidatos.
13. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe solicitó15 ser reconocido como
coadyuvante de la parte demandante.
1.2.2. Trámite de sentencia anticipada
14. Mediante auto del 7 de noviembre de 202416, el tribunal dispuso adelantar el trámite
para proferir sentencia anticipada. Para el efecto, se pronunció sobre las excepciones17
y la solicitud de la coadyuvancia18. De igual forma, prescindió de la realización de la
audiencia inicial y la de pruebas, fijó el litigio19, decretó las probanzas solicitadas y dio
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para presentar
concepto.
15. En ese orden, en los alegatos presentados el extremo demandado20 ratificó lo
expuesto en su escrito de contestación de la demanda y el Concejo Distrital de
Bogotá D.C.21 solicitó negar las pretensiones de la demanda. El coadyuvante pidió22
que se accediera a la nulidad deprecada y señaló que la designación del accionado,
en virtud del derecho personal derivado del estatuto de la oposición, no implica que se
encuentre exceptuado del régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables. El
demandante no alegó de conclusión y el CNE no presentó manifestación alguna.
16. En su concepto23, el Ministerio Público consideró que las pretensiones de la
demanda no estaban llamadas a prosperar porque en el expediente no se demostró,
con plena prueba, el elemento subjetivo de la inhabilidad endilgada. En ese sentido,
explicó que el interés o beneficio propio del candidato que prevé la norma para
configurar la inhabilidad alegada supone la comprobación de que potencialmente dicha
ventaja económica haya generado un desequilibrio entre los candidatos en favor del
señor Oviedo, aspectos que no se encuentran acreditados en el proceso.
17. En memorial del 10 de febrero de 202424, el apoderado del señor Oviedo presentó
una solicitud para que se estudiara la aplicación del principio de non bis in ídem al caso
concreto y para el efecto destacó que dentro del radicado 25000-23-15-000-2024-
00196-00, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud
de pérdida de investidura instaurada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en
contra del concejal de Bogotá D.C. Juan Daniel Oviedo Arango, controversia que versó
15
Índice 40 Samai del tribunal.
16
Índice 60 Samai del tribunal.
17
Al respeto dispuso declarar no probada la excepción de caducidad planteada por el Concejo Distrital de Bogotá y declarar
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la RNEC.
18
El tribunal aceptó como coadyuvante de la parte demandante al señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.
19
El problema jurídico se planteó en los siguientes términos: «[…] se deberá establecer si el demandado, el señor Juan Daniel
Oviedo Arango, incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 al, presuntamente
haber celebrado un contrato con el Fondo Nacional de Garantías dentro del año anterior a la elección y, en consecuencia,
determinar si su elección como Concejal del Distrito Capital de Bogotá para el período 2024 – 2027 contenida en el acta de
escrutinio formulario E-26 ALC y E-26 CON emitidos por la Comisión Escrutadora de Bogotá el día 8 de noviembre de 2023, debe
declararse nula».
20
Índices 54 Samai del tribunal.
21
Índice 55 Samai del tribunal.
22
Índices 53 y 56 Samai del tribunal.
23
Índice 57 Samai del tribunal.
24
Índices 59 Samai del tribunal.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
sobre las mismas situaciones fácticas y jurídicas que se debaten en el presente proceso
de nulidad electoral.
1.2.3. Sentencia de primera instancia
18. En providencia del 6 de febrero de 202525, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, accedió a las pretensiones de nulidad.
19. Precisó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado26, el
régimen de inhabilidades de quienes acceden al cargo a través de la modalidad de
designación por derecho personal en virtud del estatuto de la oposición resulta más
restrictivo y para el efecto señaló lo siguiente:
[Q]uien se postula a un cargo uninominal, al conocer que existe un derecho personal en
caso de quedar en segundo lugar de las votaciones, deberá verificar que no incurra en
las causales de inhabilidad del cargo para el que se inscribió, en este caso, las
inhabilidades para ocupar el cargo de alcalde, ni en las que podría incurrir con ocasión
del derecho personal establecido en el artículo 112 constitucional, en este caso, las
inhabilidades para concejales.
20. Explicó que al candidato le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos
para ser elegido al cargo uninominal al que aspira, así como los propios del que podría
ocupar en la respectiva corporación en caso de quedar en segundo lugar frente al
ganador.
21. Precisó que, en todo caso, la inhabilidad por celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, dentro del año anterior a la
elección, aplica también para los concejales toda vez que así lo estableció el legislador
en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
22. Por lo indicado, determinó que la inhabilidad que debía analizarse era la propuesta
por el demandante, esto es, la aplicable a los alcaldes comoquiera que el señor Oviedo
Arango inscribió su candidatura como aspirante a la Alcaldía de Bogotá D.C., pero en
virtud del derecho personal antes mencionado, resultó designado como concejal.
23. En ese orden, procedió con el estudio de los elementos de prueba que integran el
expediente para determinar si se configuraban de los elementos de la prohibición
referida, así:
Elemento material: Lo encontró acreditado porque se demostró que el accionado
celebró un contrato de arrendamiento de bien inmueble con el Fondo Nacional de
Garantías (sociedad de economía mixta que hace parte de la rama ejecutiva del
poder público en el orden nacional) cuyo plazo de ejecución estaba pactado hasta
el 31 de diciembre de 2024, por valor de ciento seis millones dieciséis mil
trescientos dieciocho pesos ($106.016.318) con IVA y administración incluida.
25
Índice 61 Samai del tribunal.
26
Para el efecto refirió la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 16 de
diciembre de 2020. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 2019-00173-01
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
Elemento temporal: Se probó que el contrato se suscribió el día 20 de junio de
2023, es decir, dentro del período inhabilitante, el cual inició el 29 de octubre de
2022, en consideración de que las elecciones para autoridades territoriales se
realizaron el día 29 de octubre de 2023. Por lo tanto, este elemento se encontró
demostrado.
Elemento territorial: Se advirtió que el contrato se ejecutó en la ciudad de Bogotá
D.C., esto es el municipio en el cual resultó elegido el demandado, por ello, este
elemento también se encontró acreditado.
Elemento subjetivo: El tribunal encontró, a partir del análisis de las obligaciones
del contrato, que este se celebró en interés de ambos contratantes, dado su
carácter oneroso y conmutativo, en el que el accionado perseguía una finalidad
económica en beneficio propio. Así mismo precisó que la mera existencia del
vínculo contractual del demandado con el Estado implica una ventaja potencial
para este afectando el principio de igualdad electoral.
24. De esta forma el tribunal encontró probada la configuración de la inhabilidad
contenida en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificada por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000; toda vez que se acreditaron los elementos
constitutivos de la misma. Por lo anterior, decidió anular el acto de elección del señor
Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D. C. (2024-2027).
1.2.4. Recursos de apelación
1.2.4.1. Trámite en primera instancia
25. La decisión de primera instancia fue notificada a las partes mediante mensaje de
datos remitido el 11 de febrero de 202527, providencia contra la cual el extremo
accionado presentó solicitud de aclaración y adición28 que fue negada mediante auto29
del 27 de febrero de 202530 y, posteriormente, recurso de apelación el 12 de marzo de
202531. Por su parte, el Concejo Distrital de Bogotá también presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia mediante memorial radicado el 6 de
marzo de 202532.
26. En la apelación del demandado, en resumen, se solicitó revocar la sentencia para
que se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos
que se exponen a continuación.
27. En primer lugar, señaló que el tribunal, enmarcó el estudio del caso en la causal del
numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que se refiere a la restricción para
27
Índice 65 Samai del tribunal.
28
Índices 66 y 67 Samai del tribunal.
29
En esta decisión el tribunal precisó lo siguiente: «Conviene señalar que el apoderado del señor Oviedo Arango pretende que
mediante sentencia complementaria se realice un estudio respecto de la aplicación del principio de non bis in ídem presentada el
10 de febrero de 2025. No obstante, la Sala encuentra que dicho argumento fue traído a la discusión de manera extemporánea
comoquiera que no lo argumentó en la contestación de la demanda, ni en los alegatos de conclusión. Se le recuerda al apoderado
del señor Oviedo Arango que la sentencia se profirió el día 6 de febrero de 2025; luego la solicitud elevada el 10 de febrero de
2025 con un argumento nuevo que estuvo ausente a lo largo de todo el debate judicial, no resulta ahora procedente». Índice 70
Samai del tribunal.
30
Esta providencia se notificó mediante estado del 5 de marzo de 2025. Índice 73 Samai del tribunal.
31
Índice 80 Samai del tribunal.
32
Índice 74 Samai del tribunal.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
acceder al cargo de alcalde y, de manera extralimitada, trajo a la controversia el
régimen de inhabilidades de concejales sin que el demandante hubiese elevado tal
cargo y sin que se haya fijado en el litigio.
28. Por otra parte, resaltó que frente al carácter restrictivo de las inhabilidades los
operadores jurídicos deben limitarse de forma específica a estudiar la endilgada sin
que puedan extenderse a otras situaciones que conlleven la aplicación de una
limitación de derechos políticos, a circunstancias no previstas por el legislador33.
29. Igualmente, acusó que el tribunal de primer grado no consideró la condición
especial del accionado, quien ocupa el cargo de concejal en virtud del derecho personal
declarado por el estatuto de la oposición y, por el contrario, le impuso mayores cargas
y restricciones, tales como las establecidas en el régimen de inhabilidad de los cargos
de elección popular.
30. Así mismo, refirió que el tribunal omitió que la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional34 al estudiar el artículo en cuestión han señalado que no
todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de configurar la
inhabilidad.
31. También, hizo alusión a la sentencia SU-207 de 2022 proferida por la Corte
Constitucional, en la que se señaló que en el estudio de la inhabilidad frente al
parentesco por la incidencia de un funcionario de un nivel frente a otro de superior
orden «se debe determinar la afectación de la voluntad general por los respectivos
medios probatorios y una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de
razonabilidad y proporcionalidad, esto es, la probabilidad real y efectiva de la incidencia
de la ventaja e influencia».
32. Refirió que, en virtud de la sentencia del 26 de octubre de 2023 de la Subsección
A Sección Tercera del Consejo de Estado35, dicha argumentación es extensible a otras
inhabilidades y, en caso particular de la celebración de contratos, se precisó que se
debe estudiar el desequilibrio entre los candidatos. Así, el juez electoral debe ser
especialmente cuidadoso a efectos de evidenciar la probabilidad real de incidencia, de
modo tal que no se restrinja injustificadamente el derecho de acceder a cargos públicos
ni la eficacia del voto.
33. En ese orden, explicó que en el caso concreto no se demostró que se hubiera
afectado la igualdad entre los aspirantes ni que se hayan usado los recursos para
33
En ese orden precisó: «[N]o es dable aplicar las mismas condiciones y restricciones entre un ciudadano que es electo por voto
popular a un declarado por derecho personal, porque estos representan diferentes derechos y tienen distintas finalidades en la
democracia. En el caso del derecho de oposición, este es un derecho de especial atención para garantizar control político, el
respeto de las ideas disimiles con el gobierno, la participación de las minorías opositoras y el equilibrio de poderes; el derecho
personal necesita de aceptación, esto es, la voluntad de ocupar o no la curul derivada de la segunda votación más alta, debido a
que es un derecho que tiene el candidato y no la organización política donde además se estableció en pro de la eficacia del voto
de minorías […] el legislador al consagrar el derecho personal de ocupar una curul en una corporación pública determinada por
haber obtenido la segunda votación más alta en un cargo uninominal, no limitó dicho derecho fundamental con inhabilidades ni
circunstancias en la que no se podía aceptar la curul de oposición, sino que se fundamentó en la eficacia del voto».
34
Para el efecto refirió las sentencias C-618 de 1997 y SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional y la providencia proferida el 26
de octubre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Rad. 25000-23-15-000-2023-00720-01
M.P. María Adriana Marín.
35
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2023. Rad. 25000-23-15-000-2023-00720-
01. MP María Adriana Marín.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
desequilibrar el certamen electoral e incluso, aclaró que ni siquiera se acreditó que se
hayan recibido recursos públicos36.
34. Para finalizar, resaltó que «se desconoció el principio de confianza legítima,
seguridad jurídica, cosa juzgada, igualdad y justicia material, toda vez que no se tuvo
en cuenta que existe una garantía a favor del miembro de la corporación pública que
no puede ser desconocida, como lo es la sentencia de primera instancia del proceso
de perdida [sic] de investidura que decidió la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -25000231500020240019600-».
35. Por su parte, el Concejo Distrital de Bogotá, solicitó revocar la decisión de primer
grado con fundamento en los siguientes argumentos.
36. Explicó que la sentencia de primera instancia riñe con la providencia del 14 de mayo
de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
el marco de la solicitud de pérdida de investidura instaurada por Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe en contra de Juan Daniel Oviedo Arango, por la causal de inhabilidad
consagrada en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, junto con el numeral
2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en la que se determinó que en el caso del señor
Oviedo Arango no era posible aplicar las inhabilidades previstas en el ordenamiento
jurídico para los concejales.
37. Asimismo, precisó que, en todo caso, no se pudo demostrar que el contrato estatal
suscrito con el Fondo Nacional de Garantías hubiese reputado un beneficio electoral
que «alterara las condiciones normales y sanas de la campaña» en favor del concejal
y, por tanto, «el contrato suscrito no tuvo la entidad necesaria para desequilibrar los
pasados comicios en los que de manera libre y espontánea fue elegido Carlos
Fernando Galán Pachón como alcalde Mayor de Bogotá D.C.».
38. Mediante autos del 1237 y 2038 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, concedió las impugnaciones
presentadas.
1.2.4.2. Trámite de los recursos de apelación en segunda instancia
39. El 8 de abril de 202539, el despacho sustanciador admitió los recursos de apelación
y ordenó adelantar el trámite conforme al artículo 293 del CPACA. Esta decisión fue
objeto del recurso de súplica40, en tanto dispuso no tener como prueba la imagen
aportada y el enlace referido en el memorial de impugnación del demandado, y fue
confirmada mediante auto del 8 de mayo de 202541.
36
Para el efecto, alegó que al consultarse el contrato: «la fuente de los recursos NO es del Presupuesto General de la Nación –
PGN, NO es del Sistema General de Participaciones – SGP, NO es del Sistema General de Regalías - SGR, NO son de recursos
propios (Alcaldías y Gobernaciones), NO son recursos de Crédito, sino que se señaló que eran otros recursos sin especificar
cuáles, categoría que tiene la opción de recursos privados». [sic a toda la transcripción].
37
Índice 76 Samai del tribunal.
38
Índice 82 Samai del tribunal.
39
Índice 7 Samai.
40
Índice 11 Samai.
41
Índice 20 Samai.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
40. La Secretaría de la Sección Quinta puso a disposición los escritos de apelación42 y
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión43 y al Ministerio Público, para que,
si a bien lo tenía, presentara concepto44. Dentro de dichos términos se allegaron las
siguientes intervenciones:
a) El demandante45 reiteró lo manifestado en primera instancia y solicitó que se
confirmara integralmente la sentencia cuestionada. Señaló que no existió
violación al principio de congruencia en la sentencia de primer grado, toda vez
que la inhabilidad fue alegada desde el momento de la demanda y se acreditó
objetivamente con pruebas documentales contundentes y, para el efecto, destacó
que lo que hizo el juez fue aplicar los efectos lógicos y jurídicos de esa inhabilidad
sobre el acto posterior de asignación de curul, sin mutar el litigio ni introducir
causales nuevas. Así mismo manifestó que el argumento relacionado con la
existencia de cosa juzgada carece de soporte normativo y jurisprudencial.
b) El demandado46, mediante apoderado, reiteró lo expuesto en el escrito de
impugnación, y añadió que, contrario a lo expresado por el accionante, el señor
Oviedo no fue electo, sino que fue declarado por un derecho personal de especial
categoría, por tanto, no es dable aplicar las mismas condiciones y restricciones
entre un ciudadano que es electo por voto popular a un declarado por derecho
personal.
c) El coadyuvante Samuel Alejandro Ortiz Mancipe47 solicitó confirmar la
decisión de primer grado. Para el efecto, señaló que estaba acorde realizar el
estudio del vicio de nulidad endilgado al accionado bajo la égida de las causales
de nulidad que se predican para los alcaldes, en tanto que la aspiración que le
permitió concretar el derecho personal fue la consagrada en el artículo 112 de la
Constitución y 25 de la Ley 90 de 2018. Asimismo, precisó que el juez electoral
está relevado de determinar si con la celebración del contrato se presentó o no
un desequilibrio en la contienda electoral o si ejerció algún tipo de influencia en la
voluntad de los electores.
d) La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado48 solicitó
confirmar el fallo apelado, toda vez que concluyó que no puede entenderse que
la curul obtenida por el Estatuto de la Oposición esté exenta del cumplimiento del
régimen de inhabilidades. Asimismo, precisó que como la inhabilidad en estudio
se basa en la celebración de un contrato y no en el ejercicio de autoridad ni en
vínculos familiares, no resulta aplicable lo dispuesto en la sentencia SU-207 de
2022 y, por tanto, no se puede exigir prueba de incidencia electoral real o de
ventaja frente a otros candidatos. Finalmente, señaló que, si bien existe un
proceso de pérdida de investidura en contra del demandado, este no ha cobrado
42
Entre el 15 y el 19 de mayo de 2025 (índice 26 Samai).
43
Entre el 20 y 22 de mayo de 2025 (índice 29 Samai).
44
Entre el 23 y el 29 de enero de 2025 (índice 33 Samai).
45
Índices 12 y 28 Samai.
46
Índice 32 Samai.
47
Índices 25, 27 y 30 Samai.
48
Índices 18 y 19 Samai.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
ejecutoria, en tanto se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por la
parte accionada y el Concejo de Bogotá contra la sentencia del 6 de febrero de 2025,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, accedió a las pretensiones y declaró la nulidad del acto de elección
acusado.
42. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 49 y literal a)50
del numeral 7 del 152 del CPACA, así como lo preceptuado en el artículo 1351 del
Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 (Reglamento del Consejo de Estado).
2.2. Caso concreto
43. El hecho relevante para resolver la alzada consiste en que, según lo refiere la parte
demandante, el señor Oviedo Arango se encontraba inhabilitado para inscribirse y ser
elegido como alcalde, de conformidad con lo prescrito en el numeral 3 del artículo 95
de la Ley 136 de 1994, toda vez que suscribió, con una entidad pública del orden
nacional, un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá
D.C., dentro de los doce meses anteriores a la jornada de elección de autoridades
territoriales del 29 de octubre de 2023, razón por la cual la designación del accionado
se encuentra completamente viciada.
44. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B encontró «probada la configuración de la inhabilidad contenida
en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000; toda vez que se acreditaron los elementos constitutivos de la
inhabilidad». Por tanto, decidió anular el acto de elección del accionado como concejal
de Bogotá D. C. (2024-2027).
45. Inconforme con lo anterior, en su escrito de apelación, la parte accionada cuestionó
que el tribunal: i) se extralimitó al introducir a la controversia el régimen de inhabilidades
de concejales, sin que el demandante hubiese elevado tal cargo y sin que se haya
fijado en el litigio; ii) no consideró la condición especial del accionado, quien ocupa una
curul como concejal en virtud del derecho personal declarado por el estatuto de la
oposición, afectando con ello la participación de las minorías opositoras, porque al
49
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
50
«ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales
y distritales […]». [Énfasis fuera de texto]
51
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
tratarse de una elección indirecta para garantizar el control político no se predican
criterios de inhabilidad;
46. iii) no todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de
configurar la inhabilidad y no se demostró que se hubiera afectado la igualdad entre los
aspirantes ni que se hayan usado los recursos para desequilibrar el certamen electoral
ni que recibió recursos públicos; y iv) desconoció el principio de cosa juzgada porque
no tuvo en cuenta que existe una sentencia de primera instancia dictada en un proceso
de pérdida de investidura (Rad. 25000231500020240019600), con el mismo supuesto
fáctico y jurídico, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
47. Por su parte, el Concejo Distrital de Bogotá, cuestionó la decisión de primer grado
al señalar que riñe con la sentencia que negó pretensiones en el trámite de pérdida de
investidura instaurado en contra de Juan Daniel Oviedo Arango, en la que el Tribunal
determinó que contra el accionado no era posible aplicar las inhabilidades previstas en
el ordenamiento jurídico para los concejales y en la que se precisó que, en todo caso,
no se pudo demostrar que el contrato estatal suscrito con el Fondo Nacional de
Garantías reputó un beneficio electoral que «alterara las condiciones normales y sanas
de la campaña» en favor del concejal Oviedo.
48. Por lo expuesto, corresponde a esta Sección resolver si hay lugar a confirmar,
revocar o modificar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, conforme los
precisos términos de los recursos de apelación propuestos por el demandado y el
Concejo de Bogotá en sus recursos de alzada, precisión que se sustenta en los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP)52, que prescriben que dicho
medio de impugnación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por la parte recurrente53.
49. En ese orden se advierte que los reparos de los apelantes se centran en cuatro
aspectos principales:
i. Al accionado no le era aplicable el régimen de inhabilidades previsto para
los concejales y, además, dicho aspecto no hizo parte de la fijación del
litigio ni fue planteado por la parte demandante, quien alegó la vulneración
del régimen de inhabilidades de los alcaldes respecto de la celebración de
contratos.
ii. No se consideró la condición especial del accionado, quien ocupa el cargo
de concejal en virtud del derecho personal declarado por el estatuto de la
oposición y, por el contrario, se le impusieron mayores cargas y
restricciones, tales como las establecidas en el régimen de inhabilidades
52
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
53
Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. «Al
respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del CGP, «[e]l recurso de apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado
en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
de los cargos de elección popular. Adicionalmente, al no tratarse de una
elección indirecta para garantizar el control político, no es factible predicar
criterios de inhabilidad.
iii. El tribunal omitió que la jurisprudencia ha señalado que no todo contrato
suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de configurar la
inhabilidad. Por ello, no se demostró que se hubiera afectado la igualdad
entre los aspirantes, tampoco que se hubiesen usado recursos para
desequilibrar el certamen electoral, incluso, no se acreditó que estos fueran
de naturaleza pública.
iv. Se desconoció el principio de cosa juzgada porque no se tuvo en cuenta la
sentencia de primera instancia dictada en el proceso de pérdida de
investidura Rad. 25000231500020240019600, promovido con el mismo
supuesto fáctico y jurídico, y en el cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
2.2.1. De la resolución de los recursos de apelación
2.2.1.1. Sobre los reparos referidos a que: i) al accionado no le era aplicable
el régimen de inhabilidades previsto para los concejales; ii) no se consideró la
condición especial del accionado, quien ocupa el cargo en virtud del derecho
personal declarado por el estatuto de la oposición y iii) al tratarse de una elección
indirecta para garantizar el control político no se predican criterios de
inhabilidad.
50. Para resolver estos dos primeros reparos, en primer término, se efectuarán algunas
consideraciones en torno al derecho personal a ocupar una curul como prerrogativa
establecida en el artículo 112 de la Constitución Política, y la aplicación del régimen de
inhabilidades.
2.2.1.1.1. Derecho personal a ocupar una curul como prerrogativa establecida
en el artículo 112 de la Constitución Política y la aplicación del régimen de
inhabilidades – reiteración jurisprudencial54
51. El artículo 11255 constitucional establece en su inciso 4 que el candidato que le siga
en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y
54
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente 63001-23-33-000-2019-00253-02. MP:
Rocío Araujo Oñate.
55
«Artículo 112 de la Constitución Política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en
oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las
restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del
espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores;
la réplica en los mismos medios de comunicación.
Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos
colegiados, según su representación en ellos.
Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la
República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en
el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante
el período de la correspondiente corporación.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
vicepresidente de la República, gobernador de departamento, alcalde distrital y
municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado de la República,
Cámara de Representantes, asamblea departamental, concejo distrital y concejo
municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación.
52. Este aspecto fue desarrollado con la expedición de la Ley Estatutaria 1909 de
201856, la cual, entre otras cosas, reglamentó el derecho personal consagrado en el
artículo 112 de la Constitución Política.
53. De la norma estatutaria se extrae lo que se denomina derecho personal, en tanto
que, para acceder a la mencionada prerrogativa, el candidato solo debe acreditar ser
el que le siga en votos al electo y, conforme el inicio 6 del artículo 112 Constitucional,
aceptar de manera expresa la curul así reconocida. Es decir, es una decisión propia y
no depende de la bancada, partido o de la colectividad a la que pertenece.
54. Este ejercicio se materializa con el acto que declara la elección del cargo
uninominal, pues es allí donde se cristaliza la voluntad popular a través del escrutinio
público, en el que se establece el orden de votación obtenido por cada opción política.
55. Previo a la declaratoria de la elección de las corporaciones públicas, en el caso de
las asambleas departamentales y los concejos municipales, el ciudadano que no
resultó electo por ser la segunda alternativa más votada debe manifestar a la comisión
escrutadora competente su intención de ser miembro de estas, para que quien tiene el
deber de contabilizar los sufragios proceda a descontar una curul, que es la que se
refiere al derecho propio y, posterior a ello, proceder conforme el mandato 263 superior
respecto de los demás escaños.
56. Sobre este aspecto resulta necesario precisar que el origen de la designación en
virtud de esta prerrogativa es de carácter popular, lo que ocurre es que no se surte por
la vía del voto directo sino de forma indirecta, así lo señaló la Sala Electoral en un caso
de similares contornos:
[…] tal como ya lo ha señalado esta Sección, el señor Juan Carlos Upegui Vanegas
accedió a dicho cargo gracias al voto indirecto de quienes, si bien lo apoyaron para la
alcaldía, vieron representados sus intereses en el concejo en virtud de la aplicación del
Estatuto de la Oposición y terminaron posibilitando su acceso a dicha corporación. En
tales condiciones, es evidente que el origen de su designación sí es popular, lo que ocurre
es que no fue por voto directo sino indirecto, tal como se explicó en precedencia.57
57. Así, en consideración a que el acceso a la curul, en virtud del estatuto de la
oposición, es un derecho personal que debe ser aceptado por el candidato que obtuvo
Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en
los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.
En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo
con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La asignación de las curules mencionadas en este artículo no será aplicable para las elecciones
celebradas en el año 2015».
56
«POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y ALGUNOS DERECHOS A LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS INDEPENDIENTES».
57
. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre del 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01252-01. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. La Sala estuvo integrado por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suarez
(SV), Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
la segunda votación en la aspiración a un cargo uninominal de elección popular,
conviene determinar el régimen de inhabilidades que le sería aplicable.
58. Se entiende que el régimen de inhabilidades para ocupar cargos de elección
popular tiene, entre otros fines, impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los
ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades estatuidas para asegurar la
idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo
público58.
59. Desde tal perspectiva, las restricciones al ejercicio del derecho a elegir y ser
elegido, como lo ha señalado esta Sección «buscan preservar los principios de
moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del
derecho de igualdad de oportunidades»59.
60. Por tal razón, para cada cargo de elección popular se tiene previsto un régimen de
inhabilidades, en donde se enlistan de manera taxativa las actuaciones que no pueden
desplegarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección
(según el caso) so pena de impedir la aspiración política, prohibiciones estas que, al
propio tiempo, constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en
virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
61. Se observa así que, tanto las previsiones constitucionales como las legales,
propugnan por estimular y dar mecanismos de participación política adecuados para
que las fuerzas políticas que no resultan escogidas en los cargos uninominales puedan
ejercer una oposición que permita concretar el control político al gobierno elegido,
garantizando con ello el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza el régimen
jurídico colombiano60.
62. De esta manera, con fundamento en el derecho personal que le asiste al candidato
que resultó segundo en votación, de ocupar una curul en la respectiva corporación, es
necesario precisar el régimen de inhabilidades aplicable para cada uno de los cargos,
es decir, si para el que se inscribió o para el que fue designado por derecho propio.
63. Considera la Sala que el acceso al cargo a través de la prerrogativa personal que
otorga el estatuto de la oposición debe estar liberado de cualquier situación irregular
que pueda afectar la aspiración del candidato al igual que la designación al cargo que
emerge del hecho de quedar como segundo en la votación de quien resultó electo.
58
Sobre estos aspectos consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 15001-
23-33-000-2019-00588-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00061-01 (PI). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 23001-23-31-000-2008-
00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Corte constitucional. Sentencia C-064 del 4 de febrero de 2003, Expediente D-
4060. M.P. Jaime Araújo Rentería.
59
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 31 de julio de 2009. Rad. 2007-00244-02. M.P. Susana Buitrago Valencia
60
Al respecto, la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del proyecto de ley del Estatuto de la Oposición, reconoció
en la sentencia C-018 de 2018, que «…es clara la exposición de motivos del PLEEO [Proyecto de Ley Estatutaria] objeto de
revisión al señalar que ‘[e]l Acto Legislativo 02 de 2015 incluyó dentro de esta norma y con el claro propósito de estimular el
ejercicio de la oposición que de forma natural correspondería a quien ha perdido la elección».
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
64. En este punto, es importante señalar que por ese reconocimiento previsto en la
norma al apoyo popular que recibió el candidato con la segunda votación al cargo
uninominal al que inicialmente aspiró, en el sentido de que pasa a ocupar una curul en
la respectiva corporación, por derecho personal, es que se hace aún más restrictivo el
régimen de inhabilidades. Al respecto, la Sección ha señalado desde el año 2020 lo
siguiente:
[Q]uien aspira a ser elegido a un cargo nominal como presidente de la República,
vicepresidente, gobernador o alcalde, tiene pleno conocimiento de que existe una
expectativa real de que no resulte electo y de que pueda quedar segundo en la votación,
supuesto este del cual surge la prerrogativa o derecho consagrado en el artículo 112 de
la Constitución y en los artículos 24 y 25 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, de manera
que deberán tener en cuenta las prohibiciones previstas en la norma para aspirar a
ambos cargos, es decir, el uninominal al que inicialmente se inscribe, y al de la
curul de la corporación en la que, eventualmente, puede ser designado61. [Énfasis
fuera de texto].
65. Así, se destaca que, pese a que quien se inscribe como candidato a un cargo
uninominal de elección popular tiene como principal objetivo ser elegido para ocupar
dicha dignidad, lo cierto es que, ante la posibilidad de que sea derrotado y resulte
segundo en la votación, el candidato tiene la prerrogativa de optar por aceptar una curul
en la corporación respectiva en garantía del derecho personal que le asistiría
eventualmente.
66. Sobre el particular es pertinente reiterar lo dicho por esta Sala en la providencia del
2 de abril de 202062, en la que se dio cumplimiento al fallo de tutela del 10 de marzo de
ese año que amparó los derechos fundamentales de la señora Ángela María Robledo63,
en la que se hicieron las siguientes consideraciones respecto del régimen de
inhabilidad:
[…] En esta materia, precisa la Sala que en virtud de la regulación establecida en los
artículos 112 de la Constitución y 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, quienes aspiren
a la Presidencia de la República y a la Vicepresidencia tienen claro que existe la
expectativa de ocupar las curules en el Senado y la Cámara, respectivamente, en caso
de seguir en votos a quienes sean elegidos para esos cargos porque así lo reconocieron
dichas nomas como derecho de carácter personal.
Esta especial circunstancia derivada de la vigencia de tales normas exige que los
aspirantes a esos cargos no deban tener ninguna inhabilidad ni estar incursos en las
prohibiciones generales aplicables a los candidatos al Congreso de la República, como
es precisamente el caso de la doble militancia política, ya que afectaría la legalidad del
acto mediante el cual la autoridad electoral materializa el derecho de acceder a las
curules en el Senado y la Cámara.
67. Si bien la controversia que se desató en los procesos citados se analizó si la
prohibición de doble militancia como causal de nulidad electoral aplicaba o no para las
61
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Rad. 44001-23-33-000-2019-00173-01. MP: Carlos
Enrique Moreno Rubio.
62
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 2 de abril de 2020. Rad, 11001-03-28-000-2018-00074-00. MP: Carlos Enrique
Moreno Rubio.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de
2020, expediente 11001-03-15-000-2019-03079-01, M.P. William Hernández Gómez. En este caso se analizó la configuración de
la doble militancia de la entonces candidata que aspiraba a ser elegida vicepresidenta de la República, sin embargo, al haber
quedado como segunda en votación de quien resultó elegida en ese cargo, pasó a ocupar una curul en la Cámara de
Representantes.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
curules del Estatuto de la Oposición, los argumentos allí expuestos tanto por el Consejo
de Estado como por Corte Constitucional64 permiten precisar la regla según la cual el
hecho de que se acceda a una corporación pública a través de las curules consagradas
en el Estatuto de la Oposición no implica que quienes las ocupan quedan exceptuados
del régimen constitucional y legal de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
previamente establecido para aquellos.
68. Se observa entonces que la Sala definió unas reglas claras respecto al régimen de
inhabilidades aplicable en el caso de quienes acceden a la curul en la respectiva
corporación, al aceptar la prerrogativa que les brinda el artículo 112 constitucional, así:
a) Quien se inscriba para un cargo uninominal no puede incurrir ni en las
inhabilidades del cargo al que se inscribe ni en las del que podría ocupar con
ocasión del derecho personal establecido en el artículo 112 de la
Constitución.
b) Los partidos y movimientos políticos, previo al otorgamiento del aval al
candidato, deberán constatar que no se encuentre incurso en ninguna causal
de inhabilidad expresamente consagradas para ambos cargos.
69. De lo anterior se desprende que el candidato debe observar las restricciones que
se aplican a los dos cargos que eventualmente podría ocupar, sin embargo, el régimen
de inhabilidades aplicable será el de la dignidad en el que sea elegido al resultar
victorioso con la votación obtenida, o en el que resulte designado en virtud de la
prerrogativa establecida en el artículo 112 constitucional, así lo precisó la Sala en la
sentencia del 3 de octubre del 2024, al desatar una controversia de similares
connotaciones a la estudiada en el presente fallo:
Ahora bien, es claro que el demandado al haber aceptado ocupar la curul en
cuestión, se acogió al régimen jurídico aplicable para ese cargo, el cual, por
supuesto incluye lo relativo al catálogo de inhabilidades consagrado en la ley para
los concejales.65 [Énfasis fuera de texto]
70. En atención a lo expuesto y en orden a resolver los dos primeros reparos de
apelación planteados, se debe precisar, en primer lugar, que el accionado cuestiona
que el fallo de primer grado «aplicó y desarrolló un régimen de inhabilidades de alcaldes
-que no tiene que ver con la curul de mi defendido- y, de manera extralimitada, trajo a
la controversia el régimen de inhabilidades de concejales sin que el demandante haya
elevado tal cargo y sin que se haya fijado en el litigio».
71. No obstante, para la Sala no existe duda de que cuando el accionado se inscribió
como candidato para ser alcalde de Bogotá D.C., esto es, a un cargo uninominal, tuvo
conocimiento pleno de la existencia del eventual derecho personal consistente en que
64
Cuando por la vía de la revisión de acción de tutela se pronunció sobre este caso y señaló: «Así las cosas, no se observa un
desconocimiento del derecho constitucional que le asistía a la demandante Robledo Gómez por ocupar el segundo lugar en las
elecciones pasadas. Para el Consejo de Estado esta situación no estaba exceptuada de la prohibición legal y constitucional de
doble militancia. Esta interpretación tampoco resulta arbitraria o vulneradora de la Carta Política». Corte Constitucional. Sentencia
SU-209 del 1 de julio de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
65
Sobre este tema consultar: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de octubre del 2024. Rad. 05001-23-33-000-
2023-01252-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. La Sala estuvo integrado por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Omar
Joaquín Barreto Suarez (SV), Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
si quedaba en segundo lugar en votaciones tendría la opción de ocupar una curul en la
corporación pública correspondiente, circunstancia que abrió para aquel la posibilidad
de incurrir en las inhabilidades del cargo al que se inscribió (alcalde) o en las del que
podría ocupar con ocasión del derecho personal establecido en el artículo 112 de la
Constitución (concejal).
72. En otras palabras, la circunstancia de que la norma constitucional y legal consagren
el derecho personal del candidato segundo en votación a ocupar una curul en la
respectiva corporación, se traduce en la exigencia para el candidato de no incurrir en
ninguna prohibición aplicable al cargo en el que eventualmente puede ser elegido o
designado.
73. En el expediente se encuentra debidamente acreditado que el señor Juan Daniel
Oviedo Arango fue inscrito como candidato al cargo de alcalde mayor de Bogotá D.C.
para el periodo constitucional 2024-2027, por el grupo significativo de ciudadanos
denominado «Con toda por Bogotá», para la jornada de elección de autoridades
territoriales del 29 de octubre de 2023.
74. También obra copia del formulario E-26 ALC, en el que se declara electo como
alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. al candidato Carlos Fernando Galán Pachón del
partido Nuevo Liberalismo y se deja constancia de que, en concordancia con el artículo
25 de la Ley 1909 del año 2018, el candidato Juan Daniel Oviedo Arango tendría
derecho personal a ocupar una curul en el Concejo Distrital de la ciudad de Bogotá
D.C.
75. De igual forma, se aportó copia del formulario E-26 CON, en el que consta la
designación como concejal de Bogotá D.C. de Juan Daniel Oviedo Arango, quien
manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul en la corporación pública, de
conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
76. De esta manera, se precisa que el régimen de inhabilidades aplicable en el asunto
concreto es el que contempla las prohibiciones para el cargo de concejal, curul a la que
finalmente accedió el accionado después de la aceptación que manifestó en ocupar el
puesto en el concejo municipal que obtuvo en virtud de la prerrogativa establecida en
el estatuto de la oposición y en el artículo 112 constitucional.
77. En el orden expuesto, se observa que, en la decisión de primer grado, el tribunal
realizó una aproximación comparativa entre la causal de inhabilidad alegada por el
accionante, esto es, la del numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la
establecida para el cargo de concejal, es decir, la prescrita en el numeral 3 del artículo
43 del mismo cuerpo normativo y llegó a la conclusión de que este régimen también
resultaba aplicable. Así lo señaló:
[P]ara la Sala resulta pertinente aclarar que en todo caso la inhabilidad por la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros
dentro del año anterior a la elección, aplica también para el caso de los concejales, pues
así lo estableció el legislador en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
78. Ahora bien, lo cierto es que la controversia que debe dilucidarse en este proceso
se delimitó a establecer si el señor Oviedo Arango estaba incurso en la inhabilidad por
la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros
dentro del año anterior a la elección y, como consecuencia de ello, determinar si el acto
electoral contenido en el formulario E-26 CON, en el que consta la designación de Juan
Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., es nulo.
79. La Sala observa que, si bien la disposición invocada en la demanda y que sirvió
como sustento del análisis de la inhabilidad que estudió el tribunal para resolver el caso,
se refiere a las inhabilidades aplicables a los alcaldes, lo cierto es que la controversia
que se buscaba desatar, claramente, es la relacionada con la designación del
accionado como concejal de Bogotá D.C., así quedó definido en la fijación del litigio
que realizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
«[…] se deberá establecer si el demandado, el señor Juan Daniel Oviedo Arango,
incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley
136 de 1994 al, presuntamente haber celebrado un contrato con el Fondo Nacional
de Garantías dentro del año anterior a la elección y, en consecuencia, determinar
si su elección como Concejal del Distrito Capital de Bogotá para el período 2024 –
2027 contenida en el acta de escrutinio formulario E-26 ALC y E-26 CON emitidos por la
Comisión Escrutadora de Bogotá el día 8 de noviembre de 2023, debe declararse nula».
[Énfasis fuera de texto]
80. Para la Sala se descarta cualquier asomo de duda en relación con el cargo de
nulidad estudiado, esto es, el relacionado con la elección de un servidor por
encontrarse inhabilitado al haber celebrado un contrato con una entidad pública dentro
del término de la prohibición. Este aspecto medular, contenido en el auto del 7 de
noviembre de 2024 y que definió el debate a dilucidar en el proceso, no fue objeto de
reproche o discusión alguna por parte del accionado o alguna de las partes
intervinientes en el desarrollo de este, de manera que no se advierte algún
desconocimiento a su derecho de defensa.
81. Aparejado a lo anterior, debe señalarse que la causal analizada por el tribunal y la
que el legislador estableció en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
guardan identidad en su contenido y alcance, como se ilustra a continuación:
Régimen de inhabilidades de alcaldes Régimen de Inhabilidades de concejales
Art. 95 Ley 136 de 1994 [modificado por el Art. 43 Ley 136 de 1994 [modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000] artículo 40 de la Ley 617 de 2000]
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá
ALCALDE. No podrá ser inscrito como ser inscrito como candidato ni elegido
candidato, ni elegido, ni designado alcalde concejal municipal o distrital:
municipal o distrital:
[…]
[…]
3. Quien dentro del año anterior a la elección 3. Quien dentro del año anterior a la elección
haya intervenido en la gestión de negocios haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o ante entidades públicas del nivel municipal o
en la celebración de contratos con distrital o en la celebración de contratos
entidades públicas de cualquier nivel en con entidades públicas de cualquier nivel
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
interés propio o de terceros, siempre que en interés propio o de terceros, siempre
los contratos deban ejecutarse o cumplirse que los contratos deban ejecutarse o
en el respectivo municipio. Así mismo, quien cumplirse en el respectivo municipio o
dentro del año anterior a la elección, haya sido distrito. Así mismo, quien dentro del año
representante legal de entidades que anterior haya sido representante legal de
administren tributos, tasas o contribuciones, o entidades que administren tributos, tasas o
de las entidades que presten servicios contribuciones, o de las entidades que
públicos domiciliarios o de seguridad social de presten servicios públicos domiciliarios o de
salud en el régimen subsidiado en el seguridad social en el régimen subsidiado en
respectivo municipio. [Énfasis propio] el respectivo municipio o distrito. [Énfasis
propio]
82. De lo transcrito, resulta evidente la identidad en los elementos e ingredientes
normativos que se requieren para la estructuración de la inhabilidad establecida en
estos preceptos, a saber:
Elementos Ingrediente normativo
La celebración de contratos con entidades públicas de
Material u objetivo cualquier nivel. La inhabilidad se configura con la
celebración efectiva del respectivo contrato estatal
La conducta prohibida tiene lugar dentro del año anterior
Temporal
a la elección.
El evento inhabilitante debe acaecer en la
Espacial o territorial
circunscripción en la cual debe efectuarse la elección.
El contrato debe comportar un beneficio propio o para
terceros. En este aspecto, es importante poner de
Modal, de propósito o
presente que la Sección ha concluido que los beneficios
subjetivo
extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad66.
83. De esta forma, en este caso particular, la Sala considera, como lo ha hecho en
otros procesos de nulidad electoral en los que ha admitido la aplicación de un texto
normativo derogado que se ha reproducido literalmente en una norma posterior
vigente67 por la identidad que existe en todos su elementos, que pese a que el tribunal
de primer grado se refirió a la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, el juicio realizado en la sentencia de primera instancia se encuentra
razonable y compatible con el análisis que se desprende del contenido material de la
disposición prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, en la medida
en que su contenido guarda identidad en todos su elementos, tal como se deduce de
sus ingredientes normativos textuales.
84. Por tal motivo, no le asiste razón al apelante cuando alega la extralimitación del
juez de primer grado al referir el régimen de inhabilidades de concejales, el cual, como
se señaló en precedencia es el que resulta aplicable en este caso. Además, no se
pierde de vista que el derecho de defensa se ejerció sobre el mismo contenido material
66
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y, sentencia del 27 de noviembre de
2008. Rad. 68001231500020070066901. MP. Filemón Jiménez Ochoa.
67
Sobre el particular ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 22 de mayo de 2025. Rad. 18001-23-33-
000-2023-00170-01. MP: Omar Joaquín Barreto Suárez; Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 12 de diciembre de
2024. Rad. 81001-23-39-000-2023-00084-01. MP: Omar Joaquín Barreto Suárez.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
de la causal, la cual, como se anotó, posee una identidad textual o literal, tanto para
alcalde como para concejal, en lo que respecta a la celebración de contratos. De igual
forma, en la fijación del litigio se señaló que la cuestión jurídica se estudiaría a partir de
la elección como concejal del accionado.
85. Tampoco encuentra asidero el reparo sobre el hecho de que esta circunstancia le
impuso mayores cargas y restricciones al accionado, por no considerar su condición
especial de haber optado al cargo en virtud de la prerrogativa que le brindó el estatuto
de la oposición.
86. La Sala no pierde de vista la prerrogativa derivada del estatuto de la oposición tiene
un origen de naturaleza popular, toda vez que, pese a que la designación no se surte
por efecto del voto directo si es la consecuencia indirecta que prevé la Constitución y
la ley para garantizar que la votación obtenida por las fuerzas que obtienen el segundo
puesto en una elección uninominal no sea desconocida en la realidad política.
87. Sin embargo, como se explicó antes, la jurisprudencia de esta corporación ha sido
clara al señalar que los candidatos a cargos uninominales, tienen un régimen de
inhabilidades más restrictivo en la medida en que les corresponde velar por el
cumplimiento de las prohibiciones que se establecen para los dos cargos a los que
podrían acceder, bien sea por resultar victoriosos en la elección o por aceptar la curul
en la respectiva corporación en virtud del derecho personal establecido en el estatuto
de la oposición.
88. Así, esta circunstancia no puede ser entendida como una carga excesiva o
contraria a los derechos de los elegidos o designados que desconozca o contraríe la
condición del designado concejal, sino como una condición propia del mecanismo por
el cual accedió a la curul, que no es otro que la prerrogativa derivada del resultado
electoral que materializa la voluntad de la ciudadanía en el ejercicio legítimo del
derecho a elegir y, por tanto, los reparos de apelación que se plantearon en este sentido
no están llamados a prosperar.
89. Adicionalmente, no se pierde de vista que el apelante insistió en señalar que la
designación del demandado como concejal fue una «circunstancia indirecta que se
estableció para garantizar control político, el respeto de las ideas disimiles con el
gobierno, la participación de las minorías opositoras y el equilibrio de poderes» y, por
tanto, no se podía predicar que los criterios de inhabilidad establecidos para los cargos
de elección popular [alcaldes y concejales] les fueran aplicables, en tanto no fue
prevista esa circunstancia en esos regímenes.
90. No obstante, dicha argumentación se desvirtúa con lo referido en precedencia
respecto a que quienes acceden a las curules en las corporaciones públicas, en virtud
de la prerrogativa personal que otorga el Estatuto de la Oposición, tienen un régimen
de inhabilidades más restrictivo, en la medida en que deben observar no solo las
prohibiciones relacionadas con el cargo de elección popular al cual aspiran sino
también aquellas que se predican de la curul que podrían aceptar al obtener la segunda
votación en la respectiva elección.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
91. Una interpretación diferente implicaría relevar a los candidatos que se benefician
con dicha prerrogativa del cumplimiento de los requisitos, deberes, prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades dispuestos para el cargo al cual acceden en virtud
del mencionado derecho personal, contrariando las previsiones constitucionales y
legales que las establecen.
92. La Sala reafirma que el derecho personal reconocido en el artículo 112 de la
Constitución no tiene carácter absoluto68 y, en ese orden, las inhabilidades que obran
como uno de los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha instituido para garantizar
los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función
pública69, representan una limitación a la referida garantía personal que debe ser
acatada por todos los ciudadanos y en particular, aquellos que aspiren a ejercer cargos
de elección popular o curules obtenidas en virtud del derecho personal derivado del
Estatuto de la Oposición.
2.2.1.2. Sobre el reparo: iii) el tribunal omitió que no todo contrato suscrito
con una entidad estatal tiene la potencialidad de configurar la inhabilidad.
93. Para desatar este cuestionamiento, se analizará la configuración de los elementos
de la prohibición aplicable en este caso concreto, razón por la que se encuentra
pertinente realizar una aproximación a la inhabilidad establecida en el numeral 3.°
artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
2.2.1.2.1. Inhabilidad contenida en el numeral 3.° artículo 43 de la Ley 136 de
1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000
94. La referida norma establece tres situaciones que pueden inhabilitar a un ciudadano
para inscribirse como candidato o ser elegido concejal, a saber:70
i) Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
en interés propio o de terceros.
ii) Quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o
en el de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio;
iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones o que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social
en el régimen subsidiado en la respectiva circunscripción territorial.
95. Se debe precisar que, para que se configure dicha causal de inhabilidad, la norma
dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente anterior a la
fecha de elección, aplicable a los tres eventos descritos.
68
Sobre este aspecto consultar entre otras: Corte Constitucional. Sentencia SU-209 del 1 de julio de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencias del 2 de abril de 2020 y del 25 de abril de 2019. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00074-00. MP: Carlos Enrique Moreno Rubio.
69
Ídem.
70
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre de 2021, radicado 41001-
23-33-000-2019-00555-01.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
96. Ahora, si bien en la disposición esbozada existen tres escenarios inhabilitantes,
para la presente controversia se centrarán las consideraciones en el ingrediente
normativo atinente a la celebración de contratos con entidades públicas en interés
propio o en el de terceros en el periodo de la prohibición, que deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito, pues se trata de la hipótesis en la que
se delimitó el reproche que se estudia en este proceso.
97. La jurisprudencia de esta Sección71 ha indicado que la celebración de contratos
requiere de la comprobación de algunos elementos configurativos para su
estructuración, a saber, i) el material u objetivo; ii) el temporal; iii) el espacial o territorial;
y iv) el modal, de propósito o subjetivo.
98. En ese orden, se ha indicado que «la conducta que materializa la inhabilidad objeto
de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha
entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato
estatal dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su
ejecución o liquidación»72, pues dichas actividades se ubican por fuera del supuesto
que configura el elemento material de la norma.73
99. Por su parte, el elemento territorial implica, para el juez de lo electoral, la labor de
verificar si el contrato se ejecutó en el municipio para el cual fue elegido el demandado,
escenario que, en algunas ocasiones, exige que además se verifique lo acordado y lo
estipulado en los estudios previos, se revise el lugar donde se despliegan las
actividades pactadas y en punto al elemento modal o de propósito se debe demostrar
el interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal 74,
conforme las pruebas allegadas al expediente, cuya valoración se hace en conjunto 75.
100. Conforme a la jurisprudencia76, no es suficiente con que se pruebe el elemento
temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es necesario que se
acredite que la suscripción del contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o
extrapatrimoniales al candidato o a terceros77.
101. Así, esta Sección78 ha precisado respecto del análisis de la presente causal
inhabilitante lo siguiente:
71
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de 2023, radicado 11001-03-28-
000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00;
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-
2022-00058-00.
72
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23- 33-000-2018-00417-01.
Providencia del 30 de mayo de 2019. MP. Alberto Yepes Barreiro.
73
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de
2020, expediente 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, expediente 2019-00926; sentencia de 31 de
julio de 2009, expediente 2007-00966-02. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente
63001-23-33-000-2023-00102-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
74
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de 3 de
septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de julio de 2024, expediente 76001-
23-33-000-2023-00886-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
76
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2024, radicado 08001-23-33-000-2023-00478-01; MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
77
Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00. MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
78
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019, radicación 13001-23-33-000-2018-00417-01. MP.
Alberto Yepes Barreiro.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
[E]l análisis de la norma objeto de estudio debe realizarse única y exclusivamente
desde la óptica de la finalidad de la inhabilidad.
Lo anterior, porque cuando se alegan aquellas inhabilidades que tienen que ver con la
celebración o gestión de contratos, el juez electoral no las analiza desde la perspectiva
contractual o del medio de control de controversias contractuales, sino desde la finalidad
con la que el legislador estableció esa restricción como limitación al derecho a elegir y
ser elegido.
En consecuencia, el estudio de las etapas precontractual, contractual o pos contractual
que se relacionan con los supuestos de hecho consagrados en la norma objeto de estudio
debe abordarse desde el propósito del proceso electoral y no desde las teorías propias
del contrato, habida cuenta que una cosa es examinar un contrato estatal en relación o
frente a la inhabilidad y otra muy distinta estudiarlo desde la perspectiva contractual; v.gr.
en el medio de control previsto en el artículo 141 del CPACA. [Énfasis del texto original]
102. En ese orden, la finalidad de la inhabilidad es evitar que que el candidato
contratista saque provecho de su relación contractual con el Estado y que desequilibre
la contienda electoral en su favor. Se propende así por el derecho de participación
política en igualdad de condiciones frente a las aspiraciones de los demás candidatos
al respectivo cargo de elección y, a su vez, se garantiza el interés general y el ejercicio
eficiente de la función pública.
103. En recientes pronunciamientos, la Sala79 ha precisado que es abundante la
jurisprudencia de la corporación sobre la inhabilidad por celebración de contratos
encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que participan en una
contienda electoral. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
manifestado lo siguiente:
Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión
de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un
candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre
otros proponentes.80
104. Sumado a esto, no es de menor importancia recordar que, sobre la concurrencia
de elementos anteriormente referidos, esta Sección, en providencia del 2 de junio de
2022,81 reiteró que los supuestos enunciados deben confluir, de modo que si falta
alguno de ellos no se configura la inhabilidad.
105. De acuerdo con las anteriores consideraciones se abordará el estudio de la causal
inhabilitante contenida en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37
de la Ley 617 de 2000 en el caso concreto, conforme el reparo planteado por el
accionante que se circunscribe particularmente a la concreción del elemento modal, de
propósito o subjetivo.
79
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de 2025, radicado 73001-23-33-000-2023-00463-01; MP. Gloria
María Gómez Montoya.
80
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de octubre de 2019, radicado 11001-03-15-
000-2018-02417-01(PI). MP. Alberto Montaña Plata.
81
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de mayo de 2019, radicado 13001-23-33-000-
2018-00417-01.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
106. Lo anterior, porque no fueron objeto de discusión los demás aspectos
concurrentes, los cuales se encontraron acreditados en el presente trámite, esto es,
que el accionado suscribió el contrato de arrendamiento de bien inmueble Nro.
2023400034 con el Fondo Nacional de Garantías (elemento objetivo o material) el 20
de junio de 2023, con un plazo de ejecución que estaba pactado hasta el 31 de
diciembre de 2024, esto es dentro del periodo inhabilitante (elemento temporal) y que
se ejecutó en la ciudad de Bogotá (elemento territorial).
107. Desde esa óptica, se observa que para la parte apelante no puede predicarse la
configuración del elemento modal o subjetivo de la prohibición, en la medida en que
esta no surge con contratos de cualquier naturaleza, sino que se debe tener cuenta el
beneficio recibido y su potencialidad y probabilidad real en la eventual ventaja frente a
los contendores, así como la influencia de ello en los ciudadanos.
108. Para apoyar su reparo hizo referencia al pronunciamiento de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia SU-207 de 2022, en el que se estableció la
regla de unificación relacionada con que se debe «realizar una valoración probatoria
concreta y ajustada» que implique «un examen de probabilidad real, -más allá de
potencial- de ejercer autoridad», que incida en el electorado y de esta manera
determinar la configuración de la respectiva inhabilidad.
109. La Sala anticipa que, en el caso concreto, contrario a lo que argumenta el
accionado, no resulta aplicable el precedente establecido en la sentencia SU-207 de
2022, en tanto, la prohibición objeto de análisis en dicho asunto se refiere al ejercicio
de autoridad administrativa, lo cual difiere al asunto abordado en el presente trámite.
110. Así lo señaló esta Sección en reciente pronunciamiento82 en el que precisó,
respecto de la aplicación de la regla contenida en la referida sentencia de unificación,
lo siguiente:
En el presente caso está acreditado que la elección censurada es del ámbito municipal
y que el ejercicio de autoridad administrativa se predica de la pariente por
consanguinidad (madre) del señor Taquez Chávez, quien fue elegido alcalde del
municipio de Iles, Nariño (2024-2027). Por ende, se cumple uno de los parámetros para
emprender la solución de la alzada a la luz del criterio fijado por la sentencia SU-207 de
2022.
111. En ese orden tampoco se puede atender el argumento que expone el apelante
referido a que la sección tercera, en sede de tutela, hizo extensiva la referida sentencia
de unificación a otro tipo de inhabilidades, diferentes de la relativa al ejercicio de
autoridad.
112. Lo anterior, porque para la Sala, la regla establecida en la sentencia SU-207 de
2022 solo se aplica cuando se trata de elecciones del ámbito municipal (alcaldes,
concejales o ediles), en donde se alegue que el elegido se encuentra inhabilitado, bien
82
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 18 de julio de 2024. Rad. 52001-23-33-000-2023-00375-01. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
porque ejerció como empleado público del «orden departamental» autoridad política,
civil o administrativa o bien porque tiene o tuvo vínculos con parientes, que, como
empleados públicos del «orden departamental», ejercen o ejercieron autoridad política,
civil o administrativa, aspectos que, como se aprecia con claridad no corresponden con
los del presente trámite, en el que se estudia un supuesto por celebración de contratos
con una entidad pública.
113. Ahora bien, para estudiar el elemento subjetivo de la inhabilidad, esto es que la
celebración del contrato se hubiese realizado en interés propio o de terceros, es
pertinente destacar que al expediente se aportó el contrato de arrendamiento de bien
inmueble Nro. 2023400034 suscrito entre el Fondo Nacional de Garantías, en calidad
de arrendatario, y el señor Juan Daniel Oviedo Arango, en calidad de arrendador, el 20
de junio de 2023.
114. El objeto del contrato fue acordado por las partes en los siguientes términos:
PRIMERA – Objeto: Arrendamiento del bien inmueble urbano, identificado con matrícula
inmobiliaria Nro. 50C-1741076 de la oficina de registro de instrumentos públicos de
Bogotá zona centro, ubicado en la Calle 26 A Nro. 13 – 97, “oficina 1102”, que incluye un
parqueadero y un depósito en la ciudad de Bogotá D.C., para las actividades propias del
FNG.
115. Como obligaciones específicas de arrendador y el arrendatario se establecieron
las siguientes:
SEGUNDA - Obligaciones Específicas de EL ARRENDADOR: EL ARRENDADOR
deberá:
1. Entregar el inmueble objeto del contrato a EL ARRENDATARIO en buen estado de
servicio, seguridad y sanidad, previa firma entre LAS PARTES de un acta de entrega
y recibo del inmueble en la que se relacione el estado del inmueble a la fecha de la
entrega.
2. Garantizar que el inmueble objeto del contrato es de su exclusiva propiedad o que se
encuentra autorizado por su propietario para su usufructo
3. Garantizar, en caso de presentarse, el saneamiento por evicción y vicios redhibitorios
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley.
4. Entregar el inmueble libre de apremios judiciales o requerimientos de terceros que
provoquen la alteración en uso y tenencia del bien durante el plazo de ejecución del
contrato.
5. Efectuar oportunamente el pago de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias de
administración, impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda
recaer sobre el inmueble.
6. Realizar el mantenimiento físico del inmueble cuando se requiera por parte del
ARRENDATARIO, para garantizar el buen estado del mismo.
7. Realizar las reparaciones locativas que se requieran por parte del ARRENDATARIO,
cuando los deterioros que las hagan necesarias provengan de fuerza mayor o caso
fortuito.
8. Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de detección y extinción de incendios
del inmueble.
9. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del contrato y la ley.
[…]
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
CUARTA – Obligaciones del ARRENDATARIO: EL ARRENDATARIO por su parte
deberá:
1. Verificar el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato a través del supervisor
que para el efecto designe la Entidad.
2. Destinar el inmueble exclusivamente para el desarrollo de las actividades del FNG.
3. Conservar el inmueble objeto del contrato en buen estado, salvo el deterioro normal
derivado de su uso y reparar por su cuenta todo daño que se cause por su culpa.
4. Pagar al ARRENDADOR el canon de arrendamiento del inmueble.
5. Permitir en cualquier tiempo las visitas del ARRENDADOR o de sus representantes,
para constatar el estado y la conservación del inmueble u otras circunstancias que
sean de su interés, siempre y cuando dichas visitas no afecten la continuidad regular
del servicio a cargo de la Entidad contratante.
6. Restituir a EL ARRENDADOR el inmueble arrendado (i) a la terminación del plazo
pactado; (ii) en cualquier momento ante la ocurrencia de cualquiera de las causales
de terminación anticipada del contrato, en el mismo estado en que fue entregado por
éste, salvo por el deterioro normal causado por el uso y goce legítimo del bien. En este
caso se procederá previa comunicación escrita en la que se indicarán los motivos que
la originaron, los términos del finiquito contractual y el plazo en que se deberá restituir
el bien arrendado con una antelación de por lo menos 90 días calendario.
7. Cancelar oportunamente los gastos y pagos que se generen por concepto de servicios
públicos, (energía, agua, teléfono, larga distancia, gas natural, recolección de basuras,
servicio de televisión por cable y antena parabólica, vigilancia) o los que tenga en
servicio el bien inmueble, durante el termino de vigencia del contrato.
8. Las demás obligaciones que puedan derivarse del presente contrato o de la Ley.
116. Asimismo, en la cláusula quinta se estableció como valor y forma de pago lo
siguiente:
QUINTA – Valor y Forma de Pago: El valor del presente contrato es por la suma de
CIENTO SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
($106.016.318) IVA y administración incluida del bien inmueble arrendado que se
pagarán de la siguiente manera:
Pagos mensuales o proporcionales por fracción de mes de CINCO MILLONES CIENTO
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE., ($ 5.127.900) IVA incluido y
administración del inmueble arrendado que deberán ser canceladas de manera
anticipada previa presentación de la respectiva factura dentro de los diez (10) últimos
días hábiles de cada mes
117. Además de estos elementos esenciales del contrato, se dispusieron acuerdos
relacionados con el pago de servicios públicos domiciliarios y cuotas de administración
del bien inmueble, con temas tales como «Inhabilidades, Incompatibilidades, Sanción
Fiscal, conflictos de interés y lavado de activos»83, «Política antifraude y
anticorrupción», «Prohibición de Financiar el Terrorismo»84, entre otros muchos
aspectos, propios de este tipo contractual.
83
«DÉCIMA SEXTA–. Inhabilidades, Incompatibilidades, Sanción Fiscal, conflictos de interés y lavado de activos: Por el
hecho de suscribir el presente contrato, se entiende que EL ARRENDADOR declara bajo juramento, que él, no se encuentran
incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar con el FNG, así como conflicto de interés y no se
encuentra en listas nacionales e internacionales de lavado de activos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política,
los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, así como el Código de Ética y
Buen Gobierno Corporativo publicado en la página Web de la Entidad.
En este sentido declara que no se encuentra inscrito en el reporte de información de registro de sanciones e inhabilidades de la
Procuraduría General de la Nación, y el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República».
84
«VIGÉSIMA SEGUNDA– Prohibición de Financiar el Terrorismo: En atención a lo previsto en el Artículo 25, parágrafo 2° de
la Ley 40 de 1993, el FNG quedará facultado para decretar la terminación unilateral del presente contrato cuando EL
ARRENDADOR oculte o colabore en el pago de la liberación de un secuestro, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere
lugar.
Parágrafo: Si EL ARRENDADOR paga sumas de dinero a extorsionistas se hará acreedor a las mismas sanciones antes
indicadas.».
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
118. Todo lo anterior, permite evidenciar a partir de la naturaleza de las obligaciones y
acuerdos establecidos por las partes, que estas tienen un carácter oneroso y
conmutativo, toda vez que implican contraprestaciones mutuas, lo cual permite llegar a
la conclusión de que el contrato fue suscrito en interés de ambos contratantes.
119. Se advierte que, pese a que el apoderado del accionado insiste en señalar que
«el bien sobre el cual versa el contrato es una propiedad de una entidad bancaria, por
tanto, no se puede establecer que el negocio haya efectuado un beneficio propio ni una
ventaja frente a los contendores e influenciado el voto en determinado sentido de los
ciudadanos», lo cierto es que el señor Oviedo Arango suscribió el contrato de
arrendamiento en interés propio.
120. En efecto conviene precisar que del acuerdo de voluntades que contiene el
contrato suscrito por el accionado y el Fondo Nacional de Garantías, surgió como
contraprestación económica el pago de un canon que se realizó de forma mensual,
conforme lo prescrito en la cláusula quinta transcrita.
121. Por ello, es factible afirmar, sin lugar a equívocos, que el señor Oviedo Arango
perseguía una finalidad económica para su propio beneficio, máxime cuando en la
misma consideración quinta85 del contrato se dejó constancia de que el accionado tenía
un contrato de leasing con el Banco BBVA Colombia [propietario del inmueble], que le
permitía usufructuar dicho bien y en este sentido arrendarlo, como en efecto sucedió.
De esa manera, se encuentra acreditado el ingrediente subjetivo de la inhabilidad, el
cual es objeto de reparo por el apelante.
122. La Sala debe resaltar que, al demostrarse la configuración de este elemento, no
resulta necesario establecer si, con la celebración del contrato, se produjo un
desequilibrio entre los aspirantes o que no hayan usado recursos públicos para el
efecto, porque la sola existencia del vínculo contractual del demandado con una
entidad del Estado supone una ventaja que afecta el principio de igualdad en la
contienda electoral86.
123. Por lo expuesto, el alegato planteado por los apelantes no está llamado a
prosperar.
2.2.1.3. Sobre el reparo: iv) se desconoció el principio de cosa juzgada
porque no se tuvo en cuenta la sentencia de primera instancia dictada en el
proceso de pérdida de investidura Rad. 25000231500020240019600, promovido
con el mismo supuesto fáctico y jurídico, y en el cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
85
«QUINTA: Que, conforme a lo anterior, la Subdirectora de Gestión Administrativa solicitó al Departamento de Contratación
gestionar el contrato de arrendamiento del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 50C-1741076 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, ubicado en la Calle 26 A Nro. 13 – 97, “oficina 1102”, que incluye un
parqueadero y un depósito en la ciudad de Bogotá D.C., con el señor JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO, quien tiene con el
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA" , propietario del inmueble, un contrato de
Leasing que le permite usufructuar el bien inmueble y en este sentido arrendarlo al FNG conforme los documentos soporte del
trámite».
86
Sobre este aspecto consultar entre otros: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de agosto de 2024. Rad. 2023-
00853-01. MP: Omar Joaquín Barreto Suárez.
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
124. Respecto a este último reparo, la Sala anticipa que no está llamado a prosperar.
125. Al respecto, se advierte que, si bien contra el accionado se adelanta un proceso
de pérdida de investidura87 por los mismos hechos estudiados en el presente trámite,
el cual se ha surtido de forma paralela con el presente contencioso electoral, lo cierto
es que no obra en el expediente prueba que indique que en aquel proceso se emitió
una decisión de fondo y que se encuentre ejecutoriada. En consonancia con lo anterior,
no es posible aplicar las consecuencias prescritas en el parágrafo88 del artículo 1.° de
la Ley 1881 de 2018.
126. En todo caso, de la consulta realizada a la sede electrónica de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo de Colombia [SAMAI] se observó que en la referida
pérdida de investidura se emitió una sentencia de primer grado por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda89.
127. Sin embargo, también se advierte que esta decisión fue impugnada90 y, en la fecha
en la que se profiere la presente providencia, se encuentra a la espera de una decisión
definitiva91 por parte de la Sección Primera esta corporación.
128. Así, para la Sala no es admisible el alegato que plantean los apelantes referidos
a que desconoció el principio de cosa juzgada o que el juez electoral haya desconocido
el fallo proferido en el mencionado proceso de naturaleza sancionatoria, toda vez que
la decisión de pérdida de investidura del demandado no ha cobrado ejecutoria, porque
está pendiente por decidirse el recurso de apelación.
129. Como se explicó en precedencia, los reparos planteados por los apelantes no
tienen la entidad de enervar la decisión de primer grado y por consiguiente la sentencia
cuestionada será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que accedió a las
pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto de elección del señor Juan
Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., para el periodo 2024-2027, de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
87
Adelantado por la Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado No. 25000-23-15-000-2024-00196-00.
88
«PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una
pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos
juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en
cuanto a la configuración objetiva de la causal».
89
Índice 63 Samai - Radicado No. 25000-23-15-000-2024-00196-00.
90
Índices 98 y 99 Samai - Radicado No. 25000-23-15-000-2024-00196-00.
91
Radicado No. 25000-23-15-000-2024-00196-01
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Juan Daniel Oviedo Arango como
concejal de Bogotá D. C. (2024-2027)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00284-01
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme
con el artículo 243A del CPACA.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva el voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 nro. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.