Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02344-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02344-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02344-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
21 de mayo de 2026
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02344-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02344-00
Demandante: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Deniega el amparo del derecho fundamental a la
igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 24 de marzo de 2026, el señor Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la
Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, junto con los principios de
seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y racionalidad.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la sentencia del
18 de septiembre de 2025 proferida por la autoridad judicial accionada, que confirmó
el fallo del 14 de mayo de 2024, a través del cual la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del medio de control de
pérdida de investidura identificado con el radicado 25000-23-15-000-2024-00196-
00/01, promovido por él contra el señor Juan Daniel Oviedo Arango, como concejal
de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
1. Que se declare que la autoridad accionada desconoció el propio precedente judicial,
el horizontal y constitucional, lo cual conllevó a la afectación de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso del suscrito, lo cual también vulnera,
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de paso, los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y
racionalidad.
2. Que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del
suscrito accionante, vulnerados por la autoridad accionada con ocasión de la
providencia cuestionada.
3. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de remedio constitucional, como
medida de amparo, se disponga dejar sin efectos la decisión proferida el 18 de
septiembre de 2025 en el trámite ordinario y, de otra parte, que la Sección Primera
adopte una sentencia de reemplazo.
1.3. Hechos
El tutelante sustenta la solicitud de amparo en los siguientes hechos que, a juicio de
la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Relató que, el 20 de junio de 2023, el Fondo Nacional de Garantías, en calidad de
arrendatario y el señor Juan Daniel Oviedo Arango, en calidad de arrendador,
suscribieron en Bogotá el contrato 20234000034, cuyo objeto consistió en el
«arrendamiento de bien inmueble urbano identificado con matrícula inmobiliaria Nro.
50C-1741076 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona
centro, ubicado en la Calle 26 A Nro. 13-97 - oficina 11025»1.
Narró que en las elecciones de autoridades del orden territorial llevadas a cabo el
29 de octubre de 2023, el antes nombrado logró la segunda mayor votación para el
cargo de alcalde de Bogotá D.C., y optó por ocupar la curul a que tenía derecho en
el concejo distrital, de conformidad con los artículos 112 de la Constitución Política
y 25 de la Ley 1909 de 20182.
Señaló que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pedir la
desinvestidura del señor Oviedo Arango, porque estaban dados los elementos
estructurantes de la inhabilidad de intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas, tanto para alcalde como para concejal, así:
LEY 617 DE 2000
ARTÍCULO 37. INHABILIDADES PARA SER ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE
ALCALDE. El artículo 95 de la Ley 136 de LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
1994, quedará así: 136 de 1994 quedará así:
Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito
podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni como candidato ni elegido concejal municipal o
designado alcalde municipal o distrital: (…) distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección 3. Quien dentro del año anterior a la elección
haya intervenido en la gestión de negocios ante haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o en la entidades públicas del nivel municipal o distrital
celebración de contratos con entidades o en la celebración de contratos con
públicas de cualquier nivel en interés propio entidades públicas de cualquier nivel en
o de terceros, siempre que los contratos interés propio o de terceros, siempre que los
deban ejecutarse o cumplirse en el contratos deban ejecutarse o cumplirse en
respectivo municipio. el respectivo municipio o distrito. (…)
1 El contrato fue pactado, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2024, pero fue terminado de
manera anticipada en el mes de noviembre de 2023.
2 «Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes».
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Refirió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 14
de mayo de 2024, negó la solicitud de pérdida de investidura. Lo anterior, con
fundamento en el siguiente recuento:
En cuanto al elemento objetivo: Precisó que el convocante solo invocó la norma
jurídica inhabilitatoria para alcaldes.
Sin embargo, al tenor literal del 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000, las inhabilidades derivan únicamente por la inscripción como
candidato o la elección como concejal, lo cual significa que, en principio y en estricto
rigor, no aplican para el caso del señor Oviedo Arango, toda vez que no se inscribió
como candidato al Concejo de Bogotá ni fue elegido directamente para esa dignidad,
puesto que inequívocamente participó como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Sobre
el particular, reiteró:
Es decir, que la inhabilidad responde a dos verbos rectores: inscribir y elegir, y en
el caso particular, debe señalarse de manera clara que el señor Oviedo ni se
inscribió para ser concejal, así como tampoco resultó elegido concejal distrital, sino
que fue designado como consecuencia de un derecho personal que adquirió
posterior a su participación en elección para Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá,
por tanto, a pesar de haber realizado el análisis de la causal de inhabilidad así como
de los otros aspectos señalados anteriormente, esta Sala considera que el
demandado no puede ser sometido a un proceso de pérdida de investidura con
fundamento en una inhabilidad para un cargo al cual no aspiró.
Respecto al elemento subjetivo: Desestimó que el acusado actuó con culpa o dolo
al suscribir el contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías, porque:
(i) celebró un contrato de arrendamiento común y corriente, del que deriva solo el
provecho normal de un bien que se encontraba desocupado; (ii) destinó el valor del
arrendamiento al pago del contrato de arrendamiento financiero, leasing, suscrito con
el banco BBVA; (iii) preguntó a su abogado de confianza (quien no es experto en
derecho electoral) y a su contadora, sobre la licitud del contrato de arrendamiento; y
(iv) no desconoció el derecho a la igualdad de los candidatos ni del electorado para el
concejo.
Respecto de lo último precisó que el contrato de arrendamiento no produjo un beneficio
de tipo electoral que alterara las condiciones normales y sanas de la campaña electoral
y concretara la aspiración del señor Oviedo Arango.
Expuso que apeló la anterior decisión, porque el a quo incurrió en una incongruencia
al afirmar que no invocó la violación al régimen de inhabilidades de concejales e
inobservó que el elemento subjetivo sí se verificaba.
Describió que la Sección Primera del Consejo de Estado, a través del 18 de
septiembre de 2025, (i) declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada en
relación con el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por la inhabilidad señalada en el
numeral 3 del artículo 43 ibidem; y (ii) confirmó la decisión que denegó la
desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango, con base en el siguiente
resumen:
En cuanto al elemento objetivo: Precisó que la Sección Quinta de esta Corporación
examinó la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, misma que fue endilgada en la pérdida de investidura y abordada por
el a quo.
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En ese contexto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de
la Ley 1881 de 20183, aplicable a este asunto por disposición del artículo 22 ibidem y,
por lo mismo, estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral con
radicado 25000-23-41-000 2024-00284-01.
Sin embargo, aclaró que la inhabilidad que se endilga, esto es, la prevista en el numeral
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, es la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, dentro del año anterior a la
elección del concejal, siempre que deba ejecutarse en el respectivo municipio. Lo
anterior, sin que en la ley o en la jurisprudencia se haya identificado como un elemento
para su configuración que la celebración del contrato produzca un beneficio electoral,
como lo sostuvo el a quo.
De igual forma enfatizó que, contrario a lo señalado por el tribunal, al acusado sí le son
aplicables las inhabilidades previstas para los concejales una vez aceptó la curul como
consecuencia del Estatuto de Oposición.
Respecto a la falta de congruencia alegada: Explicó que si bien es cierto que el
tribunal aseveró que el convocante no invocó la causal enlistada en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
también lo es que, finalmente, examinó el asunto teniendo en cuenta la inhabilidad
prevista para los concejales.
En lo que atañe al elemento subjetivo: Señaló que los testimonios no acreditaron
que el actuar del acusado estuvo justificado en la buena fe calificada producto de un
error invencible.
El concepto del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE)4 sí tuvo la potencialidad
de generar en el señor Oviedo Arango el convencimiento de que no estaba inhabilitado
para aspirar a la alcaldía de Bogotá, y posteriormente, aceptar la curul en el concejo
distrital.
Además, en el fallo de tutela del 26 de octubre de 2023 de la Subsección A, Sección
Tercera del Consejo de Estado5 se validó el elemento subjetivo que analizó el CNE.
Concluyó que «al igual que la decisión emitida por el Consejo Nacional Electoral, el
fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado sí tuvo la potencialidad de crear en el
acusado el convencimiento de que no estaba inhabilitado para aceptar la designación
en el concejo, dado que, la mencionada sentencia fue proferida el 26 de octubre de
2023, esto es, antes de la posesión de los concejales para el período 2024-2027,
además, en la pluricitada sentencia se explicó que era procedente, con fundamento en
la sentencia SU- 207 de 2022, examinar si la inhabilidad sobre la suscripción del
contrato había generado un desequilibrio entre los candidatos, elemento éste por el
cual la autoridad electoral negó la revocatoria de la inscripción».
Puntualizó que la Sección Quinta de esta Corporación, mediante sentencia del 26
de junio de 2025, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que declaró la nulidad del acto de elección del señor Juan Daniel Oviedo Arango
como concejal de Bogotá D.C., para el periodo 2024-2027. Lo anterior, porque se
3 El cual establece que «cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una
de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el
otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad (…), cuyo juicio
es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de
investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la
configuración objetiva de la causal».
4 Contenido en la Resolución 11822 de 2023, que negó la solicitud de revocatoria de la inscripción
del candidato Juan Daniel Oviedo Arango a la alcaldía de Bogotá D.C., con ocasión de las elecciones
de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre de 2023.
5 Emitido dentro del radicado 25000-23-15-000-2023-00720-01.
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configuraron los elementos de la causal inhabilitante contenida en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Especificó que la sentencia del 18 de septiembre de 2025 incurrió en defectos
sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente horizontal,
propio y constitucional.
En cuanto al defecto sustantivo, arguyó que resulta contradictorio que la sección
accionada hubiera abordado un «argumento que no fue objeto de pronunciamiento
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni mucho menos del recurso
de alzada»
Explicó que la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta un concepto del CNE y
una sentencia de tutela del 26 de octubre de 2023 para justificar que el actuar del
acusado estuvo amparado en la buena fe calificada, elementos probatorios que (i)
se adujeron con el traslado del recurso de apelación y que, por lo mismo, no fueron
objeto de pronunciamiento en primera instancia ni en su alzada; y (ii) validaron o
justificaron la conducta del señor Arango Oviedo con base en el fallo SU-207 de
2022 de la Corte Constitucional, pese a que ello es contrario a la jurisprudencia de
la Corporación, en especial, de la Sección Quinta.
Argumentó que la sección accionada aplicó el numeral 2° del artículo 486 de la Ley
270 de 1996 de forma contraevidente o «contra legem», en la medida en que valoró
el fallo de tutela del 26 de octubre de 2023, pese a que tenía efectos inter partes y
se oponía a la jurisprudencia de la Corporación. Por ello, en su criterio, no se podía
afirmar que dicha decisión «sí tuvo la potencialidad de crear en el acusado el
convencimiento de que no estaba inhabilitado para aceptar la designación en el
concejo».
Subrayó que la Sección Primera de esta Corporación debió efectuar un análisis de
por qué la sentencia de tutela del 26 de octubre de 2023 no puede considerarse un
precedente.
En lo que atañe al defecto procedimental absoluto, alegó la vulneración del
principio de congruencia, pues la Sección Primera de esta Corporación valoró los
elementos probatorios mencionados por el señor Oviedo Arango, al descorrer el
traslado del recurso de apelación, pese a que no habían sido objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni de él
como apelante único.
Respecto del desconocimiento del precedente horizontal, aseveró que la
autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta la sentencia proferida por la Sección
6 «2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los
jueces».
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Quinta de esta Corporación, el 16 de diciembre de 2020, dentro del radicado 44001-
23-33-000-2019-00173-01. Providencia que indicó que quien aspira a ser elegido
como alcalde «tiene pleno conocimiento de que existe una expectativa real de que
no resulte electo y de que puede quedar segundo en la votación, supuesto este del
cual surge la prerrogativa o derecho consagrado en el artículo 112 de la Constitución
y en los artículos 24 y 25 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, de manera que deberá
tener en cuenta las prohibiciones previstas en la norma para aspirar a ambos
cargos, es decir, el uninominal al que inicialmente se inscribe, y al de la curul de la
corporación en la que, eventualmente, puede ser designado».
Precisó que la sección accionada al indicar que «no era razonable exigirle al
excandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá que indagara si estaba inhabilitado para
el cargo de concejal», creó una especie de inmunidad frente al régimen de
inhabilidades, lo cual está en contravía con lo dicho por la Sección Quinta en el
pronunciamiento atrás referido.
Enlistó las sentencias de la Sección Quinta de esta Corporación que precisaron que,
la hipótesis fijada en la sentencia SU-207 del 2022 no es aplicable, pues fijó una
regla específica respecto de las inhabilidades por ejercicio de autoridad, que no
corresponde al objeto de los procesos planteados, ya que en éstos se está
debatiendo una inhabilidad independiente referida a la celebración de contratos con
entidades de cualquier orden, dentro del año anterior a la elección, en beneficio
propio o de un tercero, como ocurre dentro del radicado 25000-23-15-000-2024-
00196-00/01, así:
• Sentencia del 1° de diciembre de 2022, emitida dentro del radicado 76001-23-33-
000-2019-01126-01, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
• Sentencia del 18 de julio de 2024, emitida dentro del radicado 2001-23-33-000-
2023-00375-01, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
• Sentencia del 18 de julio de 2024, emitida dentro del radicado 23001-23-33-000-
2023-00191-02, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
• Sentencia del 18 de julio de 2024, emitida dentro del radicado 76001-23-33-000-
2023-00886-01, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
• Sentencia del 12 de septiembre de 2024, emitida dentro del radicado 05001-23-33-
000-2023-01258-02, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
• Sentencia del 3 de octubre de 2024, emitida dentro del radicado 05001-23-33-000-
2023-01252-01, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
Sostuvo que el desconocimiento de los anteriores pronunciamientos quebró los
principios de uniformidad y coherencia en la jurisprudencia.
En lo que concierne al desconocimiento del propio precedente, refirió que la
jurisprudencia ha reconocido dos eventos en los que se actúa bajo el parámetro de
buena fe calificada, a saber: (i) haber estado amparado por la jurisprudencia pacífica
del Consejo de Estado para la época de los hechos y (ii) haber accedido a la
asesoría jurídica profesional que le brindara conceptos jurídicos errados que lo
hicieran incurrir en un error; empero, la exclusión de responsabilidad del señor
Oviedo Arango no se estructuró en ellos, lo que «configura un desconocimiento del
propio precedente judicial».
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Destacó que la Sección Primera de esta Corporación, en providencia del 15 de
Diciembre del 20237, abordó un caso de contornos similares al del radicado 25000-
23-15-000-2024-00196-00/01 y consideró que el concepto de la CNE, contenido en
la Resolución 5724 del 15 de octubre de 2019, no tuvo la virtualidad de generar
confianza y convicción en el acusado, máxime cuando se observa que quiso sacar
provecho de una decisión administrativa a todas luces errática y «así evadir los
efectos nocivos de una conducta que estuvo en capacidad de conocer desde el
principio».
En cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, afirmó que el fallo
cuestionado al sostener que el «concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral
justifica la conducta del accionado en la medida en que se acredita que su actuar
estuvo amparado en la buena fe calificada», se apartó de las sentencias SU-329 de
2024 y SU-245 de 2025.
Especificó que dichos pronunciamientos de la Corte Constitucional recordaron que
los conceptos del CNE, al ser adoptados en un procedimiento de carácter
administrativo y diferente al de nulidad, no implican prejudicialidad ni son una
camisa de fuerza para el juez, quien goza de autonomía judicial al resolver los casos
puestos en su conocimiento.
1.5. Trámite y contestación
Mediante escrito del 25 de marzo de 2026, el magistrado ponente manifestó
impedimento para conocer del asunto de referencia al invocar las causales previstas
en los numerales 4° y 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 8. Lo
anterior, debido a que la providencia cuestionada dispuso estarse a lo resuelto en
la sentencia de nulidad electoral proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de radicado 25000-23-41-000-2024-00284-01, en
cuya expedición participó.
A través de providencia del 16 de abril de la presente anualidad, se declaró
infundado el impedimento manifestado al no encontrar demostrados los elementos
para la configuración de las causales alegadas, toda vez que la participación en el
proceso de nulidad electoral no constituye, por sí sola, fundamento fáctico o jurídico
que permita concluir que emitió concepto o manifestó opinión alguna respecto de la
decisión objeto de reproche en la presente tutela.
Por auto del 30 de abril de 2026, se admitió la demanda de tutela, se ordenó
notificar, en calidad de demandados, a los magistrados que integran la Sección
Primera del Consejo de Estado y, como terceros con interés, a los magistrados que
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de
Diciembre de 2023. Radicación No. 76001-23-33-000-2023-00550-01. M.P.: Nubia Margoth Peña
Garzón.
8 «4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o
haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre
el asunto materia del proceso. (…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado
dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la
providencia a revisar».
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02344-00
conforman la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al señor
Juan Daniel Oviedo Arango.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el enlace del medio de
control de pérdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-00196-00.
1.5.2 El señor Juan Daniel Oviedo Arango señaló que este mecanismo «tiene
como objetivo revivir de manera reiterada una controversia jurídica que ya
concluyó, tan es así, que el accionante insiste con los hechos de su demanda en
el proceso de perdida de investidura».
Advirtió que el tutelante simplemente manifiesta que él difiere de la sentencia
adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado, sin cumplir con una carga
argumentativa y explicativa de por qué la situación de fondo planteada tiene una
genuina relevancia constitucional que afecte de manera desproporcionada las
garantías superiores invocadas.
Aseguró que el actor se limitó a invocar derechos fundamentales sin explicación
alguna, ya que lo que desarrolla son las mismas cuestiones legales,
jurisprudenciales y probatorias que ya la jurisdicción resolvió. En esa línea, añadió
que los reproches planteados por el accionante no giran en torno al alcance y
desarrollo de un derecho fundamental, sino a refutar consideraciones contenidas en
el fallo cuestionado.
Reiteró que la acción de tutela no es un mecanismo para prolongar indefinidamente
las disputas judiciales ni para propiciar una tercera instancia de revisión.
Pidió que se declare la improcedencia de este mecanismo porque no cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional.
1.5.3 La Sección Primera del Consejo de Estado, especificó que la acción de
tutela deviene en improcedente por no cumplir el requisito de subsidiaridad, cuanto
se alega la falta de congruencia, como lo hace el tutelante en el defecto
procedimental absoluto.
Mostró que esta Corporación ha indicado que la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la nulidad originada en
la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido
la congruencia interna y/o la externa. En ese orden, el accionante tiene a su alcance
dicho recurso extraordinario.
Aclaró que, en su concepto, no existe incongruencia en el fallo cuestionado, en la
medida en que resolvió los argumentos expuestos en el recurso de apelación, con
fundamento en lo probado y en la normativa y jurisprudencia imperante.
Detalló que, en el fallo del 18 de septiembre de 2025, se declaró la cosa juzgada
frente al elemento objetivo de la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43
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de la Ley 136 de 1994 y se abordó de fondo el elemento subjetivo.
Definió que las sentencias emitidas dentro de los radicados 44001-23-33-000-2019-
00173-01, 76001-23-33-000-2019-01126-01, 2001-23-33-000-2023-00375-01,
23001-23-33-000-2023-00191-02, 76001- 23-33-000-2023-00886-01, 05001-23-33-
000-2023-01258-02 y 05001-23-33-000-2023-01252-01 no constituyen
precedentes, por cuanto fueron expedidas en un medio de control de nulidad
electoral. Añadió que, en todo caso, no se observa que el actor haya cumplido con
la carga de identificar cuál era la regla contenida en cada una de esas decisiones
que resultaba aplicable a la pérdida de investidura, ni tampoco señaló cuál era la
identidad fáctica y jurídica que existía entre esas causas.
Manifestó que no sobra ilustrar que, en el medio de control de nulidad electoral, se
efectúa un juicio objetivo de legalidad, mientras que en la pérdida de investidura se
realiza un juicio de responsabilidad subjetiva, conforme lo previsto en el artículo 1
de la Ley 1881 de 2018.
Argumentó que el fallo del 15 de diciembre de 2023, proferido por la Sección
Primera dentro del radicado 76001-23-33-000-2023-00550-01, no guarda identidad
fáctica ni jurídica con la pérdida de investidura que ahora se revisa, dado que
analizan inhabilidades diferentes. Precisó que, en todo caso, el fallo de 15 de
diciembre de 2023 no fue invocado al interior de la pérdida de investidura, por lo
que ese argumento no cumple el requisito de procedencia de la acción de tutela
señalado en el literal e) de la sentencia C-590 de 20059.
Explicó que el tutelante, en lo que atañe al juicio de responsabilidad objetivo, parte
de una premisa que no corresponde con las consideraciones expuestas en la
sentencia cuestionada, puesto que allí expuso que, contrario a lo señalado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca las causales de inhabilidad sí eran
aplicables a quienes aceptaron una curul en el concejo de Bogotá D.C., producto de
haber ocupado el segundo lugar en las elecciones a la alcaldía y, para sustentar
ese dicho, citó unos fallos. Decisiones que ahora el actor también refiere como
desconocidas, esto son, las proferidas el 1 de diciembre de 2022 y el 9 de junio de
2022.
Advirtió que el tutelante no relacionó las sentencias que contienen la supuesta regla
de que «hasta el momento, la jurisprudencia del Consejo de Estado sólo ha
reconocido dos (2) eventos en los que se actúa bajo el parámetro de buena fe
calificada», lo que impide que ese reproche sea analizado de fondo.
Aclaró que, en el fallo de 18 de septiembre de 2025, se citaron los eventos a que
alude el actor, a manera de ejemplo, para indicar que hay situaciones que sí pueden
9 «Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos
[…]» [Negrillas ajenas]
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justificar la conducta prohibida «porque implican que el accionado actúa con buena
fe calificada y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo que
se dijo puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente
para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y este le
aconseja mal» (negrita fuera del texto).
Mencionó que las sentencias SU-329 de 2024 y SU-245 de 2025 de la Corte
Constitucional también referenciadas por el actor como infringidas, no abordan lo
resuelto en un medio de control de pérdida de investidura, por lo que tampoco
constituyen precedente.
Concluyó que, analizados los defectos invocados por el accionante, resulta claro
que este mecanismo no cumple en su integridad con el requisito de relevancia
constitucional, razón por la deviene improcedente.
Expresó que, lo anterior es así, si se tiene en cuenta que los reproches que plantea
el tutelante no giran en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho
fundamental, sino que buscan controvertir las consideraciones contenidas en la
sentencia que le fue desfavorable a sus intereses.
Insistió en que la finalidad perseguida por el actor es reabrir el debate ya resuelto
en el proceso ordinario y cuestionar las decisiones allí adoptadas, bajo el argumento
de la configuración de presuntos defectos sustantivo, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente, cuando en realidad su inconformidad se dirige a
controvertir las consideraciones jurídicas y valorativas expuestas en la sentencia
censurada.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el señor Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe, el material probatorio recaudado y los informes presentados, la Sala
deberá establecer si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, junto con los principios de
seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y racionalidad, con ocasión de la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de pérdida de
investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-00196-00/01.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
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(iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
10 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la sala, el señor Samuel Alejandro Ortiz Martínez presentó
acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, porque en
la sentencia del 18 de septiembre de 2025, confirmó la decisión de la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de denegar su solicitud de pérdida de
investidura.
Según el accionante, la autoridad judicial cuestionada realizó un análisis equivocado
del elemento subjetivo de responsabilidad, lo que, a su juicio, configura los defectos:
sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente [horizontal,
propio y constitucional].
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Para descender al caso concreto, se observa que la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, confirmó el fallo de
primera instancia que denegó la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo
Arango como concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.
Para arribar a esa decisión tuvo en cuenta que (i) existen causales de exclusión de
responsabilidad cuando se acredita que el actuar del acusado estuvo amparado en
la buena fe calificada producto de un error invencible y a, manera de ejemplo,
desarrolló eventos en los que su configuración resulta evidente; (ii) el señor Oviedo
Arango, cuando descorrió el traslado del recurso de apelación, alegó que había
actuado con la convicción de que su conducta no infringía el régimen de
inhabilidades porque el CNE, a través de la Resolución 11822 del 29 de septiembre
de 2023, confirmó que no estaba inhabilitado y (iii) el acto administrativo
referenciado sí tenía la potencialidad de crear el convencimiento en el antes
nombrado de que no estaba actuando al margen de la ley, pese a que no se
acompasa con la jurisprudencia de esta Corporación.
Lo último, sumado a que el fallo de tutela del 26 de octubre de 2023 de la
Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado validó el elemento subjetivo
que analizó el CNE en la Resolución 11822 de 2023, dejó abierta la posibilidad de
que la regla fijada en la sentencia SU- 207 de 2022 se predique frente a otras
inhabilidades «en cuanto a la necesidad de que se examine su configuración, a
partir de, mutatis mutandi, […] de la probabilidad de que el contrato o gestión genere
el desequilibrio entre los candidatos y no de la descripción textual y aislada del
contenido de la inhabilidad […]»11; y fue proferido antes de que se posesionaran los
concejales para el período 2024-2027.
Finalmente, precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que
el régimen de inhabilidades es aplicable a los integrantes de corporaciones públicas
que acceden a ella por lo dispuesto en el Estatuto de Oposición y, en esa medida,
era procedente examinar si se configuraba la inhabilidad señalada en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 617 de 2000. En lo relevante, se destaca:
[…], la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha indicado que la
conducta prohibida puede justificarse cuando el implicado actúa con el convencimiento
de que su actuar está ajustado al ordenamiento jurídico. No obstante, en estos casos,
esa falta de conciencia de antijuridicidad (contrario a derecho) de la conducta solo
exime de responsabilidad si el acusado ha incurrido en ella por error invencible, ya que
la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su transgresión.
11 «En la investigación del señor Gómez Giraldo, el CNE hizo un análisis de la inhabilidad desde el
punto de vista formal —sin que tal circunstancia per se comporte un ejercicio arbitrario de su
función— y en el otro, esto es, en el caso del señor Oviedo Arango, analizó la misma prohibición
desde el punto de vista de la finalidad y afectación real del equilibrio electoral, en aplicación de la
sentencia SU- 207 de 202225, proferida por la Corte Constitucional//.
En ese sentido, la Sala destaca que la sentencia SU-207 de 2022 se refirió a una inhabilidad frente
al parentesco por la incidencia de un funcionario de un nivel frente otro nivel superior, sin embargo,
se puede afirmar que dicho análisis es predicable frente a otras inhabilidades en cuanto a la
necesidad de que se examine su configuración, a partir de, mutatis mutandi, no de la «probabilidad
de incidencia efectiva en el nivel territorial correspondiente examinando, por ejemplo, si de acuerdo
con sus actividades, existía una probabilidad real de ejercer la autoridad administrativa», sino de la
probabilidad de que el contrato o gestión genere el desequilibrio entre los candidatos y no de la
descripción textual y aislada del contenido de la inhabilidad».
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Lo señalado, dado que, si bien, al tenor del artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de
la ley no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los
cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en presencia
de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la
disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el
principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa ignorancia,
la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal; ello siempre y
cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la configuración
de la causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es clara, no suple la falta de
diligencia el hecho de solicitar un concepto.
[…]
Ahora bien, cuando el apoderado del acusado descorrió el traslado del recurso de
apelación, alegó que había actuado con la convicción de que su conducta no
infringía el régimen de inhabilidades porque la máxima autoridad electoral
confirmó que no estaba inhabilitado cuando hizo el estudio de la revocatoria de
inscripción.
[…]
La Sala considera que el concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral
[contenido en la Resolución 11822 del 29 de septiembre de 2023] justifica la
conducta del accionado en la medida en que se acredita que su actuar estuvo
amparado en la buena fe calificada. Lo anterior, dado que la autoridad electoral se
refirió a si el acusado estaba inhabilitado para ser candidato a la alcaldía de Bogotá, y
la inhabilidad endilgada para la revocatoria de la inscripción y la que acá se estudia son
similares en su contenido, y los hechos en los que se fundamenta su configuración
resultan ser idénticos; de modo que, si ya la autoridad electoral le había indicado
que no estaba inhabilitado para ser alcalde, no es razonable exigirle al acusado
que indagara si estaba inhabilitado para aceptar el cargo de concejal, el cual
obtuvo como consecuencia de la contienda electoral para la alcaldía.
Luego, el criterio del Consejo Nacional Electoral, en los términos en los que fue
expuesto, aunque no tiene un respaldo en la ley o en la jurisprudencia de esta
Corporación, ya sea en la Sección Quinta, como órgano de cierre en los asuntos
electorales, o en la Sección Primera, Salas Especiales de Decisión, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en materia de pérdida de investidura, lo cierto es
que sí tiene la potencialidad de generar en el acusado, o en cualquier persona, el
convencimiento de que no estaba inhabilitado para aspirar a la alcaldía de
Bogotá, y posteriormente, aceptar la curul en el concejo distrital, que ocupó producto
de la contienda electoral en la que le habían indicado que no era procedente la
revocatoria de su inscripción porque no estaba inhabilitado.
Conforme con todo lo expuesto, la Sala concluye que, si bien el acusado incurrió
objetivamente en la inhabilidad endilgada, su actuar está amparado en la buena fe
calificada producto de un error invencible, por cuanto al ser cuestionada su inscripción
a la alcaldía de Bogotá, la autoridad electoral le indicó que no estaba inhabilitado por
la celebración del contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías,
decisión que sí tuvo la potencialidad de crear el convencimiento en el accionado de que
no estaba inhabilitado para aceptar la designación en el concejo.
Aunado a lo señalado, se advierte que el accionado también alegó que en la “(…)
[s]entencia del 26 de octubre de 2023 el Consejo de Estado validó el elemento
subjetivo que abordó el Consejo Nacional Electoral en el caso particular del señor
Juan Daniel Oviedo Arango, fallos que también junto con la decisión del Consejo
Nacional Electoral -Resolución No. 11822 del 29 de septiembre de 2023- le dieron
una confianza legítima al hoy demandado sobre que su candidatura y actuar no
estaba viciado (…)”.
Al respecto, la Sala observa que la sentencia que menciona el accionado fue proferida
en una acción de tutela que promovieron los señores Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez,
Tulio Alberto Gómez Giraldo y William Felipe Hurtado Quintero en contra del Consejo
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Nacional Electoral por revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio
Alberto Gómez Giraldo para la gobernación del Valle del Cauca. En lo que a la pérdida
de investidura concierne, se destaca que en la tutela se invocó la vulneración del
derecho a la igualdad porque al señor Juan Daniel Oviedo Arango, en un asunto similar,
no se le revocó la inscripción con fundamento en que no se había aprovechado
electoralmente del contrato de arrendamiento.
[…]
La precitada sentencia fue proferida en segunda instancia el 26 de octubre de 2023 por
la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente con
radicado nro. 25000 2315 000 2023 00720 01 y allí se confirmó la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
[…]
De lo anterior, la Sala considera que le asiste razón al accionado cuando manifiesta
que el fallo de tutela “(…) validó el elemento subjetivo que abordó el Consejo Nacional
Electoral en el caso particular del señor Juan Daniel Oviedo Arango, fallos que también
junto con la decisión del Consejo Nacional Electoral -Resolución No. 11822 del 29 de
septiembre de 2023- le dieron una confianza legítima al hoy demandado sobre que su
candidatura y actuar no estaba viciado (…)”, en particular, porque entre las razones
expuestas por el juez de tutela se indicó que la sentencia SU- 207 de 2022, si bien se
refirió a una inhabilidad por parentesco, “se puede afirmar que dicho análisis es
predicable frente a otras inhabilidades en cuanto a la necesidad de que se examine su
configuración, a partir de, mutatis mutandi, (…) de la probabilidad de que el contrato o
gestión genere el desequilibrio entre los candidatos y no de la descripción textual y
aislada del contenido de la inhabilidad (…)”, elemento que fue precisamente el que el
Consejo Nacional Electoral abordó y en el que sustentó la negativa de revocar la
inscripción del accionado a la alcaldía de Bogotá.
Siendo así, la Sala estima que al igual que la decisión emitida por el Consejo Nacional
Electoral, el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado sí tuvo la potencialidad
de crear en el acusado el convencimiento de que no estaba inhabilitado para aceptar
la designación en el concejo, dado que, la mencionada sentencia fue proferida el 26 de
octubre de 2023, esto es, antes de la posesión de los concejales para el período 2024-
2027, además, en la pluricitada sentencia se explicó que era procedente, con
fundamento en la sentencia SU- 207 de 2022, examinar si la inhabilidad sobre la
suscripción del contrato había generado un desequilibrio entre los candidatos,
elemento éste por el cual la autoridad electoral negó la revocatoria de la inscripción.
En conclusión, si bien es cierto el accionado incurrió objetivamente en la causal de
pérdida de investidura, también lo es que, su actuar está justificado en la buena fe
calificada producto de un error invencible, lo que se verifica en la decisión emitida por
el Consejo Nacional Electoral y el fallo de tutela de esta Corporación.
[…]
La Sala considera que, en este punto, le asiste razón al recurrente, comoquiera que,
en efecto, la jurisprudencia de la Sección Primera ha determinado que “quien acepta la
designación como concejal porque ha quedado en segundo lugar en la votación para
la alcaldía, queda a partir de ese momento sujeto a todas las causales de pérdida de
investidura que taxativamente estén previstas para los concejales, precisamente
porque, a partir del momento de la aceptación, ya tiene vocación de desempeñarse en
ese cargo, y no en otro, en condiciones de igualdad con los demás concejales”12.
[…].
Por ende, contrario a lo señalado por el tribunal, al acusado sí le son aplicables
las inhabilidades previstas para los concejales una vez aceptó la curul como
consecuencia del Estatuto de Oposición, por lo que en este punto le asiste razón
al recurrente y era procedente examinar si estaba configurada la inhabilidad
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
1 de diciembre de 2022. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Expediente nro. 47001 2333 000 2021 00025
01.
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señalada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 (negrita fuera del
texto).
Sobre el particular, la Sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante
no cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, porque están encaminados a controvertir
las conclusiones a las que arribó la sección accionada, a partir de algunas
expresiones que realizó el fallo.
En efecto, con base en que la autoridad judicial accionada desarrolló, a manera de
ejemplo, dos causales de exclusión de responsabilidad cuando se acredita
que el actuar del acusado estuvo amparado en la buena fe calificada13, el actor
enfatizó que son las únicas y, en esa medida, lo tenido en cuenta en la sentencia
de 18 de septiembre de 2025 carece de respaldo jurisprudencial. Lo expuesto, sin
considerar que el fallo cuestionado fue explícito en indicar que, como mínimo, se
reconocen esos dos eventos.
De igual manera, con la afirmación consistente en que el señor Oviedo Arango,
cuando descorrió el traslado del recurso de apelación, arguyó que había
actuado con la convicción de que su conducta no infringía el régimen de
inhabilidades gracias a un concepto de la CNE, el actor edificó que esa situación no
fue abordada en primera instancia ni en su recurso de apelación y, por lo mismo,
resulta lesiva del principio de congruencia. Lo anterior, sin atender que ese
pronunciamiento, contenido en la Resolución 11822 de 2023, fue pedido por
solicitud suya, incorporado al proceso ordinario y relacionado como prueba en el
fallo de primera instancia.
En la misma línea, desde el señalamiento de que la Resolución 11822 de 2023 y el
fallo de tutela del 26 de octubre de 2023 tuvieron la potencialidad de generar en el
acusado el convencimiento de que no estaba actuando al margen de la ley, aunque
esos pronunciamientos no estuvieran acordes a la jurisprudencia de esta
Corporación, el accionante soportó la configuración del desconocimiento del
precedente horizontal y constitucional.
Para esto, relacionó varias sentencias proferidas por la Sección Quinta de esta
Corporación que corroboran la no concordancia que evidenció la autoridad judicial
accionada, sin que ese ejercicio carente de argumentación logre modificar la
exclusión de responsabilidad que estableció el fallo cuestionado. De igual forma,
mencionó proveídos de la Corte Constitucional que indican que los conceptos de la
CNE no son obligantes, sin argumentar como ello pudo cambiar la valoración que
se hizo de la Resolución 11822 de 2023.
Ciertamente, el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe enlisto una serie de
sentencias proferidas (i) en medios de control de nulidad electoral14, que indican
13 «(i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su criterio,
lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa
ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal».
14 Entre otras, sentencias del 1° de diciembre de 2022 (radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01);
18 de julio de 2024 (2001-23-33-000-2023-00375-01); 18 de julio de 2024 (23001-23-33-000-2023-
00191-02); 18 de julio de 2024 (76001-23-33-000-2023-00886-01); 12 de septiembre de 2024
(05001-23-33-000-2023-01258-02) y 3 de octubre de 2024 (05001-23-33-000-2023-01252-01).
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que la hipótesis fijada en la sentencia SU-207 del 2022 no es aplicable, por cuanto
corresponde a una regla específica respecto de las inhabilidades por ejercicio de
autoridad, que no corresponde a la analizada en esos procesos15; (ii) en acciones
de tutela contra providencia judicial16, que prevén que los conceptos del CNE no
implican prejudicialidad ni camisa de fuerza para la juez17, como un intento más de
imponer su posición, sin cumplir con la carga de explicar cómo lo dicho en esos
pronunciamientos, emitidos en mecanismos diferentes a la pérdida de investidura,
pudo cambiar la conclusión a la que arribó la sección accionada. Esto es, que la
Resolución 11822 de 2023 y el fallo de tutela del 26 de octubre de 2023, sí tuvieron
la potencialidad de generar en el señor Oviedo Arango el convencimiento de que no
estaba actuando al margen de la ley.
Siguiendo la misma orientación, a raíz del señalamiento de que no era razonable
exigirle al acusado que indagara si estaba inhabilitado para aceptar el cargo de
concejal porque la autoridad electoral le había confirmado que no estaba
inhabilitado para ser alcalde, el accionante afirmó que la autoridad judicial accionada
creó una especie de inmunidad frente al régimen de inhabilidades. Lo anterior, sin
considerar que el fallo del 18 de septiembre de 20025 precisó que la jurisprudencia
de la Sección Primera ha determinado que «quien acepta la designación como
concejal porque ha quedado en segundo lugar en la votación para la alcaldía, queda
a partir de ese momento sujeto a todas las causales de pérdida de investidura que
taxativamente estén previstas para los concejales».
Por último, el tutelante efectuó otras consideraciones consistentes en que, el fallo
cuestionado, no explicó las razones por las que la sentencia de tutela del 26 de
octubre de 2023 no es un precedente en estricto sentido, máxime cuando lo decidido
allí está en contravía con la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta
Corporación; y se basó en la Resolución 11822 de 2023, acto deficiente y carente
de los elementos probatorios necesarios, que buscan, claramente, que el juez de
tutela imponga una valoración distinta a la que asumió el juez natural de la causa,
último que determinó que no se acreditó el elemento subjetivo en la inhabilidad
invocada contra del señor Juan Daniel Oviedo Arango.
Lo esbozado, hace evidente que el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe busca
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el de la Sección Primera del
Consejo de Estado, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la
decisión.
Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.
15 Referida a la celebración de contratos con entidades de cualquier orden, dentro del año anterior a
la elección, en beneficio propio o de un tercero.// Así pues, la ventaja que echa de menos el
demandado y que a su juicio no fue probada, no obedece al supuesto de hecho debatido, pues en
la inhabilidad endilgada en este asunto basta con establecer que comporte un beneficio patrimonial
o extrapatrimonial en favor suyo o de un tercero; elemento que se encuentra plenamente acreditado.
16 En las que se controvierten fallos de la Sección Quinta de esta Corporación.
17 Sentencias SU-329 de 2024 y SU-245 de 2025,
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Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez
natural, en el marco del medio de control de pérdida de investidura.
Para la sala no es suficiente que el interesado refiera, como en este caso, que con
la decisión judicial se le transgredieron determinadas garantías superiores, sino que
debe argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique por
parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el
máximo órgano en esta materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requieren con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que demuestre, de forma coherente, el
engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las
garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por
la autoridad censurada.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción por no cumplir este
presupuesto en relación con los defectos sustantivo, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente.
No obstante, el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe también consideró vulnerado
su derecho fundamental a la igualdad con la sentencia del 15 de diciembre de 2020,
proferida por al Sección Primera de esta Corporación, en el marco de un medio de
control de pérdida de investidura con radicado 76001-23-33-000-2023-00550-01.
Para analizar este cargo, la sala procederá con el estudio de los demás requisitos
generales de procedencia, así:
2.6. Requisitos adjetivos de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia reprochada fue proferida al interior de un
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medio de control de pérdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-
00196-00/01.
2.6.2. Subsidiariedad
El accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la vulneración que alega.
2.6.3. Inmediatez
A su vez, se acredita el requisito de inmediatez, ya que la solicitud de amparo se
presentó en el plazo prudencial de 6 meses, si se considera que la sentencia
cuestionada fue proferida el 18 de septiembre de 2025 y notificada por estado el 26
de septiembre siguiente, mientras que la acción de tutela fue radicada el 24 de
marzo de 2026.
Lo anterior, sin que sea necesario determinar la fecha de la ejecutoria de la
providencia, demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza del actor en la
defensa de su derecho fundamental.
2.6.4. Caso concreto
El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe considera vulnerado su derecho a la
igualdad, si se atiende que la sentencia del 15 de diciembre de 2023 y el fallo
cuestionado del 18 de septiembre de 2025, a pesar de que fueron proferidos por la
Sección Primera del Consejo de Estado, adoptaron decisiones diferentes en casos
de contornos similares.
En relación con la aludida garantía, se precisa que la Corte Constitucional en la
sentencia C-015 de 2014 señaló:
4.4.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el
criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir,
precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara
sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la
diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones
objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.
Para abordar el cuestionamiento es precisó efectuar un recuento de lo analizado en
cada una de las sentencias:
a) Expediente 6001-23-33-000-2023-00550-01:
En este proceso, el ciudadano Samir Agualimpia Richard solicitó la pérdida de
investidura del señor Gabriel Benjamín Agrado Restrepo, concejal del municipio de
Cartago (Valle del Cauca), por hechos relacionados con el período constitucional
2020-2023, al considerar que dentro de los doce meses anteriores a la elección, su
hermano, el señor Jorge Enrique Agrado Restrepo, en calidad de rector de la
Institución Educativa «Indalecio Penilla» del mismo ente territorial, ostentó autoridad
administrativa en los términos censurados por el artículo 43, numeral 4, de la Ley
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136 de 2 de junio de 199418, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de
octubre de 200019.
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
del 13 de septiembre de 2023, denegó la pérdida de investidura del concejal del
municipio de Cartago (Valle del Cauca), señor Gabriel Benjamín Agrado Restrepo.
Decisión que fue apelada por el agente del Ministerio Público y el convocante.
La Sección Primera del Consejo de Estado20, a través del fallo del 15 de diciembre
del 2023, revocó la decisión del a quo para, en su lugar, decretar la desinvestidura
pretendida, con fundamento en el siguiente recuento:
La causal de pérdida de investidura invocada se estructura cuando concurran los
siguientes presupuestos: (i) que el accionado tenga la condición de concejal; (ii) que el
acusado, desde su época de candidato al concejo, haya tenido vínculo por matrimonio,
o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero
de afinidad o único civil, con algún funcionario; y (iii) que ese funcionario, dentro de los
doce (12) meses anteriores a la elección del del concejal, haya ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el mismo ente territorial para el cual fue elegido el
cabildante.
El señor Gabriel Benjamín Agrado Restrepo incurrió en la comisión objetiva de la
inhabilidad.
La Comisión Nacional Electoral, mediate Resolución 5575 del 2 de octubre de 2029,
revocó el acto de inscripción del señor Gabriel Benjamín Agrado Restrepo como
candidato a la Alcaldía Municipal de Cartago (Valle del Cauca), porque los rectores de
instituciones educativas públicas son empleados públicos que ejercen autoridad
administrativa siguiendo el criterio funcional, dado que tienen señaladas en la ley
funciones de ejercicio de poder y mando, especialmente las de ordenador del gasto de
Fondos de Servicios Educativos y celebración de contratos, autoridad que ejerce Jorge
Enrique Agrado Restrepo como rector en propiedad, en un municipio certificado para
la administración del Sector Educación.
Luego, esta autoridad administrativa, a través de la Resolución 5724 del 15 de octubre
de 2019, revocó el anterior acto administrativo y restableció la inscripción del señor
Gabriel Benjamín Agrado Restrepo.
Para la sala, lo resuelto por el CNE, en la Resolución 5724 de 15 de octubre de 2019,
no logró eximir de responsabilidad subjetiva al señor Gabriel Benjamín Agrado
Restrepo.
Lo anterior, porque esa autoridad administrativa fundó su decisión en una interpretación
errática del alcance y contenido del Decreto municipal 140 de 29 de diciembre de 2016;
además, no tuvo en cuenta todos los documentos relevantes que ya existían para ese
entonces, veintisiete contratos, actos administrativos de: (i) aprobación de presupuesto
de ingresos y egresos de la vigencia 1o. de enero a 31 de diciembre de 2018 del Fondo
de Servicios Educativos, (ii) liquidación de presupuesto, (iii) aprobación del Plan de
Compras, e informes de rendición de cuentas vigencias 2018 y 2019-, que evidencian
que lo sostenido en aquella resolución refleja una realidad parcial.
18 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]».
19 «Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dicta normas para la racionalización del gasto
público nacional […]».
20 Integrada por los magistrados Oswaldo Giraldo López, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Nubia
Margoth Peña Garzón y Hernández Sánchez Sánchez.
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Las pruebas obrantes en el plenario permitieron constatar que era completamente
evidente que el hermano del acusado, siendo rector de la Institución Educativa
«Iindalecio Penilla», durante el lapso comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y 27
de octubre de 2019, sí ostentó funciones con una marcada e innegable autoridad
administrativa en jurisdicción del municipio de Cartago (Valle del Cauca), las cuales,
siendo de origen legal y reglamentario, no resultaron despojadas en ningún momento
por el Decreto municipal 140 de 29 de diciembre de 2016, menos aun cuando
permanece extensamente demostrado que el señor Jorge Enrique Agrado Restrepo
fungió como ordenador del gasto de ese colegio de bachillerato técnico industrial.
b) Expediente 25000-23-15-000-2024-00196-00/01:
Es este caso, como ya se vio, (i) la causal de pérdida de investidura invocada es
diferente [numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994] y, por lo mismo, se
estructura con otros presupuestos21; (ii) el elemento objetivo se tuvo por acreditado,
a raíz de que fue examinado por la Sección Quinta de esta Corporación, por lo que
se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 26 de junio de 2025, en
el proceso de nulidad electoral con radicado 25000-2341-000 2024-00284-01; y (iii)
el elemento subjetivo no se verificó, porque el actuar del señor Oviedo Arango
estuvo justificado en la buena fe calificada producto de un error invencible, gracias
a un concepto emitido por el CNE y un fallo de tutela del 26 de octubre de 2023 de
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
En lo que respecta al concepto de la CNE, resulta pertinente enfatizar que la
Resolución 11822 de 2023 no fue objeto de reproches que le restaron credibilidad,
como ocurrió dentro del anterior expediente. De ahí que fue tenido en cuenta, junto
con el fallo de tutela del 26 de octubre de 2023 de la Subsección A, Sección Tercera
del Consejo de Estado que validó el análisis del elemento subjetivo que realizó dicha
autoridad administrativa.
De conformidad con lo expuesto, se encuentra que las decisiones emitidas en los
radicados 6001-23-33-000-2023-00550-01 y 25000-23-15-000-2024-00196-00/01
atienden supuestos normativos, fácticos y probatorios diferentes, de ahí que
autoridad judicial censurada no se encontraba condicionada a resolver en ese
mismo sentido.
Así las cosas, se establece que lo que busca el tutelante, con este cargo, es un
cambio en la forma en que la sección accionada abordó y resolvió lo atinente al
elemento subjetivo, pero sin brindar una argumentación contundente que permita
interpretar, aplicar o desarrollar el alcance del derecho fundamental a la igualdad.
En tal medida, la Sala de decisión denegará el amparo de esta garantía, al no estar
demostrada su vulneración.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
21 a.- La celebración de contrato con una entidad pública de cualquier nivel; b.- El plazo: un año
anterior a la elección como concejal; c.- En interés propio o; d.- En interés de terceros; e.- Que la
ejecución del objeto del contrato se haya ejecutado o cumplido en el respectivo municipio o distrito.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02344-00
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional, respecto de los defectos sustantivo, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: Denegar el amparo del derecho fundamental a la igualdad del señor
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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