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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00886-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00886-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027 Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01 PRIMERO: Confirmar la sentencia de 14 de mayo del 2024, dictada por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de Juan Pablo Orozco Solano como concejal de Florida, Valle del Cauca, periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00886-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de julio de 2024

Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal
Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00886-01
Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal Florida (Valle del Cauca),
período 2024-2027

Tema: Inhabilidad por celebración de contratos, numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 2000

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 14 de mayo del 2024, dictada por Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de Juan Pablo Orozco
Solano, como concejal de Florida (Valle del Cauca), periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Jorge Eliécer Castillo Nieves solicitó que se anulara la elección de Juan Pablo
Orozco Solano, como concejal de Florida (Valle del Cauca), período 2024 - 2027,
porque, en su criterio, está incurso en la causal de inhabilidad contenida en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por haber suscrito, durante el
periodo inhabilitante, contrato con el Instituto del Deporte, la Educación Física y la
Recreación del Valle del Cauca (Indervalle).

2. Fundamentos fácticos

2. La parte actora mencionó que el demandado suscribió1 el contrato de
prestación de servicios y apoyo a la gestión IND-23-3915 con el Instituto del
Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), el
cual inició el 30 de mayo de 2023 y finalizó el 31 de octubre de la misma anualidad,
por un valor de veintiséis millones cuatrocientos mil pesos $ 26.400.0002.

3. Indicó que el 29 de octubre de 2023, Juan Pablo Orozco Solano fue elegido
concejal del municipio de Florida (Valle del Cauca), por el partido Unidad Nacional

1 No se tiene certeza de la fecha de la firma, sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó

de los informes de supervisión que fue suscrito e inició de ejecución fue 30 de mayo de 2023.
2 Pagados en 6 cuotas de cuatro millones cuatrocientos mil pesos $ 4.400.000.

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal
Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01

(Partido de la U), tal y como se evidencia del formulario E-26CON de 3 de noviembre
de 2023.

3. Normas violadas

4. A juicio del accionante, se vulneraron los artículos 13, 29 y 40 de la
Constitución Política; 139 y 275 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y 43 numeral 3
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

4. Concepto de la violación

5. El demandante alegó que Juan Pablo Orozco Solano está incurso en la
causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, porque suscribió el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión
IND-23-3915 con Indervalle, y según los estudios previos el lugar de ejecución era
el municipio del departamento del Valle del Cauca que sea designado por el
supervisor.

6. Aclaró el actor que fueron varios los municipios donde fue ejecutado el
contrato, entre ellos, Florida lugar donde fue elegido el demandado.

7. Indicó que, en este escenario, el demandado ejecutó actividades
contractuales en Florida (Valle del Cauca), como se evidencia de las siguientes:

• Acta de supervisión 4 de 24 de agosto de 2023 «El Contratista Como Apoyo
A La Gestión Diseñó Una Dinámica Para Los 50 Niños, Niñas Y Padres De
Familia Beneficiarios Del Programa Estimulación Temprana Del Municipio
De Florida En El Mes De Las Cometas Agosto» (sic).
• Acta de supervisión 5 de 25 de septiembre de 2023: «El Contratista Como
Apoyo a La Gestión diseñó una dinámica para los 50 niños, niñas y padres
de familia beneficiarios del programa estimulación temprana del municipio
de Florida en el mes del amor y la amistad (…)» (sic).
• Acta de supervisión 6 de 24 de octubre de 2023: «realizó el 6to
acompañamiento en el mes de octubre en las clases que hacen los
monitores en la zona sur Palmira (3), Florida (1) y el Cerrito (1) en las
comunidades» (sic).

8. Precisó que la fecha de finalización del contrato data del 31 de octubre de
2023, lo que evidencia que el demandado mientras realizó su campaña al concejo
e incluso para la fecha de las elecciones (29 de octubre de 2023), era contratista de
Indervalle, y ejecutaba las actividades para las cuales fue contratado, en varios
municipios del departamento, incluido Florida (Valle del Cauca), donde Juan Pablo
Orozco Solano resultó electo concejal.

9. Así las cosas, resaltó que se cumplen los elementos necesarios para la
configuración de la inhabilidad endilgada contra el demandado, a saber:

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
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• Elemento temporal: Limitado al año anterior a la fecha de elección.
• Elemento material u objetivo: Consistente en suscribir contratos con
entidades públicas de cualquier nivel.
• Elemento territorial: Que hace referencia a que el contrato se deba ejecutar
o cumplir en el municipio o distrito para el cual resultó electo.
• Elemento subjetivo: Relacionado con que dicha celebración se realice en
interés (patrimonial o extrapatrimonial) del demandado o de terceros.

10. Por tanto, con base en tales precisiones manifestó que se configura la
inhabilidad endilgada, puesto que tenía como fecha de inicio el 30 de mayo de 2023
un contrato con Indervalle, entidad pública del orden departamental, el cual debió
ejecutarse en el municipio de Florida (Valle del Cauca) y existió un interés propio
por parte del demandado.

5. Trámite inicial

11. En auto de 23 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la
suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

12. En síntesis, se concluyó que, en dicha etapa preliminar, no fue posible
establecer con total certeza el elemento territorial requerido para configuración de
la inhabilidad endilgada porque según el contrato se fijó la ciudad de Cali como el
lugar de ejecución o el dispuesto en los estudios previos, los cuales no obraban en
el expediente, así las cosas, no estaba acreditado si debía o no ejecutarse en el
municipio de Florida, lugar donde resultó electo el demandado.

6. Contestaciones

6.1. Juan Pablo Orozco Solano (demandado)

13. Mediante apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
para lo cual indicó que Indervalle es una entidad del orden departamental, por tanto,
los recursos objeto del contrato no solo eran provenientes del departamento, sino
que, además, la ejecución contractual siempre fue en la ciudad de Cali y no el
municipio de Florida donde fue electo.

14. Además, afirmó que de lo indicado en la demanda no se puede concluir que
haya obtenido un beneficio que le confiere una connotación o preponderancia frente
al elector, derivada de haber adelantado trámites de los cuales la comunidad pueda
tomar como referente para calificarlo como un buen gestor o negociador, tal y como
lo ha establecido el Consejo de Estado3.

15. En tal sentido, indicó que para la configuración de la inhabilidad se necesita
la concurrencia de cuatro elementos:

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 21 de enero de 21,

radicado 50001-23-33-000-2020-00013-01.

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
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i) Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás. ii)
Elemento material u objetivo: la realización de diligencias encaminadas a obtener un
beneficio de lucro o uno extra patrimonial de parte de una entidad del Estado o
participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de
terceros. iii) Elemento territorial: que la situación haya acaecido en la circunscripción
en la cual debe efectuarse la elección. iv) Elemento subjetivo: la gestión tiene que ser
potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente.

16. Manifestó que el Consejo de Estado4 ha concluido que asistir a reuniones,
rendir informes y adelantar actividades propias de la ejecución del contrato no
implican que haya gestionado negocios, ya que esta causal de inhabilidad «se
refiere básicamente al adelantamiento de acciones tendientes a la celebración de
un contrato, y de dicha conducta quedan expresamente excluidas las actividades
propias de la ejecución contractual (…). [S]e reitera, la gestión de negocios (…) se
refiere a las diligencias previas al contrato y no a las propias de su cumplimiento y
ejecución (…)».

17. Consideró que las obligaciones contractuales establecieron con precisión el
lugar de ejecución, el organismo del que provienen los recursos no es concurrente
con el municipio en el que fue elegido concejal, y tampoco hubo una posición
ventajosa con el electorado, puesto que su intermediación era capacitar monitores
que dictaban curso sobre actividades deportivas que realizaban en todo el Valle del
Cauca y no exclusivamente en el municipio de Florida.

18. A su vez, citó5 diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado para afirmar que la celebración de un contrato a nivel
departamental no está expresamente prohibida por la ley, pues «la prohibición no
es explicita sobre el orden departamental como causal de inhabilidad, en tanto la
variante legal vigente establecer que las prohibiciones deben ser explicitas por el
legislador».

19. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) por medio de
representante, indicó que la RNEC es ajena a las pretensiones de la demandante y
no puede hacer pronunciamiento sustancial de estas, y solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva.6

20. El Consejo Nacional Electoral (CNE) guardó silencio.

7. Trámite posterior

4 Ibidem.
5 «Corte Constitucional. Sentencias: C-233 de 4 de abril de 2002, expediente: D-3704; C-551 de 9 de julio de

2003, expediente: CRF-001 de 9 de julio de 2003; C-652 de 5 de agosto de 2003, expediente: D-4330; C-353
de 20 de mayo de 2009, expediente: D-7518, C-541 de 30 de junio de 2010, expediente: DD7966; entre otras.
Y del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de marzo de
2005, expediente número 2004-00823-01(PI). Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2002, expediente
número 2001-0148-01 y, Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2001, expediente número 2001-
0130-01(PI)».
6 El Tribunal Administrativo del Valle, mediante providencia de 9 de abril de 2024, declaró probada la excepción

de falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC y ordenó su desvinculación.

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal
Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01

21. En auto del 9 de abril del 2024, la magistrada conductora dispuso el trámite
de sentencia anticipada; se decretaron las pruebas aportadas con la demanda y la
contestación, y se negaron las requeridas por las partes7. Además, se fijó el litigio
en los siguientes términos:

[…] determinar si Juan Pablo Orozco Solano estaba incurso en causal de inhabilidad
para ser concejal prevista en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por
cuanto, dentro del año inmediatamente anterior a la elección, celebró en interés propio
un contrato estatal con Indervalle (entidad pública del orden departamental) y ciertas
actividades de este se ejecutaron en el municipio de Florida, circunscripción en la que
resultó elegido.

8. Alegatos de conclusión

8.1. Juan Pablo Orozco Solano (demandado)

22. Reiteró, en esencia, los argumentos de la contestación de la demanda e
indicó que el lugar de ejecución contractual era la ciudad de Cali y no el municipio
de Florida, tal y como fue acordado por las partes y quedó establecido en el contrato,
por lo que en caso de una modificación del domicilio debió haber sido contemplada
en los documentos contractuales.

8.2. Jorge Eliécer Castillo Nieves (demandante)

23. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial e indicó que de los
informes de supervisión presentados por el demandado durante la ejecución
contractual y las fotografías anexadas con estos, se encuentra plenamente
acreditado que las actividades objeto del contrato no se limitaron a la capacitación
de los monitores vinculados a Indervalle, como lo afirmó en la contestación de la
demanda, sino que además estuvo en el municipio de Florida atendiendo a la
comunidad y asistió a reuniones de gran concurrencia con habitantes del municipio
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

24. Al respecto, también precisó que de las cláusulas 23 y 26 del contrato se
evidencia que podía ejecutarse, no solo en Cali, sino también en el lugar dispuesto
en los estudios previos.

25. Por tanto, de los documentos precontractuales se evidencia que el programa
objeto del negocio jurídico no solo era para ser ejecutado en Cali, sino para todo el
departamento del Valle del Cauca; sin embargo, de los informes de supervisión
allegados no se evidencia que ninguna actividad se hubiese llevado a cabo en la

7 Concluyó que en virtud del artículo 173 del CGP, el demandante pudo solicitar a Indervalle, mediante derecho

de petición, la información que requirió con la presentación de la demanda, pero no lo hizo o no lo acreditó.
Frente a los antecedentes administrativos del acto de elección del demandado, manifestó que carecen de
pertinencia y utilidad, pues el único documento relevante es el formulario E-26CON, el cual ya obra en el
expediente. Con relación a la declaración de Edward Antonio Lenis Ramírez indicó que no resulta útil, pues la
celebración del contrato, las actividades ejecutadas y el lugar de ejecución, así como las condiciones propias
de la etapa previa al contrato, pueden acreditarse con los documentos contractuales y precontractuales que ya
reposan en el expediente.

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capital de dicho departamento, sino que fueron desplegadas en diferentes
municipios dentro de los cuales se encuentra donde fue electo el demandado.

26. Finalmente, precisó que no son excepción a la norma los argumentos de
defensa planteados, esto es, no tener «acceso a recursos, o distribución de los
mismos que le permitieran tener una posición de ventaja» y que por tal motivo no
se configura la inhabilidad, puesto que la norma es de interpretación taxativa, pues
dispuso como causal de anulación la celebración de contratos dentro del periodo
inhabilitante con entidad pública de cualquier nivel e interés propio.

9. Concepto del Ministerio Público

27. La procuradora delegada luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, manifestó
que, en el presente caso, se encuentra acreditada, puesto que, del material
probatorio obrante en el expediente, se establecieron todos sus los elementos
configurativos.

28. Al respecto indicó sobre cada uno de los elementos configurativos:

i) Temporal: Aunque del contrato de prestación de servicios nro. IND-23FM-
01-3915 suscrito con Indervalle, no se indicó la fecha de celebración del
mismo, lo cierto es que, de los estudios previos, la solicitud de CDP y su
consecuente expedición, junto con la autorización de la contratación datan
del 19 de mayo de 2023. En tal sentido, dado que las elecciones se
celebraron el 29 de octubre de 2023, resulta «evidente» que la suscripción
del contrato fue dentro del periodo inhabilitante, (año inmediatamente anterior
a las elecciones).
ii) Material u objetivo: Consistente en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel y dado que Indervalle es una entidad
pública del orden departamental, también se encuentra probado tal elemento.
iii) Subjetivo: Plenamente acreditado, pues el demando suscribió el contrato de
prestación de servicios en interés propio.
iv) Territorial: Advirtió que según las obligaciones de los numerales 1,2 y 10 del
contrato y en concordancia con los informes de supervisión, este se ejecutó
en varios municipios del departamento del Valle del Cauca, dentro de los que
se encuentra el municipio de Florida donde fue electo el demandado.

10. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de
la demanda. Para tal efecto, sostuvo que de acuerdo la jurisprudencia del Consejo
de Estado8 la configuración de la causal de inhabilidad contenida en el artículo 43
de la Ley 136 de 1994, se debe establecer la concurrencia de cuatro elementos.

30. Elemento temporal. Indicó que, aunque el contrato de prestación de
servicios IND-23-3915 de 2023 no registró fecha de celebración, las actas de
supervisión dan cuenta que fue suscrito el 30 de mayo de 2023 y se culminó el 31

8 Consejo de Estado, Sección Quinta, 9 de septiembre de 2021, radicado 17001-23-33-000-2019-00548-01.

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de octubre de 2023, tal y como se evidencia de la cláusula 3°9. En tal sentido, como
las elecciones se celebraron el 29 de octubre de 2023 se encuentra probado que el
contrato se celebró dentro del periodo inhabilitante.

31. Elemento material. Precisó que Juan Pablo Orozco Solano suscribió el
contrato de prestación de servicios, puesto que fue una de las partes que el negocio
jurídico con Indervalle, entidad pública del orden departamental.

32. Elemento territorial. Concluyó que la cláusula 2310 del contrato estipuló
como lugar de ejecución y domicilio contractual la ciudad de Cali o el lugar dispuesto
en los estudios previos y de la revisión de estos documentos estableció que se
relacionó que el lugar donde se desplegarían las actividades sería «el municipio del
Departamento del Valle del Cauca que sea designado por el supervisor», por lo que
debían desarrollarse en cualquier municipalidad del departamento, entre ellos
Florida, donde fue electo el demandado.

33. Sumado a lo anterior, destacó que la Sección Quinta del Consejo de Estado11
sostuvo que para analizar el elemento territorial «–aunque en la causal de ejercicio
de autoridad civil y/o administrativa (numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994)–, el departamento comprendía todas las circunscripciones municipales o
distritales que lo conforman», no obstante, indicó que la Corte Constitucional 12 fijó
como regla para analizar este elemento que el estudio debe orientarse a «establecer
la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial correspondiente
examinado».13

34. En consecuencia, manifestó que el lugar de ejecución del contrato analizado
«sí supuso una probabilidad de incidencia efectiva en el municipio de Florida»,
puesto que de las actas de supervisión obrantes en el proceso se evidencia que el
demandado ejecutó actividades destinadas a beneficiar la población de dicho
municipio.

35. Por último, encontró probado el elemento subjetivo porque el contrato fue
suscrito, en interés propio, por Juan Pablo Orozco Solano, y recibió la remuneración
pactada, tal y como se evidencia de las actas de supervisión que autorizaron los
pagos a favor del contratista.

11. Recurso de apelación

9 «CLÁUSULA 3 – EL PLAZO DEL CONTRATO. Será hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023»
10 «CLÁUSULA 23 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en

el presente contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cali, Carrera 36 Nro. 5B – 3-65 Valle del Cauca, o en
el lugar dispuesto en los Estudios Previos, y el domicilio contractual es Cali – Valle del Cauca».
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 6 de agosto de 2020, radicado 44001-23-40-000-2019-

00175-01, y de 18 de febrero de 2021, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01 (que en sede de tutela se
dejó sin efectos mediante la sentencia SU-207 de 2022).
12 Corte Constitucional sentencia SU-207 de 2022.
13 Si bien en el presente proceso se está debatiendo la inhabilidad por suscripción de contratos, el a quo citó

estos precedentes relacionados con el ejercicio de autoridad.

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36. El demandado se opuso a la decisión de primera instancia. Manifestó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado14 ha considerado que para la configuración
de la inhabilidad deben concurrir la totalidad de los elementos configurativos, sin
embargo, en el presente caso, no se demostró el territorial.

37. Indicó que como se evidencia precontractualmente quedaron estipuladas las
obligaciones, el lugar de ejecución y el organismo del que provienen los recursos
con los que se pagaron las cuentas de cobro, el cual, precisó que siempre se aludió
al departamento del Valle del Cauca como lugar de ejecución del contrato, y para
efectos del domicilio la ciudad de Cali, por lo que al no ser concurrente con el
municipio en el que fue elegido, ni le generó una condición ventajosa con el
electorado, no puede concluirse configurada la inhabilidad.

38. Así pues, requirió que conforme a la jurisprudencia del máximo tribunal de lo
contencioso administrativo15 se acuda, a efectos de determinar el lugar en el que
debía ejecutarse o cumplirse el contrato, específicamente a las cláusulas que
contienen tal precisión y, a falta de estas, a los estudios previos y al cuerpo completo
del acuerdo de voluntades, de los cuales afirmó que no se estableció el municipio
de Florida para el cumplimiento de las actividades pactadas.

39. Al respecto, refirió a un precedente del Consejo de Estado16 del cual señala
que la asistencia a reuniones o rendir informes no configura la causal de nulidad,
más aún si se tiene en cuenta que el contrato y los estudios previos dispusieron que
la intención de contratar se dio en la ciudad de Cali y no en el municipio de Florida.

40. Respecto de la sentencia la SU-207 de 2022 sostuvo el recurrente que, para
el presente caso, la parte demandante «no probo (sic) fehacientemente ajustado a
la razonabilidad y proporcionalidad» cómo la ejecución del contrato «influyó dentro
del electorado, del mismo sentido no se observa el examen específico que marque
una probabilidad real, más allá de potencial que oriente el proceder que daba
posición ventajosa al prohijado».

12. Trámite en segunda instancia

41. El 13 de junio del 202417, se admitió la apelación y se ordenaron los
respectivos traslados.

14 Al respecto solo citó el radicado 50001-23-33-000-2020- 00013-01 20210121.
15 «Sentencia del 30 de mayo de 2019, expediente 13001-23-33-000-2018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-

00416-00 y 2018-00419-00 y Sentencia del 8 de septiembre de 2016, expediente 23001-23-33-000-2015-00461-
02».
16 «RADICACIÓN 50001-23-33-000-2020-00013-01 del Consejo de Estado, que aporta la parte actora se

observa que: “el hecho de que el señor Zapata Valencia haya asistido a reuniones, rendido informes y
adelantado actividades propias de la ejecución del contrato en cuestión, no implica que haya gestionado
negocios, toda vez que, como se dejó dicho, la misma se refiere básicamente al adelantamiento de acciones
tendientes a la celebración de un contrato, y de dicha conducta quedan expresamente excluidas las actividades
propias de la ejecución contractual. (...). [S]e reitera, la gestión de negocios de que trata la inhabilidad bajo
estudio se refiere a las diligencias previas al contrato y no a las propias de su cumplimiento y ejecución. (...).
Así las cosas, es claro que frente a la gestión de negocios no se cumple el elemento material y, por tanto, tal
como se advirtió respecto de la celebración de contratos, ante la falta de uno de los elementos necesarios para
la configuración de la causal es claro que la misma no materializa». (Sic)
17 Índice 5 Samai.

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal
Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01

13. Alegatos de conclusión en segunda instancia

42. El demandado18 concluyó que debe revocarse la decisión y reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

43. El demandante19, insistió en los argumentos expuestos, haciendo énfasis en
que del contrato se evidencia que el lugar de ejecución será el municipio del
departamento del Valle del Cauca que asigne el supervisor del contrato, por lo cual,
de los documentos, tanto precontractuales, como de los informes de actividades
suscritos por el demandado, se encuentra probado que el contrato se ejecutó en
varios municipios, dentro de los cuales se encuentra el municipio de Florida.

14. Concepto del Ministerio Público

44. La procuradora delegada, luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, consideró
que no le asiste razón al recurrente, por lo cual debe confirmarse la sentencia
apelada, pues se encuentran plenamente acreditados todos los elementos
configurativos.

45. Al respecto, reiteró que el elemento territorial se configura dado que, del
análisis del contrato, los estudios previos y los informes de actividades existe plena
prueba de que la ejecución contractual se desarrolló en el municipio donde fue
elegido el demandado, pues aunque el contrato no indicó textualmente que debía
desarrollarse en Florida (Valle del Cauca), de los documentos obrantes en el
expediente sí puede concluirse que así fue.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

46. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.a20, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el
asunto, porque se la elección de Juan Pablo Orozco Solano como concejal del
municipio de Florida (Valle del Cauca), periodo 2024-2027 (art. 13 del Reglamento).

2. Problema jurídico

18 Índice 9 Samai.
19 Índice 13 Samai.
20Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de
elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las
universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular,
salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)

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Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
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47. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos, se deberá determinar
si se revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda contra el acto de
elección de Juan Pablo Orozco Solano, como concejal del municipio de Florida
(Valle del Cauca) periodo 2024-2027.

48. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala verificará si se configura el
elemento territorial21, estructural de la causal de inhabilidad contenida en el numeral
3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000; es decir, si el demandado celebró «(…) contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito». Así como la aplicación
de la SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.

49. Con el propósito de dar solución al cuestionamiento antes planteado, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) alcances de la
inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; ii) de la
inhabilidad por celebración de contratos y; iii) el caso concreto.

3. Alcances de la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994

50. Según el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 199422 «[q]uienes hayan
celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros»,
quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos o ser concejales municipal
o distrital, en el respectivo municipio.

51. Debe precisarse que para que se configure dicha causal de inhabilidad, la
norma dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente
anterior a la fecha de elección.

52. Esta Sección23 ha concluido, frente al objeto de la causal de la inhabilidad,
que:

La teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los
aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación
del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa
condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios

21 Lo anterior, debido a que los reproches del demandado se circunscriben únicamente respecto de este
elemento y no formuló reproche alguno con relación al material, temporal o modal. Por tanto, esta Sala no hará
pronunciamiento alguno al respecto.
22 «No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito».
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia 3 de agosto de

2015, radicado 11001-03-28-000-2014-00051-00.

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de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones
con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el
electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades
públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos.
(Énfasis del texto original)

53. Con relación al objeto preventivo de estas inhabilidades la Sección precisó:

[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y proteccionista de
la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver
vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida
utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante
aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus
vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones
electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con
las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para
obtener los votos. 24

54. En cuanto a la celebración de contratos y la gestión ante entidades públicas
debe advertirse que, aunque tengan identidad de propósito, y que, por regla general,
cuando se habla de gestión estas apunten a la celebración de contratos, se debe
precisar que son causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a
conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas
distintas.25

55. Si bien en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 existen tres
escenarios inhabilitantes, para la presente controversia el estudio se centrará en
uno solo de ellos, a saber, la celebración de contratos con entidades públicas.

4. Inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas

56. Frente a este concepto inhabilitante, vale la pena resaltar que la
jurisprudencia de esta Sección26 ha indicado que la celebración de contratos
requiere para su estructuración los siguientes elementos configurativos:

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro del año
anterior a la elección
Espacial Que el contrato deba cumplirse o ejecutarse en la
circunscripción en la cual debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para
propósito terceros. En este aspecto, es importante poner de presente
que la Sección ha concluido que los beneficios
extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la

24 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate sentencia de 27 de septiembre de 2018, Rad.

11001-03-28-000-2018-00015-00.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre de 2021,

radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de 2023,

radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate,
sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.

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materialización de la inhabilidad27.

57. De igual forma se ha indicado que la inhabilidad «se configura con la
celebración efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso
contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución o
liquidación».28

58. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia, no es suficiente con que se pruebe
el elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es
necesario que se acredite que la suscripción del contrato estatal aportó beneficios
patrimoniales o extra patrimoniales al candidato o a terceros29 y, además, sobre la
concurrencia de dichos requisitos, esta Sección reiteró en providencia del 2 de junio
de 202230 que los supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta
alguno de ellos no se configura la inhabilidad.

59. Esta Sala ha concluido que no podrá ser elegido «quien haya intervenido en
la celebración de contratos con entidades públicas. Es decir, uno de los elementos
centrales de la inhabilidad es lo relativo al contrato, pues solo la celebración de ese
negocio jurídico configurará el verbo rector de la conducta proscrita por el
legislador»31.

60. Esta Sección ha precisado respecto del análisis de la presente causal
inhabilitante que:

[E]l análisis de la norma objeto de estudio debe realizarse única y exclusivamente
desde la óptica de la finalidad de la inhabilidad.

Lo anterior, porque cuando se alegan aquellas inhabilidades que tienen que ver con
la celebración o gestión de contratos, el juez electoral no las analiza desde la
perspectiva contractual o del medio de control de controversias contractuales, sino
desde la finalidad con la que el legislador estableció esa restricción como limitación
al derecho a elegir y ser elegido.

En consecuencia, el estudio de las etapas precontractual, contractual o pos
contractual que se relacionan con los supuestos de hecho consagrados en la norma
objeto de estudio debe abordarse desde el propósito del proceso electoral y no desde
las teorías propias del contrato, habida cuenta que una cosa es examinar un contrato
estatal en relación o frente a la inhabilidad y otra muy distinta estudiarlo desde la
perspectiva contractual; v.gr. en el medio de control previsto en el artículo 141 del
CPACA. (Énfasis del texto original)

61. Así pues, con base en los precedentes jurisprudenciales citados en
precedencia, se abordará el estudio de la causal inhabilitante contenida en el

27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y, sentencia del 27

de noviembre de 2008. Rad. 68001231500020070066901. MP Filemón Jiménez Ochoa.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-33-000-

2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
29Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación
11001032800020140005100. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
30 Ver entre otras las providencias de esta Sección radicados 11001-03-28-000-2022-00074-00, 50001-23-33-

000-2020-00013-01; 11001-03-28-000-2018-00080-00.
31 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de mayo de 2019, radicado

13001-23-33-000-2018-00417-01.

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artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000 y definir si el demandado incurrió en ella.

5. Caso concreto

62. El demandado precisó que el elemento territorial no se configuró, puesto que
el organismo de donde provienen los recursos que soportaron el contrato IND-23-
3915 de 2023, suscrito con Indervalle, no es concurrente con el municipio de Florida,
ni le generó una condición ventajosa con el electorado, aspecto que tampoco fue
probado en el curso del proceso.

63. Así pues, consideró que la intencionalidad precontractual siempre fue la
ciudad de Cali el lugar de ejecución, sin que pueda advertirse que en ella se hubiera
contemplado el municipio de Florida para cumplir sus obligaciones contractuales.

64. En este orden, se pasará a estudiar si se configura o no la inhabilidad
formulada contra el demandado; por consiguiente, la Sala se ocupará de definir si
se encuentra probado el elemento territorial de la inhabilidad por celebración de
contratos.

Respecto del elemento territorial

65. Obra en el plenario el contrato de prestación de servicios IND-23-391532 de
2023, el cual dispuso:

EDWARD ANTONIO LENIS RAMÍREZ, (…) quien obra en nombre y representación
del INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN
(INDERVALLE) (…), quien en adelante y para los efectos del mismo, se denominará
EL CONTRATANTE y por otra, JUAN PABLO OROZCO SOLANO quien se
denominará el CONTRATISTA (…) hemos acordado celebrar un contrato (…). (Sic a
la cita y negrillas de la Sala)

66. A su vez, respecto del lugar de ejecución del contrato se dispuso en la
cláusula 23:

CLÁUSULA 23 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la ciudad de
Cali, Carrera 36 Nro. 5B 3-65 Valle del Cauca, o en el lugar dispuesto en los Estudios
Previos, y el domicilio contractual es Cali – Valle del Cauca.

67. Al respecto, aunque de la lectura de la disposición anterior se evidencia
textualmente que el lugar de ejecución contractual es la ciudad de Cali, lo cierto es
que también se pactó que las actividades podían ser desplegadas en el lugar
dispuesto en los estudios previos.

68. En tal sentido, del análisis de los estudios previos, se encontró que:

32 Si bien la celebración del contrato no fue objeto de apelación, resulta necesario reiterar lo concluido por el a

quo respecto de la fecha de suscripción, pues de los informes de ejecución se indicó textualmente que fue el
30 de mayo de 2023.

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2.3. Lugar de ejecución:

El lugar de ejecución del contrato será en el municipio del Departamento del Valle del
Cauca que sea designado por el supervisor.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la
ciudad de Santiago de Cali. (Subrayado de la Sala)

69. Por tanto, es dable concluir que la ejecución contractual quedó supeditada al
municipio en que el supervisor del contrato haya dispuesto para que el contratista
realice las labores encomendadas.

70. Así pues, aunque en el plenario no exista prueba de una orden textualmente
impartida, lo cierto es que, tal y como lo concluyó el a quo, de los informes de
ejecución se puede evidenciar bajo qué circunstancias desplegó las obligaciones
contractuales.

71. Al respecto, dentro del plenario reposan:

• Informes de actividades del contrato IND-23-3915 de 2023 de los meses
agosto, septiembre y octubre de la misma anualidad.
• Certificaciones de supervisión del contrato de prestación de servicios de los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2023.

72. Dentro de las actividades desarrolladas por el demandado, en los informes
suscritos por él se evidencian:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Informe de actividades del mes de agosto de 2023:

1.1. Diseñé una dinámica para los 50 niños, niñas y padres de familia beneficiarios
del programa estimulación temprana del municipio de Florida en el mes de las
cometas Agosto, donde los niños hicieron sus cometas con materiales aportados por
la coordinación general, aplicando los conocimientos promovidos por el proyecto tales
como motricidad gruesa y fina. 2 Realicé el 4er acompañamiento en el mes de Agosto
en las clases que hacen los monitores de la zona sur Palmira (3), Florida(1) y el Cerrito
(1) en las comunidades, verificando la ejecución del proyecto en los espacios
determinados y que los 50 beneficiarios que tiene cada monitor reciban un buen
servicio social que nos ayude a posicionar el proyecto en las comunidades del
departamento como estimulación temprana de Indervalle . 3 Realicé el 2do
seguimiento en el mes de agosto, orientado a los beneficiarios de la estrategia
Cuida2, proponiendo herramientas y mecanismos de acción para que los
beneficiarios sientan la presencia institucional y puedan contarnos sus expectativas y
situaciones que tienen en el día a día y proponer soluciones que les permitan mejorar
su calidad de vida. 4. Almacené la 4ta entrega de evidencias de los municipios de
Palmira, Cerrito, Alcalá y Florida en el Drive asignado para consignar el seguimiento
de las clases y actividades que se realizan los monitores, certificando así que la
población este recibiendo el servicio institucional que ofrece Indervalle a través de su
programa estimulación temprana.

Informe de actividades del mes de septiembre de 2023:

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(…) 1.1. Diseñé una dinámica para los 50 niños, niñas y padres de familia
beneficiarios del programa estimulación temprana del municipio de Florida en el mes
del amor y la amistad en septiembre, donde los niños hicieron detalles alusivos a la
amistad con materiales aportados por la coordinación general, aplicando los
conocimientos promovidos por el proyecto tales como motricidad gruesa y fina. 2
Realicé el 5TO acompañamiento en el mes de septiembre en las clases que hacen
los monitores de la zona sur Palmira (3), Florida(1) y el Cerrito (1) en las comunidades,
verificando la ejecución del proyecto en los espacios determinados y que los 50
beneficiarios que tiene cada monitor reciban un buen servicio social que nos ayude a
posicionar el proyecto en las comunidades del departamento como estimulación
temprana de Indervalle . 3 Realicé el 3er seguimiento en el mes de septiembre,
orientado a los beneficiarios de la estrategia Cuida2, proponiendo herramientas y
mecanismos de acción para que los beneficiarios sientan la presencia institucional y
puedan contarnos sus expectativas y situaciones que tienen en el día a día y proponer
soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida. 4. Almacené la 5ta entrega
de evidencias de los municipios de Palmira, Cerrito, Alcalá y Florida en el Drive
asignado para consignar el seguimiento de las clases y actividades que se realizan
los monitores, certificando así que la población este recibiendo el servicio institucional
que ofrece Indervalle a través de su programa estimulación temprana.

Informe de actividades del mes de octubre de 2023:

(…)1.1. Participé de la reunión general del mes de octubre en la ciudad de Cali,
asistiendo a las instalaciones de Indervalle. Donde se organizaron todas las
evidencias gestionadas por los monitores del proyecto, en la cual se planteó la
información de todos los beneficiarios y se evaluaron los procesos que se están
aplicando en todos los municipios donde tiene presencia Estimulación Temprana. 2
Realicé el 6TO acompañamiento en el mes de octubre en las clases que hacen los
monitores de la zona sur Palmira (3), Florida (1) y el Cerrito (1) en las comunidades,
verificando la ejecución del proyecto en los espacios determinados y que los 50
beneficiarios que tiene cada monitor reciban un buen servicio social que nos ayude a
posicionar el proyecto en las comunidades del departamento como estimulación
temprana de Indervalle . 3 Realicé el 4to seguimiento en el mes de octubre, orientado
a los beneficiarios de la estrategia Cuida2, proponiendo herramientas y mecanismos
de acción para que los beneficiarios sientan la presencia institucional y puedan
contarnos sus expectativas y situaciones que tienen en el día a día y proponer
soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida. 4. Almacené la 6ta entrega
de evidencias de los municipios de Palmira, Cerrito, Alcalá y Florida del mes de
octubre en el Drive asignado para consignar el seguimiento de las clases y actividades
que se realizan los monitores, certificando así que la población este recibiendo el
servicio institucional que ofrece Indervalle a través de su programa estimulación
temprana. (Subrayado de la Sala)

73. Todos los informes tienen como anexos evidencias fotográficas para
demostrar las actividades que se desplegaron en los territorios a los que asistió.

74. De los informes citados, que datan de los meses de agosto, septiembre y
octubre, suscritos por Juan Pablo Orozco Solano, en calidad de contratista, se
evidencia que el demandado no solo asistió a reuniones y realizó seguimiento al
proyecto estratégico desarrollado por Indervalle en la ciudad de Cali, sino que
además ejecutó actividades en el municipio de Florida.

75. De las fotografías anexas a los informes se concluye que el seguimiento y
acompañamiento descritos se desarrollaron con la comunidad y en los territorios
pertenecientes a la zona sur del departamento del Valle del Cauca, específicamente
en el municipio de Florida.

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76. Además, se encuentran ratificadas y certificadas todas las actividades
contractuales descritas en precedencia por el supervisor del contrato, tal y como se
evidencian de las certificaciones de supervisión de los meses de agosto, septiembre
y octubre obrantes en el expediente.

77. En consecuencia, contrario a lo afirmado por el demandado, el despliegue de
sus actividades no se limitó a la ciudad de Cali, sino que además tuvo que ir
específicamente al municipio de Florida y allí desarrolló actividades relacionadas
con el contrato, del mismo modo se desprende de los informes de supervisión.

78. Por tanto, así como dan cuenta las pruebas estudiadas, se encuentra
plenamente acreditado el elemento territorial de la inhabilidad por celebración de
contratos.

79. Ahora bien, el demandado afirmó que la asistencia a reuniones o rendir
informes no configura la causal de nulidad alegada, para lo cual citó una providencia
de la Sección Quinta del Consejo de Estado33, sin embargo, debe advertirse que el
supuesto de hecho objeto de la controversia allí suscitada no es aplicable al
presente caso, puesto que la inhabilidad estudiada en dicho precedente se refiere
a la gestión en la celebración de contratos, y en el actual proceso se formuló la
inhabilidad por celebración de contratos, las cuales, al igual que se explicó en la
parte considerativa de esta providencia son causales independientes.

80. Sumado a lo anterior, este juez de lo electoral debe limitar su análisis a la
configuración del elemento territorial, en el sentido de verificar si el contrato se
ejecutó en el municipio para el que fue elegido el demandado y no hacer un estudio
de las labores allí desplegadas.

81. Por consiguiente, las hipótesis jurídicas allí estudiadas no aplican al caso hoy
debatido, por lo que dicho argumento será despachado negativamente.

82. Por otra parte, el demandado argumentó que el elemento territorial no podía
tenerse por acreditado puesto que Indervalle es un organismo que sus recursos
provienen del orden departamental, razón por la que no es concurrente con el
municipio en el que fue elegido, ni puede decantarse una condición ventajosa frente
al electorado por ese hecho.

83. Así pues, afirmó que al no ser probado de qué manera podía tener una
influencia administrativa en el nivel municipal, conforme a lo establecido en la

33 «RADICACIÓN 50001-23-33-000-2020-00013-01 20210121 del Concejo de Estado, que aporta la parte
actora se observa que: “el hecho de que el señor Zapata Valencia haya asistido a reuniones, rendido informes
y adelantado actividades propias de la ejecución del contrato en cuestión, no implica que haya gestionado
negocios, toda vez que, como se dejó dicho, la misma se refiere básicamente al adelantamiento de acciones
tendientes a la celebración de un contrato, y de dicha conducta quedan expresamente excluidas las actividades
propias de la ejecución contractual. (...). [S]e reitera, la gestión de negocios de que trata la inhabilidad bajo
estudio se refiere a las diligencias previas al contrato y no a las propias de su cumplimiento y ejecución. (...).
Así las cosas, es claro que frente a la gestión de negocios no se cumple el elemento material y, por tanto, tal
como se advirtió respecto de la celebración de contratos, ante la falta de uno de los elementos necesarios para
la configuración de la causal es claro que la misma no materializa».

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sentencia SU-207 de 2022, que pudiese afectar a los electores, no se configura la
inhabilidad formulada, pues mientras no se pruebe, no es posible para el juez de
instancia sustentar su valoración en consideraciones generales o abstractas sobre
las actividades desplegadas que evidencien una ventaja real otorgada
electoralmente.

84. Al respecto, debe precisarse que lo planteado frente a la no concurrencia del
municipio con la entidad del orden departamental que lo contrató, no es un elemento
configurativo de la inhabilidad, puesto que la norma textualmente dispuso que la
celebración con una entidad pública de cualquier orden en el periodo inhabilitante
basta para estructurarla, como lo concluyó el tribunal.

85. Por otra parte, con relación a la hipótesis fijada en la sentencia SU-207 del
2022 por el demandado, al igual que con el precedente del Consejo de Estado
también traído en el recurso, no es aplicable al caso concreto, pues la Corte
Constitucional en aquella ocasión fijó una regla específica respecto de las
inhabilidades por ejercicio de autoridad, la cual, como se encuentra identificado a lo
largo de la presente providencia, no corresponde al objeto del proceso, pues aquí
se está debatiendo una inhabilidad totalmente independiente, referida a la
celebración de contratos con entidades de cualquier orden, dentro del año anterior
a la elección, en beneficio propio o de un tercero.

86. Así pues, la ventaja que echa de menos el demandado y que a su juicio no
fue probada, no obedece al supuesto de hecho debatido, pues en la inhabilidad
endilgada en este asunto basta con establecer que comporte un beneficio
patrimonial o extrapatrimonial en favor suyo o de un tercero; elemento que se
encuentra plenamente acreditado, pues el contrato se celebró a título oneroso, y él
fue quien lo suscribió, por lo que dicho beneficio recayó en el accionado.

87. En consecuencia, concluye la Sala que sí se encuentra acreditado, del
material probatorio, el elemento territorial configurativo de la inhabilidad por
celebración de contratos contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994.

6. Conclusión

88. De conformidad a las consideraciones expuestas y dado que, en este preciso
asunto se encuentra acreditado el elemento territorial (ejecutar el contrato en el
respectivo municipio donde fue elegido) configurativo de la inhabilidad derivada de
la celebración de contratos, es lo procedente confirmar la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las
razones que se expusieron en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

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Demandante: Jorge Eliécer Castillo Nieves
Demandado: Juan Pablo Orozco Solano, concejal
Florida (Valle del Cauca), período 2024-2027
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00886-01

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 14 de mayo del 2024, dictada por Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de la elección
de Juan Pablo Orozco Solano como concejal de Florida, Valle del Cauca, periodo
2024-2027, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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