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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00175-02

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2023-00175-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 12 de junio de 2024, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2023-00175-02

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de octubre de 2024

Demandante: Alberto Nicanor Manotas Martínez
Demandado: Haudy Samir Monterrosa,
concejal de Sincelejo (Sucre), periodo 2024-2027
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00175-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 70001-23-33-000-2023-00175-02
Demandante: Alberto Nicanor Manotas Martínez
Demandado: Haudy Samir Monterrosa, concejal de Sincelejo (Sucre),
periodo 2024-2027

Temas: Inhabilidad por ejercicio de autoridad prevista en el
artículo 43.2 de la Ley 136 de 1994. Aplicación de la
sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA1

Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado,
a través de apoderado judicial, contra la sentencia del 12 de junio de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad del acto de
elección acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Alberto Nicanor Manotas Martínez, en nombre propio y en
ejercicio del medio de control del artículo 1392 de la Ley 1437 del 2011, presentó
demanda el 5 de diciembre de 2023, en la que solicitó la nulidad del formulario E-
26 CON del 5 de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual se declaró
la elección del señor Haudy Samir Monterrosa como concejal del municipio de
Sincelejo (Sucre), para el periodo constitucional 2024-2027.

1.2. Hechos

2. El demandante sustentó su pretensión en los siguientes supuestos fácticos:

3. El señor Haudy Samir Monterrosa, se inscribió como candidato al Concejo de
Sincelejo para el periodo 2024-2027, cargo para el cual resultó elegido en los
comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023.

4. El demandado se desempeñó como inspector de trabajo y seguridad social,
código 2003, grado 14, ubicado en la Dirección Territorial de Sincelejo del
Ministerio del Trabajo, desde el 4 de junio de 2019 hasta el 1° de junio de 2023,

1
Este proyecto corresponde a lo discutido en las salas del 26 de septiembre y 3 de octubre de 2024, donde la ponencia del
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez no obtuvo la mayoría.
2
«Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de
los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la
nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. (…)».

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Demandante: Alberto Nicanor Manotas Martínez
Demandado: Haudy Samir Monterrosa,
concejal de Sincelejo (Sucre), periodo 2024-2027
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ejerciendo autoridad civil y administrativa, de conformidad con las funciones
asignadas a este empleo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula en virtud de lo
dispuesto en el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con la
inhabilidad prevista en el artículo 43.2 de la Ley 136 de 1994.

6. Encontró acreditados los ingredientes de la causal de inelegibilidad descrita de
la siguiente manera:

• Elemento subjetivo: Por la calidad de empleado público del señor Haudy
Samir Monterrosa al fungir como inspector de trabajo y seguridad social.
• Elemento temporal: Por el ejercicio del cargo dentro del año anterior a las
elecciones, específicamente hasta el 1° de junio de 2023.
• Elemento territorial: Por desempeñar sus funciones en el municipio de
Sincelejo, lugar donde resultó elegido concejal.
• Elemento objetivo: Por el tipo y calidad de las funciones que, como
inspector de trabajo y seguridad social, tenía asignadas por el manual de
funciones3 y la Ley 1610 de 2013, sin necesidad de que materialmente las
haya cumplido y las cuales le atribuyen autoridad administrativa y civil.

7. En el mismo escrito de la demanda solicitó la suspensión provisional de los
efectos del acto demandado.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

8. Por auto del 11 de diciembre del 2023, el despacho conductor de primera
instancia corrió traslado de la medida cautelar deprecada; luego, mediante
providencia del 19 de enero de 2024, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre admitió la demanda y decretó la suspensión provisional de
los efectos del acto de elección acusado.

9. El apoderado del accionado apeló la última decisión, la cual fue confirmada
por esta Sección mediante auto del 11 de abril de 2024.

10. El demandado, mediante apoderado judicial, el 19 de febrero de 2024,
contestó la demanda y expuso, en síntesis, que no está incurso en la inhabilidad
endilgada, toda vez que, a su juicio, no es suficiente haber fungido como inspector
de trabajo y seguridad social, pues según la sentencia de la Corte Constitucional
SU-207 de 2022, se requiere una valoración probatoria concreta, es decir, la
revisión de las funciones asignadas y materialmente ejercidas, y que estas
pudieran inferir en su elección.

3
Resolución 1309 de 2013 que aporta como anexo de la demanda.

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11. Agregó que, de conformidad con la certificación emitida por su jefe inmediato,
sólo le fue asignado el rol de atención al ciudadano4, que no implica el ejercicio de
autoridad; además, nunca tuvo autonomía para ejercer las labores señaladas de
manera general.

12. El 6 de mayo de 2024, el tribunal decidió imprimir al proceso el trámite de
sentencia anticipada y prescindir de la celebración de la audiencia inicial; además,
fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar si el acto de elección del señor Haudy Samir Monterrosa, como Concejal
del Municipio de Sincelejo para el periodo 2024-2027, es nulo por incurrir en la
inhabilidad consagrada en el numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y el
numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por ejercer presuntamente como
autoridad civil o administrativa dentro de los doce meses anteriores a su elección, en el
cargo de inspector de trabajo y seguridad social.

13. En la misma providencia se incorporaron las pruebas documentales
aportadas, se dio traslado de ellas a las partes y, en firme lo anterior, se les dio
término para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo
tenía, conceptuara.

14. Se presentaron los siguientes escritos de cierre: (i) el apoderado del
demandado, insistió en que no se configuran los elementos de la causal de
inelegibilidad deprecada, puesto que debe aplicarse la regla de decisión que
estableció la sentencia SU 207-2022 de la Corte Constitucional y realizarse una
valoración probatoria que concluiría que no ejerció autoridad civil y administrativa
y, (ii) el demandante, reiteró los argumentos de su demanda.

15. El Ministerio Público, en su concepto, consideró que las pretensiones debían
prosperar, toda vez que se daban todos los elementos de la inhabilidad aducida
por la parte actora.

1.5. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia del 12 de junio de
2024, declaró la nulidad de la elección del demandado.

17. Encontró acreditados los elementos temporal y territorial de la causal de
inelegibilidad propuesta, porque el demandado desempeñó el cargo de inspector
de trabajo y seguridad social hasta el 1° de junio de 2023 en la Dirección Territorial
de Sucre del Ministerio del Trabajo, con jurisdicción en el municipio de Sincelejo,
donde resultó elegido como concejal.

18. En relación al elemento material u objetivo, estimó que de conformidad con las
funciones asignadas al cargo que ostentó el accionado, ejerció autoridad civil y
administrativa. Específicamente se refirió al Decreto 1227 de 2011, al manual de
funciones aportado con la demanda (Resolución 1309 de 2013), a los artículos 17,
485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo y a la Ley 1610 de 2013, para

4
De conformidad con la Resolución 3811 de 2018, “Por la cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Ministerio del Trabajo”, modificada parciamente por la
Resolución 3238 de 2021.

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concluir que el empleo de inspector de trabajo y seguridad social lleva implícito el
ejercicio de este tipo de autoridades.

19. Frente a la prueba documental allegada por el señor Haudy Samir Monterrosa,
esto es, la certificación emitida por el director territorial de Sucre, donde indica que
su única función era la de atender consultas verbales a los ciudadanos que
llegaban a esa entidad, señaló:

«Advierte la Sala que el informe del director territorial Sucre del Ministerio del Trabajo
no tiene la virtualidad de reemplazar las funciones que la ley asigna al empleo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto, tampoco despoja al empleado
que ejerce dicho cargo de las mismas. Lo expuesto tiene fundamento en el artículo 122
de la Carta Política, el cual señala que no habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento.

Aceptar lo contrario, es otorgar la potestad al jefe inmediato de determinar qué
empleado ejerce funciones de autoridad civil y administrativa, y cuál no, cuando es
tarea del Juez Electoral, con base en la Ley o Manual de Funciones, de forma
motivada y con base en la normatividad que rige el empleo, determinar si se tiene esa
condición».

20. Finalmente consideró que no era aplicable la sentencia SU-207 de 2022 de la
Corte Constitucional, toda vez que no comparten los mismos supuestos fácticos,
pues en la mencionada providencia se estudió la causal de inhabilidad por
parentesco, especialmente cuando se trata de circunscripciones diferentes, pero
como en este asunto la causal de inelegibilidad invocada tiene su fuente en la
propia persona electa, no es dable recurrir a las reglas allí fijadas.

1.6. Recurso de apelación

21. Con escrito del 25 de junio de 2024, el demandado, a través de su apoderado
judicial, recurrió la decisión antes señalada y expuso los siguientes reproches
puntuales frente a esta.

1.6.1. La no aplicación de las reglas fijadas por la sentencia SU-207 de 2022

22. Consideró que el tribunal se apartó de las subreglas fijadas por la Corte
Constitucional en la providencia de unificación, de las cuales se desprende que no
basta con identificar la posibilidad de ejercer funciones propias de autoridad civil o
administrativa, sino que resulta necesario demostrar el ejercicio real de las mismas
y la incidencia en el certamen electoral.

23. Es decir, a su juicio, no se puede configurar la inhabilidad a partir del solo
hecho de haber ostentado el cargo, puesto que se debe acreditar la
materialización de funciones inhabilitantes y la incidencia de estas en la capacidad
de afectar la voluntad democrática, de romper la igualdad entre los competidores y
la utilización de lo público para desequilibrar la contienda política.

24. Estimó que se descartó equivocadamente la aplicación de la referida
providencia del órgano de cierre constitucional, sin tener en cuenta que a pesar de
que el caso estudiado se trataba de la configuración de una inhabilidad por
parentesco, en la misma decisión se fijaron igualmente algunas reglas generales

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aplicables a otras inhabilidades y, adicionalmente, en el estudio concreto se
determinaron unas subreglas relacionadas con el ejercicio de autoridad
administrativa o civil, independientemente de quien las ejerciera.

1.6.2. La no valoración de la prueba de las funciones asignadas

25. Reprochó que el a quo realizó una interpretación en abstracto al no valorar
una certificación aportada donde se señala expresamente que el señor Haudy
Samir Monterrosa solo atendió consultas ciudadanas y, en ningún caso, desplegó
facultad alguna que implicara ejercicio de autoridad civil o administrativa.

26. Adujo que en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, le
correspondía al actor acreditar el ejercicio de atribuciones que involucraran
autoridad por parte del demandado y la incidencia de estas en la elección
impugnada, a efectos de que se configure la causal de inelegibilidad.

27. Finaliza su escrito indicando que a pesar de que el concejal accionado, en
calidad de inspector de trabajo y seguridad social tenía la virtualidad de ejercer
algunas facultades que implicarían ejercicio de autoridad administrativa o civil, en
el caso concreto no las ejerció de conformidad con la prueba allegada, por lo que
no se debe declarar la nulidad de su designación.

1.7. Actuaciones en segunda instancia

28. Mediante auto del 25 de julio de 20245 se admitió el recurso de apelación y se
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al
Ministerio Público para que conceptuara.

29. El demandante6 alegó de conclusión y solicitó la confirmación de la decisión
impugnada. Expuso que las funciones de inspección, vigilancia y control que
ejercen los inspectores del trabajo son una consagración legal y reglamentaria
expresa de autoridad civil y administrativa, por lo que la certificación aportada por
el demandado en modo alguno puede entenderse como una desnaturalización de
este empleo público.

30. Agregó que, para la configuración de la inhabilidad originada en el ejercicio de
autoridad, no se requiere el ejercicio material de las funciones propias del cargo,
sino que este requisito se debe tener como demostrado con las solas funciones
atribuidas.

31. Cerró indicando que no resultan aplicables los lineamientos de la sentencia
SU-207 de 2022, porque la misma fue dictada en el marco del análisis de la
inhabilidad por parentesco del numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
diferente a la aquí revisada que consagra el numeral 2° de esta norma.

32. Por su parte, el apoderado del demandado7 señaló que reiteraba los
argumentos expuestos en la impugnación e insistió en la aplicación de las reglas
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022, toda vez que,

5
Índice 5 de SAMAI, magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, a quien le correspondió el proceso por reparto.
6
Índices 9, 10 y 13 de SAMAI.
7
Índice 14 de SAMAI.

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a su juicio, deben ser seguidas por los jueces electorales a la hora de decidir los
procesos de nulidad electoral por la presencia de inhabilidades relacionadas con
ejercicio de autoridad en cualquiera de sus modalidades, dado que se trata de la
única interpretación que cumple con los cometidos de la Carta Política.

33. Además, el análisis que en abstracto realiza el tribunal también es violatorio de
la Constitución; pues descarta de plano el valor probatorio de un documento
expedido por la autoridad competente, donde se describe la única función que
cumplió el señor Monterrosa materialmente.

34. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado8, en su
concepto, consideró que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

35. Al respecto adujo que el recurrente no cuestionó el cumplimiento de los
elementos que configuran la inhabilidad, por ende, se tiene que el demandado
ejerció el cargo de inspector de trabajo y seguridad social código 2003 grado 14
de la Dirección Territorial de Sucre hasta el 1 de junio de 2023, el cual conlleva el
ejercicio de autoridad civil.

36. Frente a la aplicación de los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022,
indicó que ello no es procedente, habida cuenta de que la misma se refiere a
parientes que desempeñen cargos de nivel departamental que originen la duda de
si estos llegan a tener o no autoridad en todos los municipios integrantes del
respectivo departamento, sin que tampoco sea necesario observar la incidencia en
la respectiva elección.

37. Por auto del 26 de septiembre de 20249, se ordenó el sorteo de conjuez a
efectos de dirimir el empate que se generó en la ponencia presentada
inicialmente, siendo designado para el efecto el doctor Juan Carlos Galindo
Vácha10, quien integra la sala en esta oportunidad, puesto que, mediante decisión
del 3 de octubre del año en curso11, se ordenó la remisión del expediente al
magistrado que sigue en turno porque el proyecto no alcanzó la mayoría requerida
para su aprobación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. La sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 15012 y 152.7.a)13 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

8
Índice 16 de SAMAI.
9
Índice 18 de SAMAI.
10
Índice 21 de SAMAI.
11
Índice 23 de SAMAI.
12
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
13
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de
los municipios y distritos (…)»

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2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sección determinar si revoca, modifica o confirma la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 12 de junio de 2024,
que declaró la nulidad de la elección del señor Haudy Samir Monterrosa como
concejal de Sincelejo (Sucre), periodo constitucional 2024-2027, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:

i. ¿Resultan aplicables los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022 de la
Corte Constitucional a este caso donde se invocó la inhabilidad prevista en el
numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994?

ii. ¿Para la configuración de la causal de inelegibilidad consagrada en el
numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 debe acreditarse el ejercicio
material de las funciones que implican autoridad administrativa y civil?

40. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; y;
(iii) el caso concreto.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular14

41. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo.15

42. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública16. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas
y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
15
Sentencia T-045 de 1993. M.P.: Jaime Sanín Greiffenstein.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Radicado 11001-03-15-000-2020-00061-01.

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ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que
desequilibren la contienda electoral»17.

43. Siguiendo el mismo derrotero, esta Sección ha señalado que el objetivo
primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de
los intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante» 18. Así
mismo, en la realización del principio democrático19 esta sala ha reconocido que
estos regímenes tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones
normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las
situaciones personales de los aspirantes»20. También, ha indicado la
jurisprudencia:

[…] con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia
y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos.21

44. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato22, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.

2.4. La norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

45. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para
los concejales la siguiente causal:

Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, M.P. Susana
Buitrago Valencia Radicado 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ).
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Radicado 15001-
23-33-000-2019-00588-01.
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, M.P. María Noemí Hernández Pinzón, Radicado
08001-23-31-000-2007-00966-02.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Radicado 11001-03-28-000-2020-00016-00.
21
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
22
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).

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[…] 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien, como
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido
como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
[resaltado de la sala]

46. Acorde a lo anterior, la sala23 ha entendido que de este tipo normativo se
desprenden tres situaciones diferenciadas que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a haber ejercido como
empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en
el respectivo municipio o distrito, ii) la referida a quien, como empleado público del
orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de
gasto en la ejecución de recursos de inversión o iii) quien en la misma calidad,
hubiera intervenido en la celebración de contratos, que deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

47. En la medida en que en este caso se invocó el primero de estos escenarios,
se procederá a identificar sus requisitos estructuradores, así:

i) Un elemento subjetivo, relativo a la condición de empleado público.
ii) Un elemento objetivo, consistente en el ejercicio de autoridad política,
civil, administrativa o militar.
iii) Un elemento temporal, determinado por los 12 meses anteriores a la
elección cuestionada.
iv) Un elemento territorial, que implica que el cargo se hubiera desempeñado
en el mismo municipio donde resulta elegido.

48. Frente a la autoridad administrativa y civil, la Sala Plena del Consejo de
Estado y esta Sección24 han acudido, «para efectos de precisar los elementos que
caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de referente
conceptual»25, a las definiciones plasmadas en los artículos 188 y 190 de la Ley
136 de 1994 que en su tenor literal disponen:

Artículo 188. Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por
autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para
cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

Artículo 190. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen
los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o

23
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P.: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 3 de junio de 2021, Radicado: 08001-23-33-
000-2019-00805-01. Si bien en esta decisión se analizó el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 relacionado con las
inhabilidades para ser alcalde, su texto es idéntico al que se analiza en este asunto.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

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jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

49. Al respecto de la autoridad civil, la sala la ha concebido como la «potestad de
dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los civiles o
particulares, la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto
es, incluso contra la voluntad de los mismos»26.

50. En lo que hace a la noción de autoridad administrativa, la Sección27 ha
referido que puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir del
análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la
certeza que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o
mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando
como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección
administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

51. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 28,
mediante la cual esta sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al
segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto. [resaltado fuera del texto original]

52. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia29 ha admitido que
comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de febrero del 2019.
Radicación 11001-03-28-000-2018-00048-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
27
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Auto de 1° de octubre de 2020.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-
02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.

53. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y
cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia.30 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

54. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo
caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten
de manera concurrente y, de no ser así, se entenderá que no se materializó el
cargo de nulidad planteado.

2.5. Caso concreto

55. En el asunto bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión
que el señor Haudy Samir Monterrosa resultó elegido concejal del municipio de
Sincelejo (Sucre) para el periodo 2024-202731; además, que fue nombrado como
inspector de trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, en la Dirección
Territorial Sucre del Ministerio del Trabajo mediante la Resolución 785 del 28 de
marzo de 2019 y con posesión el 4 de junio del mismo año; además, que le fue
aceptada su renuncia a partir del 1° de junio de 202332.

56. Así mismo, tampoco se cuestiona en la alzada que el cargo de inspector de
trabajo y seguridad social tenga asignadas por ley funciones que implican el
ejercicio de autoridad civil y administrativa.

57. El objeto de debate se dirige a establecer dos aspectos puntuales: (i) si
resultan aplicables las reglas de la sentencia SU-207 de 2022 a este caso y (ii) si
para la configuración de la causal de inelegibilidad prevista en el numeral 2° del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, debe acreditarse el ejercicio material de las
funciones que implican autoridad administrativa y civil.

58. Procede la sala a resolver los reproches de la apelación de la siguiente
manera:

30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P.
Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
31
De conformidad con el formulario E-26 CON del 5 de noviembre de 2023, aportado por el demandante, que se encuentra
en las páginas 30 a 46 del documento PDF «001Demanda» en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
32
Ver las páginas 47 a 56 del documento PDF «001Demanda» en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.

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2.5.1. Aplicación de los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022

59. Como bien lo señala el apoderado del demandado en la impugnación, esta
Sala Electoral, en el auto del 11 de abril de 202433, mediante el cual se confirmó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, dejó
abierta la posibilidad de estudiar si los postulados planteados por la Corte
Constitucional se podrían aplicar a las demás inhabilidades previstas para los
concejales.

60. Frente a ello, el tribunal de primera instancia realizó el análisis respectivo y
concluyó que no procedía acudir a los criterios allí fijados, esto porque en la
mencionada providencia se estudió la causal de inhabilidad por parentesco,
especialmente cuando se trata de circunscripciones diferentes, y en este asunto la
causal de inelegibilidad invocada tiene su fuente en la propia persona electa.

61. Sin embargo, el recurrente insiste en que, a pesar de lo anterior, en la misma
decisión se fijaron igualmente algunas reglas generales aplicables a otras
inhabilidades y, adicionalmente, se determinaron unas subreglas relacionadas con
el ejercicio de autoridad administrativa o civil, independientemente de quien las
ejerciera.

62. Al respecto, resulta preciso señalar que la sala34 ha tenido la oportunidad de
referirse al alcance de la sentencia SU-207 de 2022 y, específicamente, ante qué
causal de inhabilidad resulta aplicable, así:

«59. La regla de decisión definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
207 de 2022, se dio en el marco del análisis de la inhabilidad dispuesta en el
numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000, ya que la hermana del demandado en el curso del medio de
control de nulidad electoral, ejercía como autoridad administrativa y desarrollaba
sus funciones como secretaria general de la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca y por lo tanto, lo hacía en el municipio de Santiago de Cali en el cual
aquél fue elegido concejal. […]

61. La regla de decisión se concretó en que cuando deba determinarse la
configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal elegido por su
parentesco con uno departamental, la autoridad judicial debe realizar una
valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real -más
allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de
esta forma, incidir a los electores. En este orden, no es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza
de la entidad. […]

87. De conformidad con lo anterior, se precisa que el análisis fáctico de la
sentencia de unificación que sustenta la excepción propuesta por el
demandado, radica en la causal de inhabilidad descrita en el numeral 4° del
artículo 43 la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley 617 del
2000». [resaltado de la sala]

33
Ver el documento PDF «054RegresaDelSuperior» en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 12 de septiembre de 2024,
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02. También ver providencias del 18 de julio y 1° de agosto de 2024, proferidas
por la sala en los radicados 76001-23-33-000-2023-00886-01 y 05001-23-33-000-2023-01157-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil y Gloria María Gómez Montoya, respectivamente.

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63. Conforme a este antecedente, como la causal de inhabilidad que se predicó
en la demanda es la prevista en el numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, no se reúnen las condiciones para aplicar la providencia invocada en la
impugnación, tal como lo concluyó el fallo apelado.

64. Esto porque a dicha sentencia de unificación se ha recurrido cuando se quiere
verificar la probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa de un
funcionario del orden departamental que tiene vínculo de parentesco en el grado
previsto en la ley, con un candidato a un empleo en un municipio de dicho
departamento; mientras que en este caso el aspirante al concejo fue quien ejerció
directamente el cargo de inspector de trabajo y seguridad social y en el mismo
ente territorial en el que finalmente resultó elegido; por lo tanto, no prospera este
cargo de la apelación.

2.5.2. Ejercicio material de las funciones para que se configure la inhabilidad

65. El otro reproche del demandado es que el a quo realizó una interpretación en
abstracto al no valorar una certificación aportada al proceso, donde se señala
expresamente que sólo atendió consultas ciudadanas y, en ningún caso, desplegó
facultad alguna que implicara ejercicio de autoridad civil o administrativa, cuestión
que debía ser acreditada por el demandante; así como la incidencia en la elección
impugnada.

66. Advierte la sala que el tribunal de primera instancia en efecto valoró la prueba
referida por el demandado, esto es, el oficio 08SE2024747000100000265 del 31
de enero de 202435, mediante el cual, en síntesis, el director territorial de Sucre del
Ministerio del Trabajo indicó que el señor Haudy Samir Monterrosa, mientras
desempeñó el empleo de inspector de trabajo entre el 29 de octubre de 2022 y el
1° de junio de 2023, sólo atendió consultas verbales a los ciudadanos que
llegaban a esa entidad.

67. Lo que sucede es que no le dio el alcance pretendido por el accionado, esto
es, que si no se acreditó el desempeño de funciones que implicaran ejercicio de
autoridad civil o administrativa, entonces no se configuraba la causal de
inhabilidad endilgada.

68. Al respecto, el fallador de primer grado consideró que el documento referido
no tiene la virtualidad de reemplazar las funciones que por imperio de la ley se le
asigna al empleo de inspector de trabajo y seguridad social, dado que, ello sería
validar que materialmente un cargo se puede vaciar de funciones, lo que haría
nugatorio el mandato superior contenido en el artículo 122 de la Constitución
Política, en tanto, le es permitido a los funcionarios públicos, escoger qué
funciones cumplen y cuáles no, en detrimento del interés general y los principios
que rigen la función pública.

69. Es por ello, que la sección36 comparte la postura del fallador de primera
instancia, puesto que el análisis del elemento objetivo de esta inhabilidad se limita

35
Ver el documento PDF «045ANEXO 3» en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate (E), sentencia del 22 de julio de 2021,
Radicación Número: 05001-23-33-000-2019-02965-01.

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a las funciones asignadas a determinado cargo, sin entrar a revisar cuál de estas
le fue asignada por su jefe inmediato y mucho menos cuál fue efectivamente
ejercida, así:

«[E]s suficiente que se haya tenido asignada la función, independientemente de si
se hizo uso o no de tal atribución durante el lapso prohibido por el legislador,
entiéndase, el comprendido entre la fecha en que se celebró la elección
demandada y los 12 meses anteriores, pues el efecto de esta circunstancia de
inelegibilidad es preventivo. […]

74. Como se explicó en el marco jurídico de esta decisión, contrario a lo defendido
por el a quo y por la parte demandada, “bastará que la autoridad se haya ejercido
o detentado en cualquier momento durante el periodo inhabilitante, lo que deviene
en que su materialización no es requisito imperante para la configuración de la
citada prohibición”37, es decir, que se observa en su connotación potencial, de cara
al fin preventivo que tiene la causal de inhabilidad. […]

88. No cabe duda entonces que el señor William de Jesús Moncada Ospina tuvo
asignadas funciones relacionadas con la celebración de contratos o convenios, que
a la luz de la postura histórica de la Sección Quinta conllevan el ejercicio de
autoridad administrativa, por el solo hecho de ostentarlas, independientemente de
si fueron materializadas o no». [resaltado del original]

70. En ese orden, no es procedente, como lo pretende el demandado, que la
certificación aportada tenga el alcance de probar el ejercicio material de unas
funciones asignadas por el superior en el periodo inhabilitante, y que esto implique
que no ostentó otras que implican autoridad civil o administrativa, porque, se
reitera, ello sería validar, que la omisión del cumplimiento de las atribuciones
asignadas resulta suficiente para relevar la concreción de la inhabilidad, en contra
del mandato superior que señala que «Ningún servidor público entrará a ejercer su
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben»38.

71. Por el contrario, para esta causal de inhabilidad, debe realizarse un análisis de
las funciones que la ley consagra para los inspectores de trabajo y seguridad
social, de las cuales se concluye claramente que a dicho cargo se le atribuyen
facultades de autoridad administrativa y civil, tal y como lo declaró el a quo y la
sala en el auto que confirmó la medida cautelar, al citar las siguientes:

(i) La de ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones en
materia laboral prevista en el artículo 17 del Código Sustantivo del Trabajo.

(ii) La potestad coercitiva que le permite imponer multas y demás medidas
necesarias que son propias de su labor como autoridad de policía laboral,
ante el incumplimiento de las normas del trabajo y la seguridad social,
contemplada en el artículo 486 del mismo código.

(iii) Las previstas en el artículo 3º de la Ley 1610 de 2013, a saber:

37
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 12 de marzo de 2020, rad. 15001-23-33-
000-2019-00579-02..
38
Inciso 2 del artículo 122 de la CP.

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1. Función Preventiva: Que propende porque todas las normas de carácter
sociolaboral se cumplan a cabalidad, adoptando medidas que garanticen
los derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y
trabajadores.

2. Función Coactiva o de Policía Administrativa: Como autoridades de
policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de
requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación
de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de
proporcionalidad.
3. Función Conciliadora: Corresponde a estos funcionarios intervenir en la
solución de los conflictos laborales de carácter individual y colectivo
sometidos a su consideración, para agotamiento de la vía gubernativa y
en aplicación del principio de economía y celeridad procesal.
4. Función de mejoramiento de la normatividad laboral: Mediante la
implementación de iniciativas que permitan superar los vacíos y las
deficiencias procedimentales que se presentan en la aplicación de las
disposiciones legales vigentes.
5. Función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas
laborales del sistema general de riesgos laborales y de pensiones.

72. Con el anterior entendimiento se materializan los propósitos fundamentales de
las inhabilidades, reiterados por la jurisprudencia constitucional39, a saber:
(i) garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y
la permanencia en el servicio público; y (ii) asegurar la primacía del interés general
sobre el interés particular del aspirante; además, es una garantía de que el cargo
anterior del candidato no afectará el desempeño de las funciones públicas que
pretende ejercer.

73. Finalmente, resulta irrelevante para este caso la incidencia en el certamen
electoral del ejercicio de funciones por parte del demandado, pues de conformidad
con el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011, es claro que este análisis solo es
aplicable a eventos en los que se cuestionan irregularidades en los escrutinios y
no en asuntos como el presente, en los cuales se enrostra la configuración de una
causal de inhabilidad subjetiva en contra del demandado, la cual es de naturaleza
preventiva40.

74. En consecuencia, al no prosperar los cargos de la apelación, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró la nulidad
del acto demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

39
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-393 del 28 de agosto de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido, expediente D-
12313.
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1 de diciembre de 2022, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado
76001-23-33-000-2019-01126-01.

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III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre el 12 de junio de 2024, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salvamento de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salvamento de voto

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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