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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06294-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06294-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Haudy Samir Monterrosa, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06294-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06294 01
Demandante: Haudy Samir Monterrosa
Demandados: Consejo de Estado, Sección Quinta y Tribunal Administrativo de
Sucre

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de nulidad electoral. Confirma la improcedencia de la acción por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 la impugnación presentada por la parte actora contra la
Sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Mediante esa decisión se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

2. El 19 de noviembre de 2024, Haudy Samir Monterrosa presentó acción de
tutela para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad y participación en política, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre y la Sección Quinta del Consejo
de Estado con la expedición de las Sentencias de 12 de junio y 24 de octubre de
2024, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral No. 70001
23 33 000 2023 00175 01/02, a través de las cuales declaró la nulidad de su elección
como concejal del municipio de Sincelejo, para el período constitucional 2024 –
2027.

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejaran sin efecto las
mencionadas providencias y se ordenara a la Sección Quinta del Consejo de Estado
proferir una decisión de remplazo que acate las consideraciones que haga el juez
de tutela. También solicitó prevenir a las autoridades accionadas para que ejerzan
las funciones jurisdiccionales con apego a las garantías del debido proceso.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

Radicado: 11001 03 15 000 2024 06294 01
Accionante: Haudy Samir Monterrosa

1.2. Fundamentos de hecho

4. Haudy Samir Monterrosa se inscribió como candidato al Concejo Municipal de
Sincelejo para el período constitucional 2024 – 2027. Cargo para el cual resultó
elegido en los comicios de 29 de octubre de 2023.

5. Alberto Nicanor Manotas Martínez, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, presentó una demanda contra el aquí accionante, con el fin de que se
declarara la nulidad del formulario E-26 CON de 5 de noviembre de 2023, por medio
del cual se declaró su elección como concejal, por haberse desempeñado como
inspector de trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, ubicado en la
Dirección Territorial de Sucre del Ministerio de Trabajo, desde el 4 de junio de 2019
hasta el 1 de junio de 2023, y, en ese orden, haber ejercido autoridad civil y
administrativa, dentro del año anterior a la elección como concejal.

6. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante Sentencia de 12 de junio de
2024, declaró la nulidad de la elección, al encontrar probados los elementos
temporal y territorial de la causal de inelegibilidad propuesta en la demanda, por
haber desempeñado el cargo de inspector de trabajo y seguridad social en la
Dirección Territorial de Sucre del Ministerio de Trabajo, dentro del año anterior a los
comicios.

7. Contra de esta decisión, Haudy Samir Monterrosa presentó recurso de
apelación, en el que alegó la falta de aplicación de la Sentencia SU-207 de 2022 de
la Corte Constitucional y la indebida valoración probatoria respecto de las funciones
desempeñadas en el cargo de inspector de trabajo y seguridad social.

8. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 24 de
octubre de 2024, confirmó la nulidad de la elección. Para ello, dicha autoridad
judicial estableció como objeto de debate: i) la aplicación, o no, de las reglas de la
Sentencia SU-270 de 2022 de la Corte Constitucional al caso; y ii) la acreditación,
o no, del ejercicio material de las funciones que implican autoridad civil y/o
administrativa para la configuración de la causal de inelegibilidad prevista en el
numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

9. Con relación a la aplicación de las reglas fijadas en la mencionada sentencia
de unificación, indicó que no se reunieron las condiciones para aplicar la providencia
invocada, tras considerar que

«a dicha sentencia de unificación se ha recurrido cuando se quiere verificar la
probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa de un funcionario del orden
departamental que tiene vínculo de parentesco en el grado previsto en la ley, con un
candidato a un empleo en un municipio de dicho departamento; mientras que en este
caso el aspirante al concejo fue quien ejerció directamente el cargo de inspector de
trabajo y seguridad social y en el mismo ente territorial en el que finalmente resultó
elegido; por lo tanto, no prospera este cargo de la apelación»

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10. Frente a la no valoración de la certificación aportada al proceso que, según la
parte actora, señalaba expresamente que solo atendió consultas ciudadanas y no
desplegó ninguna facultad que implicara el ejercicio de autoridad civil o
administrativa, la mencionada autoridad judicial encontró que, en la primera
instancia, se valoró dicha prueba para indicar que «el documento referido no tiene
la virtualidad de reemplazar las funciones que por imperio de la ley se le asigna al
empleo de inspector de trabajo y seguridad social», sin que se le haya dado el
alcance pretendido por la parte actora, dado que el análisis del elemento objetivo
de esta inhabilidad se limita a las funciones asignadas a determinado cargo, sin
revisar cuales le fueron determinadas por el jefe inmediato y cual la efectivamente
ejercidas.

11. El 30 de octubre de 2024, la parte actora radicó una solicitud de aclaración de
sentencia, pues, en su criterio, esta contenía conceptos que ofrecían motivos de
duda e influían en la parte resolutiva. Señaló que, aunque se mencionó la Sentencia
SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, no realizó la verificación efectiva del
ejercicio de autoridad civil y/o administrativa, por lo que se restringió la interpretación
a lo procedimental, sin darle prevalencia al derecho sustancial.

12. A través de Auto de 7 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó la solicitud de aclaración por no cumplir con los presupuestos del
artículo 285 del CGP, pues no existieron conceptos o frases que ofrecieran motivo
de duda en la sentencia y, en consecuencia, lo que se buscó fue reabrir el debate.
Consideró que el análisis sobre la aplicación de la mencionada providencia de
unificación fue suficiente frente al asunto, puesto que

«la causal de inhabilidad en este proceso difiere de la que centró la atención de la
corporación constitucional y, además, a dicha regla se recurre, cuando se verifica la
probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa de un funcionario del orden
departamental que tiene vínculo de parentesco en el grado previsto en la ley, con un
candidato a un empleo en un municipio de dicho departamento, supuestos que no se
compadecen con los del presente proceso, pues en este caso, la discusión giró en que
el demandado Haudy Samir Monterrosa, en su condición de inspector de trabajo y
seguridad social de la Dirección Territorial de Sincelejo del Ministerio del Trabajo,
ejerció autoridad civil y administrativa, de conformidad con las funciones asignadas».

13. Luego, el 14 de noviembre de 2024, la parte actora presentó solicitud de
adición, al estimar que no se aplicó la sentencia de unificación SU-207 de 2022 de
la Corte Constitucional, a la luz del artículo 228 de la Constitución Política, que exige
la prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental.

14. A través de la Auto de 25 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado rechazó la solicitud por extemporánea, conforme a la posición de la
sección2.

2
Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 9 de julio de 2024, Radicación: 11001-03-28-000-2022-00320-00 (Principal).

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Accionante: Haudy Samir Monterrosa

15. El 2 de diciembre de 2024, Haudy Samir Monterrosa presentó recurso de
reposición y, en subsidio, súplica contra el auto anterior, comoquiera que era de
competencia de la Sala de Sección la decisión respecto de la adición de la
sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del CPACA, en concordancia
con el artículo 287 del CGP. Afirmó que la solicitud de adición se realizó de manera
oportuna, es decir, dentro del término de ejecutoria de la sentencia conforme al
artículo 287 del CGP, ya que la solicitud de aclaración de segunda instancia fue
resuelta mediante providencia de 11 de noviembre de 2024, notificada al día
siguiente, y la solicitud de adición fue presentada el 14 de noviembre del mismo
año, razón por la cual la sentencia cuya adición se solicitó, no había adquirido
firmeza.

16. A través de Oficio 2024 – 899 de 4 de diciembre de 20243, la Secretaría de la
Sección Quinta del Consejo de Estado informó a la parte actora que no era posible
tramitar la solicitud de 2 de diciembre de 2024.

1.3. Fundamentos de derecho

17. Afirmó que las sentencias incurrieron en defecto sustantivo al no haberse
valorado el manual de funciones allegado al expediente, en el cual se podía
establecer que el ejercicio de las atribuciones estaba supeditado a la asignación
previa por parte del superior, aspecto que no sucedió de acuerdo con la certificación
que se aportó para acreditar dicha circunstancia.

18. Alegó la configuración de un defecto fáctico por no valorarse la certificación
que acreditaba que la función asignada como inspector de trabajo por el superior,
no implicó el ejercicio de autoridad administrativa o civil y, en consecuencia, no se
configuró la causal de inhabilidad invocada, «al margen de que se haya ocupado el
cargo durante el año anterior a la elección».

19. Adujo que se omitió aplicar la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la que se estableció, frente a la causal de inhabilidad relacionada

3
«(…) También informamos que como en el auto del 7 de noviembre la Sala negó la solicitud de aclaración presentada,
decisión que se notificó el 12 de noviembre de 2024, conforme el artículo 302 de Ley_1564, la sentencia quedó ejecutoriada
el 15 de noviembre de 2024 a las 5:00 p. m. y se devolvió al tribunal el 2 de diciembre de 2024, razón por la que no es posible
tramitar su solicitud del 2 de diciembre de 2024.
De conformidad con el artículo 287 de la Ley 1564 de 2024 que señala «Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
en la misma oportunidad», el término de ejecutoria de la sentencia trascurrió de la siguiente manera:

Numeral 2° del artículo
Ejecutoria de la
Providencia Fecha de notificación 205 de la Ley 1437 de Término de ejecutoria
sentencia
20113
25 de octubre de 28 y 29 de octubre de 30, 31 de octubre y 1 de
Sentencia
2024. 2024. noviembre de 2024.
Auto que resuelve
12 de noviembre de Aplica para la notificación 13, 14 y 15 de 15 de noviembre de
la aclaración de la
2024. de la sentencia noviembre de 2024. 2024 a las 5:00 p. m.
sentencia
(…)».

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con el ejercicio de autoridad, que era la probabilidad real de incidencia de las
funciones la que rompía el principio de igualdad entre los candidatos.

1.4. Actuaciones procesales

20. Mediante Auto de 21 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó su notificación a las autoridades judiciales accionadas, así
como a la Registraduría Nacional de Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y
Alberto Nicanor Manotas Martínez, como terceros con interés directo en las resultas
del proceso.

21. En la misma providencia, se negó la solicitud de medida provisional de
suspensión de los efectos de la Sentencia de 24 de octubre de 2024 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, tras no encontrar acreditada la necesidad, gravedad
y urgencia de la medida, ni observarse un riesgo inminente de afectación de los
derechos fundamentales invocados que ameritara la intervención del juez de tutela.

1.5. Intervenciones

22. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación pasiva en la causa, por no haber vulnerado
ni amenazado los derechos fundamentales de la parte actora, toda vez que no era
la autoridad competente para dar solución a los reparos planteados, en el entendido
que el ataque se centró contra los fallos judiciales de primera y segunda instancia
proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

23. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada
Gloria María Gómez Montoya, solicitó negar las pretensiones de la tutela por no
haber incurrido en los defectos alegados respecto de la Sentencia de 24 de octubre
de 2024 y, por ende, no haber vulnerado los derechos fundamentales de la parte
actora. Señaló que la Resolución 1309 de 2013 (manual de funciones) no
condicionó el ejercicio de atribuciones del inspector de trabajo y seguridad social a
la asignación de estas por parte del superior. Mencionó que, en la decisión
cuestionada, se hizo un estudio de los elementos de convicción aportados para
resolver la apelación, no obstante, no se le dio el alcance pretendido por el actor.

24. Afirmó que la parte actora presentó los mismos argumentos de inconformidad
que ya fueron resueltos por el juez natural, sin que, con ello, se presentara una
vulneración de derechos o garantías de orden constitucional.

25. Con relación a la aplicación de la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional, explicó que la Sección ha estableció que «a dichas reglas solo debe
acudirse cuando se quiere verificar la probabilidad real de ejercicio de autoridad
administrativa de un funcionario del orden departamental que tiene vínculo de

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parentesco en el grado previsto en la ley, con un candidato a un empleo en un
municipio de dicho departamento», mientras que la causal de inelegibilidad
endilgada a Haudy Samir Monterrosa fue la prevista en el numeral 2 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, por haber ejercido directamente el cargo de inspector de
trabajo y seguridad social, al que la ley le atribuye facultades de autoridad
administrativa y civil. Por lo anterior, no era acertado extender los alcances de la
sentencia en mención.

26. La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que la entidad no tuvo
injerencia alguna, en cuanto los hechos y las pretensiones de la acción de tutela se
dirigieron en contra de decisiones judiciales expedidas dentro del marco de la
autonomía e independencia judicial, ajenas a las competencias de la entidad, por lo
que no era responsable de proteger los derechos señalados como violados. Por tal
motivo, solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela. Afirmó que se utilizó
la acción de tutela no como un mecanismo subsidiario sino principal, por cuanto
pretendió convertirlo en una instancia adicional, al insistir en asuntos que fueron
resueltos de fondo en las decisiones cuestionadas.

1.6. Sentencia impugnada

27. El 23 de enero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que, para el momento de la interposición de la solicitud de amparo, se
encontraba en curso una solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia,
que fue formulada por la parte actora dentro del medio de control de nulidad
electoral.

28. Sostuvo que, verificadas las actuaciones dentro del Sistema para la Gestión
Judicial de SAMAI, constató que dentro del medio de control de nulidad electoral
con radicado 70001 23 33 000 2023 00175 02, en el índice 45, obraba una solicitud
de adición de la sentencia, cuya fecha de radicación 14 de noviembre de 2024, en
la que hizo referencia a la falta de aplicación de la regla prevista en la Sentencia
SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional e insistió que no había ejercido funciones
que conllevaran el ejercicio de autoridad administrativa y civil. La acción de tutela
se promovió de manera paralela a la presentación de la solicitud de adición de la
sentencia, que fue resuelta con posterioridad (25 de noviembre de 2024), en el
sentido de rechazarla por extemporánea, desatendiendo el carácter residual y
subsidiario de este mecanismo. Señaló que, contra la referida decisión la parte
actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica, los cuales no se
han resuelto. Adicionalmente, la constancia de ejecutoria de la Sentencia de 24 de
octubre de 2024 fue expedida el 4 de diciembre de 2024 por la Secretaría de la
Sección Quinta de esta corporación, es decir, con posterioridad a la presentación
de la acción de tutela.

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29. Señaló que la verificación objetiva del requisito de subsidiariedad contra las
providencias objetadas se debe realizar con los elementos fácticos existentes para
el momento de la presentación de la solicitud de amparo, pues para el 19 de
noviembre de 2024, se encontraba en trámite la solicitud de adición y no se había
expedido constancia de ejecutoria. Por último, encontró que el actor no allegó
prueba que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la
procedencia del mecanismo.

30. Aunado a lo anterior, el juez de tutela de primer grado desvinculó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral por falta de
legitimación pasiva en la causa, por cuanto los reproches que se plantearon en la
acción de tutela no fueron dirigidos a cuestionar su actuar.

1.7. Impugnación

31. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó escrito de impugnación
en el que señaló que la adición de la sentencia no es un mecanismo judicial en
trámite, en cuanto no tiene la vocación de modificar o cambiar el sentido del fallo o
la providencia, pues su propósito es complementar la decisión tomada. Así, no
puede limitarse el ejercicio de la solicitud de amparo por estar pendiente la decisión
de una solicitud de adición de sentencia. Con relación al perjuicio irremediable,
sostuvo que este se configuró con la vulneración del derecho de los electores que
depositaron el voto para su elección como concejal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

32. Si bien la acción de tutela se dirigió contra las decisiones proferidas en
primera y segunda instancia, de 12 de junio de 2024, por el Tribunal Administrativo
de Sucre, y 24 de octubre de 2024, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual confirmó la decisión anterior; lo cierto es que fue esta última
autoridad judicial la que definió el asunto objeto de controversia. Por ende, el
análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados recaerá
sobre el pronunciamiento de segundo grado.

2.2. Problema jurídico

33. Establecer si en el presente asunto se cumplió el requisito de subsidiariedad,
dada la presentación de la solicitud de amparo, de forma concomitante, a una
solicitud de adición de sentencia en el proceso de nulidad electoral. Si ello es así,
se deberá determinar, una vez verificados los demás requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial, si la Sentencia 24 de octubre de 2024
de la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo,

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fáctico y/o de desconocimiento del precedente, en los términos en los que fueron
alegados por la parte actora.

2.3. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por las razones que pasan a
explicarse:

35. Haudy Samir Monterrosa alegó la afectación de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y participación
en política, presuntamente vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
con la Sentencia de 24 de octubre de 2024, Rad. 70001 23 33 000 2023 00175 02,
a través de la cual se confirmó la decisión de primer grado que declaró la nulidad
de su elección como concejal del municipio de Sincelejo, para el período
constitucional 2024 – 2027, por haber incurrido en los defectos sustantivo, fáctico
y/o haber desconocido del precedente judicial.

36. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, como juez de tutela de primera
instancia, consideró que la presente acción de tutela no cumplió con el requisito
general de subsidiariedad.

37. Examinados los elementos del caso, esta Sala comparte el fallo de primera
instancia porque considera, igualmente, que la acción de tutela no cumplió con este
requisito general de procedencia, en razón a que, para el momento de su
presentación, se encontraba en trámite una solicitud de adición a la sentencia4,
radicada el 14 de noviembre de 2024, por Haudy Samir Monterrosa. Aunado a ello,
los recursos de reposición y súplica en contra del Auto de 25 de noviembre de 2025,
que rechazó por extemporánea aquella solicitud, aún están pendientes de
pronunciamiento.

38. En ejercicio de las facultades oficiosas de las cuales está investido el juez de
la acción de tutela, se constató en el Sistema de Gestión Judicial Samai, que en el
proceso de nulidad electoral con radicado 70001 23 33 000 2023 00175 02, se
profirió sentencia de segunda instancia el 24 de octubre de 2024, y el 30 de octubre
de 2024, el actor solicitó la aclaración.

39. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 7 de
noviembre de 2024, resolvió en forma negativa la petición con fundamento en el
artículo 285 del CGP, al no existir conceptos o frases que ofrecieran verdadero
motivo de duda en la sentencia, por lo que advirtió que lo pretendido fue reabrir el
debate allí decidido. Decisión comunicada el 12 de noviembre de 2024.

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De 24 de octubre de 2024, expedida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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40. Luego, el 14 de noviembre del mismo año, la parte actora presentó solicitud
de adición a la sentencia. Encontrándose en trámite esta actuación procesal y
pendiente de decisión, Haudy Samir Monterrosa presentó la acción de tutela de la
referencia en contra de las sentencias de primera y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad electoral. Dicha acción constitucional fue presentada el 19 de
noviembre de 2024. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del Auto de
25 de noviembre de 2024, rechazó por extemporánea la solicitud de adición a la
sentencia. La parte actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, súplica,
los cuales, actualmente, se encuentran a la espera de que el juez natural se
pronuncie al respecto.

41. De acuerdo con el artículo 302 del CGP, cuando se presenta una solicitud de
aclaración o complementación de una providencia judicial, esta no queda
ejecutoriada hasta que dicha solicitud sea resuelta, motivo por el cual forzoso es
concluir que, para el momento de interposición del mecanismo, la sentencia
cuestionada, no ha adquirido firmeza ni se encuentra ejecutoriada, ello hasta tanto,
no se emita un pronunciamiento en ese sentido. Entonces, por regla general, para
que se estudie una acción de tutela contra providencia judicial, se hace necesario
que se analice el requisito de la subsidiariedad en los eventos en que el proceso
continúa en curso, en la medida en que, el interesado debe probar que se agotaron
los recursos que tenía a su disposición, pues de lo contrario, la acción deviene
improcedente, tal y como así lo ha sostenido la Corte Constitucional5.

42. Con fundamento en lo anterior, para el momento en que se interpuso la acción
de tutela, se estableció que el proceso de nulidad electoral se encontraba en curso
y pendiente de decidir la solicitud de adición de la sentencia y, al resolverse la
presente impugnación, faltan por decisión los recursos de reposición y súplica en
contra de la providencia que declaró la extemporaneidad de la solicitud de adición,
de suerte tal que, la intervención del juez de tutela se encuentra vedada, en virtud
del principio de subsidiariedad, por no ser un mecanismo alternativo a los
legalmente establecidos, y en donde la acción de tutela debe ser estudiada
conforme con los hechos acreditados para el momento de la presentación, tal y
como así lo consideró la primera instancia.

43. De igual forma, no se advirtió que la parte actora se encuentre en una situación
especial o que configurara un perjuicio irremediable que haga procedente de forma
transitoria la acción de tutela, en la medida en que los motivos aducidos en el escrito
de tutela se encuentran dirigidos a controvertir la decisión adversa tomada en el
curso del proceso electoral, sin que se allegue prueba de la inminente afectación o
detrimento del derecho fundamental que habilite el estudio como mecanismo
transitorio.

5
Sentencia T-113 de 2013, en la cual se señaló: «si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional
está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la
órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el
amparo».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06294 01
Accionante: Haudy Samir Monterrosa

2.4. Conclusión

44. Con los anteriores argumentos, la Sala confirma la decisión de primera
instancia emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad porque, como se indició, la solicitud de adición presentada por la
parte actora en contra de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
se encontraba en trámite y pendiente de decisión, para el momento en que se
interpuso el mecanismo, así como los recursos de reposición y súplica en contra de
la decisión que, posteriormente, durante el trámite del presente asunto, declaró la
extemporaneidad de la adición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Haudy Samir Monterrosa, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JC

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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