Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00320-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00320-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00320-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00320-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00321-00 (acumulado)
11001-03-28-000-2022-00322-00 (acumulado)
11001-03-28-000-2022-00324-00 (acumulado)
Demandantes: GIOVANNY RAFAEL DECOLA VÁSQUEZ, PAMELA
MELISSA HERNÁNDEZ CABRERA, MARÍA ANGÉLICA
GARCÍA SARMIENTO Y NICOLÁS YOUN DÍAZ
Demandado: ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA – MIEMBRO DEL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Temas: Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional
Electoral. Los extremos temporales inicial y final para
verificar el cumplimiento del requisito de experiencia.
Sentencia de reemplazo en cumplimiento de fallo de tutela.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
En cumplimiento al fallo proferido el 14 de agosto de 2025 por la Corte
Constitucional1, la Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del
medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, promovido por Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa
Hernández Cabrera, María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz,
contra la elección de Altus Alejandro Baquero Rueda como miembro del
Consejo Nacional Electoral.
I. ANTECEDENTES
Los ciudadanos Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa Hernández
Cabrera, María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz, instauraron
demandas con radicados 11001-03-28-000-2022-00320-00 (principal),11001-03-
28-000-2022-00321-00, 11001-03-28-000-2022-00322-00 y 11001-03-28-000-
1 Sentencia SU-339 de 2025, MMPP Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Paola Andrea Meneses
Mosquera. Notificada el 23 de abril de 2026.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
2022-00324-00, respectivamente, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de
elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como miembro del Consejo
Nacional Electoral, contenida en el acta del 30 de agosto de 2022 expedida por
el Congreso de la República2.
1.1 Hechos comunes a los procesos acumulados
Informan los demandantes, que el Congreso de la República expidió la
Resolución 04 del 11 de agosto de 2022, por medio de la cual se convocó a los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, o a las coaliciones que
llegasen a conformarse para dichos efectos, con el fin de que postularan sus
candidatos en orden a proveer los cargos de miembro del Consejo Nacional
Electoral, conforme lo dispone el artículo 264 de la Constitución Política. Así
mismo, en esta resolución se estableció el cronograma que regiría el proceso de
elección, cuyas actividades y fechas se transcriben, para una mejor ilustración:
ACTIVIDAD FECHA
SE EXPIDE RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA
O POR COALICIONES ENTRE ELLOS, PARA PROVEER LOS CARGOS
12 DE AGOSTO DE 2022
DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 264 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA A CONGRESO PLENO PARA
12 DE AGOSTO DE 2022
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
APERTURA:
INSCRIPCIÓN HOJAS DE VIDA
EL 12 DE AGOSTO DE 2022 A
LAS 12:00 M.
CIERRE:
EL 17 DE AGOSTO DE 2022 A
LAS 5:00 P.M.
TRASLADO HOJAS DE VIDA A LA COMISIÓN DE ACREDITACIÓN
18 DE AGOSTO DE 2022
DOCUMENTAL CONJUNTA
REUNIÓN COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DOCUMENTAL CONJUNTA
22 DE AGOSTO DE 2022
ENTREGA DICTAMEN REVISIÓN HOJAS DE VIDA POR PARTE DE LA
COMISIÓN DE ACREDITACIÓN AL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN 22 DE AGOSTO DE 2022
SESION PLENARIA PARA ELEGIR MAGISTRADO DEL CONSEJO DÍA: 23 DE AGOSTO 2022
NACIONAL ELECTORAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 21 DE LA LEY 5ª HORA:
DE 1992 Y DEL CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO LUGAR: SALÓN ELÍPTICO
Mediante Resolución 05 de 11 de agosto de 2022, el Congreso modificó el acto
de convocatoria, con el fin de precisar que la postulación que debían efectuar
los partidos o movimientos políticos o las coaliciones que se conformaran para
tal efecto, debía recaer sobre «al menos dos candidatos». Posteriormente, a
2 Publicada en la Gaceta del Congreso 1185 de 3 de octubre de 2022.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
través de la Resolución 06 de 18 de agosto de 2022, se varió la fecha para
llevar a cabo la elección de los miembros del CNE, por lo que se dispuso para el
24 de agosto de 2022, a las 9:00 a. m.
En el marco de esta convocatoria, los partidos Colombia Humana, Movimiento
Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS),
Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica UP, Liberal Colombiano,
Conservador Colombiano, Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U,
Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes, Alianza Social Independiente (ASI),
Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes Anticorrupción - Liga, MIRA,
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Colombia Justa
Libres, Colombia Renaciente, Dignidad y Partido Demócrata Colombiano,
decidieron postular bajo la figura de la coalición de partidos y movimientos
políticos a diferentes candidatos de esas colectividades que integrarían una
plancha única, para lo cual, cada una de estas organizaciones escogieron sus
aspirantes, conforme a sus mecanismos internos.
Para tal efecto, el Partido Liberal Colombiano, mediante las Resoluciones 7134
del 10 de agosto; 7135 de 12 de agosto y 7136 de 16 de agosto, todas de 2022,
expidió las reglas internas para la escogencia de sus aspirantes que serían «los
dos (2) candidatos con las mejores votaciones en orden de mayor a menor»,
según la votación interna efectuada por los parlamentarios de dicha colectividad.
Este proceso de escogencia se llevó a cabo el 17 de agosto de 2022, arrojando
el siguiente resultado: Benjamín Ortiz Torres: 46 votos, Altus Alejandro Baquero
Rueda: 38 votos, Harry Giovanny González García: 7 votos, Ángel María
Preciado Vidal: 2 votos. Por esta razón, fueron postulados los señores Benjamín
Ortiz Torres y Altus Alejandro Baquero Rueda, en representación de la citada
colectividad.
Se informa en las demandas, que el 24 de agosto de 2022, las comisiones
conjuntas de acreditación documental del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, expidieron el documento denominado «Dictamen
de las Comisiones de acreditación documental del Congreso de la República,
dentro de la revisión de las hojas de vida de los postulados al cargo de
magistrado del Consejo Nacional Electoral para el período 2022-2026». En este
documento se afirma que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda «CUENTA
CON MÁS DE 15 AÑOS» de experiencia profesional que lo habilita para
participar de esta elección.
En este orden, señalan que el 30 de agosto de 2022, fecha finalmente
convocada para la elección de los miembros, ante el pleno del Congreso de la
República, se leyó el citado dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de
acreditación documental. Seguidamente, el secretario general del Congreso
procedió a informar cuales eran las planchas presentadas por los diferentes
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
partidos y movimientos políticos, de forma individual y por coaliciones, para la
elección convocada, precisando que fueron inscritas las siguientes: plancha 1
por coalición de partidos, como anteriormente se describió, y plancha 2 por el
partido Centro Democrático.
Plancha 13 Plancha 24
Fabiola Márquez Grisales Álvaro Hernán Prada Artunduaga
(Partido MAIS, Partido ADA, Partido
Unión Patriótica, Partido Colombia
Humana)
Benjamín Ortiz Torres Diego Javier Osorio
(Partido Liberal Colombiano)
Alfonso Ocampo Martínez
(Partido Conservador)
Cristian Ricardo Quiroz
(Partido Verde)
César Augusto Lorduy Maldonado
(Cambio Radical)
Alba Lucía Velásquez Hernández
(Polo Democrático)
Maritza Martínez Aristizábal
(Partido de la Unión por la Gente)
Altus Alejandro Baquero Rueda
(Partido Liberal Colombiano)
Álvaro Echeverry Londoño
(Partido MAIS, Partido ADA, Partido
Unión Patriótica, Partido Colombia
Humana)
José Antonio Parra
(Partido Conservador)
Precisado lo anterior, los congresistas realizaron la respectiva votación que
arrojó como resultado 254 votos por la plancha uno (1) y 31 por la plancha dos
(2), siendo la cifra repartidora 28.22 votos, en consideración a lo cual, fueron
elegidos los siguientes postulados:
Aspirantes elegidos como magistrados
3 Presentada por los partidos políticos: Colombia Humana, Movimiento Alianza Democrática
Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Polo Democrático Alternativo, Unión
Patriótica UP, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Partido de la Unión por la Gente -
Partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes, Alianza Social Independiente (ASI),
Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes Anticorrupción - Liga, MIRA, Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente,
Dignidad y Partido Demócrata Colombiano.
4 Presentada por el partido político Centro Democrático.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
del CNE
Fabiola Márquez Grisales
Benjamín Ortiz Torres
Alfonso Campo Martínez
Cristian Ricardo Quiroz Romero
César Augusto Lorduy Maldonado
Alba Lucía Velásquez Hernández
Maritza Martínez Aristizábal
Altus Alejandro Baquero Rueda
Álvaro Hernán Prada Artunduaga
1.2 Cargos formulados en las demandas acumuladas
Como quiera que los cargos que se plantean en algunas demandas resultan
comunes, seguidamente se tratarán, de forma conjunta, los motivos de
impugnación, para que haya una mayor claridad al resolver el asunto sometido a
consideración de la Sala.
• El demandado no cumplió el requisito de los 15 años de experiencia
profesional previsto en los artículos 264 y 232 de la Constitución
Política
Este cargo se planteó, en similares términos, en los procesos con radicado
2022-00320-00, 2022-00321-00, 2022-00322-00 y 2022-00324-00, en los que se
aduce que el acto acusado desconoció los artículos 264 y 232 de la Constitución
Política, conforme a los cuales, quien aspire a ser miembro del Consejo
Nacional Electoral, debe cumplir con las mismas calidades y requisitos para ser
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente, se debe acreditar
15 años de experiencia en la «Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber
ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la
cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente».
Particularmente, en la demanda con radicado 2022-00320-00 se precisa que,
para efectos de computar el requisito de experiencia, debe tenerse en cuenta
que el parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 1996 prescribe que la
experiencia para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial es
aquella adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas. Además, el artículo 24 del Decreto 196 de 19715 dispone
que «no se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin
estar inscrito y tener vigente la inscripción», norma esta última que debe
preferirse a la primera, en tanto el artículo 5°, numeral 1° de la Ley 57 de 1887,
5 Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
estatuye que «La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que
tenga carácter general».
Bajo esta última tesis, el demandante destaca que, según la certificación 459006
del 16 de agosto de 2022, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la
tarjeta profesional del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, correspondiente al
número 161.616, fue expedida el 20 de septiembre de 2007, y dado que la fecha
de cierre para la postulación de candidatos al Consejo Nacional Electoral
correspondió al 17 de agosto de 2022, se concluye que era imposible para el
demandado cumplir con los 15 años de experiencia. Por lo tanto, así el señor
Baquero Rueda hubiere laborado en actividades propias del ejercicio de la
profesión de abogado, de manera ininterrumpida, desde el 20 de septiembre de
2007, fecha de expedición de su tarjeta, hasta el día de su inscripción, le
habrían faltado 33 días para completar el requisito en mención.
Agrega que, aun acogiendo la tesis que sustentan los otros demandantes, en el
entendido de que la experiencia debe contabilizarse a partir de la obtención del
título de abogado, le faltarían cinco (5) días para completar los quince (15) años
de experiencia profesional, tal como lo exige la norma constitucional, pues la
fecha del acta de grado es del 22 de agosto de 2007.
De otra parte, en el proceso 2022-00320-00 se afirma que el señor Altus
Alejandro Baquero, al momento de ser postulado, allegó una hoja de vida en la
que se consignan veintidós (22) certificaciones que sustentan la experiencia
laboral que nunca fue reportada en aquella inscrita con anterioridad en el
SIGEP6. Por ejemplo, al momento de iniciar labores como director técnico de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (06- sep-2016 –
28-feb-2017), el demandado informó, en ese sistema, que su primera
vinculación fue con la Registraduría Nacional del Estado Civil (17-en-2008 – 30-
jun-2008); sin embargo, sorpresivamente, desde el 9 de septiembre de 2020, en
el SIGEP II, figura como primer empleo aquel desarrollado en la empresa
ENERGEX S.A (01-jul-2007 – 10-ene-2008), de la cual no existe información
alguna en el Registro Único de Afiliados – RUAF, pese a haber relacionados
otros diez (10) empleos vinculados con la misma sociedad, por lo que concluye
que dichos documentos son falsos7.
Finalmente, los demandantes en los procesos 2022-00320-00 y 2022-00322-00,
en similares términos, alegan que hay otras tres (3) vinculaciones laborales con
la empresa «Fortaleza Legal SAS», cuyo representante legal es la señora
Mónica Andrea Lozano Torres, que no corresponden a la realidad, pues se trata
de una sociedad ubicada en la ciudad de Florencia (Caquetá), lugar donde
6 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
7 Esta presunta y puntual irregularidad frente a la experiencia del demandado también es
alegada por el demandante del proceso 2022-00322-00
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
jamás ha residido ni ha estado domiciliado el demandado. Tampoco, en los
trabajos anteriores, reportó estas experiencias en la hoja de vida. De otro lado,
agregan que la señora Lozano Torres certificó ocho (8) vinculaciones
adicionales que le acreditan el ejercicio profesional como abogado cumplidas en
la oficina particular de esta última, de las cuales no hay registro anterior en el
SIGEP ni aportes al sistema de seguridad social que permita dar crédito a esas
certificaciones.
En suma, se adujo que ninguna de esas veintidós (22) certificaciones de
experiencias laborales pueden ser tenidas en cuenta, pues a pesar de que
refieren a que laboró como abogado, no tienen ningún soporte; en otros casos,
no se certificaron las funciones u obligaciones de los cargos que se aducen, por
lo tanto, son irregulares y puede tratarse de una falsedad. El demandado,
entonces, tan solo acreditó un total de 14 años, 1 mes y 27 días.
• Se desconocieron los artículos 13, 209 y 127 de la Constitución
Política y 60 de la Ley 5 de 1992 al elegir al demandado
El demandante del proceso 2022-00320-00 señaló que al haberse elegido al
señor Baquero Rueda en las condiciones anotadas, se vulneró el derecho de
igualdad previsto en el artículo 13 superior, pues se le dio un trato preferente,
sin justificación alguna, frente a los demás participantes del proceso de
selección. Además, se desconocieron los principios de transparencia, eficacia e
imparcialidad previsto en el artículo 209 de la Carta, en la medida que el
demandado, en su calidad de secretario general de la Defensoría del Pueblo,
tenía la facultad de nombrar o contratar familiares o allegados de los
congresistas. De esta manera, se advierte que pudo haber existido presión
sobre estos últimos que intervinieron en su elección, por lo que se concluye que
sobre el señor Altus Baquero pesaba una inhabilidad para postularse y ser
elegido en el CNE.
De otro lado, se afirma que el señor Baquero Rueda, en su condición de
servidor público, le estaba vedado participar en política y su postulación no era
otra cosa que una clara, necesaria e inexorable intervención en política
partidista, en tanto fue propuesto finalmente por el Partido Liberal Colombiano.
Por lo tanto, se vulneró el artículo 127 constitucional que prohíbe a los
empleados públicos participar de las actividades de los partidos y movimientos
políticos.
Por último, se indicó que, en la sesión plenaria del 30 de agosto de 2022 del
Congreso de la República, fecha en que fue elegido, fue leído el informe de la
Comisión de Acreditación Documental Conjunta. Sin embargo, su dictamen
jamás fue evaluado y menos votado por la corporación legislativa, tal como lo
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
dispone el artículo 60 de la Ley 5 de 1992, lo cual puede verificarse en el acta
de dicha sesión, entre los minutos 2:04:10 y 2:14:03 del vídeo completo de esta.
• Desconocimiento de la cuota de género por parte del Partido Liberal
al postular sus candidatos para proveer el cargo de magistrado del
CNE
En el proceso 2022-00321-00, la parte actora anotó que, mediante oficio de 17
de agosto de 2022, el Partido Liberal Colombiano envió al Congreso de la
República la lista de postulados para proveer el cargo ante el Consejo Nacional
Electoral, la cual estaba compuesta por dos (2) hombres, a saber: a) Benjamín
Ortiz Torres y, b) Altus Alejandro Baquero Rueda. Así mismo, en caso de
presentarse alguna novedad, definieron como candidatos suplentes en su orden,
a Harry Giovanny González García y Ángel María Preciado Vidal. De este modo,
se desconoció la cuota de género de que trata la Ley 581 de 2000, pues el
partido en comento postuló solo candidatos hombres, desconociendo el
esfuerzo que se ha hecho por el reconocimiento de la mujer en los altos cargos
del Estado. Incluso si el referido partido hubiere postulado a una mujer, en la
lista supletoria, tampoco habría cumplido la carga, por cuanto debió incluirse
dicha representación en la lista principal, lo anterior para garantizar la efectiva
participación femenina en este proceso de elección.
• Configuración de una posible inhabilidad
La demandante del proceso 2022-00322-00 indicó que se configuró la
inhabilidad contemplada en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 8, al haberse
efectuado el nombramiento del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como
magistrado del Consejo Nacional Electoral, sin el cumplimiento de los requisitos
para el ejercicio del cargo y, además, aportar documentación, presuntamente
falsa, para sustentar, la información suministrada en la hoja de vida.
De otra parte, coincide con el demandante del proceso 2022-00324-00 al
señalar que el acto de elección desconoce a su vez el artículo 5º de la Ley 190
de 1995, que establece el deber de revocar los nombramientos cuando no se
cumple con los requisitos legales; lo anterior, por haberse realizado el
nombramiento del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del
8 ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o
empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se
procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la
infracción.
Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la
información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o
disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones
públicas por tres (3) años.
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Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
Consejo Nacional Electoral, sin el lleno de los requisitos de ley. Además, se
aportó documentación presuntamente falsa para sustentar la información
suministrada en la hoja de vida, razón por la cual, estaba incurso en la causal de
inhabilidad a que se refiere dicha norma.
• Falsa motivación y expedición irregular
La parte actora en el proceso 2022-00322-00 mencionó que es evidente que el
acto de elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda está incurso en
«falsa motivación», por cuanto no corresponde a la realidad que el demandado
cumplía con el mínimo de experiencia profesional de quince (15) años, tal como
lo exige la norma constitucional. A través de la certificación expedida por la
Comisión de Acreditación Documental del Congreso de la República se
materializó dicha irregularidad en tanto se incorporó un presupuesto espurio que
constituye un vicio de validez del acto de elección, esto es, la falsa motivación,
al tenerse por satisfecho un requisito que no se encontraba cumplido.
La parte actora del proceso 2022-00324-00, en su escrito introductorio
manifestó, en relación con este mismo aspecto, que se configuró una
«expedición irregular» del acto de elección, pues no se aplicó, en debida forma,
las normas superiores que establecen los requisitos para ser miembro del
Consejo Nacional Electoral, pues el señor Altus Alejandro Baquero Rueda fue
elegido sin acreditar la experiencia mínima exigida, lo cual, de paso, constituye
una posible inhabilidad.
1.3 Contestaciones de la demanda
1.3.1 Demandado – Altus Alejandro Baquero Rueda9
Mediante apoderado el demandado se opuso a las pretensiones de la demanda
conforme a los siguientes argumentos:
En primer lugar, señaló que el requisito de experiencia para ser elegido miembro
del CNE fue debatido en la sentencia del 9 de marzo de 2017, que resolvió la
nulidad de la elección del defensor del pueblo, en el cual se tuvo como punto de
partida, para contabilizar el extremo inicial, la terminación de materias. En
efecto, trae a colación el siguiente apartado «[comoquiera que] el demandado
terminó materias el 6 de junio de 1987, la experiencia profesional que se tendrá
en cuenta es la que adquirió a partir de esa fecha, relacionada con la profesión
9Actuaciones 57 (Proceso 2022-00320-00), 29 (Proceso 2022-00321-00), 59 (Proceso 2022-
00322-00) y 39 (Proceso 2022-00324-00) del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
de abogado»10, por lo que estima que este debe ser el parámetro a tener en
cuenta en el presente caso.
Sin embargo, agrega que, de no acogerse este pronunciamiento, debe tener en
cuenta que el parágrafo del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, prevé que la
experiencia profesional para cargos de funcionarios en la rama judicial, aplicable
a los miembros del CNE, por remisión expresa del artículo 264 de la Carta, es
aquella adquirida desde la fecha de obtención de título de abogado. En
consecuencia, el argumento del demandante, según el cual, el límite inicial de la
experiencia profesional contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta
profesional no tiene fundamento alguno.
Así mismo, relacionó cada una de las certificaciones aportadas con su
postulación para el cargo, para precisar que contaba con una experiencia
profesional de abogado de quince (15) años y noventa y cinco (95) días, desde
la terminación de sus materias y hasta la fecha de la elección, y,
subsidiariamente, de quince (15) años y ocho (8) días desde la obtención de su
título profesional y hasta la fecha de la elección en cuestión. Así mismo, que no
podían desestimarse estos documentos por el hecho de que no se hubiere
acompañado el soporte de pago de aportes a seguridad social, salarios,
comprobantes, cheques o copia de contratos de prestación de servicios, ni
mucho menos que estos fueran falsos por no estar publicados con anterioridad
en la hoja de vida alojada en el SIGEP.
De otra parte, respecto al trámite previsto en la Ley 5 de 1992, sobre el
sometimiento del informe de la Comisión de Acreditación Documental a la
aprobación del Congreso de la República señaló que este se realizó el 3 de
octubre de 2022, según reza en la Gaceta del Congreso de dicha fecha, edición
año XXXI – 1185 (Anexo 6), a folio 28.
En segundo lugar, respecto de la supuesta inhabilidad derivada de la posible
incursión en la prohibición de participar en política, prevista en el del artículo 127
superior, señaló que no existe ninguna causal de inelegibilidad para quien,
siendo empleado público, aspire a ser elegido en el CNE. En este orden, agrega
que el demandante confunde la actividad legítima en procura de ser postulado
para integrar este órgano constitucional, con la conducta prohibitiva de participar
en las controversias políticas de que trata el artículo 127 constitucional.
Tampoco su condición de secretario general de la Defensoría del Pueblo, con
facultad nominadora, constituyó una inhabilidad, ni siquiera en el hipotético caso
de que se hubiere utilizado su cargo para promocionar su candidatura, como
10 Consejo de Estado, sentencia del 9 de marzo de 2017, MP Carlos Enrique Moreno Rubio,
Rad. 11001-03-28-000-2016-00064-00 (Acto de elección del Defensor del Pueblo).
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10
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
erróneamente concluye el demandante. Agrega, que esta censura, por demás,
es falaz, en tanto carece de toda prueba.
En tercer lugar, respecto del alegado desconocimiento de la ley de cuotas, dijo
que tal garantía no resulta aplicable al presente caso, por cuanto la Sala
Electoral mediante providencia del 30 de mayo 2019, radicación 11001-03-28-
000-2018-00608-00 (2018-00609-00 y 2018-00626-00), MP Alberto Yepes
Barreiro, indicó: «el abanico de candidatos se constituye por el número de
planchas que los partidos o movimientos políticos con personería jurídica,
presenten a consideración de la plenaria del Congreso, lo que impone concluir
que en la postulación de candidatos intervienen varias voluntades y, por ende, la
inclusión de mujeres no es una obligación inexorable».
Finalmente, anotó que la nulidad electoral, como medio de control abstracto de
legalidad, tiene también un «mínimo e irreductible carácter subjetivo» por lo que
bien puede acudirse a los postulados de la buena fe y la confianza legítima para
definir este asunto, las cuales no han sido ajenas a la jurisprudencia de la
Sección Quinta. En tal sentido, alegó que el señor Altus Baquero Rueda actuó
bajo la firme convicción de que cumplía los requisitos legales para ser elegido
magistrado del Consejo Nacional Electoral y la confianza legítima que le generó
el concepto radicado 20226000240691 del 5 de julio de 2022, proferido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
1.3.2 Congreso de la República11
El secretario general del Senado de la República, actuando en nombre del
Congreso de la República, se pronunció frente a las pretensiones en los
siguientes términos:
Alegó que contrario a lo señalado por la parte demandante, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda acreditó más de quince (15) años de experiencia
profesional, desde el grado como abogado (22 de agosto de 2007) hasta el
momento en el que fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral
(quince (15) años y ocho (8) días). Para el efecto, precisó que tal información
podía constatarse con la hoja de vida aportada al proceso de elección y que se
adjunta con la contestación de la demanda.
Destacó que, si bien el demandante se extiende en su argumentación sobre la
presunta falsedad de algunas certificaciones aportadas, con fundamento en que
presuntamente aparecieron recientemente en su historial laboral, lo cierto es
que se trata de un argumento falaz, en razón a que el hecho de que no hubieran
sido aportadas tales constancias de manera previa no implica que deban
11
Actuaciones 56 (Proceso 2022-00320-00) y 37 (Proceso 2022-00324-00) del sistema de
gestión judicial SAMAI.
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11
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
considerarse falsas. De ser así, se desconocería la presunción de buena fe y de
autenticidad de las actuaciones particulares; además, no existe en el plenario ni
siquiera una prueba sumaria que pueda dar cuenta de la falsedad de los
antecedentes profesionales allegados por el señor Baquero Rueda al Congreso
de la República, sino tan solo conjeturas y suposiciones del demandante.
1.4 Trámite procesal
A continuación, se detallan las actuaciones procesales que dan cuenta cómo la
resolución de la presente litis se ha extendido en el tiempo, en primer lugar,
debido a los trámites adicionales propios de las acumulaciones procesales y, en
segundo término, por la interposición de diferentes mecanismos procesales al
cual han acudido las partes, especialmente el demandado.
1.4.1 Actuaciones previas a la acumulación
El proceso 2022-00320-00, surtió el siguiente trámite: 1) 11/10/2022 -
Radicación demanda; 2) 11/11/2022 - Auto que corre traslado solicitud de
medida cautelar; 3) 27/01/2023 - Auto que ordena sorteo de conjuez, porque el
proyecto que decreta la suspensión provisional no obtuvo la mayoría para su
aprobación; 4) 07/02/2023 - Sorteo de conjuez; 5) 16/02/2023 - Auto que admite
demanda y niega medida cautelar; 6) 22/02/2023 - Recurso de reposición
presentado por Giovanny Rafael Decola Vásquez; 7) 24/08/2023 - Auto que
repone y dispone: «Estarse a lo resuelto en el auto del 25 de mayo de 2023, en
relación con la medida cautelar de suspensión provisional»; 8) 01/09/2023 - Auto
que remite para estudio de posible acumulación de procesos; 9) 05/09/2023 -
Recurso de reposición del señor Altus con el fin de que no se acumule; 10)
02/10/2023 No repone auto del 01/09/2023.
En el proceso 2022-00321-00 se surtieron las siguientes actuaciones: 1)
12/10/2022 - Radicación demanda; 2) 18/10/2022 - Auto que inadmite demanda
para su corrección; 3) 20/10/2022 - Subsanación; 4) 16/11/2022 - Auto que
admite demanda; 5) 21/11/2022 - Reforma de la demanda; 6) 10/03/2023 -
Rechaza reforma en cuanto cargos nuevos y admite respecto a las pruebas; 7)
01/09/2023 - Auto que remite para estudio de posible acumulación de procesos.
El proceso 2022-00322-00 trasegó así: 1) 12/10/2022 - Radicación demanda; 2)
21/10/2022 - Auto que inadmite demanda; 3) 25/10/2022 - Subsanación; 4)
02/11/2022 - Auto que corre traslado solicitud de medida cautelar; 5) 27/01/2023
• Auto que ordena sorteo de conjuez, porque el proyecto que decreta la
suspensión provisional no obtuvo la mayoría para su aprobación; 6) 07/02/2023
• Sorteo de conjuez; 7) 17/02/2023 - Auto que ordena pasar al siguiente
consejero en turno, por cuanto el proyecto que decretaba la suspensión
provisional no obtuvo la mayoría para su aprobación; 8) 23/02/2023 - Auto que
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
admite y niega la medida cautelar; 9) 01/03/2023 - Recurso de reposición
presentado por María Angélica García Sarmiento; 10) 03/03/2023 - Salvamento
conjunto de los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Carlos Enrique Moreno
Rubio; 11) 14/03/2023 - Al despacho de Luis Alberto Álvarez Parra cuaderno de
medidas cautelares; 12) 14/04/2023 - Auto que remite para estudio de posible
acumulación de procesos; 13) 25/05/2023 - Auto que repone y decreta la
medida de suspensión provisional; 14) 30/05/2023 - Incidente de nulidad
presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 15) 31/05/2023
• Solicitud de aclaración del auto presentada por el apoderado de Altus
Alejandro Baquero Rueda; 16) 01/06/2023 - Recurso de reposición presentado
por el apoderado suplente de Altus Alejandro Baquero Rueda; 17) 09/06/2023 -
Auto que corre traslado de nulidad; 18) 27/07/2023 - Auto que niega aclaración
frente al auto del 25 de mayo de 2023 por medio del cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra el auto del 23 de febrero de 2023, que resolvió
la solicitud de medida cautelar; 19) 31/07/2023 - Auto que niega la solicitud de
nulidad procesal formulada por el apoderado del señor Altus Alejandro Baquero
Rueda; 20) 10/08/2023 - Auto que rechaza por improcedente el recurso de
reposición con del auto de 25 de mayo de 2023 que decidió el recurso de
reposición presentado frente a la providencia que negó la medida cautelar
solicitada.
En el proceso 2022-00324-00 se surtieron las siguientes actuaciones: 1)
13/10/2022 - Radicación demanda; 2) 20/10/2022 - Auto que inadmite demanda;
3) 26/10/2022 - Subsanación; 4) 09/12/2022 - Auto que corre traslado solicitud
de medida cautelar; 5) 24/08/2023 - Auto que admite y dispone: «Estarse a lo
resuelto en el auto del 25 de mayo de 2023, en relación con la medida cautelar
de suspensión provisional»; 6) 19/10/2023 - Auto que remite para estudio de
posible acumulación de procesos.
1.4.2 Actuaciones procesales posteriores a la acumulación
Una vez proferido el auto del 26 de octubre de 2023, mediante el cual se
acumularon los procesos, se llevó a cabo la diligencia de sorteo de ponente,
correspondiéndole a quien sustancia la actuación. Después, se expidió el auto
del 16 de noviembre de 202312, en el que dio aplicación a la figura de la
sentencia anticipada y adoptó las siguientes decisiones:
• Fijó el litigio en los términos que más adelante se precisarán.
• Incorporó formalmente las pruebas documentales allegadas por las
partes.
• Negó las pruebas solicitadas por los demandantes.
• Negó el trámite de tacha de falsedad formulado por uno de los
12 Actuación 100 del sistema de gestión judicial SAMAI (Proceso 2022-00320-00).
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
demandantes, Giovanny Rafael Decola Vásquez13.
• Ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto.
Posteriormente, el proceso se desarrolló así: 1) 22/11/2023 Con solicitud de
corrección del auto que dio trámite a sentencia anticipada presentada por el
apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 2) 22/11/2023 - Recurso de
reposición y súplica presentado por María Angélica García Sarmiento; 3)
23/11/2023 - Recurso de reposición y súplica del señor Giovanny Rafael Decola
Vásquez; 4) 19/12/2023 - Auto que no repone, corrige nombre del apoderado del
demandado y concede la súplica; 5) 16/01/2024 - Recurso de reposición
presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 6) 05/02/2024 -
Auto que rechaza por extemporáneo el recurso de reposición; 7) 05/03/2024 -
Auto rechaza recurso de súplica por extemporáneo; 8) 05/04/2024 - Al despacho
para sentencia; 9) 12/04/2024 - Escrito de solicitud de unificación
jurisprudencial, presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda;
10) 21/05/2024 - Auto de Sala Plena decide no avocar; 11) 28/05/2024 - Escrito
de solicitud de adición del referido auto, presentado por el apoderado de Altus
Alejandro Baquero Rueda; 12) 05/06/2024 – Auto resuelve no adicionar la
providencia.
Ejecutoriada esta última decisión, se dio traslado para alegar de conclusión y
para que el Ministerio Público conceptuara.
Los demandantes Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa
Hernández Cabrera y María Angélica García Sarmiento, presentaron sus
alegatos de conclusión dentro del término concedido en los que reiteraron, en
gran parte, los argumentos expuestos en sus demandas.
Por su parte, el apoderado del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, dentro de
la oportunidad legal, presentó sus alegatos de conclusión en los que reafirmó los
argumentos de defensa que había planteado en las diferentes contestaciones de
la demanda.
La delegada del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
Agotado lo anterior, se emitieron las siguientes providencias: i) sentencia del 6
de junio de 2024, mediante la cual, la Sala Electoral declaró la nulidad del acto
de elección del demandado; y los siguientes autos: ii) del 20 de junio del citado
año, en el que se negó la solicitud de aclaración de sentencia formulada por el
13 En esa ocasión se determinó que la tacha tenía fundamento en una falsedad ideológica,la
cual, según se explicó en el proveído de la referencia, solo puede ser formulada cuando la
falsedad alegada es de carácter material. Por consiguiente, no se dio trámite a la tacha
propuesta.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
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demandado; iii) del 9 de julio, a través del cual, se rechazó por extemporánea la
solicitud de adición presentada por el extremo pasivo; iv) del 23 de julio de
2024, que no repuso la decisión adoptada en el auto del 9 de julio ya
referenciado; v) del 31 de julio, en el que se rechazó de plano una solicitud de
nulidad alegada por el accionado y, vi) de 9 de agosto de 2024, que no dio
trámite a una nulidad procesal alegada por un ciudadano, para en su lugar,
devolver el expediente a la secretaría para que comunicara de inmediato la
sentencia.
1.5 Decisiones relevantes de la Corte Constitucional frente al presente
caso
Con posterioridad a la comunicación de la sentencia proferida el 6 de junio de
2024, la Corte Constitucional emitió los siguientes pronunciamientos:
• Sentencia SU-342 de 20 de agosto de 2024, MP Juan Carlos Cortés
González, en cuya parte resolutiva dispuso:
PRIMERO. RECHAZAR el incidente de desacato formulado por el
accionante, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR las solicitudes de extensión de la medida cautelar
dictada en el Auto 846 de 2024 presentadas por el accionante y por su
apoderado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NEGAR las solicitudes de nulidad presentadas por Giovanny
Rafael Decola Vásquez y Pamela Hernández Cabrera, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de agosto de 2023, por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela en el presente proceso. En su
lugar, AMPARAR de manera transitoria el derecho a acceder a cargos y
funciones públicas de Altus Alejandro Baquero Rueda, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER LOS
EFECTOS de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el 6 de junio de 2024, que declaró la nulidad de la elección de
Altus Alejandro Baquero Rueda (expediente 11001-03-28-000-2022-
00320-00 acumulados), hasta cuando se agote el trámite de la tutela
impetrada por el accionante contra dicha sentencia (radicado
11001031500020240433600).
SEXTO. ORDENAR al Congreso de la República que se abstenga de
adelantar la elección para suplir la vacante de Altus Alejandro Baquero
Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral, hasta cuando se
agote el trámite de la tutela impetrada por el accionante contra la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6 de
junio de 2024.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
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Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
SÉPTIMO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 25 de mayo de 2023,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado (expediente
11001-03-28-000-2022-00322-00 acumulados), que suspendió
provisionalmente el acto de elección de Altus Alejandro Baquero Rueda.
• Sentencia SU-339 de 14 de agosto de 202514, MMPP: Héctor Alfonso
Carvajal Londoño y Paola Andrea Meneses Mosquera, en la que se
dispuso:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, por la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Altus Alejandro Baquero
Rueda en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su
lugar, AMPARAR el derecho fundamental de acceso a cargos públicos
del ciudadano Altus Alejandro Baquero Rueda.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia ordinaria del 6 de junio
de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
cual se declaró la nulidad de la elección de Altus Alejandro Baquero
Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral, dentro del
expediente ordinario número 11001-03-28-000-2022-00320-00, al cual
fueron acumulados los expedientes ordinarios 11001-03-28-000-2022-
00321-00, 11001-03-28-000-2022-00322-00 y 11001-03-28-000-2022-
00324-00.
TERCERO. ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado que,
en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de
esta decisión, emita una nueva sentencia atendiendo lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia judicial.
En punto a esta última decisión, resulta de gran importancia resaltar los
siguientes apartes con miras a tener claridad sobre los parámetros que deben
enmarcar el cumplimiento de esa providencia:
171. Ahora bien, teniendo en cuenta que, por las razones anotadas, la
sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos, la Sala encuentra
que el Consejo de Estado actuó de forma omisiva y en perjuicio de los
derechos del accionante. Esto, debido a que el aplicar la subregla de la
sentencia del 6 de junio de 2024, la cual supone cambios sustanciales en
las cargas probatorias y argumentativas respecto de la acreditación de la
experiencia para ser magistrado del CNE, no tuvo en cuenta el mandato
establecido en la Sentencia SU-406 del 2016, según el cual, como ya se
explicó con anterioridad, pese a que el cambio de reglas aplicara de
forma “general y automática”, debían valorarse las circunstancias
particulares del accionante y del trámite de elección adelantado, con el
objetivo de determinar si la aplicación “general y automática” del
precedente unificado podría poner en riesgo las garantías procesales y,
en consecuencia, los derechos del accionante. Esta omisión, en sí
misma, constituye una violación directa de la Constitución.
14 Notificada a esta Sección el 23 de abril de 2026 (Actuación 232 de SAMAI). Con salvamentos
de voto de las magistradas Natalia Ángel Cabo y Lina Marcela Escobar Martínez.
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(…)
9. Sentido de la decisión
202. El accionante le solicitó a la Corte que dejara sin efectos la
sentencia atacada y, además, que se declarara expresamente que él sí
cumplió con el requisito de experiencia para acceder al cargo de
magistrado del CNE. No obstante, la Sala encuentra que esta última
solicitud no es procedente, habida cuenta de que el análisis de la
presente decisión está circunscrito a la determinación del extremo final
para el cómputo de dicha experiencia profesional, no a la experiencia en
particular del accionante. Esta debe ser valorada por el juez natural de la
causa y en el marco de los elementos de prueba debida y oportunamente
aportados al expediente ordinario de nulidad electoral.
203. Las mencionadas pruebas aún no han sido valoradas por parte de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, pues en el fallo objeto de tutela
se lee: «[a]corde con lo anterior, sería del caso proceder a valorar cada
una de las vinculaciones laborales que el demandado acompañó con el
acto de postulación efectuada por la coalición de partidos para establecer
si cumple con los quince (15) años de experiencia. Sin embargo, el solo
cálculo del tiempo transcurrido entre el 22 de agosto de 2007 (día [de] la
obtención del título) y el 17 de agosto de 2022 (postulación), sin
interrupción alguna, arroja como resultado un total de catorce (14) años,
once (11) meses y veinticinco (25) días, de lo que se concluye fácilmente
que el demandado no acreditó la experiencia exigida en el artículo».
Nótese que la autoridad judicial se abstuvo de valorar tales pruebas.
204. Por lo anterior, La Sala Plena de la Corte Constitucional amparará el
derecho de acceso a cargos públicos del accionante y se limitará a dejar
sin efectos la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 6 de junio de 2024, en donde declaró la nulidad de la elección
del actor como magistrado del CNE.
205. En su lugar, le ordenará a esa autoridad judicial que profiera una
nueva providencia en la que, atendiendo las consideraciones de esta
sentencia, valore el acervo probatorio para determinar si el accionante
acreditó los 15 años de experiencia profesional al momento de su
elección y no de la postulación, lo que implica que no debe aplicar la
subregla contenida en el fallo objeto de cuestionamiento. En este sentido
y en el marco de su autonomía judicial, deberá valorar la documentación
que el actor presentó al proceso de elección, la cual fue estudiada por la
Comisión de Acreditación Documental del Congreso de la República,
conforme se señala en el fundamento jurídico 3 de esta sentencia.
206. Adicionalmente, en esa misma decisión, la Sección Quinta debe
anunciarle a la comunidad en general que su nueva interpretación, según
la cual dicho requisito debe acreditarse al momento de la postulación,
constituye jurisprudencia anunciada y, por tanto, sus efectos solo serán
aplicables hacia el futuro.
Acorde con lo anterior, la Sala Electoral se pronunciará nuevamente sobre el
presente caso, teniendo en cuenta para el efecto los lineamientos anteriormente
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destacados, los cuales constituyen el marco de cumplimiento de la providencia
de tutela emitida por la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley
1437 de 201115 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, la
Sección Quinta es competente para nuevamente pronunciarse de fondo en
única instancia en el presente proceso acumulado, en cumplimiento a la
Sentencia SU-339 de 2025, proferida por la Corte Constitucional.
2. El acto de elección acusado
El acto objeto de impugnación es el «Acta de Congreso Pleno sesión del día
martes 30 de agosto de 2022», a través del cual el Congreso de la República
eligió al señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo
Nacional Electoral.
3. Problema jurídico
De conformidad con la fijación del litigio efectuada mediante proveído del 16 de
noviembre de 2023 y los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia objeto de cumplimiento, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el acto acusado está incurso en las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 y 275 numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, por cuanto se aduce
que el señor Altus Baquero Rueda no reunía las calidades y requisitos legales
para ser elegido miembro del CNE y, además, se encontraba inhabilitado. En
dicho proveído se precisaron los siguientes aspectos que deben ser resueltos
por la Sección Quinta, así:
i) Si el señor Altus Alejandro Baquero Rueda cumplió el requisito de
experiencia de quince (15) años en el ejercicio de la profesión de
15 «Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden
nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del
Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal
General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.»
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abogado, para ser elegido magistrado del CNE, conforme a lo previsto
en el artículo 232 y 264 de la Carta.
ii) Si se desconocieron, en consecuencia, los artículos 13, 40, 209, 60
de la Ley 5 de 1992; y 23, literal c) de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
iii) Si el demandado incurrió en la prohibición del artículo 127 superior,
mediante el cual se prohíbe a los empleados públicos participar en
política, dado que, antes de su elección, se desempeñaba como
secretario general de la Defensoría del Pueblo.
iv) Si se desconoció la cuota de género prevista en la Ley 581 de 2000,
por cuanto el Partido Liberal escogió dos hombres como aspirantes
principales y dos más como aspirantes hombres en su calidad de
suplente para ser postulados como magistrados del CNE.
En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará,
previamente, las siguientes temáticas: i) calidades y requisitos para ser miembro
del Consejo Nacional Electoral; ii) el procedimiento de elección de los miembros
del Consejo Nacional Electoral y, iii) análisis de los cargos de las demandas.
4. Calidades y requisitos para ser miembro del Consejo Nacional Electoral
El primer organismo electoral de carácter nacional creado en nuestro país se
denominó «Gran Consejo Electoral», creado por la ley 7ª de 1888, con
funciones escrutadoras en todo el territorio colombiano, instituido
fundamentalmente para la elección del presidente y vicepresidente de la
República. Este organismo estaba compuesto por seis (6) miembros nombrados
así: dos (2) por el Senado, dos (2) por la Cámara de Representantes y dos (2)
por el presidente de la república, con sus respectivos suplentes, para períodos
de un año.
Después de varias modificaciones atinentes a su estructura y a la forma de
elección, la Ley 7ª de 1932 introdujo una nueva modificación al Gran Consejo
Electoral, y en relación con las calidades y requisitos de sus miembros el
artículo 6º dispuso lo siguiente:
Artículo 6°. Para formar parte del Gran Consejo Electoral se requiere tener una
profesión liberal.
Para formar parte de los Consejos Departamentales se requiere cualquiera de
las siguientes condiciones:
a) Tener una profesión liberal.
b) O haber sido o ser Senador, Representante, Diputado, Consejero Municipal,
Profesor Universitario; o haber sido Personero, Notario o Registrador, Ministro,
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Gobernador, Secretario de Gobernación de Ministerio, Magistrado, Juez o Fiscal
de Tribunal o Juzgado Superior.
Posteriormente, el Gran Consejo Electoral dio paso a la denominada «Corte
Electoral» creada por la Ley 89 de 16 de diciembre de 194816, en cuyo artículo
3º dispuso que estaría integrada «por el más antiguo ex - Presidente de la
República, en capacidad de ejercer las funciones señaladas a los miembros de
este organismo; por los dos Magistrados más antiguos de la Corte Suprema de
Justicia, de diferente filiación política; por el Rector de la Universidad Nacional y
por el Gerente del Banco de la República.» De acuerdo con esta reforma, la
primera Corte Electoral fue integrada por Alfonso López Pumarejo, como
expresidente de la República; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Ricardo Hinestrosa Daza y Eleuterio Serna; como rector de la Universidad
Nacional, el doctor Luís López de Mesa y como gerente del Banco de la
República el doctor Luís Ángel Arango.
Tiempo después, bajo el marco normativo del Código Electoral de 1979 17, se
dispuso que para ser miembro de la Corte Electoral se requerían las “mismas
calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o la entidad
que haga sus veces y, además, no ser empleado público» (art. 15). Tal
exigencia fue conservada parcialmente en el actual Código Electoral que data
de 1986, en cuanto se suprimieron las expresiones «o la entidad que haga sus
veces» y, además, «no ser empleado público». Así, el artículo 150 de la
Constitución Política de 1886, era la norma que señalaba dichos requisitos:
Artículo 150. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta
y cinco años de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales
Superiores de Distrito o de los antiguos Estados, o haber ejercido con buen
crédito, por cinco años al menos, la profesión de abogado o el profesorado en
Jurisprudencia en algún establecimiento público. (subrayado fuera de texto).
Ahora bien, bajo el régimen de la Constitución Política de 1991, se conservó
esa remisión normativa en punto a las calidades de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, al precisarse en el artículo 264 del texto original que los
integrantes del Consejo Nacional Electoral debían «reunir las calidades que
exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia».
Esta remisión normativa se mantuvo vigente en las reformas contenidas en el
Acto Legislativo 1 de 2003 y 2 de 2015, precisándose que «sus miembros serán
servidores públicos de dedicación exclusiva» y tendrán las mismas «calidades,
inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.»18.
16 Sobre organización electoral.
17 Ley 28 del 16 de mayo de 1979.
18 Sobre la pacífica aplicación de los requisitos de los magistrados de las Altas Cortes a otros
cargos de la Nación, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de octubre de
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Por su parte, el artículo 232 de la Constitución Política de 1991, señaló:
ARTICULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente. (Subrayas y negrillas de la Sala)
Posteriormente, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, se modificó esta
disposición y en punto al numeral 4 del artículo 232 de la Constitución se
dispuso:
4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra
universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas
relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. (Subrayas y negrillas
de la Sala)
La norma transcrita aumentó de diez (10) a quince (15) años, la experiencia
requerida para ser magistrado de cualquiera de estas altas corporaciones de la
justicia de nuestro país y, además, cualificó la cátedra universitaria bajo el
entendido que solo sería válida aquella ejercida en disciplinas jurídicas
relacionadas con el área de la magistratura a la cual se aspire. Dichas
exigencias hoy se mantienen vigentes para ser elegido magistrado de alta corte
y por remisión expresa del artículo 264 de la Carta se extienden a los
magistrados del Consejo Nacional Electoral.
De lo anterior se concluye que los requisitos para ser magistrado del Consejo
Nacional Electoral han variado, y desde hace más de 30 años se ha
propugnado por enaltecer esta función y elevar la calidad de sus integrantes,
que comenzaron siendo calidades de menor rigor –como el solo hecho de tener
2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00078-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Demandado: Carlos
Ernesto Camargo Assis (defensor del Pueblo). Consejo de Estado, sentencia del 24 de abril de
2008 Rad. 11001-03-28-000-2006-00175-01, MP Filemón Jiménez Ochoa Demandados:
Magistrados del CNE.
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una profesión liberal19– hasta llegar a requerirse las más altas exigencias, como
las que deben acreditar los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
5. El procedimiento de elección de los integrantes del Consejo Nacional
Electoral
Sea lo primero señalar que el artículo 264 de la Constitución Política dispuso
que los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos «por el Consejo
de Estado para un período de cuatro años, de ternas elaboradas por los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la
composición política del Congreso». Posteriormente, con la expedición del Acto
Legislativo 1 de 2003, dicha competencia electoral se le otorgó al Congreso de
la República quien actualmente, tiene la función de elegirlos «para un período
institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa
postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por
coaliciones entre ellos».
De lo anterior se colige que el sistema de elección varió a partir de la reforma
constitucional de 2003, no solo en relación con la autoridad que tiene a su cargo
la elección, sino el mecanismo adoptado para postular sus candidatos, lo que
incide en la forma como se entienden representadas las colectividades políticas
con personería jurídica, en este órgano electoral. Veamos estas modificaciones:
En primer lugar, se destaca que ya no son elegidos por el Consejo de Estado a
través de un sistema de ternas remitidas por los partidos y movimientos
políticos, sino por el Congreso de la República, mediante el sistema de cifra
repartidora, por lo cual se pasó de un sistema de elección uninominal, que
comportaba la elección de un solo integrante de la terna, a una elección
plurinominal en la cual se inscriben listas de candidatos por parte de los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica, bien sea, de forma individual o
conjunta, es decir, por coalición entre ellos, para que sea el Congreso en pleno
quien proceda a la elección.
En segundo lugar, en relación con el mecanismo de selección se implementó el
sistema de cifra repartidora, que es un elemento del sistema de elección que
cambió la representación de los partidos y movimientos políticos en este órgano
electoral, en tanto, opera como un juego de fuerzas políticas que tiene como
sustento, los votos que obtiene cada lista. La cifra repartidora consiste,
19 (…) puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido
estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y
amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la lex artis, entendida como un
contenido ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social
y que está marcada por la autonomía (Concepto 382951, Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2022).
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básicamente, en calcular el número de votos mínimo que una lista requiere para
alcanzar una curul o escaño; esto quiere decir que cada lista participante en una
elección obtiene tantas curules, cuantas veces quepa el valor de la cifra
repartidora en el total de votos de la susodicha lista. Según el artículo 263 de la
Carta, dicho guarismo surge de aplicar un cálculo aritmético basado en el
resultado de dividir el total de votos de cada una de las listas, por uno, por dos,
por tres, por cuatro, hasta llenar el total de curules a proveer. Lo anterior arroja
un número total de resultados que, ordenados de mayor a menor, según el
número de escaños por proveer, el último de estos resultados es la cifra
repartidora.
En tercer lugar, al haber guardado silencio la norma constitucional en punto al
procedimiento detallado para dichos efectos impera acudir a la Ley 5 de 1992,
por medio de la cual se expide el Reglamento del Congreso, que rige las
actuaciones de ese cuerpo legislativo para las elecciones que deba efectuar en
el ámbito de su competencia. El capítulo II de la ley ibidem, trae un acápite
denominado «De los funcionarios elegidos por el congreso», que en su artículo
21 prescribe:
ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA. Los candidatos propuestos a la
consideración del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las
corporaciones o instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en
el término que señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias
auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para
desempeñar el cargo, las que serán calificadas por la respectiva comisión.
El Presidente del Congreso citará, en forma personal y por escrito, con ocho (8)
días de anticipación, a los Senadores y Representantes a una reunión especial
del Congreso pleno, con el solo fin de proceder a la elección de que se trate.
La citación deberá contener el día y la hora de cumplimiento de la sesión y los
nombres del candidato o candidatos postulados.
A su turno, el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992, dispone:
ARTICULO 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las
Cámaras Legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista
de los Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el Presidente de
la Junta Preparatoria. Con posterioridad se hará ante el Presidente de la
correspondiente Cámara.
En cada una de las Cámaras se dispondrá la integración de la Comisión de
Acreditación Documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y
por el período constitucional. Los documentos que acrediten las calidades
exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las
Cámaras Legislativas, serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5)
días siguientes a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la
plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso. (Subrayas
de la Sala)
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Por último, el artículo 61 prevé la posibilidad de abrir una etapa de objeción
frente a los documentos allegados por los aspirantes, cuando se encuentre que
estos no están ajustados a la ley. Así, señala la disposición:
ARTICULO 61. Objeciones. Cuando el respectivo Presidente objetare los
documentos por no hallarlos en la forma legal, el Congresista a quien esa
credencial se refiera no tendrá voz ni voto en las deliberaciones hasta tanto se
haga claridad en ello. En tratándose de objeciones a otros documentos
presentados, éstos se remitirán a la autoridad postulante para que proceda a su
corrección en el término de los ocho (8) días siguientes, o para que disponga el
envío de acreditación de quien ha de reemplazar. (Subrayas de la Sala)
Es de advertir que de las dos normas transcritas anteriormente se contemplan
dos situaciones claramente diferenciadas: i) unos supuestos que son exclusivos
de la sesión inaugural de las cámaras legislativas, que operan antes de iniciarse
el período constitucional relacionado con los congresistas electos y, ii) unas
reglas referidas a la conformación de la Comisión de Acreditación Documental y
el procedimiento para dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos y
calidades para cualquier clase de elección que deba efectuar el Congreso de la
República.
Una vez la Comisión Conjunta de Acreditación Documental del Congreso de la
República elabora el dictamen o informe, el artículo 61 de la Ley 5ª de 1992
prescribe que el mismo debe ser remitido a la plenaria de la Corporación para
que esta lo evalúe, con anterioridad a abordarse la fase de elección. A su turno,
el artículo 136 de la Ley 5ª de 1992, describe el acto de elección que se puede
sintetizar así: i) designación de la comisión escrutadora; ii) votación; iii)
escrutinio, lectura de papeletas y entrega de resultado por parte de la comisión;
iv) declaratoria de haberse elegido con apego a la constitución y a la ley al
candidato que obtuvo la mayoría de los votos; v) toma de juramento.
Ahora bien, al margen de las diferentes fases que hacen parte del proceso
eleccionario, anteriormente explicadas, la Sala concluye que del artículo 264
superior se desprenden dos grandes etapas, a saber: la postulación y la
elección, constituyendo cada una de ellas una expresión de diferentes
potestades que el constituyente le otorgó a los partidos políticos y al Congreso
de la República, respectivamente, las cuales otorgan a cada una de esas
autoridades unos deberes.
En este sentido, la postulación impone a los partidos políticos el derecho-deber
de «postular» a candidatos, bien sea de forma individual o en coalición, que
tengan las condiciones de elegibilidad que en este caso impone el artículo 232
de la carta política por vía de la remisión que efectúa el artículo 264 ibidem en
punto a los requisitos necesarios para ser miembro del CNE.
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A su turno, la elección, tal como se vio en las normas referenciadas en párrafos
anteriores, implica para el Congreso de la República una etapa preliminar de
verificación de las documentales que los partidos allegan y que dan cuenta del
cumplimiento de los requisitos constitucionales de los candidatos inscritos en las
listas, para posteriormente ejercer propiamente la potestad eleccionaria en aras
de conformar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral con estricta
sujeción al sistema de cifra repartidora.
6. Análisis de los cargos de las demandas
Bajo el marco normativo analizado en los acápites anteriores, la Sala abordará
los diferentes tópicos que se anunciaron en la fijación del litigio, con el fin de
determinar si el acto de elección demandado está incurso en alguna de las
causales de nulidad que se le endilgan.
6.1 Acreditación del requisito de experiencia de quince (15) años
Previo a analizar las documentales que allegó el Partido Liberal para acreditar la
experiencia de su entonces aspirante –hoy demandado– ante el Congreso de la
República, resulta necesario determinar cuáles son los extremos inicial y final
que delimitan la contabilización del tiempo exigido por la norma superior.
Efectuado esto, se verificará si el señor Altus Alejandro Baquero Rueda cumplió
con dicho requisito.
6.1.1 El extremo inicial a tener en cuenta para el cómputo de la experiencia
de quince (15) años que contempla el artículo 232, numeral 4 de la
Constitución Política
Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional, en la sentencia que aquí se
acata, en punto al aspecto a tratar en este numeral, dijo que «La Sala parte del
supuesto de que el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política
establece el requisito de «haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo
[quince años], la profesión de abogado», pero no especifica desde cuándo debe
contabilizarse dicha experiencia. Este vacío normativo, sin embargo, justifica el
uso de la analogía como herramienta hermenéutica para determinar el extremo
inicial del cómputo, tal como lo hizo la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo
cual descarta la configuración del defecto sustantivo.» 20.
Precisado lo anterior, comienza la Sala por recordar que el artículo 232, numeral
4, de la Constitución Política dispone que la experiencia requerida para ser
magistrado de la Corte Suprema de Justicia es de quince (15) años, no
obstante, la norma superior no precisa desde cuándo debe contabilizarse
20 Párrafo 90.
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aquella. Es por dicho silencio de la norma constitucional que el demandado trae
a colación unos pronunciamientos que, según su parecer, sugieren que ese
extremo inicial lo sea la fecha de terminación de materias, tesis que no acogerá
esta Sala con fundamento en las razones que se irán exponiendo en los
párrafos subsiguientes.
El demandado referencia el Concepto 240691 de 2022 emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se atiende una
consulta del Ministerio del Interior, tendiente a que se le precise «si se considera
procedente que la experiencia profesional de un abogado se contabilice a partir
de la terminación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el
pensum académico, de tal manera que se determine el cumplimiento de
requisitos para acceder al cargo de Magistrado del Consejo Nacional Electoral».
Ante dicho interrogante, la citada entidad emite una respuesta afirmativa en
punto a considerar que para el cargo consultado sí es posible contabilizar la
experiencia a partir de la terminación y aprobación de las materias del pénsum
académico. Sustenta dicha tesis en la literalidad del artículo 22921 del Decreto
Ley 019 de 202222.
La Sala coincide en parte con el ejercicio interpretativo que sugiere el
demandado, bajo el entendido de que ante la falta de previsión del constituyente
debe acudirse a la analogía legis, conforme a la cual es posible aplicar una ley a
una situación no contemplada explícitamente en ella23. No obstante, no es
posible dar aplicación al artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2022, dado que en
relación con la forma como se contabiliza la experiencia profesional para ocupar
cargos en la rama judicial, existe una norma especial, esto es, el parágrafo 1º
del artículo 128 de la Ley 270 de 199624, que regula de forma específica
diferentes aspectos de la administración de justicia, que en lo pertinente
prescribe:
ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE
CARGOS DE FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los
cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes
requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a
dos años.
21 «ARTÍCULO 229. Experiencia profesional. Para el ejercicio de las diferentes profesiones
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a
partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. (…)
22 «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.»
23 Frente a la aplicación de esta figura, consúltese: Corte Constitucional, Sentencia C-083 de
1995, MP Carlos Gaviria Díaz.
24 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia
profesional no inferior a cuatro años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por
lapso no inferior a ocho años.
Los delegados de la Fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los
funcionarios ante los cuales actúan.
PARÁGRAFO 1º. La experiencia de que trata el presente artículo deberá ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos
o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos
efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado
judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado.
(Negrillas no pertenecen al texto).
Así las cosas, por vía de analogía, ante el vacío del artículo 232, numeral 4 de la
Constitución Política, debe acudirse al parágrafo anteriormente transcrito, que
establece que, para los cargos desempeñados por los funcionarios de la rama
judicial, el cómputo de la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de
la obtención del título de abogado.
Ahora bien, aunque la norma no hace referencia específica a la experiencia de
los magistrados de alta corte, sino que alude a la experiencia para los cargos de
juez municipal, juez de circuito y magistrado de tribunal, el sentido teleológico de
la disposición permite afirmar que lo que quiso establecer el legislador
estatutario fue una regla especial y de mayor exigencia para efectos de
contabilizar la experiencia para los cargos de funcionarios de la rama judicial. En
consecuencia, nada obsta para que esta misma regla sea aplicable a los
magistrados que integran las altas cortes de justicia del país, quienes por la
misma condición, están en la cúspide del poder judicial.
Pensar que la exigencia de computar la experiencia profesional a partir de la
obtención del título de abogado no es aplicable a los magistrados de los órganos
de cierre, sugiere un tratamiento diferenciado que no resulta adecuado,
razonable ni justificado. En este punto, vale recordar que la doctrina
constitucional admite tratos diferenciados cuando los mismos i) atienden a un fin
constitucionalmente válido, ii) el trato diferenciado es adecuado al fin que se
persigue y iii) sean conducentes y proporcionales de cara a los valores,
principios y derechos que se pretenden garantizar25. En el presente caso, no se
observa que esta distinción cumpla estas reglas y, por el contrario, su aplicación
a los magistrados de alta corte se aviene perfectamente al principio de igualdad,
transparencia e imparcialidad que debe guiar el acceso a los cargos públicos.
25 Corte Constitucional, sentencia C-084 de 2020.
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Es por lo anterior que en los casos originados en las demandas formuladas
contra la elección de los señores Carlos Alfonso Negret Mosquera 26 y Carlos
Ernesto Camargo Assís27, elegidos en su oportunidad por la Cámara de
Representantes para el cargo de defensor del pueblo, se dio aplicación al
parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, teniendo en cuenta que,
para el ejercicio de ese empleo, la constitución exige acreditar las mismas
calidades para ser magistrado de alta corte.
En relación con los casos que se referencian, el demandado defiende su postura
conforme a un extracto de la sentencia que definió la legalidad del acto de
elección del señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, que literalmente dice «(…)
el demandado terminó materias el 6 de junio de 1987, la experiencia profesional
que se tendrá en cuenta es la que adquirió a partir de esa fecha, relacionada
con la profesión de abogado». A este respecto, debe señalarse que, en efecto,
en dicha providencia se consignó esta afirmación, pero se trató de una
imprecisión que no se compagina con lo dicho en la ratio decidendi del fallo en
la que se concluyó:
Así las cosas, por aplicarse al Defensor del Pueblo las mismas calidades
exigidas a los magistrados de altas cortes, la experiencia de los 15 años debe
contarse a partir de la obtención del título profesional de abogado.
(…)
Por tal razón, el análisis debe centrarse en determinar si acreditó el ejercicio de
la profesión de abogado por más de 15 años después de la obtención del
título. (Negrillas y subrayados de la Sala)
Tampoco las expresiones que destaca el autor se acompasan con el análisis de
fondo que se hizo de la experiencia del señor Negret Mosquera, pues,
justamente, no se tuvo como válida aquella obtenida en el Ministerio de
Agricultura, cuando se afirmó «ya que fue anterior a la fecha de obtención del
título de abogado, puesto que estuvo vinculado a esa entidad desde el 13 de
julio de 1981 hasta el 27 de julio de 1982.»28.
Acorde con los anteriores razonamientos, se concluye que el extremo inicial
para la contabilización de la experiencia contemplada en el artículo 232.4
superior, es la obtención del título de abogado.
26
Consejo de Estado, sentencia del 9 de marzo de 2017, MP Carlos Enrique Moreno Rubio,
11001-03-28-000-2016-00064-00, demandado: Carlos Alfonso Negret Mosquera – defensor del
pueblo.
27
Consejo de Estado sentencia 14 de octubre de 2021, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad.
11001-03-28-000-2020-00078-00, demandado: Carlos Ernesto Camargo Assis – Defensor del
Pueblo.
28 Pág. 32 de la sentencia.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
6.1.2 El extremo final a tener en cuenta para el cómputo de la experiencia
de quince (15) años que contempla el artículo 232, numeral 4 de la
Constitución Política
En punto al presente tópico, resulta de suma importancia resaltar que la Corte
Constitucional concluyó en la sentencia SU-339 de 2025 que, «más allá de la
razonabilidad de la subregla [refiriéndose a la que estableció la Sala Electoral en
la sentencia que se dejó sin efectos], la Corte encuentra que, debido a la
ausencia de un precedente judicial aplicable a la controversia (cfr. ff.jj. 111 a
122), los principios pro-persona, pro libertate y de favorabilidad le imponían al
Consejo de Estado el deber de fallar el caso sub examine con la interpretación
que resultara favorable para los derechos fundamentales del demandado, en
otras palabras, el deber de no aplicar al caso concreto la tesis que estableció en
la sentencia acusada.»29.
Congruente con esto, la alta corte advirtió que: «…Existía otra interpretación,
igualmente razonable y más garantista, que permitía computar la experiencia
hasta el momento de la elección, y era esa la que, en estricto sentido
constitucional, debió aplicarse para resolver el caso concreto, por ser la que
mejor consultaba el ejercicio pleno de los derechos en disputa. 200.Por lo tanto,
la vía constitucionalmente adecuada era resolver el caso bajo la interpretación
más favorable al accionante y, simultáneamente, recurrir a la figura de la
jurisprudencia anunciada para establecer que la nueva y más restrictiva
subregla se aplicaría solo a futuro.».
Acorde con lo anterior, la Sala Electoral esbozará en el siguiente numeral la
tesis que, según la alta corte, resulta más favorable al demandado, esto es,
tener como extremo final para el cómputo del tiempo de servicio la fecha de su
elección y, en cumplimiento al mandato del juez de tutela, analizará el caso
concreto con fundamento en esa postura. De igual forma, se fijará en esta
providencia la misma subregla que en ese mismo punto sostuvo la Sección
Quinta en el fallo del 6 de junio de 2024, no obstante, se acudirá a la figura de la
jurisprudencia anunciada.
6.1.2.1 La elección como extremo final a tener en cuenta para él cálculo de
la experiencia de quince (15) años que contempla el artículo 232, numeral 4
de la Constitución Política. Tesis prohijada por la Corte Constitucional
para el presente caso
En este aspecto, vale la pena destacar que la Corte Constitucional no escatimó
argumentos para refrendar la validez y solidez de la postura que se explicará en
el siguiente numeral. Sin embargo, esa alta corte aclaró que ante la inexistencia
29 Párrafo 173.
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de subreglas aplicables al caso y frente a la disyuntiva hermenéutica originada
en los extremos procesales, se debía escoger aquella interpretación que en
mejor manera garantizara los principios y valores constitucionales sobre los que
se sustenta el derecho al desempeño de funciones y cargos públicos, en
procura de garantizar los principios pro persona, pro libertate y de favorabilidad.
Ahora bien, en aras de proteger esas garantías constitucionales del aquí
demandado, esta Sala Electoral acoge, solo para este caso, los argumentos que
la misma Corte Constitucional brindó en defensa de la tesis, conforme a la cual,
el cálculo de la experiencia puede tener como extremo final la elección del
entonces aspirante:
178. Esta hermenéutica garantista de los derechos del accionante descarta
prima facie que el requisito de experiencia debe acreditarse al momento de la
postulación. Desde esta óptica, la aplicación de los artículos 21, 60 y 61 de la
Ley 5ª de 1992 debía hacerse, inicialmente, considerando su alcance específico,
y, en todo caso, conforme a la Constitución Política, buscando priorizar el
derecho de acceso a cargos públicos del accionante. Esto, además, porque los
artículos 21, 60 y 61 de la Ley 5ª de 1992 regulan la elección que corresponde
realizar al Congreso de la República, esto es, no se trata de normas
sustanciales que definan directamente la manera para contabilizar el término
que debe considerarse para acreditar el requisito de experiencia de 15 años,
previsto en el artículo 232 de la Carta Política, al cual remite para este caso el
artículo 264 ibidem. De todos modos, de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la
Ley 5ª de 1992, la verificación de los requisitos por parte de la Comisión de
Acreditación Documental ocurre con posterioridad a la presentación de
candidatos, ya que la función de dicha instancia consiste en calificar las copias
auténticas de los documentos que acreditan tales requisitos. Incluso, es con
base en ese dictamen, el cual se evalúa en todo caso por el Congreso de la
República, que se verifican los requisitos de quienes, finalmente, se postulan
ante la plenaria del Congreso. Esto explicaría prima facie que el requisito de
experiencia se pueda computar en la verificación de requisitos o, eventualmente,
en el momento de la elección. (Subrayas de la Sala)
Frente a este aparte de la sentencia objeto de cumplimiento, se precisa que,
pese a la ambivalencia que presenta en punto a que la experiencia bien puede
contabilizarse hasta la verificación de requisitos o hasta la elección, la alta corte
es clara en su orden bajo el entendido que debe expedirse una nueva
providencia en la que se «…valore el acervo probatorio para determinar si el
accionante acreditó los 15 años de experiencia profesional al momento de su
elección y no de la postulación, lo que implica que no debe aplicar la subregla
contenida en el fallo objeto de cuestionamiento. » (Subrayas y negrillas de la
Sala).
Así entonces, la Sala, en cumplimiento de la Sentencia 339 de 2025, calculará la
experiencia del demandado teniendo como extremo final la fecha de elección,
tan solo para este caso en particular.
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6.1.2.2 La postulación como extremo final a tener en cuenta para él cálculo
de la experiencia de quince (15) años que contempla el artículo 232,
numeral 4 de la Constitución Política. Anuncio de jurisprudencia frente a la
regla que se establece en este numeral
El demandado y el apoderado del Congreso de la República, en relación con el
extremo final, plantean que los requisitos para ser miembro del Consejo
Nacional Electoral deben acreditarse al momento de la elección, lo que tendría
sustento en la taxatividad del artículo 232 Superior en tanto utiliza las
expresiones «Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere (…)» (Subrayado de la
Sala). Así, de los vocablos destacados, se podría entender que se es
magistrado el día en que el postulado es elegido en esa dignidad; por
consiguiente, resulta factible pensar que las exigencias constitucionales se
podrían acreditar hasta el día de la designación.
Sin embargo, la Sala debe ser enfática en señalar que esta postura no resulta
ajustada al ordenamiento jurídico, ni al verdadero alcance de la disposición
constitucional, en tanto la norma superior tan solo tuvo como propósito señalar
los requisitos para ser magistrado de alta corte, sin que haya aludido al
momento en que los mismos se deban cumplir. Por lo tanto, la interpretación
que más se adecúa a las normas que regulan esta elección y los principios
propios de la función administrativa, como pasa a explicarse, seguidamente, es
que los requisitos para aspirar a ser integrante del CNE deben cumplirse al
momento de la postulación de la lista candidatos efectuada por el partido o
movimiento político ante el Congreso de la República.
Esta tesis tiene como fundamento el análisis de las normas a partir de una
interpretación sistemática30 y teleológica31 de la Constitución Política, la Ley 5ª
de 1992 y de algunas disposiciones de la convocatoria expedida para elegir los
magistrados del CNE, que rigieron el presente proceso, tal como se explicará en
los párrafos subsiguientes.
En primer lugar, el artículo 21 de la Ley 5ª de 1992, que refiere a la fase de
convocatoria para las elecciones de dignatarios en el Congreso de la República,
establece:
30 Conforme a esta herramienta hermenéutica se «…considera a la norma como parte de un
todo cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en función del sistema jurídico al cual
pertenece, es decir, que supone una lectura de la norma que se quiere interpretar, en conjunto
con las demás que conforman el ordenamiento en el cual aquella está inserta.» (Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de abril de 2016, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez,
Rad. 215001333301020130013401)
31 «Se denomina a la técnica mediante la cual la aplicación de cualquier texto legal requiere una
previa identificación del propósito o valor que la norma busca proteger.» (Tomado del texto
Módulo de interpretación constitucional, LOPEZ, Diego, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
Pág. 38)
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ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA. Los candidatos propuestos a la
consideración del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las
corporaciones o instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en
el término que señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias
auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para
desempeñar el cargo, las que serán calificadas por la respectiva comisión.
(subrayado fuera de texto).
En este orden, al señalar la norma que los candidatos propuestos a
consideración del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las
corporaciones o instituciones postulantes «en el término que señalen las
disposiciones vigentes», se colige claramente que hay una única oportunidad en
la cual se debe hacer la respectiva postulación por parte del partido o
movimiento político o la coalición conformada por estos para la elección de
estos dignatarios, al tiempo que este término constituye el límite para acreditar
las calidades y condiciones personales que habilitan a los integrantes de la lista
inscrita para participar de este proceso de elección.
Así mismo, al señalar la disposición que los candidatos propuestos a la
consideración del Congreso pleno, serán presentados oficialmente por las
corporaciones o instituciones postulantes, y «deberán adjuntar las copias
auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para
desempeñar el cargo», se extrae, lógicamente, que esta acreditación solo puede
hacerse en el plazo fijado por la convocatoria, es decir, en el interregno que se
precisa como límite para la postulación, lo cual está ligado al cumplimiento de
los requisitos legales de idoneidad del aspirante que integra la respectiva lista.
Un entendimiento distinto, como el que propone el demandado, según el cual, el
extremo final para acreditar la experiencia profesional corresponde a la fecha de
la elección, alteraría las reglas de la convocatoria, que constituye la ley del
proceso de selección, en tanto permitiría abrir la puerta para que los postulados
pudieran allegar documentos con posterioridad al cierre de esta etapa. Por lo
tanto, debe entenderse que el plazo para la postulación de listas de candidatos
por parte de las colectividades políticas para la elección de miembros del CNE,
es improrrogable y vincula tanto a la administración como a los participantes y
su desconocimiento constituye una clara afrenta de los derechos de quienes sí
cumplieron a cabalidad con la acreditación plena de los requisitos en la etapa
correspondiente, afectando la confianza y la seriedad del proceso.
De otra parte, al señalar el legislador que los documentos serán «calificados»
por la respectiva comisión, –entiéndase la Comisión de Acreditación
Documental– debe entenderse, como lo define el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, que dicha expresión, consiste en «Expresar o
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declarar un juicio sobre algo o alguien»32. Por tanto, el juicio o declaración
atribuida a la mencionada comisión, solo podría hacerse a partir de los
documentos que dicha instancia tuvo en su poder al momento de hacer la
calificación, esto es, aquellos que fueron allegados al efectuarse la postulación.
Sería absurdo pensar que la calificación pudiera hacerse sobre calidades,
requisitos y experiencias futuras del candidato que integra la lista, o exigir a esta
comisión hacer un pronóstico sobre lo que sucederá respecto del postulado
después del cierre de la etapa de acreditación. De ahí la importancia de la
función que cumple la Comisión de Acreditación Documental, en cuanto otorga
certeza sobre validación del cumplimiento de los requisitos exigibles a los
participantes al momento del cierre de esta etapa, conforme a los documentos
acompañados con el acto de postulación.
Ahora bien, conforme a esta interpretación sistemática y finalística de las
disposiciones aplicables al caso, también resulta importante destacar el artículo
60 de la Ley 5ª de 1992 que prescribe que:
Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran
a ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras Legislativas,
serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a
su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la
corporación, antes de proceder a la elección del caso. (Subrayas no
pertenecen al texto)
De lo anterior se colige que el sentido de esta disposición es señalar que la
documentación allegada por la entidad u organismo postulante, en este caso,
por el partido o movimiento político, debe dar cuenta del cumplimiento de la
totalidad de los requisitos, calidades o condiciones habilitantes de los
postulados, desde el mismo momento en que la colectividad política presenta
ante la Secretaría del Congreso, la lista de candidatos para ser magistrado del
Consejo Nacional Electoral.
En efecto, el alcance de la expresión serán revisados por la Comisión «dentro
de los cinco (5) días siguientes a su presentación», denota que dicha comisión
solo podrá hacer la evaluación de las hojas de vida con los soportes radicados
hasta el momento de su «presentación» o postulación por parte la colectividad
política, siendo improcedente computar experiencia adicional y posterior a dicha
fecha, por lo que quien no ha completado para ese momento los quince años
(15) años de experiencia profesional para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral, no podría ser considerado como candidato hábil.
32 Acepción extraída de la página oficial de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/calificar).
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Por último, se precisa que el apartado de la norma que señala que el informe
respectivo «será evaluado» por la plenaria de la corporación, antes de proceder
a la elección, no puede entenderse como una posibilidad de reabrir la etapa de
acreditación de requisitos, como lo pretende hacer ver el demandado. En efecto,
el verbo «evaluar» se circunscribe a «Estimar, apreciar, calcular el valor de
algo»33 que, para el caso concreto, debe entenderse como aquella labor
efectuada sobre los documentos que dan fe de la aptitud legal del integrante de
la lista, radicados con la postulación.
Además, esta norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto prevé la posibilidad de que la
plenaria objete cualquier documento allegado por los aspirantes, cuando no los
encuentre ajustados a la ley:
ARTICULO 61. Objeciones. (…) En tratándose de objeciones a otros
documentos presentados, éstos se remitirán a la autoridad postulante para que
proceda a su corrección en el término de los ocho (8) días siguientes, o para que
disponga el envío de acreditación de quien ha de reemplazar. (Subrayas de la
Sala)
Tampoco de esta disposición puede derivarse la posibilidad de perfeccionar o
complementar, con posterioridad al cierre de la postulación, los requisitos o la
experiencia profesional inicialmente acompañada con el acto de inscripción de
hojas de vida, por el solo hecho de permitirse al congreso remitir los
documentos a la autoridad postulante para que «proceda a su corrección».
Lo anterior por cuanto debe entenderse que tal ejercicio recae solamente sobre
los mismos documentos que la Comisión de Acreditación tuvo la oportunidad de
examinar, que bien podría referirse a defectos formales en su elaboración,
piénsese en imprecisiones tipográficas (error en el nombre, cédula, cargo,
ausencia de firma de la autoridad competente etc.) o enmendaduras que
pudieran generar dudas o un problema de ilegibilidad de algún dato que deba
ser corroborado.
La tesis contraria significaría que la expedición del acto de elección estaría
siempre condicionada en el tiempo hasta tanto el postulado acreditara con
certificaciones posteriores el ejercicio de la profesión durante 15 años. Sin duda,
esto daría al traste con principios fundantes del acceso al empleo público –
particularmente, la transparencia–, comoquiera que no puede convocarse y
tramitarse un proceso de elección en torno a un determinado ciudadano, frente
al cual, se espera que «algún día» cumpla con el referido requisito, lo que sin
duda se agrava ante un hecho que si es conocido y determinado, cual es la
33
Acepción extraía de la página oficial de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/evaluar?m=form).
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terminación del período de los magistrados del CNE que impone que la elección
se efectúe sin dilaciones algunas.
De igual manera, la estructura del proceso de elección de los magistrados del
CNE, conformada por fases, momentos o etapas de que da cuenta la
convocatoria, contenidas en las Resoluciones 4 y 534 del 11 de agosto de 2022,
emitida por la mesa directiva del Congreso, precisan que la fase de «inscripción
de las hojas de vida» es del 12 al 17 de agosto de 2022, lo cual, no permite
tener como tiempos de servicios prestados para acreditar la experiencia
profesional, aquellos cumplidos con posterioridad a la fecha de postulación. Ello
desconocería la naturaleza preclusiva de los términos, que supone siempre un
inicio y un fin, y que una vez agotada la etapa correspondiente, no puede
retrotraerse o reabrirse la oportunidad, bajo ningún pretexto, salvo para corregir
irregularidades de forma, como lo prescribe el artículo 41 del CPACA.
Así las cosas, el análisis sistemático y teleológico aquí efectuado da cuenta que
la tesis esbozada no resulta, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, pues, a
la vez que armoniza las normas superiores analizadas con el procedimiento
electoral establecido en la Ley 5 de 1992, delimita con mayor ahínco las etapas
de postulación y elección que, como vimos en el acápite 5 de esta providencia,
implican para los partidos políticos y para el Congreso de la República unas
facultades específicas.
Aunado a lo anterior, tal compresión de la normativa tampoco afecta el derecho
de acceso al cargo público, frente al cual, vale la pena recordar su contenido y
alcance:
(…) La jurisprudencia constitucional ha señalado que el ámbito de protección del
derecho de acceso a cargos públicos comprende cuatro dimensiones: (i) el
derecho a posesionarse, reconocido a las personas que han cumplido con los
requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para acceder al
cargo. Como se expuso, dentro de estos requisitos se encuentra el no estar
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad; (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para tomar posesión de un cargo, diferentes a
las establecidas en el concurso de méritos; (iii) la facultad de elegir, de entre las
opciones disponibles, aquella que más se acomoda a las preferencias de quien
ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos; y (iv) la
prohibición de remover de manera ilegítima a quien ocupa el cargo público.
57. El derecho a acceder a cargos públicos no es absoluto, por el contrario está
sujeto a límites y requisitos constitucionales, legales y reglamentario. En
efecto, el artículo 123 de la Constitución señala que los servidores públicos
34 Esta última modificó el artículo 1 de la Resolución 4 de 2022, quedando en los siguientes
términos: «Convóquese a los Partido o Movimientos Políticos con personería jurídica o por
coaliciones entre ellos, para que postulen ante el Congreso de la República al menos dos
candidatos para proveer los cargos de Magistrados del Consejo Nacional Electoral. Adóptese el
siguiente cronograma para los efectos de la presente Resolución». El cronograma inicial no fue
modificado.
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ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento. Por ello, quienes pretendan acceder al desempeño de funciones
públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias que
procuran la realización del interés general y garantizan el cumplimiento de los
principios de la función pública dispuestos en el artículo 209 de la Constitución35.
(Negrillas no pertenecen al texto)
Acorde con el anterior extracto, se tiene que la interpretación normativa que aquí
se efectúa, lejos de restringir el ejercicio derecho de acceso a los cargos
públicos, más bien se acompasa con el carácter relativo de los derechos
subjetivos en cuanto debe prevalecer el interés general y los principios
constitucionales, los cuales, en el sub examine, se materializa en el imperativo
de que todos los aspirantes participen en igualdad de condiciones y que aquel
que resulte elegido cumpla con los requisitos de experiencia contemplado en el
artículo 232.4 de la Constitución Política de 1991.
Por lo anteriormente expuesto, se impone concluir que debe tenerse como
extremo final para efectos del cómputo de la experiencia profesional de que trata
el artículo 232 numeral 4 de la Constitución Política, la fecha en que el partido o
movimiento político postula la lista de candidatos ante el Congreso de la
República.
Pese a todo lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, se
dará aplicación a la figura de «jurisprudencia anunciada», en aras de
salvaguardar los derechos fundamentales del aquí demandado, los cuales,
podrían verse afectados por la aplicación general y automática de la subregla
que se erigió en punto al extremo final para contabilizar la experiencia exigida.
En este orden, la tesis conforme a la cual se sustenta que, para efectos de
contabilizar los quince (15) años de servicio exigidos en el citado artículo 232,
numeral 4 del texto superior, debe tenerse como extremo final la fecha de
postulación del aspirante, tan solo se aplicará para las siguientes elecciones de
miembros del CNE que realice el Congreso de la República.
6.1.3 Análisis de la situación particular del demandado
Una vez sentadas las posturas de la Sala Electoral en punto a los extremos
inicial y final que marcan el derrotero para efectos de verificar el cumplimiento
del requisito de la experiencia de quince (15) años de que trata el artículo 232
de la Carta, en armonía con el artículo 264, se analizará si el demandado
cumple con esta exigencia, con la salvedad de que solo para este caso se
tendrá como límite temporal para ese cómputo, la fecha en que se produjo la
elección, conforme lo ordenó la sentencia SU-339 de 2025.
35 Corte Constitucional, sentencia C-393 de 2019 del 28 de agosto de 2019, MP Carlos Bernal
Pulido.
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Sea lo primero señalar que los demandantes aluden que algunas de las
certificaciones allegadas por el demandado al trámite electoral son falsas, en
cuanto se aduce que las vinculaciones que allí se enuncian no existieron, mismo
argumento conforme al cual se formuló tacha de falsedad. Sin embargo, no
existen pruebas en el expediente que den cuenta de la falsedad ideológica
aludida, de tal manera que podrían descartar las referidas constancias laborales.
Así mismo, no se comparte el que se desvirtúe la veracidad de ciertas
vinculaciones laborales frente a las cuales se aduce que no existe prueba de
efectuarse aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Esto por cuanto,
esta sala electoral, ya ha precisado que, si bien existe la obligación del
trabajador independiente de asumir el costo de dichas contribuciones, lo cierto
es que la omisión en efectuarlos no conlleva a señalar que las labores no fueron
desempeñadas o que la relación laboral o contractual correspondiente no se
haya presentado36.
En punto a las vinculaciones laborales con la empresa «Fortaleza Legal SAS»,
que aducen algunos demandantes no puede tenerse en cuenta, toda vez que se
trata de una sociedad ubicada en la ciudad de Florencia (Caquetá), lugar donde
jamás estuvo ni residió el demandado, y cuya representante legal,
presuntamente habría sido gratificada por certificar esas labores con un contrato
de prestación de servicios que en efecto suscribió con la Defensoría del Pueblo
–cuando el demandado fungía como ordenador de gasto en esa entidad–, la
Sala precisa que se trata de afirmaciones que de cara a la realidad procesal se
perciben como meras conjeturas que no tienen la fuerza indiciaria suficiente que
conlleve a la falsedad alegada.
Desde luego, no se desconoce que en las hojas de vida cargadas por el
demandado en la página web de la UARIV37 y en el SIGEP38, con anterioridad a
su postulación, no aludió a la vinculación con «Fortaleza Legal SAS». Sin
embargo, al margen de que se acreditó que el demandado fungió como director
del trabajo de grado de la representante legal de esa sociedad, Mónica Andrea
Lozano Torres39, y después como contratante de esa compañía cuando ocupó el
cargo de secretario general de la Defensoría del Pueblo, la sala no encuentra
elementos adicionales conforme a los cuales se pueda concluir categóricamente
que dichos periodos resultan simulados o falsos y, por tanto, desvirtuar la buena
fe que cobija la actuaciones de los particulares y autoridades públicas (Art. 83,
Constitución Política).
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de junio de 2023, MP Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2022-00323-00 (principal)
37 4 de agosto de 2016.
38 8 de agosto de 2022.
39 Dicho trabajo académico se desarrolló dentro del programa de Maestría en Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, entre el 29 de septiembre de 2016 y el 4 de febrero de 2019.
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Igual precariedad probatoria se advierte de los indicios que deriva la parte actora
en punto a la continuidad laboral que mantuvo el demandado dada la alternancia
que se producía entre la RNEC y ENERGEX SA, pues no logró estructurar dicha
prueba indiciaria.
Hechas las anteriores precisiones, se tiene que el demandado se graduó como
abogado el 22 de agosto de 2007 (extremo inicial). Lo anterior se advierte de la
certificación obrante en el plenario, del siguiente tenor40:
De otro lado, está acreditado en el expediente que la fecha de la sesión en la
que se produjo la elección del demandado fue el 30 de agosto de 2022
(extremo final).
Acorde con lo anterior, la sala procede a valorar cada una de las vinculaciones
laborales que el demandado allegó para establecer si cumple con los quince
(15) años de experiencia:
FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS ENTIDAD O EMPRESA
22/08/2007 16/01/2008 0 4 25 ENERGEX S.A.
17/01/2008 30/06/2008 0 5 14 RNEC41
1/07/2008 8/07/2008 0 0 8 ENERGEX S.A.
09/07/2008 25/07/2008 0 0 17 RNEC
26/07/2008 18/08/2008 0 0 23 ENERGEX S.A.
19/08/2008 19/12/2008 0 4 1 RNEC
20/12/2008 22/12/2008 0 0 3 ENERGEX S.A.
23/12/2008 28/01/2009 0 1 6 RNEC
29/01/2009 2/02/2009 0 0 4 ENERGEX S.A.
03/02/2009 27/03/2009 0 1 25 RNEC
28/03/2009 26/04/2009 0 0 29 ENERGEX S.A.
40 Anotación 22 del sistema de gestión judicial SAMAI (2022-00322-00).
41 Entiéndase por esta sigla: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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38
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
27/04/2009 12/06/2009 0 1 16 RNEC
13/06/2009 15/06/2009 0 0 3 ENERGEX S.A.
16/06/2009 26/06/2009 0 0 11 RNEC
27/06/2009 30/06/2009 0 0 4 ENERGEX S.A.
1/07/2009 8/12/2015 6 5 8 RNEC
ENERGEX S.A. /
09/12/2015 06/01/2016 0 0 28
FORTALEZA LEGAL SAS
07/01/2016 15/03/2016 0 2 9 CNTV42
ENERGEX S.A. / CÁMARA
16/03/2016 05/09/2016 0 5 20 DE REPRESENTANTES /
FORTALEZA LEGAL SAS
06/09/2016 28/02/2017 0 5 23 UARIV43
ENERGEX S.A. /
ENTERRITORIO /
FONADE /ACUEDUCTO
BOGOTÁ / FEDERACIÓN
NACIONAL DE
DEPARTAMENTOS /
01/03/2017 30/08/202244 5 6 0
FORTALEZA LEGAL SAS /
CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ / GRUPO DE
ENERGÍA DE BOGOTÁ /
DEFENSORÍA DEL
PUEBLO45
TOTAL 15 0 7
Acorde con lo anterior, es claro que la exigencia cuantitativa del requisito
constitucional se acreditó a la fecha de la elección, pues el demandado sumó un
total de quince (15) años y siete (7) días.
En este orden, salta a la vista que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda –
para la fecha de elección– acreditó el requisito de experiencia que exige la
norma constitucional, razón por la cual, se advierte que la Comisión de
Acreditación Documental Conjunta del Congreso de la República no incurrió en
un yerro al certificar, en el informe técnico respectivo, que el demandado
cumplía con la experiencia de quince (15) años de ejercicio de la profesión de
abogado.
Así entonces, la Sala concluye que el acto de elección del demandado no está
incurso en las causales de nulidad del artículo 137 (infracción de las normas en
que debería fundarse, falsa motivación y expedición irregular) y 275.5 del
CPACA (incumplimiento de calidades y requisitos constitucionales y legales).
42
Entiéndase por esta sigla: Comisión Nacional de Televisión.
43
Entiéndase por esta sigla: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
44 Se precisa que en dicho lapso el demandado laboró de forma sucesiva en las diferentes
entidades que se relacionan en la última columna.
45 En punto a esta vinculación, el demandado allegó en el trámite judicial constancia del 5 de
septiembre de 2022, que da cuenta de su vinculación a esa entidad entre el 7/09/2020 y el
4/09/2022.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
6.2 Violación de los artículos 127 superior, por haber intervenido en
política y utilizado el empleo para respaldar su interés eleccionario y 60 de
la Ley 5 de 1992.
En relación con la intervención en política, se señala en la demanda con
radicado 2022-00320-00, donde funge como parte actora Giovanny Rafael
Decola Vásquez, que la sola inscripción del señor Baquero Rueda como
precandidato constituye una clara e inexorable participación en política, en este
caso, bajo al amparo del Partido Liberal Colombiano, al promover él mismo su
candidatura, razón por la cual se vulneró el artículo 127 constitucional que le
prohíbe a los servidores públicos participar de las actividades partidistas.
En cuanto a la utilización del empleo para respaldar su propia causa, se aduce
que el demandado, en su calidad de secretario general de la Defensoría del
Pueblo, con facultad de nombrar y contratar familiares o allegados de los
congresistas «ya estaba ejerciendo presión» sobre quienes eran competentes
para intervenir en su elección, por lo que se concluye que sobre el señor Altus
Baquero pesaba una inhabilidad para postularse y ser elegido magistrado del
CNE. Por lo anterior, se afectó el derecho de igualdad y los principios de
transparencia, moralidad, imparcialidad y eficacia, previstos en el artículo 13 y
209 constitucional. Agrega, que es materialmente imposible que el señor
Baquero Rueda, se haya inscrito y hubiere obtenido 38 votos de 47
parlamentarios liberales (quienes podían votar hasta por 2 candidatos distintos),
sin haber intervenido en política.
A este respecto, impera precisar el alcance de los incisos 2º y 4º del artículo 127
de la Constitución Política:
ARTICULO 127. (…)
A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los
órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en
las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en
el artículo 219 de la Constitución.
(…)
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa
o campaña política constituye causal de mala conducta.
Referente al primero de los incisos transcritos, la Corte Constitucional ha tenido
la oportunidad de pronunciarse sobre esta limitación de los servidores públicos,
de cara a las normas internacionales que protegen la libertad de expresión y la
participación política. Al respecto, en la sentencia C-794 de 2014, se precisó:
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40
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
(…) Para evitar una interpretación excesiva o deficiente, la Corte considera que
la prohibición que enuncia el inciso segundo del artículo 127 de la Carta
comprende la conducta dirigida a intervenir activa o pasivamente en las
diferentes disputas con incidencia electoral directa, apoyando o rechazando, una
causa, una organización política o un candidato. No hace parte del significado
constitucional de las expresiones “actividades de los partidos y movimientos” y
“controversias políticas”, comportamientos que al margen de un debate electoral
o de una disputa partidista, tienen como resultado o pueden ser interpretados
como la emisión de una opinión o la presentación de una postura respecto de un
asunto de interés general. Esta conclusión se fundamenta en varias razones.
(…)
Es claro que la Constitución en esta materia no se opone a que los ciudadanos,
incluso quienes sirven al Estado, intervengan en controversias que reflejan
disputas ciudadanas –sin propósitos electorales o partidistas directos- alrededor
de los propósitos que debe perseguir el Estado y los medios para alcanzarlos.
Los problemas de la comunidad conciernen a todos y, en esa medida, el Estado
debe facilitar la participación de todos en la vida política (art. 2) y los ciudadanos
cumplir ese deber (art. 95.5).
Conforme a lo anterior, el correcto entendimiento del inciso 2º del artículo 127
superior, sugiere que la prohibición constitucional se enmarca en las actividades
y controversias estrictamente políticas, esto es, aquellas dirigidas a favorecer
una causa partidista con fines netamente electorales. En otros términos, la
conducta prohibitiva se inscribe en el desarrollo de un certamen electoral, en la
cual los partidos políticos participan para obtener el favor popular. Una
interpretación más amplia, como lo indica el alto tribunal, vulneraría otros
derechos que, lejos de ser reducidos a su mínima expresión, deben ser
armonizados con este tipo de mandatos constitucionales.
En el presente caso, no estamos en la referida hipótesis, pues, se trata
simplemente del legítimo derecho que le asiste a cualquier persona de someter
su nombre para acceder a un cargo público. El sistema de elección de los
magistrados del CNE comporta una etapa de postulación que hacen los partidos
y movimientos políticos, a través de listas, ya sea de forma individual o por
coaliciones, para que el Congreso proceda a su elección. Este ejercicio, en sí
mismo, dista claramente de la prohibición constitucional prevista en el inciso 2
del artículo 127 superior, pues, como se indicó, esta limitación de los empleados
del Estado está dirigida a asegurar que la función pública no se ponga al
servicio de los intereses electorales propios de los partidos o movimientos
políticos que hacen campaña en los certámenes democráticos. Por lo tanto, las
actividades que llevó a cabo el señor Altus Baquero Rueda con el fin de
conseguir el apoyo necesario para su elección no podrían considerarse como
una indebida participación en política.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
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De otro lado, en relación con el inciso 4º del artículo 127 en comento, que
prescribe que: «La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a
respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.»,
debe entenderse en el mismo sentido, es decir, que se trata de una actividad
irregular en la cual el servidor público «presiona», «constriñe» o «determina»,
por la fuerza, a los ciudadanos electores para que acompañen una determinada
causa o campaña política que se presenta en el marco de los procesos
democráticos.
Así entonces, en el presente caso, no se observa la configuración de ninguno de
los elementos que comporta la prohibición normativa, ni mucho menos de una
eventual situación de inhabilidad, por encontrarnos ante un procedimiento
eleccionario en el que el demandado podía participar, tal como ya se precisó.
Ahora bien, frente a la supuesta presión que el señor Baquero Rueda pudo
ejercer por el hecho de que, previo a su elección se desempeñaba como
secretario general de la Defensoría del Pueblo, con facultades de nominación y
contratación, esta es una inferencia que hace el demandante, sin respaldo
probatorio alguno. En efecto, el demandante hace consistir este cargo en que,
en su calidad de secretario general de la Defensoría del Pueblo, con facultad de
nombrar y contratar familiares o allegados de los congresistas «ya estaba
ejerciendo presión» sobre quienes eran competentes para intervenir en su
elección. Esta es una percepción que tiene el demandante, que no acompaña
con pruebas ni evidencias, razón por la cual se desestima por la Sala.
Finalmente, en punto al alegado desconocimiento del artículo 60 de la Ley 5 de
1992, bajo el entendido que el informe de la Comisión de Acreditación
Documental Conjunta no fue evaluado, ni mucho menos votado por la
corporación en pleno, la sala recuerda que la expresión «será evaluado» que
prevé la norma en cita debe ser interpretada en un sentido gramatical. En este
orden, el verbo «evaluar» se circunscribe a «Estimar, apreciar, calcular el valor
de algo»46, lo que de contera desestima la obligación de «votar» una especie de
aprobación de ese informe.
Justamente, como el mismo libelista lo reconoce, el informe de esa comisión fue
leído ante el pleno del congreso, tal como da cuenta la grabación de la sesión
plenaria y el acta donde consta lo sucedido en dicha reunión en la que, a título
de proposición, se dice: «Se presenta, para consideración del Congreso en
Pleno, el informe de la consideración de la acredita… la Comisión de
Acreditación Documental…»47.
46
Acepción extraía de la página oficial de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/evaluar?m=form).
47 Página 28.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
Por lo anterior, esta censura tampoco tiene vocación de prosperidad de cara a la
presunción de legalidad del acto demandado.
6.3 Desconocimiento de la cuota de género en la conformación de la lista
de postulados que remitió el Partido Liberal Colombiano
La demandante Pamela Melissa Hernández Cabrera, en el proceso 2022-00321-
00, expresa que el Partido Liberal Colombiano, mediante oficio de 17 de agosto
de 2022, envió al Congreso de la República una lista para proveer el cargo de
magistrado del Consejo Nacional Electoral compuesta por dos hombres, a
saber: a) Benjamín Ortiz Torres y, b) Altus Alejandro Baquero Rueda 48 y como
suplentes de igual manera, otros dos participantes del mismo género. Al
respecto, dice que esa lista desconoce la cuota de género establecida en la Ley
581 de 2000, aplicable a la elección de la referencia, en tanto la citada
colectividad postuló solo a candidatos hombres.
Debe señalar la Sala, a este respecto, que por la forma como está instituida la
elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por «listas de
candidatos» que pueden presentar los partidos o movimientos, en forma
individual o por coalición, entre ellos, para que por el sistema de cifra repartidora
el Congreso de la República, seleccione los integrantes de este órgano
electoral, el 30% de que trata la Ley 581 de 2000, no puede predicarse de la
escogencia que hizo el partido Liberal, sino de la «lista de coalición» que,
finalmente fue presentada al Congreso de la República, dentro de la cual los
candidatos del Partido Liberal fueron inscritos.
Según las pruebas allegadas al plenario, el partido Liberal no presentó una lista
individual como colectividad, sino que integró la lista de coalición, integrada por
los partidos Colombia Humana, Movimiento Alianza Democrática Amplia,
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Polo Democrático Alternativo,
Unión Patriótica UP, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Partido de
la Unión por la Gente - Partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde,
Comunes, Alianza Social Independiente (ASI), Nuevo Liberalismo, Liga de
Gobernantes Anticorrupción - Liga, MIRA, Movimiento de Autoridades Indígenas
de Colombia (AICO), Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente, Dignidad y
Partido Demócrata Colombiano. En esta lista por coalición, fueron inscritas tres
(3) mujeres de una lista de diez (10) integrantes, a saber: Fabiola Márquez
Grisales, Alba Lucía Velásquez Hernández y Maritza Martínez Aristizábal, por lo
tanto, concluye la Sala que no se vulneró la cuota de género de que trata la Ley
581 de 2000.
48 En ese mismo oficio el Partido Liberal Colombiano también enlistó los nombres de Harry
Giovanny González García y Ángel María Preciado Vidal, para que en caso de alguna novedad
frente a los postulados principales, ocuparan el lugar de estos últimos.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (ppal.),
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
En un caso similar, esta Sección Quinta, mediante sentencia del 7 de
septiembre de 2015, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00134-00, arribó a la misma conclusión, cuando se censuraba la
escogencia que hizo el partido de la U de sus precandidatos, que finalmente
fueron inscritos por la coalición de partidos conformada para dichos efectos. Allí
se indicó:
(…) como bien lo precisó el agente del Ministerio Público, es necesario resaltar
que en el caso particular del partido de la U, está demostrado que el
procedimiento de selección de los precandidatos a magistrados del Consejo
Nacional Electoral se reglamentó mediante la Resolución No. 028 de 2014 y que
se efectuó una convocatoria pública y abierta para todos los militantes que
cumplieran con los requisitos que exige la ley para ocupar dicho cargo.
Dentro de ese trámite se presentaron 9 candidatos de los cuales sólo dos eran
mujeres (las doctoras Astrid Sánchez Montes y Liliana Cardona), quienes dentro
de la votación que efectuó la bancada obtuvieron 9 y 6 votos respectivamente,
con lo cual ocuparon los puestos 4º y 5º dentro de todos los aspirantes.
Es decir, fue la decisión de la mayoría de la bancada, dentro de un proceso
democrático que se adelantó con las garantías del caso, la que determinó el
orden en que se inscribiría la “pre-lista de candidatos” de ese partido político
(dentro de la cual se incluyó a las citadas señoras), lo cual posteriormente sirvió
de base para configurar la plancha No. 1 que se presentó mediante la
concertación con los demás integrantes de la Unidad Nacional. Ese trámite fue
objetivo, público, transparente e imparcial, en el cual gozaron de las mismas
oportunidades y garantías de inscripción y postulación, tanto los aspirantes del
sexo masculino como las del sexo femenino.
El anterior análisis resulta perfectamente aplicable al caso concreto, dadas las
similitudes fácticas, pues la postulación que finalmente hizo la coalición de
partidos, anteriormente reseñada, fue precedida de una escogencia interna que
hizo el Partido Liberal donde se escogieron dos (2) precandidatos que
finalmente entraron a hacer parte de la lista inscrita (plancha 1) junto con los
demás postulados de otras colectividades.
Así las cosas, no prospera la censura dirigida a demostrar el desconocimiento
de las previsiones contenidas en la Ley 581 de 2000.
6.4 El demandado se encontraba incurso en una inhabilidad en los
términos del artículo 5º de la Ley 190 de 1995
Los demandantes María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz,
alegaron que el acto de elección desconoce a su vez el artículo 5º de la Ley 190
de 1995, por haberse realizado el nombramiento del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda como miembro del Consejo Nacional Electoral, sin el
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo. Aunado a esto, dicen
que se aportó documentación, presuntamente falsa, para sustentar la
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información suministrada en la hoja de vida, razón por la cual está incurso en la
causal de inhabilidad a que se refiere dicha norma.
Para analizar esta censura, es pertinente traer a colación la norma cuyo
desconocimiento se alega:
ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en
un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios
con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del
cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o
terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.
Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa
para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.
El primer supuesto de la norma –inciso primero–, el cual no puede erigirse como
una infracción que pueda constituir una causal de nulidad del acto de elección,
se refiere, específicamente, a un deber que tiene los nominadores de revocar el
nombramiento efectuado a una persona, sin el lleno de requisitos legales. En
este sentido, la norma no tiene que ver con el trámite regulado para la
realización de un nombramiento o algún elemento de validez de la elección, sino
de la consecuencia que acarrea para quien profiere la designación, cuando se
advierta que ésta resulta contraria a derecho.
En relación con el segundo aparte del precepto, lo que allí se contempla es una
inhabilidad para ejercer funciones públicas a consecuencia de ocultar
información o allegar documentación falsa que sirva de sustento a la hoja de
vida, supuestos que no se advierten en el sub examine, pues, en el plenario no
se allegó una prueba que demuestre la presunta falsedad alegada por los
demandantes respecto de los documentos que sirvieron para soportar esta
censura, como se explicó previamente.
En suma, no se advierte la configuración de vicio alguno en punto al alegado
desconocimiento del artículo 5º de la Ley 190 de 1995.
7. Conclusión
Acorde con los razonamientos expuestos en los anteriores numerales, la Sala
concluye que el acto de elección de Altus Alejandro Baquero Rueda como
magistrado del Consejo Nacional Electoral no está incurso en las causales de
nulidad alegadas por los demandantes, por consiguiente, negará las
pretensiones formuladas.
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Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda – magistrado del CNE
De otra parte, se dará aplicación a la figura de la jurisprudencia anunciada bajo
el entendido que el criterio de tener la fecha de la postulación como extremo
final para computar los 15 años de servicio, se aplicará para casos futuros,
como se indicó en las consideraciones de la presente decisión.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas.
SEGUNDO: ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en punto a tener la fecha de postulación como
extremo final para efectos de contabilizar los 15 años de ejercicio profesional
que exige el artículo 232.4 de la Constitución Política tendrán aplicación hacia
futuro.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva parcialmente voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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