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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06796-00

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06796-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo expuesto previamente. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Fabio Enrique Leal Cruz, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06796-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

13 de marzo de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Fabio Enrique
Leal Cruz, en contra de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado nro. 54001 23 33 000 2023 00254
00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fabio Enrique Leal Cruz, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

“[…] PRIMERO.- Se amparen los derechos fundamentales de
FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ al debido proceso, la defensa, el
acceso a los cargos públicos, la igualdad y el acceso a la
administración de justicia vulnerados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, al haber proferido la sentencia del diez (10) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024) dentro del proceso de
NULIDAD ELECTORAL tramitado bajo el Rad. Nro. 54001-23-33-
000-2023-00254-01 y el auto mediante el cual no acepta la
aclaración y adición solicitada, de fecha treinta y uno (31) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024) proceso seguido por Camilo Jesús
Castro y otro, contra Fabio Enrique Leal Cruz como alcalde de
Pamplonita (Norte de Santander) para el periodo 2024-2027,
sentencia con la que se declaró nula la elección de FABIO ENRIQUE
LEAL CRUZ, como alcalde Pamplonita, Norte de Santander

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia del 10 de octubre del 2024, y el auto de fecha
treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
proferidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual
se declaró la nulidad de la elección FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ,
como alcalde de Pamplonita, Norte de Santander

TERCERO.- ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
providencia que se profiera, profiera una nueva sentencia judicial
con fundamento en las razones expuestas la sentencia que para el
efecto se profiera […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, el 29 de octubre de 2023, fue elegido alcalde
del municipio de Pamplonita, Norte de Santander, para el período
constitucional 2024-2027.

Manifestó que los señores Camilo Jesús Castro Ortiz y Germán Escobar
Higuera presentaron demanda de nulidad electoral en su contra, por
presuntamente haber incurrido en la causal de inhabilidad descrita en el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 5 del
artículo 274 de la Ley 1437 de 2011, al haber celebrado los contratos nro.
02260 del 22 de agosto de 2022, nro. CD-SEG-00303-2023 del 6 de
febrero de 2023 y nro. CD-SEG-02230-2023 del 9 de junio de 2023 con
la Gobernación de Norte de Santander.

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Señaló que, los demandantes afirmaban que no podía presentarse como
candidato a la alcaldía municipal de Pamplonita “(…) porque era
contratista de la Gobernación de Norte de Santander y desarrolló, y
ejecutó actividades en el municipio de Pamplonita, de acuerdo con los
anexos que reposan dentro del contrato, por lo que en criterio del
demandante el Municipio de Pamplonita hace parte del Departamento
Norte de Santander, agregando que en la cuenta de cobro del contrato
No. CD-SEG-00303-2023, de periodo iniciado desde el 08 de marzo de
2023 al 07 de abril de 2023, en la actividad No. 06 se evidencia que el
mismo tuvo ejecución en el Municipio de Pamplonita, pero al revisar la
imagen da cuenta de una actividad que se llevaría en el municipio de
Pamplona, es decir, que, por el hecho de haber mencionado el municipio
de Pamplonita, eso se traducía en la ejecución en dicho municipio (…)”2.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y fue admitida el 12 de enero de
2024.

Anotó que contestó la demanda oportunamente y que “(…) se hizo
claridad en la defensa que el demandante hace consistir el elemento
territorial o la presunta ejecución o cumplimiento del contrato en
Pamplonita en una actividad que contiene la difusión sobre una noticia
relacionada con el peaje, por una expectativa que los usuarios de la vía,
vecinos del peaje, tenían sobre el retiro del mismo, o la aplicación de una
tarifa diferencial, noticia que en modo alguno implica en los términos de
la norma presuntamente vulnerada una ejecución en el territorio,
habiendo quedado probado dentro del plenario que la actividad
presentada para evidenciar el cumplimiento del contrato por parte del
demandado era una actividad presidida por el entonces Ministro del
Transporte, llevada a cabo en Pamplona, es decir, la foto que respalda la
mención, no se hizo en Pamplonita, o por lo menos la parte demandante
no lo probó, y, si así hubiera sido, ello no implica que la ejecución del

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
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Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

contrato haya sido en Pamplona o en Pamplonita, pues se trataba era de
una reseña noticiosa que es a lo que hace referencia el objeto del contrato
al contener el verbo DIFUNDIR en el objeto contractual (…)”3.

Agregó que “(…) la defensa dejó claramente probado que con los
documentos aportados, esto es, el clausulado del contrato y los estudios
previos, se evidencia que en parte alguna se menciona el municipio
Pamplonita como lugar de ejecución, siendo por el contrario específico en
señalar que las acciones a desarrollar en virtud del contrato a celebrar se
circunscribían a: "Prestar los servicios profesionales para el cubrimiento
periodístico y difusión de las actividades que desarrolla la Gobernación de
Norte de Santander, utilizando diferentes géneros periodísticos para ser
transmitido por radio y las diferentes plataformas tecnológicas digitales",
y como actividades específicas se debía divulgar los contenidos que se
produzcan en el marco del cubrimiento periodístico a la Gobernación de
Norte de Santander, y, entrevistar a través del medio de difusión
acreditado por la comunidad transmitidas por radio y las diferentes
plataformas tecnológicas digitales, a los secretarios, directores, jefes de
oficina y asesores sobre las actividades que desarrolle la Gobernación. Así
mismo, que en el contrato suscrito se pactó como lugar de ejecución el
municipio de San José de Cúcuta, o el departamento Norte de Santander,
pues es desde la capital del departamento que se desarrollaron las labores
de difusión y cubrimiento que debían hacerse en ejecución del contrato,
actividades que no implicaban en modo alguno desplazamiento a ningún
municipio (…)”4.

Relató que, en el trámite de primera instancia se recaudaron los
testimonios de los señores Heider Logatto Cuadros, quien fue el
supervisor del contrato nro. CD-SEG-000303 del 6 de febrero de 2023; y
Carlos Adrián Sánchez García, quien fue el supervisor del contrato nro.
CD-SEG-02230 del 9 de junio de 2023.

3
Ibidem.
4
Ibidem.
4

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Aseveró que los precitados testimonios fueron claros, consistentes y
enfáticos en precisar que las labores que desarrolló como contratista al
servicio de la gobernación fueron de difusión de las noticias que preparaba
el equipo de periodistas, sin que se hicieran desplazamientos al municipio
de Pamplonita.

Advirtió que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
sentencia del 13 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda,
razón por la cual, los demandantes interpusieron recurso de apelación, en
el que, según estima, no existe ningún cuestionamiento a los argumentos
planteados en la decisión de primera instancia.

Expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 10
de octubre de 2024, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión
de primera instancia.

Explicó que la autoridad judicial accionada, en la providencia cuestionada,
resaltó que los elementos objetivo y subjetivo de la inhabilidad, relativos
a la celebración del contrato con la Gobernación de Norte de Santander,
no fueron objeto de apelación.

En ese sentido, adujo que “(…) al haber encontrado que el elemento
OBJETIVO, y el elemento SUBJETIVO no habían sido objeto de la
apelación, la consecuencia lógica de la decisión no era otra que la de
declarar desierto el recurso, y contrario a ello se embarca en una
valoración ajena a la realidad procesal trayendo una jurisprudencia sin
identificar (numeral 151 de la sentencia), y dando por cierto que la
locación de una imagen fotográfica correspondía a Pamplona (numeral
160 de la sentencia), cuando ello no fue objeto de debate, ni menos de
prueba dentro del trámite llevado a cabo en sede de instancia,
reconociendo incluso no estar probado el sitio donde fue captada la
imagen (…)”5.

5
Ibidem.
5

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Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Añadió que, “(…) en el desarrollo de su tesis, deja claro el fallo de la
Sección Quinta aquí accionada, (numeral 132 del fallo) que para que se
configure la inhabilidad invocada no importa si el objeto contractual se
cumplió́ o no, sino que debe estudiarse el lugar en el que debía ejecutarse
o cumplirse, aclarando (numeral 133 del fallo), que lo que configura el
elemento territorial de la inhabilidad es el hecho de que el contrato
debiera ejecutarse o cumplirse en el municipio de la elección, sin que sea
necesario demostrar si las actividades contratadas se llevaron a cabo
efectivamente en esa circunscripción. A partir de allí elabora una
construcción argumental ajena al caudal probatorio para concluir que “De
lo expuesto, es claro que las actividades pactadas implicaban el
cubrimiento de las actividades que la Gobernación de Norte de Santander
realizara en el departamento al desarrollar sus programas, así como
entrevistar a sus funcionarios, así que, contrario a lo indicado por el
demandado a lo largo del proceso, su labor no se limitaba a la publicación
de estos hechos en algunas de sus redes sociales, pues sus obligaciones
podían ser llevadas a cabo en los específicos territorios en los que se
generara la información” (…)”6.

Reprochó que “(…) contrario a los principios que debe tener en cuenta en
esta clase de proceso, in dubio pro reo y pro hominis, este despacho como
juzgador de segunda instancia, opta por la interpretación más gravosa al
demandado, y decide interpretar in extremo, el ejercicio periodístico como
la posibilidad que tiene el concepto de DIFUNDIR, con el de EJECUTAR,
en un determinado territorio. Con ello esta Sección Quinta de Consejo de
Estado contraría el ordenamiento jurídico y la aplicación restrictiva con
fundamento en los principios pro libertate, pro persona y de favorabilidad,
como en el caso de la sentencia proferida por la sección Quinta dentro del
radicado 11001-03-28-000-2022-00320-00, que anuló la elección de
Altus Alejandro Baquero Rueda, como magistrado del CNE, la cual fue
nulitada mediante sentencia SU-342 DE 2024 (…)”7.

6
Ibidem.
7
Ibidem.
6

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Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Alegó que la autoridad judicial accionada “(…) interpretó por fuera de lo
debidamente establecido en el expediente y por fuera de lo determinado
en el recurso de apelación, que como lo reconoció esta misma Sala, no
hizo relación alguna ni al elemento OBJETIVO ni al elemento SUBJETIVO,
(NUMERAL 124 de la sentencia), lo que debía conllevar a la declaratoria
de desierto del recurso, en donde a pesar de RECHAZARLE al apelante los
argumentos que respaldó en una sentencia que no había puesto de
presente en la demanda ni en el trámite del proceso (numerales 111, 112,
y 113 de la sentencia), es mucho más grave lo acaecido en la sentencia
en donde por arte de birlibirloque trae a colación una sentencia, (numeral
151 de la sentencia) sin mencionar accionante o accionado, sección que
conoció, radicado o magistrado ponente, o Corporación que la emitió,
para con fundamento en ella falla EXTRA y ULTRA PETITA, aspecto que le
está vedado en esta clase de proceso en concordancia con el principio de
congruencia (…)”8.

Sostuvo que “(…) la territorialidad no alegada por el recurso de apelación
y desarrollada ULTRA Y EXTRA PETITA en esta instancia, da por hecho
que la imagen que aparece en el numeral 160 del escrito de sentencia fue
desarrollada en una territorialidad específica al concluir en el numeral 161
del escrito de sentencia, que “El soporte de esta actividad, tal y como lo
alegaron los apelantes, permite establecer que la labor del demandado no
se limitaba a la publicación de las noticias que le enviara la Gobernación
de Norte de Santander, ya que es evidente que si se desplazó́ al lugar en
el que se encontraba bloqueada la vía Cúcuta – Pamplona, era porque el
contrato sí debía ejecutarse en todo el territorio del departamento” (…)”9.

Subrayó que “(…) resulta extraño que en forma categórica [la autoridad
judicial accionada] llegue a una conclusión que no fue objeto de debate
en todo el proceso, que no se determinó técnicamente ni
georreferenciadamente, que dicha imagen fuera captada en un sitio
diferente a San José de Cúcuta, donde a pesar de reconocer que no sabe

8
Ibidem.
9
Ibidem.
7

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exactamente el sitio, lo da por hecho, es decir aplica la DUDA en contra
del demandado al señalar [que] “162. En este punto, AUNQUE NO SE
PUEDE DETERMINAR A CIENCIA CIERTA EL LUGAR EN EL QUE SE
ENCONTRABA EL SEÑOR LEAL CRUZ, la imagen sirve para comprobar que
sus actividades le permitían dirigirse al sitio en el que se generara la
noticia, lo que constata que el lugar de ejecución de los contratos sí
comprendía todos los municipios, incluido el de Pamplonita en el que fue
elegido alcalde” (…)”10.

En el acápite del escrito de tutela denominado “CRITERIOS GENERALES
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES”, afirmó que su solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. Puntualmente, sobre la relevancia constitucional
argumentó que “(…) el caso que se pone de presente a este examen
constitucional involucra múltiples aspectos de relevancia constitucional.
El primero gira en torno a la garantía del derecho fundamental de acceso
al servicio público contenido en el artículo 40.7 de la Constitución. En el
presente asunto, está comprometido el ejercicio de este derecho
fundamental a partir de la interpretación que realizó la Sección Quinta del
Consejo de Estado sobre una inhabilidad de índole legal. El segundo sobre
el carácter restrictivo y taxativo de la interpretación del régimen de
inhabilidades de la Constitución (…)”11.

En cuanto a la subsidiariedad, puso de presente que empleó todos los
medios de defensa ordinarios que tuvo a su alcance y que, si bien existen
recursos extraordinarios, “(…) estos no serían lo suficientemente expedito
para conjurar la evidente vulneración a los derechos fundamentales
irrogados con el fallo proferido (…)”12. Agregó que “(…) el recurso
extraordinario de revisión no procede en el caso objeto de estudio. En
efecto, el supuesto fáctico aquí analizado no se encuentra dentro de las

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
8

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causales de procedencia establecidas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 (…)”13.

Frente a las causales específicas, manifestó que en la providencia acusada
se incurrió en (i) defecto fáctico, (ii) defecto material o sustantivo y en
(iii) error inducido.

(i) Respecto al defecto fáctico, indicó que “(…) se evidencia una deficiente
valoración de las pruebas pues a pesar de contarse con los testimonios
de Carlos Adrián Sánchez García, y de Heider Logatto Cuadros, que fueron
enfáticos en señalar la función de difundir que desarrollaba en ejercicio
de las funciones contratadas, da por hecho sin probarlo que mi defendido
se desplazaba fuera de la capital para hacerlo (…). Es decir, no solo no
valora una prueba, sino que sin probarlo da por hecho que una imagen
anexada por la parte demandante, sin determinar FECHA, SITIO O
CONTEXTO DE LA MISMA, haya sido realizada fuera de la capital del
departamento donde desarrollaba las funciones de difusión (…)”14.

(ii) En relación con el defecto sustantivo, expuso que la providencia
acusada incurrió en dicho yerro “(…) por cuanto existe una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación que afecta derechos
fundamentales, al no obstante excluir de valoración una sentencia
mencionada en el recurso de apelación, por considerarla extemporánea,
pero a su vez traer a colación otra sentencia sin identificar y que no tiene
relación directa al caso que nos ocupa (…)”15.

En igual sentido, anotó que “(…) el fallo proferido se apartó del precedente
de la jurisprudencia constitucional la cual conocía, por ser accionado de
la misma, y desconocerla, me refiero a la sentencia SU-342 de 2024, de
la Corte Constitucional (…), que anuló a la misma Sección Quinta la
sentencia proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2022-00320-
00 (…), incurriendo en la causal específica de procedencia de tutela contra

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
9

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providencia judicial denominada defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial (…)”16.

Adicionalmente, explicó que “(…) el precepto legal que aplicó la Sección
Quinta en el caso sub judice consistía en la inhabilidad, descrita en el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el numeral 3 del artículo
37 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 5 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011 (…), norma frente a la cual de dos
interpretaciones posibles, escogió la más gravosa para mi defendido,
interpretando que, por el hecho de aparecer en una fotografía que no está
probado ni el sitio ni la fecha en que fue captada, ello implica la posibilidad
de desplazamiento, desechando frente a la interpretación realizada dos
valiosos testimonios que fueron ignorados en la sentencia de segunda
instancia de manera deliberada, desnaturalizando no solo el objeto del
contrato, que hacía referencia a DIFUNDIR noticias de los funcionarios del
nivel departamental, sino la función misma del periodista, con lo cual la
Sección Quinta aquí accionada, en su labor hermenéutica, el funcionario
judicial desconoció y se apartó abierta y arbitrariamente de los
lineamientos constitucionales y legales (…)”17.

Aseveró que la autoridad judicial accionada también “(…) realizó un
inadecuado juicio de adecuación de los hechos a la descripción normativa
de la prohibición, pues la sentencia del 10 de octubre de 2024 se sustentó
en la comprobación de dos situaciones fácticas. La primera, la existencia
de una fotografía plasmada en un informe de actividades que como
contratista presentó mi defendido, la cual fue valorada inadecuadamente
como ya se expuso, y la segunda, la omisión de valorar dos testimonios
que resultan fundamentales en la determinación territorial de la gestión
adelantada por mi defendido, que circunscribían sus labores a difusión de
noticias que eran elaboradas por un equipo periodístico al servicio de la
gobernación del departamento (…)”18.

16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
10

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Añadió que “(…) la interpretación que realizó la Sección Quinta del texto
legal del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por el numeral 3
del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, extendió el significado de la
disposición a casos o situaciones de hecho para los que no está prevista
la aplicación de la consecuencia jurídica dispuesta en la restricción legal
(…)”19.

(iii) A su turno, sobre el error inducido, adujo que la sentencia
controvertida incurrió en dicho defecto “(…) al darle valor probatorio a
una imagen que allega la parte demandante, en la cual se aprecia a un
periodista en un sitio no identificado, con el que se orienta el criterio del
operador judicial a establecer eventuales traslados a municipio fuera de
la capital del departamento (…)”20. Al efecto, sostuvo que “(…) la Sección
Quinta no podía saber quién era el señor Leal Cruz, ni la fecha de la
fotografía, ni las circunstancias en que fue tomada la misma, ni muchos
menos el sitio donde fue captada la misma, como se confiesa en el mismo
texto de la sentencia lo que denota la existencia de DUDA frente a dicho
documento, pero no obstante la duda que debía resolverse en favor del
demandado en ese proceso, la utiliza para basar en ella, la vulneración
de la normatividad inhabilitante (…)”21.

Finalmente, arguyó que “(…) en la decisión del 10 de octubre de 2024
como en su auto aclaratorio, el Consejo de Estado desconoció el carácter
taxativo y restrictivo del régimen de inhabilidades contenido en la
Constitución y, por lo tanto, tal situación desbordó el sentido que el
constituyente de 1991 imprimió sobre dicha inhabilidad. Esto por cuanto
interpretó de manera extensiva y contraevidente los efectos de las
conductas vedadas por el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada
por el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 (…)”22.

19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
11

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 10 de diciembre de 202423 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial, y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 13
de diciembre de 202424 la admitió, negó la medida provisional solicitada
y dispuso notificar25 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como
parte accionada, así como vincular al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander26, al Consejo Nacional Electoral27, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil28, y a los señores Camilo Jesús Castro Ortiz29 y Germán
Escobar Higuera30, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
y a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para que allegaran copia
digital del expediente identificado con el radicado nro. 54001 23 33 000
2023 00254 00/01, el cual fue remitido31.

3.2. El jefe de la oficina jurídica del Consejo Nacional Electoral allegó
escrito32 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente
trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
24
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
25
Esta orden se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796
00.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Esta orden se cumplió el 17 de enero de 2025. Visto en el índice 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796
00.
30
Ibidem.
31
Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
32
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
12

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Expuso que, de los hechos planteados en el escrito de tutela, se
desprende que la presunta amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el accionante surge como consecuencia de las actuaciones
adelantadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de
nulidad electoral objeto de debate, por lo que aseveró que el Consejo
Nacional Electoral no es la autoridad competente para satisfacer las
pretensiones de la parte actora.

3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada
rindió informe33 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo o, en caso de encontrar superados los presupuestos
adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, se nieguen las pretensiones del accionante.

Sostuvo que “(…) la providencia a la que se hace referencia en la petición
de tutela fue proferida en derecho, con observancia de todas las garantías
procesales y con base en la legislación y jurisprudencia vigente (…)”. Al
efecto, indicó que en el trámite de segunda instancia se analizaron las
pruebas documentales aportadas, así como los testimonios recibidos en
el proceso, y se concluyó que en los contratos celebrados por el señor
Fabio Enrique Leal Cruz, hoy accionante, se pactó como lugar de ejecución
el departamento de Norte de Santander, lo que conllevaba que todos los
municipios que lo conformaban estuvieran incluidos, ya que no se hizo
exclusión alguna.

En ese sentido, advirtió que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora
busca reabrir el debate que ya fue surtido en el proceso de nulidad
electoral al estudiar los elementos de la inhabilidad invocada. Agregó que
“(…) lo que se evidencia es el desacuerdo de la parte actora con la decisión
que resultó contraria a sus intereses, lo cual no es suficiente para dejar
son efectos la decisión censurada (…)”.

33
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
13

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Finalmente resaltó que “(…) es evidente que el señor Leal Cruz insiste una
vez más en los argumentos plasmados en la solicitud de aclaración de la
sentencia, a pesar de que en el auto que resolvió dicha petición se explicó
de forma detallada por qué no había lugar a declarar desierto el recurso
ni a adoptar una postura distinta en cuanto a la valoración de las pruebas
(…)”.

3.4. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil presentó escrito34 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad
del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene injerencia
alguna en el asunto objeto de debate, comoquiera que los hechos
relatados en el escrito de tutela versan sobre el conocimiento por parte
de la Sección Quinta del Consejo de Estado del proceso de nulidad
electoral adelantado en contra del hoy accionante, y las pretensiones se
dirigen contra la decisión judicial de segunda instancia adoptada en dicho
proceso, por lo que alegó que no tiene competencia para atender lo
requerido en la solicitud de amparo.

3.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el
expediente35 de primera instancia del proceso ordinario objeto de debate,
pero no se pronunció sobre los hechos de la tutela.

3.6. Los señores Camilo Jesús Castro Ortiz y Germán Escobar Higuera,
guardaron silencio.

3.7. El 15 de enero de 2025, a través de la ventanilla virtual de esta
Corporación, el accionante radicó escrito en el que solicitó lo siguiente36:

34
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
35
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
36
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

“[…] PRIMERO.- Se suspenda como medida provisional los
efectos del Decreto 000004 del 9 de enero de 2025, “Por medio
del cual se convoca a elecciones para alcalde en el
municipio de Pamplonita, Norte de Santander, ante la falta
absoluta del titular”, así como los efectos de la Resolución No.
117 del 9 de enero de 2025, “Por medio de la cual se fija el
calendario electoral para la nueva elección de alcalde de
Pamplonita - Norte de Santander, que se realizará el 9 de
marzo de 2025”. Expedida por el Director de Gestión Electoral
de la Registraduría General del Estado Civil, actos administrativos
que se allegan con el presente escrito […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito).

Lo anterior, teniendo en cuenta que:

“[…] por parte de la Gobernación de Norte de Santander, se
expidió el Decreto 000004 del 9 de enero de 2025, “Por medio
del cual se convoca a elecciones para alcalde en el
municipio de Pamplonita, Norte de Santander, ante la falta
absoluta del titular" (…).

Con base en el anterior decreto, se expidió por parte del director
de Gestión Electoral de la Registraduría General de Estado Civil la
Resolución No. 117 del 9 de enero de 2025, “Por medio de la
cual se fija el calendario electoral para la nueva elección
de alcalde de Pamplonita - Norte de Santander, que se
realizará el 9 de marzo de 2025”.

(…)

En el caso sub judice, señor Juez Constitucional, tenemos que de
ejecutarse el contenido de los mencionados actos administrativos,
(convocatoria a elecciones y calendario electoral), en donde del
10 al 24 de enero de 2025, se encuentra previsto el periodo de
inscripciones de candidatos a la justa electoral que pretende elegir
el reemplazo de mi defendido frente a lo cual se hace necesario y
urgente la suspensión de la ejecución de tales actos
administrativos, por cuanto de ejecutarse dicha convocatoria
dentro del calendario y cronograma propuesto, se podría hacer
nugatorio el derecho de mi defendido ante un eventual fallo a
favor de mi cliente, o la vulneración de derechos de alguno (s) de
los aspirantes, al avanzar en el desarrollo del calendario electoral
sin prever las resultas de este proceso constitucional.

(…)

Respecto de la prueba que justifica la necesidad de la medida
provisional, es importante resaltar que no es otra que los actos
administrativos que se acompañan con este escrito, los cuales sin
duda riñen con lo pretendido en esta acción constitucional […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito).

15

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

3.8. Por auto del 28 de enero de 202537, notificado el 3 de febrero de
202538, esta Sección negó la medida provisional solicitada bajo las
siguientes consideraciones:

“[…] no hay lugar acceder a la solicitud de medida cautelar
formulada por la parte actora, dado que no está cumplido el
primero de los requisitos para la procedencia de la adopción de
medidas provisionales en el trámite de la acción de tutela, esto
es, la apariencia de buen derecho, dado que la solicitud está
dirigida a que se suspendan los efectos de los actos
administrativos contenidos en el Decreto 000004 del 9 de enero
de 2025 expedido por la Gobernación de Norte de Santander39 y
de la Resolución nro. 117 del 9 de enero de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil40, los cuales no constituyen
el acto concreto que presuntamente estaría vulnerado o
amenazando los derechos fundamentales invocados por el
accionante en el escrito de tutela, comoquiera que la solicitud de
amparo no se presentó en contra de dichos actos administrativos,
sino en contra de una providencia judicial.

De otro lado, tampoco está cumplido el segundo requisito para la
procedencia de la adopción de medidas provisionales en el trámite
de la acción de tutela, esto es, el perjuicio de la mora, debido a
que si bien la parte actora lo fundamentó en que la suspensión
solicitada es necesaria para evitar “(…) hacer nugatorio el derecho
de mi defendido ante un eventual fallo a favor de mi cliente (…)”,
el supuesto daño alegado por la parte actora es incierto.

Ello, por cuanto hay una sentencia judicial en firme, que es objeto
de debate en esta sede constitucional, mediante la cual se declaró
la nulidad de la elección del ahora accionante, lo que condujo a
que se convocara a nuevas elecciones; luego, el daño alegado es
incierto en la medida en que, como bien lo anota el accionante,
se desconoce si las pretensiones incoadas serán resueltas
favorablemente en el trámite tutelar. Aunado a ello, se advierte
que la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial es excepcional, es decir, en primer lugar, se debe estudiar
los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, para luego determinar si en la providencia
acusada se incurrió en los yerros invocados en el escrito de tutela
y, de contera, se trasgredieron los derechos fundamentales de la
parte actora.

37
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
38
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
39
Por medio del cual se convoca a elecciones para alcalde en el municipio de Pamplonita,
Norte de Santander.
40
Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección del alcalde
de Pamplonita.
16

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Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

Sin perjuicio de lo anotado y si bien los actos administrativos que
se solicitan suspender no corresponden con el objeto de debate
en sede constitucional, cabe advertir que el numeral 5 del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procederá, por regla general, cuando se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto […]”.

3.9. El expediente ingresó al despacho para fallo el 11 de febrero de
202541.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199142 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,43 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202144, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201945, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente46:

4.2.1. Los señores Camilo Jesús Castro Ortiz y Germán Ernesto Escobar
Higuera promovieron demanda en el medio de control de nulidad electoral

41
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
42
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
43
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
44
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
45
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
46
Lo que se desprende del expediente de nulidad electoral identificado con el radicado
nro. 54001 23 33 000 2023 00254 00/01. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
17

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06796 00
Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

en contra del acto mediante el cual fue elegido el señor Fabio Enrique Leal
Cruz como alcalde del municipio de Pamplonita, Norte de Santander, para
el período constitucional 2024-2027, contenido en los formularios E-26 y
E-27 del 30 de octubre de 2023.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander que, por auto del 12 de enero de 2024 la admitió
y, a su vez, dispuso vincular al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

4.2.3. Después de surtir el respectivo trámite de primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 13 de
junio de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

4.2.4. Inconformes con la anterior decisión anterior, los demandantes
interpusieron recurso de apelación y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 10 de octubre de 2024 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Revócase la sentencia del 13 de junio de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declárase la nulidad del acto de elección del señor Fabio Enrique
Leal Cruz como alcalde de Pamplonita (Norte de Santander) para
el período 2024-2027.

SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial del alcalde,
la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

4.2.5. En escrito radicado el 16 de octubre de 2024, el señor Fabio Enrique
Leal Cruz, actuando por conducto de su apoderado, solicitó a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, lo siguiente:

“[…] 1. Se aclaren las razones de orden jurídico para que a pesar
de haber encontrado que el recurso de apelación no abordó ni el
elemento objetivo ni el elemento subjetivo, es decir, había
carencia de argumentación frente al fondo del fallo proferido, aun
así, le dio trámite al mismo, cuando lo procedente era declararlo
desierto aspecto que si bien no está contenido en la parte
resolutiva de la sentencia si influyó en la decisión

18

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Accionante: Fabio Enrique Leal Cruz

2. Solicito se adicionen los fundamentos de derecho en los que se
sustentó este despacho para fallar EXTRA y ULTRA PETITA,
incluyendo una sentencia anónima con la que respaldó la presunta
territorialidad en la ejecución de las actividades de mi cliente,
aspecto que si bien no está contenido en la parte resolutiva de la
sentencia si influyó en ella.

3. Se adicione la identificación plena de la sentencia citada en el
numeral 151 de la sentencia objeto de aclaración, pues la misma
fue referida en los argumentos de la parte considerativa sin
mencionar: radicado, ponente, Sala, o tribunal que la profirió, si
fue en sede contencioso administrativo, o constitucional; adición
que se requiere porque si bien lo solicitado por adicionar no está
en la parte resolutiva sí tiene incidencia en la decisión.

4. Se aclare frente a los argumentos vertidos en los numerales
159, 160 y 161 de la sentencia las razones para resolver, no
obstante, la duda que el mismo texto de la sentencia reconoce,
los argumentos en favor del demandante y no del demandado,
yendo en contra vía del principio in dubio pro reo. Adición que se
requiere porque si bien lo solicitado por adicionar no está en la
parte resolutiva sí tiene incidencia en la decisión […]”.

Lo anterior, al considerar lo siguiente:

“[…] tenemos que en sentencia SU-150 de 2021, de la Corte
Constitucional, este Alto Tribunal se ocupó de lo relacionado con
el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, señalando que: “…la
jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del
derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, en la medida que impide
determinadas decisiones, porque su justificación no surge del
proceso [,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o
probó”. Además, se ha establecido que cuando existe falta de
congruencia en una providencia judicial, es posible alegar la
configuración de un defecto procedimental que torne procedente
la acción de tutela...”

Lo anterior es reiterado por el Consejo de Estado al señalar que
“…el principio de congruencia se erige como una verdadera
garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes
en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le
resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin
que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra)
de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre
solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma
clara las razones de tal omisión”. (…) (sentencia del veintiséis
(26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), (…) (Radicación
número: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)).

(…)

19

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Pues bien, en el desarrollo argumental de la sentencia se
recalcaron y reseñaron los hechos de la demanda, el concepto de
la violación, la contestación de la demanda del suscrito
apoderado, así como de las demás entidades demandadas, [y] lo
acaecido en primera instancia, resaltando para efectos de esta
solicitud lo dicho en los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 69, y 70 de
la sentencia (…).

(…)

(…) en su argumentación previa, este Despacho dejó claro que
aplicaría el principio de congruencia a que hicimos referencia en
precedencia (…).

Ya en el numeral 2.6 del acápite denominado: “Caso concreto”,
tenemos que este despacho en el numeral 124 de la numeración
con que se desarrolló la sentencia, señala de manera enfática:
124. Para empezar con el estudio correspondiente, LA SALA
ADVIERTE QUE EN ESTE CASO NO FUERON OBJETO DE
APELACIÓN LOS ELEMENTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DE
LA INHABILIDAD, RELATIVOS A LA CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE
SANTANDER EN INTERÉS PROPIO, POR LO QUE NO ES
NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE EL PARTICULAR. (…).

La anterior claridad es determinante por cuanto ello fue lo que
efectivamente resaltó este Despacho de lo presentado en los
alegatos de conclusión en esta sede procesal, cuando se dijo que:
“en el recurso de apelación no se planteó́ ningún
cuestionamiento frente a los argumentos del fallo y se
convirtió́ la alzada en una nueva demanda en la que se
presentaron todos y cada uno de los reproches que ya
habían sido desechados por el tribunal en primera
instancia.”, por lo que al haber encontrado que el elemento
OBJETIVO, y el elemento SUBJETIVO no habían sido objeto de la
apelación, la consecuencia lógica de la decisión no era otra que la
de declarar desierto el recurso, y contrario a ello se embarca en
una valoración ajena a la realidad procesal trayendo una
jurisprudencia sin identificar (numeral 151 de la sentencia), y
dando por cierto que la locación de una imagen fotográfica
correspondía a pamplona (numeral 160 de la sentencia), cuando
ello no fue objeto de debate, ni menos de prueba dentro del
trámite llevado a cabo en sede de instancia.

En efecto, en el desarrollo de su tesis, deja claro la Sala, (numeral
132 del fallo) que para que se configure la inhabilidad invocada
no importa si el objeto contractual se cumplió́ o no, sino que
debe estudiarse el lugar en el que debía ejecutarse o
cumplirse, aclarando (numeral 133 del fallo), que lo que
configura el elemento territorial de la inhabilidad es el hecho de
que el contrato debiera ejecutarse o cumplirse en el municipio de
la elección, sin que sea necesario demostrar si las actividades
contratadas se llevaron a cabo efectivamente en esa
circunscripción.

20

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A partir de allí elabora una construcción argumental ajena al
caudal probatorio para concluir que “De lo expuesto, es claro que
las actividades pactadas implicaban el cubrimiento de las
actividades que la Gobernación de Norte de Santander realizara
en el departamento al desarrollar sus programas, así como
entrevistar a sus funcionarios, así que, contrario a lo indicado por
el demandado a lo largo del proceso, su labor no se limitaba a la
publicación de estos hechos en algunas de sus redes sociales,
pues sus obligaciones podían ser llevadas a cabo en los específicos
territorios en los que se generara la información” (…).

Es decir, contrario a los principios que debe tener en cuenta en
esta clase de proceso, in dubio pro reo y pro hominis, este
despacho como juzgador de segunda instancia, opta por la
interpretación más gravosa a mi defendido, y decide interpretar
in extremo, el ejercicio periodístico como la posibilidad que tiene
el concepto de DIFUNDIR, con el de EJECUTAR, en un
determinado territorio.

Con lo anterior nuevamente esta Sección de Consejo de Estado
contraría el ordenamiento jurídico y la aplicación restrictiva con
fundamento en los principios pro libertate, pro persona y de
favorabilidad, como en el caso de la sentencia proferida por la
sección Quinta dentro del radicado 11001-03-28-000-2022-
00320-00, que anuló la elección de Altus Alejandro Baquero
Rueda, como magistrado del CNE, la cual fue nulitada mediante
sentencia SU-342 DE 2024 (…).

Esta Sección nuevamente hace caso omiso a la aplicación de tales
principios, en donde como ya se dijo interpretó por fuera de lo
debidamente establecido en el expediente y por fuera de lo
determinado en el recurso de apelación que como lo reconoció
esta misma Sala, no hizo relación alguna ni al elemento OBJETIVO
ni al elemento SUBJETIVO, (NUMERAL 124 de la sentencia), lo
que debía conllevar a la declaratoria de desierto del recurso, en
donde a pesar de RECHAZARLE al apelante los argumentos que
respaldó en una sentencia que no había puesto de presente en la
demanda ni en el trámite del proceso (numerales 111, 112, y 113
de la sentencia), es mucho más grave lo acaecido en la sentencia
en donde por arte de birlibirloque trae a colación una sentencia,
(numeral 151 de la sentencia) sin mencionar accionante o
accionado, sección que conoció, radicado o magistrado ponente,
o Corporación que la emitió), para con fundamento en ella falla
EXTRA y ULTRA PETITA, aspecto que le está vedado en esta clase
de proceso en concordancia con el principio de congruencia (…).

(…)

Finalmente y no menos grave, ello en vía directa con lo que
acabamos de mencionar, la territorialidad no alegada por el
recurso de apelación y desarrollada ULTRA Y EXTRA PETITA en
esta instancia, da por hecho que la imagen que aparece en el
numeral 160 del escrito de sentencia fue desarrollada en una
territorialidad especifica al concluir en el numeral 161 del escrito
de sentencia, que “El soporte de esta actividad, tal y como lo
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alegaron los apelantes, permite establecer que la labor del
demandado no se limitaba a la publicación de las noticias
que le enviara la Gobernación de Norte de Santander, ya
que es evidente que si se desplazó́ al lugar en el que se
encontraba bloqueada la vía Cúcuta – Pamplona, era
porque el contrato sí debía ejecutarse en todo el territorio
del departamento.” (…).

Es que se extraña esta defensa que en forma categórica llegue a
una conclusión que no fue objeto de debate en todo el proceso,
que no se determinó técnicamente ni georreferenciada mente,
que dicha imagen fuera captada en un sitio diferente a San José
de Cúcuta, donde a pesar de reconocer que no sabe exactamente
el sitio lo da por hecho es decir aplica la DUDA en contra de mi
defendido […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la solicitud).

4.2.6. Por auto proferido el 31 de octubre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración y adición de la
sentencia, bajo las siguientes consideraciones:

“[…] 60. En primer lugar, resulta del caso advertir que aunque el
demandado considera que el recurso de apelación debía ser
declarado desierto porque no se cuestionaron los elementos
objetivo y subjetivo de la inhabilidad, lo cierto es que los
demandantes plantearon reparos relacionados con la decisión del
a quo frente al presupuesto territorial de la conducta, así que
debía hacerse un estudio de fondo sobre este específico requisito
normativo de la causal de inelegibilidad, para determinar si había
lugar o no a revocar la sentencia de primera instancia.

61. Por lo tanto, no existía razón alguna para abstenerse de
analizar los argumentos de la alzada, como lo planteó el señor
Leal Cruz en su solicitud.

62. Al margen de lo anterior, es evidente para esta sala de
decisión que la petición del demandado simplemente tiene por
objeto poner de presente su desacuerdo con la conclusión
plasmada en el fallo, relativa a que sí estaba demostrado el
elemento territorial de la causal de inhabilidad que le fue
endilgada por la parte actora.

63. En este caso, a pesar de que el señor Leal Cruz considera que
la postura adoptada desconoció el material probatorio, lo cierto
es que fue con base en el análisis de los contratos, sus anexos y
sus estudios previos, que se pudo determinar que el lugar de
ejecución pactado era el departamento de Norte de Santander.

64. Así mismo, fue a partir de esa revisión que se logró establecer
que las actividades contratadas no se limitaban a la divulgación
de noticias en redes sociales, sino que abarcaban el cubrimiento
de los actos de la gobernación y la realización de entrevistas a los
funcionarios del despacho sobre sus labores, lo que implicaba que,

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de ser necesario, pudiera desplazarse a los distintos municipios
para cumplir con sus obligaciones contractuales.

65. Por tal motivo, existían razones suficientes para establecer
que el lugar de ejecución del contrato era el departamento de
Norte de Santander, entendiéndose incluido el municipio de
Pamplonita, independiente de si las labores fueron desempeñadas
allí o no, ya que esto no resultaba relevante para tener por
demostrada la configuración de la inhabilidad.

66. En criterio del demandado, esta postura desconoce los
principios in dubio pro reo, «pro hominis» (sic), pro libertate, pro
personae y de favorabilidad, que fueron protegidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-342 de 2024, al dejar sin
efectos el fallo mediante el cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado había anulado la elección del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral,
dentro del expediente 11001-03-28-000-2022-00320-00.

67. Lo anterior, en la medida en que la duda que existía sobre la
controversia no fue resuelta a su favor sino del demandante.

68. No obstante, lo que denota este argumento es el desacuerdo
del demandado con la posición de esta sala de decisión, la cual,
más allá de transgredir alguno de las prerrogativas enunciadas,
corresponde a la aplicación de los elementos que constituyen la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
específicamente frente al presupuesto territorial de la conducta
que fue el objeto de controversia en segunda instancia.

(…)

72. Ahora bien, aunque en el memorial allegado también se
solicitó la adición del fallo, aduciendo que se resolvió de forma
extra y ultra petita por no identificar un precedente judicial citado
en el párrafo 151 de la providencia, lo cierto es que esa presunta
omisión no es suficiente para adicionar la sentencia en los
términos del artículo 287 del Código General del Proceso, pues no
se trata de un punto de la litis sobre el cual se haya dejado de
resolver, estando en la obligación legal de hacerlo.

73. Con todo, la sala precisa que la cita con la información a pie
de página correspondiente se realizó en el siguiente párrafo, es
decir, en el 152, así que no es posible endilgar algún tipo de
irregularidad, ni mucho menos justificar la solicitud de adición a
partir de esa circunstancia.

74. De igual manera, si bien el demandado considera que hay
lugar a aclarar y adicionar el fallo en relación con los numerales
159, 160 y 161 de esa providencia, bajo el argumento de que no
se resolvió la duda a su favor sino del demandante, lo cierto es
que este alegato corresponde a una apreciación subjetiva con la
que pretende cuestionar la decisión adoptada por esta sección, en

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relación con el presupuesto territorial de la causal de
inelegibilidad.

75. Por todo lo hasta aquí expuesto, es claro que no se reúnen los
requisitos legales que se consagran en los artículos 290 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 287 del Código General del Proceso, pues tanto
la aclaración como la adición tienen finalidades expresas que no
corresponden a las perseguidas por el demandado.

76. Esto, teniendo en cuenta que no se alega que la sentencia
contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, que se encuentren en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella, o que se omitió resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis u otro punto, sino que lo que realmente se
presenta es una inconformidad con la decisión adoptada, pues a
juicio del señor Leal Cruz, la interpretación realizada por la sala
desconocía sus prerrogativas al dar por demostrado el elemento
territorial de la inhabilidad que le fue endilgada […]”.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por los jefes
de las oficinas jurídicas del Consejo Nacional Electoral y de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se advierte que tales peticiones
no son procedentes, comoquiera que dichas entidades fueron vinculadas
al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso,
atendiendo a que intervinieron como terceros e hicieron parte del proceso
de nulidad electoral objeto de debate en esta sede constitucional.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”47.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional48.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades49:

47
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
48
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
49
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia50. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación

50
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios” (…)”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que, a través de la presente acción de tutela, la parte actora
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral,
dado que sus inconformidades están encaminadas, por una parte, a
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controvertir la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial
accionada, en tanto que alega que “(…) se evidencia una deficiente
valoración de las pruebas (…) a pesar de contarse con los testimonios de
Carlos Adrián Sánchez García, y de Heider Logatto Cuadros, que fueron
enfáticos en señalar la función de difundir que desarrollaba en ejercicio
de las funciones contratadas (…)”51; y por otra, a cuestionar la
interpretación normativa realizada por el juez natural de la causa,
comoquiera que, según estima, “(…) la interpretación que realizó la
Sección Quinta del texto legal del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
extendió el significado de la disposición a casos o situaciones de hecho
para los que no está prevista la aplicación de la consecuencia jurídica
dispuesta en la restricción legal (…)”52.

En igual sentido, argumentó que la autoridad judicial accionada “(…)
realizó un inadecuado juicio de adecuación de los hechos a la descripción
normativa de la prohibición, pues la sentencia del 10 de octubre de 2024
se sustentó en la comprobación de dos situaciones fácticas. La primera,
la existencia de una fotografía plasmada en un informe de actividades que
como contratista presentó mi defendido, la cual fue valorada
inadecuadamente como ya se expuso, y la segunda, la omisión de valorar
dos testimonios que resultan fundamentales en la determinación
territorial de la gestión adelantada por mi defendido, que circunscribían
sus labores a difusión de noticias que eran elaboradas por un equipo
periodístico al servicio de la gobernación del departamento (…)”53.

Finalmente, sostuvo que “(…) en la decisión del 10 de octubre de 2024
como en su auto aclaratorio, el Consejo de Estado desconoció el carácter
taxativo y restrictivo del régimen de inhabilidades contenido en la
Constitución y, por lo tanto, tal situación desbordó el sentido que el
constituyente de 1991 imprimió sobre dicha inhabilidad. Esto por cuanto

51
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06796 00.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
28

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interpretó de manera extensiva y contraevidente los efectos de las
conductas vedadas por el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada
por el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 (…)”54.

Adicionalmente, no sobra advertir que, en idéntico sentido, tanto en el
escrito de tutela, como en la solicitud de aclaración y adición de la
sentencia atacada, el señor Leal Cruz, hoy accionante, expuso que, “(…)
[la autoridad judicial accionada], al haber encontrado que el elemento
OBJETIVO, y el elemento SUBJETIVO no habían sido objeto de la
apelación, la consecuencia lógica de la decisión no era otra que la de
declarar desierto el recurso, y contrario a ello se embarca en una
valoración ajena a la realidad procesal trayendo una jurisprudencia sin
identificar (…), y dando por cierto que la locación de una imagen
fotográfica correspondía a Pamplona (…), cuando ello no fue objeto de
debate, ni menos de prueba dentro del trámite llevado a cabo en sede de
instancia (…)”55.

Al respecto, la Sección Quinta, en el auto que negó la solicitud de
aclaración y adición, explicó lo siguiente:

“[…] resulta del caso advertir que aunque el demandado considera
que el recurso de apelación debía ser declarado desierto porque
no se cuestionaron los elementos objetivo y subjetivo de la
inhabilidad, lo cierto es que los demandantes plantearon reparos
relacionados con la decisión del a quo frente al presupuesto
territorial de la conducta, así que debía hacerse un estudio de
fondo sobre este específico requisito normativo de la causal de
inelegibilidad, para determinar si había lugar o no a revocar la
sentencia de primera instancia.

61. Por lo tanto, no existía razón alguna para abstenerse de
analizar los argumentos de la alzada, como lo planteó el señor
Leal Cruz en su solicitud.

62. Al margen de lo anterior, es evidente para esta sala de
decisión que la petición del demandado simplemente tiene por
objeto poner de presente su desacuerdo con la conclusión
plasmada en el fallo, relativa a que sí estaba demostrado el
elemento territorial de la causal de inhabilidad que le fue
endilgada por la parte actora.

54
Ibidem.
55
Ibidem.
29

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63. En este caso, a pesar de que el señor Leal Cruz considera que
la postura adoptada desconoció el material probatorio, lo cierto
es que fue con base en el análisis de los contratos, sus anexos y
sus estudios previos, que se pudo determinar que el lugar de
ejecución pactado era el departamento de Norte de Santander.

64. Así mismo, fue a partir de esa revisión que se logró establecer
que las actividades contratadas no se limitaban a la divulgación
de noticias en redes sociales, sino que abarcaban el cubrimiento
de los actos de la gobernación y la realización de entrevistas a los
funcionarios del despacho sobre sus labores, lo que implicaba que,
de ser necesario, pudiera desplazarse a los distintos municipios
para cumplir con sus obligaciones contractuales […]”. (Se
destaca).

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral,
con el fin de controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez
natural de la causa y la interpretación normativa aplicada para resolver el
caso en concreto en la providencia acusada, por lo que se concluye que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional aludida en referencia, la
petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia
constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
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En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
conforme lo expuesto previamente.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Fabio Enrique Leal Cruz, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

32

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