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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04336-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04336-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Altus Alejandro Baquero Rueda, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04336-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de diciembre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Altus Alejandro
Baquero Rueda en contra de la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en los procesos de nulidad
electoral identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2022 00320
00 (principal), nro. 11001 03 28 000 2022 00321 00, nro. 11001 03 28
000 2022 00322 00 y nro. 11001 03 28 000 2022 00324 00
(acumulados).

1

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Altus Alejandro Baquero Rueda, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] solicito respetuosamente al juez constitucional que tutelé (sic)
mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos
públicos, a la igualdad en el trato jurídico, al trabajo y al mínimo
vital, así como la aplicación efectiva de los principios democrático,
pro homine, pro libertate, buena fe y confianza legitima y, en
consecuencia, revoque y deje sin efectos la sentencia del 6 de junio
de 2024, emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de mi
elección como magistrado del Consejo Nacional Electoral para el
período 2022-2026. Solicito que, en lugar de dicha sentencia, se
declare que sí cumplí con el requisito de experiencia exigido por el
artículo 232 de la Constitución para desempeñar dicho cargo, se
disponga mi reintegro a la magistratura y se restablezcan
plenamente todos mis derechos […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que el 11 de agosto de 2022, la Mesa Directiva del
Congreso de la República convocó a los partidos políticos con personería
jurídica para que postularan a sus candidatos a las curules de magistrados
del Consejo Nacional Electoral para el período 2022-2026, y que la etapa
de inscripción de las hojas de vida sería del 12 al 17 de agosto de 2022.

Manifestó que, por oficio del 17 de agosto de 2022, el Partido Liberal
Colombiano presentó al Congreso de la República una lista con sus
postulados, dentro de los que él se encontraba relacionado.

Señaló que “(…) el 24 de agosto de 2022, la Comisión de Acreditación del
Congreso de la República declaró que el suscrito cumplía con los requisitos
y calidades para ser Magistrado del Consejo Nacional Electoral. En
concreto, declaró que cumplía con los 15 años de experiencia exigidos en

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

la Constitución para ser Magistrado (…)”2. Agregó que, en audiencia
pública del 30 de agosto de 2022 el Congreso de la República en pleno lo
eligió como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Expuso que “(…) se interpusieron, ante el Consejo de Estado, cuatro
demandas en las cuales se solicitó la nulidad de mi elección, identificadas
bajo los radicados No. 11001-03-28-000-2022-00320 (principal); 11001-
03-28-000-2022-00321; 11001-03-28-000-2022-00322; 11001-03-28-
000-2022-00324. En tres de las cuatro demandas se presentó solicitud
de medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de los
efectos del referido acto de elección del suscrito, contenido en el acta de
sesión del Congreso pleno del 30 de agosto del año 2022, publicada en la
Gaceta No. 1185 de dicha corporación del 3 de octubre de 2022 (…)”3.

Indicó que, por auto del 23 de febrero de 2023, en el proceso identificado
con el radicado nro. 2022 00322 00 se negó la medida cautelar solicitada
y que, inconforme con dicha decisión, la demandante de dicho proceso
interpuso recurso de reposición afirmando que el señor Baquero Rueda
no cumplía con el requisito de 15 años de experiencia profesional para ser
elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Anotó que, por auto del 25 de mayo de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado dispuso reponer el numeral 2 del auto del 23 de febrero
de 2023 que negó la medida cautelar y, en su lugar, decretó la suspensión
provisional de los efectos del acto de su elección como magistrado del
Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2022–2026.

Resaltó que presentó solicitud de aclaración frente a la decisión anterior,
la cual fue negada por auto del 27 de julio de 2023. Añadió que también
propuso incidente de nulidad en contra del auto del 25 de mayo de 2023,
el cual fue negado por auto del 31 de julio de 2023.

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
3
Ibidem.
3

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Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

Relató que promovió acción de tutela4 en contra de la providencia del 25
de mayo de 2023, la cual correspondió por reparto a la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia del 14 de
agosto de 2023 la rechazó y, ante la falta de impugnación, se procedió
con su remisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Adujo que “(…) mediante auto del 24 de agosto de 2023, la Sección Quinta
del Consejo de Estado resolvió la medida cautelar solicitada también
contra el suscrito, dentro del expediente con radicado 11001-03-28-000-
2022-00320-00, en el sentido de estarse a lo resuelto en el auto del 25
de mayo de 2023. Lo anterior, porque el acto demandado no estaba
surtiendo efectos, como consecuencia de la suspensión ya decretada, por
lo que resultaba “inane analizar la petición cautelar ante la ausencia de
efectos que amenacen los derechos objeto de protección”. Las mismas
razones se invocaron en el auto que resolvió estarse a lo resuelto dentro
del expediente 11001-03-28-000-2022-00324-00, respecto de la otra
solicitud de medida cautelar incoada (…)”5.

Informó que, por auto del 26 de octubre de 2023, la autoridad judicial
accionada acumuló las cuatro demandas de nulidad electoral y tuvo como
expediente principal el identificado con el radicado nro. 2022 00320 00.

Advirtió que el 30 de noviembre de 2023, la Corte Constitucional
seleccionó la tutela mencionada previamente para revisión, y que el 18
de marzo de 2024 solicitó a dicha Corporación el decreto de una medida
cautelar, consistente en el levantamiento de la suspensión provisional del
acto de su elección como magistrado del Consejo Nacional Electoral,
ordenada en los procesos de nulidad electoral acumulados.

Manifestó que por auto nro. 846 del 9 de mayo de 2024, “(…) la Corte
Constitucional decretó, como medida cautelar, suspender el numeral
primero del auto del 25 de mayo de 2023, proferido por la Sección Quinta

4
Identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03455 00.
5
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001-03-28-000-
2022-00322-00, mediante el cual se suspendieron de manera provisional
los efectos del acto de elección de Altus Alejandro Baquero Rueda, como
magistrado del Consejo Nacional Electoral, hasta cuando se notificara la
sentencia de revisión de la tutela T-9.732.556 (…)”6. Ello, según explicó,
“(…) por cuanto la Corte Constitucional, a diferencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, evidenció que no existía una norma específica o
un precedente vinculante, ni jurisprudencia anunciada sobre el particular,
que le permitiera a esa última Corporación haber colegido que existía una
contradicción necesaria entre mi acto de elección y las normas sobre cuya
vulneración se debaten en tal proceso, pues esta era una materia propia
de la resolución de fondo (…)”7.

Señaló que, “(…) en una clara contravención a la medida cautelar
ordenada por la Corte Constitucional, haciendo sus efectos inocuos, el 6
de junio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de
una interpretación arbitraria, profirió sentencia de única instancia en la
que decidió declarar la nulidad de la elección del suscrito (…) como
magistrado del Consejo Nacional Electoral, contenida en el acta del 30 de
agosto de 2022 del Congreso de la República. Lo anterior, utilizando en
esencia los mismos argumentos del auto de suspensión del 25 de mayo
de 2023, esto es, que la experiencia para ser magistrado del CNE se
contabiliza desde la fecha de grado de abogado y hasta la fecha de
postulación de los candidatos, no de elección (…)”8.

Precisó que el 14 y 27 de junio de 2024 presentó solicitud de aclaración
y adición, respectivamente, de la precitada sentencia del 6 de junio de
2024, las cuales fueron rechazadas mediante autos del 20 de junio de
2024 y 9 de julio de 2024. Agregó que el 29 de julio de 2024 promovió
incidente de nulidad contra las providencias dictadas con posterioridad a
la sentencia, el cual fue rechazado por auto del 31 de julio de 2024.

6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
5

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Alegó que, “(…) aunque la medida cautelar otorgada por esta Corte el 9
de mayo de 2024 a favor del suscrito sigue vigente, fue ignorada en la
sentencia de nulidad electoral del 6 de junio de 2024, dictada por dicho
juez ordinario (…)”9.

En el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES”, indicó que el
asunto sub examine tiene una evidente relevancia constitucional
comoquiera que la sentencia cuestionada afecta sus derechos a la
participación política, pues la decisión de la Sección Quinta del Consejo
de Estado “(…) ha cesado nuevamente el ejercicio del cargo de Magistrado
del Consejo Nacional Electoral (…)”10. Añadió que “(…) el presente caso
resulta relevante constitucionalmente, en tanto permite al juez de tutela
advertir una serie de defectos en materia de interpretación y aplicación
de las normas que regulan la elección de los magistrados del Consejo
Nacional Electoral (…)”11.

Expuso que la presente acción de tutela procede como mecanismo
definitivo para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que:

(i) “(…) La elección del suscrito como Magistrado del Consejo Nacional
Electoral se realizó para un periodo de 4 años, el cual se encuentra en
curso (2022-2026). Es decir, en tanto se mantenga en firme la sentencia
de nulidad electoral del 6 de junio de 2024, el suscrito no podrá
nuevamente ejercer el cargo para el que resultó elegido, ni se podrá
reponer dicho término con posterioridad (…)”12.

(ii) “(…) El suscrito no cuenta con medios ordinarios de defensa judicial
que le permitan impugnar efectivamente la Sentencia de nulidad electoral
de única instancia, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
el día seis (06) de junio de 2024. Asimismo, es preciso señalar que las
solicitudes de aclaración, adición e incidente de nulidad interpuestas, a la

9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
6

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fecha, ya fueron resueltas desfavorablemente por el referido Despacho
judicial. La sentencia judicial aquí impugnada está ejecutoriada (…)”13.

(iii) “(…) La decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la sentencia, que se basa en los mismos argumentos del auto de
suspensión de la elección, es definitiva. Se trata de un proceso de única
instancia. Además, la sentencia de nulidad ha causado nuevamente
efectos adversos a los derechos fundamentales del suscrito. Este perjuicio
irremediable se consolida día a día mientras permanezco fuera del cargo,
otra vez, como resultado ahora de la sentencia impugnada (…)”14.

(iv) “(…) Fui diagnosticado en marzo del año 2023 con bradicardia sinusal
con bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado. Esta
condición de salud requiere de monitoreo, valoración y cuidados
constantes con los cardiólogos, a los cuales no podría acceder si pierdo
mi vinculación a la seguridad social en salud como consecuencia de la
declaración de nulidad de mi elección como magistrado (…)”15.

Anotó que los vicios específicos que fundamentan la presunta violación de
sus derechos al debido proceso, al ejercicio de cargos públicos y a la igual
aplicación e interpretación del derecho son: violación directa de la
Constitución, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
y defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.

Frente a la violación directa de la Constitución, argumentó que la
sentencia cuestionada “(…) adopta una interpretación restrictiva de los
requisitos para ser elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral,
contraria al tenor del artículo 232 de la Constitución Política (…)”16.

Explicó que “(…) las restricciones a los derechos políticos deben ser
taxativas y de interpretación restrictiva respecto del ejercicio del derecho
político de elegir, ser elegido y acceder a cargos públicos, en procura de

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
7

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salvaguardar intereses estatales superiores como la custodia del
patrimonio público, el principio democrático y principios de la función
pública como la transparencia, moralidad, imparcialidad o probidad. //
Dicho en otras palabras, está proscrita la interpretación extensiva o
analógica de las normas que regulan las condiciones para el acceso, el
ejercicio o la permanencia cargos públicos (…)”17.

Adujo que “(…) el tenor literal del precepto constitucional [artículo 232]
es claro: para ser Magistrado (del Consejo Nacional Electoral) se requiere:
haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo (quince años), la
profesión de abogado. Nótese que de una lectura armónica del artículo en
comento se desprende sin ambages que el requisito de experiencia -y
todos los demás-consecuencia, de una interpretación literal del precepto
constitucional se desprende que los requisitos exigidos deben ser
cumplidos en la fecha en la cual el postulado es elegido como magistrado,
no en la fecha en la cual se realiza la postulación. En este sentido, lo que
estipula la Constitución directamente no puede ser regulado, alterado o
modificado por una interpretación de la Sección Quinta del Consejo de
Estado porque ello equivaldría a violar la supremacía de la Constitución.
La norma constitucional aplicable no señala en momento alguno que el
requisito en cuestión se predica del momento de la postulación del
candidato. Si así lo hubiese querido el Constituyente así lo habría dicho
expresamente (…)”18.

Afirmó que, “(…) a pesar de esta clara redacción, la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la providencia definitiva objeto de la presente acción
de tutela acoge otra, la cual puede formularse en los siguientes términos:
“para postularse al cargo de Magistrado del Consejo Nacional Electoral se
requiere haber ejercido durante quince años la profesión de abogado”.
Interpretación que no solo desconoce el tenor literal de la Constitución,
sino que también afecta gravemente el derecho del suscrito a ejercer un
cargo público. // La interpretación de contabilizar la experiencia para ser

17
Ibidem.
18
Ibidem.
8

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magistrado del CNE a partir de la obtención del título de abogado
contenida en la sentencia impugnada, es una tesis que no solo desconoce
la literalidad del artículo 232 superior, sino que se basa en una indebida
aplicación normativa del artículo 128 de la Ley 270 de 1996 por parte de
la Sección Quinta (…)”19.

Subrayó que el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 no puede ser aplicado
como una disposición que rija la contabilización de la experiencia pues,
bajo su consideración, es una norma que aplica únicamente para proveer
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Al respecto, aclaró que “(…) si bien los Magistrados del CNE tienen que
tener las mismas calidades de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, a aquellos no se les puede aplicar mutatis mutandis la disposición
normativa del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, pues esta, es una
norma especial para funcionarios judiciales. Por más que se les llame
Magistrados, los del CNE no son funcionarios judiciales (…)”20.

Por otra parte, en cuanto el defecto sustantivo, alegó que la providencia
atacada incurrió en dicho defecto, debido a que, según aseveró, “(…) se
realiza una interpretación contraria a la Constitución de los artículos 21 y
60 de la Ley 5ª de 1992 (…)”21.

Sostuvo que “(…) la interpretación acogida en la providencia cuestionada
de los artículos 21 y 60 de la Ley 5ª de 1992 es claramente irrazonable
en el caso concreto. En efecto, cuando la Comisión de Acreditación
examinó los documentos presentados, el suscrito ya había cumplido los
quince años de experiencia profesional exigidos (…), pues la Comisión se
reunió el 23 y 24 de agosto de 2022. Fecha en la cual, ya cumplía con
más de quince años de haberme graduado como abogado de la
Universidad del Rosario (22 de agosto de 2007) y también de haber
culminado mi pensum académico (25 de mayo de 2007) (…)”22.

19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
9

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A su turno, en el acápite denominado “Defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y defecto procedimental por
exceso de ritual manifiesto”, advirtió que la autoridad judicial accionada
“(…) incurrió [en] el desconocimiento de su propio precedente, es decir,
del precedente horizontal, según el cual la nulidad de la elección sólo
procede si la irregularidad advertida constituye un vicio trascendente y
relevante en el resultado final. Esta regla de la decisión, o ratio decidendi,
se encuentra contenido en múltiples sentencias de la Sección Quinta del
Consejo de Estado (…)”23.

Para ello, citó las sentencias proferidas (i) el 5 de junio de 2012 en el
proceso con radicado nro. 11001-03-28-000-2010-00115-00; (ii) el 27 de
octubre de 2016 en el proceso con radicado nro. 52001-23-33-00-2016-
00115-01; y (iii) el 2 de febrero de 2023 en el proceso con radicado nro.
19001-23-33-000-2022-00108-04.

Finalmente, arguyó que, “(…) en el procedimiento que concluyó con la
expedición del acto a través del cual fui elegido como magistrado del CNE,
no se incurrió en vicio alguno que pueda tener la entidad suficiente para
generar la nulidad del acto demandado, por lo que no existe razón jurídica
válida para anular mi elección (…)”24.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 16 de agosto de 202425 a través correo
electrónico enviado a la Secretaría General de esta Corporación y
correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 27 de agosto
de 202426 admitió la acción de tutela, negó la medida provisional

23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
26
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
10

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Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

solicitada por el accionante y dispuso notificar27 a los magistrados que
integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte accionada,
así como vincular a los señores Giovanny Rafael Decola Vásquez28,
Pamela Melissa Hernández Cabrera29, María Angélica García Sarmiento30
y Nicolás Youn Díaz31, por tener interés directo en el resultado del
proceso. De igual forma, requirió:

(i) Al Consejo de Estado, Sección Quinta, para que allegara copia digital
o el hipervínculo de consulta de los procesos identificados con los
radicados nro. 11001 03 28 000 2022 00320 00 (principal) y nro. 11001
03 28 000 2022 00321 00, nro. 11001 03 28 000 2022 00322 00 y nro.
11001 03 28 000 2022 00324 00 (acumulados), los cuales fueron
remitidos32.

(ii) A la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta de la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03455 0033.

(iii) A la Corte Constitucional para que remitiera con destino a este
proceso, copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente
identificado con el radicado nro. T-9.732.556, el cual fue remitido34.

27
Esta orden se cumplió el 3 de septiembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04336 00.
28
Esta orden se cumplió el 6 de septiembre de 2024. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04336 00.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Esta orden se cumplió el 11 de septiembre de 2024. Visto en el índice 22 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04336 00.
32
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
33
Al respecto, en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00, se evidencia la siguiente anotación
secretarial: “Se agrega link de de (sic) consulta de la acción de tutela identificada con el
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03455 00: https: samai.consejodeestado.gov.co
Vistas Casos list_procesos.aspx guid 110010315000202303455001100103”.
34
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
11

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3.2. El señor Giovanny Rafael Decola Vásquez allegó escrito 35 en el que
se opuso a las pretensiones formuladas por el accionante y solicitó el
decreto de algunas pruebas.

Señaló que “(…) la Sección Quinta del Consejo de Estado, tanto en el (…)
auto del 25 de mayo de 2023 como en la sentencia del 6 de junio de 2024,
explicó con lujo de detalles, el por qué, el extremo temporal final en las
elecciones que da cuenta el Congreso de la República, debía ser el día de
inscripción y no el de la elección (…)”.

Afirmó que en el trámite del proceso de nulidad electoral objeto de debate
no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados por
la parte actora.

3.3. La señora María Angélica García Sarmiento radicó escrito36 en el que
solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante.

Advirtió que “(…) no es procedente que el accionante use la acción de
tutela como un medio alterno, ni menos complementario para alcanzar
los fines y pretensiones que tiene. No puede utilizarse la tutela como una
instancia o recurso adicional a los establecidos en el ordenamiento jurídico
para el trámite de las medidas cautelares. El actor contó con la posibilidad
de ejercer la defensa y la decisión se profirió con ocasión de la
interposición de recursos, por lo que ya no hay lugar a recursos
adicionales y, la tutela por naturaleza y, de conformidad con la
Constitución, es la de ser un medio de protección, precisamente
incorporado con el fin de otorgar a las personas una plena protección de
sus derechos fundamentales, los cuales no pueden entenderse, de
ninguna manera vulnerados, en el caso que nos ocupa (…)”.

Sostuvo que “(…) en el curso del proceso no se vulnero ningún derecho
al accionante, teniéndose en cuenta que ejerció su defensa y se le corrió

35
Visto en los índices 13, 14 y 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
36
Visto en los índices 15 y 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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traslado de todas las actuaciones judiciales, aunado a que la sentencia
que decreto la nulidad de la elección del tutelante, fue expedida acorde al
ordenamiento jurídico existente, para el caso en concreto ante la evidente
violación del ordenamiento jurídico la falta del cumplimiento del requisito
de experiencia mínima requerida; por lo cual, no tienen fundamento los
argumentos expuestos por el accionante (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe37
en el que adujo que “(…) revisada la providencia que se acusa por vía de
tutela no se observa la configuración de ninguno de los defectos indicados,
sino tan solo un desacuerdo del accionante con lo decidido en sentido
desfavorable a sus intereses litigiosos, lo que se evidencia a lo largo de
su escrito de amparo en el que pretende descalificar infundadamente la
argumentación realizada por la Sección para sustentar su sentencia del 6
de junio de 2024, la cual fue proferida por i) funcionario competente, ii)
con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de
actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la
decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin
que se presente contradicción entre los fundamentos de la decisión y la
sentencia misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión
fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi)
no se presentó desconocimiento de precedente alguno, sino al contrario,
se aplicó la línea jurisprudencial vigente (…)”.

3.5. La señora Pamela Melissa Hernández Cabrera, presentó escrito 38 en
el que se opuso a las pretensiones del accionante por ser contrarias a
derecho y no ajustadas a la realidad fáctica y jurídica.

Anotó que “(…) no existe ningún defecto procedimental puesto que el
proceso de nulidad electoral en las instancias que se ha encontrado se ha
llevado a cabo de manera adecuada, respetando todas las normas y

37
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
38
Visto en los índices 19 y 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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procedimientos establecidos por la ley. Esto implica que no se han
cometido errores, omisiones o irregularidades en la tramitación del caso,
garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes
involucradas (…)”.

3.6. Mediante escrito radicado el 25 de septiembre de 202439 a través de
correo electrónico remitido a la Secretaría General de Esta Corporación,
el accionante allegó copia de la sentencia SU-342 de 2024 proferida por
la Corte Constitucional en el trámite de revisión del fallo de tutela del 14
de agosto de 2023 dictado por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado.

3.7. El 30 de septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
allegó copia de la solicitud de nulidad presentada ante la Corte
Constitucional en contra de la precitada sentencia SU-342 de 2024,
argumentando, entre otras cosas, que40: “(…) la Corte Constitucional
tomó decisiones que afectan la competencia del juez natural y competente
que tramita la acción de tutela interpuesta por el actor contra la sentencia
de nulidad electoral de 6 de junio de 2024. También se desconoció y
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, contradicción y
defensa (…) de la Sección Quinta, porque se suspendió una sentencia de
contenido electoral sin permitir que se presentaran argumentos de
defensa en favor de tal decisión (…)”.

3.8. Por auto del 23 de octubre de 202441, esta Sección negó la solicitud
de pruebas formuladas por el señor Giovanny Rafael Decola Vásquez y
ordenó vincular, por tener interés directo en el resultado del proceso, al
Congreso de la Republica.

39
Visto en los índices 30 y 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
40
Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
41
Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
14

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3.9. El Secretario General encargado del Senado de la República radicó
escrito42 en el que solicitó que “(…) se declare el cumplimiento de requisito
de experiencia exigido por el artículo 232 de la Constitución para
desempeñar el cargo de Magistrado del CNE, los cuales fueron evaluados
por las Comisiones de Acreditación Documental del Congreso de la
República a luz de las disposiciones que se comentaron en esta
contestación y en consecuencia se restablezcan plenamente los derechos
del accionante (…)”.

Explicó que “(…) la norma constitucional aplicable no señala en momento
alguno que el requisito en cuestión se predica del momento de la
postulación del candidato. Si así lo hubiese querido el Constituyente así
lo habría dicho expresamente. El texto del artículo 232 de la Constitución
Política lo que dispuso fue que “para ser Magistrado... se requiere” (…)”.

Al efecto, agregó que los requisitos exigidos por la norma deben
acreditarse al momento de ser magistrado, situación que, bajo su
consideración, se materializó el día de la elección (30 de agosto de 2022)
o, en su defecto, el día de la posesión.

3.10. El expediente ingresó al despacho para fallo el 8 de noviembre de
202443.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199144 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

42
Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
43
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
44
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
15

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mayo de 2015,45 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202146, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201947 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. Frente a los procesos de nulidad electoral radicados nro.
11001 03 28 000 2022 00320 00, nro. 11001 03 28 000 2022
00321 00, nro. 11001 03 28 000 2022 00322 00 y nro. 11001 03
28 000 2022 00324 0048

4.2.1.1. Los ciudadanos Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa
Hernández Cabrera, María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz,
promovieron demandas de nulidad electoral en contra del acto de elección
del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo
Nacional Electoral, contenido en el acta del 30 de agosto de 2022
expedida por el Congreso de la República, a las que les correspondieron
los radicados nro. 11001 03 28 000 2022 00320 0049, nro. 11001 03 28

45
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
46
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
47
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
48
Vistos en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
49
Por auto del 16 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la demanda y negó la medida cautelar solicitada. Posteriormente, mediante auto del 24
de agosto de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso: “REPONER el
numeral 2º del auto de 16 de febrero de 2023, que negó la medida cautelar solicitada
por la parte actora, para en su lugar disponer: SEGUNDO: Estarse a lo resuelto en el
auto del 25 de mayo de 2023, en relación con la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del acto de elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda
como magistrado del Consejo Nacional Electoral”.
16

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

000 2022 00321 0050, nro. 11001 03 28 000 2022 00322 00 y nro. 11001
03 28 000 2022 00324 0051, respectivamente.

4.2.1.2. En el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000
2022 00322 00, la señora María Angélica García Sarmiento solicitó la
siguiente medida provisional:

“[…] se solicita como medida cautelar, la suspensión provisional del
acto mediante el cual se designó al señor Altus Alejandro Baquero
Rueda, como magistrado del Consejo Nacional, únicamente en lo que
respecta a su elección; habida cuenta que se encuentra acreditado,
que se infringieron, el artículo 40 Superior y el artículo 23.c de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no haberse
permitido la participación de todos los interesados en igualdad de
condiciones dentro del proceso de elección de magistrados al Consejo
Nacional Electoral, pues se habilitó la participación de un candidato,
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo y se
nombró al señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado
del Consejo Nacional Electoral, pese a las causales o condiciones de
inelegibilidad referentes a la falta de requisitos, pues no contaba, ni
podía materialmente hacerlo, con al menos 15 años de experiencia
profesional.

Adicionalmente, se desconoce el artículo 264 Superior, que establece,
que los miembros del Consejo Nacional Electoral deben cumplir con
las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues en el caso de
la elección del demandado, se acreditó, sin ser cierto, que el señor
Altus Alejandro Baquero Rueda, cumplía con los 15 años de
experiencia que deben tener los magistrados de la Corte Suprema, lo
que además, afectó la igualdad de los participantes e interesados a
quienes sí se les exigió tal tiempo de experiencia, por lo que,
consecuentemente, se vulnera y se desconoce el artículo 232.4 de la
Constitución Política, que es el que contiene los requisitos para ser
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues el demandado no
cumplió con el mínimo de 15 años de experiencia para ser elegido
magistrado de tal corporación […]”. (Negrillas originales del escrito
de la demanda).

4.2.1.3. Por auto del 23 de febrero de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la demanda de nulidad electoral promovida por la
señora García Sarmiento y negó la medida cautelar solicitada.

50
Por auto del 16 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda.
51
Por auto del 24 de agosto de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la demanda y dispuso: “Estarse a lo resuelto en el auto del 25 de mayo de 2023, en
relación con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de
elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional
Electoral”.
17

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4.2.1.4. Inconforme con la precitada providencia, frente a la decisión de
negar la medida cautelar, la señora García Sarmiento interpuso recurso
de reposición y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto del 25
de mayo de 2023, dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REPONER el numeral 2º del auto de 23 de febrero
de 2023, que negó la medida cautelar solicitada por la parte actora,
el cual queda así:

SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del
acto de elección de Altus Alejandro Baquero Rueda, como magistrado
del Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2022–2026, contenido
en el acta de sesión del Congreso pleno del 30 de agosto de 2022,
publicada en la gaceta nro. 118536 de dicha corporación del 3 de
octubre de 2022 […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).

4.2.1.5. Por auto del 26 de octubre de 2023, se decretó la acumulación
de los procesos identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2022
00320 00, nro. 11001 03 28 000 2022 00321 00, nro. 11001 03 28 000
2022 00322 00 y nro. 11001 03 28 000 2022 00324 00, comoquiera que
en todos se pretendía la nulidad de la elección del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

4.2.1.6. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de
junio de 2024 declaró la nulidad de la elección del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral,
contenida en el acta del 30 de agosto de 2022 del Congreso de la
República. Ello, al considerar lo siguiente:

“[…] En el caso concreto, se tiene que el demandado se graduó como
abogado el 22 de agosto de 2007 (extremo inicial). Lo anterior se
advierte de la certificación obrante en el plenario (…).

De otro lado, está acreditado en el expediente que la coalición de
partidos y movimientos políticos, integrada, entre otros, por el Partido
Liberal Colombiano, al que pertenecía el señor Altus Alejandro
Baquero Rueda, radicó la lista de inscritos ante la secretaria general
del Congreso, el 17 de agosto de 202235 (extremo final), es decir,
el último día de las inscripciones. Por lo tanto, en esta fecha se

18

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materializó la postulación del demandado como integrante de lista
para ser elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Acorde con lo anterior, sería del caso proceder a valorar cada una de
las vinculaciones laborales que el demandado acompañó con el acto
de postulación efectuada por la coalición de partidos para establecer
si cumple con los quince (15) años de experiencia. Sin embargo, el
solo cálculo del tiempo transcurrido entre el 22 de agosto de 2007
(día la obtención del título) y el 17 de agosto de 2022 (postulación),
sin interrupción alguna, arroja como resultado un total de catorce
(14) años, once (11) meses y veinticinco (25) días, de lo que se
concluye fácilmente que el demandado no acreditó la experiencia
exigida en el artículo 232 numeral 4, en concordancia con el artículo
164 de la Constitución Política.

En este orden, salta a la vista que incluso en el supuesto que entre
ambas fechas jamás se hubiere interrumpido sus vinculaciones
laborales, el señor Altus Alejandro Baquero Rueda no acreditaría el
requisito de experiencia que exige la norma constitucional, razón por
la cual, se advierte que la Comisión de Acreditación Documental
Conjunta del Congreso de la República, incurrió en un yerro al
certificar, en el informe técnico respectivo, que el postulado Altus
Alejandro Baquero cumplía con la experiencia de quince (15) años de
ejercicio de la profesión de abogado; error que dada su magnitud no
podía generar ni siquiera un asomo de confianza legítima para el
demandado de ser elegido en el cargo.

Acorde con el análisis de la censura estudiada, la Sala concluye que
el acto de elección del demandado Altus Alejandro Baquero Rueda
está incurso en las causales de nulidad del artículo 137 (infracción de
las normas en que debería fundarse, falsa motivación y expedición
irregular) y 275.5 (incumplimiento de calidades y requisitos
constitucionales y legales) del CPACA, por haberse vulnerado los
artículos 264, 232, 13 y 209 de la Constitución Política; artículo 60 de
la Ley 5ª de 1992, y las Resoluciones 4 y 5 del 11 de agosto de 2022,
expedidas por la mesa directiva del Congreso de la República, por lo
que se impone declarar la nulidad del mismo […]”.

4.2.1.7. Mediante escrito radicado el 14 de junio de 2024, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda solicitó que se aclararan los aspectos de la
precitada sentencia que, en su consideración, ofrecían verdaderos
motivos de duda y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del
20 de junio de 2024 negó la solicitud.

4.2.1.8. Mediante escrito radicado el 27 de junio de 2024, el señor
Baquero Rueda solicitó la adición de la sentencia del 6 de junio de 2024

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al estimar que “(…) resulta necesario pronunciarse expresamente sobre
el levantamiento de la medida cautelar decretada en su oportunidad (…)”.

4.2.1.9. Por auto del 9 de julio de 2024, el magistrado ponente de la
Sección Quinta a cargo del proceso, rechazó por extemporánea la
solicitud de adición de la sentencia.

4.2.1.10. Mediante escrito radicado el 15 de julio de 2024, el señor
Baquero Rueda interpuso recurso de reposición en contra de la precitada
providencia y el magistrado ponente de la Sección Quinta a cargo del
proceso, en auto del 23 de julio de 2024 resolvió “NO REPONER el auto
de 9 de julio de 2024, por medio del cual, el magistrado sustanciador
rechazó por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia proferida
por esta sección el 6 de junio de 2024, presentada por el demandado”.

4.2.1.11. Mediante escrito radicado el 29 de julio de 2024, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda solicitó que “(…) se decrete la nulidad del Auto
Interlocutorio del 9 de julio de 2024 que rechazó por extemporánea la
solicitud de adición de la sentencia proferida por esta sección el día 6 de
junio de 2024, así como del Auto Interlocutorio del 23 de julio de 2024
que resolvió no reponer la providencia anterior (…)”.

4.2.1.12. Por auto del 31 de julio de 2024, el magistrado ponente de la
Sección Quinta a cargo del proceso rechazó de plano la solicitud de
nulidad.

4.2.2. Frente a la acción de tutela identificada con el radicado nro.
11001 03 15 000 2023 03455 0052

4.2.2.1. El señor Altus Alejandro Baquero Rueda, actuando por conducto
de apoderado, presentó acción de tutela en contra del auto del 25 de
mayo de 2023 que “revocó la providencia del 23 de febrero de 2022 (sic)
y se procedió a suspender el acto de elección de mi representado por

52
Visto en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103
15000202303455001100103.
20

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

cuanto la providencia cuestionada vulnera los derechos fundamentales de
mi representado al debido proceso y a la participación política (…) en
particular el ejercicio de los cargos públicos (…), así como los principios
constitucionales pro homine y pro libertatis en materia electoral (…)”.

4.2.2.2. La tutela correspondió por reparto a la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia del 14 de agosto de
2023, notificada el 5 de septiembre de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor
Altus Alejandro Baquero Rueda contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado por la expedición del auto del 25 de mayo de 2023 en el
medio de control de nulidad electoral radicado bajo el No. 11001 03
28 000 2022 00322 00 de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia […]”.

4.2.2.3. Ejecutoriada la precitada sentencia, el expediente fue remitido a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4.2.3. Frente al trámite de revisión ante la Corte Constitucional de
la acción de tutela radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03455 00.
Expediente interno T-9.732.55653

4.2.3.1. Por auto del 30 de noviembre de 2023, la Sala de Selección de
Tutelas número Once de la Corte Constitucional escogió para revisión el
expediente correspondiente a la acción de tutela promovida por el señor
Altus Alejandro Baquero Rueda, en contra del auto del 25 de mayo de
2023 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4.2.3.2. Mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2024 a través de
correo electrónico remitido a la Corte Constitucional, el apoderado del
señor Baquero Rueda solicitó que “(…) SE DECRETE LA MEDIDA
PROVISIONAL CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO DE ELECCIÓN DE
MI REPRESENTADO COMO MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL

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Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
21

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

ELECTORAL, providencia proferida dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el Radicado No. 11001-03-28-000-2022-00322-
00 (…)”.

4.2.3.3. Por auto nro. 846 del 9 de mayo de 2024, la Sala Plena de la
Corte Constitucional resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- SUSPENDER el numeral primero del auto del 25 de
mayo de 2023, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-00322-00,
mediante el cual se suspendieron de manera provisional los efectos
del acto de elección de Altus Alejandro Baquero Rueda, como
magistrado del Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2022–
2026, contenido en el acta de sesión del Congreso en Pleno del 30 de
agosto de 2022, publicada en la Gaceta nro. 1185 de dicha
corporación del 3 de octubre de 2022, hasta cuando se notifique la
sentencia que se profiera en la revisión de la tutela T-9.732.556.

SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional,
COMUNICAR esta decisión al accionante y a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a través de correo electrónico y de las direcciones
físicas que figuran en el expediente.

TERCERO. - ADVERTIR que contra esta providencia no procede
recurso alguno […]”.

4.2.3.4. Mediante escrito radicado el 6 de junio de 2024, a través de
correo electrónico remitido a la Corte Constitucional, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar en abierto desacato a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por el incumplimiento a lo ordenado en el Auto
846 del 09 de mayo de 2024 proferido por Sala Plena de la Corte
Constitucional, dentro del proceso de revisión de tutela T-9.732.556.

SEGUNDO: Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
dé cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en el Auto 846 de 2024 -que cautela mis derechos
fundamentales-, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la providencia judicial que resuelva el
INCIDENTE DE DESACATO (…).

TERCERO: De la manera más respetuoso solicito a la Sala Plena de
la Corte Constitucional que dicte sentencia en el marco de la revisión
de la tutela T-9.732.556, con el propósito de dirimir las
interpretaciones disímiles que afectan mis derechos al debido proceso
y el acceso a cargos públicos, entre otros, sobre los artículos 232 y
264 Superiores. Lo anterior teniendo en cuenta la Sentencia dictada
el 06 de junio de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04336 00
Accionante: Altus Alejandro Baquero Rueda

(anotación 172 SAMAI) en virtud de la cual solicito se tenga en cuenta
en el análisis del Corte, dicha Providencia, por contener la misma
hermenéutica contenida en el acto suspendido por el Máximo Tribunal
Constitucional mediante Auto 846 del 9 de mayo de 2024. De manera
supletoria, solicito hacer extensivos los efectos de la medida
provisional contenida en el mentado Auto a la Sentencia
inmediatamente referida […]”.

4.2.3.5. Mediante escrito radicado el 13 de junio de 2024 a través de
correo electrónico remitido a la Corte Constitucional, la señora María
Angélica García Sarmiento solicitó que se declarara la carencia actual de
objeto por situación sobreviniente en el trámite de revisión de la acción
de tutela promovida por el señor Baquero Rueda en contra del auto del
25 de mayo de 2023, comoquiera que la Sección Quinta del Consejo de
Estado “(…) dictó sentencia DECLARANDO LA NULIDAD de la elección
del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, como magistrado del Consejo
Nacional Electoral, contenida en el acta del 30 de agosto de 2022 del
Congreso de la República, el pasado seis (6) de junio de dos mil
veinticuatro (2024) (…)”.

4.2.3.6. Mediante escritos radicados el 13 y 14 de junio de 2024 a través
de correos electrónicos remitidos a la Corte Constitucional, los ciudadanos
Pamela Melissa Hernández Cabrera y Giovanny Rafael Decola Vásquez
solicitaron la nulidad de todo lo actuado en el proceso de revisión en
cuestión, argumentando que no habían sido vinculados.

4.2.3.7. Por auto proferido el 21 de junio de 2024, el magistrado ponente
del proceso de revisión ordenó la vinculación al trámite en cuestión de los
ciudadanos Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa Hernández
Cabrera y Nicolás Youn Díaz, “(…) con la finalidad de garantizar los
derechos al debido proceso y a la defensa, así como evitar un vicio de
nulidad que afecte el trámite del proceso en curso (…)”, comoquiera que
“(…) instauraron demandas ante la Sección Quinta del Consejo de Estado
con radicados 11001-03-28-000-2022-00320-00, 11001-03- 28-000-
2022-00321-00 y 11001-03-28-000-2022-00324-00, respectivamente
(…)”.

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4.2.3.8. Mediante escritos radicados el 2 y 3 de julio de 2024, en
respuesta a la vinculación realizada, los ciudadanos Giovanny Rafael
Decola Vásquez y Pamela Melissa Hernández Cabrera solicitaron a la Corte
Constitucional que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
configurarse la carencia actual de objeto.

4.2.3.9. El 20 de agosto de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional
profirió la sentencia SU-342 de 2024 en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. RECHAZAR el incidente de desacato formulado por
el accionante, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NEGAR las solicitudes de extensión de la medida cautelar
dictada en el Auto 846 de 2024 presentadas por el accionante y por
su apoderado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NEGAR las solicitudes de nulidad presentadas por
Giovanny Rafael Decola Vásquez y Pamela Hernández Cabrera, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de agosto de 2023,
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la acción de tutela en el presente proceso.
En su lugar, AMPARAR de manera transitoria el derecho a acceder a
cargos y funciones públicas de Altus Alejandro Baquero Rueda, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER LOS
EFECTOS de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado el 6 de junio de 2024, que declaró la nulidad de la elección
de Altus Alejandro Baquero Rueda (expediente 11001-03-28-000-
2022-00320-00 acumulados), hasta cuando se agote el trámite de la
tutela impetrada por el accionante contra dicha sentencia (radicado
11001031500020240433600) (Subrayas ajenas).

SEXTO. ORDENAR al Congreso de la República que se abstenga de
adelantar la elección para suplir la vacante de Altus Alejandro Baquero
Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral, hasta cuando
se agote el trámite de la tutela impetrada por el accionante contra la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 6
de junio de 2024.

SÉPTIMO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 25 de mayo de 2023,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado (expediente
11001-03-28-000-2022-00322-00 acumulados), que suspendió
provisionalmente el acto de elección de Altus Alejandro Baquero
Rueda.

[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

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4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional54

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”55.

54
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
55
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
25

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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional56.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades57:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia58. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

56
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
57
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
58
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
26

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La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 59 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).

59
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
27

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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

En ese escenario, la Sala advierte que, en este evento, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento
que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces, no está superado.

Lo anterior, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende que “(…) [se] revoque y [se] deje sin efectos la sentencia del 6
de junio de 2024, emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la nulidad
de mi elección como magistrado del Consejo Nacional Electoral para el
período 2022-2026 (…)”60 y, que en su lugar, “(…) se declare que sí cumplí
con el requisito de experiencia exigido por el artículo 232 de la
Constitución para desempeñar dicho cargo (…)”61.

Para ello, en el escrito de tutela, alegó que la autoridad judicial accionada
“(…) adopta una interpretación restrictiva de los requisitos para ser
elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral (…)”62. Al respecto,
argumentó que “(…) la interpretación de contabilizar la experiencia para
ser magistrado del CNE a partir de la obtención del título de abogado
contenida en la sentencia impugnada, es una tesis que no solo desconoce

60
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
61
Ibidem.
62
Ibidem.
28

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la literalidad del artículo 232 superior, sino que se basa en una indebida
aplicación normativa del artículo 128 de la Ley 270 de 1996 (…)”63.

En igual sentido, sostuvo que “(…) la interpretación acogida en la
providencia cuestionada de los artículos 21 y 60 de la Ley 5ª de 1992 es
claramente irrazonable en el caso concreto. En efecto, cuando la Comisión
de Acreditación examinó los documentos presentados, el suscrito ya había
cumplido los quince años de experiencia profesional exigidos (…), pues la
Comisión se reunió el 23 y 24 de agosto de 2022. Fecha en la cual, ya
cumplía con más de quince años de haberme graduado como abogado de
la Universidad del Rosario (22 de agosto de 2007) y también de haber
culminado mi pensum académico (25 de mayo de 2007) (…)”64.

Adicionalmente, adujo que “(…) el tenor literal del precepto constitucional
[artículo 232] es claro: para ser Magistrado (del Consejo Nacional
Electoral) se requiere: haber ejercido, con buen crédito, por el mismo
tiempo (quince años), la profesión de abogado. Nótese que de una lectura
armónica del artículo en comento se desprende sin ambages que el
requisito de experiencia -y todos los demás-consecuencia, de una
interpretación literal del precepto constitucional se desprende que los
requisitos exigidos deben ser cumplidos en la fecha en la cual el postulado
es elegido como magistrado, no en la fecha en la cual se realiza la
postulación (…)”65.

De los reproches expuestos en la acción de tutela, la Sala advierte que el
actor está cuestionando la interpretación que la autoridad judicial
accionada hizo en la sentencia atacada para determinar cómo se
contabiliza la experiencia para ejercer el cargo de magistrado en el
Consejo Nacional Electoral, de donde se desprende que evidentemente el
tercer elemento que compone la relevancia constitucional no está
cumplido.

63
Ibidem.
64
Ibidem.
65
Ibidem.
29

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Al respecto, vale la pena traer a colación que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada, precisó cuáles son los
extremos inicial y final que delimitan el cómputo de la experiencia para
ocupar el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral, y, las
razones que fundamentan dicho entendimiento; consideraciones que, a
partir de las inconformidades expuestas en la acción de tutela, permiten
corroborar que la parte actora está cuestionando el debate que se surtió
en el proceso de nulidad electoral y que no resultó favorable a sus
intereses, en efecto lo que la Sección Quinta indicó fue lo siguiente 66:

“[…] 6.2.1 El extremo inicial a tener en cuenta para el
cómputo de la experiencia de quince (15) años que
contempla el artículo 232, numeral 4 de la Constitución
Política

En este aspecto, se recuerda que el artículo 232, numeral 4, de la
Constitución Política dispone que la experiencia requerida para ser
magistrado de la Corte Suprema de Justicia es de quince (15) años,
no obstante, la norma superior no precisa desde cuándo debe
contabilizarse aquella. Es por dicho silencio de la norma
constitucional que el demandado trae a colación unos
pronunciamientos que, según su parecer, sugieren que ese extremo
inicial lo sea la fecha de terminación de materias, tesis que no
acogerá esta Sala con fundamento en las razones que se irán
exponiendo en los párrafos subsiguientes.

(…)

La Sala coincide en parte con el ejercicio interpretativo que sugiere
el demandado, bajo el entendido de que ante la falta de previsión
del constituyente debe acudirse a la analogía legis, conforme a la
cual es posible aplicar una ley a una situación no contemplada
explícitamente en ella. No obstante, no es posible dar aplicación al
artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2022, dado que en relación con
la forma como se contabiliza la experiencia profesional para ocupar
cargos en la rama judicial, existe una norma especial, esto es, el
parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, que regula de
forma específica diferentes aspectos de la administración de justicia
(…).

Así las cosas, por vía de analogía, ante el vacío del artículo 232,
numeral 4 de la Constitución Política, debe acudirse al parágrafo
anteriormente transcrito, que establece que, para los cargos
desempeñados por los funcionarios de la rama judicial, el cómputo

66
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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de la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de la
obtención del título de abogado.

Ahora bien, aunque la norma no hace referencia específica a la
experiencia de los magistrados de alta corte, sino que alude a la
experiencia para los cargos de juez municipal, juez de circuito y
magistrado de tribunal, el sentido teleológico de la disposición,
permite afirmar que lo que quiso establecer el legislador estatutario
fue una regla especial y de mayor exigencia para efectos de
contabilizar la experiencia para los cargos de funcionarios de la rama
judicial. En consecuencia, nada obsta para que esta misma regla sea
aplicable a los magistrados que integran las altas cortes de justicia
del país, quienes por la misma condición, están en la cúspide del
poder judicial.

(…)

Acorde con los anteriores razonamientos, se concluye que el
extremo inicial para la contabilización de la experiencia contemplada
en el artículo 232.4 superior, es aquella obtenida con posterioridad
a la obtención del título de abogado.

6.2.2 El extremo final a tener en cuenta para el cómputo de
la experiencia de quince (15) años que contempla el artículo
232, numeral 4 de la Constitución Política

El demandado y el apoderado del Congreso de la República, en
relación con el extremo final, plantean que los requisitos para ser
magistrado del Consejo Nacional Electoral deben acreditarse al
momento de la elección, lo que tendría sustento en la taxatividad
del artículo 232 Superior en tanto utiliza las expresiones «Para ser
magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado se requiere (…)» (Subrayado de la
Sala). Así, de los vocablos destacados, se podría entender que se es
magistrado el día en que el postulado es elegido en esa dignidad;
por consiguiente, resulta factible pensar que las exigencias
constitucionales se podrían acreditar hasta el día de la designación.

Sin embargo, la Sala debe ser enfática en señalar que esta postura
no resulta ajustada al ordenamiento jurídico, ni al verdadero alcance
de la disposición constitucional, en tanto la norma superior tan solo
tuvo como propósito señalar los requisitos para ser magistrado de
alta corte, sin que haya aludido al momento en que los mismos se
deban cumplir. Por lo tanto, la interpretación que más se adecúa a
las normas que regulan esta elección y los principios propios de la
función administrativa, como pasa a explicarse, seguidamente, es
que los requisitos para aspirar a ser magistrado del CNE, deben
cumplirse al momento de la postulación de la lista candidatos
efectuada por el partido o movimiento político ante el Congreso de
la República.

Esta tesis tiene como fundamento el análisis de las normas a partir
de una interpretación sistemática y teleológica de la Constitución
Política, la Ley 5ª de 1992 y de algunas disposiciones de la
convocatoria expedida para elegir los magistrados del CNE, que
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rigieron el presente proceso, tal como se explicará en los párrafos
subsiguientes.

En primer lugar, el artículo 21 de la Ley 5ª de 1992, (…) refiere a
la fase de convocatoria para las elecciones de dignatarios en el
Congreso de la República (…).

(…)

Así mismo, al señalar la disposición que los candidatos propuestos a
la consideración del Congreso pleno, serán presentados oficialmente
por las corporaciones o instituciones postulantes, y «deberán
adjuntar las copias auténticas de los documentos que acrediten las
calidades exigidas para desempeñar el cargo», se extrae,
lógicamente, que esta acreditación solo puede hacerse en el plazo
fijado por la convocatoria, es decir, en el interregno que se precisa
como límite para la postulación, lo cual está ligado al cumplimiento
de los requisitos legales de idoneidad del aspirante que integra la
respectiva lista.

Un entendimiento distinto, como el que propone el demandado,
según el cual, el extremo final para acreditar la experiencia
profesional corresponde a la fecha de la elección, alteraría las reglas
de la convocatoria, que constituye la ley del proceso de selección,
en tanto permitiría abrir la puerta para que los postulados pudieran
allegar documentos con posterioridad al cierre de esta etapa. Por lo
tanto, debe entenderse que el plazo para la postulación de listas de
candidatos por parte de las colectividades políticas para la elección
de miembros del CNE, es improrrogable y vincula tanto a la
administración como a los participantes y su desconocimiento
constituye una clara afrenta de los derechos de quienes sí
cumplieron a cabalidad con la acreditación plena de los requisitos en
la etapa correspondiente, afectando la confianza y la seriedad del
proceso.

De otra parte, al señalar el legislador que los documentos serán
«calificados» por la respectiva comisión, –entiéndase la Comisión de
Acreditación Documental– debe entenderse, como lo define el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dicha
expresión, consiste en «Expresar o declarar un juicio sobre algo o
alguien». Por tanto, el juicio o declaración atribuida a la mencionada
comisión, solo podría hacerse a partir de los documentos que dicha
instancia tuvo en su poder al momento de hacer la calificación, esto
es, aquellos que fueron allegados al efectuarse la postulación.

Sería absurdo pensar que la calificación pudiera hacerse sobre
calidades, requisitos y experiencias futuras del candidato que integra
la lista, o exigir a esta comisión hacer un pronóstico sobre lo que
sucederá respecto del postulado después del cierre de la etapa de
acreditación. De ahí la importancia de la función que cumple la
Comisión de Acreditación Documental, en cuanto otorga certeza
sobre validación del cumplimiento de los requisitos exigibles a los
participantes al momento del cierre de esta etapa, conforme a los
documentos acompañados con el acto de postulación.

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Ahora bien, conforme a esta interpretación sistemática y finalística
de las disposiciones aplicables al caso, también resulta importante
destacar el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 que prescribe que:

Los documentos que acrediten las calidades exigidas de
quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o
de las Cámaras Legislativas, serán revisados por la Comisión
dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. El
informe respectivo será evaluado por la plenaria de la
corporación, antes de proceder a la elección del caso.
(Subrayas no pertenecen al texto)

De lo anterior se colige que el sentido de esta disposición, es señalar
que la documentación allegada por la entidad u organismo
postulante, en este caso, por el partido o movimiento político, debe
dar cuenta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos,
calidades o condiciones habilitantes de los postulados, desde el
mismo momento en que la colectividad política presenta ante la
secretaria del congreso, la lista de candidatos para ser magistrado
del Consejo Nacional Electoral.

En efecto, el alcance de la expresión serán revisados por la Comisión
«dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación», denota
que dicha comisión solo podrá hacer la evaluación de las hojas de
vida con los soportes radicados hasta el momento de su
«presentación» o postulación por parte la colectividad política,
siendo improcedente computar experiencia adicional y posterior a
dicha fecha, por lo que quien no ha completado para ese momento
los quince años (15) años de experiencia profesional para ser
magistrado del Consejo Nacional Electoral, no podría ser
considerado como candidato hábil.

(…)

Por lo anteriormente expuesto, se impone concluir que debe tenerse
como extremo final para efectos del cómputo de la experiencia
profesional de que trata el artículo 232 numeral 4 de la Constitución
política, la fecha en que el partido o movimiento político postula la
lista de candidatos ante el Congreso de la República […]”.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso de
nulidad electoral para controvertir lo resuelto por el juez natural de la
causa y la interpretación normativa aplicada para resolver el caso en
concreto, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de
la relevancia constitucional.

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Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en
precedencia relativa a que en este elemento de la relevancia
constitucional se debe tener en cuenta que la acción de tutela interpuesta
en contra de una sentencia dictada por una Alta Corte exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales, lo que en
este caso precisamente no ocurre. Ello, por cuanto, la diferencia en la
interpretación de cómo debe computarse la experiencia para ocupar el
cargo no se traduce en una actuación arbitraria ni mucho menos ilegítima,
más aún, cuando la decisión está razonablemente fundada en derecho y
se explicaron los motivos por los que la interpretación del aquí accionante
no eran de recibo para la Sección Quinta de la Corporación. Vale la pena
acotar, que precisamente este requisito busca garantizar la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones que resuelven las controversias atendiendo lo que es objeto
de debate en el proceso.

Ahora, no sobra mencionar frente al argumento planteado por la parte
actora en el escrito de tutela respecto a que la autoridad judicial accionada
profirió la sentencia del 6 de junio de 2024 “(…) en una clara
contravención a la medida cautelar ordenada por la Corte Constitucional,
haciendo sus efectos inocuos (…)”67, la Sala advierte que, tal como lo
precisó la propia Corte Constitucional en el auto nro. 846 del 9 de mayo
de 2024, la medida cautelar decretada en dicha providencia “(…) no afecta
el derecho a acceder a la administración de justicia de los accionantes, ni
a la actuación judicial, pues en tanto se resuelve le presente revisión
continuará el curso proceso y corresponderá a la Sección Quinta
determinar la procedencia o no de la nulidad electoral impetrada (…)”, es
decir, con la medida provisional adoptada por la Corte Constitucional en
el precitado auto, el proceso de nulidad electoral no fue suspendido ni,
mucho menos, se impidió que el juez natural de la causa decidiera el
asunto de fondo. (Se destaca).

67
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04336 00.
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Finalmente, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo

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por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

Por último, en cuanto a lo anotado por el accionante en el sentido que
“(…) fui diagnosticado en marzo del año 2023 con bradicardia sinusal con
bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado. Esta condición de
salud requiere de monitoreo, valoración y cuidados constantes con los
cardiólogos, a los cuales no podría acceder si pierdo mi vinculación a la
seguridad social en salud como consecuencia de la declaración de nulidad
de mi elección como magistrado (…)”, se le precisa que, dicho argumento
no hace procedente la acción de tutela, pues el hecho que la Sección
Quinta haya decidido declarar la nulidad de la elección por advertir que
no contaba con los requisitos legales para ocupar, no conduce a la falta
de aseguramiento en salud del actor, ni puede admitirse como una
condición para continuar desempeñando el cargo.

En todo caso como lo ha señalado la Corte Constitucional, entre otras, en
sentencia T- 996 de 2010, en el marco del principio de eficiencia del
Sistema de Seguridad Social en Salud, las entidades públicas y privadas

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responsables de prestar el servicio de salud deben garantizar los servicios
de diagnóstico y tratamientos médicos en curso, además, debe tenerse
en cuenta lo previsto el artículo 2.1.8.1 del Decreto 780 de 2016 sobre
los períodos de protección laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Altus Alejandro Baquero Rueda, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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