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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06294-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06294-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DESVINCULAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral del presente trámite constitucional, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Haudy Samir Monterrosa, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones aquí expuestas. Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06294-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06294-00
Demandante: Haudy Samir Monterrosa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06294-00
Demandante: HAUDY SAMIR MONTERROSA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral en el que se accedió a la nulidad de la elección de un
concejal de Sincelejo. Incumplimiento del requisito objetivo de la
subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Haudy Samir Monterrosa, quien actúa en nombre propio,
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Sucre1.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que se inscribió como candidato al Concejo Municipal de
Sincelejo para el periodo constitucional 2024-2027, cargo para el cual resultó
elegido en las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023.

Afirmó que el señor Alberto Nicanor Manotas Martínez, en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, presentó demanda contra el señor Haudy Samir
Monterrosa, en su calidad de concejal electo del municipio de Sincelejo para el
periodo 2024-2027, con el fin de que se anulara el formulario E-26 CON del 5 de
noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del demandado, al
considerar que se desempeñó como inspector de trabajo y seguridad social código
2003, grado 14 ubicado en la Dirección Territorial de Sincelejo del Ministerio del
Trabajo desde el 4 de junio de 2019 hasta el 1° de junio de 2023, cargo en el que
ejerció autoridad civil y administrativa2.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 12 de junio de
2024, declaró la nulidad de su elección como concejal del municipio de Sincelejo

1
Se radicó el 19 de noviembre de 2024.
2
En auto del 19 de enero de 2024, se decretó la suspensión provisional del acto administrativo que declaró la elección del
señor Haudy Samir Monterrosa como concejal del municipio de Sincelejo para el periodo 2024 – 2027 (E-26).
1

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Demandante: Haudy Samir Monterrosa

para el periodo 2024-2027, bajo el argumento de que se encontraron probados los
elementos temporal y territorial de la causal de inelegibilidad propuesta en la
demanda, toda vez que se desempeño en el cargo de inspector de trabajo y
seguridad social en la Dirección Territorial de Sucre del Ministerio del Trabajo
dentro del año anterior a los comicios electorales.

Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que
alegó la falta de aplicación de las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-207 de 2022 y la falta de valoración de la prueba que daba cuenta
de las funciones que desempeñó en el cargo de inspector. Agregó que la Sección
Quinta del Consejo de Estado mediante fallo del 24 de octubre de 2024, confirmó
íntegramente la declaratoria de nulidad de la acción, en tanto evidenció la
configuración de la inhabilidad alegada en la demanda3.

Finalmente, aunque no fue mencionado en el escrito de tutela, se observa que el
30 de octubre de 2024 el demandante solicitó la aclaración del precitado fallo, la
cual se resolvió en proveído del 7 de noviembre de 2024, en el sentido de negarla
porque no evidenció conceptos o frases que ofrecieran verdadero motivo de duda.
El 14 de noviembre de 2024, el actor pidió la adición de la sentencia, solicitud que
fue rechazada mediante auto del 25 del mismo mes y año, por extemporánea.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la participación política, supuestamente vulnerados con las
sentencias del 24 de octubre y 12 de junio de 2024, en su orden, mediante las
cuales se declaró la nulidad de su elección como concejal del municipio de Sincelejo
para el periodo constitucional 2024-2027.

En primer lugar, se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En concreto, sostuvo que el
asunto que se discute es de evidente relevancia constitucional, se agotaron todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, se presentó con
observancia del requisito de inmediatez, no se alega una irregularidad procesal, por
lo que no es necesario acreditar dicho requisito, identificó los hechos que generan la
vulneración alegada y no se trata de tutela contra una providencia proferida en el
marco de una acción de la misma naturaleza.

Luego, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, porque se dejó de
valorar el manual de funciones allegado al expediente, donde se establece que el
ejercicio de funciones por parte de los inspectores del trabajo exige la asignación de
roles antes de que puedan comenzar a ejercerse, es decir, el ejercicio de ellas
estaba supeditado a la asignación previa por parte del superior jerárquico, lo cual no
se dio como consta en la certificación que se aportó para acreditar esa
circunstancia, la cual tampoco fue valorada.

3
La decisión contó con dos salvamentos de votos, razón por la cual la Sala se designó a un conjuez.
2

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Resaltó que se omitió solucionar el asunto desde la perspectiva de los principios pro-
libertatis y pro-hominis, que imponían que ante dos interpretaciones disímiles se
diera preferencia a la que maximiza el derecho fundamental a la participación, bajo
el entendido de que hay una interpretación constitucional contenida en la sentencia
SU-207 de 2022, que propende porque se evidencie la probabilidad real de
incidencia de las funciones en la quiebra del principio de igualdad, de modo que no
se restrinja injustificadamente el derecho de acceder a cargos públicos ni la eficacia
del voto popular.

Agregó que para la Corte Constitucional se debe interpretar la inhabilidad no
solamente a partir del ejercicio del cargo -visión estricta-, sino que también se hace
necesario que en el desarrollo de las funciones se tenga la capacidad de afectar la
voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización de
la cosa pública para desequilibrar el debate electoral -visión pro homine-, lo cual no
sucedió porque no hubo ejercicio real de funciones inhabilitantes, pues no se le
habían asignado funciones de ese alcance.

Señaló que se dejó de valorar el manual de funciones que condicionaba el ejercicio
de tales atribuciones, a la asignación que previamente se hiciera de este rol y la
certificación aportada al proceso fue descartada desde el entendido que como eran
labores legales, existía la potencialidad de ejercerlas, con independencia de los
condicionamientos que permitían o no su desempeño.

Por último, mencionó que no ejerció funciones inhabilitantes, razón por la cual la
decisión de anulación de la elección se edificó sobre bases caprichosas y de
espaldas a los precedentes constitucionales.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Acreditada como está la vulneración de los derechos fundamentales a mi persona, HAUDY
SAMIR MONTERROSA por las autoridades accionadas dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado No. 70001-23-33-000-2023-00175-02, es procedente el otorgamiento
de la tutela en amparo de los artículos 2 (garantía y efectividad de principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; 29 (debido proceso), 93 (interpretación de derechos y deberes
consagrados en la Carta, de conformidad con tratados sobre derechos humanos ratificados por
Colombia) de la Constitución Política.

En tal virtud, solicito consecuencialmente a la concesión de dicho amparo, lo siguiente:

1.- Declarar sin ningún valor ni efecto, las sentencias de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre de fecha 12 de junio de 2024, por medio de la cual declaró la
nulidad del acto de mi elección como concejal del Municipio de Sincelejo para el período
constitucional 2024-2027, contenido en el Acta de Escrutinio E-26 de la Comisión Escrutadora
Municipal, y la de fecha 24 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual se confirmó la anterior decisión dentro del expediente de nulidad
electoral identificado con el radicado No. 70001-23-33-000-2023-00175-02.

2.- Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los quince días siguientes
a la notificación de la decisión de amparo, profiera una nueva sentencia en segunda instancia en
el referido proceso de nulidad electoral que acate las consideraciones que en aquella se realicen

3.- Prevenir a las autoridades accionadas para que en adelanten ejerzan sus funciones
jurisdiccionales con apego a las garantías del debido proceso legal”.

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Demandante: Haudy Samir Monterrosa

4. Trámite procesal

Por auto del 21 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales
accionadas. Así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo
Nacional Electoral y al señor Alberto Nicanor Manotas Martínez, como terceros
interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 295752 a 295758
del 25 de noviembre de 2024 y 296638 del 26 del mismo mes y año, con el fin de
dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado

En escrito del 27 de noviembre de 2024, la magistrada ponente de la decisión de
segunda instancia, proferida en el marco del medio de control de nulidad electoral,
pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por no evidenciarse
la configuración de algún defecto.

Afirmó que en la sentencia objetada no se incurrió en defecto sustantivo, en tanto
el manual de funciones contenido en la Resolución No. 1309 de 2013, fue
aportado por el demandante, el cual no condiciona el ejercicio de las atribuciones
del inspector del trabajo y seguridad social a su asignación por parte del superior
jerárquico.

Agregó que el documento al que se refiere el accionante es la Resolución No.
3238 del 3 de noviembre de 2021, por medio de la cual se modifica parcialmente
la Resolución No. 3811 del 3 de septiembre de 2018 que, “modifica y adopta el
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal del Ministerio del Trabajo”, la cual no fue aportada dentro
de las oportunidades legales al proceso ordinario, ni fue uno de los reproches del
recurso de apelación que correspondía resolver al juez de segunda instancia.

Indicó que respecto del defecto fáctico, basta con revisar la decisión cuestionada
para advertir que sí valoró el manual de funciones, solo que no le dio el alcance
pretendido por el demandante. Agregó que en la decisión proferida se explicó que
el análisis del elemento objetivo de la inhabilidad por el ejercicio de autoridad
prevista en el numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, se limita al análisis
de las funciones asignadas a determinado cargo, sin entrar a revisar cuál de estas
fue asignada por su jefe inmediato, a lo que agregó que tampoco se incorpora al
análisis si efectivamente fue ejercida.

Mencionó que la decisión objetada hizo un estudio de los elementos de convicción
aportados oportunamente para resolver el recurso de apelación que el actor
interpuso contra la sentencia de primera instancia, entre ellas, la certificación de
funciones, por lo que no se incurrió en el defecto fáctico alegado. Lo que se
advierte es que la parte vencida presenta los mismos argumentos de

4

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inconformidad que ya fueron resueltos por el juez natural, lo que dista de
encuadrarse en una vulneración de derechos o garantías de orden constitucional.

Para terminar, manifestó que la sentencia SU-207 de 2022 se expidió en el marco
del análisis de la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, por lo que la postura de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sido
que a dichas reglas solo debe acudirse cuando se quiere verificar la probabilidad
real de ejercicio de autoridad administrativa de un funcionario del orden
departamental que tiene vínculo de parentesco en el grado previsto en la ley, con
un candidato a un empleo en un municipio de dicho departamento, mientras que la
causal de inelegibilidad endilgada al señor Haudy Samir Monterrosa fue la prevista
en el numeral 2° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por cuanto fue él quien
ejerció directamente el cargo de inspector de trabajo y seguridad social, al que
claramente la ley le atribuye facultades de autoridad administrativa y civil, por lo
que no resultaba acertado extender los alcances de la sentencia de la Corte
Constitucional.

5.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

En escrito del 27 de noviembre de 2024, el jefe de la Oficina Jurídica pidió que se
desvinculara del trámite constitucional, al considerar que no ha incurrido en alguna
acción u omisión que hubiese generado la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el demandante.

Afirmó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque
carece de competencia para pronunciarse en cuanto a las pretensiones de la
demanda de tutela, toda vez que la Constitución Política y la ley le asignó a la
entidad “la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la
identificación de las personas”. Agregó que la expedición de autos y sentencias en
trámites judiciales está a cargo de los jueces de la República, por lo que en el
respectivo proceso le corresponde al titular ejercer los derechos de defensa y
contradicción, según sea el caso.

5.3. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

En oficio del 25 de noviembre de 2024, el abogado adscrito a la Oficina Jurídica de
la entidad solicitó que se niegue el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, por carecer de legitimación en la causa por pasiva
de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 265 de la Constitución
Política.

5.4. Respuesta del señor Alberto Nicanor Manotas Martínez

En correo electrónico del 28 de noviembre de 2024, el tercero con interés pidió
que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que
las providencias objetadas no vulneraron los derechos fundamentales del
accionante.

Aseveró que los argumentos expuestos en el escrito de tutela fueron objeto de
análisis en el fallo de segunda instancia, lo que evidencia la intención del
demandante de utilizar la solicitud de amparo como una tercera instancia.

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Por último, manifestó que el propósito de estas solicitudes es dilatar la ejecución
de la sentencia de segunda instancia.

5.5. El Tribunal Administrativo de Sucre, a pesar de que se notificó en debida
forma del auto admisorio, guardó silencio

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
solicitaron que fueran desvinculadas de la acción de tutela, al considerar que no
ostentan legitimación en la causa por pasiva porque dentro de sus funciones no se
encuentra la de interferir en la independencia judicial.

Al respecto, se debe indicar en que se hace exigible como requisito indispensable,
además de la legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el
artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, la persona o entidad contra quien se dirige
la solicitud de amparo, de la siguiente manera:

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción
se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.

La Sala accederá a la solicitud de desvinculación formuladas por las referidas
entidades, pues bien son autoridades electorales, lo cierto es que, en primer lugar,
los reproches que se plantearon en el medio de control de nulidad electoral no
están dirigidos a cuestionar su actuar, sino que se enfocaron en el señor Haudy
Samir Monterrosa4 (causal subjetiva) y, en segundo lugar, al verificar el expediente
ordinario se evidenció que estas entidades no fueron vinculadas al proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado y
el Tribunal Administrativo de Sucre vulneraron los derechos fundamentales al

4
Si bien la vinculación de estas entidades en los procesos de nulidad electoral no depende del tipo de causal que se
alegue, lo cierto es que la procedencia de su integración al proceso se debe estudiar a la luz de los postulados generales de
la legitimación en la causa, es decir, la vinculación depende en mayor o menor grado de la conexidad que tengan los
reproches o irregularidades advertidas en la demanda con las actuaciones que desplegó la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en el marco del proceso electoral.
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debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
participación política con las sentencias del 24 de octubre y 12 de junio de 2024,
en su orden, por medio de las cuales se declaró la nulidad de la elección del
señor Haudy Samir Monterrosa como concejal del municipio de Sincelejo, y si
incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, por la falta de valoración del manual de funciones en el que se
establece que el ejercicio de funciones por parte de los inspectores del trabajo
está supeditado a la asignación previa del superior y porque no se aplicó la regla
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de
2022.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo porque no
cumple el requisito de subsidiaridad, toda vez que para el momento de la
interposición de la demanda se encontraba en curso la solicitud de adición
formulada por la parte actora en el marco del precitado medio de control de
nulidad electoral.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
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5
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
6
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
7
el ordenamiento jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
8
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
9
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u

5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
7
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
8
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
9
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
8

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Demandante: Haudy Samir Monterrosa

omisiones de las partes en los procesos ordinarios”10.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Haudy Samir Monterrosa, quien actúa en nombre propio, señala que
la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre con
las sentencias del 24 de octubre y 12 de junio de 2024, en su orden, por medio de
las cuales se declaró la nulidad de su elección como concejal del municipio de
Sincelejo, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, igualdad y participación política.

A su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, por la falta de
valoración del manual de funciones en el que se establece que el ejercicio de
funciones por parte de los inspectores del trabajo está supeditado a la asignación
previa del superior y porque no se aplicó la regla jurisprudencial contenida en la
sentencia SU-207 de 2022.

5.2. Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de los
supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos casos
en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un mecanismo
judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de un
perjuicio irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como
mecanismo transitorio.

5.3. Precisado lo anterior, la Sala observa que la solicitud de amparo
constitucional promovida por el demandante es improcedente, en tanto para el
momento en que se presentó -19 de noviembre de 2024-, se encontraba en curso
una solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia dictada en el marco
del medio de control de nulidad electoral, en el que se accedió a la pretensión de
anulación de la elección del actor como concejal del municipio de Sincelejo.

En efecto, verificado el Sistema para la Gestión Judicial Samai11, se pudo constatar
que dentro de las actuaciones del medio de control de nulidad electoral con
radicado No. 70001-23-33-000-2023-00175-02, en el índice 45 se indica que el
actor presentó una solicitud de adición de la sentencia del 24 de octubre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuya fecha de radicación
fue el 14 de noviembre de 2024, en la que el ahora demandante hizo referencia a
la falta de aplicación de la regla prevista en la sentencia SU-207 de 2022 e insistió
en que no había ejercido funciones que conllevaran el ejercicio de autoridad
administrativa y civil.

Dicho en otros términos, la acción de tutela se promovió de manera paralela a la
presentación de la solicitud de adición de la sentencia, última que el juez natural
resolvió con posterioridad -25 de noviembre de 2024-, en el sentido de rechazarla
por extemporánea, lo que permite concluir que se desatendió el carácter residual y
subsidiario de este mecanismo de protección constitucional de derechos
fundamentales.

10
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=700012333000202300175021100103. Vista
por última vez el 19 de diciembre de 2024, 10:30 a.m.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06294-00
Demandante: Haudy Samir Monterrosa

Adicionalmente, contra la referida decisión que resolvió la solicitud de adición la
parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de súplica -índice 56 de
Samai, los cuales a la fecha no se han resuelto.

Ahora bien, aun cuando para el momento en el que se presentó la solicitud de
adición de la sentencia del 24 de octubre de 2024, dicha decisión se encontraba
ejecutoriada -15 de noviembre de 2024-, lo cierto es que esa constancia de
ejecutoria se expidió el 4 de diciembre de 2024 por la Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, es decir, con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela.

Así las cosas, en este caso concreto, la verificación objetiva del requisito de
subsidiariedad contra las providencias objetadas se debe realizar con los
elementos fácticos existentes para el momento de la presentación de la solicitud
de amparo. Para ese momento -19 de noviembre de 2024-, lo cierto era que se
encontraba en trámite la solicitud de adición de la sentencia y no se había
expedido la constancia de ejecutoria, de la que se puede colegir que era
manifiestamente extemporánea.

Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional
está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
12
resueltos al interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el
requisito de subsidiariedad para el momento en el que fue interpuesta, en tanto se
presentó paralelamente a la mencionada solicitud de adición, lo que desconoció su
carácter residual y subsidiario, por lo que no podía erigirse de manera simultánea
a los medios previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, por regla general no
se puede acudir a ella cuando el interesado ha acudido a otro medio de defensa
judicial ante el juez natural, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable.
13
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la
tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite
procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de
defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en
los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son
idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es
posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela,

12
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
13
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10

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Demandante: Haudy Samir Monterrosa

realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su
consideración”.

En el asunto bajo estudio, la Sala observa que el demandante no allegó prueba
alguna que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara su
procedencia como mecanismo transitorio.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DESVINCULAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Consejo Nacional Electoral del presente trámite constitucional, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Haudy Samir Monterrosa, quien actúa en nombre propio, contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Sucre, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente ACLARA VOTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

11

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