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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00813-03

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00813-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección demandado. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada por el demandante, conforme a las consideraciones de esta decisión. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00813-03

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de diciembre de 2024

Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo,
concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03
Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo, como concejal de Cartago (Valle
del Cauca), periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por la celebración de contratos prevista en el
numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a resolver los recursos de apelación, interpuestos por las partes, contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 17 de mayo
de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección demandada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Víctor Alfonso Pineda Amaya, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral del artículo 139 de la Ley 1437 del 2011,
presentó demanda, el 15 de noviembre del 2023, en la que solicitó la nulidad del
formulario E-26 CON del 4 de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual se
declaró la elección del señor Jimmy Hernández Trujillo como concejal de Cartago (Valle
del Cauca), para el periodo constitucional 2024-2027.

2. Adicionalmente, pretende que se declare la nulidad de los votos que obtuvo el
demandado, se informe a la Registraduría Nacional del Estado Civil de la providencia
definitiva para que cancele su credencial, se realice el escrutinio y la elección del nuevo
candidato según el artículo 288 numeral 2° de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Hechos

3. El demandante expuso los siguientes supuestos fácticos:

4. El señor Jimmy Hernández Trujillo se inscribió como candidato al Concejo de
Cartago (Valle del Cauca) con el aval del partido Nuevo Liberalismo, siendo elegido el
29 de octubre del 2023.

5. El accionado fue contratista del Instituto para la Investigación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, en adelante INCIVA, y su último
contrato lo celebró en febrero de 2023, por valor de $9.900.000, con una duración de 6

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Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
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meses, el cual se ejecutó en el municipio de Cartago, según las actividades del informe
de supervisión.

1.3. Concepto de la violación

6. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 275 numeral 5° de la Ley 1437 de 2011, por la configuración de
la inhabilidad prevista en el artículo 43 numeral 3° de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

7. Señaló que el señor Jimmy Hernández Trujillo desconoció su deber de no poder
ejecutar contratos de prestación de servicios, en interés propio dentro del año anterior a
la elección en la misma circunscripción.

8. Finalmente solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

9. Por autos del 20 de noviembre del 2023, el despacho conductor de primera instancia
admitió la demanda y corrió traslado de la petición cautelar. Luego, mediante
providencia del 13 de diciembre del mismo año, decretó la suspensión del acto
cuestionado, decisión frente a la cual se presentó el recurso de apelación.

10. El tribunal rechazó por extemporánea la impugnación por medio de auto del 29 de
enero de 2024, decisión frente a la cual se interpusieron los recursos de reposición y
queja, esta última resuelta por esta corporación el 19 de marzo del año en curso,
encontrando bien rechazada la alzada.

11. La Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la demanda y propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

12. Mediante apoderado judicial, el demandado se pronunció y expuso como
argumento defensivo central, que el contrato de apoyo a la gestión suscrito con el
INCIVA se ejecutó hasta el 28 de abril de 2023 de manera virtual en la ciudad Cali y no
en el municipio de Cartago donde fue elegido concejal.

13. Además, que actuó de buena fe y que dicho negocio jurídico no tuvo la capacidad ni
dimensión de darle una ventaja competitiva respecto de los demás en asuntos
electorales, pues se surtió por convocatoria pública y el emolumento económico
devengado a duras penas le permitió acceder a los mínimos recursos para alimentarse
él y su núcleo familiar.

14. Por auto del 1° de febrero de 2024, se admitieron como coadyuvantes a los señores
Alejandro González Bastidas, Diego Fernando Triana Moncada y Carlos Arturo
González Cardona.

15. El tribunal celebró la audiencia inicial el 12 de febrero de 2024, en esta diligencia se
tomaron las siguientes determinaciones: i) se admitió la coadyuvancia del señor Jairo
Andrés Macías Sánchez; ii) se declararon no probadas las excepciones de inepta
demanda y la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la
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Registraduría Nacional del Estado Civil, iii) se fijó el litigio1, iv) se decretaron las
pruebas documentales, la declaración del señor Hernández Trujillo y se denegaron las
solicitadas, mediante oficio por la parte pasiva2, y; v) se agendó la audiencia de
pruebas.

16. El 22 de marzo de 2024 se recibió la declaración del demandado y se corrió
traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que, si a bien lo tenía, conceptuara.

17. El demandante alegó de conclusión e insistió en que el señor Jimmy Hernández
Trujillo se encontraba inhabilitado para ser elegido concejal, al haber suscrito un
contrato dentro del año anterior a las elecciones con el INCIVA y haberlo ejecutado en
el municipio donde aspiraba ocupar el cargo; además, que debe declararse la nulidad
de los votos que obtuvo, puesto que no hacerlo, beneficiaría al partido Nuevo
Liberalismo por dicha ilegalidad consentida por este, lo que atentaría contra el principio
pro electoratem.

18. Por su parte, el apoderado del demandado, en su escrito de cierre, refirió que con
el contrato de apoyo a la gestión suscrito no se puede afirmar que se pudo afectar la
voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y utilizar la cosa
pública para desequilibrar el debate electoral, sino por el contrario, fue una actividad
inane que cumplió con el único fin de permitirle su subsistencia.

19. Adicionalmente, expuso que dicho acuerdo contractual no fue ejecutado en el
municipio de Cartago, donde tampoco tiene presencia la entidad contratante.

20. Al mismo tiempo, en un escrito aparte, presentó solicitud de nulidad por la presunta
vulneración al debido proceso, al considerar que el informe de supervisión aportado con
la demanda se allegó irregularmente y posiblemente incurriendo en delitos, ello en
razón a que el INCIVA informó en respuesta de marzo de 2024 que no se había
realizado la petición formal de esta documentación, la cual se encuentra salvaguardada
para todos los contratistas de la entidad en concepto de la ley de archivo (Ley 594 del
2000) y protección de datos personales (Ley 1581 del 2012), por lo tanto estimó que es
una prueba inconstitucional.

21. El Ministerio Público consideró que debía declararse la nulidad de la elección del
demandado, puesto que, a su juicio, desconoció el régimen de inhabilidades al suscribir
un contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión con una entidad pública
que tiene incidencia en la respectiva jurisdicción en el año inmediatamente anterior a
los comicios, habiéndose ejecutado parte de sus actividades en la entidad territorial.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. Mediante providencia del 17 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la nulidad del acto demandado, al estimar que se encontraba incurso
1
¿Se encontraba el señor Jimmy Hernández Trujillo incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 como candidato al concejo municipal de Cartago, Valle del Cauca para el periodo constitucional 2024-2027 por
haber celebrado contratos en interés propio con una entidad pública contratos cuyo objeto se cumplió en el Departamento del Valle
del Cauca dentro del año anterior a su elección?
¿Hay lugar a declarar la nulidad del acta de escrutinio E26 CON, de noviembre 4 de 2023 emanada de la Registraduría Nacional del
Estado Civil por la cual se declaró la elección del demandado como concejal del municipio de Cartago para el período 2024-2027?
2
Frente a esta decisión se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente por la Sección Quinta mediante
auto del 7 de marzo de 2024.
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en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994 al momento de la elección. Así mismo, ordenó la cancelación de su credencial en
los términos del numeral 3° del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.

23. En una cuestión previa resolvió rechazar de plano la solicitud de nulidad elevada
por el apoderado del señor Hernández Trujillo, pues consideró que no era la
oportunidad para controvertir el informe de supervisión aportado con la demanda, que,
además de ser un documento público que no goza de reserva, no fue cuestionado en
su autenticidad o legalidad al contestar la demanda ni en el interrogatorio que se le hizo
al demandado en la audiencia de pruebas.

24. Superado lo anterior, encontró acreditado que el accionado suscribió el contrato de
prestación de servicios 040.10.05.23.232 del 14 febrero de 2023 con el Instituto para la
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca,
establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de Cultura y
Turismo de ese ente territorial, dentro al año anterior a la elección, cuyo objeto era
realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la
comunidad en los 42 municipios del departamento, lo que quiere decir que se ejecutaría
en el municipio de Cartago.

25. Frente al elemento territorial, agregó que el demandado, en la declaración de parte
rendida en la audiencia de pruebas del 22 de marzo de 2024, aceptó que algunas de
las actividades del contrato las desarrolló en el municipio donde resultó elegido
concejal.

26. Finalmente, se detuvo a analizar el que denominó el elemento subjetivo bajo los
derroteros de la sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, trascribiendo
apartes de algunos informes de gestión y concluyó:

[S]e evidencia que, el accionado tuvo contacto directo con la comunidad del municipio de
Cartago durante los meses de febrero y marzo del año 2023, al probarse que realizó
actividades de educación ambiental, en reuniones, charlas, campañas de recolección y
limpieza de parques, realizó huertas comunitarias, lo que le permitió involucrarse con la
comunidad y tener incidencia en el territorio por la prestación de servicio, al socializar con la
junta de acción comunal del Barrio el Samán y [el] comité Vamos al Parque, en actividades
de cívico sociales.

27. Por lo tanto, estimó que el desarrollo del contrato le permitía al demandado tener
influencia potencial en la comunidad y los electores del municipio de Cartago y, con
ello, desequilibrar la igualdad de oportunidades de los aspirantes al concejo municipal
2024-2027.

28. Luego, el Concejo de Cartago solicitó aclaración de la sentencia, al considerar que
no hubo pronunciamiento sobre la pretensión consecuencial de la nulidad de los votos
obtenidos por el demandado, aspecto que consideró necesario para realizar las
actuaciones que en derecho correspondan.

29. La anterior petición fue negada por el tribunal mediante auto del 5 de junio de 2024,
al indicar que de conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso, no
advertía ningún concepto o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, en todo
caso, que la nulidad decretada fue únicamente de la elección del señor Jimmy
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Hernández Trujillo como concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca) por una
causal de índole subjetiva.

1.6. Recursos de apelación

1.6.1. Demandante

30. El señor Víctor Alfonso Pineda Amaya apeló la anterior providencia y expuso como
motivo de inconformidad que el tribunal no atendió la totalidad de las pretensiones
planteadas en su demanda, específicamente la nulidad de los votos que obtuvo el
demandado con el consecuente nuevo escrutinio y elección, en los términos del artículo
288 numeral 2° de la Ley 1437 de 2011, esto es, según el nuevo residuo de todas las
listas al concejo.

31. Adujo que la incursión en una inhabilidad es un acto de corrupción del cual no
puede sacar provecho el partido político que avaló al candidato, por lo tanto, el alcance
de la declaratoria de nulidad de una elección debe cobijar también los votos que lo
beneficiaron.

32. Señaló que la aplicación del principio pro electoratem conduce no solamente a
castigar al candidato por la ilegalidad de su elección, sino al partido que consintió una
inscripción en su lista de una persona claramente inhabilitada para ser elegida
popularmente para el Concejo Municipal de Cartago; que el partido Nuevo Liberalismo
no debe ni puede beneficiarse de los votos que en estas condiciones fueron dirigidos a
favor del candidato Jimmy Hernández.

33. Finalmente, solicitó que se expida una sentencia de unificación, puesto que se
aborda un tema relacionado con la transparencia, efectividad y seguridad del proceso
electoral, por lo que se debe unificar jurisprudencia en torno a los siguientes aspectos:

i) Sentido y alcance de la expresión «Declárase la nulidad parcial del acta de escrutinio
E26-CON de noviembre 4 de 2023, emanada de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, que declaró la elección del señor xxxxxx» (sic); cuando la elección ha
sido el producto de una inhabilidad.
ii) Que en razón a la inhabilidad se presentó una incidencia efectiva en el nivel territorial
correspondiente examinando, durante el proceso previo electoral.
iii) Que con el contrato y la inhabilidad derivada de la celebración y/o ejecución del
contrato se haya generado el desequilibrio entre los candidatos al concejo del
respectivo municipio aislada del contenido de la inhabilidad.
iv) Si el partido o movimiento político se puede beneficiar de los votos de uno de sus
candidatos a quien la justicia le ha anulado los votos por estar inmerso en una causal
de inhabilidad electoral, por causa de la celebración o ejecución de un contrato que
generó desequilibrio entre todos los demás candidatos.

1.6.2. Demandado

34. El apoderado del señor Jimmy Hernández Trujillo recurrió la sentencia de primera
instancia y planteó los siguientes reproches frente a esta:

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Aspectos probatorios- presunta vulneración al debido proceso

35. El tribunal valoró el informe de supervisión o interventoría del contrato aportado con
la demanda, el cual considera que no fue conseguido en debida forma y por ende se
trata de una prueba inconstitucional.

36. Esto porque contiene información salvaguardada para todos los contratistas de la
entidad en concepto de la ley de archivo (Ley 594 del 2000) y protección de datos
personales (Ley 1581 del 2012), por lo que su obtención por parte de un tercero sin una
orden judicial o solicitud formal de algún ente de control viola los derechos a la intimidad
y al debido proceso.

37. Otro aspecto reprochado es que el a-quo utilizó, para resolver la demanda,
información que se encontraba en el aplicativo Sistema Integral de Auditoria (SIA)3 y en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)4, que no fue aportada por
los demandantes ni integrada en debida forma al expediente, por lo que no podía ser
traída como si se tratara de hechos notorios, pues ello desconoce que se trata de
documentación que guarda confidencialidad y reserva por contener datos personales
del contratista.

Elemento territorial

38. Aduce que, excluido el informe de supervisión, el acuerdo de voluntades establece
claramente que el lugar de ejecución y domicilio es la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

39. Luego, expuso que el contrato de prestación de servicios 040.10.05.23.232 del 14
de febrero de 2023, suscrito por el demandado con el INCIVA, según su objeto, no se
ejecutó en cada uno de los municipios que integran el departamento del Valle del
Cauca; además, el aplicativo SECOP II refiere que la ejecución se da en la dirección
Av. Roosevelt # 24 – 80 de Cali.

40. Expuso que fue contratado en Cali para apoyar la gestión ambiental del INCIVA en
el departamento del Valle del Cauca, razón por la cual estuvo en los municipios de
Toro, Buga y donde le enviaran a desarrollar el acompañamiento. Lo que evidencia que
la ejecución no se dio en Cartago como lugar inhabilitante, donde tampoco tiene
presencia la entidad, cuyo domicilio es la capital del departamento.

Alcance del contrato celebrado, sentencia SU-207 de 2022

41. Estimó que el negocio jurídico que sustenta la demanda no tiene la entidad
suficiente para afirmar que se pudo afectar la voluntad democrática, producir
desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa pública para desequilibrar
el debate electoral, sino por el contrario, fue una actividad inane que cumplió con el
único fin de permitirle su subsistencia.

42. Frente a este punto planteó las siguientes premisas:

3
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8006037
4
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3999613&isFromPublicArea=True&isModal=False
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• El señor Jimmy Hernández Trujillo tiene 37 años, es bachiller, por lo que su
conocimiento de los temas jurídicos en controversia, son básicos o nulos.
• Se dedicaba con anterioridad a trabajar en el granero San Martín, como cotero.
• La actividad se desarrolló principalmente de manera virtual, por lo que es improbable
que tuviera capacidad de repercusión en la ciudadanía.
• El contrato tuvo una ejecución de tan solo 69 días, esto es, entre el 18 de febrero y el
28 de abril de 2023, de un universo prohibitivo de 365 días.
• El ingreso percibido por la actividad ascendía a tan solo $1.650.000, lo que indica
que no permite en sí, instrumentalizar a la administración pública con fines
electorales, ni demostrar capacidad de gestión.
• Su contacto con entidades, personas, sujetos y demás estuvo enfocada a
concientizar a niños de 1° a 5° de primaria, los que, de contera, no votan.
• Llegó a trabajar al INCIVA como uno más de los 1080 gestores ambientales que se
integraron a dicha entidad.
• Ante rumores de que podría inhabilitarse por el contrato de prestación de servicios,
renunció a la ejecución del mismo.
• De su propio dicho, no era posible que se beneficiara políticamente de la actividad
contractual para su campaña política.
• La ciudad de Cartago tiene una población de más de 134.000 personas, de las
cuales, conforme al censo electoral, más de 108.000, por lo que la incidencia
eventual que tiene un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
suscrita por un bachiller, resulta inane y hasta risible.
• Es un municipio con 7 comunas en los que confluyen 258 barrios, y 20
corregimientos, con 43 instituciones educativas, de las cuales se le imputa haber
estado unos días en el barrio el samán y en uno de los colegios.

43. Trajo a colación la sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, para
indicar que la inhabilidad deprecada no procede de manera objetiva, que debe
ponderarse y estudiarse la injerencia en la contienda electoral, observando los
principios de presunción de legalidad de las actuaciones, pro homine, la eficacia del
voto y la buena fe.

44. Consideró paradójico que en el proceso de nulidad electoral con el radicado 76001-
23-33-001-2023-00806-00 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la
sentencia del 4 de marzo de 2024 en la que negó las pretensiones de la demanda en
contra de la elección de la señora María Aydee Cortés Serna como concejal de
Cartago, quien desarrollaba la misma actividad del señor Jimmy Hernández Trujillo,
bajo el argumento de que la vinculación se dio antes del periodo inhabilitante, esto es,
22 de octubre de 2022, y que al lograr que se le mantuviera vinculada de forma
permanente sin solución de continuidad, ella sí podía desarrollar la actividad contractual
pero el demandado no, por haber iniciado su contrato en el mes de febrero de 2023.

45. Posteriormente, hace alusión a que el demandado obtuvo 940 votos, siendo el
catorceavo concejal más votado en las elecciones pasadas; además, el partido Nuevo
Liberalismo consiguió 2 curules, por lo que se privaría a la colectividad del 50% de su
participación, en ese orden, solicitó el levantamiento de la medida cautelar.

46. Finalmente, pidió el decreto de pruebas en segunda instancia, a saber: i)
certificación del INCIVA sobre las vinculaciones que realizó en el mes de febrero de
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2023, mediante contratos como el suscrito por el demandado; ii) certificación del
aplicativo SECOP II sobre el municipio de ejecución de esos acuerdos de voluntades y,
iii) un peritaje sobre las funciones ejercidas por el señor Hernández Trujillo que tengan
la entidad suficiente para desequilibrar el debate electoral.

47. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto del 19 de junio de 2024,
aclarado en decisión del 22 de agosto del mismo año5, concedió los recursos de
apelación interpuestos.

1.7. Actuaciones en segunda instancia

48. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
25 de octubre de 20246, negó el decreto de las pruebas solicitadas en el recurso de
apelación del demandado, admitió la impugnación y corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegaciones finales. Se allegaron los siguientes escritos:

49. El apoderado de los coadyuvantes Alejandro González Bastidas y Diego
Fernando Triana Moncada7, alegó de conclusión, en su escrito solicitó la confirmación
de la sentencia de primera instancia, pues se encuentran acreditados los presupuestos
de la inhabilidad invocada en la demanda. En cuanto al elemento territorial, explicó que,
si bien la entidad contratante tiene su domicilio en la ciudad de Cali, la ejecución del
objeto contractual se desarrolló en el municipio de Cartago.

50. Agregó que no es procedente declarar la nulidad de los votos, pues esto afectaría
gravemente la voluntad popular expresada en las urnas y castigaría a los electores por
una situación de la cual no son responsables, por lo que debe tenerse en cuenta que
las inhabilidades buscan castigar es a los candidatos y no al partido o movimiento
político.

51. Por su parte, el apoderado del demandado8 reiteró los planteamientos que expuso
en su apelación y se detuvo puntualmente en 4 aspectos: i) frente al elemento territorial
estimó que debe considerarse que el cumplimiento y ejecución se hace en el nivel
departamental y con un domicilio contractual específico que es Cali; ii) que no cualquier
contrato genera inhabilidad; iii) que hubo vulneración al debido proceso y iv) que la
culpabilidad debe preponderar en el estudio de los asuntos electorales como en la
pérdida de investidura

52. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado9, en su concepto,
consideró que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pues encontró
acreditado que el señor Jimmy Hernández Trujillo incurrió en la inhabilidad prevista en
el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

53. En primer lugar, indicó que no existió violación al debido proceso, por cuanto: (i) los
informes de supervisión de los contratos estatales son públicos y no pertenecen a la
órbita íntima del contratista, son documentos que deben cargarse en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y, (ii) las eventuales irregularidades
5
En razón a que, una vez repartido el proceso a esta Corporación, se advirtió la falta de ejecutoria de la decisión que concedía el
recurso del demandante, puesto que se había omitido resolver una solicitud de corrección y conceder el del demandado.
6
Índice 21 de Samai.
7
Índices 25 y 29 de Samai.
8
Índice 27 de Samai.
9
Índice 30 de Samai.
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sobre la ilegalidad de las pruebas no se alegó dentro de las etapas correspondientes, ni
en la audiencia inicial ni en la de pruebas, pese a que le fueron puestas de presente al
extremo demandado en el interrogatorio de parte.

54. Luego expuso que, en el marco del contrato 040.10.05.23.232 del 14 de febrero de
2023, el accionado tuvo como objeto actividades de apoyo operativo, con divulgación
del proyecto de implementación de acciones de educación ambiental dentro del
programa de gestores ambientales 2021-2023, en el departamento del Valle del Cauca,
las cuales se desarrollaron en la institución educativa María Auxiliadora, con la junta de
acción comunal del barrio el Samán y el comité al parque, en el municipio de Cartago.

55. Por lo que colige que el demandado tuvo contacto directo con la comunidad del
territorio donde fue elegido concejal, al acreditarse que realizó actividades de educación
ambiental, en reuniones, charlas, campañas de recolección, limpieza de parques y
huertas comunitarias.

56. Posteriormente, descartó la aplicación de los parámetros de la sentencia de la Corte
Constitucional SU-207 de 2022, por no encuadrar en la inhabilidad estudiada en esa
oportunidad, pues si bien el elegido es un concejal, no se trata del reproche sobre
ejercicio de autoridad y, menos, respecto del parentesco con un funcionario del orden
departamental.

57. Frente a los argumentos del recurso del demandante, estimó que los únicos efectos
de la anulación de su elección son los previstos en el numeral 3° del artículo 288 de la
Ley 1437 de 2011, con lo que se descarta la anulación de los votos obtenidos como lo
pretende el recurrente.

58. Finalmente, considera innecesaria la unificación de jurisprudencia, puesto que la
fundamentación del recurrente no aborda con suficiencia los criterios de importancia
jurídica, trascendencia social o económica, como tampoco, involucra disposiciones
normativas encontradas o análisis interpretativos contradictorios que impidan una
valoración homogénea de la inhabilidad estudiada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

59. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15010 y
152.7.a)11 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

60. Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de mayo de 2024,

10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)»
11
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
(…)»
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Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo,
concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Jimmy Hernández Trujillo
como concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo constitucional 2024-2027, para lo
cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

i. ¿Se configura el elemento territorial de la inhabilidad por la celebración de
contratos prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, relativo al lugar en que debía ejecutarse el
contrato celebrado entre el demandado y el INCIVA?

ii. ¿Resultan aplicables los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional a este caso donde se invocó la inhabilidad prevista en el numeral 3°
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994?

iii. ¿Se debe declarar la nulidad de los votos del candidato que incurra en una
inhabilidad y se declare la nulidad de su elección por la causal del numeral 5° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011?

61. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular12

62. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.13

63. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública14. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de
privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda
electoral»15.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
13
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
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concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

64. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»16. Así mismo,
en la realización del principio democrático17 esta Sala ha reconocido que estos
regímenes tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en
las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones
personales de los aspirantes»18. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos19.

65. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 20, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

66. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:

ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
136 de 1994 quedará así:

Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital:

(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito... (Se destaca)

67. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
19
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, y iii) la referida a haberse
desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado.

68. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, en
interés propio o de terceros, procede la sala, seguidamente, a estudiar los elementos de
la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.

69. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente al respecto:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de
sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato
aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros
proponentes21.

70. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:

[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de
recursos públicos para desfigurar los procesos electorales22.

71. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el
contrato, esto es, el mismo municipio o distrito en que el candidato aspira a ser
concejal; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el
interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal23.

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
23
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
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72. En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la Sección en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no
configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas actividades se ubican
por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas normas, es decir, con
posterioridad a su celebración24.

73. Sumado a lo anterior, en punto al elemento subjetivo, se ha reconocido la
posibilidad de que la celebración de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en
este último caso, para que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero
frente a quienes logra probarse la intervención en la contratación en virtud de una
simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación o representación 25.

74. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.

2.5. Caso concreto

75. Se procederá a resolver en primer lugar los reparos del apoderado del demandado
y, posteriormente, los del demandante, así:

2.5.1. Aspectos probatorios -presunta vulneración al debido proceso-

76. El accionado consideró que el tribunal valoró el informe de supervisión o
interventoría del contrato aportado con la demanda, el cual adujo que no fue
conseguido en debida forma y por ende se trata de una prueba inconstitucional.

77. Esto porque contiene información salvaguardada para todos los contratistas de la
entidad en concepto de la ley de archivo (Ley 594 del 2000) y protección de datos
personales (Ley 1581 del 2012), por lo que su obtención por parte de un tercero sin una
orden judicial o solicitud formal de algún ente de control viola los derechos a la intimidad
y al debido proceso.

78. Revisado el trámite de primera instancia, se advierte que este asunto fue resuelto
en la decisión impugnada, que rechazó de plano una solicitud de nulidad presentada
por el mismo apoderado, pues el tribunal consideró que no era la oportunidad
probatoria para controvertir el informe de supervisión aportado con el escrito inicial, que
además de ser un documento público que no goza de reserva, no fue cuestionado en
su autenticidad o legalidad al contestar la demanda ni en el interrogatorio que se le hizo
al demandado en la audiencia de pruebas.

79. La sala comparte el criterio planteado en la sentencia apelada, pues se trata de un
documento que se aportó como anexo desde la presentación de la demanda26, que
contiene: i) un informe de supervisión-interventoría del 28 de febrero de 2023 del
contrato 040.10.05.23.232 del 14 de febrero del mismo año, celebrado entre el
demandado e INCIVA; ii) un informe de la misma fecha de actividades ejecutadas por el

24
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre
de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de
2009, Rad. 2007-00966-02.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417. Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
26
Ver el documento PDF “INFORME INTERVENTORIA JIMMY” que se encuentra en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI
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contratista y iii) bitácoras de educación ambiental también de febrero de 2023, todos
suscritos por el señor Jimmy Hernández Trujillo.

80. Frente a esta probanza se surtió el siguiente trámite: i) una vez se corrió el traslado
al demandado de la admisión, su apoderado no se opuso a la incorporación de esta, ni
presentó solicitudes de tacha o desconocimiento en los términos del estatuto procesal;
ii) luego, en la audiencia inicial del 12 de febrero de 202427, se dispuso tener como
pruebas, entre otras, el informe de interventoría aportado por la parte demandante, sin
que se haya realizado cuestionamiento alguno y; iii) en la declaración del demandado
llevada a cabo en la audiencia de pruebas del 22 de marzo de 202428, se le puso de
presente este informe y se refirió a lo allí plasmado sin oponerse a su autenticidad.

81. Además, de conformidad con el principio de transparencia que rige las actuaciones
dentro de los procedimientos contractuales que adelantan las entidades públicas
(artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993), estas tienen el deber de publicar todos los
documentos que se derivan de la actividad contractual, incluidos los informes de
supervisión (artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y
parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007), por lo que es un documento
público que no está sometido a reserva y, por ende, su aportación no vulnera los
derechos fundamentales del demandado.

82. Otro aspecto reprochado es que el a-quo utilizó para resolver la demanda,
información que se encontraba en el aplicativo Sistema Integral de Auditoria (SIA) 29 y
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)30, que no fue aportada
por los demandantes ni integrada en debida forma al expediente.

83. Al respecto, revisado el fallo, se encuentra que cuando el tribunal se refirió a la
consulta del enlace del Sistema Integral de Auditoria (SIA), advirtió que lo hacía para
verificar el material probatorio aportado y solo hace alusión al contrato de prestación de
servicios que también fue allegado como anexo de la demanda.

84. Ahora bien, cuando cita el enlace del Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP), lo hace para referirse a los informes de supervisión de los meses de
febrero y marzo de 2023, siendo que al expediente solo se aportó el de la primera
mensualidad y no se suministró el enlace para acceder a la plataforma, con el ánimo de
preservar las garantías del debido proceso, defensa y contradicción probatoria, la sala
valorará las pruebas que obran en el expediente.

2.5.2. Ejecución del contrato en el municipio de Cartago

85. El apoderado del demandado concreta uno de sus reproches en señalar que la
ejecución del acuerdo de voluntades celebrado por el señor Hernández Trujillo con el
INCIVA no fue en el municipio de Cartago donde resultó elegido concejal.

27
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/2dfacb37-1ac6-48ca-b5ae-940809635b0d?vcpubtoken=04bfd36a-281e-4096-abea-
8810dd7c8d59
28
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/4d74eb5f-92dc-471b-b58a-b4eab3fa4a22?vcpubtoken=a36ec44a-2c3f-4966-b9a5-
2b6a1b36c52d
29
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8006037
30
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3999613&isFromPublicArea=True&isModal=False
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86. Al respecto, el objeto del contrato 040.10.05.23.232 del 14 de febrero de 202331
suscrito entre el señor Jimmy Hernández Trujillo y el Instituto para la Investigación y la
Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, era el siguiente:

Contratar una prestación de servicios de manera independiente, con una persona natural,
bachiller sin experiencia, mediante la modalidad de apoyo a la gestión, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA para realizar las actividades requeridas por el
área de mercadeo y divulgación para prestar los servicios de apoyo operativo en el proyecto
de implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores
ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.

87. Ahora, si bien el domicilio contractual es la ciudad de Cali, no puede entenderse
como la estipulación que pactaran las partes para su ejecución, dado que ello se deriva
de los compromisos que se adquieren con la celebración del acuerdo de voluntades y
que cobija su objeto, a los cuales se debe recurrir para establecer el elemento territorial.

88. Para ello, se advierte dentro del cuerpo del negocio jurídico lo siguiente:

89. Además, resulta preciso trascribir las obligaciones específicas del contratista:

1. Participar y brindar apoyo en dos reuniones mensuales de planeación, logística,
administración, seguimiento y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión
ambiental realizadas por el Coordinador de zona.
2. Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización
o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y
competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que
realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores
involucrados en la gestión ambiental del departamento.
3. Hacer articulación con actores públicos, privados, académicos y/o de la sociedad civil
para cumplir el propósito del proyecto.
4. Realizar 12 socializaciones mensuales a través de las fichas metodológicas ambientales
y guiones, según los ejes temáticos ambientales definidos; socializaciones que serán
soportadas en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas
de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.
5. Realizar 2 eco retos con los grupos de población atendidos en los procesos de
socializaciones de las fichas metodológicas que serán soportadas en las bitácoras de
educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega
de informe de actividades.
6. Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de mínimo tres (3) campañas
ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en
compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección
del coordinador operativo y/o coordinador técnico como: siembras, peajes, ciclovía,
ecoparques, diplomados, entre otros, (donde se podrán utilizar las guías ambientales
suministradas por el equipo ambiental) por cada entrega de informe de actividades.
7. Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas
de Valle del Cauca en el desarrollo de actividades ambientales (donde se podrán
utilizar las guías ambientales) según el cronograma de trabajo y cuando se requiera, por
cada entrega de informe de actividades.
8. Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y
reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados.

31
Ver el documento PDF “CONTRATO JIMMY” que se encuentra en el expediente digital en el índice 3 de SAMAI.
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9. Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados
dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del
proyecto a través de las redes sociales.
10. Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato.

90. De las anteriores actividades, se advierte que el señor Jimmy Hernández Trujillo, en
su calidad de contratista-gestor ambiental, debía realizar presencia en el territorio, entre
otras, a través de socializaciones o charlas con los grupos de la población sobre
educación ambiental y campañas ambientales con las comunidades e instituciones.

91. En ese orden, el demandado podía ejecutar sus actividades en los 42 municipios
que integran el departamento del Valle del Cauca, según le fuera indicado por el
coordinador de zona, entre ellos, Cartago, donde fue elegido concejal, lo que está
suficientemente probado que ocurrió, en este caso, con las pruebas que se enuncian a
continuación:

• La declaración que rindió el señor Hernández Trujillo 32, donde aceptó que parte de
las actividades que desarrolló en el año 2023 en razón del contrato con INCIVA,
fueron ejecutadas en el municipio donde fue elegido concejal, de la cual se trascriben
algunos apartes relevantes:

minuto 28:33 […] Preguntado: ¿en qué municipios estuvo usted en la ejecución de ese
contrato? Contestado: En Toro, Alcalá, Ansermanuevo, Buga, Cali y Cartago […]

minuto 55:28 […] Preguntado: ¿por qué razón las actividades desarrolladas en otros
municipios no aparecen en el informe de interventoría y si las de Cartago? Contestado:
Porque precisamente ese mes solo se realizó ahí en esa zona, pues igual el contrato yo lo
ejecuté por 3 meses, no recuerdo en el del mes de febrero que ciudad visité aparte de
Cartago […]

minuto 56:30 […] Preguntado: En el informe de interventoría habla de reuniones con el
presidente de la junta de acción comunal y el comité Vamos al Parque en el Eco Parque
del barrio El Samán, ¿A qué ciudad se refiere ese comité Vamos al Parque? Contestado:
a Cartago […]

minuto 57:05 […] Preguntado: ¿En qué municipio está la institución educativa María
Auxliadora? Contestado: en Cartago […]

• El informe de supervisión-interventoría que se aportó con la demanda y que tiene
fecha del 28 de febrero de 2023 del cual se destacan las siguientes actividades
realizada en la Institución Educativa María Auxiliadora y el Eco Parque de la Salud
del barrio el Samán, ambos ubicados en el municipio de Cartago conforme a la
anterior declaración:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo,
concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

92. Así las cosas, está claramente demostrado el elemento territorial de la inhabilidad
por la celebración de contratos prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, puesto que el acuerdo de voluntades se ejecutó en el municipio de Cartago,
sin que se hayan cuestionado los demás aspectos de esta causal de inelegibilidad.

93. Por lo tanto, no prospera este reparo de la apelación.

2.5.3. Aplicación de los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022

94. El apoderado del demandado estimó que el negocio jurídico que sustenta la
demanda no tiene la entidad suficiente para afirmar que se pudo afectar la voluntad
democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa
pública para desequilibrar el debate electoral, sino por el contrario, fue una actividad
inane que cumplió con el único fin de permitirle su subsistencia.

95. Trajo a colación la sentencia SU 207 de 2022 de la Corte Constitucional, para
indicar que la inhabilidad deprecada no procede de manera objetiva, que debe
ponderarse y estudiarse la injerencia en la contienda electoral, observando los
principios de presunción de legalidad de las actuaciones, pro homine, la eficacia del
voto y la buena fe.

96. Al respecto, para resolver este reproche, resulta preciso señalar que la sala33 ha
tenido la oportunidad de referirse al alcance de la sentencia SU-207 de 2022 y,
específicamente, ante qué causal de inhabilidad resulta aplicable, así:

«59. La regla de decisión definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de
2022, se dio en el marco del análisis de la inhabilidad dispuesta en el numeral 4º del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ya
que la hermana del demandado en el curso del medio de control de nulidad electoral, ejercía

33
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 12 de septiembre de 2024, Radicación:
05001-23-33-000-2023-01258-02. También ver providencias del 18 de julio y 1° de agosto de 2024, proferidas por la sala en los
radicados 76001-23-33-000-2023-00886-01 y 05001-23-33-000-2023-01157-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil y Gloria María
Gómez Montoya, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo,
concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

como autoridad administrativa y desarrollaba sus funciones como secretaria general de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca y por lo tanto, lo hacía en el municipio de
Santiago de Cali en el cual aquél fue elegido concejal. […]

61. La regla de decisión se concretó en que cuando deba determinarse la
configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal elegido por su parentesco
con uno departamental, la autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria
concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone
un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad
administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores. En este orden, no
es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales
sobre la naturaleza de la entidad. […]

87. De conformidad con lo anterior, se precisa que el análisis fáctico de la sentencia de
unificación que sustenta la excepción propuesta por el demandado, radica en la
causal de inhabilidad descrita en el numeral 4° del artículo 43 la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la ley 617 del 2000». [resaltado de la sala]

97. Conforme a este antecedente, como la causal de inhabilidad que se predicó en la
demanda es la prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, no se
reúnen las condiciones para aplicar la providencia invocada en la impugnación.

98. Esto porque a dicha sentencia de unificación se ha recurrido cuando se quiere
verificar la probabilidad real de ejercicio de autoridad administrativa de un funcionario
del orden departamental que tiene vínculo de parentesco en el grado previsto en la ley,
con un candidato a un empleo en un municipio de dicho departamento34; por lo tanto, no
prospera este cargo de la apelación.

99. En el mismo sentido, no resultó acertado que el tribunal acudiera a los criterios allí
plasmados para entender concretada la causal de inelegibilidad.

100. Sumado a lo anterior, resulta irrelevante para este caso la incidencia en el
certamen electoral en los términos propuestos por el recurrente, pues de conformidad
con el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011, es claro que este análisis solo es aplicable
a eventos en los que se cuestionan irregularidades en los escrutinios y no en asuntos
como el presente, en los cuales se enrostra la configuración de una causal de
inhabilidad subjetiva en contra del demandado, la cual es de naturaleza preventiva35.

2.5.4. Características del contrato

101. El demandado adujo que no todo contrato genera inhabilidad y que, en este
caso, entre otras razones, el negocio jurídico tuvo ejecución de solo 69 días, el ingreso
percibido se pactó en tan solo $1.650.000, renunció al desarrollo del mismo ante
rumores de que podría inhabilitarse y lo desarrolló principalmente virtual, en suma,
considera que fue una actividad inane que cumplió con el único fin de permitirle su
subsistencia.

102. Frente a ello, la sala pone de presente que no se trata de elementos o requisitos
para la configuración de la causal de inelegibilidad por la celebración de contratos,
como lo pretende hacer ver la parte demandada, basta con que el acuerdo de
34
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Gloria María Gómez Montoya,
sentencia del 24 de octubre de 2024, Radicación: 70001-23-33-000-2023-00175-02.
35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1 de diciembre de 2022, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 76001-23-33-
000-2019-01126-01.
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Demandante: Víctor Alfonso Pineda Amaya
Demandado: Jimmy Hernández Trujillo,
concejal de Cartago (Valle del Cauca), periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

voluntades se haya celebrado dentro del periodo inhabilitante, independientemente de
su duración, cuantía o renuncia a terminar su ejecución.

103. Por lo tanto, no prospera este argumento de la apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.

104. Tampoco resulta pertinente equipar el caso del señor Jimmy Hernández Trujillo
con el resuelto en el proceso de nulidad electoral contra de la elección de la señora
María Aydee Cortés Serna como concejal de Cartago con el radicado 76001-23-33-001-
2023-00806-00 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues como bien lo
señala el mismo recurrente, el acuerdo de voluntades que sustentó esa demanda fue
celebrado por fuera del periodo inhabilitante el 22 de octubre de 2022, mientras que en
este asunto, el contrato se suscribió el 14 de febrero de 2023, esto es, dentro del año
anterior a las elecciones.

105. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, en lo que
hace a la declaratoria de nulidad de la elección demandada.

2.5.5. Consecuencias de la sentencia de anulación, artículo 288 de la Ley 1437 de
2011

106. Reprocha el demandante que el tribunal dejó de resolver la totalidad de las
pretensiones planteadas en su demanda, específicamente la nulidad de los votos que
obtuvo el demandado con el consecuente nuevo escrutinio y elección en los términos
del artículo 288 numeral 2° de la Ley 1437 de 2011, esto es, según el nuevo residuo de
todas las listas al concejo.

107. Al respecto, resulta preciso traer el tenor literal del artículo 288 de la Ley 1437 de
2011, a saber:

Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen
la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:

(…) 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la
nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva
credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

4. Cuando la nulidad del acto de elección sea declarada con fundamento en la causal 6 del
artículo 275 de este Código, se anularán únicamente los votos del candidato o candidatos respecto de
quiénes se configure esta situación y no afectará a los demás candidatos. […] [resaltado de la sala]

108. Como puede verse, el legislador estableció expresamente en el numeral 3° de la
anterior disposición que cuando se declara la nulidad de un acto de elección por voto
popular en razón a la configuración de la causal 5°36 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, como ocurre en este caso, la consecuencia de la sentencia no es otra que la
cancelación de la respectiva credencial, tal y como lo ordenó el tribunal.

109. Por lo tanto, no resulta acertado, como lo sugiere el demandante, que se acuda a
la regla prevista en el numeral 2° de la misma norma, esto es, que se realicen nuevos
escrutinios y se declare la elección de quienes finalmente resulten elegidos, mucho

36
«5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.»
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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00813-03

menos que se declare la nulidad de los votos; toda vez que, como lo ha definido la
sección37, esta es una consecuencia de la sentencia de anulación frente a las demás
causales de nulidad electoral de las que no hubo una manifestación expresa en la ley.

110. En ese orden, no prospera el argumento de apelación del demandante.

2.5.6. De la solicitud de unificación jurisprudencial

111. Finalmente solicita el demandante que se profiera una sentencia de unificación,
puesto que se aborda un tema relacionado con la transparencia, efectividad y seguridad
del proceso electoral.

112. Al respecto, se evidencia que, de conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437
de 2011, dicha petición fue presentada en término, en atención a que se elevó con el
escrito de la alzada, no obstante, frente a su sustento, se constata que al interior de
esta corporación no existen criterios distintos sobre las temáticas que propone, por lo
que no resulta necesario establecer un criterio unificado en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 17 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de
elección demandado.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada por el
demandante, conforme a las consideraciones de esta decisión.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

37
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 17 de octubre de 2024, Radicación: 15001-
23-33-000-2023-00469-01.
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