Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 15001-23-33-000-2023-00469-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
17 de octubre de 2024
Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho,
concejal del municipio de Tópaga (Boyacá), periodo 2024-2027
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00469-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00469-01
Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho, concejal del municipio de
Tópaga (Boyacá), periodo 2024-2027
Temas: Apelación de sentencia, facultad de escrutinio del juez electoral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación parcial interpuesto por el
demandante contra la sentencia del 7 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a través de la cual se concedieron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. La ciudadana Luz Mariela Cuspoca Rodríguez1, actuando en nombre propio,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en
el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, con las siguientes pretensiones:
«Se declare la nulidad del ACTA DE ESCRUTINIO MUNICIPAL CONCEJO FORMULARIO
E-26 CON del 30 de octubre de 2023, expedida por la COMISION ESCRUTADORA
MUNICIPAL DE TÓPAGA ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES 29 DE
OCTUBRE DE 2023, por medio de la cual se declaró electo como CONCEJAL de ese
municipio al señor CARLOS MAURICIO TORRES CRISTANCHO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.282.003 de Tópaga, por el partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
ASI, para el periodo constitucional 2024-2027; por haberse configurado la causal señalada
en el numeral 6 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la elección del señor CARLOS
MAURICIO TORRES CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.282.003 de Tópaga, como CONCEJAL de Tópaga para el periodo constitucional 2024-
2027 y la cancelación de la respectiva credencial.
Se ordene la realización de nuevos escrutinios, descontando los votos obtenidos por el
señor CARLOS MAURICIO TORRES CRISTANCHO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.282.003 de Tópaga y se proceda a entregar la credencial a quien
corresponda». [Énfasis y mayúsculas de la Sala].
1
Expediente digital que puede observarse en la actuación SAMAI 3.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho,
concejal del municipio de Tópaga (Boyacá), periodo 2024-2027
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1.2. Hechos
2. Fueron relatados así por la demandante:
3. El 29 de octubre de 2023, se realizó el certamen electoral para la escogencia de los
mandatarios territoriales que serían elegidos popularmente, para el periodo 2024-2027,
en especial los del municipio de Tópaga en el departamento de Boyacá.
4. El señor Carlos Mauricio Torres Cristancho, se inscribió como candidato al concejo
de la señalada entidad territorial, por el partido Alianza Social Independiente- ASI.
5. La comisión escrutadora municipal de Tópaga estuvo conformada, entre otros, por la
señora Marian Alejandra Torres Ciendua, quien tiene un parentesco con el demandado
en tercer grado de consanguinidad.
6. Sin tener en cuenta lo anterior, esa comisión, el 30 de octubre de 2023, declaró la
elección del demandado, al obtener 113 votos2.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. La demandante afirmó que el elegido incurrió en la causal de nulidad contenida en el
numeral 6 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Para explicar lo anterior, indicó que,
para su configuración, debían acreditarse los siguientes presupuestos, a la luz de la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado3, esto es:
«Sujeto activo, los que realicen la función escrutadores, ya sea como jurado de votación o
como miembro de la comisión respectiva.
ii) Sujeto pasivo, el candidato.
iii) La existencia de un vínculo entre sujetos, ya sea por matrimonio, unión permanente o
por parentesco hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
iv) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una
interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que dicho
vínculo debe estar vigente en época en que deba ser escrutada la respectiva votación.
v) Un elemento territorial, que estos supuestos se presenten en la misma circunscripción,
es decir, que el candidato y su pariente coincidan en la jurisdicción donde el segundo debe
realizar su labor de contabilización y consolidación de los votos».
8. En ese sentido, la demandante refirió que en el presente caso se materializaron los
elementos antes descritos de la siguiente forma:
• Sujeto activo: la señora Marian Alejandra Torres Ciendua, fue miembro de la
comisión escrutadora municipal de Tópaga.
• Sujeto pasivo: Carlos Mauricio Torres Cristancho, elegido como concejal de esa
circunscripción.
• La existencia de un vínculo: la señora Marian Alejandra Torres Ciendua y el
demandado tienen relación de consanguinidad en tercer grado.
• Elemento temporal: el vínculo de consanguinidad se encuentra vigente al
2
Designación que tuvo lugar una vez la Comisión Escrutadora dirimió el empate entre ASI y Dignidad y Compromiso.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente
68001-23-33-000-2020-00029-01.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho,
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momento de escrutar los votos.
• Elemento territorial: el señor Carlos Mauricio Torres se presentó como candidato
al Concejo de Tópaga para las elecciones del 29 de octubre de 2023, y Marian
Alejandra Torres Ciendua, fue quien escrutó la votación de la citada entidad
territorial.
9. Advirtió que en este caso no resultaba necesario demostrar «algún tipo de ventaja o
que de su utilización se constituya alguna otra anormalidad, pues basta que hubiera existido
para que se origine la irregularidad y se imponga declarar la exclusión de los sufragios
escrutados conforme lo enseña el artículo 288, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011».
1.4. Trámite procesal relevante en primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por auto del 9 de febrero del 20244, admitió la
demanda5 y negó la solicitud de suspensión provisional6. Con escrito del 22 de ese
mismo mes y año7 fue reformada, el cual fue admitido el 14 de marzo de 20248.
11. En el término del traslado, se recibieron las siguientes intervenciones:
12. El CNE9 y la RNEC10, solicitaron se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva.
13. El demandado11, como argumento de defensa, indicó que existe una antinomia
entre los artículos 275.6 de la Ley 1437 de 201112, 151 del Decreto Ley 2241 de 198613
y 40 de la Constitución Política de 1991. Para sustentar lo anterior, dispuso que las dos
primeras contemplan grados de consanguinidad distintos para la causal de nulidad
referente a los parientes que fungen como escrutadores y, la tercera alude la
prerrogativa del ejercicio de derechos políticos.
14. Sobre ese particular, indicó que en la actualidad existen dos disposiciones que
consagran un grado diferente de consanguinidad para establecer el parentesco que
genera la nulidad y que a su vez habilitan al pariente para que pueda actuar como
escrutador. No obstante, dispone que según el ordenamiento jurídico las normas
especiales prevalecen sobre las normas generales.
4
Actuación SAMAI 3.
5
La decisión se notificó por aviso.
6
Sobre el segundo aspecto estimó que, en esta etapa procesal no era posible acceder a la petición, pues resultaba necesario
abordar el análisis de la causal de nulidad invocada y confrontarla con las normas constitucionales, asunto que es propio de la
sentencia que ponga fin al proceso.
7
(i) copia del oficio suscrito por la Registradora municipal de Tópaga (e) mediante el cual se dio respuesta a la petición elevada por
la actora; (ii) acta de instalación de la Comisión Escrutadora para el Concejo del municipio de Tópaga en las elecciones realizadas
el 29 de octubre de 2023; (iii) copia del oficio administrativo número 0681 de 13 de octubre de 2023 suscrito por la Secretaria
General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo; y (iv) el listado de las comisiones escrutadoras y jueces
claveros para las elecciones de autoridades territoriales que se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023 aprobados por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
8
Aportó nuevas pruebas.
9
Actuación SAMAI 3.
10
Actuación SAMAI 3. La cual fue extemporánea.
11
Actuación SAMAI 3.
12
Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el
artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras
sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil.
13
ARTÍCULO 151. Modificado por el art. 9, Ley 62 de 1988. Los candidatos a corporaciones públicas, sus cónyuges o parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil, no podrán ser jurados de votación, miembros de
comisiones escrutadoras o secretarios de éstas, dentro de la respectiva circunscripción electoral.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
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15. Sostuvo que en este caso deben aplicarse las disposiciones del Código Electoral
sobre el CPACA, al ser una norma especial y exclusiva que regula el proceso electoral
en Colombia, en tanto «la misma ley 1437 de 2011 establece en su ámbito de aplicación que
las autoridades sujetaran sus actuaciones a lo que se establezca en la misma, SIN PERJUICIO
DE LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LEYES ESPECIALES».
16. De otro lado, señaló la falta de responsabilidad o intención del demandado en la
concreción de la causal de nulidad. Sobre este punto explicó que ni la autoridad
electoral, ni su pariente le informaron que está última había conformado la comisión
escrutadora; en ese sentido, «no tuvo la oportunidad procesal para realizar gestión o trámite
alguno, intervino en su designación tampoco ni pudo ponerse a dicha designación».
17. Recordó que la designación como escrutador es una labor de forzosa aceptación y,
al no tener ningún obstáculo o impedimento para realizarla, «hacia inoponible a mi
poderdante y por tanto víctima de una especie de entrampamiento del sistema normativo del
cual resultan lesionados» sus derechos fundamentales y los de los electores de Tópaga.
18. Explicó que, más allá del parentesco, no se advierte una relación afectiva, amistosa
o de aprecio entre el demandado y su sobrina que fungió como escrutadora, pues por
diversas circunstancias esta se vio deteriorada.
19. Por auto del 11 de abril de 2024, el magistrado ponente: i) adoptó el trámite de
sentencia anticipada, ii) determinó que no iba ser tenida en cuenta la intervención de la
RNEC por extemporánea, iii) decidió las peticiones probatorias, iv) y se fijó el litigio en
los siguientes términos:
«La Sala deberá decidir acerca de la legalidad del acto de elección del señor Carlos Mauricio
Torres Cristancho contenido en el formato E – 26 CON como concejal del municipio de
Tópaga, para lo cual se deberá tener en cuenta si se encuentra incurso en la causal de
nulidad establecida en el numeral 6 del artículo 275 del CPACA».
20. En el término para alegar de conclusión, se presentaron los pronunciamientos que
se relacionan a continuación:
21. El demandante14 y demandado15 reiteraron los argumentos de la demanda y su
contestación, respectivamente.
22. El Ministerio Público16 solicitó acceder a las pretensiones, en primer lugar, porque
no le asistía razón al demandado al pretender en este caso que se aplique una norma
del Código Electoral, por cuanto éste se ocupa del procedimiento administrativo,
mientras que la Ley 1437 de 2011 regula el control judicial de los actos de elección a
partir de causales de nulidad.
23. Además, afirmó que el Código Electoral, establece reglas sobre quienes no pueden
ser jurados de votación, mientras el CPACA se encarga de establecer causales de
14
Actuación SAMAI 3.
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Actuación SAMAI 3.
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Actuación SAMAI 3.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
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nulidad respecto de los parientes de los candidatos que no pueden fungir como
escrutadores, pues podrían incurrir en desconocimiento de la norma.
24. Finalmente, estimó que estaban configurados los elementos de la causal de nulidad
contenida en el artículo 275.6 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la señora Marian
Alejandra Torres Ciendua, quien fue miembro de la comisión escrutadora municipal de
Tópaga, es sobrina del demandado, situación que se demostró con los registros civiles
y demás documentos que obran en el expediente, que a su vez no fueron
controvertidos por la parte pasiva.
1.5. Sentencia de primera instancia
25. El Tribunal Administrativo de Boyacá, el 7 de julio de 202417, declaró la nulidad de
la elección controvertida, al considerar que no existía una antinomia entre los artículos
151 del Código Electoral y 275.6 de la Ley 1437 de 2011 dado que «este último lo que
hizo fue modificar en un grado (i.e. de segundo a tercero) el parentesco de consanguinidad
entre el miembro de la comisión escrutadora y el candidato respecto de la prohibición para
ejercer la función escrutadora. De modo que, el primer argumento planteado por la apoderada
de la parte demandada no está llamado a prosperar».
26. Precisó que las causales de nulidad de la elección no suponen el ejercicio de la
función electoral, pues la primera, «trata de un ejercicio que se da con posterioridad al
ejercicio al derecho al voto que se circunscribe al control judicial del acto electoral», mientras
que la segunda atiende a una función propia de las autoridades que componen la
organización electoral.
27. Frente al caso concreto, estimó que se encontraban demostrados los presupuestos
de la causal de nulidad, toda vez que la señora Marian Alejandra Torres Ciendua fungió
como miembro de la comisión escrutadora municipal de Tópaga, para las elecciones
que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023, como consta en la designación del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el acta de entrega del software.
28. Además, el demandado participó como candidato al concejo de la citada entidad
territorial periodo 2024-2027, por el partido Alianza Social Independiente- ASI, dignidad
a la que resultó elegido.
29. Así mismo, se acreditó que el demandado es hermano del padre de la señora
Marian Alejandra Torres Ciendua, por lo que se encuentran en el tercer grado de
consanguinidad.
30. Finalmente indicó que debía «tenerse en cuenta que el artículo 288 del CPACA,
establece en el numeral 4 las consecuencias de la nulidad del acto de elección cuando se
configura la causal establecida en el numeral 6 del artículo 275 de la misma codificación, a
saber, en este evento “se anularán únicamente los votos del candidato o candidatos respecto
de quienes se configure esta situación y no afectara a los demás candidatos” por lo anterior, la
declaratoria de nulidad solo tiene la virtud de dejar sin efecto el acto de elección, sin que la Sala
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Actuación SAMAI 3.
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deba ocuparse de ningún asunto adicional, en la medida que en términos legales ello debe ser
objeto de conocimiento por parte de la autoridad competente para lo pertinente».
31. De acuerdo con lo dicho en la parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la elección del señor Carlos Mauricio Torres
Cristancho como concejal del municipio de Tópaga para el periodo 2024 – 2027, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.»
32. El 27 de junio de 2024 el a quo rechazó por improcedente las solicitudes de
aclaración y adición, frente a la primera, indicó que no había conceptos o frases que
ofrecieran motivos de duda frente al alcance de la sentencia, y sobre la segunda, por
cuanto no existían argumentos que se hubieran dejado de atender en la providencia.
33. La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no fue resuelta por el a
quo.
1.6. Recurso de apelación
34. El 25 de julio de 202418, la demandante presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primer grado. Al respecto, señaló que no había discusión frente a la
decisión de encontrar acreditada la causal de nulidad alegada; no obstante, controvierte
que el juzgador de instancia se abstuvo de declarar los efectos de la decisión
contenidos en el artículo 288.4 de la Ley 1437 de 2011, como lo solicitó en las
pretensiones de la demanda.
35. De acuerdo con lo anterior, indicó que era necesario que el a quo declarara la
nulidad de los votos obtenidos por el demandado dejando claro que esta determinación
«no afectará a los demás candidatos».
36. Estableció que al no despacharse favorablemente su pretensión, la decisión
anulatoria indefectiblemente «incide en los demás compañeros de su propio partido político,
pues es natural y razonable que al excluirse los votos puedan ver comprometida la curul
obtenida con los votos que fueron declarados nulos».
37. En ese sentido, explicó que «esto implica que se debe hacer el cálculo aritmético que
permita determinar quién es el siguiente candidato o partido que sigue después de descontar
los votos anulados, sin que ello implique un nuevo escrutinio o afectar a los demás candidatos
que fueron elegidos. Lo que no puede ocurrir es que el partido político se vea beneficiado pese
a que uno o varios de sus candidatos incurrieron en la prohibición establecida en la ley».
38. Finalmente, solicitó se revoque parcialmente la sentencia, con el propósito de que
se ordene «la realización de nuevos escrutinios, descontando los votos obtenidos por el señor
CARLOS MAURICIO TORRES CRISTANCHO».
39. Por medio de auto del 26 de julio de 2024 se concedió el recurso de apelación.
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Actuación SAMAI 3.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
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1.7. Trámite de la segunda instancia.
40. Por medio de auto del 20 de agosto de 202419 se admitió el recurso de alzada y se
ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera su concepto. Dentro de la oportunidad, se presentaron las siguientes
intervenciones:
41. La RNEC20 solicitó se declare su carácter imparcial en el presente juicio, al
considerar que la labor en el proceso de escrutinio es meramente secretarial y de apoyo
logístico, ajeno al debate proselitista y de la conformación de las agrupaciones políticas.
42. La demandante21 reiteró los planteamientos de la apelación.
43. El Ministerio Público22 indicó que debía prosperar el recurso de apelación
propuesto por la parte actora, pues en este caso debió realizarse el proceso de
escrutinio y no delegarlo a la autoridad electoral, pues de acuerdo con el artículo 288 de
la Ley 1437 de 2011, ello correspondía al juzgador de primera instancia.
44. En esa medida, indicó que «al declararse la nulidad de la votación obtenida por un
candidato- cuando un miembro de su familia, dentro de los grados de afinidad y consanguinidad
establecidos en la Ley haya ejercido como miembro de comisión escrutadora- esta sea excluida
igualmente del total predicado para el partido», por lo que «al restar la votación del accionado
al partido que lo avaló, habría un cambio significativo en la composición del Concejo Municipal
de Tópaga, pues varía el número de votos válidos, el umbral, el cuociente electoral y la cifra
repartidora, en donde se recuerda este último ítem fue objeto de desempate».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
45. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
de apelación de la referencia, según lo establecido en el artículo 150 23 y el literal a) del
numeral 7.° del artículo 152 de la Ley 1437 de 201124, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2 Cuestión previa
46. Previo a decidir lo que en derecho corresponde, es pertinente recordar que en el
curso de la primera instancia el CNE formuló la excepción de falta de legitimación en la
19
Actuación SAMAI 6.
20
Actuación SAMAI 10.
21
Actuación SAMAI 11.
22
Actuación SAMAI 13.
23
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
24
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los (...) miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos (...).
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causa por pasiva, la cual no fue objeto de pronunciamiento, por lo que compete a la
sala hacerlo, conforme lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
47. El CNE solicitó su desvinculación, al considerar que no lo asiste interés ni
responsabilidad alguna en los hechos y omisiones que motivaron el ejercicio del medio
de control de nulidad electoral.
48. Sobre el particular, se destaca que la vinculación de la referida autoridad en el
proceso en el que se cuestiona la legalidad de actos de elección popular, obedece al
mandato establecido en el numeral 2° del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual la admisión de la demanda debe notificarse a la autoridad que expidió el acto y a la
que intervino en su adopción, sin condicionar dicha exigencia, como lo señala el CNE, a
que sea o no la entidad encargada de satisfacer las pretensiones elevada.
49. Es pertinente precisar, que corresponde a las comisiones escrutadoras hacer el
conteo oficial de los votos en las elecciones populares, labor que tiene como propósito
declarar la elección correspondiente; no obstante, se precisa que las funciones de
dichas comisiones son de carácter temporal, esto es, su existencia depende de la
duración de los escrutinios. Ello significa que luego de que se efectúen los mismos,
termina su razón de ser. En esa medida, al tener éstas una función transitoria, resulta
necesaria la vinculación del Consejo Nacional Electoral, en las demandas contra
elecciones por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad de quienes
actuaron en representación de la Organización Electoral, concretamente, de quien es
responsable del escrutinio25.
50. Sostener lo contrario, implicaría que al proceso de nulidad electoral deben
vincularse los jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, profesores o
exprofesores de Derecho y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado, del Consejo Nacional Electoral, de los tribunales superiores y de lo
contencioso administrativo, que conformaron las correspondientes comisiones
escrutadoras26, lo que haría dispendioso y engorroso desde el inicio de la actuación, un
trámite que por su naturaleza está llamado a surtirse de manera célere.
51. Por las razones expuestas, se ratifica la vinculación del CNE al trámite de la
referencia, de manera tal que será negada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva que invocó.
52. De otra parte, en el curso de la primera instancia la RNEC solicitó la falta de
legitimación en la causa en la contestación de la demanda, sin embargo, el a quo tuvo
el respectivo memorial como extemporáneo, por lo que en esta oportunidad no incumbe
a la sala realizar algún pronunciamiento.
25
Sobre el punto consultar los autos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 30 de
agosto de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 11001-03-28-000-2018-00034-00. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 13 de febrero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-
000-2018-00038-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 11 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 85001-
23-33-000-2020-00002-01. Consejo de Estado, Sección Quina, auto del 5 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-
23-33-000-2019-00473-01
26
Sobre los integrantes de las mencionadas comisiones, ver el artículo 7° de la Ley 85 de 1981 y el artículo 175 del Código
Electoral.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho,
concejal del municipio de Tópaga (Boyacá), periodo 2024-2027
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00469-01
2.3 Problema jurídico
53. Corresponde a la sala determinar, de conformidad con el recurso de apelación
parcial interpuesto, si existe mérito suficiente para mantener incólume la decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá, en lo que hace al numeral 2 de la parte resolutiva
del fallo, en concreto, sobre los efectos de la declaratoria de nulidad del acto que
declaró la elección del señor Carlos Mauricio Torres Cristancho, como concejal del
municipio de Tópaga, periodo 2024-2027, por cuanto su sobrina actuó como
escrutadora en el presente asunto, es decir, incurrió en la causal de nulidad contenida
en el artículo 275.6 de la Ley 1437 de 2011.
2.4 Caso concreto
2.4.1. Argumentos de apelación
54. Sobre el particular, la recurrente afirmó que comparte la decisión anulatoria, pero
que se debe revocar el numeral segundo de la providencia controvertida, en lo que
hace a la negativa de su pretensión de que «se ordene la realización de nuevos
escrutinios, descontando los votos obtenidos por el señor CARLOS MAURICIO TORRES
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.282.003 de Tópaga y se proceda
a entregar la credencial a quien corresponda».
55. Para la demandante, la decisión del tribunal no debió limitarse a declarar la nulidad
del acto demandado, también debió ordenar la anulación de los votos siguiendo el
mandato contenido en el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011. Argumento que comparte
la agente del Ministerio Público.
56. Bajo este contexto de apelación, la sala procederá a estudiar las competencias del
juez en materia de escrutinio para luego, determinar si en el caso concreto, es
procedente la realización de este procedimiento.
2.4.2 Competencia del juez electoral en materia de escrutinios
57. Para resolver el interrogante respecto de las competencias del juez electoral en
esta materia, se debe indicar que el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 contiene 4
numerales que establecen las consecuencias de la sentencia anulatoria frente a alguna
de las causales especiales de nulidad electoral, así:
• En el numeral 1: Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada
en el numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección
en el puesto o puestos de votación afectados.
Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de
los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la
elección en toda la circunscripción.
• El numeral 2: Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las
credenciales correspondientes, declarar la elección de quienes finalmente resulten elegidos y
les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez de conocimiento
practicará nuevos escrutinios.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
Demandado: Carlos Mauricio Torres Cristancho,
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• En el numeral 3: En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este
Código, la nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la
respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.
• En el numeral 4: Cuando la nulidad del acto de elección sea declarada con fundamento en la
causal 6 del artículo 275 de este Código, se anularán únicamente los votos del candidato o
candidatos respecto de quiénes se configure esta situación y no afectará a los demás
candidatos.
58. De esta primera lectura, se infiere que la declaratoria de nulidad por las causales
1°27, 5°28, 6°29 y 8°30 tienen consagrados expresamente unos efectos en la norma; no
obstante, el artículo 288 no hace referencia de manera expresa a cuáles serían los
mismos cuando la nulidad se declara por las causales 2°31, 3°32, 4°33 y 7°34 del artículo
275, o bien por las causales generales de nulidad de los actos administrativos. Sin
embargo, en la disposición aparece el ordinal 2° sin hacer referencia a ninguna causal
en especial:
«2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las
credenciales correspondientes, declarar la elección de quienes finalmente resulten
elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez de
conocimiento practicará nuevos escrutinios. (…)
Si como consecuencia de lo resuelto debiera practicarse por el juez, tribunal o por el Consejo
de Estado un nuevo escrutinio, se señalará en la misma sentencia día y hora para ello (…).
Parágrafo. En los casos de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y de
escrutinio, la autoridad judicial que haga el nuevo escrutinio expedirá el acto de elección y
las respectivas credenciales a quienes resulten elegidos y, por el mismo hecho, quedarán sin
valor ni efecto las expedidas a otras personas».
59. Por ello, sería lógico suponer que lo regulado en el mencionado ordinal es la
consecuencia de la sentencia de anulación frente a las demás causales de nulidad
electoral de las que no hubo una manifestación expresa en la ley.
60. Debe recalcarse que los diferentes efectos que el legislador ha señalado en el
mencionado artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 buscan ante todo darle alcance al
principio de la eficacia del voto, previsto en el artículo 287 de la mencionada ley. Por lo
que se desprende con nitidez la necesidad de protección de la legítima expresión de la
voluntad mayoritaria de los electores, que no esté viciada por irregularidades que
pongan en entredicho su genuina manifestación.
27
Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.
28
Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o
que se hallen incursas en las causales de inhabilidad.
29
Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de
los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
30
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
31
Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de
violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
electorales.
32
Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterado con el propósito de modificar los
resultados electorales.
33
Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con la violación del sistema constitucional o legalmente establecido
para la distribución de curules o cargos por proveer.
34
Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la
respectiva circunscripción.
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Demandante: Luz Mariela Cuspoca Rodríguez
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61. Así las cosas, si existen documentos electorales que se encuentren viciados por
irregularidades de carácter objetivas, es claro que lo primero que habrá que
determinarse por el operador judicial es si ellos se deben excluir del cómputo de los
votos para que, una vez depurada la votación, se pueda determinar sin dudas cuál fue
la verdadera manifestación de voluntad de los electores.
62. En este punto, se destaca que de la lectura del artículo 288 de la Ley 1437 de
2011, cuando se trata de la posibilidad de que el juez electoral realice el escrutinio,
hace alusión que se debe señalar la fecha y hora, lo que sugiere que éste se realice a
través de audiencia presencial.
63. No obstante, en la práctica ello no sucede así, toda vez que, para la Sala no
resulta necesario, cuando dicho ejercicio alude a la realización de operaciones
aritméticas de las cuales queda constancia en la sentencia, cuyo propósito es aplicar
las reglas relativas a la distribución de curules o cargos, según el caso.
64. Decantada la competencia del juez electoral en materia de escrutinios, se
verificará en el caso concreto su procedencia.
2.4.3. Sobre el escrutinio en el caso concreto
65. En ese orden de ideas, como lo sostiene la recurrente y el Ministerio Público, el a
quo debió excluir la votación irregular del candidato que incurrió en la causal de nulidad
contenida en el artículo 275.6 de la Ley 1437 de 2011, y en efecto, proceder a realizar
un nuevo escrutinio, descontando únicamente los sufragios obtenidos por el señor
Carlos Mauricio Torres Cristancho, como concejal del municipio de Tópaga, como lo
ordena el artículo 288.4 del CPACA.
66. Para ello, se procederá a verificar la instancia en la que participó la pariente del
demandado, en aras de determinar la votación a descontar, lo anterior teniendo en
cuenta, que el cómputo de la votación que se encuentra viciado es aquel en el cual tuvo
injerencia la sobrina del demandado.
67. En este punto, se tiene que la pariente del concejal demandado fungió como
escrutadora municipal, instancia en la que se declaró la elección, como se extrae del
formulario E-26 CON del 30 de octubre de 2023.
68. Compete ahora verificar en el respectivo formulario electoral, el total de los
sufragios obtenidos por el demandado, para determinar la votación a descontar:
Votos a
DEPTO MUNICIPIO DEPTO MIPIO ZONA PUESTO MESA Part E24
eliminar
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 001 0006 5 -5
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BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 002 0006 10 -10
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 003 0006 3 -3
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 004 0006 4 -4
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 005 0006 7 -7
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 006 0006 2 -2
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 007 0006 3 -3
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 008 0006 1 -1
BOYACA TOPAGA 07 319 000 00 009 0006 2 -2
BOYACA TOPAGA 07 319 099 70 001 0006 43 -43
BOYACA TOPAGA 07 319 099 70 002 0006 26 -26
BOYACA TOPAGA 07 319 099 70 003 0006 7 -7
69. Le corresponde al a quo descontar los 113 sufragios, obtenidos por el
demandado, el partido ASI, que es la colectividad por la cual se inscribió el demandado,
pasaría de 256 a 143 votos, como se ilustra a continuación:
CODIGO PARTIDO/MOVIMIENTO POLÍTICO VOTOS
0002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 530
0003 PARTIDO CAMBIO RADICAL 363
0001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 333
0031 INDEPENDIENTES 281
0006 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO 256
0017 PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE PARTIDO DE LA U 237
0008 PARTDO ALIANZA VERDE 212
0004 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 187
0011 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" 143
0029 NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA 82
0020 MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL 68
996 VOTOS EN BLANCO 61
997 VOTOS NULOS 43
998 VOTOS NO MARCADOS 60
70. Ante la variación de los votos válidos de la mencionada colectividad, atañe al
fallador de primera instancia conforme a este nuevo panorama aplicar el sistema de
cifra repartidora previsto en el artículo 263 de la Constitución Política, según el cual
aquéllas se asignarán «entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no
podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al
cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones,
conforme lo establezcan la Constitución y la Ley».
71. Teniendo en cuenta que la votación asciende ahora a 2.753, es sobre ella que se
debe extraer el cuociente electoral, el cual resulta de dividir el número de curules a
proveer (6), sobre los votos válidos.
CUOCIENTE ELECTORAL: TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS = 2.753
CURULES POR PROVEER 6
CUOCIENTE ELECTORAL: 459
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72. En aplicación de la norma en comento, para la elección enjuiciada, el umbral
corresponde al 50% del cuociente electoral, que sería:
UMBRAL: CUOCIENTE ELECTORAL X 50% = 459 X 50%
UMBRAL: 229
73. Establecido el umbral, es decir, el número mínimo de votos que las
colectividades deben alcanzar para acceder a la distribución de curules, puede
calcularse la cifra repartidora, que según el artículo 263 superior corresponde a:
«dividir sucesivamente por uno, dos, tres, hasta el número de curules a proveer”, en
este caso 6, “el número de votos válidos obtenidos por cada lista, ordenando los
resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de
resultados igual al número de curules por proveer (6). El resultado menor (esto
es, la división de la lista de la colectividad que ocupe la quinta curul en esta
oportunidad) se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como
veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos»
74. Al realizar la correspondiente operación matemática, se tiene que la cifra
repartidora corresponde a 256, según puede apreciarse en el siguiente gráfico, en el
cual conforme a ella se pueden verificar las curules que obtendría cada colectividad, de
la siguiente forma:
75. En cuanto a la asignación de los escaños al interior de cada colectividad, se
advierte que todos optaron por el mecanismo de voto preferente, por lo que el tribunal
deberá adjudicarla teniendo en cuenta quién obtuvo la mayor votación.
76. Se advierte que, al efectuar el análisis de incidencia en el presente caso, el
partido político Alianza Social Independiente “ASI” perdió la curul que inicialmente había
sido asignada, por lo que no es posible realizar el llamado de quien le seguía en orden
de votación al demandado.
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77. Incumbe precisar que la regla contenida en el numeral 4 del artículo 288 de la
Ley 1437 de 2011, señala que no se afectará a los demás candidatos, sin embargo,
dicha disposición no se puede entender de manera aislada, sino en consonancia con lo
previsto en el numeral 2 de la misma norma el cual señala que «de ser necesario el juez
practicará nuevos escrutinios». Además, en estos casos no es posible obviar la aplicación
del sistema de distribución de curules previsto en el artículo 263 Superior, que puede
conllevar a que se alteren los resultados de la elección, como ocurre en este asunto.
78. En ese sentido, en el presente caso resultaba necesario que la primera instancia
efectué los escrutinios, luego de sustraer la votación obtenida por el demandado,
operación que generó, como se indicó en el párrafo anterior, que el partido ASI quedara
sin una curul, circunstancia que benefició a la agrupación Dignidad & Compromiso, la
cual, con el nuevo resultado, obtuvo una mayor votación que ésta.
79. Ahora bien, una vez verificada la información por el a quo este deberá
determinar a quién corresponde el escaño que deja el demandado al excluirse su
votación.
80. Por lo señalado, se revocará el numeral segundo de la sentencia del 7 de julio de
2024 proferida el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se dispuso
negar las demás pretensiones de la demanda, al encontrar que en atención a la
declaratoria de nulidad de la elección del señor Carlos Mauricio Torres Cristancho el a
quo, debió realizar un nuevo escrutinio con el propósito de determinar quién debía a
ocupar una curul en el Concejo municipal de Tópaga para el período 2024-2027,
conforme las reglas especiales del medio de control de nulidad electoral.
81. En ese orden, se ordenará al Tribunal Administrativo de Boyacá, una vez en
firme la presente providencia, hacer entrega de la credencial a quien corresponda,
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta decisión, de conformidad con el
inciso 3 numeral 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.
82. Finalmente, la Sala no pasa por alto que en este caso el a quo en atención a sus
facultades, debió realizar las operaciones necesarias para determinar la incidencia, sin
embargo, como ello no ocurrió esta Sección se ocupó del asunto. Por consiguiente, se
exhortará para que el Tribunal Administrativo de Boyacá en lo sucesivo, de aplicación a
las reglas previstas en el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, en especial, cuando de
ser necesario se deban practicar nuevos escrutinios, atendiendo los parámetros
indicados en la parte considerativa de esta providencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, del 7 de julio de 2024, en cuanto hace al numeral segundo
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de ésta, mediante el cual se negaron las demás pretensiones de la demanda, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENÁSE al Tribunal Administrativo de Boyacá expedir la credencial
correspondiente, en los términos del numeral 2° del artículo 288 del CPACA
TERCERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuesta por el CNE.
CUARTO: Exhortar al Tribunal Administrativo de Boyacá para que en lo sucesivo
aplique las reglas previstas en el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, en especial,
cuando sea necesario practicar nuevos escrutinios.
QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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