Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01258-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01258-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2023-01258-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de septiembre de 2024
Demandante: Cristian David Ospina Patiño
Demandado: Ferney Darío Fernández,
alcalde del municipio de Venecia (Antioquia) periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02
Demandante: Cristian David Ospina Patiño
Demandado: Ferney Darío Fernández como alcalde del municipio de
Venecia (Antioquia) periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad prevista en el artículo 95 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000. Elementos que la configuran. Criterio orgánico.
Entidades que prestan servicios públicos domiciliarios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado
contra la sentencia del 2 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El ciudadano Cristian David Ospina Patiño, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de
la Ley 1437 del 2011, presentó demanda el 12 de diciembre de 2023 en la que
solicitó la nulidad del formulario E-26 ALC del 1 de noviembre de la misma
anualidad, por medio del cual se declaró la elección del señor Ferney Darío
Fernández como alcalde del municipio de Venecia (Antioquia) para el periodo
constitucional 2024-20271.
1.2. Hechos
2. Sostuvo el demandante los siguientes:
3. El señor Ferney Darío Fernández, quien fungía como alcalde municipal de
Venecia (Antioquia) para el período 2016 a 2019, suscribió el contrato de obra
pública2 con el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, prestador de servicios
públicos domiciliarios3, por lo que conoce su objeto social.
1
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
2
130-10-05-016-2019- del 18 de noviembre de 2019 que tenía por objeto la «AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL CERRO BRAVO EN LA VEREDA AMALIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA».
3
Entidad para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en las veredas Amalia
Palmichal y El Recreo del municipio de Venecia (Antioquia).
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Demandante: Cristian David Ospina Patiño
Demandado: Ferney Darío Fernández,
alcalde del municipio de Venecia (Antioquia) periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02
4. Mediante Acta 001 del 19 de marzo de 2022, la asamblea de asociados de
dicha organización nombró presidente y representante legal al señor Carlos Mario
Fernández, condición que ostentó hasta el 27 de octubre de 2023 y precisó que
aquél es hermano del aquí demandado.
5. El señor Ferney Darío Fernández estaba inhabilitado para ser alcalde del
municipio de Venecia (Antioquia) por disposición del numeral 4º del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, ya que, dentro de los doce meses anteriores a su elección, su
pariente obró como presidente y representante legal de una entidad que presta
servicios públicos domiciliarios en esa municipalidad.
6. Por lo expuesto, resulta nula el acta de escrutinio E-26 del 01 de noviembre de
2023 que contiene el acto que declaró la elección del señor Ferney Darío
Fernández, como alcalde del municipio de Venecia (Antioquia) para el período
constitucional 2024-2027.
1.3. Concepto de la violación
7. Consideró que las causales de inhabilidad para ser alcalde municipal son
taxativas, dentro de las cuales se establece la de tener vínculos por matrimonio,
unión permanente o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, con quienes dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan sido representantes legales de entidades que
presten servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio.
8. Argumentó que, en este caso, está probado que el señor Carlos Mario
Fernández, hermano (segundo grado de consanguinidad) del accionado, dentro
del período inhabilitante obró como presidente en una entidad de dicha naturaleza
en las veredas Amalia Palmichal y El Recreo del municipio de Venecia (Antioquia),
razón por la cual resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda.
9. Advirtió que la inhabilidad descrita, está consagrada en el numeral 4º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, norma que no distingue si se trata de personas
de naturaleza pública o privada, así como tampoco requiere que aquella cuente
con un aval o autorización de la superintendencia de ese ramo.
10. Citó los artículos 365 de la Constitución Política, 15 de la Ley 142 de 1994 y el
15.4 del Decreto 421 de 20004, para indicar que los servicios públicos pueden ser
prestados por la comunidad debidamente constituida o por organizaciones
autorizadas, por lo que, en atención a ello, la entidad sin ánimo de lucro
denominada Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, adelanta dichas actividades de
acueducto y alcantarillado.
1.4. Trámite procesal de primera instancia
11. Mediante providencia del 26 de enero de 2024 se admitió el medio de
control5, disponiéndose su notificación al demandado, al Ministerio Público, a la
4
En la demanda lo cita como Decreto 421 de 2020
5
Expediente digital – Sistema SAMAI índice 00003 “003_AUTOADMISORIODELADEMANDA”
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.
12. En proveído independiente del 26 de enero de 20246, el magistrado
sustanciador corrió traslado de la solicitud de medida cautelar por el término de
cinco días y, posteriormente, en decisión del 6 de febrero siguiente7 la resolvió de
manera negativa.
13. Surtidas las notificaciones de rigor8, el demandado, el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunciaron
oportunamente. En auto del 12 de febrero de 2024 se admitió la reforma a la
demanda9.
14. Se celebró el 12 de abril de 202410 la audiencia inicial, en donde se agotó la
etapa del saneamiento, se advirtió que no había excepciones previas para
resolver; se fijó el litigio11, se decretaron las pruebas12 y se determinó fecha y hora
para su práctica. Contra la decisión que denegó las documentales por exhortos, la
parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por esta
Corporación mediante providencia del 21 de mayo de 2024, que confirmó lo
decidido en primera instancia13.
15. El 17 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas14, en la cual se
escuchó el testimonio del señor Walter Humberto Pérez Bedoya y se advirtió sobre
la inasistencia de los demás testigos. En auto del 31 de mayo de 202415 y al no
haberse justificado lo anterior, se declaró cerrado el período probatorio y, en
consecuencia, se corrió traslado común para que las partes presentaran alegatos
de conclusión y el Ministerio Público pudiera conceptuar.
16. La parte demandante allegó sus alegatos finales16, en los cuales reiteró las
consideraciones expuestas en la demanda y dijo que en el trámite procesal se
logró probar la causal de nulidad electoral formulada.
17. El accionado se pronunció17 pidiendo que se nieguen las pretensiones de la
demanda, comoquiera que es un asunto que ya se decantó por parte del Consejo
Nacional Electoral, autoridad que negó la revocatoria de la inscripción mediante
Resolución 11275 del 27 de septiembre del 2023, por considerar que no existía la
inhabilidad que se estaba endilgando.
6
Expediente digital – Sistema SAMAI índice 00003 “004_AUTOTRASLADODE5DIAS”
7
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003 “027_AUTONIEGAMEDIDASCAUTELARES”
8
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003
“005_NOTIFICACIONPORCORREOELECTRONICO_10CONSTANCIANOTIFICA”
9
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003 “034_AUTOQUEDECIDESOBRELAREFORMADELADEMANDA”
10
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003 ” 059AUDIENCIACELEB_000202301258ACTADEAU”
11
Lo planteó de la siguiente forma: “El proceso se circunscribe a determinar, si adolece de nulidad el Acto Administrativo E-
26-ALC o acta de escrutinio municipal mediante el cual se declaró la elección como Alcalde del municipio de Venecia
Antioquia, del señor Ferney Darío Fernández para el periodo 2024- 2027; por considerar que se configuran las causales de
inhabilidad previstas en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 95 numeral 4° de la Ley 136 de
1994, esto es, tener vínculo de consanguinidad con funcionario que dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya
ejercido como representante legal de una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios.
12
Incorporó las documentales aportadas por las partes. Negó la prueba solicitada por Exhortos y decretó la prueba
testimonial invocada por la parte demandante en el escrito que descorrió traslado de las excepciones.
13
Expediente digital SAMAI (05001-23-33-000-2023-01258-01) – Índice 00005
14
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “070Audiencia Celeb_000202301258ACTAAUDI”
15
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “073Auto Traslado 1_000202301258SINJUSTI”
16
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “079_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI”
17
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “077Recepcion Memor_ALEGATOSDECONCLUSION”
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18. Adujo que en este caso no se cumple con el «elemento orgánico», ya que la
Asociación de Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no tiene la calidad de entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios, pues no se encuentra debidamente
constituida para operar como una organización autorizada, de conformidad con el
numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con los artículos
1 y 3 del Decreto 421 de 2000.
19. El Ministerio Público18 estimó que debían negarse las pretensiones de la
demanda, al no poderse precisar que material y/o formalmente, la referida
asociación tenga la naturaleza de «entidad» prestadora de servicios públicos
domiciliarios como lo exige la norma que inhabilita para la elección del alcalde.
1.5. Sentencia de primera instancia
20. El 2 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad
del acto de elección del señor Ferney Darío Fernández como alcalde del municipio
de Venecia (Antioquia) para el período 2024-202719.
21. Para ello, indicó que conforme a los registros civiles de nacimiento
aportados20, se acreditó el parentesco en segundo grado de consanguinidad entre
el demandado y Carlos Mario Fernández, dándose cumplimiento a este requisito al
que alude la causal invocada. Igualmente, según el acta de la asamblea general
de la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal Cerro Bravo celebrada el
19 de marzo de 202221, el último fue elegido representante legal, tal como consta
en el certificado de existencia y representación legal22.
22. Expuso que se encuentran configurados los elementos espacial y objetivo u
orgánico, ya que según los estatutos de conformación de dicha entidad y el objeto
social consignado en el certificado de existencia y representación legal, dicho
acueducto tiene su sede y cumple su objeto social dentro de la jurisdicción del
municipio de Venecia (Antioquia).
23. Señaló que, conforme a la línea jurisprudencial fijada por esta alta corte23, la
determinación de quién se considera prestador de servicios públicos domiciliarios
no se circunscribe a aquellas empresas denominadas con la sigla «E.S.P», sino
que tal concepto comprende a todos aquellos que en virtud de la norma
constitucional y las disposiciones legales que la desarrollan están habilitadas para
prestar este tipo de servicios e incluye a quienes actúan como comunidades
organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, según el
Decreto 421 de 2000, como es el caso del Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, e
incluso aquellos denominados productores marginales.
24. Manifestó que con las pruebas que obran en el plenario, está claro que la
referida entidad presta servicios de acueducto en varias veredas del municipio de
18
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “076Recepcion Memor_CONCEPTOELCTORAL2023”
19
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “082Sentencia_000202301258ELECTORA”
20
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 180 a 181
21
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 121 a 124
22
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 125 a 134
23
Citó entre otras: Sentencia de la Sección Primera, 5 de marzo de 2009, Radicación número: 25000-23-15-000-2008-
00450-01; Sentencia de la Sección Primera radicado 25000-23-15-000-2010-02234-01 del 28 de abril de 2011
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Venecia y que de conformidad con sus estatutos y con el objeto social fijado en el
certificado de existencia y representación, la zona de influencia o prestación de los
servicios no está limitada a dichas veredas establecidas a su creación, sino que
podría eventualmente ampliarse a todo el municipio e incluso se prevé
expresamente que pueda adelantar esas actividades en el departamento y a nivel
nacional.
25. Por lo anterior, al encontrar acreditada la causal de nulidad electoral invocada
contenida en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por haberse
configurado la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136
de 1994, accedió a las pretensiones de la demanda.
1.6. Recurso de apelación
26. La parte demandada24, mediante escrito del 9 de julio de 202425, apeló la
anterior providencia y expuso que la actividad desempeñada por el referido
acueducto se circunscribe al autoconsumo de la comunidad beneficiada y que, en
ningún momento, realiza actividades de captación, tratamiento, distribución y
suministro masivo a terceros, porque no tiene la infraestructura ni la capacidad
técnica ni financiera para la prestación del servicio de acueducto y saneamiento
básico de forma masiva en el municipio de Venecia (Antioquia), lo que lo convierte
en un productor marginal.
27. Resaltó que la Asociación de Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no tiene la
calidad de entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, pues no se
encuentra debidamente constituida para operar como una organización autorizada
de conformidad con el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en
consonancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 421 de 2000 y, en consecuencia,
es un productor marginal por lo que no se acreditan en el proceso los elementos
normativos que exige la inhabilidad consagrada en el numeral 4° del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, modificado por el «artículo 40 (sic)» de la Ley 617 de 2000.
28. Citó los artículos 365 de la Constitución Política y 15 de la Ley 142 de 1994
para indicar que el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no se encuentra
autorizado para la prestación de dicho servicio público domiciliario porque no
cumple con los requisitos; además, si se atiende a lo consagrado en el certificado
de existencia y representación legal de la organización, el objeto de creación y
funcionamiento va dirigido al abastecimiento de agua potable para las veredas que
lo conforman, pero jamás, como erradamente concluye el tribunal, para el
ofrecimiento masivo del servicio a terceros.
29. Reiteró que no se acreditó el elemento orgánico y la literalidad de la
inhabilidad que consagra el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el «artículo 40 (sic)» de la Ley 617 de 2000.
30. De otro lado, manifestó que la sentencia omitió pronunciarse sobre la
excepción denominada «existencia de los principios pro homine y pro libertatis en
24
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “086Recepcion Memor_APELACIONPDFCONPODER”
25
Fecha de registro en SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia – Índice 00064
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régimen electoral colombiano», sobre el que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha indicado que el operador jurídico al momento de determinar si
una persona que aspira a un cargo de elección popular está incurso o no en la
causal de inhabilidad relativa al parentesco, debe realizar un juicio de valor
específico respecto de la probabilidad real (más allá del potencial), que permita
determinar si el ejercicio de alguna prerrogativa a nivel local incide, trasciende e
impacta efectivamente en la capacidad de decisión del electorado en general, no
siendo de recibo un razonamiento genérico o abstracto fundado en
consideraciones formales relacionadas con la naturaleza de la entidad, tal y como
lo determinó la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-207 de 2022.
31. Agregó que en virtud de lo anterior, debe quedar demostrado en la actuación
judicial que por el vínculo del parentesco se presentó un fenómeno inusitado en la
población que incidió efectivamente en el resultado final del proceso electoral en
determinada circunscripción electoral, cuestión que no es posible determinar en el
presente caso, toda vez que no existen pruebas suficientes para concluir, por
ejemplo, que las tres mesas de votación ubicadas en el área de influencia donde
opera el acueducto veredal proveyeron un apoyo determinante y efectivo a favor
del candidato del momento por incidencia del colateral al detentar su hermano la
representación legal de una organización campesina donde no se ejerce ningún
tipo de prerrogativa efectiva.
1.7. Auto que concedió el recurso de apelación
32. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el 19 de julio de 2024, concedió el
recurso interpuesto26.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
33. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 15 de agosto de 202427, admitió el recurso de apelación y corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegaciones finales. Se allegaron los
siguientes escritos:
34. La parte demandada se pronunció en esta etapa28 y reiteró en su integridad
los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el escrito de
apelación. Afirmó que no existe sustento probatorio alguno y argumentación
suficiente que logre acreditar la causal de anulación electoral que consagra el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011.
35. El demandante intervino con memorial del 28 de agosto del 2024, el cual fue
presentado de forma extemporánea, dado que el término de traslado transcurrió
hasta el 27 del mismo mes y año29.
36. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó
silencio.
26
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 “088Auto concede Re_000202301258Concedea”
27
Expediente digital SAMAI – Índice 00005
28
Expediente digital SAMAI – Índice 00009 y 00012
29
Índices 10, 13 y 14 del sistema SAMAI.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en
atención a lo dispuesto en los artículos 15030 y 152.7.a)31 de la Ley 1437 del 2011,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
38. Al revisar el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se
observa que no se resolvió sobre la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Consejo Nacional Electoral en la contestación a la demanda. Así
las cosas, es procedente dictar pronunciamiento en esta instancia, así:
39. Sobre la vinculación del CNE, se destaca que aquella obedece al mandato
establecido el numeral 2 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, según el cual la
admisión de la demanda debe notificarse a la autoridad que expidió el acto y a la
que intervino en su adopción.
40. Además, corresponde a las comisiones escrutadoras hacer el conteo oficial de
los votos en las elecciones populares, labor que tiene como propósito declarar la
elección correspondiente; no obstante, ello, se precisa, que las funciones de
dichas comisiones son de carácter temporal, esto es, su existencia depende de la
duración del correspondiente escrutinio y, luego de efectuados, termina su razón
de ser. En esa medida al concluir la función transitoria de las comisiones, resulta
necesaria la vinculación del Consejo Nacional Electoral, en las demandas
contra elecciones por voto popular, para que, si es del caso, defienda la legalidad
de quienes actuaron en representación de la Organización Electoral,
concretamente, los responsables del escrutinio.
41. Por las razones expuestas, se ratifica la correcta vinculación del CNE al
trámite de la referencia, de manera tal que será negada la excepción que invocó.
2.3. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
apelación, se revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 2 de julio de 2024, mediante la cual declaró la
nulidad de la elección del señor Ferney Darío Fernández como alcalde del
municipio de Venecia (Antioquia) periodo constitucional 2024-2027, para lo cual se
deberá resolver el siguiente interrogante:
30
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
31
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…), de los alcaldes municipales; (…)»
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¿Se configura la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 9532 de la
Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, frente
al señor Ferney Darío Fernández como alcalde electo del municipio de
Venecia (Antioquia) para el período 2024-2027, teniendo en cuenta que su
hermano Carlos Mario Fernández fungió como presidente y representante
legal del Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, dentro de los doce meses
anteriores a la elección?
43. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; iii)
si el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo puede ser catalogado como empresa
que presta servicios públicos domiciliarios; iv) contenido de la sentencia de
Unificación 207 de 2022 de la Corte Constitucional y; (v) el caso concreto.
2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular33
44. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:
«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta,
y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo»34.
45. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública35. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas
y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no
ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que
desequilibren la contienda electoral»36.
32
«ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la
elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio.».
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
34
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-
00087-03(IJ).
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Demandante: Cristian David Ospina Patiño
Demandado: Ferney Darío Fernández,
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02
46. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del
aspirante»37. Así mismo, en la realización del principio democrático38 esta Sala ha
reconocido que estos regímenes tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las
condiciones normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto
de las situaciones personales de los aspirantes»39. También, ha indicado la
jurisprudencia:
«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia
y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos».40
47. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato41, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.
2.5. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
48. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para
los alcaldes la siguiente causal:
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito
como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o
con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
40
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
41
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).
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servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio. (…). (Se destaca).
49. Frente a este tipo de inhabilidad, la Sala identifica los siguientes elementos42:
a. Vínculo: exige que exista parentesco -hasta en el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil- o matrimonio o unión libre con el
candidato.
b. Material: consiste en que el pariente, cónyuge o compañero (a) permanente
haya sido representante legal de una de las entidades que indica la norma.
c. Orgánico: se refiere a que la entidad sea de aquellas que (i) administren
tributos, tasas o contribuciones o (ii) presten servicios públicos domiciliarios o (iii)
de seguridad social en salud que pertenezca al régimen subsidiado.
d. Temporal: según el cual, la representación legal debe haberse ejercido en el
periodo inhabilitante, esto es, durante los doce (12) meses anteriores a las
elecciones.
e. Espacial: impone que la entidad administre tributos, tasas o contribuciones, o
preste sus servicios en el respectivo municipio o distrito.
2.6. Las entidades prestadoras de servicios públicos
50. A partir de la Constitución Política de 1991 se adoptó el modelo del Estado
Social de Derecho, en virtud del cual este asumió, entre otras, la responsabilidad
de garantizar aspectos fundamentales para el logro de la prosperidad general y los
derechos de la población. Entre los efectos derivados de dicha responsabilidad,
está la atribución constitucional de la dirección estatal de la economía, en la que
debe intervenir en múltiples materias, entre ellas, la prestación de servicios
públicos43.
51. En desarrollo de las citadas disposiciones, el Congreso de la República
expidió la Ley 142 de 199444, la cual se aplica a las actividades de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, entre otros,
y en el artículo 15 estableció quiénes pueden prestar servicios públicos:
ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar
los servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios
del objeto de las empresas de servicios públicos.
42
Frente a la inhabilidad similar consagrada para los diputados puede consultarse la sentencia de 16 de septiembre de
2021, expediente: 70001-23-33-000-2019-00297-01 (ppal), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
43
Artículos 334, 365 y 366 de la Constitución Política
44
«Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras Disposiciones»
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15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de
transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y
se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. (Subraya la Sala).
52. En relación con las empresas a que se refiere el numeral 1 de la norma citada,
el artículo 14 ibídem, en sus numerales 5, 6 y 7, aclara que las mismas pueden ser
de naturaleza oficial, mixta o privada, así:
14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es aquella en cuyo capital la
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas
tienen el 100% de los aportes.
14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas
tienen aportes iguales o superiores al 50%.
14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a
las que se someten los particulares.
53. De las disposiciones citadas, se infiere que la prestación de servicios públicos
puede hacerse a través de diferentes formas asociativas, entre ellas: las empresas
de servicios públicos domiciliarios que deben ser sociedades por acciones, ya
sean empresas oficiales, mixtas o privadas; los entes territoriales cuando asumen
la prestación en forma directa; y las organizaciones autorizadas conforme a dicha
ley para adelantar esas actividades en municipios menores en zonas rurales y en
áreas o zonas urbanas específicas.
54. El Decreto 421 de 2000, «Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de
la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, zonas
rurales y áreas urbanas específicas», establece:
«Artículo 1o. Ámbito de aplicación. Para los efectos de lo establecido en la Ley 142
de 1994, en cuanto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico,
podrán prestar dichos servicios en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas
específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas
sin ánimo de lucro.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, también podrán prestar los
servicios públicos descritos, en los municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas
específicas, las demás personas prestadoras de servicios públicos autorizadas por los
artículos 15 y 20 de la Ley 142 de 1994, las cuales no son objeto de reglamentación en
este decreto».
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55. A su vez, el artículo 3º ibídem, indica:
«Artículo 3o. Las personas jurídicas descritas en el artículo 1o. de este decreto
deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7o. del
Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas concesiones, permisos
y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994».
56. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación se ha ocupado de
precisar el entendimiento que debe darse cuando la norma se refiere a entidades
que presten servicios públicos domiciliarios, como en el caso de la que consagra
la causal de inhabilidad que se invoca, indicando al respecto lo siguiente45:
«(…) la expresión entidades que presten servicios públicos domiciliarios es
específica frente a su acepción genérica en el lenguaje natural de la palabra entidades
(entendidas como personas jurídicas) e incluso frente a quienes pueden prestar
servicios públicos, los cuales están señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994
con la denominación de “PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS”; pero
a la vez es genérica en relación con las personas jurídicas a quienes por definición
legal les está dado ese objeto, como es el caso de las entidades descentralizadas de
cualquier orden territorial que antes de esa ley venían prestando algunos de esos
servicios como su principal objeto, y de las empresas de servicios públicos previstas en
la citada ley, a las cuales justamente debían convertirse aquellas entidades
descentralizadas después de la vigencia de la misma y por mandato de ella.
De modo que cuando el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617 de 2000 alude a
entidades que presten servicios públicos domiciliarios, se está refiriendo a las
entidades que tenían como objeto legal dicha prestación, sea cual fuere su
denominación (empresa, instituto o establecimiento público), al igual que a las
empresas de servicios públicos delimitadas en la Ley 142 de 1994.
(…) De suerte que dentro de lo que la ley relaciona como personas que prestan
servicios públicos cabe distinguir las que son entidades prestadoras de esos servicios
(entidades descentralizadas y empresas de servicios públicos) y las que no son
entidades prestadoras de tales servicios, como serían las de los numerales 15.2.,
15.3. y del artículo 16, esto es, las “personas naturales o jurídicas que produzcan
para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los
bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos”; los
“municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley”, y los
productores de servicios marginales, que son aquellos que los producen para sí por
falta de suministro regular del servicio y mientras éste no sea prestado por una
empresa, entidad u organización autorizada y no lo ofrezcan de forma masiva a
terceros.
(…) En el caso del numeral 15.4., “Las organizaciones autorizadas” conforme a
esa ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y
en áreas o zonas urbanas específicas, se debe destacar que son diferentes a los
productores marginales, ya que ellas están sujetas a la Ley 142 de 1994, y los
productores marginales no, excepto a sus artículos 25 y 26, salvo que ofrezcan el
servicio de forma masiva a terceros, caso en el cual quedan sujetos a dicha ley.
Un productor marginal puede tener la forma de una agrupación de habitantes de una
zona rural que por no disponer del servicio público institucional, se conforma
45
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera. Sentencia del 18 de mayo de 2006. C.P.
Rafael E. Ostaur de Lafont Pianeta. Radicación: 25000-23-15-000-2004-02430-01(PI)
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circunstancialmente para proveerse así misma el servicio, situación que por lo demás
se asemeja a la de las personas jurídicas o naturales que produzcan para ellas
mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos, prevista en el
numeral 15.2; es decir, situaciones en las cuales el servicio se genera para
autoconsumo, y que para ello no se configura una estructura organizacional ni un
sistema o régimen de tarifa propiamente dichos.
(…) En lo que atañe al punto, se ha de concluir, entonces, que no son entidades que
prestan servicios públicos, en el sentido técnico jurídico con que ese concepto se utiliza
en el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617 de 2000, las personas naturales o jurídicas
que los generan para sí mismas, los municipios cuando las circunstancias hacen que
deban prestarlos directamente, ni los productores marginales para autoabastecerse del
servicio que generan y, por ende, para su exclusivo autoconsumo.
Y sí lo son, las empresas de servicios públicos, las entidades descentralizadas que
venían prestando ese servicio bajo el régimen anterior a la Ley 142 de 2000, y las
organizaciones autorizadas conforme a dicha ley para prestarlos en municipios
menores, en zonas rurales y áreas o zonas urbanas específicas. Eventualmente lo
serán las personas naturales o jurídicas que generan un servicio público para sí
misma, así como un productor de servicios marginales, cuando celebren contratos o
realicen actos para suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea parte del
objeto de las empresas de servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a
cambio de cualquier clase de remuneración, o gratuitamente a quienes tengan
vinculación económica con ellas según la ley, o en cualquier manera que pueda reducir
las condiciones de competencia, pues de la normativa comentada se deduce que
material o sustancialmente se tornan en empresa y como tal en entidad que presta
servicios públicos bajo el régimen de la Ley 142 de 1994 y, por ende, la persona
natural o el representante legal de la persona jurídica respectiva quedarían incurso en
la inhabilidad bajo examen.
57. La misma Sección, cuando el prestador del servicio es una entidad privada sin
ánimo de lucro, como en este caso el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, ha
indicado46:
(…) lo que debe determinar la existencia de la causal de incompatibilidad no es la
forma asociativa del ente prestador del servicio, sino la actividad material de la
prestación, pues de lo contrario se crearía, sin razón alguna, una situación
discriminatoria entre los revisores fiscales de un ente organizado técnicamente
como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que no pueden
ejercer simultáneamente como concejales y fiscales de entes con idéntico objeto
que tienen otra forma de organización.
(…) Para la Sección el texto de la norma que señala la incompatibilidad, precisamente
hace referencia a “empresas que presten servicios públicos domiciliarios” y al tenor de
lo dispuesto por el artículo 25 del C.Co. se entiende por empresa toda actividad
económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La Asociación AVEROSA, como
se desprende de sus estatutos desarrolla una actividad económica organizada para
prestar el servicio público domiciliario de dotar de agua potable a las viviendas que
cubre el sistema. Es más, por la prestación de dicho servicio cobra a sus asociados
unas tarifas.
58. De conformidad con lo anterior, siempre que una entidad, sea cual fuere su
denominación, desarrolle cualquiera de las actividades previstas como servicios
46
Sección Primera. Sentencia del 27 de septiembre de 2007. M.P. Martha Sofia Sanz Tobón. Radicación: 25000-23-15-000-
2006-01754-01(PI)
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públicos domiciliarios en el numeral 21 del artículo 14 de la Ley 142 de 199447 y lo
haga para consumo masivo de terceros, se entenderá que presta servicios
públicos domiciliarios conforme al numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de
1994.
2.7. Principio pro libertatis / principio pro homine – Sentencia SU 207 de 2022
59. La regla de decisión definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
207 de 202248, se dio en el marco del análisis de la inhabilidad dispuesta en el
numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000, ya que la hermana del demandado en el curso del medio de
control de nulidad electoral, ejercía como autoridad administrativa y desarrollaba
sus funciones como secretaria general de la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca y por lo tanto, lo hacía en el municipio de Santiago de Cali en el cual
aquél fue elegido concejal.
60. Precisó la alta corporación, que las limitaciones al ejercicio del derecho de
participación son de naturaleza excepcional y no pueden ser interpretadas de
manera extensiva y que las restricciones deben responder a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como a los principios «pro libertatis, pro
persona o pro homine». Según estos principios49, cuando existan dudas en el
«alcance interpretativo de una inhabilidad», debe preferirse aquella interpretación
que: (i) menos limite el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los
cargos públicos (principio pro libertatis)50; y (ii) implique la menor restricción del
derecho de participación política del elegido (principio pro homine)51.
61. La regla de decisión se concretó en que cuando deba determinarse la
configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal elegido por su
parentesco con uno departamental, la autoridad judicial debe realizar una
valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real -más
allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de
esta forma, incidir a los electores. En este orden, no es posible la valoración
genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la
naturaleza de la entidad.
47
14.21. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. <Ver Notas de Vigencia, en relación con los textos subrayados> Son
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural,
y distribución de gas combustible, tal como se definen en este capítulo.
48
Corte Constitucional - Sentencia SU207 del 9 de junio de 2022. MP. José Fernando Reyes Cuartas
49
Sentencia SU-074 de 2022. En esta decisión la Corte conoció de una acción de tutela presentada por un ciudadano a
quién le fue anulada su elección como diputado del departamento de Boyacá el configurarse la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. El problema jurídico planteado en esta providencia fue el siguiente:
¿Vulneró la Sección Quinta del Consejo de Estado los derechos fundamentales del accionante al resolver – luego de la
designación de un conjuez para dirimir el empate entre los magistrados–, que era necesario inaplicar por inconstitucional el
parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 y, en consecuencia, que se configuraba la inhabilidad consagrada en el
numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, confirmándose la nulidad de su elección como diputado, y además
considerando que no era procedente acudir al mecanismo de jurisprudencia anunciada?
50
Corte Constitucional, sentencia C-147 de 1998: “Finalmente, no se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen
rango constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no sólo está
expresamente consagrado por la Carta (CP arts 13 y 40) sino que constituye uno de los elementos fundamentales de la
noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso de
aquellas de rango constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos corriendo el riesgo
de convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos
interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el
derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos”.
51
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.
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2.8. Caso concreto
62. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión: i)
que Ferney Darío Fernández resultó elegido alcalde del municipio de Venecia
(Antioquia) para el periodo 2024-2027, como se desprende del Formulario E-26
ALC aportado con la demanda52, ii) que los señores Ferney Darío Fernández y
Carlos Mario Fernández son parientes en el segundo grado de consanguinidad,
conforme a los registros civiles de nacimiento aportados en la debida etapa53; iii)
que el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo se constituyó mediante Acta 01 del 30
de junio de 1999, según se extrae del certificado de existencia y representación
legal54, y iv) que mediante Acta 001-2022 del 19 de marzo de 2022, la asamblea
de la asociación de usuarios del acueducto designó como presidente y
representante legal a Carlos Mario Fernández55.
63. La cuestión radica, en que la razón principal del tribunal de primera instancia
para declarar la nulidad de la elección demandada, es si la mencionada persona
jurídica es una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado en varias veredas del municipio de Venecia (Antioquia), pero
además, de conformidad con sus estatutos y con el objeto social fijado en el
certificado de existencia y representación legal, la zona de influencia o prestación
de los servicios no está limitada a dichas zonas, sino que podría eventualmente
ampliarse a todo el municipio e incluso, se prevé expresamente que pueda
prestarlo a nivel departamental y nacional.
64. Contrario a lo concluido por el tribunal de instancia, el apelante afirma que la
Asociación Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no tiene el estatus señalado, pues
no se encuentra debidamente constituida para operar como una organización
autorizada de conformidad con el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994
en concordancia con el artículo 1 y 3 del Decreto 421 de 2000, por cuanto
funciona como un productor marginal.
65. Definido así el objeto central del recurso de alzada que ocupa la atención de la
Sección y descendiendo a las particularidades del Acueducto Multiveredal Cerro
Bravo, conforme a los planteamientos expuestos en precedencia, se tiene que el
certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín, indica que su objeto social es56:
OBJETIVO GENERAL: El objeto del (sic) será prestar de manera continua, eficiente,
eficaz y responsable los servicios públicos domiciliarios de acueducto y de
saneamiento básico, realizando los (sic) actividades complementarias de captación,
tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del agua potable en el Distrito
Sanitario que le compete, comprometido con el mejoramiento continuo, la innovación,
el talento humano y que satisfaga las necesidades básicas de los usuarios.
52
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 12 a 13
53
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 180 a 181
54
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 125 a 134
55
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 121 a 124
56
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 170 a 179
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66. El citado documento contiene además los objetivos específicos de esa
organización, entre los que se destacan:
a. Dotar de agua potable y velar por el buen funcionamiento de (sic) acueducto para el
beneficio de los usuarios teniendo en cuenta las condiciones de operación y
mantenimiento del servicio a través de la Junta Directiva.
(…)
d. Gestionar los recursos y apoyo requeridos para la eficaz prestación del servicio, ante
las entidades territoriales que contemplen dicho apoyo.
(…)
f. Adoptar las políticas y normas establecidas por las autoridades sanitarias y los
organismos encargados del saneamiento básico, sobre la adecuada dotación de agua
potable y adecuación de aguas servidas.
67. Para cumplir los objetivos se estableció:
1- Manejar los recursos que ingresan al patrimonio del acueducto, producto de tarifas,
multas, créditos que se obtengan, donaciones y demás recursos que ingresan al
patrimonio.
2- Prestar el servicio de agua potable y saneamiento básico y realizar las actividades
complementarias y conexas a los mismos servicios de acuerdo con los (sic) normas
vigentes establecidas en el parágrafo del (sic).
3- Fomentar el interés asociativo y comunitario de las comunidades.
4- Garantizar el suministro de agua potable de manera eficaz y eficiente. (…)
8- Realizar las acciones que propendan al crecimiento de la cobertura del suministro de
los servicios públicos domiciliaros en las veredas que conforman el Distrito Sanitario.
9- Gestionar ante los entes estatales y Organizaciones No Gubernamentales a nivel
municipal, Regional, Nacional e Internacional, recursos económicos, técnicos,
tecnológicos y de capacitación para dar cumplimiento al objeto social. (…).
68. El mencionado certificado, también indica que la entidad que ejerce
inspección, vigilancia y control es Corantioquia y que sus estatutos fueron
modificados mediante Acta 14 del 31 de agosto de 2014 de la asamblea de
delegados.
69. A su turno, los estatutos de la Asociación Acueducto Multiveredal Cerro Bravo,
informan lo siguiente57:
ARTÍCULO 2º. NATURALEZA: Esta asociación que en adelante llamaremos
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “CERRO BRAVO” es una entidad autónoma de
carácter privado sin ánimo de lucro, integrada por las veredas palenque, peñas azules,
palmichal, el recreo, la Amalia y el tambo (sic), que con el apoyo del comité
departamental de cafeteros la administración municipal de Venecia y el aporte de cada
uno de los usuarios construyeron en cada una de sus comunidades los sistemas de
Acueductos veredales que por iniciativa propia acuerdan constituirse en asociación de
veredas para operar el servicio como Acueducto Multiveredal hasta donde sea posible,
aunando esfuerzos y procurando dar soluciones a las necesidades de dichos servicios,
al igual velará por la protección integral del medio ambiente.
(…)
57
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 14 a 52
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ARTÍCULO 3º. TERRITORIO: EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “CERRO BRAVO"
del municipio de Venecia desarrollará sus actividades en las veredas de influencia,
pero podrá prestar sus servicios en cualquier parte del territorio Municipal,
Departamental y nacional de acuerdo con las normas establecidas para esta clase de
organizaciones.
(…)
6.19- Además, EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “CERRO BRAVO” está facultada -
sic- para realizar todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con
los mismos y en especial está autorizada para celebrar contratos de servicios públicos
de acueducto, alcantarillado, recolección y tratamiento de residuos sólidos, facturar,
cobrar y recaudar el costo de los servicios que presta (…). Ejecutar obras, establecer
controles de calidad, elaborar tarifas y sistemas de desarrollo de programas
informáticos, intervenir en la construcción, ampliación, mantenimiento y reposición de
redes de acueducto y alcantarillado y de la infraestructura necesaria para prestar los
servicios a su cargo, para beneficio propio o de terceros y contratar concesiones y
tramitar los permisos que se requieran de las autoridades competentes.
(…)
ARTÍCULO 13º. DEBERES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS: Los usuarios
asociados tienen los siguientes deberes:
(…)
D. Pagar oportunamente las facturas que por servicios prestados se emita a cada
usuario, además de las reconexiones y multas que se impongan de acuerdo con la ley
y estos estatutos.
(…)
ARTÍCULO 84º. Por el solo hecho de ser matriculado para recibirs (sic) los servicios
que presta EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL “CERRO BRAVO”. El usuarios (sic)
aceptan las condiciones estipuladas en este estatuto y demás normas generales de
administración o reglamentos que lo complementen.
(…)
29. FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta que la entidad prestadora de
servicios públicos entrega o remite al usuario o suscriptor, por causa del consumo y
demás servicios inherentes al desarrollo de un contrato de prestación de servicios
públicos (art. 14.9 Ley 142 de 1994) (…).
70. De lo que se trae a colación, esta Sala encuentra acertada la conclusión del a
quo, comoquiera que de manera clara y precisa los fines para los que se
constituyó el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo es la operación del servicio
público de acueducto en las veredas de influencia en el municipio de Venecia
(Antioquia), y en el territorio departamental y nacional, lo que lleva a inferir que se
trata de una entidad prestadora de servicios públicos, pues al ser una organización
asociativa multiveredal sin ánimo de lucro, está autorizada para ello como lo
dispone el artículo 15.4 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 421 de
2000.
71. En este punto, es importante traer a colación el contenido del artículo 14 de
Ley 142 de 1994, el cual, trae los siguientes conceptos:
«Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y
distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.
(…)14.22. Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio
público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta
para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará
esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte.
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14.23. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal
de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.
También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte,
tratamiento y disposición final de tales residuos.
14.24. Modificado por el art. 1 de la Ley 689 de 2001. Modificado parcialmente por el
Artículo 1 de la LEY 632 de 2000. Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio
de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta
Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos».
72. Por lo anterior, se puede concluir que las actividades que presta la referida
organización son de aquellas que la ley consagra como servicios públicos
domiciliarios, e incluso, en atención a su objeto, se tiene que la misma no puede
ser clasificada como una actividad de autoconsumo o como un productor marginal,
tanto así, que el servicio por ella prestado es cobrado a sus usuarios mediante el
sistema de facturación que disponga.
73. Ahora, el apelante también afirma que para que una organización constituida
como persona jurídica sin ánimo de lucro, como es la Asociación Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo, pueda prestar el servicio público de agua potable y
saneamiento básico, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3º
del Decreto 421 de 2000.
74. Señala el recurrente que esta asociación solo cumple con 2 de los 4
requisitos, pues aunque se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio con
jurisdicción en su domicilio y cuenta con las concesiones, permisos y licencias a
que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994, no está inscrita ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que impone concluir que no es una
entidad debidamente constituida para operar como una organización autorizada de
conformidad con el numeral 4 artículo 15 de la Ley 142 de 1994 en concordancia
con los artículos 1 y 3 del Decreto 421 de 2000, y en consecuencia, se trata de un
productor marginal, dado que solo presta el servicio a ciertas veredas, eliminando
la posibilidad de la prestación de servicios públicos domiciliarios a terceros de
manera masiva.
75. Para resolver sobre lo anterior, se considera procedente traer a colación el
contenido del artículo 3º del Decreto 421 del 2000, en donde se indica:
«Artículo 3o. Las personas jurídicas descritas en el artículo 1o. de este decreto
deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7o. del
Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas concesiones, permisos
y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994».
76. Lo primero a señalar, es que no se desconoce que al interior del expediente
de primera instancia58, obra respuesta a una solicitud efectuada en ejercicio del
58
Actuación 32. Sistema SAMAI. Consulta por interfaz de usuario de tribunales administrativos.
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derecho de petición59, en el que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios informó que «se procedió a consultar el Registro Único de Prestadores de
Servicios Públicos – RUPS, por el NIT 811022533-0 y nombre Acueducto Multiveredal
Cerro Bravo y con esos datos NO figura ninguna empresa registrada en esta entidad».
77. Sin embargo, de una lectura de dicha normativa, se tiene que la misma
consagra una serie de obligaciones de las organizaciones autorizadas para prestar
los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios
menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, más no establece que ellas,
como lo pretende hacer ver la parte apelante, sean requisitos para la constitución
y posterior operación por parte de aquellas.
78. Así mismo, si lo que extraña el recurrente es la inscripción ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación
de Agua Potable, dicha circunstancia en sí misma, a juicio de la Sala, no implica
que la Asociación Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no pueda ser entendida
como una entidad prestadora de servicios públicos, en tanto lo relevante es que su
objeto y funciones, consagran materialmente actividades que son consideradas
como tales y así sean prestadas.
79. Adicionalmente, el análisis de las pruebas referidas llevan a concluir que la
entidad representada legalmente por el hermano del demandado no puede ser
entendida como un productor marginal con actividad de autoconsumo, toda vez
que no puede desconocerse que el artículo 3º de los estatutos, expresamente
indica actividades como el establecimiento del pago de tarifas por parte de los
usuarios o suscriptores, a través de facturación que se genera por causa del
consumo y demás servicios inherentes.
80. Lo anterior, desdibuja la naturaleza que trae el recurrente, ya que, se reitera,
los productores marginales se organizan de forma circunstancial para proveerse a
sí mismos el servicio para autoconsumo, sin que se conforme una estructura
organizacional ni un sistema o régimen de tarifa propiamente dichos.
81. Bajo este entendido, se tiene que la Asociación de Usuarios del Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo, adelanta una actividad económica organizada, con la
cual, busca la satisfacción de las necesidades de agua potable y acueducto para
terceras personas ubicadas en el área de su influencia, quienes, a su vez, se
encuentran en la obligación de pagar la suma correspondiente por la prestación de
esos servicios.
82. Es de resaltar que al interior del proceso60, obra documentación emitida por la
entidad antes mencionada, que pone de presente que, como usuarios finales de la
actividad desplegada por aquella, se tienen 210 familias, así como oficios en los
que el hermano del demandado pone de presente a la administración municipal la
59
Se solicitó lo siguiente a la entidad:
60
Archivo 17 del expediente digital.
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existencia de más de 400 solicitudes para ser incluidos como tales, lo que denota
la masividad que extraña el recurrente.
83. De otra parte, considerando que respecto de los servicios públicos
domiciliarios se predica que aquellos tienen un punto terminal, esto es, que el bien
llega directamente a los hogares o lugares de trabajo de los usuarios 61, no se pasa
por alto que al interior del proceso se recibió el testimonio del señor Humberto
Pérez Bedoya, quien en su condición de usuario, manifestó ante el juez de primera
instancia constarle dicha condición frente a las actividades que despliega la
plurimencionada asociación62.
84. De conformidad con lo expuesto, y comoquiera que la inhabilidad prevista en
el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37
de la Ley 617 de 2000 hace referencia a entidades que presten servicios públicos
domiciliarios, en el presente caso está claro que la Asociación Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo es de aquellas a las que se refiere la norma, lo que lleva
a concluir que el elemento objetivo que puso en entredicho el apelante, sí se
encuentra debidamente acreditado en el presente proceso.
85. Así las cosas y toda vez que mediante Acta 001-2022 del 19 de marzo de
2022, la asamblea de dicha organización designó como presidente y
representante legal al señor Carlos Mario Fernández63 hasta el 30 de septiembre
de 202364, así como que éste se encuentra en el segundo grado de
consanguinidad con el demandado Ferney Darío Fernández, es claro que se
acreditó la causal de inhabilidad invocada en la demanda, lo que lleva a la nulidad
del acto de elección o escrutinio E-26 ALC, expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil que declaró la elección como alcalde municipal de Venecia
(Antioquia) en el período 2024-2027 al señor Ferney Darío Fernández, por lo que
se impone confirmar la decisión de primera instancia.
86. Finalmente, frente a la aplicación de la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022 que sustenta la excepción
propuesta por el demandado en la contestación de la demanda y que invoca en el
recurso de apelación ante la falta de pronunciamiento del a quo, la Sección
advierte que65:
52. El fallo constitucional inicia su estudio mostrando una línea jurisprudencial, en la
que se señala que «Para la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el
cargo del cónyuge o pariente del aspirante al cargo de elección popular no
pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino que, dadas las funciones que
desempeña, basta que esté en capacidad de influir en el electorado y, con mayor
razón, si, como en este caso, tales funciones deben desarrollarse directa y
concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o pariente tiene sus
aspiraciones electorales.66 (resaltado del texto original).
61
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 22 de febrero de 2016. Radicación 11001-03-06-
000-2014- 00259-00(2236)
62
Minuto 19:40, audiencia de pruebas.
63
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 121 a 124
64
Expediente digital SAMAI del TAA “03DemandaNulidadElectoral” Pág. 154 a 156
65
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 18 de julio de 2024. MP Gloria
María Gómez Montoya. Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02
66
Consejo de Estado, Sala Plena, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicado 11001-03-15-000-2001-
0283-01(S-084).
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-01258-02
87. De conformidad con lo anterior, se precisa que el análisis fáctico de la
sentencia de unificación que sustenta la excepción propuesta por el demandado,
radica en la causal de inhabilidad descrita en el numeral 4° del artículo 43 la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley 617 del 2000.
88. Con todo, en este caso se pudo constatar que el acueducto mencionado,
presta sus servicios en el municipio en donde resultó electo el demandado,
argumento suficiente para encontrar acreditada la inhabilidad bajo una
probabilidad real de incidencia en el electorado.
89. En consecuencia, este argumento no tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 2 de julio de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara Voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara Voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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