Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05797-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05797-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05797-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05797-01
Demandante: Ferney Darío Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05797-01
Demandante: FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se reúnen los requisitos generales de procedencia / INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir
el debate planteado en el proceso de nulidad electoral, que fue zanjado por el juez natural
de la causa en una sentencia desprovista de capricho o arbitrariedad.
La Sala1 decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 9 de diciembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1.El 25 de octubre de 2024, el señor Ferney Darío Fernández, mediante apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido, con ocasión
de las sentencias del 2 de julio y del 12 de septiembre de 2024, proferidas, en su
orden, por las referidas autoridades judiciales, dentro del proceso de nulidad
electoral 05001-23-33-000-2023-01258-00. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales del accionante, que a
continuación se relacionan, consagrados por los artículos 13 y 40 de la
Constitución: ➢ Derecho a la igualdad. ➢ Derecho al debido proceso ➢
Derecho a ser elegido ➢ Derecho a elegir ➢ Derecho a acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos ➢ Derecho a participar en el ejercicio del poder
político.
1 Se advierte que el 29 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Ferney Darío Fernández
SEGUNDA: Dejar sin efecto la Sentencia de Primera Instancia, calendada el
dos (2) de julio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia bajo el radicado 05001 23 33 000 2023 01258 00
por medio de la cual esa Corporación Judicial declaró la nulidad del acto de
elección de FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 8´463.360 como Alcalde del Municipio de Venecia
Antioquia, para el período Constitucional 2024 – 2027, contenido en el
formulario E-26 ALC del primero (1°) de noviembre de dos mil veintitrés (2023),
expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Venecia (Ant.), y canceló
su credencial; confirmada por la sección Quinta del Consejo de Estado
mediante Sentencia datada el doce (12) de septiembre de la presente
anualidad, con número de radicado 05001 23 33 000 2023 01258 02.
TERCERO: Una vez adoptada la decisión de que trata el ordinal anterior,
ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro del término
fijado por el Juez de Tutela, profiera una nueva Sentencia en el referido proceso
de nulidad electoral, que acate las consideraciones de la Sentencia de Tutela
que ampare los derechos fundamentales y mantenga la vigencia de la elección
de FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ como alcalde del Municipio de Venecia
Departamento de Antioquia, período Constitucional (2024 – 2027).
2. El 29 de octubre de 2023, el señor Ferney Darío Fernández fue elegido alcalde
del Municipio de Venecia (Antioquia), para el período constitucional 2024-2027.
3. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el ciudadano Cristian David
Ospina Patiño pidió que se anulara el Acto Administrativo E-26 del 1 de noviembre
de 2023 o acta de escrutinio municipal, expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, que declaró electo al señor Fernández como alcalde municipal de
Venecia. La demanda se sustentó en que el señor Fernández estaba incurso en la
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 19942, dado
que su hermano, Carlos Mario Fernández, era representante legal de una entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios3 que operó en la jurisdicción del
Municipio de Venecia dentro los 12 meses anteriores a la elección.
4. Mediante fallo del 2 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por el aquí
demandante y, en sentencia del 12 de septiembre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado la confirmó.
2 ARTÍCULO 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido,
ni designado alcalde municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en
el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio.
(…)
3 Revisado el expediente de tutela, se tiene que, en Acta 001 del 19 de marzo de 2022, la Asamblea
de Asociados del Acueducto Multiveredal nombró presidente y representante legal al señor Carlos
Mario Fernández, quien ocupó ese cargo entre el 19 de marzo de 2022 y el 27 de octubre de 2023.
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Demandante: Ferney Darío Fernández
5. En criterio del señor Ferney Darío Fernández, las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustancial, decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
6. Respecto del defecto fáctico, adujo que no se probó que el señor Carlos Mario
Fernández, en calidad de representante legal del Acueducto Multiveredal Cerro
Bravo, hubiera ejercido autoridad administrativa en el referido municipio, al punto de
incidir en el resultado electoral a favor de su hermano.
7. A ello se suma que las decisiones cuestionadas carecen de rigor probatorio para
determinar la configuración de la referida inhabilidad con base en la «presunta
masividad en la prestación del servicio brindado por el Acueducto», pues allí no se
acreditó el nivel de incidencia que tuvo el señor Fernández sobre el resultado
electoral.
8. Frente al defecto sustantivo, manifestó que se malinterpretó la causal de
inhabilidad por parentesco, pues las autoridades judiciales accionadas no tuvieron
en cuenta los estatutos que rigen el acueducto, pues allí se estableció que el
administrador es quien funge de autoridad administrativa.
9. Sostuvo que las providencias cuestionadas carecen de motivación, porque no se
pronunciaron sobre el reparo denominado «existencia y aplicación de los principios
pro homine y pro libertatis en el régimen electoral colombiano», en el que se advirtió
que las autoridades judiciales deben aplicar las reglas fijadas en la sentencia SU-
207 de 2022, en la que se estableció que la causal de inhabilidad por parentesco
deberá analizarse de acuerdo con las particularidades del caso, omisión que
también se traduce en una violación directa de la Constitución.
Trámite impartido e intervenciones
10. Mediante auto del 31 de octubre de 2024, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la solicitud de amparo y ordenó que se notificara a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo
de Estado, como parte demandada, y, como terceros con interés, al registrador
Nacional del Estado Civil, al presidente del Consejo Nacional Electoral, al
gobernador del Departamento de Antioquia y al señor Cristian David Ospina Patiño.
Asimismo, se negó la solicitud cautelar.
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Demandante: Ferney Darío Fernández
11. De otra parte, en providencia del 28 de noviembre de 2024, se rechazó por
improcedente la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el auto que
negó la medida cautelar.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante, pues no profirió la providencia cuestionada.
13. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
pidieron que se les desvinculara del proceso de tutela, porque no tienen
competencia para resolver las inconformidades presentadas por la parte
accionante.
14. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
Fallo impugnado
15. En sentencia del 9 de diciembre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, en los
siguientes términos:
16. En primer lugar, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, porque
esas autoridades se vincularon como terceros con interés, por haber intervenido en
el proceso de nulidad electoral en cuestión.
17. Luego de analizar los reparos presentados en la solicitud de amparo y en el
recurso de apelación, concluyó que la parte accionante pretende reabrir una
controversia que ya fue zanjada por los jueces naturales, pues buscó que se
declarara que (i) no se acreditó el elemento objetivo de la causal de inhabilidad por
parentesco, en tanto no se tuvo en cuenta que el Acueducto Multiveredal Cerro
Bravo no cumple con los requisitos fijados en el numeral 4 del artículo 15 de la Ley
142 de 19924 y, en consecuencia, le impide prestar su servicio de forma masiva, y
(ii) no se aplicó las reglas fijadas en la sentencia de unificación SU 207 de 2022,
aspectos centrales en la presente solicitud de amparo.
18. En ese sentido, observó que la autoridad judicial accionada abordó cada uno
de los reparos presentados en el recurso de apelación, en el sentido que sí se
4 ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar los
servicios públicos:
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en
municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.
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Demandante: Ferney Darío Fernández
acreditó el elemento objetivo de la inhabilidad por parentesco, porque el Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo presta sus servicios en jurisdicción del Municipio de
Venecia (Antioquia), razón por la cual se declaró la nulidad de la elección del señor
Ferney Darío Fernández, como alcalde de ese ente territorial, pues su hermano
fungió como representante legal de dicho acueducto en los 12 meses anteriores a
la contienda electoral.
19. Agregó que la autoridad judicial accionada abordó el reparo sobre el
desconocimiento de la sentencia de unificación 207 de 2022, pues, una vez
analizada la regla fijada allí, «[s]e pudo constatar que el acueducto mencionado,
presta sus servicios en el municipio en donde resultó electo el demandado,
argumento suficiente para encontrar acreditada la inhabilidad bajo una probabilidad
real de incidencia en el electorado».
Impugnación5
20. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, por considerar
que la solicitud de amparo no pretende reabrir una discusión zanjada en el proceso
de nulidad electoral mencionado, sino que únicamente pretende evitar la
configuración de un perjuicio irremediable causado por el desconocimiento del
precedente judicial fijado en la sentencia de unificación SU 207 de 2022.
21. Adujo que la solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues era evidente que las decisiones cuestionadas vulneraron sus
derechos fundamentales y los derechos políticos de los ciudadanos que eligieron
al señor Ferney Darío Fernández, como alcalde del Municipio de Venecia
(Antioquia).
22. El a quo pasó por alto que no se acreditó que el señor Carlos Mario Fernández
hubiera incidido en el resultado electoral que obtuvo su hermano, Ferney Darío
Fernández, en las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, y, por ende,
tampoco se quebrantó el principio de igualdad entre los candidatos inscritos para
elegir alcalde de Venecia (Antioquia), para el período 2024-2027.
23. Insistió en que la sentencia de unificación SU-207 de 2022, proferida por la
Corte Constitucional, estableció que la causal de inhabilidad por parentesco deberá
ser analizada de acuerdo con las particularidades del caso, al punto que las
5 Mediante auto del 21 de febrero de 2025 (SAMAI, índice 8), se declaró fundado el impedimento
manifestado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez (SAMAI, índice 5). Como consecuencia,
quedó separado del conocimiento de esta acción de tutela.
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Demandante: Ferney Darío Fernández
autoridades judiciales deberán realizar un examen específico de la probabilidad real
del ejercicio de la autoridad, que permita determinar si el ejercicio de aquel incide
en la capacidad de decisión del electorado, regla que no fue aplicada en el presente
caso.
24. Adujo que las providencias cuestionadas no explicaron por qué se apartaron
del referido precedente, a pesar de que la parte accionante lo alegó en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación.
25. Finalmente, como medida provisional, nuevamente solicitó que se suspendieran
los efectos de las sentencias del 2 julio y del 12 de septiembre de 2024, proferidas,
en su orden, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por considerar que, si el juez de tutela ampara sus derechos
fundamentales, las actuaciones adelantadas en cumplimiento de esas providencias
causarían «una paradoja jurídica bastante particular de complejas implicaciones
legales, sociales, políticas e inclusive económicas, y difícilmente reversibles, lo cual
también causaría un traumatismo institucional que, en un sano y prudente criterio,
sería mejor prevenir».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Cuestión previa: la solicitud de medida provisional reiterada en segunda
instancia
26. Si bien la parte demandante insistió en el escrito de impugnación que se
decretara como medida provisional la suspensión de los efectos jurídicos de las
sentencias del 2 de julio y del 12 de septiembre de 2024, proferidas, en su orden,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de las cuales se declaró la nulidad del acto de elección o acta de
escrutinio E-26, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil que declaró
elegido como alcalde del municipio de Venecia, Antioquia, para el período 2024-
2027, al señor Ferney Darío Fernández, la Sala estima innecesario pronunciarse
sobre dicha solicitud, dado que, a través de este fallo se está poniendo fin a la
controversia de tutela, al menos ante los jueces de instancia.
27. Por consiguiente, y en consideración a que lo pretendido con la medida
provisional es que se tome una decisión con carácter urgente, a fin de evitar la
configuración de un perjuicio irremediable o que sean nugatorios los efectos del
fallo, en este caso, pierde todo sentido una decisión preliminar sobre la cuestión
litigiosa. Además, vale la pena recordar que se trata de la reiteración de una medida
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provisional que fue analizada y negada por el juez de tutela de primera instancia
mediante auto del 31 de octubre de 2024, sin que se hubieran alegado
circunstancias extraordinarias que justificaran un pronunciamiento previo a este
fallo.
Problema Jurídico
28. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se
reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró
los derechos fundamentales invocados por el señor Ferney Darío Fernández.
Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
29. Inmediatez. La tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 12 de septiembre de 2024 y se notificó el 13 de
septiembre siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de
octubre de la misma anualidad, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este
término resulta razonable.
30. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
31. Subsidiariedad. La parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren
en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
32. Relevancia constitucional. La Sala considera necesario referirse brevemente
al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer
si se cumple o no en el presente asunto.
33. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
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34. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente6 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
35. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
36. De entrada, al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala anticipa
que la presente tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de
relevancia constitucional, pues la parte accionante pretende convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del medio de control de nulidad electoral, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la determinación de los jueces naturales sobre el análisis de si se
configuró o no el elemento objetivo de la causal de inhabilidad por parentesco y la
aplicación de la sentencia de unificación SU 207 de 2022.
37. Así pues, se observa que tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como la
Sección Quinta del Consejo de Estado hicieron un análisis de los hechos y las
pruebas que dieron lugar a la demanda ordinaria.
38. En efecto, mediante la sentencia del 2 de julio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia expuso que sí se probó el parentesco por
consanguinidad entre los señores Ferney Darío Fernández y Carlos Mario
Fernández, quien es representante legal del Acueducto Multiveredal Cerro Bravo,
según acta del 19 de marzo de 2021, expedida por la asamblea general de la
Asociación de Usuarios de la referida entidad.
6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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39. También aseveró que estaba probada la configuración del elemento objetivo
del caso bajo estudio, a través de los estatutos y el certificado de existencia y
representación legal de ese acueducto, pues allí se observó que la entidad tiene su
sede y cumple su objeto social en el municipio de Venecia (Antioquia).
40. Igualmente adujo que la referida entidad presta el servicio de acueducto en
múltiples veredas del Municipio de Venecia, objeto que «podría eventualmente
ampliarse a todo el municipio e incluso se prevé expresamente que pueda adelantar
esas actividades en el departamento y a nivel nacional».
41. Por lo anterior, se encontró configurada la inhabilidad prevista en el numeral 4
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y, por ende, se accedió a las pretensiones de
la demanda.
42. Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante instauró recurso de
apelación, entre otras, bajo el argumento de que:
• La Asociación de Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no tiene la calidad de
entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, porque no cumplen
con los requisitos fijados en el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de
1992, en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 421 de 2000.
• Según el certificado de existencia y representación legal de la organización,
esa asociación no tiene el objeto de prestar el servicio de forma masiva, sino
que pretende proporcionar el agua potable únicamente a las veredas que lo
conforman.
• Insistió en que no se probó el elemento objetivo de la inhabilidad por
parentesco prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
• El Tribunal omitió pronunciarse sobre el reparo denominado «existencia de
los principios pro homine y pro libertatis en régimen electoral colombiano»,
postulado abordado en la sentencia de unificación SU 207 de 2022.
• La autoridad judicial no determinó que el señor Carlos Mario Fernández
influyó en las elecciones que participó su hermano, Ferney Fernández, para
ser alcalde del municipio de Venecia (Antioquia), pues, de los elementos
materiales probatorios, no se desprende que «las tres mesas de votación
ubicadas en el área de influencia donde opera el acueducto veredal
proveyeron un apoyo determinante y efectivo a favor del candidato del
momento por incidencia del colateral al detentar su hermano la
representación legal de una organización campesina donde no se ejerce
ningún tipo de prerrogativa efectiva».
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43. Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo del 2 de julio de 2024, dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, y los propuestos en el escrito de tutela, se evidencia
que los defectos alegados en la presente solicitud de amparo fueron invocados para
continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario.
44. En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos en el proceso ordinario y
las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor
manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia
adicional:
Argumentos presentados en el recurso de Argumentos de la demanda de tutela
apelación 7
26. La parte demandada, mediante escrito del Para que se configure la inhabilidad por
9 de julio de 2024, apeló la anterior providencia parentesco por parte de un candidato a la
y expuso que la actividad desempeñada por el alcaldía porque uno de sus hermanos es el
referido acueducto se circunscribe al representante legal de un acueducto ubicado en
autoconsumo de la comunidad beneficiada y la zona rural del mismo Municipio donde aquel
que, en ningún momento, realiza actividades de se postuló; es imperativo evidenciar en el
captación, tratamiento, distribución y suministro expediente, además de los factores temporal y
masivo a terceros, porque no tiene la objetivo; que la referida Entidad preste sus
infraestructura ni la capacidad técnica ni servicios de forma masiva en la Localidad,
financiera para la prestación del servicio de cuestión ésta que no quedó probada en la
acueducto y saneamiento básico de forma actuación procesal, porque la realidad de dicha
masiva en el municipio de Venecia (Antioquia), organización es muy disímil a la elucubrada por
lo que lo convierte en un productor marginal. el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
27. Resaltó que la Asociación de Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo no tiene la calidad de El Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, no tiene
entidad prestadora de servicios públicos la infraestructura ni la capacidad técnica ni
domiciliarios, pues no se encuentra financiera suficiente para la prestación de
debidamente constituida para operar como una servicio de acueducto y saneamiento básico de
organización autorizada de conformidad con el forma masiva en el Municipio de Venecia (Ant.);
numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, solo está constituido para el autoconsumo de la
en consonancia con los artículos 1 y 3 del comunidad que lo cimentó, no para la
Decreto 421 de 2000 y, en consecuencia, es un prestación de un servicio de forma masiva como
productor marginal por lo que no se acreditan lo concluyó y dio por sentado el Ad Quo sin el
en el proceso los elementos normativos que acervo probatorio suficiente, pertinente,
exige la inhabilidad consagrada en el numeral conducente y útil para llegar a tal juicio de valor;
4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en efecto, dicha consideración desconoce la
modificado por el «artículo 40 (sic)» de la Ley realidad de la región y el deber restrictivo que
617 de 2000. impone la Jurisprudencia al operador jurídico al
momento de interpretar la causal de inhabilidad
28. Citó los artículos 365 de la Constitución pregonada, toda vez que restringe derecho
Política y 15 de la Ley 142 de 1994 para indicar fundamentales como elegir y ser elegido, sin los
que el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo no elementos suficientes para determinar sin temor
se encuentra autorizado para la prestación de a equívocos que en el sub litte se dio una
dicho servicio público domiciliario porque no situación de ventaja que fue lo que pretendió
cumple con los requisitos; además, si se evitar el Legislador con dicha prohibición (…).
atiende a lo consagrado en el certificado de
existencia y representación legal de la Asimismo, es necesario acreditar en el plenario,
organización, el objeto de creación y cómo se dio el apoyo del colateral en la
funcionamiento va dirigido al abastecimiento de contienda electoral, y cómo dicho apoyo incidió
agua potable para las veredas que lo efectivamente en el resulto final de los comicios
conforman, pero jamás, como erradamente a favor de su hermano, cuestión ésta que
concluye el tribunal, para el ofrecimiento tampoco se cumplió para poder declarar la
masivo del servicio a terceros. nulidad del acto de elección en contra del señor
FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ; dado que
7
Tomados de la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
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29. Reiteró que no se acreditó el elemento suponer el ejercicio de “el poder institucional y
orgánico y la literalidad de la inhabilidad que amplio del cargo de representante legal de una
consagra el numeral 4º del artículo 95 de la Ley entidad” de estas características, conlleva a un
136 de 1994, modificado por el «artículo 40 exabrupto jurídico, toda vez que está dando por
(sic)» de la Ley 617 de 2000. sentado sin ningún elemento material
probatorio pertinente, conducente y útil, la
30. De otro lado, manifestó que la sentencia configuración de una supuesta ventaja sobre
omitió pronunciarse sobre la excepción los demás candidatos que participaron en la
denominada «existencia de los principios pro contienda electoral; y ante las dudas por falta de
homine y pro libertatis en régimen electoral pruebas, se debió dar aplicación a la regla de
colombiano», sobre el que la jurisprudencia de decisión consignada en el precedente judicial
la Corte Constitucional ha indicado que el descrito en la SU 207 de 2022 emitida por la
operador jurídico al momento de determinar si Corte Constitucional.
una persona que aspira a un cargo de elección
popular está incurso o no en la causal de Respecto a la supuesta expansión de la
inhabilidad relativa al parentesco, debe realizar operación del acueducto a nivel nacional, es
un juicio de valor específico respecto de la dable señalar que el Ad Quo realizó una
probabilidad real (más allá del potencial), que interpretación extensiva de un supuesto fáctico
permita determinar si el ejercicio de alguna que puede acaecer o no en un futuro hipotético,
prerrogativa a nivel local incide, trasciende e pero que para la época de los hechos, no fue
impacta efectivamente en la capacidad de así; ya que el Acueducto Multiveredal Cerro
decisión del electorado en general, no siendo Bravo del Municipio de Venecia (Ant.), sólo
de recibo un razonamiento genérico o abstracto prestaba el servicio para la congrua
fundado en consideraciones formales subsistencia de la comunidad que lo edificó por
relacionadas con la naturaleza de la entidad, tal la inasistencia de las autoridades estatales para
y como lo determinó la Corte Constitucional la provisión del mismo.
mediante la sentencia SU-207 de 2022. Dichas consideraciones son desacertadas, toda
31.
Agregó que en virtud de lo anterior, debe vez que carecen de los elementos materiales
quedar demostrado en la actuación judicial que probatorios sólidos para determinar la
por el vínculo del parentesco se presentó un configuración de la causal de nulidad por
fenómeno inusitado en la población que incidió parentesco, dado que no se acreditó en el
efectivamente en el resultado final del proceso expediente la prestación del servicio masivo a
electoral en determinada circunscripción los habitantes del municipio, y cómo se
electoral, cuestión que no es posible determinar configuró el apoyo determinante del colateral al
en el presente caso, toda vez que no existen candidato en la contienda electoral, requisitos
pruebas suficientes para concluir, por ejemplo, indispensables para que se estructure la causal
que las tres mesas de votación ubicadas en el de inhabilidad deprecada.
área de influencia donde opera el acueducto
veredal proveyeron un apoyo determinante y (…)
efectivo a favor del candidato del momento por
incidencia del colateral al detentar su hermano Así las cosas, el Tribunal Administrativo de
la representación legal de una organización Antioquia realizó una interpretación genérica y
campesina donde no se ejerce ningún tipo de objetiva de la causal de inhabilidad por
prerrogativa efectiva. parentesco alegada en el sub judice, sin tener
en consideración el deber que le asiste de llegar
a un juicio de valor ajustado a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en
cuenta la probabilidad real- más allá del
potencial, de que el mando, autoridad,
dirección, manejo, o alguna otra prerrogativa
estatal del hermano del señor FERNEY DARÍO
FERNÁNDEZ se haya ejercido; y que éste
hubiere incidido a favor del candidato en el
resultado de los comicios; siendo lo correcto,
efectuar una interpretación específica y
restrictiva de la norma en el caso en concreto,
dejando de lado las consideraciones formales
sobre la naturaleza de la Entidad, y evitar con
ello una decisión judicial cercenadora de
derechos fundamentales.
(….)
Con relación a los fines para los cuales se
constituyó el Acueducto, es pertinente señalar
que tales consideraciones resultan irrazonables
y desproporcionadas, toda vez que refiere una
utopía Estatutaria, como el argumento principal
para determinar que el citado acueducto no es
un productor marginal, sino una entidad
prestadora de servicios públicos. Dio por
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sentado el fin no logrado de una presunta
operación a nivel Municipal, Departamental y
Nacional, ya que no quedó demostrado en la
actuación judicial, ni debidamente explicado en
la Sentencia, cómo es la prestación masiva del
servicio por parte del referido acueducto en la
Localidad, estableciendo con precisión, cuál es
su área real de influencia; cuántas acometidas
tiene instaladas en la zona de influencia;
cuántas acometidas tienen instaladas en el
resto del Municipio, Antioquia y todo Colombia;
a cuántos usuarios presta el servicio, cuántos
usuarios tiene registrados ASSA11 y los otros
acueductos veredales; cuántos metros cúbicos
distribuye el acueducto Veredal Cerro Bravo;
cuántos metros cúbicos prorratea la empresa
ASSA mes a mes en la Municipalidad, etc.
(…)
Respecto del número de usuarios, se itera la
carencia en el plenario de datos precisos y
acertados para poder pregonar la prestación de
un servicio “masivo” por parte del acueducto
multiveredal en el Ente Territorial; en efecto, en
la decisión enjuiciada se indicó que el
Acueducto Multiveredal presta sus servicios a
doscientas diez (210) “familias”, sin embargo lo
técnico no es hablar de “familias” sino de
“acometidas”, toda vez que el vocablo familia
conduce a la ambigüedad del número de
integrantes de la misma: uno (1), dos (2), tres
(3), cuatro (4), etc; si todos son adultos, o si hay
menores de edad, o es solo adulto con menores
de edad a su cargo, o un adulto con otros
adultos mayores a su cargo, etc. Asimismo, no
todos los registros de acometidas conllevan a
que los usuarios de la zona de influencia del
Acueducto Multiveredal vivan o pernocten en el
sector, toda vez que muchas de esas personas
residen en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá (Ant.) por sus obligaciones laborales,
académicas, familiares, etc.; y los fines de
semana llegan a descansar a sus dominios en
el área de influencia del referido Acueducto; en
ese sentido no todos los usuarios del acueducto
multiveredal tienen su residencia electoral en el
Municipio de Venecia (Ant.), no existe prueba
de ello, no hay datos estadísticos que
demuestren cuántas de esas personas están
relacionados en los formularios E – 11 de las
mesas de votación de la zona de influencia del
Acueducto, cuántos de ellos en otras
Circunscripciones Electorales, cuántos de ellos
son menores de edad, cuántas acometidas
están destinadas para el consumo agrícola, etc.
(…)
Dicho esto, es preciso señalar que en la zona
de influencia del acueducto Veredal (Zona 99,
Puestos 15 y 50 hay tres (3) mesas de votación,
donde el señor FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ
en los comicios del orden local del año 2015
obtuvo un total de cuatrocientos (400) votos, de
los dos mil ochocientos setenta y nueve (2.879)
votos con los que fue declarado electo para el
periodo Constitucional (2016 – 2019); en la
última contienda electoral, el señor FERNEY
DARÍO FERNÁNDEZ en dicho sector recaudó
un toral de trescientos treinta y dos (332) votos,
de los tres mil doscientos veintinueve (3.229)
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votos con los que obtuvo la victoria para el
periodo Constitucional (2024 – 2027); es decir,
tuvo una disminución del caudal electoral de
dieciocho punto seis por ciento (18,6%)
aproximadamente en la zona de influencia del
referido Acueducto Veredal, cuestión ésta que
se advierte de los formularios E – 24 ALC del
año 2015 y el E – 24 ALC. del año 2023
respectivamente.
Así las cosas, es claro que el operador jurídico
en el marco de su competencia debe dar
aplicación a la regla de decisión estipulada en
la SU N° 207 de 2022 emitida por la H. Corte
Constitucional al momento de determinar la
configuración o no de la presunta causal de
inhabilidad; por lo que el intérprete debe realizar
un juicio de valor fundado en los elementos
materiales probatorios pertinentes,
conducentes y útiles que obren en la actuación
procesal, tendientes a establecer sin temor a
equívoco, el grado de incidencia real y efectiva
que se presentó en la voluntad popular al
momento de la elección de alcalde en el
Municipio de Venecia (Ant.) por el vínculo del
parentesco; y que la misma se haya visto
reflejada en las urnas el veintinueve (29) de
octubre de dos mil veintitrés (2023) a favor del
señor FERNEY DARÍO FERNÁNDEZ, solo por
el hecho de que su hermano ejerciera por un
corto tiempo la representación legal de una
organización campesina que no tiene el grado
ni la entidad suficiente para deslegitimar la
abrumadora mayoría con la que los electores
del Municipio de Venecia (Ant.) le otorgaron el
mandato popular al ciudadano declarado electo
mediante el Formulario E – 26 ALC del primero
(1°) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
emitido por la Comisión Escrutadora de dicha
Localidad.
45. De lo anterior se aprecia, sin dificultad, que los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso de nulidad
electoral y los de la solicitud de amparo coinciden. Adicionalmente, la Sala observa
que los mismos fueron estudiados y resueltos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la sentencia del 12 de septiembre de 2024, en la cual, luego de analizar
el marco del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular, la norma
que prevé la causal de inhabilidad invocada, la naturaleza jurídica de las entidades
prestadoras de servicios públicos, la sentencia de unificación SU 207 de 2022 y,
además, después de realizar un recuento de las pruebas obrantes en el proceso
ordinario, concluyó que:
En el caso bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión:
i) que Ferney Darío Fernández resultó elegido alcalde del municipio de
Venecia (Antioquia) para el periodo 2024-2027, como se desprende del
Formulario E-26 ALC aportado con la demanda52, ii) que los señores Ferney
Darío Fernández y Carlos Mario Fernández son parientes en el segundo
grado de consanguinidad, conforme a los registros civiles de nacimiento
aportados en la debida etapa53; iii) que el Acueducto Multiveredal Cerro
Bravo se constituyó mediante Acta 01 del 30 de junio de 1999, según se
extrae del certificado de existencia y representación legal54, y iv) que
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mediante Acta 001-2022 del 19 de marzo de 2022, la asamblea de la
asociación de usuarios del acueducto designó como presidente y
representante legal a Carlos Mario Fernández.
(…)
De lo que se trae a colación, esta Sala encuentra acertada la conclusión del
a quo, comoquiera que de manera clara y precisa los fines para los que se
constituyó el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo es la operación del
servicio público de acueducto en las veredas de influencia en el municipio
de Venecia (Antioquia), y en el territorio departamental y nacional, lo que
lleva a inferir que se trata de una entidad prestadora de servicios públicos,
pues al ser una organización asociativa multiveredal sin ánimo de lucro, está
autorizada para ello como lo dispone el artículo 15.4 de la Ley 142 de 1994
y el artículo 1º del Decreto 421 de 2000.
Ahora, el apelante también afirma que para que una organización constituida
como persona jurídica sin ánimo de lucro, como es la Asociación Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo, pueda prestar el servicio público de agua potable
y saneamiento básico, debe cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 3º del Decreto 421 de 2000.
Señala el recurrente que esta asociación solo cumple con 2 de los 4
requisitos, pues aunque se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio con
jurisdicción en su domicilio y cuenta con las concesiones, permisos y
licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994, no
está inscrita ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que
impone concluir que no es una entidad debidamente constituida para operar
como una organización autorizada de conformidad con el numeral 4 artículo
15 de la Ley 142 de 1994 en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto
421 de 2000, y en consecuencia, se trata de un productor marginal, dado
que solo presta el servicio a ciertas veredas, eliminando la posibilidad de la
prestación de servicios públicos domiciliarios a terceros de manera masiva.
(…)
Sin embargo, de una lectura de dicha normativa, se tiene que la misma
consagra una serie de obligaciones de las organizaciones autorizadas para
prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en
municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, más no
establece que ellas, como lo pretende hacer ver la parte apelante, sean
requisitos para la constitución y posterior operación por parte de aquellas.
Adicionalmente, el análisis de las pruebas referidas llevan a concluir que la
entidad representada legalmente por el hermano del demandado no puede
ser entendida como un productor marginal con actividad de autoconsumo,
toda vez que no puede desconocerse que el artículo 3º de los estatutos,
expresamente indica actividades como el establecimiento del pago de tarifas
por parte de los usuarios o suscriptores, a través de facturación que se
genera por causa del consumo y demás servicios inherentes.
Bajo este entendido, se tiene que la Asociación de Usuarios del Acueducto
Multiveredal Cerro Bravo, adelanta una actividad económica organizada,
con la cual, busca la satisfacción de las necesidades de agua potable y
acueducto para terceras personas ubicadas en el área de su influencia,
quienes, a su vez, se encuentran en la obligación de pagar la suma
correspondiente por la prestación de esos servicios.
De otra parte, considerando que respecto de los servicios públicos
domiciliarios se predica que aquellos tienen un punto terminal, esto es, que
el bien llega directamente a los hogares o lugares de trabajo de los
usuarios61, no se pasa por alto que al interior del proceso se recibió el
testimonio del señor Humberto Pérez Bedoya, quien en su condición de
usuario, manifestó ante el juez de primera instancia constarle dicha
condición frente a las actividades que despliega la plurimencionada
asociación.
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De conformidad con lo expuesto, y comoquiera que la inhabilidad prevista
en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 hace referencia a entidades que presten
servicios públicos domiciliarios, en el presente caso está claro que la
Asociación Acueducto Multiveredal Cerro Bravo es de aquellas a las que se
refiere la norma, lo que lleva a concluir que el elemento objetivo que puso
en entredicho el apelante, sí se encuentra debidamente acreditado en el
presente proceso.
Así las cosas y toda vez que mediante Acta 001-2022 del 19 de marzo de
2022, la asamblea de dicha organización designó como presidente y
representante legal al señor Carlos Mario Fernández hasta el 30 de
septiembre de 2023, así como que éste se encuentra en el segundo grado
de consanguinidad con el demandado Ferney Darío Fernández, es claro que
se acreditó la causal de inhabilidad invocada en la demanda, lo que lleva a
la nulidad del acto de elección o escrutinio E-26 ALC, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil que declaró la elección como alcalde
municipal de Venecia (Antioquia) en el período 2024-2027 al señor Ferney
Darío Fernández, por lo que se impone confirmar la decisión de primera
instancia.
Finalmente, frente a la aplicación de la regla jurisprudencial fijada por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022 que sustenta la
excepción propuesta por el demandado en la contestación de la demanda y
que invoca en el recurso de apelación ante la falta de pronunciamiento del
a quo, la Sección advierte que:
El fallo constitucional inicia su estudio mostrando una línea
jurisprudencial, en la que se señala que «Para la configuración
de la inhabilidad “es irrelevante que el cargo del cónyuge o
pariente del aspirante al cargo de elección popular no
pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino que,
dadas las funciones que desempeña, basta que esté en
capacidad de influir en el electorado y, con mayor razón, si,
como en este caso, tales funciones deben desarrollarse directa
y concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o
pariente tiene sus aspiraciones electorales.66 (resaltado del
texto original).
De conformidad con lo anterior, se precisa que el análisis fáctico de la
sentencia de unificación que sustenta la excepción propuesta por el
demandado radica en la causal de inhabilidad descrita en el numeral 4° del
artículo 43 la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley 617
del 2000.
Con todo, en este caso se pudo constatar que el acueducto mencionado,
presta sus servicios en el municipio en donde resultó electo el demandado,
argumento suficiente para encontrar acreditada la inhabilidad bajo una
probabilidad real de incidencia en el electorado.
46. Obsérvese que las inconformidades planteadas por la parte actora en la
tutela son iguales a las propuestos ante los jueces de primera y segunda
instancia en el proceso ordinario, los cuales resolvieron razonablemente que
sí se configuró la inhabilidad por parentesco, porque el hermano del señor
Ferney Fernández ocupó un cargo de autoridad administrativa en el municipio
de Venecia, dentro de los 12 meses anteriores a su elección como alcalde de
dicho municipio.
47. En efecto, en ambas providencias se razonó con claridad y suficiencia sobre los
motivos que fundamentaron la nulidad de la elección del señor Ferney Darío
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Fernández. Allí se puntualizó que sí se probó la configuración del elemento objetivo
de la causal de la inhabilidad referida, en el sentido de que, contrario a lo alegado
por la parte accionante, el Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, en el que su
representante legal es el hermano del señor Ferney Fernández, presta el servicio
público domiciliario de acueducto y alcantarillado en múltiples veredas del municipio
de Venecia, de acuerdo con el certificado de existencia y de representación legal, y
sus estatutos. Precisó que, a pesar de ser una organización sin ánimo de lucro,
aquella está autorizada para brindar el servicio público en mención, sin dificultad
alguna, con base en el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y el artículo
1 del Decreto 421 de 2000.
48. Como se observa, la autoridad judicial de segunda instancia, lejos de guardar
silencio sobre los reparos planteados por la parte accionante, respecto de la
capacidad de prestación del servicio público domiciliario por parte del Acueducto
Multiveredal, se ocupó de verificar sus estatutos, la normativa y la jurisprudencia
aplicable al caso bajo estudio, con el objeto de concluir que aquella sí prestaba el
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en el municipio de Venecia
(Antioquia), y que, de hecho, sus estatutos daban claridad sobre el funcionamiento
y el rol de esa entidad dentro de la jurisdicción referida, aspectos que no fueron
desvirtuados, pues su inconformidad se fundamentó en las reglas fijadas por la
sentencia de unificación SU-207 de 2022.
49. Ahora, en la solicitud de amparo y en la impugnación, la parte accionante alegó
que las autoridades judiciales decidieron inaplicar las reglas fijadas en la referida
sentencia de unificación, sin justificar por qué se alejaron del precedente judicial en
mención, que establece que, en los casos en que deba determinarse la
configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando el elegido es de
un orden territorial diferente al de su pariente, corresponde a la autoridad judicial
realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de razonabilidad
y proporcionalidad.
50. Sin embargo, tal como lo advirtió el a quo, la autoridad judicial accionada se
pronunció sobre ese reparo, en el sentido de que citó la sentencia del 18 de julio de
2024, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, dentro del proceso de
nulidad electoral con radicado 23001-23-33-000-2023-00191-02, con el objeto de
aclarar que esta Corporación ha dicho que «el fallo constitucional inicia su estudio
mostrando una línea jurisprudencial, en la que se señala que para la configuración
de la inhabilidad “es irrelevante que el cargo del cónyuge o pariente del aspirante al
cargo de elección popular no pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino
que, dadas las funciones que desempeña, basta que esté en capacidad de influir en
el electorado y, con mayor razón, si, como en este caso, tales funciones deben
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desarrollarse directa y concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o
pariente tiene sus aspiraciones electorales».
51. Por lo anterior, concluyó que los aspectos probados en este caso, esto es, que
el señor Carlos Mario Fernández era representante legal del Acueducto Multiveredal
Cerro Bravo, entidad que presta el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en el mismo lugar donde quedó elegido el señor Ferney Darío
Fernández como alcalde del municipio de Venecia (Antioquia), eran suficientes para
acreditar la inhabilidad bajo estudio.
52. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
53. Conviene reiterar que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el
conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario
ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no sólo le resta vigor a la acción, sino que
termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural8,
máxime cuando, como ocurre en este caso, se cuestiona una providencia dictada
por el órgano de cierre especializado en asuntos electorales, caso en el cual el
examen de los requisitos generales se torna aún más riguroso.
54. Por todo lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 9 de diciembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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