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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00191-02

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00191-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 3 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de 52 Artículos 287 y 288 de la Ley 1437 de 2011. 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de diciembre de 2022, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17 www.consejodeestado.gov.co Demandante: Fernando Delannoy Martínez Demandado: Carlos Rafael López Dean, concejal del municipio de San Antero (Córdoba), periodo 2024-2027 Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02 elección demandado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 23001-23-33-000-2023-00191-02

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de julio de 2024

Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean,
concejal del municipio de San Antero (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02
Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean, concejal del municipio de
San Antero (Córdoba), periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por parentesco con autoridad prevista en el
artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Elementos que la
configuran.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado,
a través de apoderado, contra la sentencia del 3 de mayo de 2024, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la nulidad del acto de elección
enjuiciado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Fernando Delannoy Martínez, actuando a través de apoderado 1,
en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 1392 de la Ley 1437 del
2011, presentó demanda, el 15 de diciembre de 2023, en la que solicitó la nulidad
del formulario E-26 CON del 2 de noviembre de la misma anualidad, por medio del
cual se declaró la elección del señor Carlos Rafael López Dean como concejal del
municipio de San Antero (Córdoba) para el periodo constitucional 2024-2027.

1.2. Hechos

2. Señaló la parte demandante, que el 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo
las elecciones locales en todo el territorio nacional.

3. Sostuvo que la madre del demandado es rectora de la Institución Educativa
Nuestra Señora del Rosario en el corregimiento de El Porvenir, jurisdicción de San
Antero (Córdoba), desde el 2 de agosto de 1997 hasta la fecha de presentación de
la demanda, empleo desde el cual ejerce autoridad civil y administrativa.

1
El abogado Gustavo Alberto Ayala Muñoz, identificado con la CC 1.067.958.881 y portador de la TP: 366.184 del CSJ:
2
«Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de
los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la
nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. (…)».

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Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean,
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4. Manifestó que, a pesar de encontrase inhabilitado, el demandado se inscribió
por el partido Cambio Radical y resultó electo concejal de San Antero (Córdoba)
para el periodo constitucional 2024-2027.

1.3. Concepto de la violación

5. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula en virtud de lo
dispuesto en los artículos 43.4 de la Ley 136 de 1994, 137 y 275.5 de la Ley 1437
de 2011.

6. Señaló que en el caso concreto se materializan los elementos estructuradores
de la causal de inelegibilidad referida, al considerar que: i) la madre del señor
López Dean es su pariente en el primer grado de consanguinidad, ii) es
funcionaria pública, iii) ejerce autoridad administrativa y civil desde 1997 a la fecha
y, iv) es rectora en la jurisdicción del municipio de San Antero (Córdoba) donde
resultó electo el demandado.

7. Respecto de los conceptos de autoridad civil y administrativa, señaló que se
encuentran contenidos en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, los
cuales, concordados con el artículo 6° del Decreto Ley 1278 de 20223, permite
colegir que quien ostenta la condición de directivo docente imparte la señalada
autoridad, en tanto, dirige, planea, coordina, administra y es responsable de todos
los asuntos técnicos y pedagógicos del establecimiento educativo.

8. Adicionó que la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 del Ministerio de
Educación Nacional4, preceptúa las funciones de los directivos docentes, las
cuales se enmarcan, igualmente, en los términos en que el legislador previó la
autoridad administrativa y civil.

9. Indicó que el Decreto 1075 de 2015 (Sector Educación), creó el Fondo de
Servicios Educativos, el cual en su artículo 2.3.1.6.3.2 señala que «son cuentas
contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de
ejecución de recursos de los establecimientos educativos estatales para la
adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de
funcionamiento e inversión distintos a los de personal. Estos recursos son de
carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales».

10. Respecto de la administración del mencionado fondo, quien actúa como
ordenador del gasto, según el artículo 2.3.1.6.3.4 del decreto referido, es el rector
o director rural.

3
ARTÍCULO 6. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación,
administración, orientación y programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son
responsables del funcionamiento de la organización escolar. Los cargos de directivos docentes estatales serán: director
rural de preescolar y básica primaria; rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o
educación media; y coordinador. El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y
administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de
una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente a la planeación, dirección, orientación, programación,
administración y supervisión de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de
familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y
respecto de los alumnos.
4
Por la cual se adopta el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos Docentes
y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras disposiciones.

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1.4. Trámite procesal de primera instancia

11. Por auto del 24 de enero del 2024, el despacho conductor de primera
instancia, entre otras decisiones, admitió la demanda y decretó la suspensión
provisional del acto demandado, frente a este último aspecto, la parte accionada
presentó el recurso de apelación5.

12. El demandado, mediante apoderado judicial, el 14 de febrero de 2024,
contestó el medio de control y expuso que no se encuentran acreditados los
elementos objetivo y territorial de la inhabilidad endilgada al señor López Dean,
esto en consonancia con lo expuesto en la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional.

13. Indicó que no es dable concluir de manera directa y automática que se ejerció
autoridad en determinado territorio, toda vez que, en aplicación y respeto de lo
unificado por el órgano de cierre constitucional, se debe estudiar y probar el
impacto real y la potencialidad del presunto ejercicio de autoridad.

14. Frente a ello, señaló que en este caso, no existe material probatorio que
evidencie el ejercicio efectivo de autoridad civil y/o administrativa en el municipio
de San Antero, por parte de la señora Deans Blanco.

15. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
Electoral, en sus contestaciones, propusieron la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

16. El 13 de marzo de 2024, el tribunal decidió imprimir al proceso el trámite de la
sentencia anticipada y prescindir de la celebración de la audiencia inicial; además,
fijó el litigio6, incorporó las pruebas documentales aportadas y, en firme lo anterior,
corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien
lo tenía, conceptuara.

17. El demandado en sus alegatos de conclusión señaló que al proceso solo se
allegó un certificado laboral expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Córdoba, en el que consta que la señora Ana Gabriela Dean
Blanco, es la rectora del ente estudiantil; no obstante, no evidencia la probabilidad
real del ejercicio de autoridad, toda vez que no obra en el expediente prueba que
constate que ésta desplegó actos de contratación, dirección, mando u otro tipo de

5
Esta Sala confirmó el decreto de la suspensión provisional el 7 de marzo de 2024 al concluir que «(…) no advierte
argumento alguno que le permita llegar a una conclusión diferente a la adoptada por el a quo al analizar la medida cautelar
objeto de estudio, en tanto, se acreditaron a este estado procesal, los elementos que configuran la causal de inhabilidad
consagrada en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994».
6
En los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar sí hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del
señor Carlos Rafael López Dean, como concejal del Municipio de San Antero para el periodo constitucional 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 de fecha 2 de noviembre de 2023, de conformidad con el numeral 5 del artículo 275 del
CPACA, por encontrarse el demandado incurso en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994. Igualmente, se debe establecer si al ejercer el cargo de rectora grado 14 en la I.E. Nuestra Señora del
Rosario en el Municipio de San Antero – Córdoba, la señora Ana Gabriela Deans Blanco ostentaba autoridad civil y
administrativa en el municipio de San Antero, con vocación de inhabilitar al concejal Carlos Rafael López Dean, o si por el
contrario, bajo los parámetros de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, el ejercicio del citado cargo no
tiene incidencia efectiva en el nivel territorial que evidencie el ejercicio de autoridad civil y administrativa con capacidad de
afectar la voluntad democrática. Finalmente se analizará si se configura la excepción denominada: “Falta de legitimación en
la causa por pasiva” formulada por la defensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional
Electoral».

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gestión que prueben la autoridad e incidencia en el mentado municipio. Al
respecto agregó:

«Lo anterior, en el entendido que, a todas luces no se debe restringir el estudio al
punto de vista estricto a las funciones asignadas en la ley o un reglamento, sino que
el fin del legislador que fue desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-207 de 2022, es que se debe realizar un análisis relativo a la valoración
probatoria, pues no se puede limitar un derecho político de protección internacional,
constitucional y legal, sin tener la convicción de que efectivamente hubo una
vulneración, a lo cual se llega una vez realizado el análisis probatorito necesario y
requerido, que a todas luces no fue cumplido por el Tribunal».

18. Por su parte, el apoderado del demandante, en su escrito de cierre, indicó
que están probados los elementos de la inhabilidad del numeral 4° del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, por lo que debe declararse la nulidad de la elección del
señor Carlos López como concejal.

1.5. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de providencia del 3 de mayo
de 2024, declaró la nulidad del acto de elección del demandado, como concejal
del municipio de San Antero (Córdoba), para el periodo 2024-2027.

20. Sobre el particular, consideró que se encontraban acreditados los elementos
de la causal de inhabilidad establecida en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, así:

(i) Elemento parentesco: Se demostró7 que el señor Carlos Rafael López
Dean es hijo de la señora Ana Gabriela Deans Blanco.

(ii) Elemento temporal: La madre del demandado se desempeñó en el cargo
de rectora grado 14 en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del
municipio de San Antero, desde el 2 de agosto de 1997 hasta el 12 de
diciembre de 2023, data en que se expidió la certificación en la que consta su
vinculación.

(iii) Elemento territorial: En el asunto el ejercicio de autoridad que se le
atribuye a la señora Ana Gabriela Deans Blanco, se detentó en el mismo
municipio en el que resultó electo el concejal Carlos Rafael López Dean.

(iv) Elemento objetivo: Señaló que el desempeño como rectora en la
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de San Antero
por parte de la madre del demandado, implica el ejercicio de autoridad
administrativa de conformidad al inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136
de 1994, en atención a las funciones específicas asignadas, entre ellas,
presentar proyectos de adición presupuestal, celebración de contratos, suscribir
actos administrativos y ordenar el gasto del Fondo de Servicios Educativos; así
mismo, por las potestades relativas al otorgamiento de permisos a los docentes
e imposición de sanciones disciplinarias.

7
Con el respectivo registro civil de nacimiento.

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21. En relación con el análisis de esta inhabilidad bajo los parámetros de la
sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, como lo pretende la parte
demandada, indicó:

El alto Tribunal se refiere a la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental. En el asunto
de marras, al concejal del municipio de San Antero Carlos Rafael López Dean, se le
atribuye la causal inhabilitante en razón a su parentesco en primer grado con la
señora Ana Gabriela Deans Blanco, rectora grado 14 de la I.E. Nuestra Señora del
Rosario en el Municipio de San Antero – Córdoba.

Pues bien, del nombramiento de la señora Ana Gabriela Deans Blanco en el cargo de
rectora se resalta que, si bien es realizado por un ente departamental, como lo es la
gobernación de Córdoba, ello se efectúa en razón a que el municipio de San Antero
no se encuentra certificado en educación. Y en lo que interesa, la Secretaría de
Educación departamental de Córdoba expresamente en certificación laboral que
milita en el plenario hace constar que la señora Deans Blanco desempeña el cargo de
rector en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario en el municipio de San
Antero, entidad territorial donde se realizó la elección.

En definitiva, para la Sala, se encuentra acreditado el ejercicio de autoridad
administrativa de la madre del concejal demandado en la correspondiente
circunscripción territorial en la que resultó electo el concejal López Dean.

22. Finalmente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional
Electoral.

1.6. Recurso de apelación

23. Con escrito del 17 de mayo de 2024, el demandado, a través de su apoderado
judicial, recurrió la decisión antes señalada y expuso los siguientes reproches.

24. Adujo que el tribunal se limitó a realizar una valoración genérica y abstracta,
con fundamento en que la autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, lo
que consideró como un «claro e incomprensible» desconocimiento de los
parámetros de la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, pues el
análisis no se realizó teniendo en cuenta si el ejercicio del cargo tiene incidencia
efectiva en el nivel territorial que evidencie la afectación de la voluntad
democrática.

25. Indicó que, en materia electoral, es imperativo que el juez sea cuidadoso a
efectos de evidenciar la probabilidad real de incidencia en el municipio y en el
electorado, toda vez que están de por medio el derecho para acceder a cargos
públicos, la eficacia del voto, el derecho de ser elegido y los principios pro homine
y pro electoratem, por lo cual es forzoso que se haga una estricta observancia
probatoria dirigida por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

26. Citó la providencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con el radicado
25000-23-15-000-2023-00720-01, que, a su juicio, consideró que de la sentencia
SU-207 de 2022 se deriva que se debe estudiar el desequilibrio entre los

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candidatos y no de la descripción textual de la norma, así como evidenciar la
probabilidad real de incidencia, de modo tal que no se restrinja injustificadamente
el derecho de acceder a cargos públicos ni la eficacia del voto.

27. Conforme a ello, manifestó que no se encuentra acreditada la cantidad de
personas bajo su mando y el potencial de estos en las elecciones o su puesto y/o
lugar de votación, por lo que no se advierte que la madre del demandado haya
afectado la contienda electoral en el respectivo municipio de San Antero donde fue
electo su hijo.

28. Agregó que, desde el punto de vista estricto, el desempeño como rectora de la
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del corregimiento de El Porvenir
no demuestra el ejercicio de autoridad civil ni administrativa, toda vez que el
manual de funciones de dicha institución referencia las atribuciones de orientar la
ejecución del proyecto institucional, velar por el cumplimiento de las funciones de
los docentes, promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la
institución, mantener activas las relaciones con las autoridades educativas,
establecer canales de comunicación con las demás instituciones, orientar el
proceso educativo, identificar nuevas tendencias, entre otras funciones; por lo que
solo describen el desarrollo de la actividad educativa y pedagógica.

1.7. Auto que concedió el recurso de apelación

29. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto del 20 de mayo de 2024,
concedió el recurso interpuesto.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

30. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 11 de junio de 20248, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión. Se presentaron los siguientes
escritos:

31. El 17 de junio de 2024, el demandado9 alegó de conclusión y solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia; dentro de sus argumentos señala
que «según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la interpretación de la Corte
Constitucional, dicha inhabilidad solo puede configurarse si se demuestra de
manera fehaciente que la función desempeñada por la señora Deán (sic) Blanco
conlleva el ejercicio efectivo de autoridad administrativa que pueda incidir en la
voluntad democrática del municipio de San Antero».

32. Agregó que no está probado que las funciones de la señora Ana Gabriela
Deans Blanco incluyan el ejercicio de autoridad administrativa con capacidad para
influir de manera determinante en los asuntos públicos del municipio, siendo
crucial establecer la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial
correspondiente de conformidad con la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional.
8
Índice 5 de Samai.
9
Índice 9 de Samai.

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33. Por su parte, el apoderado del demandante10, mediante memorial del 17 de
junio de 2024, sostuvo, en relación con el argumento de defensa relativo a la
sentencia SU-207 de 2022, que la misma no es aplicable al caso, ya que, en el
asunto bajo estudio, la autoridad administrativa y civil ejercida por la señora Deans
Blanco se materializa en el municipio de San Antero desde el año 1997, misma
circunscripción electoral donde el señor Carlos Rafael López Deans aspiró y
resultó electo como concejal.

34. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado11, en su
concepto, considera que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

35. Al respecto, indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección,
quienes se desempeñan como rectores de instituciones educativas oficiales,
ejercen autoridad administrativa de acuerdo con el criterio funcional.

36. Consideró que la sentencia SU-207 de 2022 no es aplicable al caso concreto,
habida cuenta que la misma se refiere a cargos de nivel departamental que
originen la duda de si estos llegan a tener o no autoridad en todos los municipios
integrantes del respectivo departamento. Agregó frente a este aspecto lo
siguiente:

En ese orden, considerar que el cargo de rector de un colegio ubicado en el municipio
de San Antero, no denota el ejercicio de autoridad administrativa en el mismo
ayuntamiento con base en que la sede estudiantil es administrada por el Departamento
de Córdoba, por intermedio de la Secretaría de Educación Departamental, no resulta
de recibo para esta Agencia, pues el elemento espacial desarrollado por la
jurisprudencia de la Sala Electoral del Consejo de Estado, solo exige que esta
autoridad se ejerza en el respectivo municipio o distrito, sin realizar acotaciones
adicionales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

37. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 15012 y 152.7.a)13 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 3 de mayo de 2024,
mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Rafael

10
Índice 10 de Samai.
11
Índice 14 de Samai.
12
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
13
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de
los municipios y distritos (…)»

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López Dean como concejal del municipio de San Antero (Córdoba) para el periodo
constitucional 2024-2027, para lo cual se deberá resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuran los elementos territorial y objetivo de la inhabilidad por
parentesco con autoridad prevista en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley
136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000?

39. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; (iii)
la regla de decisión de la sentencia SU 207 de 2022 y; (iv) el caso concreto.

2.2.1. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular14

40. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo.15

41. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública16. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas
probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y
honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de
vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»17.

42. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta
forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales del aspirante»18. Así mismo, en la realización del principio

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
15
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-
00087-03(IJ).
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.

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Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean,
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democrático19 esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad
«prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»20. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de
eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades,
facultades o cargos21.

43. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato22, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.

2.2.2. La norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

44. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para
los concejales la siguiente causal:

ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de
la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:

(…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; ...

45. La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección23 han acudido, «para
efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con

19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
21
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
22
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.

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carácter analógico sino a título de referente conceptual»24, a la definición de
dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en
su tenor literal dispone:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

46. La Sección Quinta del Consejo de Estado25 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita
obtener la certeza que el titular de la función detenta la autonomía decisoria
requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio
de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes
de mando.

47. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200526,
mediante la cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo
al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto. (Negrilla fuera de texto)

48. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia27 ha admitido que
comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.

24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
25
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Auto de 1° de octubre de 2020.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-
02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.

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• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.

49. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y
cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia.28 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

50. Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce
autoridad civil, política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los
12 meses anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo
municipio o distrito por el cual se inscribe el candidato a alcalde o concejal -
elemento espacial o territorial-.

51. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo
caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten
de manera concurrente y, de no ser así, se entenderá que no se materializó el
cargo de nulidad planteado.

2.2.3. Regla de decisión de la sentencia SU-207 de 2022

52. El fallo constitucional inicia su estudio mostrando una línea jurisprudencial, en
la que se señala que «Para la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el
cargo del cónyuge o pariente del aspirante al cargo de elección popular no
pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino que, dadas las funciones
que desempeña, basta que esté en capacidad de influir en el electorado y, con
mayor razón, si, como en este caso, tales funciones deben desarrollarse
directa y concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o pariente
tiene sus aspiraciones electorales»29 (resaltado del texto original).

53. A partir del anterior referente, estudió varios casos en los que el Consejo de
Estado analizó desde una perspectiva modal-territorial, cómo se estructura la

28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P.
Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
29
Consejo de Estado, Sala Plena, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicado 11001-03-15-000-2001-
0283-01(S-084).

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presente inhabilidad, cuando el pariente que ejerce autoridad, lo hace desde una
jurisdicción distinta a la del elegido, mostrando con ello, que el juez de la nulidad
electoral valoró en cada caso cómo podía concretarse dicho factor, a saber: i) si
siendo empleado del orden departamental la entidad a la que pertenece tiene sede
en el municipio del elegido30; ii) en los casos de delegación de funciones -criterio
funcional-, si ella implica ejercicio de autoridad administrativa en el mismo
territorio31; iii) si se demuestra que es ejercida desde un órgano de otro nivel con
incidencia en el lugar que fue elegido el demandado32 y; iv) si se realizan
actividades específicas en la misma circunscripción del designado33.

54. Para el juez de cierre constitucional, en los casos analizados se emprendió un
análisis que «se orienta a establecer la probabilidad de incidencia efectiva en el
nivel territorial correspondiente examinando, por ejemplo, si de acuerdo con sus
actividades, existía una probabilidad real de ejercer la autoridad administrativa. Si
se examinan con detalle esas providencias parece requerirse un escrutinio que
evidencie una probabilidad material de que las gestiones departamentales tengan
réplicas en el nivel municipal» (resaltado del texto original).

55. Es decir, en el estudio de la presente causal de inelegibilidad, compete al juez
determinar la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial del ejercicio
de autoridad, lo que se traduce en determinar con certeza que las gestiones
tengan «réplicas» o se efectúen en el municipio donde resultó electo el
demandado.

56. A partir de ello concluyó que es necesario «establecer una regla en virtud de
la cual (i) cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un
funcionario municipal electo y (ii) se alegue para ello su parentesco con un
funcionario que ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii) corresponde a la
autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio
de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible un examen
específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad
administrativa en el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no es
posible la valoración genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la
autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas»
(resaltado del texto original).

57. Así, para el estudio de la presente inhabilidad, más allá de limitarse el juez a
señalar conforme a las funciones, que determinado empleo es de los que denota
autoridad administrativa o civil, debe ilustrar que aquel se ejerce en el mismo
municipio del candidato de una forma real y material34, en tanto, el solo hecho de
ser un funcionario de una jurisdicción más grande (como lo es la departamental
frente a la municipal) no implica per se una especie de efecto irradiador35.

30
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
31
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
32
Radicado 52001-23-33-000-2016-00016-01 acumulado.
33
Radicado 44001-23-40-000-2019-00175-02
34
La Sala Plena aclara que no se trata de demostrar que la autoridad efectivamente se ejerció. Lo que se exige es
demostrar que existió una probabilidad real de ejercerla.
35
Ver considerando 85 de la sentencia SU 207 de 2022.

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58. Por manera que, «Invocar los objetivos que en abstracto persigue la norma
que prevé el supuesto de inhabilidad dejando de considerar si la aplicación
concreta los alcanza, resulta contrario a la Constitución. Solo a partir de una
valoración probatoria integral y detallada, encaminada a demostrar
la probabilidad real del ejercicio de las funciones en el municipio del
ciudadano electo, permite justificar la restricción de los derechos del elegido y los
de sus electores»36.

2.3. Caso concreto

2.3.1 Probabilidad real de ejercicio de autoridad y funciones del empleo de
rector

59. En el asunto bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión
que el señor Carlos Rafael López Dean resultó electo como concejal del municipio
de San Antero (Córdoba) para el periodo 2024-202737; además, que es hijo de la
señora Ana Gabriela Deans Blanco38.

60. Asimismo, está probado que esta última se desempeñó como rectora de la
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en el mismo ente territorial39,
por más de 26 años consecutivos, desde el 2 de agosto de 1997 hasta la fecha de
certificación emitida por el líder de talento humano de la Secretaría de Educación
Departamental de Córdoba el 12 de diciembre de 202340, así:

61. El recurrente en su escrito considera que el tribunal de instancia se limitó a
realizar una valoración genérica y abstracta, con fundamento en que la autoridad
se ejerce por el solo hecho de detentarla, lo que consideró como un «claro e

36
Ver considerando 86 de la sentencia SU 207 de 2022.
37
De conformidad con el formulario E-26 CON del 2 de noviembre de 2023, que se encuentra en las páginas 2 a 14 del
documento PDF «03Anexo» dentro del expediente digital en el índice 3 de Samai.
38
Ver la página 15 del documento PDF «03Anexo» dentro del expediente digital en el índice 3 de Samai.
39
De conformidad con la captura de pantalla de la página web de la Secretaría de Educación de Córdoba aportada por el
demandante como anexo de su demanda, disponible en el enlace 186.117.156.149:8081/index.php/es/e-e-cordoba, la
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario está ubicada en San Antero (Córdoba). Ver las páginas 17 a 26 del
documento PDF «03Anexo» dentro del expediente digital en el índice 3 de Samai.
40
Ver la página 16 del documento PDF «03Anexo» dentro del expediente digital en el índice 3 de Samai.

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incomprensible» desconocimiento de los parámetros de la sentencia SU-207 de
2022 de la Corte Constitucional, pues el análisis no se realizó teniendo en cuenta
si el ejercicio del cargo tiene incidencia efectiva en el nivel territorial, esto es, que
conlleve la concreción de la autoridad civil y/o administrativa con capacidad de
afectar la voluntad democrática en la mencionada circunscripción electoral.

62. La Sala, al igual que se expuso en la providencia que confirmó el decreto de la
medida cautelar41, no advierte que el fallo recurrido desconozca los parámetros de
valoración señalados en la providencia del órgano de cierre Constitucional, dado
que, en efecto, la regla de decisión comprende los casos en que deba
determinarse la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando
el elegido es de un orden territorial diferente al de su pariente. Es en aquella
circunstancia, en la que el operador judicial debe realizar un examen específico en
donde determine cómo el ejercicio de sus competencias irradia la jurisdicción del
elegido para así concretar la incidencia en los electores42.

63. En este caso, la señora Ana Gabriela Deans Blanco se desempeñó como
rectora en una institución educativa pública ubicada en San Antero, circunscripción
donde resultó electo como concejal su hijo; es decir, en el mismo nivel territorial,
sin que frente a ello exista reproche del recurrente, por lo que no es necesario
analizar el efecto irradiador de las funciones desde el nivel departamental al
municipal, que es el supuesto fáctico que trae la sentencia de unificación
constitucional43.

64. Con todo, si aplicáramos la sentencia referida, la sala no advierte que la
decisión de primera instancia deba variar, dado que se demostró, con las pruebas
allegadas al proceso, que en este caso existió la probabilidad real por parte de la
pariente del demandado de ejercer la autoridad administrativa en el municipio de
San Antero, toda vez que, entre sus funciones, se erigen, entre otras, la
ordenación del gasto en el mencionado territorio como pasa a mostrarse.

65. Analizando en el caso concreto las funciones de la pariente del demandado,
se encuentra que el numeral 10.16 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001,
consagra en cabeza de los rectores de las instituciones educativas públicas la de:
«Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos
se le asignen, en los términos de la presente ley», la cual es concordante con la
facultad44 prevista en el Anexo Técnico I de la Resolución 3842 de 202245 del
Ministerio de Educación Nacional46.

66. Ahora bien, en lo que respecta a la administración del citado fondo47, el
Decreto 1075 de 2015 dispone:

41
Auto del 7 de marzo de 2024
42
Ver párrafo 120 de la sentencia SU 207 de 2022.
43
En los expedientes de tutela T-8.361.046 y T-8.425.408, se analizaron relaciones de parentesco de los demandados
electos en el orden municipal con autoridades administrativas de entes del departamental.
44
«Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos que
disponga la ley y sus reglamentos, en correspondencia con las orientaciones de la Secretaría de Educación del respectivo
ente territorial y el Consejo Directivo».
45
«Por la cual se adopta el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos
Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras disposiciones»
46
Ver las páginas 37 y 38 del documento PDF «03Anexo» dentro del expediente digital en el índice 3 de Samai.
47
Artículo 2.3.1.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015. «Definición. Los fondos de servicios educativos son cuentas contables
creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos

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Artículo 2.3.1.6.3.3. Administración del Fondo de Servicios Educativos. El rector o
director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo
estatal administra el Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones
otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la presente Sección.

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las
acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso,
ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la
reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.

Artículo 2.3.1.6.3.4. Ordenación del gasto. Los fondos de servicios educativos
carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto
del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.
(resaltado de la Sala)

67. La anterior normativa, en consonancia con el artículo 190 de la Ley 136 de
1994, según la cual, la ordenación del gasto implica el ejercicio de autoridad
administrativa, deriva en que, desde el criterio funcional, los rectores de las
instituciones educativas públicas detenten la misma y, por ello, se acredita el
aspecto relacionado con la probabilidad real de ejercer tal prerrogativa.

68. Esta interpretación ha sido reiterada por la jurisprudencia de la corporación, en
donde ha determinado que el cargo de rector es de aquellos que se encuentra
investido de autoridad administrativa por las funciones de origen legal y
reglamentario que les son propias. Al respecto la Sección estableció48:

[…] como da cuenta la postura pacífica de esta Sección no hay duda que los rectores
de universidades públicas con su potestad de adoptar decisiones relacionadas con
manejo del personal vinculado con la institución, a la ordenación del gasto, a la
celebración de contratos incurre en manifestaciones propias del criterio funcional de
la autoridad administrativa, destacando que no será necesario determinar si en
realidad se ejercieron o no, como ya lo determinó la Sala en los pronunciamientos
antes señalados.

69. Sobre el particular, se recuerda que el demandado como argumento de
defensa indicó que, bajo el amparo del juez constitucional, se debía demostrar que
en efecto se ejerció la función que se aduce tiene la condición de concretar la
autoridad administrativa; no obstante, según las voces de la misma Corte
Constitucional, en estos casos «no se trata de demostrar que la autoridad
efectivamente se ejerció. Lo que se exige es demostrar que existió una
probabilidad real de ejercerla»49.

70. Conforme con lo expuesto, se tiene que son los rectores los que
materialmente ejercen la ordenación del gasto (Decreto 1075 de 2015, artículo
2.3.1.6.3.4.) atribución otorgada por imperio de la ley, la cual, conforme la

educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e
inversión distintos a los de personal.
Parágrafo. Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por
parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma, Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son
recursos propios de carácter público sometidos al control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes
nacional y territorial.».
48
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 10 de septiembre de 2020,
radicación Número: 44001-23-40-000-2019-00184-01.
49
Ver párrafo 89 de la sentencia SU 207 de 2022.

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certificación del 12 de diciembre de 2023, proferida por la secretaria de Educación
del departamento de Córdoba, se concretó en el municipio de San Antero.

2.3.2 Desconocimiento de la sentencia del 26 de octubre de 2023

71. La parte demandada manifestó que, en la sentencia proferida por la
Subsección «A» de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con el
radicado 25000-23-15-000-2023-00720-01, el juez constitucional determinó que en
materia de inhabilidades se debe hacer un análisis de la ventaja que genera el
ejercicio de autoridad entre los candidatos y no hacer un estudio meramente
formal de la descripción textual de la norma.

72. Al respecto, se debe señalar que se trata de una providencia proferida en una
acción de tutela por un juez constitucional que no es órgano de cierre, por lo tanto,
no constituye precedente para el caso concreto, tiene efectos inter partes y, por
ende, no resulta vinculante.

73. Por lo tanto, los supuestos fácticos y jurídicos allí expuestos no coinciden con
el presente medio de control. Con el amparo constitucional, se pretendía la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, entre otros, en razón
a la revocatoria de la inscripción de un aspirante a la Gobernación del Valle del
Cauca, por parte del Consejo Nacional Electoral, entidad que consideró
configurada la causal de inhabilidad prevista en el numeral 550 del artículo 111 de
la Ley 2200 de 2022, relativa a la celebración de contratos.

74. Si bien, en ese caso, la sala constitucional indicó que era necesario que el
órgano electoral ilustrara el beneficio obtenido frente al electorado, decidió negar
el amparo bajo el entendido que en las motivaciones de la decisión de revocatoria
sí determinó cómo se generaba el desequilibrio en la contienda electoral, al
considerar que « En este punto es de advertir, que la inhabilidad por intervenir en
la celebración de contratos pretende alcanzar una finalidad constitucionalmente
importante, en el sentido de evitar una confusión entre los intereses privados y
públicos, situación que en efecto ocurren en el presente caso».

75. Visto ello y teniendo en cuenta la diferencia fáctica entre uno y otro proceso,
no se advierte el desconocimiento del anterior criterio en el presente medio de
control [beneficio obtenido], en tanto, se ha justificado con sustento en las normas
electorales que rigen la materia, cómo en este caso, se estructuró la inhabilidad
consagrada en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, la cual, se reitera, tiene una
finalidad preventiva que es «impedir que la influencia sobre el electorado
proveniente del poder del Estado, se pueda utilizar en provecho propio, pues tal
circunstancia empañaría el proceso político electoral, quebrantando la igualdad de
oportunidades de los candidatos»51.

50
«Artículo 111. De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como
gobernador: (…)
5. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel departamental o en la celebración- de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo,
quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o
de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento. (…)»
51
M.P. Ricardo Hoyos Duque, Rad. AC 7974, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

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Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean,
concejal del municipio de San Antero (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02

2.3.3 Incidencia

76. Finalmente, tampoco prospera el argumento del recurrente, según el cual, la
madre del demandado, en su calidad de rectora, no afectó la contienda electoral
en San Antero, en razón a que no se acreditó la cantidad de personas bajo su
mando y el potencial de estos en las elecciones o su puesto y/o lugar de votación,
toda vez que este no es uno de los aspectos que configuran la inhabilidad por
parentesco, dado que en materia de causales de nulidad subjetivas, conforme las
reglas adjetivas52, no se impone determinar la afectación cuantitativa de los
electores.

77. Al respecto, la Sala Electoral al momento de dar cumplimiento a la sentencia
SU-207 de 2022, consideró frente a este aspecto que53:

[…] no es posible hablar de incidencia, entendida como la diferencia de votos y las
irregularidades demostradas en el curso de los escrutinios a efectos de poder anular
el acto electoral, porque en este preciso caso no se fundó en causales objetivas y por
así disponerlo el artículo 287 del CPACA:

ARTÍCULO 287. Presupuestos de la sentencia anulatoria del acto de elección
popular. Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores
habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez
establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal
incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.

127. De acuerdo con la transcripción normativa realizada, es claro que el análisis de
incidencia que refiere solo es aplicable a casos en los que se cuestionan
irregularidades en los escrutinios y no en asuntos como el presente, en los cuales se
enrostra la configuración de una causal de inhabilidad subjetiva en contra del
demandado, la cual es de naturaleza preventiva.

78. Así las cosas, considera la Sala, al igual que lo concluyó el tribunal, que el
señor Carlos Rafael López Dean incurrió en la causal de inelegibilidad prevista en
el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, puesto que se encontraron acreditados todos los elementos para su
configuración, lo cual permite justificar la restricción de los derechos del elegido.

79. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba el 3 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto de

52
Artículos 287 y 288 de la Ley 1437 de 2011.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de diciembre de 2022, MP:
Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01

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Demandante: Fernando Delannoy Martínez
Demandado: Carlos Rafael López Dean,
concejal del municipio de San Antero (Córdoba), periodo 2024-2027
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00191-02

elección demandado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con aclaración de voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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