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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del acto de elección del señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez como concejal del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023-. SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de diciembre de 2022

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Referencia: Electoral
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01126-01
Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez, concejal de Santiago de
Cali, período 2020-2023

Tema: Inhabilidad por parentesco.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en el numeral 2° de la
parte resolutiva de la sentencia SU-207 del 2022, la Sala procede a dictar una
nueva decisión en este asunto. Por tanto, se analizará el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 22 de octubre
2020, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del
acto de elección enjuiciado. En vista de lo anterior, se harán los ajustes
pertinentes al fallo del 18 de febrero del 2022 que había expedido esta Sección1.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. La señora Luz Lanery Montoya Restrepo presentó demanda de nulidad
electoral (art. 139 CPACA) contra el acto de elección del señor Milton Fabián
Castrillón Rodríguez, como concejal del municipio de Santiago de Cali para el
periodo 2020-2023, en la cual solicitó:

“PRIMERA: Que se DECLARE la nulidad del acto de elección del señor MILTON
FABIAN CASTRILLÓN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.787.077, como CONCEJAL del Municipio de Santiago de Cali para el periodo
constitucional, 2020-2023, contenido en el ACTA DE ESCRUTINIO GENERAL
(FORMULARIO E-26CON) de calenda 14 de noviembre de 2019, suscrita por los
miembros de la comisión escrutadora municipal.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENE la
cancelación de la credencial conferida al señor MILTON FABIÁN CASTRILLÓN
RODRÍGUEZ, como Concejal Electo del Municipio de Santiago de Cali, a la

1 Se aclara que el ponente no hizo parte de dicha decisión, porque para ese momento le
correspondió a la magistrada Lucy Jannette Bermúdez Bermúdez. Así, la sentencia será
modificada en los acápites pertinentes

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

ejecutoria de la sentencia que se profiera en este escenario jurídico, tal y como lo
prevé el Artículo 288, numeral 3 de la ley 1437 de 2011 (CPACA)”.

2. Fundamentos fácticos

La libelista los narró, en síntesis, así:

2. El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en
las que el demandado resultó electo concejal de Cali, según lo declaró la
respectiva comisión escrutadora en formulario E-26 CON del 14 de noviembre de
2019.

3. Para entonces, la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, su
hermana, se había desempeñado como secretaria general de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca por más de 3 años.

3. Normas violadas

4. Para la demandante se desconocieron las siguientes normas: el artículo
43.4 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 275.5 del CPACA.

4. Concepto de la violación

5. El señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez estaba inhabilitado (art.
275.5 CPACA) para ser elegido concejal de Cali por ser hermano de la señora
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, quien desde hacía aproximadamente 3
años se desempeña como secretaria General de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, cargo de naturaleza directiva con toma de decisiones y ejercicio
de autoridad administrativa y civil (art. 43.4 Ley 136 de 1994).

5. Trámite de primera instancia

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto de 10 de diciembre
de 2019, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor (art. 277 del
CPACA).

7. La parte demandada propuso la excepción previa de inepta demanda, y el
Consejo Nacional Electoral la de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Ambas fueron denegadas por auto de 1º de septiembre de 2020.

8. En auto de 15 de septiembre de 2020, se dispuso “incorporar las pruebas
aportadas por las partes y correr traslado para alegar de conclusión”2.

2 Así lo reseñó el Tribunal en el auto apelado.

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

6. Contestación de la demanda

6.1. Parte demandada

9. Por conducto de apoderado, propuso la excepción de inepta demanda. A su
juicio, el demandante no hizo un ejercicio hermenéutico en el cual precisara los
motivos por los cuales el demandado incurrió en la inhabilidad alegada.

10. Señaló que, si bien existe el parentesco alegado, el cargo de secretaria
general en la Contraloría del Valle del Cauca no comporta autoridad civil o
administrativa, ni le reportó ventaja electoral alguna que conduzca a la inhabilidad
propuesta, la cual debe interpretarse de forma restrictiva.

11. Afirmó que dicha entidad es autónoma (ajena a la Rama Ejecutiva) y no
ejerce sus funciones respecto del municipio de Cali o su contraloría municipal;
mucho menos en vigencia del Acto Legislativo 04 de 20193 que le confiere dicha
potestad a la Auditoría General de la República respecto de estas últimas, y bajo
el abrigo de la jurisprudencia que descarta la coincidencia entre las
circunscripciones departamental y municipal4.

12. Sostuvo que no se pueden considerar las delegaciones de funciones que el
respectivo contralor efectuó en el cargo de secretario anteriores a la posesión de
su hermana, ni las que se hicieron antes del período inhabilitante; y agregó que los
gastos ordenados por la señora Martha Rosmery fueron de funcionamiento, y no
de inversión.

6.2. Consejo Nacional Electoral

13. Expuso que no tiene injerencia en la definición de la inhabilidad que se
endilga al demandado, razón por la que, indica, carece de legitimación en la causa
por pasiva.

6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

14. Contestó la demanda extemporáneamente.

7. Contestación a la excepción presentada

15. La parte demandante consideró que en la demanda se hizo una exposición
clara y concreta en la cual se precisaron los argumentos por los que el accionado

3 Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal.
4 Sobre este último argumento, presentó las siguientes referencias: (i) “el fallo proferido por el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, consejero Filemón
Jiménez Ochoa, dentro del radicado 76001-23-31-000-2008-00176-03” y (ii) “lo manifestado por el
Consejo-Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, consejera ponente: Susana
Buitrago Valencia en sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009) proferida
dentro del proceso con radicación número: 73001-23-31-000-2008-00052-03”.

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
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incurrió en la inhabilidad alegada, que está sustentada por el hecho de que su
hermana ejerció autoridad administrativa en el municipio de Santiago de Cali.

16. Aportó varios actos administrativos en los cuales se reconocieron
comisiones de servicios y se aprobaron gastos a funcionarios de la entidad, los
que fueron suscritos en la ciudad de Santiago de Cali, con lo cual, a su juicio, se
demuestra que la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez ejerció autoridad
en el municipio.

17. Relacionó un total de 76 personas que aduce, votaron en Cali, a las cuales,
la hermana del demandado, en su calidad de secretaria general de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca les reconoció comisiones. De esa manera,
concluyó que es evidente la configuración de la autoridad administrativa en el
municipio y por lo tanto, se configuró el supuesto de hecho del el artículo 43.4 de
la Ley 136 de 1994.

8. Trámite posterior

18. Por auto del 15 de septiembre del 2020, el Tribunal decidió incorporar las
pruebas aportadas por las partes. Además, corrió traslado para alegar de
conclusión y al Ministerio Público rindiera su concepto, con el fin de dictar
sentencia anticipada. Lo anterior en aplicación del artículo 13.1 del Decreto 206
del 2020.

19. Esta decisión quedó ejecutoriada sin que las partes la recurrieran.

9. Alegatos de conclusión de las partes

20. El accionado reiteró las razones de defensa esgrimidas en el escrito de
contestación de la demanda, a las cuales acompañó las explicaciones sobre las
resoluciones obrantes en el plenario, que calificó de inconducentes e inútiles por
no demostrar los factores, temporal, territorial y funcional de la inhabilidad
endilgada, bien porque son anteriores al “27 de octubre de 2018”; o porque solo
autorizan comisiones sin gasto, o se ejecutan en municipios distintos a Cali o
porque no implican “competencias reglamentarias, o de designación y remoción de
los empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de
sanciones” u otras similares.

21. El apoderado del demandado afirmó que esas pruebas no demuestran la
causal de inhabilidad alegada. Relacionó los actos que no cumplían con cada uno
de esos criterios y concluyó que no demostraban el ejercicio de la autoridad
administrativa en el municipio de Santiago de Cali por parte de la señora Martha
Rosmery – hermana del demandado.

22. Particularmente, el demandado adujo que el hecho de que la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez haya expedido actos en los que se concedieron
comisiones y autorizó gastos a los empleados de la Contraloría Departamental, de

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
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ninguna manera implica el ejercicio de competencias reglamentarias, de
designación, remoción de empleados, potestades disciplinarias o de imposición de
sanciones. Por tal motivo, concluyó que no prueban el ejercicio de la autoridad
administrativa de la hermana del demandado en la ciudad de Cali.

23. Indicó que existen actos que ni siquiera se dieron orden de gasto, por lo que
tampoco acreditan el ejercicio de su autoridad en el municipio.

24. Finalmente, puso de presente que algunas resoluciones no fueron
expedidas en el periodo inhabilitante (27 de octubre del 2018 – 27 de octubre del
2019). Por tanto, a su juicio, no pueden ser tenidos en cuenta para acreditar la
inhabilidad alegada.

25. El demandante guardó silencio.

10. Ministerio Público

26. Pidió negar las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, si bien de
acuerdo con la jurisprudencia contenciosa el cargo de secretaria General de
Contraloría Departamental conlleva autoridad administrativa; a partir del artículo
272 Constitucional y el 71 de la Ley 42 de 1993, se infiere que no se cumple el
factor territorial, dado que las contralorías departamentales no ejercen control
fiscal sobre los municipios que tienen sus propias contralorías, como ocurre con
Cali.

11. Fallo de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de
octubre 2020, abordó el siguiente problema jurídico:

“Teniendo en cuenta el carácter subjetivo de las pretensiones y conforme se
estableció en la fijación del litigio, la Sala brindará respuesta al siguiente
interrogante: Determinar si es nula o no, la elección del señor Milton Fabián
Castrillón Rodríguez como concejal del Municipio de Santiago de Cali para el
periodo 2020-2023, por estar presuntamente incurso en la causal de inhabilidad
descrita en el numeral 4° del artículo 43 la ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la ley 617 del 2000, pues, según la demandante, éste (sic) tiene
parentesco en el segundo grado consanguinidad con la señora Martha Rosmery
Castrillón Rodríguez, quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
del demandado ocupaba el cargo de Secretaria General al interior de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca y en razón de ello, ejercía autoridad
administrativa en la Jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali”.

28. Sobre esa base, declaró la nulidad del acto de elección acusado, por
encontrar configurada la inhabilidad endilgada, cuyos elementos abordó así:

• Parentesco: se acreditó mediante registros civiles.

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• Autoridad administrativa: se acreditó con el nombramiento de la hermana
del demandado como secretaria general de la Contraloría del Valle del
Cauca y con la Resolución 11 de 2017, por medio de la cual el contralor
departamental delegó en ese cargo la función de autorizar comisiones de
servicio y ordenar el gasto de viáticos, la cual materializó en varias
oportunidades.

• Elemento temporal: el ente fiscal certificó que dicho cargo fue ocupado por
la señora Martha Rosmery entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de
octubre de 2019, tiempo durante el cual está demostrada la vigencia de la
Resolución 11 de 2017.

• Elemento territorial: “la Contraloría Departamental del Valle del Cauca
ejerce las funciones en todo el departamento, y ello incluye, desde luego, el
municipio de Santiago de Cali”. Además, se documentó que aquella
controló fiscalmente entidades del orden departamental con sede en dicha
capital; aunado a que los gastos y comisiones ordenadas por la hermana
del demandado se expidieron en el municipio de Santiago de Cali,
independientemente de donde se ejecutaron.

29. La parte accionada solicitó aclaración del fallo, y fue negada en auto del 25
de noviembre de 2020, por no referirse a frases dudosas de la sentencia, sino a su
valoración probatoria.

12. Apelación

30. La parte accionada solicitó revocar la decisión de primera instancia, a fin de
que se denieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual formuló los
siguientes planteamientos contra la decisión del a quo:

i. El manual de funciones del reputado cargo de secretaria general descarta
ejercicio de autoridad administrativa, y así lo reconoció el tribunal. Sin
embargo, bajo una contradictoria idea de “factor funcional” se la atribuye
extensivamente con base en un acto de delegación de funciones.

ii. Valoró actos de la aludida Contraloría que habían sido revocados:
resoluciones 0155 y 0166 del 6 de julio de 2016; ambas con las resoluciones
008 y 009 del 13 marzo de 2017.

iii. Se mencionan providencias7 que no son precedente para el caso, por
fundarse en supuestos disímiles, ser autos que resuelven medidas
cautelares o tratarse de sentencias de primera instancia.

5 Por la cual se delega en un directivo funciones en materia contractual para la adquisición de
bienes y servicios con destino a la Contraloría Departamental del Valle.
6 Por la cual se delega en un directivo funciones relacionadas con el reconocimiento y pago de

salarios, prestaciones sociales a los empleados de la contraloría Departamental del Valle del
Cauca.

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iv. No se tuvieron en cuenta antecedentes jurisprudenciales8 que resultaban
aplicables al sub judice, dada su similitud.

v. Se ignoró que de la resolución reglamentaria No. 019 del 28 de junio de
2017 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se desprende
que no ejerce control sobre el municipio de Cali, sin importar la sede de sus
vigiladas.

vi. La Contraloría no hace parte del poder ejecutivo, es un órgano de control
autónomo, no es una entidad descentralizada del municipio ni del
departamento.

vii. La Ley 136 de 1994 buscó modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios; por ende, la autoridad que censura es la que se ejerce en
la Rama Ejecutiva, no en las contralorías.

viii. Se desconoció que las causales de inhabilidad son de interpretación
restrictiva.

31. Mediante auto del 16 de diciembre de 2020, el Tribunal concedió el recurso;
con auto de 15 de enero de 2021 la Sección Quinta del Consejo de Estado lo
admitió y ordenó los respectivos traslados (art. 293 CPACA).

13. Alegaciones en segunda instancia

13.1. Parte demandante

32. Reiteró los argumentos que presentó en el trámite de primera y algunos de
los empleados por el a quo en relación con el concepto de inhabilidad, así como

7 Así las referenció el apelante: (i) “Auto del 17 de marzo del 2020 proferido dentro del expediente

44001-23-40-000-2019-00195-01, Sección Quinta Del Consejo de Estado”; (ii) “Providencias del 27
de febrero del 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente
54001-23-33-000-2020-00006-01”; (iii) “Providencia del 12 de marzo del 2020 proferida la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente 15001-23-33-000-2019-00579-02”; (iv)
“Providencia proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente No. 76001-23-31-000-2001-
04321-02 (1558-09) Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero”; (v) “Providencia del 12 de
marzo del 2020, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Quinta, dentro del radicado 15001-23-33-000-2019-00579-02 Consejera Ponente Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez”; (vi) “Sentencia del 1 de octubre del 2020 proferida por la Magistrada Patricia
Feuillet Palomares, expedientes 76001-23-33-000-2020-00013-00 y 76001-23-33-000-2019-01213-
00”; (vii) “Providencia del 6 de agosto del 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro del expediente 44001-23-40-000-2019-00175-01)”.
8 Así los referenció el apelante: (i) “Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo

Sección Quinta MP: Filemón Jimenez Ochoa Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil nueve
(2009) Rad. No.: 76001-23-31-000-2008-00176-03 Actor: Darsin Moran Vallejo demandado:
Contralor del Municipio de Cali (Alma Carmenza Erazo)”; (ii) “Consejo-Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta, consejera ponente: Susana Buitrago Valencia en sentencia del
veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009) proferida dentro del proceso con radicación
número: 73001-23-31-000-2008-00052-03, actor: Cesar Valencia Parra, demandado: Contralor del
Municipio de Ibagué”; (iii) “sentencia de unificación-SU 566 de 2019”.

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del factor temporal, de ejercicio de autoridad administrativa y territorial de la
contemplada en el art. 43.4 de la Ley 136 de 1994.

13.2. Parte demandada

33. Insistió en los argumentos planteados en la contestación de la demanda,
alegatos de conclusión presentados al Tribunal y su escrito de apelación,
profundizando sobre la interpretación restrictiva de las inhabilidades y el principio
pro homine.

34. Indicó que, analizados los actos aportados por el demandante, es decir,
aquellos en los que la hermana del demandado confirió comisiones y ordenó
gasto, no concluyen que haya existido autoridad administrativa por parte de
aquella como secretaria General de la Contraloría General del Valle del Cauca, en
el municipio de Cali, por los siguientes motivos:

• No ordenaron gasto con cargo al presupuesto de Cali.
• No son actos “que impliquen competencias reglamentarias o de designación o
remoción de empleados, o de potestades correccionales o disciplinarias o de
imposición de sanciones”.
• “Las funciones contenidas en los referidos actos no fueron ejercidas en el
municipio el municipio de Santiago de Cali en el cual se celebró la elección”.
• “Las comisiones a las que hacen alusión los actos administrativos referidos, son
comisiones de servicio y no para desempeñar cargos de libre nombramiento y
remoción o de periodo, es decir, no constituyen forma de provisión de empleos”.
• “Los comicios electorales fueron realizados el 27 de octubre del 2019, por lo que
los 12 meses anteriores se consolidaron el 27 de octubre del 2018”. Es decir que
gran parte de los actos aportados fueron proferidos antes del 27 de octubre del
2018 y después del 27 de octubre del 2019, que no podían tenerse en cuenta.

13.3. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia

35. Solicitó confirmar el fallo apelado. Para ello, empezó por referirse a las
generalidades de la causal de inhabilidad por parentesco acusada, para proseguir
con la consideración del caso concreto.

36. Indicó que las dudas sobre la forma en que el Tribunal acometió los criterios
orgánico y funcional respecto del ejercicio de autoridad administrativa, constituyen
el sustento de la solicitud de aclaración del fallo de primera instancia que fue
desestimada y que, por ende, no podría revisarse nuevamente por el ad quem.

37. Señaló que las Resoluciones 0159 y 01610 del 6 de julio de 2016, no
fundamentaron la decisión apelada, sino la 011 de 13 de marzo de 201711, que no

9 Por la cual se delega en un directivo funciones en materia contractual para la adquisición de
bienes y servicios con destino a la Contraloría Departamental del Valle.
10 Por la cual se delega en un directivo funciones relacionadas con el reconocimiento y pago de

salarios, prestaciones sociales a los empleados de la contraloría Departamental del Valle del
Cauca.

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fue cuestionada en la alzada; algo similar a lo que ocurre con los antecedentes
jurisprudenciales que reseñó la apelante, que no controvierten directamente la
configuración de la inhabilidad.

38. En cuanto al elemento territorial de la misma, manifestó acogerse a las
razones expuestas por el Tribunal, que se avienen a la postura de la Sección
Quinta del Consejo de Estado12; añadiendo que no se viola la interpretación
restrictiva porque es claro el tenor literal del artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994.
39. Aunque se apartó puntualmente del a quo en cuanto a que la ubicación
física de la contraloría departamental en el municipio de Cali fuera determinante
para la inhabilidad, en tanto la finalidad de la norma es preventiva, por lo que
basta que se ostente la función.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

40. De conformidad con los artículos 150 y 152.8 del CPACA13, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de octubre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la nulidad
del acto enjuiciado.

2.2. Acto demandado

41. Corresponde al formulario E-26 CON proferido por la Comisión Escrutadora
de Santiago de Cali, el 14 de noviembre de 2019, por medio del cual se declaró la
elección del ciudadano Milton Fabián Castrillón Rodríguez como concejal de
ese municipio, para el periodo 2020-2023.

2.3. Lineamientos de la sentencia SU-207 del 2022

42. Previo a establecer el problema jurídico en este asunto, la Sala considera
importante resaltar cuáles fueron los parámetros fijados por la Corte Constitucional
al decidir la tutela presentada contra el fallo que se había dictado en este asunto

11 Por la cual se delega en un directivo la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el

gasto de viáticos.
12 Entre otros pronunciamientos, referenció: “Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala de 6

de agosto de 2020, expediente: 44001-23-40-000-2019-00175-01, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra”.
13 Por controvertirse la designación de un concejal de un municipio que es capital departamental.

Valga aclara que esta regla corresponde al texto original de la Ley 1437 de 2011, que en este
aspecto mantiene su vigencia para el caso concreto en virtud de lo normado en el artículo 86 de la
Ley 2080 de 2020, conforme con el cual esa nueva legislación “rige a partir de su publicación, con
excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas
que se presenten un año después de publicada esta ley”.

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

del 18 de febrero del 2022 y que culminó con la expedición de la sentencia SU-207
del 9 de junio de 2022.

43. En la parte considerativa de la decisión, la Corte expuso que “…lo
constitucionalmente relevante en este asunto es determinar si la función asignada
a la hermana del accionante -ordenar viáticos y comisiones para los funcionarios
de la Contraloría Departamental- podía ser ejercida respecto o con incidencia en el
distrito de Cali y no simplemente el lugar del ejercicio”.

44. En este sentido la Corte concluyó que “[e]sta cuestión no fue parte de la
motivación de las providencias emitidas por los jueces accionados. En su lugar se
limitaron a identificar las funciones que según el Consejo de Estado ha
considerado como expresión de autoridad administrativa, entre ellos, ordenar
viáticos y conceder ello a pesar de que uno de los principales asuntos planteados
por el demandado en el proceso de nulidad electoral fue la imposibilidad de ejercer
cualquier tipo de función directamente en el distrito de Cali ya que la jurisdicción
de su pariente se limitaba al nivel departamental…”

45. Luego de lo anterior, la Corte arribó al caso concreto y concluyó que en las
providencias judiciales se “configuraron los defectos sustantivo y fáctico por la
inadecuada hermenéutica utilizada para efectos de valorar la configuración de la
causal de inhabilidad por parentesco”14.

46. En lo referente al defecto sustantivo lo encontró configurado en la medida
que “…las disposiciones que regulan la inhabilidad por parentesco exigen que los
parientes del candidato a un cargo de elección popular `hayan ejercido autoridad
[…] administrativa´. Por tanto, acorde con el carácter restrictivo del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, es insuficiente concluir que este presupuesto
se cumpla simplemente corroborando que el familiar ocupa un cargo de orden
territorial o nacional. A juicio de la Sala, es imperioso acreditar en cada caso
concreto la posibilidad real de ejercer la autoridad en el municipio”.

47. De igual manera concluyó que existió defecto fáctico por insuficiente
valoración probatoria porque “…no era suficiente establecer, de forma mecánica,
que la entidad tiene carácter departamental y, en consecuencia, irradia sus
funciones en los municipios. Solamente, analizando la probabilidad del impacto
en el electorado a partir de la función desempeñada en el municipio es posible
justificar la aplicación de la inhabilidad”. (Negrilla de la Sala).

48. En este mismo sentido, la Corte precisó que era “constitucionalmente
relevante en este asunto determinar si la función asignada a la hermana del
accionante -ordenar viáticos y comisiones para los funcionarios de la Contraloría
Departamental- podía ser ejercida respecto o con incidencia en el distrito de Cali y
no simplemente el lugar de su ejercicio”.

14 Se resalta que la Corte no encontró probados los defectos de violación directa de la Constitución

y desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego.

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49. Acto seguido afirmó que las providencias tuteladas15 “…se limitaron a
identificar las funciones que según el Consejo de Estado ha considerado como
expresión de autoridad administrativa, entre ellos, ordenar viáticos y conceder
comisiones. Ello a pesar de que uno de los principales asuntos planteados por el
demandado en el proceso de nulidad electoral fue la imposibilidad de ejercer
cualquier tipo de función directamente en el distrito de Cali ya que la jurisdicción
de su pariente se limitaba al nivel departamental”.

50. En este punto se preguntó la Corte ¿puede la secretaria general de una
entidad de control con jurisdicción departamental ejercer autoridad administrativa
en un municipio o distrito? Ante lo cual afirmó que a “…juicio de la Sala Plena, la
garantía del derecho fundamental a elegir y ser elegido exige una valoración integral
sobre la configuración de inhabilidad por parentesco. Tal como se propuso en las
consideraciones de esta providencia solamente analizando de forma estricta la
posibilidad real de ejercicio de la función en el municipio es posible restringir en
menor grado el derecho protegido”. (Negrilla de la Sala).

51. Precisó la sentencia de tutela que la parte actora del proceso electoral
allegó resoluciones suscritas por la hermana del demandado, enlistó personas
beneficiadas por comisiones y viáticos y el lugar de votación, para demostrar “…la
incidencia de las funciones de la funcionaria en los votantes de Cali”.

52. Asimismo, afirmó que el demandado, en sus alegaciones de primera
instancia, explicó los motivos por los cuales los actos administrativos aportados
por el demandante son inconducentes. Así lo dijo textualmente:

“…se ocupó de explicar la inconducencia de cada una de dichas pruebas y las
razones por las cuales de ellas no se desprende la incursión en la inhabilidad. A
partir del concepto de autoridad administrativa -criterio funcional- del artículo 190 de
la Ley 136 de 1994 analizó cada acto y concluyó que (i) no contienen gastos con
cargo al presupuesto del municipio de Cali sino del departamento del Valle del
Cauca; (ii) no son actos administrativos que lleven implícita competencias
reglamentarias, o de designación y remoción de los empleados, o de potestades
correccionales o disciplinarias o de imposición de sanciones; (iii) las funciones
expresadas en los referidos actos, no fueron ejercidas en el municipio de Santiago
de Cali en el cual se celebró la elección; (iv) las comisiones a las que hacen alusión
los actos administrativos referidos, son comisiones de servicios y no para
desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de periodo, es decir no
constituyen forma de provisión de empleos; (v) los comicios electorales fueron
realizados el 27 de octubre de 2019, por lo que los doce (12) meses anteriores a
dicha calenda, se consolidan el 27 de octubre de 2018, es decir que gran parte de
los actos administrativos aportados, fueron proferidos antes del 27 de octubre de
2018. Como consecuencia de lo expuesto, según el demandado, era viable concluir
que no se configuraron los elementos objetivo y territorial.

Considera la Sala que la omisión de valoración detallada del material probatorio
descrito, para efectos de determinar la configuración de los elementos objetivo y
territorial, desconoce los derechos fundamentales del accionante en tanto pasa por
alto la regla dispuesta en esta providencia según la cual la autoridad judicial debe
realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de razonabilidad y
proporcionalidad para efectos de determinar la configuración de la inhabilidad. Ello

15 La del Tribunal y la de esta Sala

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implica un examen específico de la probabilidad real de ejercicio de la autoridad en
el municipio desde el nivel departamental. Así las cosas, no es admisible una
valoración genérica o abstracta fundada solo en consideraciones formales sobre la
naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas. Tal como ocurrió en este
caso donde los jueces se limitaron a afirmar que en tanto el cargo era del nivel
departamental, por obvias razones el ejercicio de la autoridad administrativa incluía
el municipio de Cali”.

53. Destacó la Corte que esta Sección para valorar la autoridad administrativa
acudió al artículo 190 de la Ley 136 de 1994 “pese a que la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca (i) es una entidad autónoma, y (ii) que no hace
parte de la rama ejecutiva”. En todo caso, resaltó que “…si bien, la Sala Plena no
descarta la posibilidad de que un funcionario público de una entidad autónoma
departamental ejerza autoridad administrativa en un municipio, es tarea del juez
electoral descartar con claridad, de forma motivada y con base en la normatividad
que rige a dicho ente, la forma en que la delegación de funciones para autorizar
viáticos y comisiones puede construir ejercicio de autoridad con incidencia en el
respecto municipio en concreto”. (Negrilla por fuera del texto).

54. Señaló que en este caso, “la inhabilidad no se aplica solamente con el cargo
(visión estricta de la causal), sino con el ejercicio de funciones con capacidad de afectar la
voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización de la
cosa pública para desequilibrar el debate electoral (visión pro homine). Una interpretación
estricta vulnera los derechos fundamentales a elegir (cuyos titulares son los electores) y a
ser elegido y el de ejercicio de la función pública (cuyo titular es el elegido)”.

55. Con fundamento en lo anterior la Corte Constitucional fijó la siguiente:

Regla de decisión

120. Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen
específico de la probabilidad real -más allá de potencial- de ejercer la
autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los
electores. No es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en
consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad. (Negrilla de la Sala).

56. Así las cosas, resolvió:

Revocar la decisión adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 20 de agosto de 2021, que confirmó parcialmente la decisión
de la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, conceder el derecho
fundamental al debido proceso y a la participación política del señor Milton Fabián
Castrillón Rodríguez. En consecuencia, ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado que en el término de 15 días siguientes a la notificación de esta
providencia emita una nueva decisión atendiendo lo dispuesto en la esta
sentencia.

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2.4. Problema jurídico

57. De conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-2017 del 2022, la Sala considera que el
problema jurídico en este asunto se contrae a determinar si hay lugar a confirmar,
revocar o modificar el fallo de primera instancia.

58. En tal sentido, se debe establecer, a partir de los argumentos plasmados en
la alzada y de las pruebas aportadas en el expediente, si el demandado incurrió en
la causal de inelegibilidad contenida en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, por
haberse configurado los factores de ejercicio de autoridad administrativa, territorial
y funcional de la norma mencionada, en razón del desempeño del cargo de
secretaria general de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte
de su hermana Martha Rosmery Castrillón Rodríguez.

2.5. Causal de nulidad invocada: inhabilidad por parentesco

59. De conformidad con el artículo 139 del CPACA cualquier persona podrá
pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades de todo orden. Igualmente podrá solicitar la nulidad de los actos de
llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.

60. Los motivos y causales para que ello se produzca fueron consignadas en el
artículo 275 de esta misma codificación, así:

“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando:

(…)

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas
en causales de inhabilidad.

(…)”.

61. Para el cargo de concejal, el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, consagra las siguientes causales de
inhabilidad:

“ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:

(…)

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo

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municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de
cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o
distrito en la misma fecha”.

(…).

62. Dentro de los supuestos del numeral 4 ibidem se encuentra la llamada
“inhabilidad por parentesco”. En efecto, “el ejercicio de autoridad por parte de
pariente es una de las prohibiciones para el acceso a casi todos los cargos de
elección popular. En tal escenario, y aun cuando no se trate de la elección de la
persona que detenta y ejerce la autoridad civil, política, administrativa o militar, su
propósito es el de evitar que el candidato se valga de las prerrogativas de su
pariente, so pena de comprometer la igualdad en la contienda electoral frente a los
demás candidatos”16.

63. Sobre su finalidad también se ha señalado:

“Las causales previstas en los artículos 179-5 de la Constitución Política y 33-5 de la
Ley 617 de 2000, que son las que ocupan la atención de la Sala, fueron
consagradas con la finalidad de depurar la democracia colombiana, evitando el
nepotismo y per sé que los servidores investidos de autoridad lo utilizaran para
favorecer intereses de personas de su núcleo familiar, con quienes tienen lazos de
parentesco en los grados allí señalados, conducta que de no ser prevenida rompería
con el principio de imparcialidad, empeñaría el proceso político electoral y
comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de oportunidades de los
candidatos para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, inclinando la
balanza a favor de sus allegados, facilitando así la propagación de dinastías
electorales familiares”17.

64. Y en el mismo sentido:

“Ese apoyo mutuo que se podían brindar los parientes generaba un desbalance en
el contexto político electoral colombiano, que si bien tenía como justificación ejercer
el derecho fundamental de acceso al poder político (art. 40 ib.), se hacía con un
inmenso sacrificio (sic) del derecho a la igualdad y por supuesto del principio de
transparencia, ya que no era claro que el éxito que eventualmente se ignora en los
(sic) urnas fuera el fruto de un capital electoral propio sino más bien ajeno,
endosado para esos únicos fines y no para consolidar un proyecto ideológico o
político. Sin dejar de lado, por supuesto, que con el nepotismo se pone en serio
riesgo el pulcro ejercicio de la función administrativa, en particular su imparcialidad
(art. 209 ib.), en la medida que por esa relación de parentesco o familiaridad del

16 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 27 de octubre

de 2016, rad. 76001-23-33-000-2015-01395-01, Demandado: Horacio Nelson Carvajal Hernández,
Concejal de Cali, periodo 2016-2019.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, número interno 2007-

00376.

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servidor público puede actuar o dejar de hacerlo inspirado por motivos que no
atienden el interés general”18.

65. Se trata entonces de un límite al nepotismo y un freno a la desigualdad que
deriva del aprovechamiento potencial de las posiciones de autoridad del familiar
de quien aspira en este caso a la duma municipal, en detrimento de otras
candidaturas que no cuentan con apoyos similares.

66. Esta Sala de lo Electoral ha sostenido que requiere para su configuración,
en el caso de los aspirantes al respectivo concejo, la presencia de los siguientes
elementos que deben verificarse de manera individual y ser concurrentes19:

i) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente o parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un
funcionario del municipio por el cual resultó electo el concejal.

ii) Elemento temporal: que el funcionario haya ejercido autoridad en cualquier
momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

iii) Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo
municipio o distrito por el cual resultó electo el concejal.

iv) Elemento objetivo: que haya un ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio, en las condiciones
anteriores.

67. Frente al parentesco, se ha señalado que “para que se estructure no es
suficiente que un candidato esté emparentado con cualquier servidor público. Se
necesita, además, que el parentesco o vínculo exista en los grados y modalidades
que dice la ley20, para cuya acreditación resulta idóneo el registro civil, sin perjuicio
de que medien circunstancias extraordinarias que obliguen a determinar la filiación
a partir de otras pruebas, como lo destacó la Sala en fallo de 10 de marzo de
201621.

68. Para la estructuración del elemento temporal de esta causal, “bastará que la
autoridad se haya ejercido o detentado en cualquier momento durante el periodo
inhabilitante, lo que deviene en que su materialización no es requisito imperante

18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, número interno 2008-
00014.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de febrero de 2019. Radicado 11001-03-28-

000-2018-00048-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 Osorio Calderín, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales. Editorial Ibáñez, 2012.

Bogotá D.C., pp. 111 y 112. Además, ver la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sección
Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro. sentencia de 7 de julio de 2016, Radicación número: 76001-
23-33-000-2015-01487-01.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 10 de marzo de

2016, rad. 54001-23-31-000-2012-00001-03, demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
CÚCUTA.

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para la configuración de la citada prohibición”22; o en otras palabras basta con que
se haya tenido asignada la función, independientemente de si se hizo uso o no de
tal atribución durante el lapso prohibido por el legislador, entiéndase, el
comprendido entre la fecha en que se celebró la elección demandada y los 12
meses anteriores, pues, como bien lo destacó el Ministerio Público en el curso de
esta segunda instancia, el efecto de esta circunstancia de inelegibilidad es
preventivo.

69. Ahora, sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-207
del 2022, consideró que “corresponde a la autoridad judicial realizar una valoración
probatoria concreta y ajustada al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo
tanto, (iv) es exigible un examen específico de la probabilidad real y materialmente posible
de ejercer la autoridad administrativa en el mismo municipio del candidato”.

70. Por lo tanto, concluyó que “(v) no es posible la valoración genérica o abstracta,
fundada en la regla según la cual la autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a
partir de consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones
asignadas”.

71. El factor territorial o espacial conlleva que la reputada autoridad se ejerza
en el mismo municipio en el que tuvo lugar la elección del concejal. En ese orden,
es necesario que el pariente que inhabilite al candidato electo pueda o haya
podido desplegar sus competencias en el ente territorial respecto del cual aquel
pretende hacerse elegir.

72. Se trata de la superposición de lo que bien podría llamarse
“circunscripciones funcionales”. La conjugación de dicho factor conlleva “la
imbricación parcial o total de los espacios sobre los cuales se ejerce la autoridad
-civil, administrativa o de cualquier otra índole- y, simultáneamente, se desarrolla
la contienda electoral”23.

73. En relación con esta superposición se tiene que la autoridad que se ejerce
desde ámbitos nacionales o departamentales impacta al municipio. Así, en la
sentencia del 20 de febrero de 2009, la Sección Quinta24, al referirse a la
inhabilidad que pesaba sobre un concejal de Cartagena en función de su
parentesco con el Secretario de Gobierno de Bolívar (departamento del que es
capital), explicó que “en ningún caso, puede afirmarse de manera categórica que
las autoridades departamentales (Gobernador o Secretarios del Despacho) no
ejercen autoridad en el nivel local, pues, se repite, las funciones a ellos asignadas
deben ejercitarse de forma coordinada, junto con las municipales y distritales,
según el respectivo caso…”; año en el que también se decantó que la inhabilidad
““se configura si el funcionario en cuestión (ejerció su) autoridad en el municipio en

22 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 12 de marzo de

2020, rad. 15001-23-33-000-2019-00579-02, Demandado: KAREN LUCÍA MOLANO GRANADOS -
CONCEJAL DE TUNJA -PERÍODO 2020-2023.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 10 de marzo de

2016, rad. 54001-23-31-000-2012-00001-03, demandado: alcalde del municipio de Cúcuta.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta. M.P. Susana Buitrago Valencia, expediente:2007-00800-01

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el cual fue elegido su pariente o vinculado, independientemente de que el cargo
ocupado por aquél sea del sector central o descentralizado, del nivel nacional o
territorial, pues tales distinciones son ajenas al tenor de la norma y su finalidad…”
25 .

74. De igual forma, la Sala Plena de esta Corporación indicó que “el
departamento en su conjunto es la circunscripción territorial, para estos efectos, y
desde luego en él se incluyen los municipios que lo conforman. De no ser así,
¿dónde estarían los votantes para esa elección, teniendo en cuenta que los
departamentos no tienen un territorio ni una población exclusiva y diferente al de
los municipios?”26.

75. Sin embargo, en la providencia SU-207 del 2022, la Corte descartó este
criterio y concluyó que:

De lo expuesto es posible identificar casos en los cuales se impugna la elección de
un funcionario del nivel municipal alegando las relaciones de parentesco con
funcionarios de niveles territoriales superiores. En esos eventos, la jurisprudencia
muestra algunas discrepancias acerca del tipo de examen que debe realizar el juez
electoral. De una parte, es posible encontrar aquellos pronunciamientos que a partir
de un criterio exclusivamente formal indican que la vinculación a una entidad
adscrita a un nivel territorial superior es suficiente para dar por cumplido el factor
territorial y la probabilidad de ejercer la autoridad también el factor objetivo.

Sin embargo, otros pronunciamientos realizan un escrutinio más detallado de las
probabilidades materiales de influencia de la entidad del nivel superior (sentencias
del 28 de enero de 2003, 2 de septiembre de 2005, 7 de diciembre de 2016 y 29 de
junio de 2021). En esa dirección el análisis se orienta a establecer la probabilidad
de incidencia efectiva en el nivel territorial correspondiente examinando, por
ejemplo, si de acuerdo con sus actividades, existía una probabilidad real de ejercer
la autoridad administrativa. Si se examinan con detalle esas providencias parece
requerirse un escrutinio que evidencie una probabilidad material de que las
gestiones departamentales tengan réplicas en el nivel municipal.

67. La distinción metodológica referida al analizar los casos permite evidenciar
entonces la existencia de dos posibilidades de análisis respecto del ejercicio de la
autoridad administrativa cuando ella tiene lugar desde el departamento hacia el
municipio. Ello impone a la Corte la necesidad de establecer, desde el punto de
vista constitucional, cuál es el estándar constitucionalmente admisible en esta
materia. Y, a juicio de la Sala, la segunda orientación metodológica es la
correcta al menos por las siguientes cuatro razones. (Negrillas y subrayado de
la Sala).

76. En punto con elemento objetivo de la inhabilidad, se tiene que se concreta
en el ejercicio de autoridad, que puede revestir diversos matices: civil, política,
militar o administrativa. Sobre esta última modalidad profundizará la Sala por ser la
que interesa al sub lite.

25 Consejo de Estado, Sección Quinta M.P. Mauricio Torres Cuervo, expediente: 2007-00785-01

Sentencia de 31 de julio de 2009.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Enrique Gil Botero. Actor:

Asdrúbal González Zuluaga. 15 de febrero de 2011.

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77. Pues bien, el contenido normativo de esta autoridad lo encontramos en el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994, según el cual:

“ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del
alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.

78. Esta Sala electoral, en no pocas ocasiones, se ha referido al contenido y
elementos que se requieren para la configuración de este tipo de autoridad, esto
de acuerdo con el desempeño de actos de dirección, lo que implica un grado de
autonomía decisoria con el que se ejercen las funciones legalmente establecidas
en cada caso particular.

79. Cabe advertir que del contenido de la anterior disposición se establece
claramente que no todo servidor público tiene la virtualidad de ejercer actos de
autoridad y mando pues se requiere de un grado específico otorgado por la
estructura de cada entidad, a partir del cual se puedan tomar decisiones y lograr
su cumplimiento.

80. Desde el 200527, la Sala precisó: “…que para establecer si el ejercicio de
determinado cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa,
puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En
virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de determinado cargo
conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos que,
de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es
{sic} una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible
concluir que las funciones propias de un determinado cargo implican el
ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones
haga el juzgador en el caso concreto” (Negrillas fuera de texto original).

81. Tesis reiterada en sentencia 23 de septiembre de 2013, de la siguiente
manera:

“…no sobra recordar que en cuanto a la autoridad administrativa el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para
determinar en qué casos se configura este tipo de dirección. Con el primer criterio
los alcaldes, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de unidades
administrativas especiales son los servidores a los que se les atribuye autoridad

27
Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Darío
Quiñones Pinilla, exp. 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657).

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
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administrativa. Con el segundo criterio los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias,
vacaciones, trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijar nueva sede de trabajo son también servidores que
ejercen autoridad administrativa…”.28

82. Desde esa óptica, tal y como lo ha reconocido de antaño la Sección
Quinta29, el ejercicio de autoridad administrativa así entendido “se refiere al
desempeño de un cargo público que otorga a su titular poder de mando, facultad
decisoria y dirección de asuntos propios de la función administrativa que se dirigen
al funcionamiento del aparato administrativo”, lo cual se examina en razón de la
naturaleza del cargo (criterio orgánico) o de las funciones asignadas (criterio
funcional), de tal manera se entiende que, bajo este último enfoque, el servidor
facultado, por ejemplo, para ordenar gastos y conferir comisiones, se entiende
investido de autoridad administrativa.

2.6. Caso concreto

83. La Sala anticipa que confirmará la providencia de primera instancia.

84. En aras de no redundar en aspectos que fueron reseñados en el acápite de
antecedentes, la Sala abordará los planteamientos de la apelación, en los
términos del escrito contentivo de tal recurso y de acuerdo con lo ordenado por la
sentencia SU-207 del 2022 que originó el presente fallo.

85. Así las cosas, según lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-207 del 2022, se hará un análisis probatorio de los elementos de juicio que
obran en el plenario para acreditar la inhabilidad alegada, sobre todo en lo que
hace referencia al ejercicio de autoridad administrativa de la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez en el municipio de Santiago de Cali.

86. Para realizar el análisis mencionado, la Sala observa que en el expediente
obran las siguientes pruebas relevantes para decidir el recurso de apelación:

Aportadas por la parte actora en la demanda y el escrito que respondió la
excepción:

• Certificación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca del 18 de
diciembre de 2019, por la que informa que la señora Martha Rosmery
Castrillón Rodríguez, labora en la entidad en el cargo de secretaria general
desde el 14 de marzo de 2017.

28
Sentencia de 23 de septiembre de 2013, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No.
41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Darío
Quiñones Pinilla, exp. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657).

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• Resolución 254 del 2017, por medio de la cual el Contralor Departamental
nombró a la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez como secretaria
general de la entidad.

• Acta de posesión No. 5810 del 14 de marzo del 2017, en el cual la señora
Martha Rosmeri Castrillón Rodríguez tomó posesión del cargo de
Secretaria General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

• Resolución 015 de julio 06 de 2016, por la cual se delega en un directivo
(secretario general) funciones en materia contractual para la adquisición de
bienes y servicios con destino a la Contraloría Departamental del Valle,
donde entre otros considerandos se indicó: “Que mediante la Ordenanza N°
101 de enero 05 del 2001, se adoptó la nueva estructura de la contraloría
Departamental del Valle del Cauca, determinando sus funciones generales
y se estableció la autonomía administrativa, presupuestal y contractual
dispuso: “En ejercicio de la autonomía contractual del Departamento del
Valle del Cauca suscribirá en nombre y representación de la Entidad, los
contratos que debe celebrar el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio
de la delegación que al efecto realice, conforme a lo dispuesto en la
presente Ordenanza.”

• Resolución 016 de julio 06 de 2016, por la cual se delega en un directivo
(secretario general) funciones relacionadas con el reconocimiento y pago
de salarios, prestaciones sociales a los empleados de la contraloría
Departamental del Valle del Cauca “Que en aras de racionalizar,
descongestionar, simplificar y hacer más expeditos los trámites
administrativos, se hace necesario delegar en el Secretario General de la
Entidad, o que haga sus veces, la función de reconocer y ordenar el pago
de salario y prestaciones sociales a los funcionarios de la Entidad,
conforme a lo establecido en la Ley 1071 de 2006, Decretos 1045 de 1978
y 2418 de 2015, y demás normas que le sean aplicables al régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos de la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca”

• Resolución 011 del 13 de marzo de 2017, por la cual se delegan en un
directivo la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto
de viáticos, donde se resuelve: “ARTICULO PRIMERO. Delegar en el
funcionario que ejerce el cargo de Secretario General de la contraloría
Departamental del Valle del Cauca, o quien haga sus veces la función de
autorizar las comisiones de servicios y ordenar el gasto de viáticos a que
haya lugar a favor de los funcionarios de la Contraloría Departamental,
conforme las tarifas legales”.

• Resoluciones del año 2019, por medio de las cuales la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez, en ejercicio de la facultad que le fue
delegada por medio de la Resolución 011 del 13 de marzo del 2017,
concedió comisiones a los empleados de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca.

• Resoluciones del año 2018, por medio de las cuales la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez, en ejercicio de la facultad que le fue
delegada por medio de la Resolución 011 del 13 de marzo del 2017,

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concedió comisiones a los empleados de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca.

• Copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora MARTHA ROSMERY
CASTRILLÓN RODRÍGUEZ, expedido por la Notaría Tercera del Circulo de
Cali.

• Copia del Registro Civil de Nacimiento del señor MILTON FABIÁN
CASTRILLÓN RODRÍGUEZ, expedido por la Notaría Tercera del Circuito
de Cali.

• Acta General de Escrutinio o Formulario E26-CON, calendada el 14 de
noviembre de 2019, suscrita por la Comisión Escrutadora de Cali, a través
de la cual se declaró la elección del señor MILTON FABIÁN CASTRILLÓN
RODRIGUEZ, como concejal del Municipio de Santiago de Cali por el
partido Conservador Colombiano, para el periodo constitucional 2020-2023.

• Páginas 34 y 35 del Manual de Funciones de la Contraloría Departamental
del Valle, en las que se observan, las funciones, competencias y requisitos
exigidos para el Cargo de Secretario (a) General.

Aportadas por el demandado

• Resolución reglamentaria No. 019 del 28 de junio del 2017 ''por medio de la
cual se determinan los sujetos y puntos de control de la contraloría
departamental del valle del cauca".

2.6.1. Criterio para la definición del ejercicio de autoridad administrativa
frente al cargo de secretaria general de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca

87. El accionado consideró lo siguiente sobre el análisis del Tribunal:

“Si bien de un análisis detallado a las funciones contenidas en el Manual para
el cargo de Secretaria General, no se entrevé que las mismas ostenten la
entidad suficiente para ser consideradas como ejercicio de autoridad
administrativa, la Sala encuentra acreditado dicho ejercicio a partir de la
autorización que el entonces Contralor Departamental le otorgó a la señora Martha
Rosmery Castrillón para ORDENAR GASTO y CONFERIR COMISIONES, en
consideración a que:

i) Se generó mediante un acto administrativo de Delegación, específicamente por la
Resolución No. 011 del 13 de marzo de 2017 “Por la cual se delega en un directivo
la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos”

ii) La delegación ha sido entendida por el Consejo de Estado como: “un fenómeno
de transferencia de competencias a personas o funcionarios que actúen de manera
independiente y definitiva, pudiendo el delegante reasumir la competencia y revocar
la decisión” 1

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iii) Sin desconocer que el ejercicio de autoridad administrativa no exige al
funcionario desplegar funciones, en el caso sub-examine y sólo con el propósito de
ahondar en razones, está evidenciado que la señora Martha Rosmery Castrillón
Rodríguez materializó y en varias oportunidades, las dos funciones que detentaba.
Resaltándose especialmente, la autorización de gasto para viáticos y comisión de
servicio que efectuó en favor del entonces Contralor Departamental del Valle, pues
ello demuestra en detalle que el ejercicio era propio de ella y no del Contralor
delegante.

iv) Desde el punto de vista del criterio funcional, se advierte que entre las funciones
asignadas a la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez se encontraban tanto la
de ORDENAR GASTO como la de CONFERIR COMISIONES” (Negrillas de la
Sala).
”

88. Cuestionó básicamente que el análisis de la autoridad administrativa bajo el
“criterio funcional” comprendiera un acto de delegación, en vez de recabar
exclusivamente en el manual de funciones del cargo que en criterio del propio a
quo no la evidenciaba, con lo cual se estaría contraviniendo la interpretación
restrictiva de la inhabilidad.

89. Al respecto, lo primero que se debe señalar es que, como bien lo reconoce
el propio recurrente, la interpretación restrictiva opera respecto de la circunstancia
de inelegibilidad en cuestión. Sin embargo, es notorio que en este caso no se
están desnaturalizando sus elementos de configuración.

90. El Tribunal se refirió a uno de esos elementos, sin desviar o torcer su
alcance, esto es, al ejercicio de autoridad administrativa. El enfoque orgánico o
funcional con el que se mira tal circunstancia es apenas un criterio de valoración
que permite examinar si se configura o no debido a la naturaleza del cargo o de
las funciones que entraña.

91. En relación con esto último, tal y como lo ha evidenciado la jurisprudencia
de esta Corporación, es posible derivar el ejercicio de autoridad administrativa de
“… los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios,
ordenar gastos, conferir comisiones, licencias, vacaciones, trasladar
funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijar nueva sede de trabajo…” 30.

92. Así, se trata de un atributo que, bajo el criterio funcional, es explicable con
base en el impacto de las funciones, y no en el origen. Ello significa que no
importa si la función no aparece en el respectivo manual de funciones, siempre
que se acredite que se ostentan legítimamente, pues bien podrían derivar de la
Constitución o de la ley misma o, como en el sub judice, de un acto de delegación.

30
Sentencia de 23 de septiembre de 2013, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No.
41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.

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93. Con miras a orientar de manera más clara la disertación, conviene poner de
relieve lo explicado por la Sala en sentencia de 11 de junio de 200931. En aquella
oportunidad se examinó si la función que obtuvo un funcionario de la Fiscalía
General de la Nación por vía de delegación inhabilitaba a su pariente que aspiraba
a una alcaldía municipal. Entonces se dijo:

“… esta Sección ha concluido que la mera delegación de la facultad de ordenación
del gasto, independientemente de su realización efectiva por el delegatario, implica
para éste el ejercicio de autoridad administrativa. (…) En varias oportunidades esta
Sección ha considerado que, si bien ciertos cargos no implican el ejercicio de
autoridad administrativa por razón del desempeño de las funciones que les son
propias, ello no es obstáculo para que, eventualmente, quienes los ocupan ejerzan
tal autoridad por razón de funciones delegadas de otros empleos. Ahora bien, para
responder uno de los planteamientos en los que insiste la defensa, se recuerda que,
de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, para concluir que
determinada función, delegada o propia, lleva implícito el ejercicio de autoridad
administrativa no es necesario probar que dicha atribución se realizó o cumplió
efectivamente, pues basta demostrar que se tuvo asignada”

94. Este antecedente resulta suficientemente ilustrativo de la ausencia de
limitación para el juez de lo electoral para mirar más allá del manual de funciones
de la correspondiente inhabilidad, pues se busca establecer si se reúnen las
condiciones que el legislador ha definido como nocivas para la democracia, en
este caso la ventaja potencial –no necesariamente concretada– que se asocia a
supuestos de nepotismo.

95. Visto así, es lo procedente derivar el ejercicio de autoridad administrativa de
la Resolución No. 011 del 13 de marzo de 2017 “Por la cual se delega en un
directivo la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto de
viáticos”, lo cual dio origen a los actos administrativos en los que se concedieron
comisiones y de ordenó gasto, y que fueron aportados al expediente para probar
el ejercicio de la autoridad administrativa.

96. Bajo estas consideraciones, es claro que el reparo de la alzada acometido
en el presente acápite no está llamado a prosperar. Ahora, la Sala entrará a
analizar a continuación si la expedición de los actos administrativos en los cuales
confirió comisiones y autorizó gastos, generó una ventaja a favor del demandado
en la ciudad de Cali.

2.6.2. El ejercicio de la autoridad administrativa en el municipio de Cali, por
parte de la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, alcance de la
Resolución Reglamentaria No. 019 del 28 de junio de 2017 de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca y carácter autónomo de dicha entidad

97. Por la afinidad temática que existe entre los reproches que sustentan la
apelación, reseñados en los ordinales (v), (vi) y (vii) del título 12 de los
antecedentes de esta sentencia, la Sala los estudiará de forma conjunta.

31 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Mauricio Torres Cuervo, 11 de junio de 2009, rad.

20001-23-31-000-2007-00225-02, Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

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Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

98. Asegura el demandado que la resolución reglamentaria No. 019 del 28 de
junio del 2017 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, evidencia que
dicha entidad no tiene influencia alguna sobre el municipio de Santiago de Cali,
sobre el cual no puede ejercer control fiscal, por contar con su propia contraloría
municipal.

99. Se refiere el memorialista al documento de 7 páginas que aportó junto con
la contestación de la demanda, en el que se relacionan lo que serían 145 sujetos
de control, los puntos de control y el respectivo municipio, bajo una estructura que
responde al esquema que se muestra a continuación:

100. Además, la parte demandada aseguró que, aunque existen unos actos
administrativos en los cuales la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez
confirió comisiones y ordenó gasto, esto tampoco demuestra que se haya ejercido
autoridad administrativa en el municipio de Santiago de Cali, por los siguientes
motivos expuestos en los alegatos de conclusión en primera y segunda instancia:

• No ordenaron gasto con cargo al presupuesto de Cali.
• No son actos “que impliquen competencias reglamentarias o de designación
o remoción de empleados, o de potestades correccionales o disciplinarias o
de imposición de sanciones”.
• “Las funciones contenidas en los referidos actos no fueron ejercidas en el
municipio el municipio de Santiago de Cali en el cual se celebró la
elección”.
• “Las comisiones a las que hacen alusión los actos administrativos referidos,
son comisiones de servicio y no para desempeñar cargos de libre

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nombramiento y remoción o de periodo, es decir, no constituyen forma de
provisión de empleos”.
• “Los comicios electorales fueron realizados el 27 de octubre del 2019, por lo
que los 12 meses anteriores se consolidaron el 27 de octubre del 2018”. Es
decir que gran parte de los actos aportados fueron proferidos antes del 27
de octubre del 2018 y después del 27 de octubre del 2019, que no podían
tenerse en cuenta.

101. En este punto, la Sala destaca que, en los alegatos de conclusión
presentados por el demandado en primera instancia, afirmó que los actos
administrativos eran inconducentes para probar la causal de inhabilidad, ya que
algunos estaban por fuera del periodo inhabilitante; otros no autorizaron gasto y
otros confirieron comisiones desde otro municipio a la ciudad de Cali.

102. Sin embargo, ese asunto debió haber sido puesto de presente en el
momento oportuno, es decir, vía recurso de reposición contra el auto del 15 de
septiembre del 2020 que incorporó las pruebas aportadas por las partes (art. 241
del CPACA). En todo caso, esas pruebas serán analizadas de conformidad con las
consideraciones de la sentencia SU-207 del 2022.

103. Además, la Sala pone de presente que en la apelación el demandado no
alegó ningún reproche sobre las pruebas aportadas, concretamente los actos en
los cuales la hermana del accionado confirió comisiones a empleados de la
entidad, más allá de la afirmación que algunos fueron revocados, lo cual será
analizado más adelante. Sin embargo, por virtud de los lineamientos de la Corte
Constitucional en el fallo reseñado, se hará el análisis respectivo de esos medios
de convicción.

104. En ese orden, tiene razón el demandado cuando señaló que el “municipio
de Santiago de Cali” no figura en dicho listado como sujeto del control fiscal que le
compete a la reputada contraloría departamental. No obstante, tal como se
explicará a continuación, la Sala considera que la hermana del demandado sí
ejerció autoridad administrativa en el municipio de Santiago de Cali, aunque su
cargo fuera del orden departamental y la entidad a la que hizo parte no efectuara
control fiscal allí. Lo anterior, soportado en el análisis probatorio que demostrará.

105. A vista permanente debe someterse el hecho que lo que el supuesto del
artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 se contrae, por lo menos en cuanto al factor
territorial que pretende desacreditar el apelante, a la verificación de que la
autoridad administrativa ejercida por la señora Martha Rosmery Castrillón
Rodríguez, consistente en “autorizar las comisiones de servicios y ordenar el gasto
de viáticos” se haya desplegado “en” el municipio de Cali, pues el ingrediente
normativo refiere al lugar en el que se ejerce, y no a la persona (natural o jurídica)
sobre la cual recae.

106. Lo anterior quiere decir que una cosa es el ejercicio de la potestad de
vigilancia fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el

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municipio de Cali. Otra es que el desempeño del cargo de Secretaria General en
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca que ocupó la hermana del
demandado implique desplegar acciones de potestad de mando sobre personas
de esa circunscripción territorial.

107. La Sala considera que no es de recibo que el demandado aduzca que los
actos expedidos por la mencionada funcionaria no implicaron el ejercicio de dicha
autoridad porque i) no ordenaron gasto con cargo al presupuesto de Cali y ii) no
implican ejercicio de “competencias reglamentarias o de designación o remoción
de empleados, o de potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de
sanciones” y iii) “Las comisiones a las que hacen alusión los actos administrativos
referidos, son comisiones de servicio y no para desempeñar cargos de libre
nombramiento y remoción o de periodo, es decir, no constituyen forma de
provisión de empleos”.

108. Esto es así porque, tal como se explicó en los párrafos 72 a 78 de esta
providencia, la facultad que le fue delegada a la señora Castrillón Rodríguez de
autorizar comisiones, es de aquellas que, bajo un punto de vista funcional (inciso
2° artículo 190 de la Ley 136 de 1994), permite concluir el ejercicio de la autoridad
administrativa. Por lo tanto, el hecho de conferir comisiones es una atribución que
por sí sola, implica ejercicio de autoridad administrativa.

109. Materializa la tesis de la Sección Quinta, fijada en los siguientes términos:

“…no sobra recordar que en cuanto a la autoridad administrativa el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para
determinar en qué casos se configura este tipo de dirección. Con el primer criterio
los alcaldes, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de unidades
administrativas especiales son los servidores a los que se les atribuye autoridad
administrativa. Con el segundo criterio los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios, ordenar gastos, conferir comisiones, licencias,
vacaciones, trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijar nueva sede de trabajo son también servidores que
ejercen autoridad administrativa…”.32

110. En ese orden, lo que resta establecer, es si el ejercicio de dicha autoridad
configuró una ventaja para su hermano, concejal elegido para el municipio de Cali.

111. Sobre este punto, el demandado considera que los actos por los cuales la
hermana del demandado autorizó comisiones no pueden constituir un ejercicio de
autoridad en el municipio porque i) “Las funciones contenidas en los referidos
actos no fueron ejercidas en el municipio el municipio de Santiago de Cali en el
cual se celebró la elección”; ii) existen actos que fueron expedidos por fuera del
periodo inhabilitante (27 de octubre del 2018 – 27 de octubre del 2019) y iii) el
cargo que desempeñó la señora Castrillón Rodríguez es de orden departamental y
no municipal.

32
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112. Bajo ese entendido, la Sala considera que si bien el cargo que desempeñó
la hermana del demandado lo ocupó en entidad de orden departamental –
Secretaria General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca -, lo cierto
es que, de conformidad con el análisis de las pruebas obrantes en el plenario, la
Sala concluye que ella sí ejerció autoridad administrativa en el municipio.

113. Antes de entrar a sustentar la anterior conclusión, la Sala precisa desde ya
que no se tendrán en cuenta aquellos actos administrativos que fueron expedidos
por fuera del periodo inhabilitante (27 de octubre del 2018 – 27 de octubre del
2019)33, atendiendo al reparo realizado por el recurrente demandado por este
aspecto en los alegatos de primera y segunda instancia, sobre el cual le asiste
razón. Es decir, el análisis que se hará se limitará únicamente aquellas que se
profirieron dentro de ese periodo.

114. En ese sentido, se tiene que la parte demandante, al contestar la excepción
previa de inepta demanda, enlistó 76 personas, empleadas de la Contraloría
Departamental, que al parecer votaron en Cali (aportó el nombre, la cédula y el
puesto de votación en el municipio) y a las cuales la señora Martha Rosmery
Castrillón Rodríguez les autorizó comisiones y ordenó gastos en algunas de estas.
Sobre lo anterior, la parte demandada no efectuó ningún pronunciamiento en las
etapas procesales correspondientes respecto de estas personas, ni sobre su lugar
de votación o algún otro aspecto.

115. Para tal efecto, y de conformidad con los lineamientos de la Corte
Constitucional en la sentencia SU-207 del 2022, la Sala hizo un estudio de
confrontación entre las mencionadas personas y los actos que les confirió
comisión dentro del periodo inhabilitante. Realizada esa verificación, se encontró
que, a estos empleados de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en
varias ocasiones, les fue concedida dicha situación administrativa, como lo refleja
este cuadro:

Nombre Puesto de votación Mesa Municipio Resolución que
concedió comisión
(después del 27 de
octubre del 2018)
suscrita por Martha
Rosmery Castrillón
Rodríguez en su calidad
de Secretaria General
de la Contraloría
Departamental del Valle
del Cauca
ALBA NOHEMY PEÑA ESCUELA MANUEL MARIA 6 CALI Resol 1857 del 2018
DURÁN MALLARINO Resol 1103 del 2018
Resol 1124 del 2018

33 Estas resoluciones son las siguientes:

• Desde la Resolución 885 del 1° de octubre del 2018 a la 952 del 26 de octubre del 2018, porque
fueron expedidas antes del 27 de octubre del 2018.
• Desde la Resolución 925 del 28 de octubre 2019 a la Resolución 1067 del 3 de diciembre del
2019, porque fueron expedidas después del 27 de octubre del 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

ALEJANDRO UNID.DEP.PANAM. 28 CALI Resol 1041 del 2018
MONTOYA FLORES CANCHA DE TEJO Resol 1050 del 2018
Resol 052 del 2019
Resol 056 del 2019
Resol 242 del 2019
Resol 408 del 2019
Resol 427 del 2019
Resol 449 del 2019
Resol 652 del 2019
Resol 740 del 2019
ALEXANDER ESCUELA MARIANO 4 CALI Resol 966 del 2018
MONDRAGON OSPINA PEREZ Resol 1103 del 2018
VALENCIA Resol 1857 del 2018
Resol 267 del 2019
Resol 354 del 2019
Resol 777 del 2019
Resol 828 del 2019
Resol 841 del 2019
ALEXANDER SENA 36 CALI Resol 966 del 2018
SALGUERO ROJAS Resol 584 del 2019
Resol 593 del 2019
Resol 744 del 2019
Resol 766 del 2019
Resol 100 del 2019
ÁLVARO JOSÉ C.V.C 34 CALI Resol 966 del 2018
BOLAÑOS Resol 968 del 2018
Resol 999 del 2018
Resol 1023 del 2018
Resol 1035 del 2018
Resol 1042 del 2018
Resol 1052 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1123 del 2018
Resol 008 del 2019
Resol 305 del 2019
Resol 355 del 2019
Resol 389 del 2019
Resol 427 del 2019
Resol 441 del 2019
Resol 464 del 2019
Resol 547 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 629 del 2019
Resol 743 del 2019
Resol 917 del 2019
ANDREA MARCELA COLEGIO POLITECNICO 19 CALI Resol 1103 del 2018
GONZÁLES LARGO Resol 615 del 2019
ANDRES MURILLO ESCUELA OLGA LUCIA 4 CALI Resol 1041 del 2018
LLOREDA Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
ÁNGELA FLORENCIA UNID.DEP.PANAM. 19 CALI Resol 1857 del 2018
LIBREROS ROJAS CANCHA DE TEJO Resol 1103 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
ANGIE GEOVANNA NORMAL SUPERIOR LOS 20 CALI Resol 1103 del 2018
MEDINA FARALLONE Resol 1840 del 2018
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
ARLY VIVIANA NIETO COLISEO DEL PUEBLO 48 CALI Resol 1857 del 2018
BALLESTEROS Resol 615 del 2019

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28

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

ARMANDO PORTILLA C.V.C 10 CALI Resol 1857 del 2018
HERNANDEZ Resol 1103 del 2018
Resol 010 del 2019
Resol 615 del 2019
ARTURO FERNÁNDEZ NSTITUTO PARA NIÑOS 10 CALI Resol 966 del 2018
MANRIQUE CIEGOS Resol 005 del 2019
Resol 150 del 2019
Resol 360 del 2019
Resol 406 del 2019
Resol 415 del 2019
Resol 472 del 2019
Resol 497 del 2019
Resol 570 del 2019
Resol 605 del 2019
Resol 662 del 2019
Resol 742 del 2019
Resol 751 del 2019
Resol 761 del 2019
Resol 835 del 2019
Resol 864 del 2019
Resol 876 del 2019
Resol 890 del 2019
CARLOS ALBERTO ESCUELA 25 DE JULIO 6 CALI Resol 1041 del 2018
TORRES PANTOJA Resol 080 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
CARLOS CÓRDOBA ESCUELA GRAN 6 CALI Resol 966 del 2018
AZCÁRATE COLOMBIA Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 207 del 2019
Resol 389 del 2019
Resol 417 del 2019
Resol 615 del 2019
CARLOS FELIPE ESCUELA SUSANA 19 CALI Resol 1041 del 2018
VALENCIA SIERRA VINASCO DE QUIN Resol 1857 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 044 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 449 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 667 del 2019
Resol 815 del 2019
Resol 893 del 2019
CLAUDIA ISABELA PARQUE DE LAS 17 CALI Resol 1857 del 2018
CAMPUZANO ORQUIDEAS Resol 110 del 2019
Resol 615 del 2019
CONSUELO COLEGIO LOS ANDES 21 CALI Resol 1103 del 2018
RODRÍGUEZ RENDÓN Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 379 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 765 del 2019
CRISTHIAN ENRIQUE CENTRO PARROQUIAL 6 CALI Resol 1103 del 2018
BURBANO GONZÁLEZ SAN JUAN BAUTISTA Resol 1857 del 2018
Resol 045 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 217 del 2019
Resol 228 del 2019
Resol 456 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 667 del 2019

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

Resol 780 del 2019

DANIEL VALENCIA INSTITUTO PARA NIÑOS 29 CALI Resol 1103 del 2018
QUINTERO CIEGOS Resol 1857 del 2018
Resol 996 del 2019
DANIELA BLANDÓN I.E. SANTA CECILIA SEDE 2 21 CALI Resol 1041 del 2018
PRADO Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2016
Resol 043 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 225 del 2019
Resol 449 del 2019
Resol 663 del 2019
Resol 893 del 2019
DIEGO HERNÁN COLEGIO SANTA LIBRADA 3 CALI Resol 1103 del 2018
GONZÁLES QUIJANO Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2019
DORA POSSO AGUSTÍN NIETO 20 CALI Resol 1103 del 2018
CABALLERO Resol 1857 del 2018
Resol 111 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 660 del 2019
ELIANA MARÍA SENA 40 CALI Resol 966 del 2018
AMPUDIA Resol 1041 del 2018
Resol 076 del 2019
Resol 267 del 2019
Resol 292 del 2019
Resol 417 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 633 del 2019
Resol 883 del 2019
ELIZABETH AGUSTIN NIETO 18 CALI Resol 1052 del 2018
CHICANGO ANGULO CABALLERO Resol 1103 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
ELIZABETH HERRERA POLI DEPORTIVO LOS 34 CALI Resol 966 del 2018
TORRES GUADUALES Resol 1041 del 2018
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
EMILSON RIASCOS COLEGIO CIUDAD DE 3 CALI Resol 1041 del 2018
PERLAZA CÓRDOBA Resol 1857 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 203 del 2019
FABIÁN GARCÍA SENA 11 CALI Resol 1103 del 2018
MONSALVE Resol 1857 del 2018
Resol 145 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 739 del 2019
Resol 743 del 2019

FERNANDO ARÉVALO ESCUELA MARIANO 6 CALI Resol 1103 del 2018
TERÁN OSPINA PEREZ Resol 1857 del 2018
Resol 291 del 2019
Resol 356 del 2019
Resol 448 del 2019
Resol 609 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 668 del 2019

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30

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

Resol 846 del 2019
Resol 851 del 2019
FRANCHESKO BARCO UNIVALLE SEDE 2 CALI Resol 1103 del 2018
VALENCIA MELÉNDEZ Resol 1857 del 2018
Resol 008 del 2019
Resol 027 del 2019
Resol 045 del 2019
Resol 076 del 2019
Resol 108 del 2019
Resol 192 del 2019
Resol 373 del 2019
Resol 425 del 2019
Resol 517 del 2019
Resol 584 del 2019
Resol 593 del 2019
Resol 597 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 621 del 2019
Resol 633 del 2019
Resol 752 del 2019
Resol 870 del 2019
Resol 897 del 2019
GLORIA HELENA IE NORMAL SUPERIOR 10 CALI Resol 1103 del 2018
GIRALDO SALAZAR SANTIAGO Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 213 del 2019
Resol 615 del 2019
GUSTAVO ALFREDO C.V.C 11 CALI Resol 1039 del 2018
DELGADO GARCIA Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 500 del 2019
Resol 615 del 2019

GUSTAVO VALENCIA ESCUELA BARTOLOMÉ 6 CALI Resol 1103 del 2018
ESCOBAR LOBOGUERRERO Resol 615 del 2019
Resol 986 del 2019
HANNER LÓPEZ COLEGIO BENETT 31 CALI Resol 1103 del 2018
GONZÁLES Resol 1857 del 2018
Resol 008 del 2019
Resol 019 del 2019
Resol 060 del 2019
Resol 130 del 2019
Resol 152 del 2019
Resol 192 del 2019
Resol 235 del 2019
Resol 343 del 2019
Resol 517 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 752 del 2019
Resol 870 del 2019
Resol 883 del 2019
Resol 886 del 2019
Resol 887 del 2019
HELMER FORERO LICEO DEPARTAMENTAL 3 CALI Resol 970 del 2018
POLO FEMENINO Resol 1021 del 2018
Resol 1041 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 136 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 461 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019

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31

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

Resol 869 del 2019

HENRRY TORRES PARQUE DE LAS 9 CALI Resol 967 del 2018
CASTRO ORQUÍDEAS Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
HERNÁN S.E.N.A 35 CALI Resol 955 del 2018
SALDARRIAGA Resol 966 del 2018
ENRIQUEZ Resol 1103 del 2018
Resol 111 del 2019
Resol 154 del 2019
Resol 251 del 2019
Resol 252 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 660 del 2019
Resol 901 del 2019

ISABEL CRISTINA ESCUELA CARLOS A. 19 CALI Resol 1041 del 2018
OSORIO MENESES SARDI Resol 1103 del 2018
Resol 057 del 2019
Resol 109 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 267 del 2019
Resol 477 del 2019
Resol 518 del 2019
JAIME HERNÁN CLUB DE LEONES LA 5 CALI Resol 1103 del 2018
VERGARA MERCED Resol 1857 del 2018
CASTRILLON Resol 030 del 2019
Resol 063 del 2019
Resol 226 del 2019
Resol 451 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 616 del 2019
Resol 628 del 2019
Resol 668 del 2019
Resol 799 del 2019
JAIR GARCÍA ZAPATA ESC NUESTRA SEÑORA 4 CALI Resol 968 del 2018
DE LOS REMEDIOS Resol 1103 del 2018
Resol 1058 del 2018
Resol 439 del 2019
Resol 462 del 2019
Resol 492 del 2019
Resol 537 del 2019
Resol 610 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 631 del 2019
Resol 669 del 2019
JOSÉ JULIÁN ROJAS INSTITUTO PARA NIÑOS 10 CALI Resol 967 del 2018
MONCALEANO CIEGOS Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 177 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 355 del 2019
Resol 615 del 2019

JOSE OSCAR INST EDUC EUSTAQUIO 3 CALI Resol 1041 del 2018
MERCHAN MEDINA PALACIOS Resol 1103 del 2018
Resol 053 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

JUAN CARLOS VERA ESCUELA LUIS CARLOS 7 CALI Resol 1041 del 2018
RAMÍREZ ROJAS Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 041 del 2019
Resol 139 del 2019
Resol 141 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 446 del 2019
Resol 607 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 668 del 2019
Resol 820 del 2019
Resol 850 del 2019
LILIA MARLENY ACADEMIA DE DIBUJO 3 CALI Resol 1103 del 2018
CARMARGO SEGURA PROFESIONAL Resol 1857 del 2018
Resol 601 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 629 del 2019
Resol 660 del 2019
LILIANA MILLÁN ESCUELA RAFAEL 17 CALI Resol 1103 del 2018
QUINTERO ZAMORANO Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
LUCY MERCEDES COLISEO DEL PUEBLO 48 CALI Resol 1103 del 2018
IBARRA CABEZA Resol 203 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 660 del 2019
LUIS ENRIQUE ESCUELA BRISAS DE LOS 3 CALI Resol 1041 del 2018
CANCIMANCE ALAMOS Resol 1103 del 2018
CALDERÓN Resol 1857 del 2018
Resol 040 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 223 del 2019
Resol 260 del 2019
Resol 279 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 447 del 2019
Resol 536 del 2019
Resol 608 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 663 del 2019
Resol 783 del 2019
LUIS FERNANDO ESCUELA FERNANDO 6 CALI Resol 1041 del 2018
RESTREPO GUZMÁN VELASCO Resol 1857 del 2018
Resol 1038 del 2019
Resol 426 del 2019
Resol 480 del 2019
Resol 838 del 2019
Resol 858 del 2019
LUZ ANGELA TELLEZ COLEGIO REYES 10 CALI Resol 1103 del 2018
DELGADO CATÓLICOS Resol 1857 del 2018
Resol 111 del 2019
Resol 480 del 2019
Resol 615 del 2019
MARCELA INÉS INSTITUTO PARA NIÑOS 25 CALI Resol 976 del 2018
MENESES LOPEZ CIEGOS Resol 977 del 2018
Resol 1059 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1119 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 099 del 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

Resol 203 del 2019
Resol 264 del 2019
Resol 288 del 2019
Resol 342 del 2019
Resol 485 del 2019
Resol 522 del 2019
Resol 598 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 622 del 2019
Resol 738 del 2019
Resol 843 del 2019
Resol 888 del 2019
MARGARITA MARÍA CENTRO CULTURAL 6 CALI Resol 1103 del 2018
ROMERO URREA COLOMBO AMERIC Resol 1857 del 2018
Resol 660 del 2019
MARIA ELCY DUQUE I.E.T.I.COMUNA 17 4 CALI Resol 1103 del 2018
GALVES Resol 1857 del 2018
Resol 660 del 2019
Resol 815 del 2019
MARIA FERNANDA C.A.M 18 CALI Resol 1103 del 2018
AYALA ZAPATA Resol 1857 del 2018
Resol 118 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 238 del 2019
Resol 263 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 403 del 2019
Resol 495 del 2019
Resol 582 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 758 del 2019
Resol 759 del 2019
Resol 783 del 2019
Resol 868 del 2019
MARIA MARGARITA IE CIUDAD MODELO 18 CALI Resol 1041 del 2018
MONTENEGRO Resol 1103 del 2018
VIVIEROS Resol 133 del 2019
Resol 450 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 667 del 2019
MARIA PAULINA COLEGIO POLITECNICO 37 CALI Resol 966 del 2018
PEREZ HERNANDEZ Resol 615 del 2019
MARIA STELLA MAYA I.E. SANTA CECILIA SEDE 2 11 CALI Resol 1041 del 2018
ALVAREZ Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2019
Resol 623 del 2019
MARIO ECHEVERRY CLUB DE LEONES LA 5 CALI Resol 1043 del 2018
PEREZ MERCED Resol 438 del 2019
Resol 447 del 2019
Resol 536 del 2019
Resol 608 del 2019
Resol 668 del 2019
MARTHA ROSMERY ESCUELA CIUDAD DE CALI 15 CALI Resol 966 del 2018
CASTRILLÓN Resol 1047 del 2018
RODIRGUEZ Resol 143 del 2019
Resol 363 del 2019
Resol 379 del 2019
Resol 419 del 2019
Resol 475 del 2019
Resol 744 del 2019

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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34

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

Resol 765 del 2019

MIGUEL ENRIQUE ESCUELA REPUBLICA DEL 2 CALI Resol 1041 del 2018
RAMIREZ SAAVEDRA BRASIL Resol 203 del 2019
Resol 238 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 403 del 2019
Resol 495 del 2019
Resol 582 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 758 del 2019
Resol 759 del 2019
Resol 783 del 2019
Resol 868 del 2019
MONICA JULIETH INST TEC COMERCIAL LAS 20 CALI Resol 1041 del 2018
MESA AMERICA Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
NANCY STELLA MEJIA INSTITUTO CENTRAL DE 17 CALI Resol 1041 del 2018
TASCÓN COMERCIO Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 306 del 2019
Resol 615 del 2019
NESTOR FABIÁN COLEGIO ODONTOLOGICO 9 CALI Resol 954 del 2018
MONTOYA RENDON Resol 967 del 2018
Resol 1077 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 261 del 2019
Resol 441 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019
Resol 623 del 2019
Resol 624 del 2019
Resol 657 del 2019
Resol 762 del 2019
OSCAR ESCUELA MANUEL 23 CALI Resol 963 del 2018
SANCLEMENTE REBOLLEDO Resol 1039 del 2018
AGUDELO Resol 1059 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1119 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 045 del 2019
Resol 052 del 2019
Resol 059 del 2019
Resol 061 del 2019
Resol 099 del 2019
Resol 100 del 2019
Resol 107 del 2019
Resol 242 del 2019
Resol 264 del 2019
Resol 266 del 2019
Resol 283 del 2019
Resol 306 del 2019
Resol 342 del 2019
Resol 363 del 2019
Resol 379 del 2019
Resol 419 del 2019
Resol 426 del 2019
Resol 464 del 2019
Resol 475 del 2019
Resol 485 del 2019

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
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Resol 501 del 2019
Resol 518 del 2019
Resol 584 del 2019
Resol 593 del 2019
Resol 598 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 616 del 2019
Resol 623 del 2019
Resol 628 del 2019
Resol 633 del 2019
Resol 658 del 2019
Resol 666 del 2019
Resol 740 del 2019
Resol 744 del 2019
Resol 749 del 2019
Resol 783 del 2019
Resol 818 del 2019
Resol 838 del 2019
Resol 871 del 2019
OSVALDO QUINTERO COLEGIO AMERICANO 5 CALI Resol 1103 del 2018
BARONA Resol 1087 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 615 del 2019
PAOLA ANDREA COLEGIO AMERICANO 41 CALI Resol 966 del 2018
BELTRÁN Resol 1103 del 2018
Resol 615 del 2019
PIEDAD SANCHEZ UNID.DEP.PANAM. 15 CALI Resol 1857 del 2018
GIRALDO CANCHA DE TEJO Resol 1103 del 2018
Resol 213 del 2019
Resol 615 del 2019
RAFAEL MARTINEZ ESCUELA CELMIRA 34 CALI Resol 1023 del 2018
MANZANO BUENO DE OREJU Resol 1041 del 2018
Resol 1103 del 2018
Resol 1857 del 2018
Resol 041 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 229 del 2019
Resol 457 del 2019
Resol 474 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 663 del 2019
Resol 846 del 2019
Resol 850 del 2019
ROSA LILIANA ESCUELA CAMILO 10 CALI Resol 1103 del 2018
OGONAGA TORRES Resol 1857 del 2018
Resol 102 del 2019
Resol 379 del 2019
Resol 615 del 2019
SANDRA MILENA CENTRO CULTURAL 12 CALI Resol 1103 del 2018
LLANOS MEDINA COLOMBO AMERIC Resol 078 del 2019
Resol 318 del 2019
Resol 500 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 891 del 2019
URIEL MONTOYA ESCUELA MARIO 2 CALI Resol 955 del 2018
GARCIA LLOREDA Resol 1857 del 2018
Resol 053 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 252 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 617 del 2019

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Santiago de Cali, período 2020-2023
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VIVIANA CÁRDENAS COLEGIO LA 9 CALI Resol 1103 del 2018
VELEZ PRESENTACION EL PAR Resol 1857 del 2018
Resol 615 del 2019
WILMAR RAMIREZ ESCUELA BARTOLOME 7 CALI Resol 1103 del 2018
SALDARRIAGA LOBOGUERRERO Resol 053 del 2019
Resol 068 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 252 del 2019
Resol 358 del 2019
Resol 617 del 2019
YADIRA TAVERA COLEGIO COMFANDI 26 CALI Resol 1041 del 2018
LÓPEZ Resol 1857 del 2018
Resol 040 del 2019
Resol 203 del 2019
Resol 226 del 2019
Resol 451 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 660 del 2019
Resol 667 del 2019
YELBY RAMÍREZ INST EDUC EUSTAQUIO 3 CALI Resol 1041 del 2018
RENGIFO PALACIOS Resol 1847 del 2018
Resol 615 del 2019
YENNY DEL CARMEN COLEGIO RAFAEL NAVIA 13 CALI Resol 1103 del 2018
LAGOS ENRIQUEZ VARON Resol 1857 del 2018
Resol 203 del 2019
Resol 379 del 2019
Resol 419 del 2019
Resol 480 del 2019
Resol 615 del 2019
YINETH VELA S.E.N.A. 16 CALI Resol 1103 del 2018
RAMIREZ Resol 1857 del 2018
Resol 480 del 2019
Resol 615 del 2019
Resol 818 del 2019
YULDER EVELIO COLEGIO POLITECNICO 26 CALI Resol 966 del 2018
ORTIZ Resol 1103 del 2018
Resol 615 del 2019

116. Bajo ese panorama, la Sala observa que, aunque la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez ocupó un cargo en entidad del orden
departamental, lo cierto es que, de conformidad los medios de convicción
analizados, el ejercicio de la autoridad administrativa, concretada en la expedición
de actos que confirieron comisiones y ordenó gasto, sí se realizó en el municipio
de Santiago de Cali, pues estas tuvieron como destino, a empleados de esa
entidad que tienen su documento de identidad inscrita en esa ciudad, a efectos de
ejercer su derecho al voto.

117. Se reitera, esos aspectos no fueron replicados por el demandado en
ninguna de las etapas procesales en las que pudo pronunciarse al respecto.

118. Bajo este panorama, la Sala considera que el cuestionamiento de la Corte
¿puede la secretaria general de una entidad de control con jurisdicción
departamental ejercer autoridad administrativa en un municipio o distrito?, para
este caso en particular debe responderse de manera positiva. Lo anterior porque,
como se dijo, el hecho de que la hermana del demandado ocupara un cargo de
orden departamental, no significa que no pueda ejercer autoridad administrativa en

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el municipio de Cali. Lo anterior porque ella expidió actos que confirió comisiones
y autorizó gastos a sujetos que tienen inscrita su cédula en ese municipio y por
tanto, esto comprueba el ejercicio de autoridad administrativa en esa ciudad,
misma para la cual fue elegido como concejal el demando.

119. No desconoce la Sala que existen actos en los cuales se ordenó
comisiones desde otros municipios a Santiago de Cali34. Sin embargo, lo cierto es
que la mayoría de las resoluciones aportadas se comisionó a funcionarios desde
Santiago de Cali con destino a otros municipios, lo que quiere decir que el origen
del poder de mando se realizó en el primero de ellos, probando de esa manera el
ejercicio de la autoridad administrativa en esa circunscripción territorial.

120. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que la sede principal de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca tiene su sede en el municipio de
Santiago de Cali, por lo que es lógico que los actos que dictó, confiriendo
comisiones, influyera en personas que votaron allí. Tanto es así que todas las
resoluciones expedidas con ese fin, fueron expedidas en el mencionado municipio.

121. Con base en todo lo expuesto, la Sala considera que el demandado, al
tener como hermana a una funcionaria que ejerció autoridad administrativa en el
municipio en el periodo inhabilitante, obtuvo una ventaja sobre los demás
candidatos al Concejo de Cali, y además se afectó el equilibrio democrático,
porque como se probó, respecto de más de 70 personas, la señora Martha
Rosmery Castrillón Rodríguez ejerció autoridad administrativa al proferir actos por
los cuales les confirió comisiones y autorizó gasto.

122. En ese sentido, para la Sala se encontró acreditado en el plenario, que la
señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, hermana del demandado, ejerció
autoridad administrativa en el municipio de Santiago de Cali. De esa manera, se
configuró el supuesto de hecho de la inhabilidad consagrada en el el artículo 43 de
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

34 Corresponden las siguientes resoluciones: Resolución 965 del 29 de octubre del 2018; 1035 del

20 de noviembre del 2018; 1038 del 21 de noviembre del 2018; 1041 del 23 de noviembre del
2018; 1057 del 26 de noviembre del 2018; 1069 del 27 de noviembre del 2018; 1078 del 3 de
diciembre del 2018; 1083 del 4 de diciembre del 2018; 1087 del 5 de diciembre del 2018; 1113 del
17 de diciembre del 2018; 1116 del 18 de diciembre del 2018; 018 del 9 de enero del 2019; 032 del
15 de enero del 2019; 033 del 17 de enero del 2019; 038 del 21 de enero del 2019; 039, 040, 041,
043, 046, 047 del 21 de enero del 2019; 080 del 30 de enero del 2019; 140 del 15 de febrero del
2019; 195 del 8 de marzo del 2019; 203 del 11 de marzo del 2019; 221, 223, 224, 227 del 21 de
marzo del 2019; 251 del 28 de marzo del 2019; 377 del 8 de mayo del 2019; 386 del 10 de mayo
del 2019; 388, 389 del 13 de mayo del 2019; 400 del 15 de mayo del 2019; 407 del 17 de mayo del
2019; 418 y 434 del 21 de mayo del 2019; 418 del 22 de mayo del 2019; 437 del 28 de mayo del
2019; 446,447 y 448 del 30 de mayo del 2019; 476 del 10 del 10 de junio del 2019; 551 del 2 de
julio del 2019; 585 del 11 de julio del 2019; 613 del 17 de julio del 2019; 615 y 617 del 18 de julio
del 2019; 620 del 22 de julio del 2019; 632 del 24 de julio del 2019; 636 del 26 de julio del 2019;
663 del 5 de agosto del 2019; 667 del 6 de agosto del 2019; 798 del 18 de septiembre del 2019;
800 del 18 de septiembre del 2019; 815 del 25 de septiembre del 2019; 851 del 7 de octubre del
2019; 878 del 10 de octubre del 2019; 892, 900 del 17 de octubre del 2019; 905 del 18 de octubre
del 2019; 916 del 21 de octubre del 2019.

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123. Se insiste que se llega a esa conclusión porque i) la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca tiene su sede en Cali; ii) la hermana del
demandado, en su calidad de Secretaria General de esa entidad expidió actos que
confirieron comisiones y ordenó gastos en el municipio de Santiago de Cali; iii) los
destinatarios de ese poder de mando fueron más de 70 funcionarios que se
encontraban ubicados en la misma ciudad, debido a que su cédula, fue inscrita
para ejercer su derecho al voto en esa circunscripción territorial.

124. Lo anterior cobra mayor relevancia si se atiende al concepto de residencia
electoral, sobre el cual esta Sala se pronunció, y concluyó que este se puede
determinar a partir de varias maneras: (i) el lugar donde una persona habita, (ii) el
lugar en el que una persona de manera regular está de asiento, (iii) el lugar donde
una persona ejerce su profesión u oficio, o (iv) el lugar en el que una persona
posee alguno de sus negocios o empleo. Así lo dijo esta Sala:

3.3.1. En aras de precisar qué debía entenderse por residencia en el marco del
artículo 316 de la Constitución, el legislador mediante el artículo 183 de la Ley 136
de 199430 señaló:

“ARTÍCULO 183. Entiéndase por residencia para los efectos establecidos
en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una persona
habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o
posee alguno de sus negocios o empleo”.

3.3.2. De la lectura del anterior precepto, se tiene que el concepto residencia
contenido en el artículo 316 constitucional, fue circunscrito a 4 situaciones a saber,
(i) el lugar donde una persona habita, (ii) el lugar en el que una persona de manera
regular está de asiento, (iii) el lugar donde una persona ejerce su profesión u
oficio, o (iv) el lugar en el que una persona posee alguno de sus negocios o
empleo35.

125. Bajo esa óptica, y según el análisis probatorio realizado, como los actos
expedidos por la hermana del demandado, en su calidad de secretaria general de
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, tuvieron como destino a
personas que trabajaban en esa entidad (cuya sede principal es Cali), se concluye
que su residencia electoral era ese municipio. Lo que se fuerza con el reporte del
demandante que da cuenta de los puestos de votación en los que dichas personas
inscribieron su documento de identidad para ejercer su derecho al voto. Situación
que tiene materializado el ejercicio de autoridad de dicha funcionaria en la ciudad
de Cali y la ventaja o desequilibrio que esto conllevó respecto los demás
candidatos.

126. Finalmente, la Sala debe resaltar que en este asunto no es posible hablar
de incidencia, entendida como la diferencia de votos y las irregularidades
demostradas en el curso de los escrutinios a efectos de poder anular el acto

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de

marzo del 2019. Rad. No. 11001-03-28-000-2018-00049-00. MP. Rocío Araújo Oñate.

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electoral, porque en este preciso caso no se fundó en causales objetivas y por así
disponerlo el artículo 287 del CPACA:

ARTÍCULO 287. Presupuestos de la sentencia anulatoria del acto de elección
popular. Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los
electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando
el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de
tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.
(Subrayado por la Sala).

127. De acuerdo con la transcripción normativa realizada, es claro que el análisis
de incidencia que refiere solo es aplicable a casos en los que se cuestionan
irregularidades en los escrutinios y no en asuntos como el presente, en los cuales
se enrostra la configuración de una causal de inhabilidad subjetiva en contra del
demandado, la cual es de naturaleza preventiva.

2.6.3. Valoración de actos revocados

128. Efectivamente, el Tribunal de primera instancia mencionó en el capítulo “De
lo probado” las resoluciones 01536 y 01637 del 6 de julio de 2016:

“Resolución 015 de julio 06 de 2016 por la cual se delega en un directivo funciones
en materia contractual para la adquisición de bienes y servicios con destino a la
Contraloría Departamental del Valle, donde entre otros considerandos se indicó:
“Que mediante la Ordenanza N° 101 de enero 05 del 2001, se adoptó la nueva
estructura de la contraloría Departamental del Valle del Cauca, determinando sus
funciones generales y se estableció la autonomía administrativa, presupuestal y
contractual dispuso: “En ejercicio de la autonomía contractual del Departamento del
Valle del Cauca suscribirá en nombre y representación de la Entidad, los contratos
que debe celebrar el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de la delegación
que al efecto realice, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.”

Resolución 016 de julio 06 de 2016 por la cual se delega en un directivo funciones
relacionadas con el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales a
los empleados de la contraloría Departamental del Valle del Cauca “Que en aras de
racionalizar, descongestionar, simplificar y hacer más expeditos los trámites
administrativos, se hace necesario delegar en el Secretario General de la Entidad, o
que haga sus veces, la función de reconocer y ordenar el pago de salario y
prestaciones sociales a los funcionarios de la Entidad, conforme a lo establecido en
la Ley 1071 de 2006, Decretos 1045 de 1978 y 2418 de 2015, y demás normas que
le sean aplicables al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca” (Negrillas de la Sala).

129. Asegura el demandado, que tales actos fueron revocados por el contralor
departamental a través de las resoluciones 008 y 009 del 13 marzo de 2017, y
que, por ende, no podían ser valorados.

36 Por la cual se delega en un directivo funciones en materia contractual para la adquisición de

bienes y servicios con destino a la Contraloría Departamental del Valle.
37 Por la cual se delega en un directivo funciones relacionadas con el reconocimiento y pago de

salarios, prestaciones sociales a los empleados de la contraloría Departamental del Valle del
Cauca.

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130. Independientemente de la vigencia de los actos mencionados, observa la
Sala que no existió mención a ellos más allá del texto transcrito en el numeral 128
de esta providencia. Así mismo, se evidencia que estos actos no trascendieron en
el examen del fallador de primer grado, que cimentó sus conclusiones en el
ejercicio de autoridad administrativa que relacionó a la Resolución No. 011 del 13
de marzo de 2017 “Por la cual se delega en un directivo la función de autorizar
comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos”.

131. En tal sentido, es palmario que la censura que se estudia en este capítulo
carece de la entidad suficiente para afectar la intangibilidad de la sentencia
recurrida, en tanto no se dirige a controvertir sus fundamentos, motivo por el cual
se desestimará tal motivo.

2.6.4. Indebida aplicación y desconocimiento del precedente

132. Dada la inescindible relación que existe entre los reproches de la apelación
reseñados bajo los ordinales (iii) y (iv) del capítulo 1.9. del presente proveído, la
Sala pasará a abordarlos de manera conjunta. Uno tiene que ver con la supuesta
mención indebida por parte del Tribunal de antecedentes jurisprudenciales que el
libelista consideró que no eran aplicables al caso, por fundarse en supuestos
disímiles, ser autos que resuelven medidas cautelares o tratarse de sentencias de
primera instancia; el otro, con los precedentes que, al parecer, habría dejado de
aplicar el a quo.

133. Antes de detallar las providencias a las que se refiere la parte demandada,
es necesario acotar que, en relación con la noción de precedente judicial,
esta Sección acogió38 el criterio de la Corte Constitucional, que lo identifica
como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se
habrá de resolver, que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia”39.

134. En ese sentido, se considerado que “lo vinculante de un antecedente
jurisprudencial es la ratio decidendi de esa sentencia previa -o de varias si es del
caso-, que resulta ser uno de los referentes fundamentales que debe considerar
necesariamente un juez o autoridad determinada, como criterio de definición de la
solución de un caso específico”40.

135. Bajo esas glosas, para esta Sección41, “el precedente es la decisión, o el
conjunto de decisiones, que sirve(n) de referente al juez que debe pronunciarse
respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos

38 Consejo de Estado. Sección Quinta. Exp. 11001-03-15-000-2014-01312-01. C.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez. sentencia del 5 de febrero de 2015. Actor: Fidel de Jesús Laverde y otra.
39 Cfr. sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-762 de 2011, M. P.

María Victoria Calle Correa.
40 Sentencia T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
41 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2014-01312-01. C.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 5 de febrero de 2015. Actor: Fidel de Jesús Laverde y otra.

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41

Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla
jurisprudencial que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido”.

136. Con estas claridades, prosigue la Sala con el fin de facilitar la comprensión
del reproche y el contexto real de la sentencia objeto de apelación, a
esquematizarlos así:

Invocación censurada por el apelante Contexto de la mención jurisprudencial
“Auto del 17 de marzo del 2020 proferido “La Jurisprudencia de la Sección Quinta del
dentro del expediente 44001-23-40-000-2019- Consejo de Estado, de manera uniforme, ha
00195-01, Sección Quinta Del Consejo de sostenido que la configuración de la aludida
Estado. No existe auto de esta fecha, existe un inhabilidad requiere la concurrencia de cuatro
auto proferido dentro de dicho expediente que elementos. Así, por ejemplo, quedó
data del 19 de marzo del 2020” exteriorizado en auto del 17 de marzo de 2020,
proferido dentro del expediente 44001-23-40-
000-2019-00195-01, el cual estuvo hincado en
múltiples pronunciamientos que conforman
una línea jurisprudencial:
(i) “La existencia del vínculo por matrimonio,
unión permanente o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, entre el concejal elegido
y el funcionario (parentesco).
(ii) Que dicho funcionario haya ejercido
autoridad civil, política, administrativa o militar
(objetivo).
(iii) Que dicha autoridad se haya ejercido en
cualquier momento dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección acusada
(temporal), y
(iv) Que la autoridad se haya ejercido en el
mismo municipio o distrito por el cual resultó
elegido el concejal (espacial)”

“Providencias del 27 de febrero del 2020 “En conclusión, la persona ejercerá autoridad
proferida por la Sección Quinta del Consejo de administrativa si ocupa alguno de los cargos
Estado dentro del expediente 54001-23-33- enlistados en el inciso primero del artículo 190
000-2020-00006-01. Es un auto que confirma de la ley 136 de 1994 (criterio orgánico) o, a
suspensión provisional que no tiene el carácter pesar de no ocupar alguno de esos cargos, si
de antecedente jurisprudencial” ejerce algunas de las funciones previstas en el
inciso segundo del referido artículo (criterio
funcional), tal como lo destacó recientemente
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
providencias del 27 de febrero de 2020 y del
12 de marzo de 2020, proferidas dentro de los
expedientes Nos. 54001-23-33-000-2020-
00006-01 y 15001-23-33-000-2019-00579-02,
respectivamente”
“Providencia del 12 de marzo del 2020 iv) Desde el punto de vista del criterio
proferida la Sección Quinta del Consejo de funcional, se advierte que entre las funciones
Estado dentro del expediente 15001-23-33- asignadas a la señora Martha Rosmery
000-2019-00579-02. El familiar que ostentaba Castrillón Rodríguez se encontraban tanto la
parentesco con la Concejal, era rector de una de ORDENAR GASTO como la de CONFERIR
Institución Educativa Rural del Sur, es un COMISIONES, pues así la norma frente a la
establecimiento educativo público adscrito a la primera refiera “con cargos a fondos

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Invocación censurada por el apelante Contexto de la mención jurisprudencial
Secretaría de educación de Tunja, es decir municipales” y el apoderado judicial del
ejercía autoridad en una entidad del orden demandado se oponga indicando “Los actos
municipal (del municipio de Tunja)”. no contienen gastos con cargo al presupuesto
de Cali o fondos municipales sino del
Departamento”, el ejercicio de esta autoridad
no se demuestra a partir del origen de los
recursos –nacional, departamental o
municipal-, sino de la administración de los
mismos, es decir, la facultad de disponer de
ellos mediante, V. Gr., la celebración de
contratos o la autorización de viáticos, pero en
últimas que se trate de recursos públicos, tal y
como lo manifestó el Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección
Quinta, en reciente providencia (Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
providencia del 12 de marzo de 2020, proferida
dentro del expediente No. 15001-23-33-000-
2019-00579-02): de la tesis según la cual
basta con tener la función legalmente
asignada, como sucede en este caso, no
obstante, según la demandada esta función,
desde su materialización no se configura
porque los recursos del mentado fondo de
servicios educativos son del orden nacional y
no territorial.
Sin desconocer de entrada que el solo
hecho de que el rector tenga asignada la
función de ordenador de gasto permite la
configuración de la inhabilidad del numeral
4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Solamente para ahondar en razones que
demuestren que el reparo del recurrente
está llamado a su negativa, valga precisar
que el ejercicio de autoridad no se
demuestra a partir del origen de los
recursos –nacional o territorial-sino de la
administración de los mismos, la facultad
de disponer de ellos mediante, por ejemplo,
la celebración de contratos, pero en últimas
en razón de que en todo caso se trata de
recursos públicos.”
“Providencia proferida por el Consejo de La delegación ha sido entendida por el
Estado dentro del expediente No. 76001-23- Consejo de Estado como: “un fenómeno de
31-000-2001-04321-02 (1558-09) Consejero transferencia de competencias a personas o
Ponente Luis Rafael Vergara Quintero. En esta funcionarios que actúen de manera
sentencia se hace alusión a la figura de independiente y definitiva, pudiendo el
delegación dentro de un proceso de nulidad y delegante reasumir la competencia y revocar
restablecimiento del derecho orientada a que la decisión” (Expediente No. 76001-23-31-000-
se deje sin efectos la Resolución No. 001416 2001-04321-02 (1558-09), Consejero Ponente.
de 30 de mayo de 2001, proferida por el Luis Rafael Vergara Quintero).
Representante Legal de EMCALI, por medio
de la cual se le aceptó la renuncia al cargo de
Gerente de Planeación Código 100.001”
“Sentencia del 1 de octubre del 2020 proferida Elemento territorial. En cuanto a este

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Invocación censurada por el apelante Contexto de la mención jurisprudencial
por la Magistrada Patricia Feuillet Palomares, elemento, la Sala acoge la postura adoptada
expedientes 76001-23-33-000-2020-00013-00 por esta corporación de lo contencioso
y 76001-23-33-000-2019-01213-00. Es una administrativo en sentencia del 1° de octubre
sentencia de primera instancia proferida por el de 2020, Magistrada Ponente: Patricia Feuillet
Tribunal del Valle que no tiene el carácter de Palomares, proferida dentro de los
antecedente jurisprudencial” expedientes 76001-23-33-000-2020-00013-00
y 76001-23-33-000-2019-01213-00, según la
cual: ‘El elemento territorial sí concurre,
porque la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca ejerce las funciones en
todo el departamento, y ello incluye, desde
luego, el municipio de Santiago de Cali’…”.
“Providencia del 6 de agosto del 2020 “El elemento territorial sí concurre, porque
proferida por la Sección Quinta del Consejo de la Contraloría Departamental del Valle del
Estado dentro del expediente 44001-23-40- Cauca ejerce las funciones en todo el
000-2019-00175-01). Es un auto que confirma departamento, y ello incluye, desde luego,
suspensión provisional que no tiene el carácter el municipio de Santiago de Cali. En ese
de antecedente jurisprudencial” sentido, en providencia del 6 de agosto de
2020 (expediente 44001-23-40-000-2019-
00175-01), la Sección Quinta del Consejo de
Estado sostuvo: “no le asiste razón al
recurrente cuando alega que existe una
diferenciación entre las circunscripciones
departamentales y las municipales, las cuales
son independientes entre sí para efectos del
régimen de inhabilidades, en virtud de la
jurisprudencia de esta corporación que,
pacíficamente desde el año 2012, ha señalado
que no es aceptable que se puedan escindirse
los electores del departamento de los electores
de sus municipios” (Negrilla de la Sala)

137. Estima el censor que ninguno de los mencionados autos o sentencias podía
ser empleado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para dar solución
al problema jurídico planteado. Además, debe tenerse en cuenta que estos fallos
fueron proferidos antes de la expedición de la sentencia SU-207 del 2022, en la
cual no se encontró probado el defecto del desconocimiento del precedente.

138. La mención que se efectúa del auto de marzo de 2020 (2019-00195) no
refleja sino un resumen de los factores (parentesco, autoridad, temporalidad y
territorialidad) de la inhabilidad endilgada; que no distan mucho de los esbozados
en acápites previos del presente proveído.

139. La alusión a la providencia de 27 de febrero de 2020 (2020-00006) buscó
apenas ilustrar la existencia de los criterios orgánico y funcional para la definición
del ejercicio de autoridad administrativa.

140. La sentencia del 12 de marzo de 2020 (2019-00579) se menciona con un
doble propósito: explicar que la función de ordenar gastos no se desvanece como
supuesto de autoridad administrativa por el origen de los recursos, y poner de
relieve que no hace falta materializarla para los fines de la inhabilidad, pues basta

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ostentarla. Subreglas que, en efecto, devienen de lo disertado por la Sección
Quinta en dicho antecedente.

141. El fallo de la Sección Segunda (2001-04321) se trae al caso únicamente
para recoger la definición de “delegación” acogida por tal autoridad judicial;
cuestión que tiene que ver con la dogmática de la figura, lo cual no se revela como
impertinente para el vocativo de la referencia.

142. El antecedente de 1 de octubre de 2020 (2020-00013) corresponde a un
pronunciamiento del mismo Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cuyas
consideraciones son reiteradas con miras a dibujar la postura que asumirá en el
caso de marras sobre el alcance del elemento territorial. Es un hecho que, desde
la lectura de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ello no constituye un
precedente judicial, pero tampoco refleja el ejercicio de una práctica que deba ser
proscrita, primero, porque el a quo no le dio ese alcance vinculante propio de los
pronunciamientos de las altas cortes; y segundo, habida cuenta que lo que hizo
fue apropiar y replicar por razones dialécticas las palabras usadas por la misma
colegiatura para un asunto que presentó como similar.

143. Y finalmente, la providencia de 6 de agosto de 2020 (2019-00175) se
incluye precisamente como parte de la cita apropiada del expediente 2020-00013
del Tribunal) –mencionada en el párrafo inmediatamente anterior– que imbrica
para fines electorales las circunscripciones departamental y municipal.

144. En suma, no observa de momento esta Sección que el Tribunal hubiese
extrapolado indebidamente alguna ratio de los pronunciamientos que citó para
aplicarlos con valor de “precedente judicial”; y, por el contrario, lo que se infiere es
que las construcciones dogmáticas en las que se apoyó en ningún momento
fueron sacadas de contexto, al punto que pueda decirse que aplicó.

145. Pretender –como en el fondo lo hace la parte accionada– que el operador
judicial solo pueda acudir a la jurisprudencia cuando encuentre una sub regla
concreta que aplicar desde la institución del precedente judicial, prescindiendo del
valor dogmático y de construcción argumentativa subyacente a la producción
jurídica dispersa en todo el contenido de autos y sentencias –de la misma forma
que se encierra en otros tipo de referentes como la doctrina–, supondría un límite
inaceptable a la actividad de los jueces unipersonales y colegiados, que en
manera alguna podría conducir en esta sede a revocar el fallo apelado.

146. Así, por esta y por las demás consideraciones esbozadas por la Sala, se
concluye que el motivo de inconformidad examinado carece, en este punto, de la
vocación de prosperidad necesaria conducir al efecto pretendido por el recurrente.

147. Queda por abordar, entonces, lo relativo a al presunto desconocimiento de
las providencias que, a juicio del extremo demandado, sí constituían precedente
judicial aplicable al caso:

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(i) “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA Consejero ponente: FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009) Rad. No.:
76001-23-31-000-2008-00176-03 Actor: DARSIN MORAN VALLEJO
Demandado: CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE CALI (ALMA
CARMENZA ERAZO)”;

(ii) “Consejo-Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, consejera
ponente: Susana Buitrago Valencia en sentencia del veintidós (22) de
octubre de dos mil nueve (2009) proferida dentro del proceso con
radicación número: 73001-23-31-000-2008-00052-03, actor: Cesar
Valencia Parra, demandado: Contralor del Municipio de Ibagué”;

(iii) “Sentencia de unificación-SU 566 de 2019”.

En el primero de los tres casos enunciados, la Sala Electoral del Consejo de
Estado examinó si, de conformidad con el artículo 27242 de la Constitución
Política, la señora Alma Carmenza Erazo estaba inhabilitada para ser designada
contralora municipal de Cali por el hecho de haber sido contralora departamental
del Valle del Cauca dentro de los 12 meses anteriores.Al respecto, la Sección
indicó:

“… no resulta razonable que el ejercicio de un cargo departamental, impida acceder
al cargo de Contralor Municipal dentro del mismo departamento, más aún si se tiene
en cuenta que no puede existir una influencia sobre el electorado al no tratarse de
una elección de carácter popular, ni se evidencia un beneficio que permita al
candidato obtener ventaja sobre sus contendores

Si la relación que se pone de presente fuese inversa, es decir, si resultare una
persona elegida como contralor departamental habiendo ejercido cargo público en el
orden municipal, ello implicaría en últimas controlar su propia gestión43 cuando no
existe contralor municipal, razón por la cual se instituyó la inhabilidad en la Ley 330
de 1996, de tal forma que no pudiese ser elegido contralor departamental quien
hubiere ejercido, el año anterior a su elección, cargo público, indistintamente del
orden territorial a que se haga referencia”44

148. Con base en esas consideraciones se abstuvo en segunda instancia
declarar la pretendida nulidad electoral.

149. Nótese que se trata de supuestos de hecho y de derecho que para nada
resultan equiparables al sub judice. Primero, porque el elemento objetivo no refiere

42 “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo

que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital
o municipal, salvo la docencia. || Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor
departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo
departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino
un año después de haber cesado en sus funciones”.
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de septiembre 10 de 1998. Rad 1964.
44 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejero ponente:

Filemón Jiménez Ochoa Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009) Rad. No.:
76001-23-31-000-2008-00176-03 Actor: Darsin Moran Vallejo Demandado: Contralor del municipio
de Cali (Alma Carmenza Erazo).

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al ejercicio de autoridad, sino a la ocupación de terminado empleo público;
segundo, porque, no corresponde a una inhabilidad por parentesco, sino a la
ocupación del empleo por parte del mismo candidato; tercero, porque no se trata
del contexto de una elección por voto popular, sino de una designación por
autoridad competente; y cuarto, porque el elemento teleológico es disímil, ya que,
el artículo 272 busca evitar la influencia sobre el nominador y el auto control de la
gestión fiscal45, mientras que la del artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 la ventaja
electoral y el nepotismo.

150. Todas estas razones, desde luego, condicionan el entendimiento del factor
territorial en uno y otro caso, y son más que suficientes para descartar que se
tratara de un precedente vinculante para el caso de la referencia.

151. Algo similar se presentó con el asunto dilucidado en la sentencia de 22 de
octubre de 2009 (2008-00052), en la que, bajo señalamientos parecidos se acusó
la designación del señor Rafael Enrique Bernal Poveda como Contralor Municipal
de Ibagué, por haber prestado sus servicios en la Contraloría Departamental del
Tolima dentro de los 12 meses anteriores. La consideraciones y decisión de la
Sala fueron exactas a las del asunto que se acaba de reseñar, aunque se añadió:

“Es pertinente anotar que la Contraloría Municipal de Ibagué, como bien lo dijo la
parte demandada, es un ente que goza de autonomía administrativa y financiera y,
por tanto, la gestión fiscal que realiza no se ve influida por la Contraloría
Departamental, la cual sólo ejerce control fiscal a aquellos municipios donde no
existe una contraloría propia, que no es el caso del municipio de Ibagué. Además,
de conformidad con el artículo 17 del Decreto 272 de 20004, es la Auditoría General
de la República la encargada de ejercer control y vigilancia sobre todas las cuentas
de las contralorías municipales del país”.

152. El ser idénticos los supuestos del escenario que se acaba de desechar
como precedente judicial, es dable concluir que la lógica para este último debe ser
la misma, situación que no varía por el argumento de la autonomía que existe
entre las contralorías municipales y distritales, ya que, como se explicó, tal
argumento opera bajó la lógica de proscribir el auto control de la gestión fiscal46;
circunstancia que no se acompasa con la ventaja que obtiene un candidato al
concejo municipal por la autoridad que detenta un familiar dentro de una autoridad
que opera en el departamento en el que se ubica la respectiva duma, de acuerdo
con las consideraciones que presentadas párrafos atrás.

153. Por último, el demandado acusa como ignorado el pronunciamiento vertido
por la Corte Constitucional en la sentencia SU 566 de 2019. Al respecto, fuerza
acotar que, nuevamente, la impugnante troca y confunde los eventos
desarrollados jurisprudencialmente. En este caso, también se estudió la
inhabilidad de un ciudadano elegido contralor municipal (Valledupar), que vio
comprometida su aspiración por el hecho de haber ostentado el cargo de Defensor
Regional del Cesar. Al final, la alta Corporación consideró que no podía haberse

45 Sentencia C-509 de 1997.
46 Así lo reiteró la Corte Constitucional en la sentencia SU 566 de 2019.

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anulado el respectivo acto de designación por cuanto el empleó que cimentó la
demanda en cuestión era del orden nacional.

154. Aunque en el vocativo de la referencia se ve inmerso en la ecuación jurídica
una servidora vinculada a una contraloría departamental, es indispensable tener
presente que no se discute su candidatura por el hecho de haber ocupado un
determinado empleo, sino si su posición y funciones entrañaban un ejercicio de
autoridad administrativa proscrito por el ordenamiento jurídico frene a las
intenciones electorales de un candidato a una corporación pública en razón de su
parentesco, que es, en últimas, respecto del cual se reputa la inhabilidad.

155. En ese orden de ideas, refulge notorio que ninguno de los tres
pronunciamientos reseñados constituía un precedente judicial vinculante para el
caso de autos, pues sus respectivas ratios decidendi prefijaban subreglas
incontrastables con los supuestos evacuados en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el fallo objeto de la apelación. Ergo, ninguno
de los reproches abordados en el presente acápite está llamado a prosperar.

156. Así, resta decir que el análisis desplegado en esta instancia se hizo con
base en los lineamientos de la sentencia SU-207 del 2022 de la Corte
Constitucional.

2.5.5. Interpretación restrictiva de las inhabilidades

157. En un último apartado del escrito de apelación, el recurrente se ocupa de
presentar una disertación sobre los alcances y la importancia de aplicar el principio
de interpretación restrictiva respecto de las causales de inhabilidad. Sin embargo,
no concreta las razones por las que, a su juicio, ese parámetro hermenéutico no
fue atendido por el Tribunal de primera instancia.

158. Así las cosas, no siendo dable al ad quem desbordar los límites de la
postulación ejercida a través del reputado mecanismo de impugnación, se
encuentra que no existe carga argumentativa que permita a esta colegiatura
adentrarse en su estudio.

159. Con todo, se resalta que el proceso de nulidad electoral tiene como
principal objetivo salvaguardar la legalidad de los actos de elección frente a los
taxativos eventos que señala la ley47, que pueden guardar relación con el proceso
de elección mismo o con las calidades que debe reunir el funcionario nombrado o
electo.

160. Dentro de las exigencias negativas predicables del servidor designado se
encuentran las que versan sobre el régimen de inhabilidades del cargo ocupado o
a ocupar.

47 Entendida en su más amplia acepción, esto es, como norma jurídica.

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161. Así, contraviene la legalidad de un acto de elección el hecho de que recaiga
sobre una persona incursa en cualquiera de las causales de inhabilidad
predicables del cargo, en virtud de los mandatos constitucionales y legales que lo
regulen.

162. En palabras de la Corte Constitucional, “…Las inhabilidades son aquellas
circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que
una persona sea elegida, o designada para un cargo público (…) y tienen como
objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y
eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos
públicos…”48.

163. Claramente, se trata de exigencias que limitan o condicionan la garantía
constitucional de igualdad de acceso a los cargos públicos, pero por motivos
inspirados en el bien común y el interés general.

164. Esa connotación excluyente impone que cualquier pretensión hermenéutica
que sobre ellas recaiga se oriente por el principio de interpretación restrictiva, que
demanda que ante la dualidad o multiplicidad de intelecciones frente al precepto
que las consagra, se prefiera la más benigna; y, al mismo tiempo, conlleva la
proscripción de razonamientos basados en la extensión y la analogía.

165. Ahora, debe quedar claro que esta regla de interpretación opera
necesariamente en los estudios normativos, mas no en la valoración probatoria,
pues, mientras en el primer escenario se persigue la comprensión de una figura
jurídica, de cara a la voluntad del Constituyente o el Legislador, entre las
ambigüedades y vaguedades del lenguaje; en el segundo, se precisa la búsqueda
armónica de la verdad jurídica y la material, como faro iluminador de la
administración de justicia, para lo cual no sería dable tener en consideración las
pruebas que solo favorezcan a determinada parte, habida cuenta que lo que prima
en este caso es la autonomía del juez -unipersonal o colegiado-.

166. Lo anterior, lógicamente, sin perder de vista la teleología del proceso de
nulidad electoral, que, como se dijo, en principio, no es otra que preservar la
legalidad de la elección y la vigencia del orden jurídico.

167. En el asunto de autos, no se advierte que se haya desconocido el
consabido parámetro hermenéutico, pues, lejos de darle alcance extensivo a la
norma invocada como sustento de la nulidad que se decreta, esto es, el artículo
43.4 de la Ley 136 de 1994, se observa que el sub judice se encuentra imbuido de
una teleología que efectiviza el mandato constitucional que preconiza la
preservación de valores democráticos que descansan sobre la proscripción del
nepotismo y de ventajas electorales derivadas de vínculos con el ejercicio directo
o indirecto de funciones públicas.

48 Sentencia C-903 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería.

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Demandante: Luz Lanery Montoya Restrepo
Demandado: Milton Fabián Castrillón Rodríguez. Concejal de
Santiago de Cali, período 2020-2023
Radicado: 76001-23-33-000-2019-01126-01

168. Según quedó demostrado en el curso de ambas instancias judiciales, la
señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez se desempeñó como Secretaria
General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca dentro de los 12
meses anteriores a la elección del ciudadano Milton Fabián Castrillón Rodríguez
en segundo grado de consanguinidad. Desde dicho cargo ejerció autoridad
administrativa de acuerdo con el criterio funcional, al haberle sido delegadas las
atribuciones de “autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos” –
aspecto que, valga recordar, no fue debidamente controvertido– con la Resolución
No. 011 del 13 de marzo de 2017, la cual ejerció, según las pruebas analizadas,
en el municipio de Santiago de Cali, para el cual fue elegido concejal el accionado.

169. En conclusión, del examen realizado por la Sala, junto con el análisis
probatorio adelantado para cumplir con las consideraciones efectuadas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-207 del 2022, sin ahondar en puntos que
no fueron materia de controversia, la Sala concluye que los planteamientos de la
parte accionada no logran desvirtuar la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 22 de octubre 2020, motivo
por el cual será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del acto de
elección del señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez como concejal del
municipio de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023-.

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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