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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00754-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00754-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda formulada por Vidal Mauricio Rodríguez Luengas. SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen. 36 Índice 3 Samai. Archivo: «039_MemorialWeb_PeticiOn». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de Contratación (2024-2027) Radicado: 68001-23-33-000-2023-00754-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00754-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de agosto de 2024

Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
Contratación (2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00754-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00754-01
Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde del municipio de Contratación
(Santander) para el periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa por
pariente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, a
través de apoderado judicial, contra la sentencia del 28 de junio de 20241, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y el concepto de la violación

1. A través del medio de control de nulidad electoral2, Vidal Mauricio Rodríguez
Luengas demandó, en nombre propio, la elección de Oriol Plata Hernández como
alcalde del municipio de Contratación (Santander), la cual consta en el formulario E–
26 ALC del 30 de octubre de 2023. Lo anterior, con fundamento en la causal prevista
en el ordinal 5.º del artículo 275 del CPACA.

2. A juicio del demandante, el alcalde Plata Hernández violó el régimen de
inhabilidades para ejercer dicho cargo, puntualmente, las causales reguladas en los
artículos 95 (ordinal 4.º) de la Ley 136 de 19943 y 49 de la Ley 617 de 2000.

1 Índice 3 Samai. Archivo: «057Sentencia de Pr_20230075400SENTENCIA».
2 Previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).
3 En el acta de la audiencia inicial, del 11 de abril de 2024, la magistrada ponente de primera instancia

indicó lo siguiente: «[e]l Despacho FIJA EL LITIGIO ASÍ: para el demandante VIDAL MAURICIO
RODRÍGUEZ LUENGAS la elección del demandado como alcalde del municipio de Contratación,
Santander, es ilegal por violar violando el régimen de inhabilidades al configurarse el numeral cuarto

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Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
Contratación (2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00754-01

3. Lo expuesto, porque su cónyuge, Eliana María Gómez Hirreño, como lo refiere
el accionante, suscribió el contrato de prestación de servicios n.° 053-2023 con el
Sanatorio de Contratación E.S.E., entidad con jurisdicción en el municipio en
comento y que, a su vez, contrata el programa de salud con aquel. Así lo indicó,
textualmente, en el escrito inicial:

Es claro que el señor ORIOL PLATA HERNÁNDEZ estaría inhabilitado para
posesionarse como Alcalde Municipal de Contratación Santander debido a que su
señora esposa ELIANA MARÍA GÓMEZ HIRREÑO tiene el contrato número 053-2023
con el SANATORIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER E.S.E. el cual su jurisdicción
es el Municipio de Contratación Santander y contrata con el Municipo de Contratación
programas de salud como lo establece las normas jurídicas aquí enunciadas ests le
estarían ocasionando inhabilidad para posesionarse y ejercer el cargo de Alcalde
Municipal de Contratación Santander. [sic a toda la cita]

4. Finalmente, aportó como prueba el contrato referido, el cual, como se
desprende de su contenido, fue suscrito el 3 de mayo de 2023 por el gerente (e) del
Sanatorio de Contratación E.S.E. y la contratista, Eliana María Gómez Hirreño.

2. Sentencia de primera instancia4

5. Mediante providencia del 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda, porque, según lo refirió en la
providencia, la prohibición alegada del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 está dirigida
a la cónyuge del demandado y no a este. Asimismo, por cuanto, no se configuró
ninguna de las hipótesis dispuestas en el ordinal 4.° del artículo 95 de la Ley 136 de
1994 (relativa a la inhabilidad de los alcaldes con ocasión de su vínculo matrimonial)5.

3. Recurso de apelación

3.1. Trámite en primera instancia y su contenido

6. En punto de los argumentos del recurso de alzada presentado por el
accionante, a través de apoderado judicial,6 se advierte que reprochó que7:

a) Expuso que, la interpretación efectuada a la prohibición del artículo 49 de la
Ley 617 de 2000, consistente a que aquella es aplicable a la cónyuge y no al
alcalde «[…] es restrictiva y desconoce el propósito de la norma […]». Reiteró
que, el vínculo contractual de Eliana María Gómez Hirreño (esposa del

del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, porque su cónyuge fue contratista del Sanatorio de Contratación
Santander E.S.E., que es una entidad con jurisdicción en el municipio y con la que esa entidad contrata
planes de salud, por lo que estaría». [Énfasis del original].
4 Se precisa que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el escrito de contestación a la demanda

y en los alegatos de conclusión, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
la cual no fue decidida en el trámite de la primera instancia.
5 Los argumentos que expuso el tribunal serán referenciados al momento de abordar el caso concreto.
6 Índice 3 Samai. Archivo: «058_MemorialWeb_Recurso-APELACIONpdf».
7 Los argumentos esbozados por el apelante para desarrollar cada uno de los reparos enunciados,

serán referenciados al momento de abordar el caso concreto.

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Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
Contratación (2024-2027)
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demandado) con el Sanatorio de Contratación E.S.E. (entidad descentralizada
de aquel municipio) «[…] puede generar un escenario de influencia indebida
y privilegios, contrarios a los principios de transparencia y moralidad pública».

b) Adujo que, si bien el Sanatorio de Contratación E.S.E. corresponde a una
entidad descentralizada del orden nacional, lo cierto es que la ejecución del
contrato de prestación de servicios n.° 053-2023 por parte de Eliana María
Gómez Hirreño fue en el ámbito territorial de dicho municipio.

c) A su vez, agregó que, la señora Gómez Hirreño ejerció autoridad
administrativa en el municipio de Contratación en los doce meses anteriores
a la elección del accionado, pues, la funciones de aquella en el Sanatorio de
Contratación E.S.E. eran de auditoría y supervisión, lo que, a juicio del
apelante, influye en la administración pública local.

d) Asimismo, reiteró que las funciones descritas en el contrato de prestación de
servicios n.° 053-2023 (auditorías, seguimiento a planes de mejoramiento y
gestión de procesos de calidad) implican el ejercicio de autoridad
administrativa. Por lo anterior, reprochó que el tribunal haya indicado lo
contrario, con sustento, únicamente, en la declaración de Eliana María Gómez
Hirreño.

e) Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander guardó
silencio frente a la petición de compulsar copias a la «[…] Procuraduría,
Contraloría y a la Comisión de Disciplina Judicial […]» por la falta gravísima
cometida por el demandado al designar como apoderado en este proceso a
César Augusto Ardila Patiño, quien es, a su vez, contratista del municipio de
Contratación.

7. El fallo fue notificado a las partes por correo electrónico el 3 de julio de 20248.
A través de auto del 11 de julio siguiente9, el tribunal de primera instancia concedió
la apelación interpuesta, el 8 de julio de 2024, por el demandante. Finalmente, el 22
de julio de 202410, el proceso se asignó por sorteo a este despacho.

3.2. Trámite en segunda instancia

8. Mediante auto del 25 de julio de 202411, se admitió el recurso de apelación.
Dicha decisión se notificó al día siguiente12, por lo que, vencido el término de
traslado13 a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
presentara concepto, se presentaron las siguientes intervenciones.

8 Índice 3 Samai. Archivo: «058Soporte notificación Sentencia de Primera».
9 Ibidem. «060Auto Concede Re_20230075400AUTOQUECO».
10 Índice 1 Samai.
11 Índice 6 Samai.
12 Índices 8 y 9 Samai.
13 Entre el 6 al 9 de agosto de 2024 (índice 13 Samai) y desde el 12 hasta el 16 de agosto de 2024

(índice 16 Samai).

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9. El demandado14, mediante apoderado judicial, argumentó que la inhabilidad
del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 es aplicable a contratistas de la entidad
territorial o entidades descentralizadas, pero no para ser alcalde. Además de ello,
expresó que el Sanatorio de Contratación E.S.E. es una entidad descentralizada del
orden nacional, aspecto que impide, según su dicho, la configuración de la
prohibición alegada.

10. En otro sentido, refirió que la señora Eliana María Gómez Hirreño fue
contratista del Sanatorio de Contratación E.S.E., dentro de los doce meses anteriores
a la elección de su cónyuge (accionado), sin embargo, indicó que aquella no ejerció
como servidora o funcionaria pública autoridad civil, política, administrativa o militar
en el municipio en comento, tal como lo exige el ordinal 4.° del artículo 95 de la Ley
136 de 1994.

11. Finalmente, puso de presente que la compulsa de copias disciplinarias fue un
aspecto del cual el Tribunal Administrativo de Santander dio cumplimiento15.

12. Por su parte, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado
rindió concepto16 en el que solicitó confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por cuanto, no se acreditó la configuración de los
elementos modal y objetivo de la inhabilidad prevista en el ordinal 4.° del artículo 95
de la Ley 136 de 1994.

13. Al respecto, precisó que la señora Eliana María Gómez Hirreño no tenía la
calidad de funcionaria pública, en atención a su vinculación por contrato de
prestación de servicios con el Sanatorio de Contratación E.S.E. En consecuencia, la
causal citada no está llamada a ser aplicada en el presente caso.

14. Al margen de ello, estableció que de las funciones establecidas en el contrato
n.° 053-2023 no se desprendía el ejercicio de autoridad administrativa por parte de
la cónyuge del demandado.

15. Por otro lado, puntualizó que la prohibición establecida en el inciso 3.° del
artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no constituye una causal de inhabilidad para
acceder al cargo de alcalde, pues, aquella «[…] está dirigida a los cónyuges o
compañeros permanentes cuando los dignatarios locales ya se encuentran en el
cargo […]».

16. Por último, se abstuvo de pronunciarse sobre la compulsa de copias
peticionada por el apelante, en tanto que, «[…] la resolución de dicha petición le

14 Índices 11 y 12 Samai.
15 El apoderado del demandante, en escrito de oposición del 5 de agosto de 2024, precisó que no es

cierto que dicha solicitud obedece a una persecución política. Por otro lado, argumentó que si bien el
tribunal de primera instancia se pronunció en la sentencia sobre tal petición, lo cierto es que no se
compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación para efectos de investigar la conducta
disciplinaria del demandado.
16 Índice 17 Samai.

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compete al juez de instancia […]». No obstante, señaló que aquel tiene la posibilidad
directa de acudir ante la Procuraduría General de la Nación, mediante su página web.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

17. La Sala es competente para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionante contra la sentencia del 28 de junio de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
que procuraba la nulidad del acto de elección de Oriol Plata Hernández como alcalde
de Contratación (Santander), para el periodo 2024-2027.

18. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 17, literal
a)18 del ordinal 7.° del 152 del CPACA, así como lo preceptuado en el artículo 13 del
Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 (Reglamento del Consejo de Estado).

2. Oportunidad del recurso

19. El artículo 292 del CPACA19 dispone la forma en que ha de interponerse y
sustentarse el recurso de apelación contra el fallo que se dicte en el trámite del medio
de control de nulidad electoral, prescribiendo que se presentará ante el juez de
primera instancia en el acto de notificación de la sentencia o dentro de los cinco (5)
días siguientes a ello; además, que la alzada se concede en el efecto suspensivo.

20. En el caso concreto, la sentencia apelada fue notificada mediante correo
electrónico, el 3 de julio de 2024, actuación que se surtió a los dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos correspondiente20. En consecuencia, el
término máximo para presentar el recurso se extendió hasta el 12 de julio del
presente año y, como la impugnación se radicó el 8 de julio, se advierte su ejercicio
es oportuno.

17 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
18 «COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los

tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los
siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de los
alcaldes municipales […]».
19 «APELACIÓN DE LA SENTENCIA. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto

de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el
recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.
Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su
admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará a la
Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres (3) días.
Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes […]».
20 Conforme con el ordinal 2.° del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52

de la Ley 2080 de 2021.

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3. Cuestión previa

21. Al revisar el trámite de instancia, la Sala evidenció que el Tribunal
Administrativo de Santander no resolvió la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)
en la contestación de la demanda y reiterada en los alegatos de conclusión.

22. En ese sentido, conforme el inciso segundo del artículo 187 del CPACA 21,
dicha excepción será objeto de pronunciamiento en esta oportunidad, para indicar
que la entidad en comento es competente para recibir la inscripción de los candidatos
a los diferentes cargos de elección popular.

23. Lo expuesto comprende la facultad de aceptar o rechazar una inscripción
mediante acto motivado ante las situaciones previstas en la ley, a saber, de aquellos
candidatos distintos a los seleccionados mediante consulta o participación previa de
este en la consulta de una organización política diferente a la que avala su
inscripción22.

24. En el presente caso, se demandó el acto de elección de Oriol Plata Hernández
como alcalde del municipio de Contratación (Santander), para el periodo 2024-2027,
con fundamento en una causal subjetiva de nulidad electoral (inhabilidad).

25. Por lo tanto, aquella se declarará configurada, pues, la jurisprudencia
consistente de la Sección Quinta23 ha justificado que dicha entidad se margine de los
litigios electorales suscitados por censuras ajenas a sus funciones como órgano
encargado de la dirección y organización de las elecciones, como ocurre cuando se
demanda por causales subjetivas, en las que se plantea un juicio de idoneidad del
ciudadano elegido.

4. Problema jurídico

26. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en
el recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó
las pretensiones de la demanda formulada por Vidal Mauricio Rodríguez Luengas.

21 «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de abril

de 2021, rad. 85001-23-33-000-2019-00184-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
23 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 8 de abril de 2021, rad. 85001-23-33-000-2019-00184-01, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra; auto del 26 de octubre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00269-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra. Tesis reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 18 de julio de 2024, rad. 52001-23-33-000-2023-00375-01, MP. Pedro Pablo Vanegas
Gil; sentencia del 1.° de agosto de 2024, rad. 05001-23-33-000-2023-01228-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil.

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27. La Sala encuentra que los argumentos de la demanda se dirigen a asegurar
que el accionado está inhabilitado para ejercer el cargo de alcalde de Contratación
(Santander), por cuanto, su cónyuge, Eliana María Gómez Hirreño, suscribió el
contrato de prestación de servicios n.° 053-2023 con el Sanatorio de Contratación
E.S.E., entidad con jurisdicción en el municipio referenciado y que, a su vez, contrata
el programa de salud con aquel.

28. Por su parte, en el escrito de apelación, el recurrente censuró, concretamente,
aspectos relacionados con la aplicación de la prohibición del artículo 49 de la Ley
617 de 2000 y de la causal de inhabilidad prevista en el ordinal 4.° del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994. Además, se refirió a la prueba del ejercicio de la autoridad
administrativa y una supuesta omisión en la solicitud de compulsa de copias.

29. En ese orden de ideas, se deberá determinar si Oriol Plata Hernández incurrió
en la inhabilidad y prohibición enunciadas anteriormente, por cuanto, su cónyuge,
Eliana María Gómez Hirreño, suscribió el contrato de prestación de servicios n.° 053-
2023 con el Sanatorio de Contratación E.S.E., dentro de los doce meses anteriores
a la elección de aquel.

30. Para resolver la cuestión jurídica trazada, la Sala hará unas breves
consideraciones en relación con la inhabilidad por parentesco por ejercicio de
autoridad administrativa. Luego, se decidirá el caso concreto en el cual, además, se
precisará el alcance de la prohibición del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 frente a
esta causa.

4.1. Inhabilidad por parentesco por ejercicio de autoridad administrativa

31. El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a
ser elegido, como parte de las garantías que permiten a los ciudadanos participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político. Correlativamente, el artículo
260 superior relaciona los cargos públicos que son elegidos por voto popular.

32. Además, el ordenamiento jurídico ha previsto requisitos y condiciones para
ocupar tales dignidades, que se justifican en principios constitucionales como la
prevalencia del interés general sobre el particular, la moralidad administrativa y la
igualdad, para asegurar la elección de ciudadanos idóneos, en el marco de
certámenes democráticos que ofrezcan las mismas garantías para todos los
participantes.

33. Las inhabilidades electorales se inscriben en este plausible propósito y por
ello, para cada cargo de elección popular existe un régimen de causales que debe
ser observado, tanto por las organizaciones políticas, como por los candidatos, so
pena de las consecuencias igualmente instituidas en el ámbito administrativo y
judicial.

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34. Estas situaciones han sido ampliamente tratadas por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado24. A partir de estos pronunciamientos,
las inhabilidades pueden definirse como prohibiciones o requisitos negativos que
limitan legítimamente el acceso a la función pública. Por lo mismo, su interpretación
es restringida25 y no admite aplicaciones extensivas o analógicas26.

35. Tratándose de los alcaldes, el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, establece el catálogo de causales, entre las
que se encuentra la siguiente:

ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

[…]

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio. [Negrillas no son del original].

36. Esta norma contiene claramente el objeto general de las inhabilidades, toda
vez que busca evitar la elección de ciudadanos que puedan valerse de la cercanía al
poder municipal por cuenta de un familiar, con el propósito de sacar ventaja en la
campaña o favorecer intereses privados en la administración local. En esa línea, esta
Sección advirtió que dicha causal fija «un límite al nepotismo y un freno a la
desigualdad que deriva del aprovechamiento potencial de las posiciones de autoridad
del familiar de quien aspira en este caso a la duma municipal, en detrimento de otras
candidaturas que no cuentan con apoyos similares»27.

24 Ver, entre muchas otras providencias: Corte Constitucional, sentencias C-348 de 2004, MP. Jaime

Córdoba Triviño; C-015 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-146 de 2021, MP. Cristina
Pardo Schlesinger. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30
de noviembre de 2010, Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ), MP. Susana Buitrago Valencia;
sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 11001-03-15-000-2007-00581-00, MP. Ruth Stella Correa
Palacio. Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia de 10 de agosto de 2020,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00061-00, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sección Quinta, sentencia de
17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-2019-00638-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia
de 29 de julio de 2021, Rad. 44001-23-40-000-2019-00175-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.), MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 En tal sentido, el artículo 1.º, numeral 4.° del Código Electoral, señala: «4. Principio de la capacidad

electoral. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le limite
su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de
interpretación restringida» (se resalta).
26 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021,

Rad. 13001-23-33-000-2020-00066-01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sección Quinta,
sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-03154-01, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 76001-23-33-000-

2019-01126-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
Contratación (2024-2027)
Radicado: 68001-23-33-000-2023-00754-01

37. En cuanto a su configuración práctica, la disposición contiene los
presupuestos que determinan la causal, los cuales deben presentarse de forma
concurrente y han sido identificados y caracterizados por esta corporación28, así:

a) Parentesco o vínculo: vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil con un funcionario del municipio por el cual resultó electo el alcalde.

b) Objetivo: el familiar debe ser un funcionario que haya ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar.

c) Temporal: la autoridad se verifica dentro de los doce meses anteriores a la
elección.

d) Espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o
distrito por el cual resultó electo el alcalde.

38. Conviene precisar, en punto del elemento objetivo de la inhabilidad, que se
concreta en el ejercicio de autoridad, que puede revestir diversos matices, a saber:
i) civil, ii) política, iii) militar o iv) administrativa. La Sala profundizará frente a esta
última modalidad, por ser la que interesa al presente caso.

39. En primer lugar, el contenido normativo de esta autoridad lo encontramos en
el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, según el cual:

Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de
departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas,
y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

40. Cabe advertir que, de la disposición transcrita, se establece que no todo
servidor público tiene la virtualidad de ejercer actos de autoridad y mando, pues, se
requiere de un grado específico otorgado por la estructura de cada entidad, a partir
del cual se puedan tomar decisiones y lograr su cumplimiento.

28 Estos presupuestos o elementos han sido identificados para diferentes cargos de elección popular

que comparten esta causal. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión,
sentencia de 15 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-03209-00, MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Sección Quinta, sentencia de 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02965-
01, MP. Rocío Araújo Oñate (E); sentencia de 15 de abril de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2019-00454-
01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 11 de febrero de 2021, Rad. 54001-23-33-000-
2020-00011-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Demandante: Vidal Mauricio Rodríguez Luengas
Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
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41. Al respecto, la Sección Quinta, desde el 200529, precisó sobre la autoridad
administrativa, lo siguiente:

[…] que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica el
ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico,
o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el
ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al
segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto. [Énfasis de la Sala].

42. La anterior tesis fue reiterada en sentencia del 23 de septiembre de 201330,
así:

[…] no sobra recordar que en cuanto a la autoridad administrativa el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para determinar
en qué casos se configura este tipo de dirección. Con el primer criterio los alcaldes, los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas y de unidades administrativas especiales son
los servidores a los que se les atribuye autoridad administrativa. Con el segundo criterio
los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar
gastos, conferir comisiones, licencias, vacaciones, trasladar funcionarios
subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijar nueva
sede de trabajo son también servidores que ejercen autoridad administrativa […].
[Énfasis de la Sala].

43. En ese orden de ideas, el ejercicio de autoridad administrativa así entendido
«se refiere al desempeño de un cargo público que otorga a su titular poder de mando,
facultad decisoria y dirección de asuntos propios de la función administrativa que se
dirigen al funcionamiento del aparato administrativo»31, lo cual se examina en razón
de la naturaleza del cargo (criterio orgánico) o de las funciones asignadas (criterio
funcional). De tal manera se entiende que, desde este último enfoque, el servidor
facultado, por ejemplo, para ordenar gastos y conferir comisiones, está investido de
autoridad administrativa.

44. Atendiendo a todo lo expuesto, se concluye que la ley establece una
inhabilidad para ser alcalde por vínculos y parentescos con funcionarios que ejerzan
en el municipio cargos que revistan autoridad administrativa, entre otras
modalidades, dentro del año anterior a la elección, con el fin de asegurar la igualdad
en la competencia y combatir el nepotismo en la administración pública local.

45. La configuración de esta causal requiere de la demostración de todos y no
solo uno o algunos de los elementos previstos en la norma que la regula, y su

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de

septiembre de 2005, Rad. 41001-23-31-000-2003-01299-02, MP. Darío Quiñones Pinilla.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de

septiembre de 2013, expediente 41001-23-31-000-2012-00048-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de

septiembre de 2005, expediente 41001-23-31-000-2003-01299-02, MP Darío Quiñones Pinilla.

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Demandado: Oriol Plata Hernández – alcalde de
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interpretación no debe perder de vista el carácter restrictivo y taxativo de esta clase
de limitaciones al derecho a ser elegido.

4.2. Caso concreto

46. La Sala confirmará la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que no se configuró la inhabilidad
alegada ni la prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, como pasa
a explicarse.

47. Para efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará una breve
referencia a los hechos de la demanda que resultan relevantes para resolver el
presente recurso. Luego, será necesario reseñar lo que dijo la primera instancia al
negar la pretensión anulatoria formulada por Vidal Mauricio Rodríguez Luengas y el
respectivo recurso de apelación. Finalmente, se expondrán los argumentos de la
posición que adopta la Sala para confirmar la providencia apelada.

4.2.1. Delimitación de los hechos relevantes para resolver la apelación, de la
decisión de primera instancia y de los argumentos del recurso

48. El supuesto fáctico que resulta relevante para resolver la alzada consiste en
que, según lo refiere el demandante, el alcalde de Contratación, Oriol Plata
Hernández, está inhabilitado para ejercer dicho cargo, por cuanto, su cónyuge, Eliana
María Gómez Hirreño, suscribió el contrato de prestación de servicios n.° 053-2023
con el Sanatorio de Contratación E.S.E., dentro de los doce meses anteriores a su
elección.

49. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó la
pretensión de la demanda, porque: i) la prohibición prevista en el artículo 49 de la
Ley 617 de 2000 solo aplica a la esposa del alcalde y ii) no se acreditó ninguno de
los supuestos que contempla el ordinal 4.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. En
específico, lo estableció así:

El demandante hace una interpretación equivocada del artículo 49 de la Ley 617 de
2000, que prohíbe a la cónyuge de un alcalde celebrar contratos con la entidad
territorial en la que este funge como tal. La prohibición mencionada está dirigida a la
cónyuge del alcalde, no a éste. Debido a que el régimen de inhabilidades de los
alcaldes es de aplicación restrictiva, no es posible interpretar una norma jurídica en
forma amplia para crear inhabilidades que no ha previsto el legislador.

Además, según lo previsto en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, ninguna de las
inhabilidades que pueden afectar a un candidato a alcalde con ocasión de su vínculo
matrimonial se configura en el presente caso. Una contratista de una ESE no ejerce
autoridad como funcionaria pública, ni puede administrar tributos, ni es representante
legal de una empresa de servicios públicos domiciliarios ni de una entidad que preste
servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado. Por tanto, el alcalde
demandado no incurrió en una inhabilidad que pueda dar lugar a anular su elección.

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50. Inconforme con lo anterior, en su escrito de apelación, la parte accionante
indicó que en el caso concreto el tribunal de primera instancia:

a) Expuso que, la interpretación efectuada a la prohibición del artículo 49 de la
Ley 617 de 2000, consistente a que aquella es aplicable a la cónyuge y no al
alcalde «[…] es restrictiva y desconoce el propósito de la norma […]». Reiteró
que, el vínculo contractual de Eliana María Gómez Hirreño (esposa del
demandado) con el Sanatorio de Contratación E.S.E. (entidad descentralizada
de aquel municipio) «[…] puede generar un escenario de influencia indebida
y privilegios, contrarios a los principios de transparencia y moralidad pública».

b) Adujo que, si bien el Sanatorio de Contratación E.S.E. corresponde a una
entidad descentralizada del orden nacional, lo cierto es que la ejecución del
contrato de prestación de servicios n.° 053-2023 por parte de Eliana María
Gómez Hirreño fue en el ámbito territorial de dicho municipio.

c) A su vez, agregó que, la señora Gómez Hirreño ejerció autoridad
administrativa en el municipio de Contratación en los doce meses anteriores
a la elección del accionado, pues, la funciones de aquella en el Sanatorio de
Contratación E.S.E. eran de auditoría y supervisión, lo que, a juicio del
apelante, influye en la administración pública local.

d) Asimismo, reiteró que las funciones descritas en el contrato de prestación de
servicios n.° 053-2023 (auditorías, seguimiento a planes de mejoramiento y
gestión de procesos de calidad) implican el ejercicio de autoridad
administrativa. Por lo anterior, reprochó que el tribunal haya indicado lo
contrario, con sustento, únicamente, en la declaración de Eliana María Gómez
Hirreño.

e) Finalmente, afirmó que el Tribunal de Santander guardó silencio frente a la
petición de compulsar copias a la «[…] Procuraduría, Contraloría y a la
Comisión de Disciplina Judicial […]» por la falta gravísima cometida por el
demandado al designar como apoderado en este proceso a César Augusto
Ardila Patiño, quien es, a su vez, contratista del municipio de Contratación.

4.2.2. De la decisión del recurso de apelación

51. En primer lugar, en punto del reproche sobre la configuración de la prohibición
prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, la Sala coincide con lo expuesto por
el Tribunal Administrativo de Santander, esto es, que aquella tiene como destinataria
a la cónyuge del alcalde y no a este último.

52. En efecto, dicha norma establece lo siguiente:

PROHIBICIONES RELATIVAS A CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y
PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES
Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. Los cónyuges o

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compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros
de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del
correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas,
representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
respectivo departamento o municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes, no
podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio,
o de sus entidades descentralizadas.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no podrán
ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus
entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

[…]

53. De la disposición citada, se extrae con suficiente claridad que consiste en una
prohibición dirigida a cónyuges, compañeros permanentes y parientes, que les
impide ocupar los cargos que ahí se describen o que sean contratistas, cuando tienen
grados de parentescos con la persona elegida como alcalde, gobernador, diputado o
concejal32.

54. De manera que, a diferencia de lo que sostiene el actor, la inhabilidad referida
no es una prohibición orientada a los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales,
sino a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de aquellos. Por ello, la
inobservancia de la norma no acarrea, para el caso de los primeros, inhabilidad
alguna. Así, se ha sostenido por esta Corporación33:

Esta Sala, [….] ha considerado que la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley
617, modificada por las Leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los servidores
públicos de elección popular, pues no es a estos a quienes se les prohíbe realizar
tales conductas, sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las
entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio,
de manera que no podría constituir causal de pérdida de investidura,
incompatibilidad o inhabilidad para aquellos servidores públicos. [énfasis de la
Sala].

55. En ese orden de ideas, la censura en contra del acto de elección del alcalde
de Contratación, Oriol Plata Hernández, no constituía un evento inhabilitante que le
impedía el acceso al cargo referenciado. A lo anterior se suma el carácter restrictivo
que guía la interpretación de las inhabilidades, por lo que no se puede admitir una
aplicación extensiva o analógica como lo pretende el apelante.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 16 de mayo de

2024, rad. 13001-23-33-000-2024-00013-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de

agosto de 2021, Rad. 63001-2333-000-2021-00027-01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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56. Al respecto, se reitera que las inhabilidades limitan el derecho fundamental a
participar en la conformación del poder político o de acceso a la función pública, por
tanto, tienen el carácter de taxativo y restrictivo. De ahí que a partir de su naturaleza
excepcional, no se admitan analogías o aplicación extensiva a eventos que no estén
previstos expresamente. Esta ha sido la posición del Consejo de Estado34:

Las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser
elegido y a acceder a funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de la
Constitución; es así que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado han
señalado que las normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben
interpretarse de manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas
normas que los limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades
y calidades para el desempeño de cargos públicos deben estar consagradas
expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma
extensiva sino siempre en forma restrictiva.

[…] La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye
una aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la
Constitución, según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden
hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido, de donde como regla
general se infiere que todos los ciudadanos pueden acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y que excepcionalmente no podrán hacerlo aquellos a
quienes se los prohíbe expresamente la Constitución o la ley. […] En consecuencia
las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación
restringida”. [Resaltado de la Sala].

57. En conclusión, frente a este reparo particular de la alzada, la Sala encuentra
acertado el estudio abordado por el Tribunal Administrativo de Santander, en punto
de la prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, sin que de ninguna
manera aquel desconozca el propósito de la norma.

58. Por otra parte, no se pierde de vista que el apelante también trata de encuadrar
la situación fáctica de la celebración del contrato por parte de la esposa del
demandado, en el ordinal 4.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, afirmando que
tal circunstancia propició un escenario de influencia indebida y privilegios, censura
que pasará a estudiarse en segundo lugar.

59. En ese orden, el apelante consideró que la cónyuge del accionado, Eliana
María Gómez Hirreño, ejerció autoridad administrativa en el municipio de
Contratación durante los 12 meses anteriores a la elección de aquel, con ocasión de
la celebración del contrato de prestación de servicios n.° 053-2023.

60. Al respecto, se tiene que el alcance del atributo de la autoridad administrativa
encuentra respaldo en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 el cual, como se anticipó,
fija el criterio orgánico y funcional.

61. Así, desde el criterio orgánico, la ejercen los alcaldes, secretarios de alcaldía,
jefes de departamento administrativo, gerentes o jefes de las entidades

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9 de mayo de

2024, Rad. 68001-23-33-000-2024-00010-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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descentralizada y jefes de las unidades administrativas especiales, pues, dichos
cargos conllevan el ejercicio en comento.

62. A su vez, también cuentan con tal facultad, aquellos empleados oficiales o
funcionarios que, dentro de las competencias del cargo que ostenten, se incluya
alguna de las citadas en la norma, por ejemplo: celebrar contratos, reconocimiento
de horas extras, traslado de servidores, entre otros.

63. Frente a dicho tipo de autoridad, la jurisprudencia de esta Sala Electoral ha
precisado que: «[…] todas aquellas funciones que de acuerdo con la estructura
orgánica de la administración confieran al respectivo cargo autonomía en la adopción
de decisiones y potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa»35.

64. Nótese que desde la comprensión del artículo 190 de la Ley 136 de 1994 y del
criterio jurisprudencial en cita, el tipo de autoridad endilgada a la cónyuge del
demandado no recae en quien tiene una relación contractual con una entidad del
Estado, sino frente a aquella que se desprende de la vinculación legal o
reglamentaria, propia, por regla general, de los funcionarios públicos o de servidores
elegidos por elección popular, como el alcalde. No podría ser de otra forma pues, se
reitera, las inhabilidades son de interpretación restrictiva y no admiten aplicaciones
extensivas o analógicas.

65. En ese orden de ideas, el elemento objetivo de la inhabilidad endilgada exige
que el cónyuge, compañero permanente o pariente del alcalde elegido sean
servidores públicos y que, desde tal posición, hayan ejercido algún tipo de autoridad
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la
celebración de los respectivos comicios electorales.

66. En el presente caso, la cónyuge del accionado, Eliana María Gómez Hirreño,
celebró el contrato de prestación de servicios n.° 053-2023, situación que no le otorga
la calidad de servidora pública, menos de haber ejercido autoridad administrativa en
el municipio de Contratación.

67. Por consiguiente, al ser desvirtuado la configuración de uno de los
presupuestos reprochados (objetivo) de la inhabilidad prevista en el ordinal 4.° del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, resulta inocuo estudiar los demás elementos
apelados. Ello, por cuanto, como se anotó en precedencia, la ausencia de uno de
aquellos hace inviable la materialización de la conducta prohibida.

68. En tercer lugar, la parte actora cuestiona un aspecto que no es considerado
como un reparo concreto del fallo de primera instancia, esto es, que el Tribunal de
Santander no se pronunció respecto de una solicitud de compulsa de copias a la «[…]
Procuraduría, Contraloría y a la Comisión de Disciplina Judicial […]» por la falta
gravísima cometida por el demandado al designar como apoderado en este proceso

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de

febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00053-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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a César Augusto Ardila Patiño, quien es, a su vez, contratista del municipio de
Contratación.

69. A pesar de lo expuesto, la Sala avizora que dicha afirmación no encuentra
sustento en la realidad de lo acontecido en el proceso electoral, por cuanto, en la
diligencia prevista en el artículo 285 del CPACA (audiencia de pruebas), la
magistrada conductora de aquella precisó que, mediante memorial del 12 de abril de
202436, el representante judicial del extremo accionante puso en conocimiento lo
siguiente:

[…] el apoderado del demandado es el contratista y representante legal de la firma
Ardila Asesores y Consultores S.A., la cual suscribió el contrato de «prestación de
servicios profesionales de asesoría jurídica altamente calificada No. 005-2024» con el
municipio de Contratación, Santander, donde funge como alcalde el aquí demandado.

70. Frente a ello, se decidió negar la solicitud de compulsa de copias a las
autoridades competentes, porque, el aspecto citado no hizo parte de la fijación del
litigio y, además, adujo que le correspondía a la parte interesada interponer «[…] las
denuncias o quejas por presuntas irregularidades ante las entidades competentes
para que adelanten las respectivas investigaciones disciplinarias».

71. Resulta oportuno precisar que, contra la anterior decisión, notificada en
estrados, no se interpuso recurso alguno por aquel, escenario que demuestra que
estuvo de acuerdo con tal decisión.

72. Así las cosas, la Sala encuentra que dicho punto fue objeto de
pronunciamiento, de manera que no se omitió su decisión por la primera instancia,
como lo afirmó el apelante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda
formulada por Vidal Mauricio Rodríguez Luengas.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

36 Índice 3 Samai. Archivo: «039_MemorialWeb_PeticiOn».

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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