Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00138-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-00138-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-00138-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de marzo de 2025
Demandante: Édgar Beleño Roncancio
Demandada: Francy Natalia Moreno Puin,
concejal de Soacha (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00138-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2024-00138-01
Demandante: Édgar Beleño Roncancio
Demandada: Francy Natalia Moreno Puin, concejal de Soacha
(Cundinamarca), periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por la celebración de contratos prevista en el
numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 19941
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada,
mediante apoderado judicial2, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el 4 de diciembre de
2024, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El ciudadano Édgar Beleño Roncancio, mediante apoderado judicial3 y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, presentó demanda, el 15 de enero del 2024,
en la que solicitó la nulidad parcial del formulario E-26 CON del 8 de noviembre de
2023, por medio del cual se declaró la elección de la señora Francy Natalia Moreno
Puin como concejal de Soacha (Cundinamarca), para el periodo constitucional 2024-
2027.
1.2. Hechos
2. La parte actora indicó que el 9 de febrero de 2023, la señora Francy Natalia Moreno
Puin, celebró un contrato de prestación de servicios académicos con la Universidad de
Cundinamarca, cuyo objeto era «[p]restar servicio de apoyo a la gestión para el
relacionamiento con grupos de interés y acompañamiento a acciones de gestión social
para la dirección de interacción social universitaria en la extensión Soacha».
1.3. Concepto de la violación
3. El demandante consideró que la elección cuestionada es nula por la causal prevista
en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por haber incurrido la
1
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
2
El abogado Andrés Felipe Salamanca Moreno, portador de la tarjeta profesional 353.582 del C.S. de la J.
3
El abogado Pedro Alexander Rodríguez Matallana, portador de la tarjeta profesional 109.031 del C.S. de la J.
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Demandante: Édgar Beleño Roncancio
Demandada: Francy Natalia Moreno Puin,
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accionada en la inhabilidad del numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
4. Al respecto, consideró configurados los elementos de la causal de inelegibilidad, así:
i. Objetivo: Celebración del negocio jurídico entre la demandada y la Universidad
de Cundinamarca.
ii. Temporal: El contrato se suscribió el 9 de febrero de 2023, esto es, dentro del
año anterior a las elecciones del 29 de octubre del mismo año.
iii. Subjetivo: Se celebró a nombre propio, lo que concreta el interés o beneficio a
favor de la señora Moreno Puin.
iv. Territorial: Las actividades se desarrollaron en la Dirección de Interacción Social
Universitaria en la extensión Soacha.
5. En el mismo escrito de la demanda solicitó la suspensión provisional de los efectos
del acto acusado, de conformidad con el concepto de la violación.
1.4. Trámite procesal de primera instancia
6. Por auto del 29 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, admitió la demanda y negó la medida cautelar
deprecada.
7. Mediante apoderado judicial, la demandada contestó y expuso que no se
configuraba la inhabilidad deprecada, en razón a que:
i) No se acreditó el elemento espacial porque el domicilio contractual era el municipio
de Fusagasugá; además, la extensión Soacha no se circunscribe al municipio del
mismo nombre, sino que incluye otros como Mosquera, Funza y Bogotá;
ii) El contrato con la Universidad de Cundinamarca no es de aquellos que prevé la
inhabilidad invocada, ello por la naturaleza de la entidad contratante;
iii) El servicio prestado bajo el acuerdo referido no otorgó a la contratista una posición
de ventaja indebida ni vulneró el principio de igualdad en la contienda electoral;
iv) Las actividades desarrolladas no se relacionan con la gestión o manejo de
recursos públicos ni con la capacidad de influir en decisiones políticas o
administrativas que podrían resultar en un tratamiento privilegiado frente a la entidad
estatal o la ciudadanía.
8. Además, solicitó que, en caso de prosperar los argumentos del demandante, se
declare la excepción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 4° de la
Constitución.
9. Al respecto, señaló que los contratos de prestación de servicios no cumplen con los
fines del Estado social de derecho y la participación política de los ciudadanos, en
cuanto su abuso por parte de las entidades para suplir cargos de planta, pone en
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desigualdad a quiénes no pueden ser vinculados a través de una relación legal y
reglamentaria.
10. Posteriormente, por auto del 21 de junio de 2024, el magistrado sustanciador del
tribunal decidió imprimir al proceso el trámite de la sentencia anticipada y prescindir de
la celebración de la audiencia inicial; además, tuvo como pruebas las documentales
aportadas y fijó el litigio en los siguientes términos:
¿Son ilegales los actos administrativos cuya nulidad se pide, mediante los cuales se declaró
la elección de Francy Natalia Moreno Puin, como Concejal de Soacha para el periodo 2024–
2027? Para la decisión, se resolverán los cargos de nulidad que se endilgan en la demanda,
los que se analizarán con todos los demás cuestionamientos contra dicha elección, junto con
todos los argumentos de defensa, las pruebas aportadas al expediente y la normativa y
jurisprudencia aplicables. Y si la respuesta a la petición de nulidad es afirmativa, se decidirán
las demás pretensiones que se pidieron.
11. En la misma decisión corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que, si a bien lo tenía, conceptuara.
12. Las partes, en sus escritos de cierre, reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y su contestación.
13. El apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó pronunciamiento
en esa etapa y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5. Sentencia de primera instancia
14. Mediante providencia del 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró la nulidad de la elección de la
demandada.
15. En primer lugar, señaló que la excepción propuesta por la Registraduría Nacional
del Estado Civil no se estudiaría por plantearse en los alegatos de conclusión.
16. Luego, analizó la inhabilidad endilgada, para concluir que se encontraban
acreditados los requisitos que la configuran, así:
i) Elemento material u objetivo: se concretó con la suscripción del contrato de
prestación de servicios entre la señora Francy Natalia Moreno Puin y la Universidad
de Cundinamarca.
Además, la entidad contratante es una institución universitaria pública, por lo que la
restricción no se exculpa por la naturaleza, ni la categoría, ni la posición de la
universidad dentro de la estructura del Estado, pues tal limitación y distinción no la
consagra la norma jurídica que contiene la inhabilidad.
ii) Elemento temporal: El negocio jurídico fue suscrito el 9 de febrero de 2023, esto
es, dentro del año anterior inhabilitante.
iii) Elemento geográfico o espacial: El acuerdo de voluntades se ejecutó, entre
otros, en el municipio de Soacha, de conformidad con el objeto del contrato y los
informes de actividades aportados por la demandada.
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iv) Elemento subjetivo: Se demostró un interés propio, toda vez que la contratista
recibió una contraprestación de $11.184.000 por la ejecución del contrato.
Además, que se comprobó la notoriedad, relación y exposición pública que logró en
el desarrollo de sus actividades directas con la comunidad de Soacha, en especial,
los estudiantes y demás agremiaciones educativas como se menciona en los
informes.
1.6. Recurso de apelación
17. El apoderado de la señora Francy Natalia Moreno Puin apeló la anterior providencia
y expuso los siguientes reparos:
1.6.1. Elemento material
18. El recurrente consideró que no se valoró adecuadamente la excepción presentada
con respecto al sujeto contratante, esto es, que es de naturaleza educativa,
desconociendo así el principio de congruencia de las sentencias judiciales.
19. Al respecto, refirió que las universidades públicas, bajo el principio de autonomía
universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución, en concordancia con la
Ley 30 de 1992, cuentan con un régimen especial de contratación, distinto del aplicable
a las entidades públicas contempladas en la causal de inelegibilidad invocada.
20. La inhabilidad se refiere a los contratos celebrados con entidades pertenecientes a
la administración pública en sus niveles central, descentralizado, departamental,
regional o municipal; mientras que la Universidad de Cundinamarca, como ente
autónomo, está excluida de dichas categorías y su contratación se rige por el derecho
civil y comercial.
1.6.2. Elemento subjetivo
21. Estimó que la causal de inhabilidad en cuestión no se satisface con el simple hecho
de celebrar un contrato con una entidad pública en el año previo a la elección, pues, a
su juicio, resulta indispensable acreditar el componente subjetivo que la propia norma y
la jurisprudencia exigen, a saber:
«[u]n provecho político-electoral que desequilibre la contienda, una manipulación indebida de
recursos públicos o una interferencia en el proceso democrático de selección de candidatos,
de tal modo que se evidencie una mala fe de parte del/la candidato/a para beneficiarse
directa o indirectamente de la relación contractual».
22. Expuso que la obtención de honorarios justos y proporcionales a una labor
académica o administrativa no configura, por sí misma, un «interés propio» en el
sentido antijurídico que contempla la causal4.
23. Agregó que el tribunal no llevó a cabo un estudio que cumpliera con el criterio de
interpretación restrictiva de las inhabilidades, ya que, en la valoración de este elemento,
4
Cita la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la sección en el radicado 11001-03-28-000-2017-00009-00, con ponencia
del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio.
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se extendió a considerar que las actividades llevadas a cabo por la demandada
desviaban el interés electoral, sin tener en consideración el tipo de población atendida
en el marco de la ejecución del contrato, esto es, menores de 18 años y no habilitados
para ejercer el derecho al voto.
24. Señaló que, para estructurar la inhabilidad, debe existir un nexo causal entre la
relación contractual y la ventaja política, lo que implica demostrar que el contrato se
empleó como medio para captar electores, publicitar la imagen de la candidata, o
generar una afinidad política apoyada en recursos públicos5.
25. Finalmente, adujo que la naturaleza propia del contrato de prestación de servicios
de apoyo a la gestión es de carácter meramente operativo, técnico y de soporte, por lo
tanto, desde la misma naturaleza del acuerdo de voluntades que se suscribió, no es
posible que se pueda determinar «una notoriedad y exposición pública», además que
estaba enfocado a los colegios y a población no votante.
1.6.3. Vulneración de los derechos políticos y de participación política
26. Planteó que la sentencia de primera instancia se constituye en una restricción
desproporcionada e injustificada del derecho fundamental a ser elegido, consagrado en
el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
27. A juicio del recurrente, se debía «[d]emostrar que la relación contractual del
candidato con la Universidad de Cundinamarca constituía una amenaza real a la
integridad electoral o representaba una ventaja indebida, o incluso peor, un beneficio
caprichoso en favor de la candidata».
28. Agregó que el fallo impugnado representa una potencial vulneración de los
principios de la eficacia del voto ciudadano, la democracia participativa y representativa,
y el reconocimiento pleno de los derechos políticos individuales y colectivos,
particularmente en el contexto del municipio de Soacha, donde la lista del Pacto
Histórico obtuvo 14.966 votos, los que representan la expresión democrática de un
significativo número de ciudadanos que eligieron una determinada representación
política.
29. Adicional, expuso que la decisión judicial ignoró que los candidatos avalados por
partidos políticos y certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil ya han
sido sometidos a un riguroso proceso de verificación de requisitos e inhabilidades; por
lo tanto, al invalidar la elección, se erosiona no solo el derecho individual de la
candidata, sino la voluntad colectiva expresada mediante el voto ciudadano.
1.6.4. Excepción de inconstitucionalidad
30. Solicitó, de manera subsidiaria que, aunque se ha demostrado que la causal de
inhabilidad no cumple con los principios ni los requisitos del numeral 3° del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, se considere, con fundamento en la razonabilidad y
proporcionalidad, la posibilidad de declarar la excepción de inconstitucionalidad si se
aceptan los argumentos del demandante.
5
Cita la sentencia del 4 de mayo de 2017, proferida por la sección en el proceso con el radicado 15001-23-33-000-2015-00710-01,
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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31. Invocó el artículo 4° de la Constitución y señaló lo siguiente: «[s]e alega que el
contrato de prestación de servicios, utilizado para funciones de la UDEC, no debería
considerarse dentro de la inhabilidad, ya que afecta los derechos políticos y crea
condiciones de desigualdad para cualquier contratista vinculado mediante este tipo de
contrato, dado que este tipo de contratos es común y recurrente para suplir carencias
de planta de personal y necesidades de las entidades en Colombia».
32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por
auto del 14 de enero de 2025, concedió el recurso interpuesto.
1.7. Actuaciones en segunda instancia
33. El 11 de febrero de 20256 se admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegaciones finales. En el curso, se allegaron los
siguientes escritos:
34. El apoderado del demandante7, expuso que se acreditaron todos los elementos
que configuran la inhabilidad por la celebración de contratos, por lo que solicita que se
confirme el fallo apelado.
35. Por su parte, el apoderado de la demandada8, de manera preliminar señaló que el
uso extensivo del contrato de prestación de servicios en Colombia evidencia una
práctica que crea profundas desigualdades entre los ciudadanos contratistas y quienes
ostentan una relación laboral, toda vez que no se presenta la inhabilidad alegada para
el grupo con vinculación estable.
36. Luego refirió que en la sentencia de primera instancia no se abordaron todos los
argumentos planteados y; además, que no se configuraron los requisitos de la causal
de inelegibilidad deprecada, puesto que, a su juicio, no se probaron los siguientes
elementos:
i. El geográfico, porque el contrato no se suscribió en la circunscripción del
municipio de Soacha; por lo que no se podía acudir a elementos de la ejecución del
acuerdo de voluntades para darlo por acreditado; además, no se valoró que la sede
contractual es el municipio de Fusagasugá, donde se encuentra ubicada la sede
principal de la universidad, la vicerrectoría y su Dirección de Interacción Social.
ii. El material, en razón a que el régimen especial que regula la contratación de las
universidades públicas, basado en la autonomía universitaria, impide que el
contrato celebrado sea considerado dentro de la causal de inhabilidad deprecada.
iii. El beneficio propio, no basta con celebrar un contrato con una entidad pública en
el año previo a la elección, se debe acreditar el componente subjetivo que la propia
norma y la jurisprudencia que exigen: «[u]n provecho político electoral que
desequilibre la contienda, una manipulación indebida de recursos públicos o una
interferencia en el proceso democrático de selección de candidatos, de tal modo
que se evidencie una mala fe de parte del/la candidato/a para beneficiarse directa o
indirectamente de la relación contractual».
6
Índice 5 de Samai.
7
Índice 10 de Samai.
8
Índice 11 de Samai.
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Agregó que la señora Francy Natalia Moreno Puin ha fungido como profesora de
diferentes instituciones educativas de educación básica y media en el municipio de
Soacha, para lo cual anexa las correspondientes certificaciones laborales, desde
antes del mismo contrato con la Universidad de Cundinamarca, y si bien es cierto
que la diferencia entre los escenarios presentados es la procedencia del dinero que
se le paga en uno y otro, es evidente que el tribunal, al hacer una apreciación
apresurada de las pruebas presentadas, comete un grave error al señalar que la
demandada tuvo notoria exposición pública.
37. Procedió a reiterar los argumentos de su apelación relacionados con: el alcance
restrictivo de la causal de inhabilidad estudiada, la presunta vulneración de los
derechos políticos y de participación política; así como la petición de excepción de
inconstitucionalidad.
38. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado9, solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia, al considerar, en síntesis, lo
siguiente:
i) Que el tribunal realizó una valoración adecuada respecto de la calidad de entidad
pública de la Universidad de Cundinamarca.
ii) No le corresponde al juez determinar si con la celebración del contrato se
presentó o no un desequilibrio en la contienda o si ejerció algún tipo de influencia
en la voluntad de los electores, pues la sola existencia del vínculo contractual de la
demandada con una entidad pública, como lo es la Universidad de Cundinamarca,
implica una potencial ventaja para aquella, en detrimento de la igualdad entre los
candidatos y de los principios a la moralidad y transparencia del proceso electoral.
iii) La sentencia del a quo no constituye una restricción desproporcionada e
injustificada al derecho político fundamental a ser elegido pues los jueces, al
momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad
respecto de quien pretende ocupar un cargo público, se limitan al alcance de los
verbos rectores empleados por el legislador, como efectivamente lo hizo el tribunal
de primera instancia.
iv) La solicitud de excepción por inconstitucionalidad no está llamada a prosperar,
pues la inhabilidad se trata de requisitos negativos dispuestos para todos los
candidatos a concejales que no generan algún de tipo de condición particular en
relación con la accionada.
39. Por auto del 4 de marzo de 202510, la ponente de esta providencia rechazó por
extemporáneas las pruebas documentales aportadas por el apoderado de la
demandada en los alegatos de conclusión de segunda instancia, a saber: i) certificados
laborales en los que consta vinculaciones laborales de la señora Moreno Puin en el
Instituto de Integración Escolar San Agustín de Soacha y; ii) publicación de la
Universidad de los Andes titulada: «¿Cómo mejorar y racionalizar la contratación por
prestación de servicios en el sector público en Colombia? Una mirada desde la calidad
del empleo».
9
Índice 13 de Samai.
10
Índice 15 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15011 y
152.7.a)12 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
41. En los alegatos de conclusión13, el apoderado de la demandada hizo alusión a un
aspecto que no fue planteado en el recurso de apelación, esto es, la no comprobación
del elemento geográfico de la inhabilidad alegada.
42. Al respecto, el inciso 1° del artículo 320 del Código General del Proceso indica que
«el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión».
43. Además, el artículo 322 del mismo estatuto, relativo a los requisitos del mencionado
medio de impugnación, enuncia que el apelante deberá precisar «los reparos concretos
que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y
que «será suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la
providencia apelada».
44. En consonancia con lo anterior, el inciso 1° del artículo 328 del Código General del
Proceso dispone en cuanto a la competencia del superior, que « el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
45. En ese orden de ideas, la competencia de la sección en este caso se limita a los
planteamientos expuestos en la impugnación, sin que haya lugar a realizar
pronunciamiento alguno sobre asuntos que solo se trajeron a colación en los alegatos
de la segunda instancia.
2.3. Problema jurídico
46. Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, el 4 de diciembre de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección de la
señora Francy Natalia Moreno Puin como concejal de Soacha (Cundinamarca), periodo
constitucional 2024-2027, para lo cual se deberá determinar si:
11
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]»
13
Índice 11 de Samai.
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i) Se configuran los elementos material y subjetivo de la inhabilidad por la
celebración de contratos prevista en el numeral 3° del artículo 4314 de la Ley 136
de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000;
ii) Se vulneran los derechos políticos y de participación política con esta causal
de inelegibilidad y;
iii) Se debe declarar la excepción de inconstitucionalidad de la norma que
consagra la inhabilidad.
47. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso
concreto.
2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular15
48. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2° y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:
«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo».16
49. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública17. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de
privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda
electoral»18.
50. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
14
«Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]»
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
16
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
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9
Demandante: Édgar Beleño Roncancio
Demandada: Francy Natalia Moreno Puin,
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desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»19. Así mismo,
en la realización del principio democrático20 esta Sala ha reconocido que estos
regímenes tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en
las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones
personales de los aspirantes»21. También, ha indicado la jurisprudencia:
«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el
buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos22.»
51. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato23, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.
2.5. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
52. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:
«ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito...» [Resaltado de la sala]
53. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
22
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
23
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, y iii) la referida a haberse
desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado.
54. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, en
interés propio o de terceros, procede la sala, seguidamente, a estudiar los elementos de
la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.
55. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente al respecto:
«Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de
sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato
aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros
proponentes24».
56. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:
«[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento
de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales25».
57. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el
contrato, esto es, el mismo municipio o distrito en que el candidato aspira a ser
concejal; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el
interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal26.
58. En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la sección en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
26
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
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configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas actividades se ubican
por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas normas, es decir, con
posterioridad a su celebración27.
59. Sumado a lo anterior, en punto al elemento subjetivo, se ha reconocido la
posibilidad de que la celebración de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en
este último caso, para que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero
frente a quienes logra probarse la intervención en la contratación en virtud de una
simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación o representación28.
60. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.
2.6. Caso concreto
61. En el recurso de apelación, la demandada plantea reparos frente a la configuración
de los elementos material y subjetivo de la inhabilidad endilgada, así como la posible
vulneración de los derechos políticos y de participación política, y finalmente solicita la
inaplicación por inconstitucionalidad de la causal de inelegibilidad, por lo que procede la
sala a resolverlos de la siguiente manera.
2.6.1. Elemento material- naturaleza jurídica de la entidad contratante
62. La recurrente consideró que, en razón de la autonomía universitaria, la Universidad
de Cundinamarca cuenta con un régimen especial de contratación (derecho privado y
comercial); además, que esta institución no hace parte de la administración pública en
sus niveles central, descentralizado, departamental, regional o municipal; por lo que, a
su juicio, se presenta una excepción a la aplicación de la inhabilidad deprecada.
63. Para resolver este reproche, resulta procedente reiterar que la causal de
inelegibilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, señala
que incurre en ella quien celebre contratos con entidades públicas de cualquier
nivel.
64. Contrario a lo expuesto en el recurso, el tribunal si se refirió a este argumento en la
sentencia de primera instancia, al considerar que, a pesar de que la entidad contratante
es una institución universitaria pública, la restricción no se exculpa por la naturaleza, ni
la categoría, ni la posición de la universidad dentro de la estructura del Estado, pues tal
limitación y distinción no la consagra la norma jurídica que contiene la inhabilidad, por lo
tanto, no se desconoció el principio de congruencia como lo considera la recurrente.
65. En relación con la naturaleza jurídica de la entidad contratante, la Ley 30 de 1992,
en su artículo 57, dispone que las universidades estatales u oficiales deben organizarse
como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio
de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector
educativo.
27
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre
de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de
2009, Rad. 2007-00966-02.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417. Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
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66. Por su parte, el artículo 58 siguiente establece que la creación de universidades
estatales u oficiales y demás instituciones de educación superior corresponde al
Congreso, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales o municipales, o
a las entidades territoriales.
67. Frente a ello, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación29 indicó que
«[l]as universidades, no obstante su naturaleza jurídica de carácter autónomo, son parte
del Estado»; así mismo, explicó el alcance de la autonomía, en los siguientes términos:
«[l]a categoría de este tipo de entidades no puede implicar la creación de islotes dentro del
Estado pues la propia Carta da a Colombia la calidad de república unitaria. Si bien
descentralizada, este concepto no determina independencia o desagregación ya que las
ramas del poder público, los órganos que las integran y los demás, así sean autónomos e
independientes, todos con funciones separadas, colaboran armónicamente para el
cumplimiento y la realización de las funciones y de la finalidad del Estado».
68. En igual sentido, la misma sala refirió que30:
«[d]esde el punto de vista de la estructura del Estado las universidades públicas son sin
duda "entidades públicas". El hecho de que, como otras entidades del Estado, estén
sometidas a un régimen especial no significa que pierdan dicha calidad o que el legislador
esté impedido para establecer mecanismos de articulación o de colaboración inter orgánica
con base en su cláusula general de competencia (art. 150 C.P) y, en particular, en el
artículo 113 ibídem, según el cual "los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines"».
69. En ese orden de ideas, las universidades públicas son entidades estatales que, a
pesar de organizarse como entes universitarios autónomos con régimen especial, no
dejan de ser parte del sector oficial.
70. En el caso bajo estudio, el negocio jurídico que sustenta la demanda, esto es, el
anexo de contratación de personal académico 67 del 9 de febrero de 202331, fue
celebrado entre la señora Francy Natalia Moreno Puin y la Universidad de
Cundinamarca, con el objeto de «prestar servicio de apoyo a la gestión para el
relacionamiento con grupos de interés y acompañamiento a acciones de gestión social
para la Dirección de Interacción Social Universitaria en la Extensión Soacha».
71. Así mismo, de conformidad con las consideraciones del Acuerdo 14 del 20 de junio
de 201932, la Universidad de Cundinamarca es una institución pública local; por lo
tanto, contrario a lo considerado por la demandada, sí hace parte de las entidades que
consagra el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, pues esta disposición no
excluye de su definición a los contratos celebrados con entes autónomos.
72. Ahora bien, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 7 del 1° de noviembre de
201633, la vinculación del personal académico en la Universidad de Cundinamarca se
29
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Augusto Trejos Jaramillo, providencia del 15 de abril
de 1998, Radicación Número: 1076.
30
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: William Zambrano Cetina, providencia del 21 de
septiembre de 2011, Radicación No. 2062.
31
Ver las páginas 29 a 31 del documento «PDF 002_ED_02PODERYANEXOS» que se encuentra en el expediente digital en el
índice 3 de SAMAI.
32
Ver las páginas 23 a 25 del PDF «021_MemorialWeb_ContestacionDemanda» del expediente digital que se encuentra en el
índice 3 de SAMAI. Por el cual se adopta la política de interacción social universitaria en la Universidad de Cundinamarca.
33
Ver las páginas 51 a 54 del PDF «021_MemorialWeb_ContestacionDemanda» del expediente digital que se encuentra en el
índice 3 de SAMAI.
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rige por el derecho privado; así mismo se estipuló en la parte inicial del acuerdo de
voluntades.
73. Sin embargo, la sala34 ha considerado que, independientemente de las normas que
rigen el acuerdo suscrito, lo que importa para la concreción del elemento material u
objetivo de la inhabilidad por celebración de contratos, es que la entidad contratante
sea de naturaleza pública, como ocurre en el presente caso, que es lo que hace que se
configure tal presupuesto.
74. Por lo tanto, no prospera este reparo propuesto en la impugnación.
2.6.2. Elemento subjetivo
75. El apoderado de la demandada estimó que no se acreditó el componente subjetivo
que consiste en un provecho político electoral que desequilibre la contienda, una
manipulación indebida de recursos públicos o una interferencia en el proceso
democrático de selección de candidatos, de tal modo que se evidencie una mala fe de
parte del aspirante para beneficiarse directa o indirectamente de la relación contractual.
76. Además, que la obtención de honorarios justos y proporcionales a una labor
académica o administrativa no configura, por sí misma, un «interés propio» en el
sentido antijurídico que contempla la causal.
77. Al respecto, la jurisprudencia de la sección ha señalado que el ingrediente subjetivo
de esta inhabilidad se relaciona con el interés del propio candidato o de terceros que
persigue la celebración del contrato, ya sea de carácter patrimonial o extrapatrimonial35.
78. Así las cosas, la sala observa que en el contrato celebrado por la señora Moreno
Puin se pactó en la cláusula quinta un valor total de $26.000.000, lo que resulta
suficiente para acreditar el interés propio, sin que sea necesario demostrar que se
recibió la contraprestación por el servicio prestado36 ni realizar análisis adicionales,
como lo hizo el tribunal de primera instancia.
79. La sala37 ha señalado que como las inhabilidades limitan el derecho fundamental a
participar en la conformación del poder político o de acceso a la función pública, tienen
el carácter de taxativo y restrictivo. De ahí que, a partir de su naturaleza excepcional, no
se admitan analogías o aplicación extensiva a eventos que no estén previstos
expresamente. Esta ha sido la posición del Consejo de Estado38:
«Las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser elegido y
a acceder a funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de la Constitución; es
así que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado han señalado que las
normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de
manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten
mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el
desempeño de cargos públicos deben estar consagradas expresamente en la Constitución o
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Gloria María Gómez Montoya,
sentencia del 24 de octubre de 2024, Radicación: 15001-23-33-000-2023-00456-01.
35
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 18 de febrero de 2021, Radicación:
05001-23-33-000-2019-02852-02.
36
Ibidem.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 22 de agosto de 2024, Radicación: 68001-23-
33-000-2023-00754-01.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-000-
2024-00010-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre en forma
restrictiva.
[…] La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye una
aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución,
según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les esté
expresamente prohibido, de donde como regla general se infiere que todos los ciudadanos
pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que excepcionalmente no
podrán hacerlo aquellos a quienes se los prohíbe expresamente la Constitución o la ley. […]
En consecuencia las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de
interpretación restringida”». [Resaltado de la Sala].
80. Por lo tanto, no resulta acertado para desestimar la configuración de la
inelegibilidad por la celebración de contratos prevista en el numeral 3° del artículo 43 de
la Ley 136 de 1994, como lo expuso la apelante, determinar que los honorarios
percibidos fueron justos, o que la población atendida en la ejecución del contrato eran
menores de edad que no ejercen el derecho al voto, o que deba existir una ventaja
política, o que el contrato sea de carácter meramente operativo, técnico y de soporte,
pues no son ingredientes que consagre la norma para que se concrete.
81. Por lo anterior, este argumento de la alzada tampoco es de recibo, en la medida en
que la comprobación de este elemento no se traduce en que deba hacerse un estudio
subjetivo del asunto.
2.6.3. Presunta vulneración de los derechos y de participación política
82. También planteó la demandada que la sentencia de primera instancia se constituye
en una restricción desproporcionada e injustificada del derecho fundamental a ser
elegido, o una potencial vulneración de los principios de la eficacia del voto ciudadano,
la democracia participativa y representativa, y el reconocimiento pleno de los derechos
políticos individuales y colectivos.
83. Sin embargo, se reitera que la inhabilidad deprecada se estructura a partir de la
configuración de unos elementos objetivos claramente establecidos en la norma que la
contiene, por lo que basta demostrar la celebración del contrato con una entidad
pública, dentro del año anterior a la elección, en interés propio o de terceros, y que
deba ejecutarse o cumplirse en el municipio en el que se aspire ser elegido, para así
predicar la inelegibilidad del sujeto, como ocurre en este caso.
84. Además, como lo ha expuesto la Corte Constitucional39, las inhabilidades
encuentran su límite en las disposiciones constitucionales y en los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, así:
«Como se desprende del texto jurisprudencial, el señalamiento de un régimen de
inhabilidades puede llegar a contraponer el ejercicio del interés personal del titular del
derecho político que pretende acceder al desempeño del cargo o función públicos, con el
interés general que se protege a través de las limitaciones al mismo. De ahí que sea factible
una regulación restrictiva del derecho político aludido con reducción del ámbito de goce para
su titular, bajo el entendido de que prevalece la protección de ese interés general,
concretado en la moralización, imparcialidad y eficacia del funcionamiento del Estado
colombiano.
39
Sentencia C-952 de 2001.
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La definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad como de su
duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una competencia
discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y derechos
constitucionalmente reconocidos. Lo que indica que el resultado del ejercicio de la misma no
puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la finalidad que se persigue, y mucho
menos desconocer otros derechos fundamentales estrechamente relacionados, como ocurre
con el derecho a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio».
85. Por lo tanto, la inhabilidad por la celebración de contratos prevista en el numeral 3°
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, no se opone a los derechos políticos y de
participación política invocados por el recurrente.
2.6.4. Excepción de inconstitucionalidad
86. Finalmente, la señora Francy Natalia Moreno Puin, en su recurso, solicitó la
inaplicación por inconstitucional de la inhabilidad endilgada.
87. Para sustentar lo anterior, indicó lo siguiente: «Se alega que el contrato de
prestación de servicios, utilizado para funciones de la UDEC, no debería considerarse
dentro de la inhabilidad, ya que afecta los derechos políticos y crea condiciones de
desigualdad para cualquier contratista vinculado mediante este tipo de contrato, dado
que este tipo de contratos es común y recurrente para suplir carencias de planta de
personal y necesidades de las entidades en Colombia».
88. Sobre la excepción de inconstitucionalidad, la Sección40 ha explicado que esta
permite a los jueces y autoridades inaplicar normas jurídicas que contradigan el texto
constitucional, tal como se desprende del artículo 4 del texto superior:
La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
89. Dicha herramienta se encuentra a disposición de los jueces y de las autoridades
públicas para proteger los derechos fundamentales amenazados por la aplicación de
una norma de rango inferior que contradiga el texto superior, asegurando así la
prevalencia de las de carácter constitucional en el sistema jurídico colombiano41. Al
respecto, la jurisprudencia42 ha considerado:
«A partir de su pedimento, se hace necesario hacer varias precisiones sobre esta institución.
En primer lugar, es claro el carácter prevalente de la Constitución Política, expresamente
consagrado en el inciso 1° del artículo 443 y también puede apreciarse, que en el artículo 148
de la Ley 1437 de 2011, se previó en el acápite de medios de control lo siguiente:
Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá
efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.
Por su parte, la Corte Constitucional ha insistido en que:
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 6 de junio de 2024,
Radicación: 63001-23-33-000-2023-00104-01.
41
Ibidem.
42
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra Bogotá, sentencia del 7 de noviembre de
2024, Radicado: 76001-23-33-000-2024-00045-02.
43
“Artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-41-000-2024-00138-01
[L]a excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una
herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta
como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no
pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción
entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales44. [L]a
excepción de inconstitucionalidad únicamente puede aplicarse cuando resulta incuestionable
– conforme al texto de la disposición o clarísima jurisprudencia de la Corte Constitucional –
que viola la Carta45.
En segundo momento, la jurisprudencia46 ha establecido unas exigencias sustanciales de
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, todas ligadas a la operatividad y el
alcance del control abstracto.
La primera, restringe la aplicación de la figura cuando quiera que la norma supuestamente
transgresora haya sido declarada exequible. En otras palabras, la decisión de la Corte
Constitucional impide que otras autoridades se pronuncien sobre la incompatibilidad, pues de
hacerlo se desconocería la cosa juzgada establecida en el artículo 243 superior47. El
segundo requisito tiene un contenido finalista en la medida en que condiciona la excepción a
la comprobación de los efectos que conllevaría la aplicación de la norma.
Conforme a esas precisiones se puede deducir que la excepción de inconstitucionalidad no
puede ser aplicada con fundamento en cuestionamientos abstractos sobre la formación de
las normas inferiores».
90. De acuerdo con los lineamientos referidos, se advierte que la solicitud de la
recurrente, planteada desde la contestación de su demanda, carece de carga
argumentativa, en razón a que no explica, por qué, en el caso que nos ocupa, habría
lugar a inaplicar por inconstitucionalidad la norma que contempla la inhabilidad
deprecada, más allá de la referencia a la naturaleza del contrato de prestación de
servicios que da lugar a la misma.
91. Por lo tanto, la sala no encuentra motivo alguno para dar aplicación al mecanismo
que se solicita, en razón a que no se invocaron las disposiciones constitucionales que
presuntamente se contraponen con la inhabilidad deprecada y tampoco se expusieron
con suficiencia los argumentos para su análisis.
92. Con todo, la jurisprudencia constitucional48 ha desarrollado los propósitos
fundamentales de las inhabilidades, a saber: (i) garantizar la transparencia,
imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio
público; y (ii) asegurar la primacía del interés general sobre el interés particular del
aspirante.
93. En consecuencia, como no prosperaron los argumentos de la apelación, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró la nulidad de la
elección demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley
44
Corte Constitucional. Sentencia de unificación 132 del 13 de marzo de 2013. M. P. Dr. Alexei Julio Estrada.
45
Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 685 del 8 de agosto de 2003. M. P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
46
Corte Constitucional. Sentencia SU-132 de 2013. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
47
Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
48
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-393 del 28 de agosto de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido, expediente D-12313.
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17
Demandante: Édgar Beleño Roncancio
Demandada: Francy Natalia Moreno Puin,
concejal de Soacha (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00138-01
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el 4 de diciembre de 2024, mediante la
cual se declaró la nulidad de la elección de la señora Francy Natalia Moreno Puin como
concejal de Soacha (Cundinamarca), periodo 2024-2027.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
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