Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01941-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01941-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01941-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral contra acto
de elección de concejala de Soacha por incurrir en doble
militancia en la modalidad de apoyo / Defectos sustantivo y
procedimental
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Francy Natalia Moreno Puin, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud 1
1. Francy Natalia Moreno Puin promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, participación política y
acceso a cargos públicos, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado
25000234100020240013801.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1.El 29 de octubre de 2023 resultó electa como concejala de Soacha,
Cundinamarca, para el periodo constitucional 2024–2027, como resultado de
14.966 votos populares en su favor.
2.2. Édgar Beleño Roncancio interpuso medio de control de nulidad electoral con el fin de
1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_20250402Acciondetute(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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cuestionar su acto de elección, al considerar que estaba incursa en la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000, con ocasión del contrato celebrado con la Universidad de
Cundinamarca dentro del año anterior a su elección.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
con sentencia del 4 de diciembre de 2024 declaró la nulidad del acto acusado, al
encontrar «acreditados los elementos materiales, espaciales, temporales y subjetivos de
la inhabilidad».
2.4. Decisión contra la cual como demandada interpuso recurso de apelación en el
que señaló «que el contrato fue celebrado con una universidad pública que, conforme al
artículo 69 de la Constitución y la Ley 30 de 1992, es un ente autónomo y no hace parte de
la administración pública; además, que […] no se ejecutó exclusivamente en el municipio
de Soacha y que no existió ventaja política derivada de la relación contractual » (sic);
además, de que «sobre la solicitud de excepción de inconstitucionalidad no se dieron
argumentos ni se abrió el debate sobre los derechos fundamentales confrontados en el
caso en concreto».
2.5. El Consejo de Estado, Sección Quinta, con sentencia del 13 de marzo de 2025
confirmó lo resuelto por a quo, al considerar que «los cuatro elementos de la causal de
inhabilidad estaban acreditados, incluyendo la ejecución del contrato en la sede Soacha de
la Universidad de Cundinamarca y el beneficio subjetivo derivado de la contraprestación
económica», y que, «no se dieron argumentos suficientes para el estudio de los derechos
fundamentales vulnerados » para realizar un análisis al respecto.
2.6.Solicitó aclaración de la anterior decisión, al observar incongruencia
argumentativa frente a lo resuelto por el a quo y lo alegado en la apelación, «en
relación con el análisis de la naturaleza jurídica de la universidad contratante, el elemento
subjetivo de la inhabilidad […]» (sic), la cual fue resuelta desfavorablemente con
providencia del 27 de marzo de 2025.
2.7. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Quinta al incurrir en:
2.7.1.Defecto sustantivo al desconocer el régimen jurídico especial de las
universidades públicas como entes autónomos, sin que sea una entidad del orden
municipal.
2.7.2. Desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias C-373 de
2002 de la Corte Constitucional, y del 3 de mayo de 2018 2 del Consejo de Estado,
Sección Quinta, relativo a que toda causal de inhabilidad debe ser interpretada y
aplicada de forma restrictiva.
2.7.3. Desproporcionalidad: Se anula una elección sin acreditar perjuicio a la igualdad
entre candidatos ni manipulación del proceso electoral.
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Expediente 11001-03-28-000- 2017-00009-00
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Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, participación política y
acceso a cargos públicos de Francy Natalia Moreno Puin.
2. Que se deje sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 13 de marzo de 2025
(Rad. 25000-23-41-000-2024-00138-01), por incurrir en defectos sustantivos y
desconocimiento del precedente.
3. Que se ordene al Consejo de Estado proferir una nueva sentencia ajustada a la
Constitución, o que se restablezcan los efectos del acto de elección contenido en el
formulario E-26 CON del 8 de noviembre de 2023. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C3 solicitó negar el amparo o, en su defecto, declarar improcedente la tutela al no
satisfacer el requisito de la relevancia constitucional, pues, los argumentos traídos
por la demandante resultan ser de tipo subjetivo con el fin de cuestionar el análisis
probatorio realizado por los jueces naturales del asunto.
5
5. El Consejo Nacional Electoral 4 y la Registraduría Nacional del Estado Civil
alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales de la demandante de su parte, y porque
carecen de participación directa o indirecta en los hechos que motivaron la solicitud
de amparo.
6. El Consejo de Estado, Sección Quinta 6 solicitó que se nieguen las pretensiones
de amparo ante la inexistencia de la vulneración alegada, toda vez que los
argumentos traídos por la demandante coinciden con aquellos debidamente
resueltos en la decisión acusada, así:
«[…] 5. En síntesis, se explicó que independientemente de las normas que rigen el
contrato suscrito por la demandada con la Universidad de Cundinamarca, lo que importa
para la concreción del elemento material u objetivo de la inhabilidad por celebración de
contratos prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, es que la
entidad contratante sea de naturaleza pública, como ocurre en el presente caso, que es
lo que hace que se configure tal presupuesto.
6. Además, que la inhabilidad deprecada se estructura a partir de la configuración de
unos elementos objetivos claramente establecidos en la norma que la contiene, por lo
que basta demostrar la celebración del contrato con una entidad pública, dentro del año
anterior a la elección, en interés propio o de terceros, y que deba ejecutarse o cumplirse
3
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
20250410Contestac(.pdf) NroActua 11»
4
Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «19_MemorialWeb_Respuesta-
FRANCYMORENO20250(.pdf) NroActua 14»
5
Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «18_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf)
NroActua 13»
6
Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «
22CONTESTACIONDE_20250194100Contestac(.pdf) NroActua 15»
3
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Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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en el municipio en el que se aspire ser elegido, para así predicar la inelegibilidad del
sujeto, como ocurre en este caso, lo que se acompasa con el criterio restrictivo de estas.
7. En ese mismo orden, se explicó que no era posible para descartar la concreción de la
causal de inelegibilidad, acudir a aspectos como la igualdad entre candidatos o la
manipulación del proceso electoral, pues no son ingredientes previstos por el legislador
para ello. […]». (sic)
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 333 del
6 de abril de 2021 7, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Cuestión previa – De la legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente 8:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
7
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8
Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
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por la vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado.[…]».(sic)
11. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron que se les declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno de la demandante y
tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que esas
entidades puedan desplegar para su cumplimiento.
12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue
como terceros con interés, en razón a su calidad de demandadas en el proceso
contencioso-administrativo cuestionado, y en aras de garantizarles su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado 12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
9
Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
11
Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
15
16. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos , el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales 17.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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19. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales de Héctor Francy Natalia Moreno Puin con ocasión de la
sentencia del 13 de marzo de 2025 a través de la cual confirmó la decisión de
declarar la nulidad de su acto de elección como concejala de Soacha,
Cundinamarca, al encontrarla incurso en la causal prevista en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000, con la que incurrió, al parecer, en defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto sustantivo o material
21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
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2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
24. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
28. Francy Natalia Moreno Puin acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual confirmó la decisión de declarar la nulidad de su acto de
elección como concejala de Soacha, Cundinamarca, al encontrarla incursa en la
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causal prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, «[q]uien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la […] en la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito».
29. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo al desconocer la naturaleza de la Universidad de Cundinamarca, como
ente autónomo y desconocimiento del precedente judicial, y en desconocimiento del
precedente judicial contenido en las sentencia C-373 de 2002 de la Corte
Constitucional, y del 3 de mayo de 2018 18 del Consejo de Estado, Sección Quinta,
relativo a que toda causal de inhabilidad debe ser interpretada y aplicada de forma
restrictiva.
30. Además, al resulta desproporcionada, pues, anula una elección sin acreditar el
perjuicio a la igualdad entre candidatos ni la manipulación del proceso electoral.
31. En razón a los cargos propuestos, llama la atención el hecho que cada uno de
ellos coinciden con aquellos desarrollados por la autoridad judicial demandada, al
desatar el recurso de apelación propuesta por Francy Natalia Moreno Puin contra la
decisión que declaró la nulidad de su acto de elección como concejala de Soacha,
Cundinamarca, para lo cual, primero recordó como factores configurativos de la
causal invocada:
«[…] (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato ha
debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el contrato,
esto es, el mismo municipio o distrito en que el candidato aspira a ser concejal; (iii) un
elemento material u objetivo, consistente en la conducta de suscripción o celebración
del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de
terceros que persigue la celebración del contrato estatal[26]19. (sic)
32. Establecido lo anterior, en cuanto al puntual cargo de desconocimiento de la
naturaleza jurídica de la Universidad de Cundinamarca como “ente autónomo”, sin
que constituya una “entidad pública” en los términos de la causal de inhabilidad
atribuida, se consideró en la decisión acusada:
«[…] 63. Para resolver este reproche, resulta procedente reiterar que la causal de
inelegibilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, señala que
incurre en ella quien celebre contratos con entidades públicas de cualquier nivel.
64. Contrario a lo expuesto en el recurso, el tribunal si se refirió a este argumento en la
sentencia de primera instancia, al considerar que, a pesar de que la entidad contratante
es una institución universitaria pública, la restricción no se exculpa por la naturaleza, ni
la categoría, ni la posición de la universidad dentro de la estructura del Estado, pues tal
limitación y distinción no la consagra la norma jurídica que contiene la inhabilidad, por lo
tanto, no se desconoció el principio de congruencia como lo considera la recurrente.
18
Expediente 11001-03-28-000- 2017-00009-00
19
Contenido de cita original: Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010;
sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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65. En relación con la naturaleza jurídica de la entidad contratante, la Ley 30 de 1992,
en su artículo 57, dispone que las universidades estatales u oficiales deben organizarse
como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector
educativo.
66. Por su parte, el artículo 58 siguiente establece que la creación de universidades
estatales u oficiales y demás instituciones de educación superior corresponde al
Congreso, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales o municipales, o
a las entidades territoriales.
67. Frente a ello, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación [29]20 indicó que
«[l]as universidades, no obstante su naturaleza jurídica de carácter autónomo, son parte
del Estado»; así mismo, explicó el alcance de la autonomía, en los siguientes términos:
«[l]a categoría de este tipo de entidades no puede implicar la creación de islotes dentro del
Estado pues la propia Carta da a Colombia la calidad de república unitaria. Si bien
descentralizada, este concepto no determina independencia o desagregación ya que las
ramas del poder público, los órganos que las integran y los demás, así sean autónomos e
independientes, todos con funciones separadas, colaboran armónicamente para el
cumplimiento y la realización de las funciones y de la finalidad del Estado».
68. En igual sentido, la misma sala refirió que[30]21:
«[d]esde el punto de vista de la estructura del Estado las universidades públicas son sin duda
"entidades públicas". El hecho de que, como otras entidades del Estado, estén sometidas a
un régimen especial no significa que pierdan dicha calidad o que el legislador esté impedido
para establecer mecanismos de articulación o de colaboración inter orgánica con base en su
cláusula general de competencia (art. 150 C.P) y, en particular, en el artículo 113 ibídem,
según el cual "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines"».
69. En ese orden de ideas, las universidades públicas son entidades estatales que, a
pesar de organizarse como entes universitarios autónomos con régimen especial, no
dejan de ser parte del sector oficial. […]». (sic)
33. Como se observa, el Consejo de Estado luego de reconocer la naturaleza jurídica
de la Universidad de Cundinamarca, como ente autónomo, tal como lo define el
artículo 57 de la Ley 30 de 1992, recordó que es parte del Estado, por lo que, sin
perjuicio de su organización, funciones y régimen especial, debe colaborar
«armónicamente para el cumplimiento y la realización de las funciones y de la finalidad del
Estado», motivación que descarta el defecto sustantivo endilgado por la
demandante.
34. Ahora, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado, la Sala resalta el
hecho que el asunto fue resuelto bajo la premisa de que toda causal de inhabilidad
debe ser interpretada y aplicada de forma restrictiva, lo cual de ninguna manera
está en discusión, diferente es, que la autoridad demandada al resolver acerca de
la causal de inhabilidad en que pudo incurrir Francy Natalia Moreno Puin encontrara
configurados los elementos temporal, espacial o geográfico, material u objetivo, y
20
Contenido de cita original: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero
Ponente: Augusto Trejos Jaramillo, providencia del 15 de abril de 1998, Radicación Número: 1076.
21
Contenido de cita original: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero
Ponente: William Zambrano Cetina, providencia del 21 de septiembre de 2011, Radicación No. 2062.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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subjetivo dando lugar a confirmar la nulidad de su acto de elección, pues, el año
previo a su elección (9 de febrero de 2023) celebró un contrato de prestación de
servicios con la Universidad de Cundinamarca, a ejecutar, entre otros, en el
municipio de Soacha, y cuyo interés devino en recibir una contraprestación
económica por su ejecución.
35.En este punto, se tiene que, precisamente, con ocasión de los muchos
argumentos de defensa traídos por la demandante en su escrito de apelación para
desestimar el elemento subjetivo, de forma puntual se dijo en la sentencia acusada:
«[…] 77. Al respecto, la jurisprudencia de la sección ha señalado que el ingrediente
subjetivo de esta inhabilidad se relaciona con el interés del propio candidato o de terceros
que persigue la celebración del contrato, ya sea de carácter patrimonial o
extrapatrimonial[35]22 .
78. Así las cosas, la sala observa que en el contrato celebrado por la señora Moreno
Puin se pactó en la cláusula quinta un valor total de $26.000.000, lo que resulta suficiente
para acreditar el interés propio, sin que sea necesario demostrar que se recibió la
contraprestación por el servicio prestado[36]23 ni realizar análisis adicionales, como lo hizo
el tribunal de primera instancia.
79. La sala[37]24 ha señalado que como las inhabilidades limitan el derecho fundamental
a participar en la conformación del poder político o de acceso a la función pública, tienen
el carácter de taxativo y restrictivo. De ahí que, a partir de su naturaleza excepcional, no
se admitan analogías o aplicación extensiva a eventos que no estén previstos
expresamente. Esta ha sido la posición del Consejo de Estado [38]25:
«Las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser elegido y
a acceder a funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de la Constitución; es
así que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado han señalado que las
normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera
que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el
señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos
públicos deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden
interpretarse en forma extensiva sino siempre en forma restrictiva.
[…] La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye una
aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución,
según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les esté
expresamente prohibido, de donde como regla general se infiere que todos los ciudadanos
pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que excepcionalmente no
podrán hacerlo aquellos a quienes se los prohíbe expresamente la Constitución o la ley. […]
En consecuencia las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de
interpretación restringida”». [Resaltado de la Sala].
80. Por lo tanto, no resulta acertado para desestimar la configuración de la inelegibilidad
por la celebración de contratos prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, como lo expuso la apelante, determinar que los honorarios percibidos fueron
justos, o que la población atendida en la ejecución del contrato eran menores de edad
que no ejercen el derecho al voto, o que deba existir una ventaja política, o que el
22
Contenido cita original: Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Rocío Araújo
Oñate, sentencia del 18 de febrero de 2021, Radicación: 05001-23-33-000-2019-02852-02.
23
Contenido cita original: Ibidem.
24
Contenido cita original: Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil,
sentencia del 22 de agosto de 2024, Radicación: 68001-23-33-000-2023-00754-01.
25
Contenido cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
auto del 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-000-2024-00010-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
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contrato sea de carácter meramente operativo, técnico y de soporte, pues no son
ingredientes que consagre la norma para que se concrete. […]». (sic)
36. A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde a la normatividad y jurisprudencia aplicable, y expuso suficientes
argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el trámite del medio de control
de nulidad electoral objeto de estudio se adelantó bajo las ritualidades procesales
existentes, y que, de acuerdo con un análisis objetivo, se encontró acreditado que
Francy Natalia Moreno Puin incurrió en la causal prevista en el numeral 3 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto
es, «[q]uien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la […] en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
o distrito».
37. Finalmente, en cuanto al cargo relacionado con que se incurrió en una decisión
desproporcionada, en razón a que se anuló una elección sin acreditar perjuicio a la
igualdad entre candidatos ni manipulación del proceso electoral, la Sala advierte
que no se acompasa con ninguna de las causales específicas de procedibilidad de
la solicitud de tutela contra providencia judicial que haga viable su estudio; sin
embargo, se recuerda que el Consejo de Estado lo desestimó al considerar que:
«[…] la inhabilidad deprecada se estructura a partir de la configuración de unos
elementos objetivos claramente establecidos en la norma que la contiene, por lo que
basta demostrar la celebración del contrato con una entidad pública, dentro del año
anterior a la elección, en interés propio o de terceros, y que deba ejecutarse o cumplirse
en el municipio en el que se aspire ser elegido, para así predicar la inelegibilidad del
sujeto, como ocurre en este caso. […]». (sic)
38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
40. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Francy Natalia Moreno Puin, en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01941-00
Demandante: Francy Natalia Moreno Puin
.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Francy Natalia
Moreno Puin, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
13
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