Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00105-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00105-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2026-00105-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Primero (1.°) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2026-00105-00 (principal)
11001-03-28-000-2026-00206-00
Demandantes: Sirly Chimonja Córdoba, George Alejandro Duque Rojas y
Guillermo Tovar Tovar
Demandada: Lucy Mireya Bravo Obando, representante a la Cámara por el
departamento del Huila, periodo 2026-2030
Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad civil por parte de pariente,
numeral 5.º del artículo 179 de la Constitución Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de vicio procesal
que impida abordar el fondo de este asunto, corresponde a la Sección Quinta del Consejo de
Estado dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas y sus pretensiones
1. Los señores Sirly Chimonja Córdoba, George Alejandro Duque Rojas1 y Guillermo Tovar
Tovar2, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del
2011, solicitaron la nulidad de la elección de la señora Lucy Mireya Bravo Obando como
representante a la Cámara por el departamento del Huila para el periodo constitucional 2026-
2030, contenida en el formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026.
2. Además, en el proceso radicado bajo el número 2026-00105-00, los demandantes
solicitaron, como consecuencia de la nulidad pretendida, que se llamara a ocupar la curul al
señor Franky Alexánder Vega Murcia, por ser el siguiente candidato de la lista del Partido
Liberal.
1.2. Hechos y omisiones que fundamentan los medios de control
3. La parte actora expuso, en síntesis, los siguientes supuestos fácticos:
4. La señora Lucy Mireya Bravo Obando tiene un vínculo matrimonial con el señor Sergio
Antonio Medina Martínez, quien labora en la Contraloría General de la República desde el 10
de noviembre de 2011 y, para la fecha de la elección de la demandada, se desempeñaba
como director grado 03 de la Dirección de Cobro Coactivo B en Bogotá.
1
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00105-00.
2
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Demandantes: Sirly Chimonja Córdoba y otros
Demandada: Lucy Mireya Bravo Obando, representante a la
Cámara por el departamento del Huila, periodo 2026-2030
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00105-00 (principal)
5. El referido empleo es del nivel directivo y conlleva funciones de dirección, mando y toma
de decisiones con efectos jurídicos frente a terceros; dentro de sus competencias se
encuentran las siguientes: dirigir y adelantar en primera y segunda instancia los
procedimientos de cobro coactivo; librar mandamientos de pago; decretar medidas
cautelares sobre bienes de los administrados; dirigir procesos sancionatorios y; dirigir la
gestión de la dependencia y el talento humano a su cargo.
6. Tales actividades denotan el ejercicio de autoridad administrativa y civil, en tanto implican
poder decisorio, coercitivo y sancionatorio dentro de la función pública.
7. El cargo del cónyuge de la demandada corresponde a una entidad del orden nacional,
cuyas competencias tienen incidencia en todo el territorio colombiano, incluido el
departamento del Huila, y se han ejercido de manera continua dentro de los 12 meses
anteriores a la elección acusada.
1.3. Concepto de la violación
8. A juicio de la parte demandante, la señora Lucy Mireya Bravo Obando se encuentra
incursa en la inhabilidad por parentesco consagrada en el numeral 5° del artículo 179 de la
Constitución Política, por ello, consideró cumplidos los elementos de aquella, así:
Elemento Argumento
Personal La demandada mantiene vínculo matrimonial con el señor Sergio Antonio Medina
Martínez.
El señor Sergio Antonio Medina Martínez, en su calidad de director de Cobro
Coactivo de la Contraloría General de la República ejerce funciones que implican
autoridad administrativa, bastando con la titularidad del cargo sin que se requiera el
ejercicio material. Refiere las siguientes actividades:
• Dirección y supervisión de procesos de cobro coactivo;
• Decisión en segunda instancia de recursos administrativos;
• Proyección de actos administrativos;
• Dirección de medidas cautelares (embargos, secuestros);
• Dirección de procesos sancionatorios;
• Orientación jurídica vinculante dentro de la entidad.
Agregó que ello también comporta autoridad civil, así: «el ejercicio de funciones de
Objetivo cobro coactivo por parte del cónyuge de la demandada no solo configura autoridad
administrativa, sino que, por su naturaleza coercitiva y capacidad de imposición
directa sobre los administrados, se eleva al nivel de autoridad civil».
Frente a lo último, citó el concepto 413 de 1991 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado según el cual «la autoridad civil es un concepto genérico
de autoridad dentro del cual queda comprendido el de autoridad administrativa como
especie».
Así mismo, señaló que la autoridad civil se configura cuando la función administrativa
adquiere un nivel de imposición, coerción o mando directo sobre la ciudadanía y que
esto ocurre cuando el servidor público: i) puede imponer decisiones obligatorias, ii)
tiene capacidad de afectar derechos individuales, iii) ejerce poder sancionatorio o
coercitivo y, iv) interviene directamente en la esfera jurídica de los administrados.
Temporal El empleo se ejerció dentro de los 12 meses3 anteriores a la elección demandada.
3
Demanda del expediente con el radicado 2026-00206.
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Demandantes: Sirly Chimonja Córdoba y otros
Demandada: Lucy Mireya Bravo Obando, representante a la
Cámara por el departamento del Huila, periodo 2026-2030
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Territorial Aunque el cargo desempeñado por el referido funcionario pertenece a una entidad
del orden nacional, sus funciones tienen alcance en todo el territorio colombiano,
incluyendo el departamento del Huila.
9. Señaló que el ejercicio de autoridad por parte del cónyuge de la demandada debe
valorarse dentro del contexto político e institucional, en la medida en que existen relaciones
con exalcaldes y exfuncionarios del Huila, que inciden en las dinámicas políticas regionales;
situaciones que, aunque no constituyen por sí solas una inhabilidad, evidencian un posible
escenario de influencia indirecta sobre el electorado.
10. Agregó que el proceso electoral en el cual resultó elegida la demandada ha sido objeto
de cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades; actualmente esa circunstancia
se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, lo cual refuerza la
necesidad de un control judicial riguroso sobre la legalidad del acto acusado.
11. Los demandantes del proceso 2026-00105, alegaron que, con fundamento en el artículo
4 del Decreto 267 del año 20004 el señor Sergio Antonio Medina Martínez como director de
Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República tiene competencia funcional para
adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal en el departamento del Huila
sobre aquellos que hubiesen manejado recursos del Sistema General de Regalías, es decir,
«gobernadores, alcaldes, gerentes de empresas descentralizadas entre otros»,
circunscripción territorial a la que aspiró su esposa a la Cámara de Representantes.
1.4. Contestación de las demandas
12. El apoderado5 de la demandada manifestó que no controvierte la existencia del vínculo
matrimonial entre la señora Lucy Mireya Bravo Obando y el señor Sergio Antonio Medina
Martínez, ni tampoco que este último desempeñó el cargo de director de Cobro Coactivo B
de la Contraloría General de la República durante el periodo inhabilitante.
13. Sin embargo, sostuvo que la inhabilidad invocada exige la concurrencia de los cuatro
elementos que la integran y que, en el presente caso, no se acreditan los componentes
objetivo y territorial. En cuanto al primero, afirmó que el empleo ejercido por el cónyuge de la
demandada no implica el ejercicio de autoridad civil o política en los términos exigidos por la
Constitución y la ley, sin que la autoridad administrativa esté contemplada dentro de la
causal. Respecto del segundo, señaló que las competencias asignadas al cargo carecen de
incidencia o alcance en el departamento del Huila.
14. Explicó que las funciones del director de Cobro Coactivo B se encuentran orientadas a la
dirección, coordinación, planeación y supervisión institucional del proceso de recaudo
coactivo frente a sujetos jurídicamente determinados, sin que ello comporte el ejercicio
directo de control fiscal sobre entidades públicas ni el despliegue de facultades de mando,
dirección o influencia sobre la generalidad de los ciudadanos.
4
ARTÍCULO 4º Sujetos DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría
General de la República los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y
electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, y las demás entidades públicas en
todos los niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier
título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado
con éstos.
5
En el radicado 2026-00105 contestó el abogado Alberto Yepes Barreiro, mientras que en el radicado 2026-00206 lo hizo la abogada Sonia
Marina Castro Mora. Índice 19 (radicado 2026-00105) e índice 37 (radicado 2026-00206) de SAMAI.
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15. Agregó que dicho empleo se ejerce en el nivel central de la Contraloría General de la
República, con sede en la ciudad de Bogotá, y que, conforme a la estructura interna de la
entidad, prevista en la Resolución REG-OGZ-0748 del 26 de febrero de 20206, no cuenta con
proyección territorial en ninguna circunscripción departamental del país.
16. Finalmente, señaló que la demanda del radicado 2026-00105 confunde los sujetos de
control fiscal (artículo 4.° del Decreto 267 de 2000) con los destinatarios de la actividad de
cobro coactivo, por cuanto, aunque gobernadores, alcaldes y gerentes de entidades
descentralizadas son sujetos de control fiscal; ello no significa que estén sometidos a las
competencias del director de Cobro Coactivo B, quien únicamente conoce en primera
instancia de los títulos de responsabilidad fiscal del nivel central y no de los procesos
tramitados por las dependencias territoriales o desconcentradas de la Contraloría.
17. El Consejo Nacional Electoral7, solicitó la desvinculación del proceso, en razón a que
estimó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5. Intervención del impugnador
18. El señor Germán Ernesto Escobar Higuera8 solicitó negar las pretensiones de la
demanda y mantener la elección de Lucy Mireya Bravo Obando, al considerar que no se
acreditó la causal de inhabilidad invocada. Afirmó que la parte actora no demostró que el
cónyuge de la elegida ejerciera autoridad civil o política en el departamento del Huila,
requisito indispensable para configurar la inhabilidad. Sostuvo además que el señor Sergio
Antonio Medina Martínez ocupa un cargo del nivel central en Bogotá y que no existe prueba
de una incidencia funcional concreta en el Huila.
1.6. Auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada
19. En providencia del 7 de septiembre de 20269, la magistrada ponente declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por el Consejo Nacional
Electoral; fijó el litigio como se detallará más adelante en el problema jurídico a resolver;
incorporó al expediente las pruebas documentales allegadas por las partes; se negó la
solicitud de los registros civiles porque ya obran en el expediente y el exhorto a la Contraloría
General de la República y, por extemporáneas, las pruebas solicitadas por el señor Guillermo
Tovar Tovar, demandante dentro del expediente con radicación 2026-00206; y reconoció
personerías a los abogados Sonia Marina Castro Mora y Johnatan Javier Sierra Lidueña.
20. En consideración a que se encontraron acreditados los supuestos del artículo 182A de la
Ley 1437 del 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión y se anunció que se dictaría
sentencia anticipada.
1.7. Alegatos de conclusión
21. El traslado para alegar de conclusión trascurrió entre el 14 y el 25 de septiembre de
202610, periodo durante el cual se allegaron los siguientes escritos:
6
Aportado con la contestación de la demanda. Índice 19 de Samai, rad. 2026-00105.
7
Índice 18 (radicado 2026-00105) e índice 38 (radicado 2026-00206) de SAMAI.
8
Índice 29 de SAMAI, radicado 2026-00105-00.
9
Índice 39 ib.
10
Índice 48 ib.
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22. Los demandantes Shirly Chimonja Cordoba y George Alejandro Duque Rojas11, y
Guillermo Tovar Tovar12 resaltaron que quedó acreditado el cumplimiento de los elementos
material13, objetivo14 y temporal15 y que respecto al modal y territorial, si bien la demandada
sostiene que el Manual 6.016, vigente desde el 21 de diciembre de 2024, no enumera de
manera separada las expresiones “librar mandamientos de pago”, “decretar medidas
cautelares” o “dirigir procesos sancionatorios”; están las competencias legales, vistas de
manera precisa en el artículo 64I del Decreto ley 267 de 200017, y modificado por el Decreto
Ley 405 de 2020, que establece que el director de cobro coactivo tiene competencia de
segunda instancia frente a los procesos de las desconcentradas gerencias departamentales,
como es el caso del Huila.
23. Así mismo indicaron que el artículo 72A numeral 1 del Decreto Ley 267 de 2000,
establece que el reparto en las investigaciones fiscales es aleatorio, lo que significa que los
procesos que corresponden a la Contraloría General bien pueden estar en manos del director
de cobro coactivo A o el B, consolidando así, desde lo normativo y material una verdadera
competencia de autoridad civil.
24. Respecto al elemento espacial, aclararon que la demanda no cuestiona el carácter
nacional de la Contraloría, sin embargo, la conexión con el Huila surge de las reglas
especiales atrás descritas, las cuales permiten a la Dirección de Cobro Coactivo conocer
asuntos departamentales y adoptar decisiones sobre responsables, garantías, recursos y
bienes vinculados a esa circunscripción, la cual fue utilizada con finalidad electoral.18
25. Los demandantes para respaldar sus argumentos aportaron documentos19 y
fotografías20. El demandante Tovar Tovar solicitó que, «en ejercicio de la facultad prevista
en el artículo 213 del CPACA, se decrete de oficio la prueba documental y la certificación de
la Contraloría General de la República relacionadas con el Estado 028 del 13 de febrero de
2026, el Auto DCC2-035 y el proceso DCC2-073».
11
Índice 44 del proceso principal
12
Índice 45 de Samai.
13
Parentesco.
14
Calidad de funcionario.
15
Periodo inhabilitante.
16
Certificación de funciones de Sergio Antonio Medina Martínez expedida por la gerente del Talento Humano de la Contraloría General de
la Nación, en donde indica que mediante Resolución 871 del 19 de diciembre de 2024 se adoptó el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales de los empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, Manual 6.0 vigente desde el
21/12/2024 hasta la fecha, como DIRECTOR - GRADO 03 en la DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO B, desempeño las siguientes
funciones. Aportado con la demanda, índice 3 de Samai (rad. 2026-00105)
17
“ARTÍCULO 64I. DIRECCIONES DE COBRO COACTIVO. Son funciones de las Direcciones de Cobro Coactivo: (…) 2. Adelantar en
segunda instancia, conforme a las competencias que establezca el Contralor General de la República, los procedimientos de cobro coactivo
adelantados en primera instancia en el Nivel Desconcentrado de la Contraloría General de la República. (…)”.
18
Para ello aportó el estado 028 de la Secretaría Común de la Contraloría Delegada, publicado el 13 de febrero de 2026.
19
Allegó link de acceso al acta de los estados de cobro coactivo del 13 de febrero de 2026 publicado por la Contraloría general de la
República, donde se visibiliza un proceso de la ESE Hospital del Perpetuo Socorro del Municipio de Villavieja Huila, cuyo contenido es el
decreto de medidas cautelares y la dependencia corresponde a la dirección de cobro coactivo 2, quien puede ser cualquiera de las 2
direcciones existentes. https://www.cerlatam.com/wp-content//uploads/2025/06/OGZ-0879-2025-1.pdf (en ambos radicados) y link de
acceso al Diario Oficial que contiene la Resolución Organizacional Ogz-0879-2025 de 2025, expedida por la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA «Por la cual se adopta el Plan de Descongestión en Responsabilidad Fiscal como medida temporal para descongestionar
algunas de dependencias de la Contraloría General de la República en el nivel central y en el nivel desconcentrado competentes del trámite
de antecedentes, indagaciones preliminares fiscales y procesos de responsabilidad fiscal», que indica que el Huila tiene en el plan de
descongestión 43 procesos, de los cuales 11 se encuentran en proceso de cobro coactivo, etapa persuasiva por valor de $671 millones,
según el cuadro adjunto y que aparece en la publicación del Diario Oficial,
https://normograma.com/documentospdf/PDF/R_CGR_OGZ0879_2025_ANEXO.pdf, en la página 121 (rad. 2026-00206).
20
Aportó imagen de la noticia del periodista Yilber Saavedra, del 11 de febrero de 2026, del diario del Huila, “Sergio Medina y su poder en la
Contraloría General” (https://www.lanacion.com.co/sergio-medina-y-su-poder-en-la-contraloria-general/).
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26. La demandada21, a través de apoderada, advirtió que no se logra acreditar de forma
jurídica ni probatoria la concurrencia de todos los elementos a los que hace referencia el
numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política. En primer lugar, el elemento modal no
se satisface por cuanto no se puede subsumir de manera abstracta el ejercicio de autoridad
civil o política con el ejercicio de autoridad administrativa, la cual, los demandantes pretenden
construir a partir de unas funciones de cobro coactivo; observó que esta tesis contradice la
distinción constitucional entre autoridad civil y autoridad administrativa, y desconoce la
interpretación restrictiva de las inhabilidades.
27. De otra parte, indicó que no todo cargo directivo, tiene función decisoria, ni todo
procedimiento administrativo con efectos jurídicos frente a sujetos determinados constituye
autoridad civil. Esta última, en sentido constitucional inhabilitante, supone potestad de
mando, dirección o imposición sobre la generalidad de las personas, con una capacidad
institucional real para condicionar o incidir en la comunidad y, por esa vía, afectar la igualdad
de la contienda.
28. En consecuencia, no es posible completar por vía interpretativa una causal que el
constituyente formuló de manera taxativa y agregó que «la falta de certidumbre acerca del
despliegue material de las funciones del pariente debe resolverse en favor del demandado,
en virtud de los principios pro homine y pro electoratem»22.
29. En segundo lugar, el elemento territorial tampoco se acredita, ya que el señor Medina
Martínez es un funcionario del nivel central nacional, con sede en Bogotá, y la regla expresa
del inciso final del artículo 179 Superior excluye, para la causal del numeral 5, la equivalencia
automática entre circunscripción nacional y circunscripciones territoriales. Por ello, la
competencia nacional de la Contraloría General de la República no basta para demostrar que
el cargo concreto ejercía autoridad en el departamento del Huila.
30. Señaló que, «las demandas confunden tres planos que jurídicamente deben permanecer
separados: i) los sujetos de control fiscal de la Contraloría General de la República; ii) los
procesos de responsabilidad fiscal o sancionatorios adelantados por las dependencias
competentes; y iii) la actividad ejecutiva de cobro coactivo frente a obligaciones ya
determinadas. Que una autoridad territorial pueda ser sujeto de control fiscal no significa que
esté sometida a los procedimientos adelantados en el marco de las funciones del director de
Cobro Coactivo B, ni mucho menos que dicho director ejerza autoridad civil sobre el
electorado del departamento».
31. Adujo que de conformidad con la certificación de la Contraloría General de la
República23, el señor Medina Martínez se desempeña como director - Grado 03 de la
Dirección de Cobro Coactivo B, en la ciudad de Bogotá, que el Manual 6.0, vigente desde el
21 de diciembre de 2024, se prueba que sus funciones se enmarcan en actividades de
dirección administrativa interna, planeación, coordinación, control de gestión, administración
del servicio y conducción institucional de la dependencia. Otras, como la dirección de
procedimientos de cobro coactivo y persuasivo, se encuentran sometidas a procedimientos
reglados y a la normativa que gobierna la ejecución de obligaciones que han sido
21
Índice 46 de Samai expediente principal
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 29 de enero de 2026, Rad. 11001-03-28-000-2025-00037-00 (acum.), M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez, párrafo 157.
23
Aportada con la demanda, índice 3 de Samai, rad. 2026-00105.
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previamente determinadas e impuestas a los sujetos pasivos del control fiscal, por otra
autoridad diferente.
32. Funciones que no inciden en el ejercicio directo de control fiscal sobre entidades como el
departamento del Huila, tampoco revelan una potestad autónoma de mando civil sobre los
ciudadanos, menos sobre los electores del Huila.
33. Resaltó que, no puede prosperar una causal de inhabilidad construida sobre una prueba
que la parte actora no tenía y pretendía obtener posteriormente vía oficio. Todo además
dentro de un intervalo de tiempo que nada tiene relación con las condiciones requeridas para
configurar la inhabilidad de la elección de mi representada.
34. La procuradora delegada ante la Sección Quinta24, pidió negar la solicitud de nulidad
del acto de elección demandado porque si bien, se logra acreditar la competencia general de
las Direcciones de Cobro Coactivo, no permite ubicar esa disponibilidad funcional, con ese
grado de concreción, en el departamento del Huila.
35. Observó que, si bien el Manual adoptado mediante la Resolución 871 del 19 de
diciembre de 2024 no reproduce expresamente algunas atribuciones contenidas en versiones
anteriores, como librar mandamientos de pago o decretar medidas cautelares, el contenido
funcional del empleo debe examinarse de manera integral con las disposiciones que regulan
la organización y competencia de la dependencia. El artículo 64I del Decreto Ley 267 de
2000 atribuye a las Direcciones de Cobro Coactivo el adelantamiento de los procedimientos
de cobro coactivo y cobro persuasivo y, en relación con el recaudo de las obligaciones a
cargo de la entidad, prevé la expedición del mandamiento de pago y el decreto de las
medidas cautelares a que haya lugar.
36. A su vez, la Resolución Organizacional REG-OGZ-0748 de 202025 asigna a las
Direcciones de Cobro Coactivo, entre otros asuntos, el cobro de fallos con responsabilidad
fiscal originados en el nivel central, de otros títulos ejecutivos de ese nivel, de fallos
provenientes de Gerencias Departamentales Colegiadas cuya cuantía supere 500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes y de procesos asignados por competencia prevalente.
37. Indicó, respecto al elemento territorial, que los demandantes parten de que la Contraloría
General de la República es una entidad del orden nacional, por tanto, las competencias de la
Dirección de Cobro Coactivo B se proyectan sobre todo el territorio, incluido el Huila. Sin
embargo, la competencia nacional de la entidad no sustituye la demostración de que la
autoridad atribuida al funcionario podía ejercerse en la circunscripción en la que fue elegida
la demandada.
38. Señaló que el demandante Guillermo Tovar Tovar, para llenar este vacío probatorio,
solicitó pruebas dirigidas a establecer los actos suscritos por Sergio Antonio Medina
Martínez, la distribución de competencias y la proyección territorial de sus funciones, sin
embargo, la Sección Quinta negó esas solicitudes por extemporáneas, al considerar que
pretendían demostrar hechos constitutivos de la demanda y no desvirtuar hechos nuevos
propuestos como excepción.
24
Índice 47 ib.
25
Artículos 7, 9 y 28.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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39. Así, la posibilidad genérica de que una Dirección de Cobro Coactivo del nivel central
reciba, por reparto, asuntos provenientes de una Gerencia Departamental Colegiada no
permite afirmar, sin un dato adicional, que existía una probabilidad real de ejercicio de
autoridad en el Huila por parte del cónyuge de la demandada. Más aún si se tiene en cuenta
que existe más de una Dirección de Cobro Coactivo, siendo Sergio Antonio Medina Martínez
el director de la Dirección B.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 26 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 201927, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
2.2. Acto demandado
41. Corresponde a la elección de la señora Lucy Mireya Bravo Obando como representante
a la Cámara por el departamento del Huila para el periodo constitucional 2026-2030,
contenida en el formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026.
2.3. Problema jurídico
42. En atención a lo dispuesto en el auto del 7 de septiembre del presente año, la
controversia fue delimitada en los siguientes términos:
Determinar si la elección de la señora Lucy Mireya Bravo Obando como representante a la Cámara
por el departamento del Huila para el periodo constitucional 2026-2030, declarada mediante el
formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026, está viciada de nulidad por configurarse la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por presunta incursión en la
inhabilidad consagrada en el numeral 5.º del artículo 179 de la Constitución Política.
En particular, deberá establecerse si la demandada se encontraba incursa en dicha inhabilidad
porque su cónyuge, el señor Sergio Antonio Medina Martínez, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección, presuntamente ejerció autoridad civil en calidad de director grado 03 de la
Dirección de Cobro Coactivo B de la Contraloría General de la República y, de ser así, si ese
ejercicio tuvo lugar en la circunscripción electoral del departamento del Huila, en los términos
exigidos por la disposición constitucional invocada.
43. De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los elementos que
estructuran la condición de inelegibilidad dispuesta en el numeral 5º del artículo 179 de la
Constitución Política en el caso concreto.
26
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, (…)
27
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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Demandantes: Sirly Chimonja Córdoba y otros
Demandada: Lucy Mireya Bravo Obando, representante a la
Cámara por el departamento del Huila, periodo 2026-2030
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00105-00 (principal)
2.4. Cuestión previa
44. En los alegatos de conclusión de los demandantes introdujeron aspectos que no hacen
parte de los temas que son objeto de debate, relacionados con los artículos 64I y 72A del
Decreto Ley 267 de 2000.
45. Atendiendo a que la fijación del litigio constituye la etapa procesal destinada a delimitar
los asuntos que serán objeto de examen en la sentencia conforme a los cargos formulados
en la demanda y a los argumentos de defensa oportunamente expuestos, no es procedente
introducir en los alegatos de conclusión nuevos elementos o planteamientos que desborden
el marco del debate.
46. Por lo anterior, la sala se abstendrá de analizar los argumentos novedosos presentados
en dicha etapa, por cuanto fueron incorporados de manera extemporánea, no integran los
temas delimitados y su valoración podría afectar el derecho de contradicción de la
contraparte. Asimismo, no valorará las pruebas aportadas con ese escrito para soportar esos
nuevos reparos por ser extemporáneas, ya que la oportunidad para allegar pruebas es con
demanda, la reforma y la contestación de conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437 de
2011.
2.5. Caso concreto
47. Para los demandantes, la señora Lucy Mireya Bravo Obando se encuentra incursa en la
inhabilidad prevista en el numeral 5.º del artículo 179 de la Constitución Política, por tener
parentesco con un funcionario que ejerce autoridad civil. La referida disposición establece
que no podrán ser congresistas:
Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o
política.
48. En cuanto a los requisitos para su configuración28, los cuales, se resalta, deben
presentarse de forma concurrente a efectos de dar aplicación a los efectos jurídicos de la
norma en comento29, se tiene lo siguiente:
Elementos Ingrediente normativo
Material Vínculo o parentesco entre la persona elegida y el funcionario.
Objetivo Calidad de funcionario público del pariente, cónyuge o compañero permanente del
ciudadano electo.
Que las funciones del cargo conlleven el ejercicio de autoridad civil o política por
Modal parte del pariente, cónyuge o compañero permanente de la persona elegida.
Temporal Deben presentarse desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de
elección popular y hasta que se lleve a cabo la votación para la elección
respectiva.
28
Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00047-00, MP
Rocío Araujo Oñate y el auto del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00073-00, MP Rocío Araujo Oñate, que recopilan la
línea jurisprudencial frente al punto.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00. Sentencia de
25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00628-00. Sentencia de 16 de mayo de
2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-
000-2018-00029-00. Sentencia de 24 de noviembre de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Radicado: 11001-03-28-000-2026-00105-00 (principal)
Espacial Que la autoridad se haya detentado en la circunscripción en donde debía
realizarse la elección respectiva.
49. En el presente asunto no son objeto de controversia los elementos objetivo, temporal y
material de la causal de inhabilidad invocada. En efecto, los demandantes aportaron al
expediente el registro civil de matrimonio que acredita que los señores Lucy Mireya Bravo
Obando y Sergio Antonio Medina Martínez son cónyuges. Asimismo, está demostrado con
las constancias aportadas por las partes que este último se desempeñó como director grado
03 en la Dirección de Cobro Coactivo B de la Contraloría General de la República.
50. En cuanto al elemento temporal, la sala precisa que este se configura durante el lapso
comprendido entre la inscripción de la candidatura de la demandada y la celebración de las
elecciones, realizadas el 8 de marzo de 202630, y no dentro de un periodo de 12 meses
anteriores a la elección, como lo sostiene el demandante en el proceso con radicado 2026-
00206.
51. Bajo ese entendimiento, este requisito también se encuentra satisfecho, pues las
certificaciones de vinculación laboral aportadas al expediente demuestran que el señor
Medina Martínez ocupa dicho cargo desde el 26 de agosto de 2014, es decir, durante todo el
periodo relevante para el análisis de la inhabilidad.
52. En consecuencia, la controversia se circunscribe a determinar si el empleo
desempeñado por el esposo de la demandada comportaba el ejercicio de autoridad civil y, de
ser ello así, si se detentó en la circunscripción del departamento de Huila, aspectos
correspondientes a los elementos modal y espacial de la causal invocada.
53. Para tal efecto, se impone revisar previamente el alcance que la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa ha atribuido a dicha noción, a fin de contar con los
parámetros que orientan la valoración del cargo objeto de análisis.
2.5.1. Alcance jurisprudencial del concepto de autoridad civil
54. En relación con el elemento modal, según el cual las funciones del cargo deben conllevar
el ejercicio de autoridad civil por parte del pariente del elegido, y no administrativa, dado que
aquella no quedó contemplada en la norma que se alega desconocida.
55. Aclarado lo anterior, resulta pertinente poner de presente el entendimiento que la
jurisprudencia de la sección31 ha venido consolidando, la cual, con el propósito de precisar
los elementos que caracterizan este poder, ha acudido, no en sentido analógico, sino a
manera de referente conceptual, a las definiciones contenidas en la Ley 136 de 1994, en los
siguientes términos:
«Artículo 188. Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad
civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las
siguientes atribuciones:
30
Ello conforme la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, con Radicado 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU),
MP: Rocío Araújo Oñate.
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 4 de septiembre de 2025, Radicación:
41001-23-33-000-2023-00415-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 3
de octubre de 2024, Radicación: 05001-23-33-000-2023-01255-01.
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1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que
obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la
compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones».
56. La Sala Plena de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en
sentencia de unificación, de manera clara señaló que más allá del contenido normativo
derivado del citado artículo 188 de la Ley 136 de 1994, lo cierto es que la autoridad civil
refiere a «la potestad de dirección y/o mando que tiene un funcionario sobre los ciudadanos, lo que
se refleja en la posibilidad –no necesariamente en el ejercicio efectivo- de impartir órdenes,
instrucciones, o de adoptar medidas coercitivas, bien de carácter general o particular, de obligatorio
acatamiento para éstos»32.
57. En esa medida, la sala ha entendido que la autoridad civil se concibe como una
modalidad del ejercicio de autoridad pública por parte de un funcionario en el ejercicio de
funciones de esa naturaleza, razón por la cual, esta se manifiesta a través de actos de poder
y mando, el cual se materializa cuando es desplegado sobre los ciudadanos y la comunidad
en general33.
58. Ahora bien, como se indicó previamente, la causal de inelegibilidad invocada no se
configura por el ejercicio de autoridad administrativa, sino exclusivamente por el ejercicio de
autoridad civil o política. En consecuencia, no resulta acertado, como lo plantea el
demandante del radicado 2026-00206, examinar si determinadas funciones administrativas
pueden elevarse o asimilarse al concepto de autoridad civil.
59. Sobre este particular, la Sala Plena34 de lo Contencioso Administrativo ha precisado lo
siguiente:
«[l]a ‘autoridad civil’ tampoco es el género que comprende a la ‘autoridad administrativa’, o lo que
es igual, ésta no es una especie de aquélla; pues si bien es cierto que las diferencias entre ambas
son difíciles de establecer y apreciar, ello no justifica que se confundan, pues, de ser así, se corre
el riesgo de anular uno de dichos conceptos, pese a que en nuestra Constitución Política se usan
claramente de manera autónoma».
60. En tal sentido, el estudio de la causal de inhabilidad debe orientarse a establecer si las
funciones desempeñadas comportan el ejercicio de autoridad civil o política, y no si aquellas
que revisten naturaleza administrativa alcanzan una determinada intensidad o relevancia.
61. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta corporación35 ha reiterado que, para efectos
del examen de las inhabilidades relacionadas con el ejercicio de autoridad, el análisis debe
recaer sobre las atribuciones legalmente asignadas al cargo y no sobre la demostración de
las funciones efectivamente desplegadas por su titular durante el periodo inhabilitante. Es
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 2008, exp. 11001-03-15-000-2007-
00287-00- MP Enrique Gil Botero, reiterado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de febrero de 2011, exp.
11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- MP Enrique Gil Botero.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 8 de agosto de 2024, radicación: 5001-
23-33-000-2023-00125-01.
34
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- MP
Enrique Gil Botero.
35
Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate (E), sentencia del 22 de julio de 2021, Radicación Número:
05001-23-33-000-2019-02965-01. Si bien esta providencia estudió una causal de inhabilidad distinta, la referencia es pertinente por cuanto
allí se reiteró que la configuración de las inhabilidades relacionadas con el ejercicio de autoridad se determina a partir de las atribuciones
propias del empleo y no de la demostración de su ejercicio material durante el período inhabilitante.
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decir, «basta con que se haya tenido asignada la función, independientemente de si se hizo
uso o no de tal atribución durante el lapso prohibido por el legislador» 36.
62. En esta línea, la Sala Plena37 de lo Contencioso Administrativo señaló:
«10.4.1.2. Sobre este mismo aspecto, se recuerda que la Sala Electoral del Consejo de Estado ha
señalado que el elemento referente a la autoridad debe interpretarse de manera objetiva, es decir,
que no requiere la verificación efectiva de que el servidor público haya hecho uso de algunas de
las atribuciones que le otorga la ley, sino que basta con que aquel tenga la virtualidad o
potencialidad de desarrollarlas, para afirmar que ejerció autoridad.
En otras palabras: la autoridad se ejerce por el mero hecho de detentarla38.
10.4.1.2.1 Este alcance realiza el sentido y propósito de la inhabilidad analizada, porque
salvaguardar la igualdad y el equilibrio de la contienda electoral, impone realizar la misma bajo un
alcance preventivo. Ello quiere decir que, si se entendiera que la inhabilidad se configura por el
hecho de ejercer efectivamente la autoridad civil o política y no por el sólo hecho de detentarla, la
finalidad constitucional se tornaría inane. En consecuencia, los derechos fundamentales a elegir y
ser elegido bajo el principio democrático de igualdad quedarían desprotegidos en el ámbito
material, lo cual resulta contrario a los fines que inspiran el Estado Social de Derecho.»
63. De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-329 de 2024 precisó que
«la inhabilidad aquí estudiada tiene un carácter preventivo, ya que no es necesario esperar a que
efectivamente se altere la igualdad en la elección a través del ejercicio de una autoridad civil o
política. En concreto, lo que se requiere es verificar que quien ostente autoridad civil o política tenga
la suficiente influencia y probabilidad real de hacerlo, así ello no llegare a ocurrir ». Lo anterior para
garantizar las condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en las que
se funda el ejercicio de la función pública.
2.5.2. Análisis de las funciones del empleo del cónyuge de la demandada
64. Conviene precisar que las funciones de este empleo no se encuentran definidas en una
ley ni en el Decreto Ley 267 de 2000 como lo sugieren los demandantes, por cuanto lo que
establece este es la estructura, organización y competencias de la Contraloría General de la
República.
65. Se debe tener en cuenta que, si bien el artículo 439 de esa normativa identifica a los
sujetos de control fiscal sobre los cuales ejerce vigilancia la entidad, dicha disposición no
atribuye competencias funcionales a los servidores que integran sus distintas dependencias
ni permite inferir que todos ellos ejerzan autoridad.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrado ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 1 de diciembre de 2022. Radicación:
76001-23-33-000-2019-01126-01.
37
Sentencia de la Sala Plena de lo contencioso administrativo de 29 de enero de 2019, radicación No. 11001032800020180003100,
consejera ponente: Rocío Araújo Oñate.
38
En este sentido se ha pronunciado la Sección Quinta del Consejo de estado, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de
Estado Sección Quinta, sentencia de Julio 14 de 2005. C.P. Reinaldo Chavarro Buritica Rad. 170012331000200301538-01 (3681); Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2009 C.P. María Nohemí Hernández Pinzón Rad. 68001-23-15000-2007-0067702;
Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia de 17 de febrero de 2005 María Nohemí Hernández Pinzón Rad. 27001-23-31-000-2003-
00764-02(3441); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 17001-23-31000-
2011-00637-01 (Acumulado) y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2013, CP. Alberto Yepes Barreiro Rad.
19001-33-31-006-2011-00442-01.
39
«Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República los órganos que integran las ramas del
poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la
ley que tienen régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas
y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos,
recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con éstos.
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los principios de coordinación,
concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad con la ley.»
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66. Por consiguiente, la determinación de las competencias efectivamente asignadas al
cargo debe realizarse a partir del correspondiente manual específico de funciones, vigente
para el periodo que interesa (Resolución 871 del 19 de diciembre de 202440), el cual concreta
las responsabilidades y facultades propias del empleo de director grado 03, del nivel
directivo, en la Dirección de Cobro Coactivo B, a saber:
1. Dirigir la gestión de la dependencia, teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores
establecidos en el plan estratégico, en el plan de acción y los demás planes, programas y
proyectos.
2. Dirigir en primera y segunda instancia los procedimientos de cobro coactivo y cobro persuasivo
de competencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y la normativa vigente.
3. Definir y clasificar las obligaciones de los procesos a su cargo y someter a la decisión del Jefe
de la Unidad de Cobro Coactivo los casos que deban ser excluidos de la gestión de recaudo
por difícil cobro, remisibilidad, o cuando la relación costo beneficio no justifique el
adelantamiento del proceso de Cobro Coactivo, independientemente de la naturaleza del título
ejecutivo.
4. Dirigir la definición, formulación, ejecución y monitoreo de las políticas, planes, programas
institucionales, garantizando su alineación con el marco normativo aplicable y los objetivos
estratégicos de la Contraloría General de la República.
5. Dirigir la sustentación de las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las
instancias que correspondan, siguiendo los lineamientos establecidos.
6. Controlar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en coordinación con el jefe de
la Unidad de Cobro Coactivo, de acuerdo con la reglamentación del sistema, los
procedimientos aplicables y la orientación técnica de la Oficina de Planeación.
7. Dirigir el Talento Humano de la dependencia para garantizar el cumplimiento de los derechos y
deberes de los servidores públicos, facilitar el desarrollo de las políticas de personal y
fortalecer el clima laboral.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y la dependencia.
67. Lo primero que se advierte es que dentro del ámbito competencial descrito no están
algunas de las atribuciones referidas en la demanda del radicado 2026-00206 a saber: i)
librar mandamientos de pago, ii) decretar medidas cautelares sobre bienes de los
administrados o iii) dirigir procesos sancionatorios.
68. Si bien estas, de conformidad con las certificaciones aportadas, las ostentó el cargo
según los manuales de funciones anteriores (Resoluciones 739 del 4 de febrero de 2020, 745
del 13 de febrero de 2020, 752 del 16 de marzo de 2020, 777 del 15 de febrero de 2021 y
781 del 20 de mayo de 2021)41, lo cierto es que para el caso bajo estudio solo pueden
analizarse las detentadas durante el periodo inhabilitante, cuando el manual vigente era el
contenido en la Resolución 871 del 19 de diciembre de 2024.
69. A partir de las anteriores precisiones, la sala concluye que las funciones asignadas al
cargo de director grado 03 de la Dirección de Cobro Coactivo B de la Contraloría General de
la República no permiten tener por acreditado que su titular ejerciera autoridad civil en los
términos exigidos por el numeral 5.º del artículo 179 de la Constitución Política y la
jurisprudencia citada previamente.
40
Índice 3 de SAMAI del radicado 2026-00206, página 57 del documento PDF «001_Demanda», en la carpeta «004ExpedienteDigital
Samai/Cuaderno principal» e índice 3 de SAMAI del radicado 2026-00105, página 51 del documento PDF
«005_5_DemandaWeb_Anexos_PruebasFinalesMediod»
41
Aportadas con la demanda, índice 3 de Samai, rad. 2026-00105
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70. En efecto, las funciones del empleo se encuentran orientadas, principalmente, a labores
de dirección, coordinación, planeación, control y gestión institucional, las cuales no revelan la
existencia de una potestad de mando sobre los particulares ni la facultad de impartir órdenes
de obligatorio cumplimiento a la ciudadanía, características propias del ejercicio de autoridad
civil. Se analiza cada una de la siguiente manera:
71. Las relativas a [1] «[d]irigir la gestión de la dependencia…»; [4] «[d]irigir la definición,
formulación, ejecución y monitoreo de las políticas, planes, programas institucionales…»; [5]
«[d]irigir la sustentación de las decisiones y resultados de la gestión institucional ante las
instancias que correspondan…» y; [7] «[d]irigir el Talento Humano de la dependencia…»
corresponden a actividades propias de la organización interna y administración del servicio,
sin que de su contenido se derive, de manera directa, una potestad de mando general frente
a la comunidad o los particulares.
72. De igual manera, estas no permiten concluir que tuviera la potestad de nombrar y
remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación, o
sancionarlos con suspensiones, multas o destituciones, en los términos de los numerales 2.°
y 3.° del artículo 188 de la Ley 136 de 1994.
73. Las relacionadas con [3] «[d]efinir y clasificar las obligaciones de los procesos a su cargo y
someter a la decisión del jefe de la Unidad de Cobro Coactivo los casos que deban ser excluidos de
la gestión de recaudo…» y; [6] [c]ontrolar los riesgos de los procesos, en lo de su competencia, en
coordinación con el jefe de la Unidad de Cobro Coactivo…», contemplan la intervención o
supervisión de instancias superiores, circunstancia que desdibuja la existencia de un poder
autónomo e independiente de dirección sobre los ciudadanos, rasgo esencial de la autoridad
civil.
74. Finalmente, la función consistente en [2] «[d]irigir en primera y segunda instancia los
procedimientos de cobro coactivo y cobro persuasivo de competencia, de conformidad con
los procedimientos establecidos y la normativa vigente» no permite inferir, por sí sola, la
existencia de autoridad civil.
75. Lo anterior obedece a que su alcance material se encuentra condicionado por los
procedimientos establecidos y la normativa vigente, que no fueron identificados ni aportados
por la parte actora, a efectos de establecer si dicha atribución comprendía poderes de mando
o coerción frente a los particulares en cabeza del titular del empleo.
76. En efecto, la mera referencia a la dirección de procedimientos de cobro no resulta
suficiente para concluir que el funcionario estuviera investido de facultades de autoridad civil,
pues la denominación de la función no permite determinar el grado de autonomía decisoria
atribuido al cargo, ni si este contaba con competencias para adoptar decisiones obligatorias
para los administrados (librar mandamientos de pago, decretar embargos, secuestros u otras
medidas cautelares) susceptibles de afectar sus derechos42.
42
Respuesta al derecho de petición expedida por el director de Gestión del Talento Humano aportada por la parte actora, donde se indicó
que el cargo del actor tenía como función la dirección y gestión más no la ejecución directamente, es decir, el director de cobro coactivo 03
no interviene «de manera personal ni directa en la práctica de investigaciones fiscales concretas ni en la adopción de decisiones de fondo
dentro de procesos de responsabilidad fiscal, las cuales corresponden a cargos con funciones ejecutoras específicas.». Índice 3 de Samai,
rad. 2026-00105.
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77. A su turno, tampoco permite determinar, como lo alega la parte actora, los sujetos sobre
los cuales recae aquella, esto es, si son los del orden departamental o nacional a quienes se
les imponga sanciones y deban ser ejecutadas.
78. En el mismo sentido, la Resolución Organizacional REG-OGZ-0748-2020 del 26 de
febrero de 202043, aportada como anexo de la contestación de las demandas, dispone en su
artículo 7.° que el director de Cobro Coactivo es competente para el conocimiento, trámite y
decisión de los procesos de cobro coactivo, junto con el jefe de la Unidad de Cobro Coactivo
y los gerentes departamentales y contralores provinciales de las gerencias departamentales
colegiadas, previsión que tampoco resulta suficiente para acreditar el contenido concreto de
las facultades asignadas y el nivel territorial en que aquella se ejerce.
79. De conformidad con lo expuesto, la sala concluye que los demandantes no acreditaron
que las funciones ejercidas por el servidor público durante el periodo inhabilitante
comprendieran atribuciones constitutivas de autoridad civil.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de nulidad de la elección de la señora Lucy Mireya
Bravo Obando como representante a la Cámara por el departamento del Huila para el
periodo constitucional 2026-2030, contenida en el formulario E-26 CAM del 16 de marzo de
2026, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo decidido no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
43
Aportada con la contestación de la demanda, índice 19 de Samai, rad. 2026-00105.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co
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