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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00415-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00415-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad del acto de elección del señor Hernán Gasca Ome como concejal de Timaná, periodo 2024-2027, conforme las consideraciones de la presente decisión. 53 Ibidem. 54 Únicamente en lo que concierne a esta instancia se tiene que radicó solicitud de aclaración del auto que admitió la demanda, porque, para el profesional del derecho no quedó clara la orden dada a la secretaría, los efectos del traslado de alegatos de conclusión a las partes y la obligatoriedad o no del concepto del Ministerio Público. Dicha petición fue rechazada por extemporánea y contra esta decisión el abogado interpuso recurso de reposición, resuelto por el magistrado sustanciador. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila), periodo 2024-2027 Radicado: 41001-23-33-000-2023-00415-01 SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Huila para que, en lo sucesivo, resuelva todas las causales de invalidez que la parte actora incluya en las demandas de nulidad electoral. TERCERO: EXHORTAR al abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa a abstenerse de presentar solicitudes dilatorias, impertinentes, así como recursos o nulidades manifiestamente improcedentes, so pena de la imposición de la sanción correspondiente. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado «Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx » Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 41001-23-33-000-2023-00415-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

4 de septiembre de 2025

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila),
periodo 2024-2027
Radicado: 41001-23-33-000-2023-00415-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00415-01
Demandante: JAN MARCO CORTÉS GUZMÁN
Demandado: HERNÁN GASCA OME – CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ
(HUILA), PERIODO 2024 - 2027

Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad por pariente, contenida en el
numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte accionada
contra la sentencia del 18 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Huila declaró la nulidad del acto de elección acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El ciudadano Jan Marco Cortés Guzmán presentó demanda1, en nombre propio2, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendientes a obtener la
nulidad del formulario E-26 CON del 1° de noviembre de 2023, por medio del cual se
declaró la elección del señor Hernán Gasca Ome como concejal del municipio de Timaná
(Huila), para el periodo 2024-2027.

1.2. Hechos

El accionante relató que el demandado es padre de la señora Angie Lorena Gasca Ome
y suegro del señor Marco Adrián Artunduaga Gómez. Este último ejerció el cargo de
alcalde de Timaná entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

Afirmó que, según escritura pública 3504 del 21 de septiembre de 2022, la señora Gasca
Ome y el señor Marco Artunduaga reconocieron la existencia de una unión marital de

1 El escrito fue radicado el 12 de diciembre de 2023.
2 Inicialmente, el señor Jan Marco Cortés presentó la demanda en su calidad de personero del municipio de Timaná.

Sin embargo, durante la audiencia inicial celebrada el 6 de septiembre de 2024, informó que su periodo como personero
había finalizado el 29 de febrero de 2024. Ante esta situación, el juez de primera instancia señaló que, tratándose de
una acción pública que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, el demandante podía continuar actuando en el
proceso.

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Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila),
periodo 2024-2027
Radicado: 41001-23-33-000-2023-00415-01

hecho conformada el 20 de julio de 2019 y finalizada el 31 de enero de 2022. Sin
embargo, mencionó que «[…] los actos de apoyo mutuo, convergencia de proyecto de
vida y singularidad se han extendido con posterioridad a esa fecha: comparten
actividades familiares como cumpleaños y graduaciones; celebran y comparten proyectos
políticos y laborales; comparten eventos sociales e institucionales; la señora Gasca se
anuncia y actúa como la “primera dama” o “gestora social” del Municipio de Timaná a tal
punto de que hace uso de logos institucionales y participa en la inauguración de obras y
entrega de implementos con recursos públicos».

1.3. Concepto de la violación

Invocó como normas desconocidas los artículos 275, numeral 5.°, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y 43, numeral 4.°, de la
Ley 136 de 1994.

La parte demandante analizó cada uno de los elementos de la inhabilidad por parentesco
con funcionario que ejerce autoridad. En cuanto al vínculo, destacó que este se acredita
con el registro civil de nacimiento de la señora Angie Lorena Gasca, en el que se
evidencia que el señor Hernán Gasca Ome es su progenitor. Asimismo, indicó que, dado
que la señora Angie Lorena es compañera permanente del señor Marco Adrián
Artunduaga, entre este último y el accionado existe un vínculo en primer grado de
afinidad.

Resaltó que, aunque «[…] han intentado simular escenarios para anteponerse a las
circunstancias de inhabilidad, tal y como se desprende de la escritura pública 3504 del
21 de septiembre de 2022 de la Notaría Segunda de Pitalito en la que la señora Gasca
Ome y el señor Marco Adrián Artunduaga declararon la existencia de la unión marital de
hecho y su cesación de efectos civiles, a un mes del término del año anterior a la elección
(29 de octubre de 2022), [pero] perdieron de vista que para el momento en el que se
inscribió como candidato el señor Gasca Ome (29 de julio de 2023) el vínculo existía».

Para sustentar su argumento, refirió eventos ocurridos con posterioridad a la supuesta
disolución de la unión marital de hecho, con los cuales es posible colegir que no hubo
una ruptura del vínculo familiar. Por el contrario, los proyectos entre los compañeros
permanentes se fortalecieron «[…] pasando por el nacimiento de su hijo el 22 de julio de
2022, su bautizo, los festejos de cumpleaños y logros académicos, el impulso del
proyecto político del señor Gasca Ome, la participación activa en [sic] incesante de la
señora Gasca Ome dentro de la administración municipal con su aparición en cada
evento institucional y su divulgación como “gestora social” inclusive al momento de hacer
entrega de bienes públicos».

Frente a los criterios temporal y territorial, comentó que el señor Marco Adrián Artunduaga
se posesionó en el cargo de alcalde de Timaná el 1° de enero de 2020, para el periodo
2020-2023, por lo que ejerció dicho empleo durante el interregno inhabilitante. Por su
parte, el señor Hernán Gasca Ome fue elegido concejal de ese mismo municipio, periodo
2024-2027.

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Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila),
periodo 2024-2027
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Arguyó que, por expresa disposición de los artículos 314 de la Constitución Política y 188,
189 y 190 de la Ley 136 de 1994, los alcaldes municipales ejercen autoridad política y
administrativa.

Manifestó que de no encontrarse configurada la anterior inhabilidad, de manera
subsidiaria, debía analizarse que el demandado también se encuentra inhabilitado por
tener parentesco dentro del primer grado de consanguinidad con la señora Angie Lorena
Gasca Ome y haberse inscrito por el mismo partido político «[…] para elección de cargos
o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la
misma fecha».

En efecto, la parte demandante explicó que el señor Hernán Gasca Ome se inscribió
como candidato al Concejo Municipal de Timaná para las elecciones del 29 de octubre
de 2023, con el aval del partido Centro Democrático. Por su parte, su hija, la señora Angie
Lorena Gasca, se postuló como candidata a la Asamblea Departamental del Huila en el
mismo proceso electoral, respaldada por una coalición integrada por la mencionada
colectividad y el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción3.

1.4. Actuaciones procesales

1.4.1. La admisión

Por medio de auto del 1° de febrero de 2024, el a quo inadmitió la demanda.

Luego, una vez subsanada, fue admitida con providencia del 21 de febrero de 2024, que
ordenó las notificaciones correspondientes.

1.4.2. Contestaciones de la demanda

Dentro de la oportunidad legal concedida, ni el señor Hernán Gasca Ome ni el Consejo
Nacional Electoral presentaron sus escritos de contestación.

1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

• Mediante auto del 22 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila negó la
solicitud de nulidad por indebida notificación del auto admisorio formulada por la parte
demandada, «[…] por cuanto no se aportó prueba alguna que acreditara los supuestos
de hecho endilgados y por ende su configuración».

• En la audiencia inicial del 6 de septiembre de 2024, el a quo fijó el litigio en los términos
que se citan a continuación:

Corresponde determinar si es nulo el acto de elección, formulario E-26CON, por el por el
(sic) cual resultó elegido como concejal del municipio de Timaná para el periodo 2024-2027,
por encontrarse incurso en una causal de nulidad.

En particular corresponde determinar si Hernán Gasca Ome está incurso en la causal de
inhabilidad por parentesco con quien ejerce autoridad civil, administrativa y política en el

3 Sin especificar el partido político en el que ella milita.

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Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila),
periodo 2024-2027
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municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección, o de forma subsidiaria si está
incurso en causal de inhabilidad por haberse inscrito al Concejo por el Partido Centro
Democrático y mantener parentesco con Angie Lorena Gasca Ome quien se inscribió a la
Asamblea con el aval de la Coalición en la que el Centro Democrático era el partido
aportante de los votos en un 100%.

Asimismo, incorporó las pruebas aportadas por la parte accionante y decretó una
documental4 y unos testimonios5 requeridos en la demanda.

• La audiencia de pruebas se llevó a cabo el 21 de octubre de 2024, en la cual el tribunal
incorporó la documental allegada, previo traslado a las partes, y recepcionó los
testimonios. Del mismo modo, por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, ordenó a las partes que presentaran sus alegatos por escrito y le concedió
el mismo término al Ministerio Público para formular su concepto.

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, por medio de providencia del 18 de diciembre de
2024, accedió a las pretensiones y, en consecuencia, declaró la nulidad de la elección
acusada, con base en los siguientes argumentos:

Estimó acreditado que la señora Angie Lorena Gasca Ome es hija del demandado.

En relación con el vínculo entre el señor Marco Adrián Artunduaga, alcalde del municipio
de Timaná, y la señora Angie Lorena Gasca Ome, consideró que, si bien en la escritura
pública 3504 del 21 de septiembre de 2022 se consignó la existencia de una unión marital
de hecho entre ambos, vigente entre el 20 de julio de 2019 y el 31 de enero de 2022, lo
cierto es que, según lo manifestado por los testigos en la audiencia de pruebas, dicha
relación continuó más allá de esa fecha. Los declarantes indicaron que los compañeros
permanentes compartían en celebraciones, cumpleaños y eventos especiales; además,
la señora Gasca Ome desempeñó funciones como gestora social del gobierno municipal
hasta el final del periodo del señor Artunduaga, siendo presentada públicamente como
su cónyuge.

Asimismo, con fundamento en un video y diversas imágenes publicadas en la red social
Facebook, entre julio de 2019 y diciembre de 2023, coligió que existió una «relación
sentimental» continua entre ambos durante todo el tiempo en que el señor Artunduaga
ejerció el cargo de alcalde. Por lo tanto, consideró acreditado el parentesco en primer
grado de afinidad entre el señor Hernán Gasca Ome y el señor Marco Adrián Artunduaga,
en virtud de que el primero es padre de la señora Angie Lorena Gasca Ome, compañera
permanente del segundo.

Respecto al elemento objetivo de la inhabilidad, estableció que se encuentra probado,
comoquiera que el señor Artunduaga fue alcalde de Timaná, por lo que ejerció autoridad
conforme a lo establecido en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994. En cuanto al criterio
temporal, también lo consideró cumplido, en atención a que:

4 Referente a «[…] oficiar a la Registraduría Nacional del estado Civil para que remita copia de los antecedentes del

acto demandado y en especial del acta en el que conste la inscripción y aceptación como candidata de la señora Angie
Lorena Gasca Ome ante la Asamblea del Departamento del Huila con el aval del Centro Democrático […]».
5 Se decretaron los testimonios del señor Germán Peña Manzanares y Jhon Alexander Hernández Barrera.

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periodo 2024-2027
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[…] [S]e tiene acreditado que el señor Hernán Gasca Ome fue electo como concejal de
Timana Huila para el periodo 2024-2027, elecciones que se llevaron a cabo el 29 de octubre
de 2023; la unión marital de hecho entre la señora Angie Lorena Gasca Ome y el señor
Marco Adrián Artunduaga Gómez según lo establecido en la escritura pública ya citada,
existió a partir del 20 de julio de 2019; y el periodo en el que el señor Marco Adrián fungió
como alcalde correspondió al año 2020 – 2023, lo que acredita el cumplimiento de este
requisito.

Con fundamento en dichos argumentos y pruebas, estableció que el demandado estaba
inhabilitado, porque «[…] existió un vínculo en primer grado de afinidad con el señor
Marco Adrián Artunduaga Gómez quien ejerció autoridad administrativa en calidad de
alcalde del municipio de Timaná Huila durante el periodo 2020 - 2023».

Finalmente, al considerar acreditada esta causal de inhabilidad, el a quo se abstuvo de
analizar la relacionada con la inscripción del accionado como candidato al concejo
municipal por el mismo partido político de su hija, quien se postuló a la Asamblea
Departamental del Huila.

3. Recurso de apelación6

El demandado, por intermedio de apoderado, consideró que el tribunal valoró de manera
indebida las pruebas allegadas, comoquiera que las decisiones judiciales deben basarse
en las regular y oportunamente aportadas7; además, porque las que tuvo en cuenta no
arrojan la conclusión a la que llegó la corporación.

En efecto, resaltó que, si bien el señor Marco Adrián Artunduaga y la señora Angie Lorena
Gasta Ome constituyeron una comunidad de vida permanente y singular, esto fue hasta
el 31 de enero de 2022, cuando elevaron a escritura pública su decisión de no continuar
con dicha unión.

Explicó que no era cierto que después de esa fecha, la relación entre su hija y el señor
Artunduaga hubiese continuado, por lo cual no existe el vínculo por afinidad en primer
grado, puesto que «[…] en el proceso se demostró que entre el señor CORTÉS GUZMÁN
y la señora GASCA OME no hubo ni matrimonio ni unión marital de hecho durante el
periodo inhabilitante», y el tribunal lo que encontró acreditado fue una relación
sentimental, que no encuadra dentro de la norma invocada por la parte demandante.

Agregó que «[…] el Tribunal Administrativo del Huila hizo una interpretación extensiva de
la disposición que consagra la inhabilidad, a los casos de “relaciones sentimentales”, lo
cual está prohibido […]».

4. Actuaciones en segunda instancia

Por medio de providencia del 8 de abril de 20258, el despacho del magistrado ponente
ordenó devolver el expediente al a quo, para que se pronunciara respecto de la solicitud
de la parte demandada concerniente a dejar sin efecto el auto que concedió la alzada.

6 Concedido por el tribunal, mediante auto del 14 de marzo de 2025.
7 No refirió de manera concreta qué pruebas considera que fueron aportadas al expediente de manera extemporánea

o irregular.
8 Índice 6 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Al respecto, el tribunal resolvió el planteamiento del accionado, con proveído del 6 de
mayo de 2025, en el cual, además, se ordenó remitir nuevamente el expediente a esta
corporación.

A través de auto del 16 de mayo de 20259, el despacho del magistrado sustanciador
admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la sentencia
de primera instancia y corrió traslado para alegaciones finales y concepto del Ministerio
Público.

Con escrito radicado el 22 de mayo de 202510, el apoderado del demandado solicitó la
aclaración del aludido proveído.

El 10 de junio de 202511, el despacho rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración
de la providencia del 16 de mayo de ese mismo año. Decisión contra la cual el accionado
interpuso recurso de reposición12, resuelto desfavorablemente mediante auto del 27 de
junio de 202513.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

5.1. Demandante14

Destacó que el accionado alega que el tribunal valoró pruebas irregulares o
extemporáneas sin indicar cuáles.

Comentó que el recurso interpuesto plantea argumentaciones imprecisas y carentes de
conexión con la realidad procesal.

Por último, le «[…] pidió al Consejo de Estado se pronuncie sobre si la conducta del
abogado Rodríguez configura ignorancia supina o constituye una maniobra dilatoria, a
efectos de determinar si procede complementar la noticia disciplinaria y, además,
imponer la sanción prevista en el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, así como la posible
condena en costas en esta instancia».

5.2. Demandado15

Por intermedio de su apoderado, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

Adicionalmente, frente a las pruebas valoradas por el tribunal, consideró que las
fotografías «[…] fueron simplemente proyectadas desde las redes sociales pero no hay
certeza de quién las tomó ni la fecha en que esto sucedió (pues debe tenerse en cuenta
que la fecha de publicación en redes sociales, suponiendo que esta sea verídica, no
corresponde con la fecha en que se toma la fotografía)», y no se menciona una

9 Índice 13 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
10 Índice 18 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Índice 22 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Índice 27 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Índice 31 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
14 Índice 19 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Índice 36 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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descripción detallada de qué se intentaba probar con las imágenes.

Frente a las fotografías añadió:

Ahora bien, si el tribunal a quo hubiese encontrado utilidad probatoria en alguna de las
fotografías, esto debió ser objeto de pronunciamiento (en concreto, sobre la fotografía de la
cual se extrajo la conclusión y no de forma indeterminada refiriéndose a “las fotografías”),
pues el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 obliga a que en la sentencia se haga «un
análisis crítico de las pruebas».

Afirmó que el video aludido por el a quo es del 3 de noviembre de 2023, esto es, posterior
al periodo inhabilitante, por lo cual no podía servir como fundamento de una sentencia
anulatoria.

Frente a los testimonios de los señores Jhon Hernández y Germán Peña señaló que en
sus relatos no aparecen los elementos que son fundamentales para concluir la existencia
de la unión marital de hecho, tales como el lugar de convivencia de la pareja y el apoyo
en las responsabilidades domésticas. Indicó que lo único que podría concluirse de las
declaraciones es la existencia de una relación sentimental sin convivencia.

Adujo que el tribunal no «[…] valoró adecuadamente la prueba documental aportada por
la defensa: la escritura pública 3504 de 21/9/2022 con la que la señora GASCA OME y
el señor ARTUNDUAGA GÓMEZ finalizaron su unión marital de hecho». Adicionalmente,
sostuvo que el a quo «[…] equiparó los efectos de un noviazgo con los de una unión
marital de hecho, siendo que esto no es permitido para la aplicación de la inhabilidad que
se está discutiendo», en los términos que han sido fijados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado16.

6. Concepto del Ministerio Público

Dentro de la oportunidad legal concedida, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 117 y 15218 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 201919, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de diciembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones de la demanda.

16 Cita del texto original: «Sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016 por la Sección Quinta de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 73001233300020150076002, con ponencia
del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio».
17«ARTÍCULO 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
18 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos

relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de
[…] de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos […]».
19 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.2. Cuestión previa

La sala observa que el recurrente, en el marco de los alegatos de conclusión, realizó un
análisis detallado de las pruebas valoradas por el tribunal y sostuvo que la interpretación
realizada por este fue errónea. No obstante, tales argumentos no fueron incluidos en el
recurso de apelación originalmente formulado.

Pues bien, resulta pertinente recordar que los alegatos de conclusión, en segunda
instancia, no constituyen una oportunidad legal para ampliar o complementar los
argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, puesto que, el recurrente
cuenta con un término dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para interponerlo y sustentarlo.

Conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, la finalidad del recurso de
apelación se centra en «[…] que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión».

Cabe recordar, además, que, una vez interpuesta la alzada, esta delimita la competencia
funcional del juez de segunda instancia, quien, en principio, no podrá actuar más allá del
marco normativo que se ha descrito. De igual modo, el citado precepto enseña que el
estudio en segunda instancia se remite de forma concreta a la «cuestión decidida», es
decir, los asuntos de hecho y de derecho que han sido presentados al juez previo a que
se adopte la decisión que corresponda.

Así las cosas, los argumentos planteados en los alegatos de conclusión que no hayan
sido abordados en el recurso de apelación, no serán objeto de análisis en esta instancia.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia
del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia
de primer grado y los reparos del recurrente.

Conforme a lo anterior, se deberá determinar si el demandado tenía parentesco en primer
grado de afinidad con el señor Marco Adrián Artunduaga, alcalde de Timaná para el
periodo 2020-2023, dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección como concejal
del mismo municipio.

Para resolver el asunto, la sala abordará la segunda instancia desde los siguientes ejes
temáticos: (i) el marco jurídico y jurisprudencial de la inhabilidad por ejercicio de autoridad
que atañe a los concejales, y (ii) el caso concreto.

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Demandado: Hernán Gasca Ome, concejal de Timaná (Huila),
periodo 2024-2027
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2.4. La causal de inhabilidad por ejercicio de autoridad por pariente del artículo 43,
numeral 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en
la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales20.

En este sentido, las diferentes circunstancias que la configuran examinan la órbita
personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «auscultan en los
antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»21.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de acceso
a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo de su
régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por parte
de esta corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el único facultado
para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el
legislador22.

Tratándose de los concejales municipales y distritales, la Ley 136 de 1994 enunció
causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser elegidos como
tales. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue
dispuesto con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
[…]

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de
los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo,
quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas
que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. [Se resalta].

20 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también Sentencias C-558 de

1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
21 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial Ibáñez, 2014,

p. 24.
22 Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de

septiembre de 2013. Expedientes 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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En lo que interesa a este caso, en cuanto al ejercicio de autoridad, de la norma que se
aduce desconocida se pueden extraer los siguientes elementos estructuradores, a
saber23:

1) La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, entre el elegido y el funcionario.

2) Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

3) Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar.

4) Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el concejal.

Ahora bien24, en cuanto al ejercicio de autoridad, la Sala Plena del Consejo de Estado y
esta Sección25 han acudido, «para efectos de precisar los elementos que caracterizan
este poder […] no con carácter analógico sino a título de referente conceptual» 26, a las
definiciones plasmadas en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, que
disponen:

ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende
por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para
cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley,
que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de
la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad
política.

Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados
en este artículo.

ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias
no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o
verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 28 de enero de 2021.

Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (e).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2009.

Expediente 2007-00800. M.P. Susana Buitrago Valencia y Sentencia del 19 de marzo de 2009. Expediente 2007-
00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de noviembre

de 2010. Expediente 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia.

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parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias.

Conforme a lo anterior, la sala ha concebido la autoridad civil como una «[…] potestad de
dirección o mando que tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares,
la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la
voluntad de los mismos»27.

Por su parte, la autoridad política se ejerce por los alcaldes, los secretarios y jefes de
departamento administrativo, así como por los miembros del gobierno municipal con
poder de mando y decisión.

Frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de Estado28 ha
aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener
la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o
mediante el uso de un criterio orgánico, que se ocupa de desentrañar, tomando como
base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la
caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión del 9 de septiembre de 2005 29, mediante la
cual esta sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica
el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o
bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de
determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos
que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es [sic]
una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que
las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto».
[Negrilla fuera de texto].

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia30 ha admitido que comportan autoridad
administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su
suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al
personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 7 de febrero de 2019.

Expediente 11001-03-28-000-2018-00048-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
28 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 1° de octubre de 2020. Expediente 50001-23-33-000-2020-
00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 9 de septiembre de 2005.

Expediente 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 15 de octubre de 2020.

Expediente 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando,
las competencias analizadas cumplan las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que
se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y
cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al
que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta
Corporación, la autoridad administrativa es:

[…] [A]quella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes
decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad
administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una
connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa
importancia».31 [Se resalta].

En cuanto a la autoridad política, esta corporación ha dicho que debe entenderse como
la capacidad para «presentar proyectos de Ley [en sentido amplio] y sancionarlos,
manejar las relaciones con los otros poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y
apalancar el rumbo de la Nación [entendido también para departamentos y
municipios]32»33.

Es menester reiterar, entonces, que la inhabilidad prevista en la ley supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad
o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce autoridad civil, política,
administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los 12 meses anteriores a la
elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo municipio o distrito por el cual se
inscribe el candidato a alcalde o concejal -elemento espacial o territorial-.

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, se debe examinar
que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera concurrente y, en
caso de que no sea así, se entenderá que no se materializó. Teniendo claros los
requisitos estructuradores de la inhabilidad endilgada al demandado, se entrará a revisar
el asunto particular34.

2.5. Caso concreto

Como viene de explicarse, la sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la nulidad de la
elección del demandado, al considerar que estaban probados cada uno de los elementos
que configuran la inhabilidad invocada. En particular, el a quo explicó que la unión marital
de hecho entre la señora Angie Lorena Gasca, hija del demandado, y el señor Marco
Adrián Artunduaga Gómez, alcalde de Timaná para el periodo 2020-2023, se constituyó

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de agosto de 2002. Expediente

11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 junio de 1.998. Expediente AC–

5779. M.P Germán Rodríguez Villamizar.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 19 de marzo de 2020.

Expediente 4400103234000020190019501. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 7 de marzo de 2024.

Expediente 23001233300020230019101. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (e).

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a partir del 20 de julio de 2019, por ende, se encontraba demostrado el vínculo en primer
grado de afinidad entre él y el señor Hernán Gasca Ome.

Adicionalmente, sostuvo que, si bien es cierto en la escritura pública 3504 del 21 de
septiembre de 2022 se estableció la existencia de una unión marital de hecho entre ellos,
vigente del 20 de julio de 2019 al 31 de enero de 2022, con las demás pruebas aportadas
al proceso (testimonios, un video e imágenes publicadas en la red social Facebook), era
posible colegir que la relación sentimental entre ellos continuó después de esta última
fecha.

Por su parte, el apelante sostiene que el tribunal valoró de manera indebida las pruebas
obrantes en el expediente, dado que la comunidad de vida permanente y singular entre
el señor Marco Adrián Artunduaga y la señora Angie Lorena Gasca Ome no se extendió
más allá del 31 de enero de 2022, fecha en la que, según consta en la escritura pública,
dicha unión finalizó; además, que el a quo lo que encontró acreditado fue una relación
sentimental, la cual no encuadra en la norma invocada por la parte demandante.

Argumenta que «[…] el Tribunal Administrativo del Huila hizo una interpretación extensiva
de la disposición que consagra la inhabilidad, a los casos de “relaciones sentimentales”,
lo cual está prohibido tratándose de la interpretación de estas limitaciones al derecho
político a ser elegido». En consecuencia, afirma que no existe vínculo de afinidad en
primer grado entre los señores Artunduaga y Hernán Gasca Ome.

En este contexto, se recuerda que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP35, aplicables por
remisión de los artículos 296 y 306 del CPACA, por lo tanto, la sala se pronunciará
exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente.

Así las cosas, conforme al problema jurídico planteado, la controversia se centra en el
elemento parental de la inhabilidad invocada, el cual exige «que exista un vínculo por
matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil»; no obstante, este no puede entenderse de manera
aislada, sino, concordante con el elemento temporal, comoquiera que debe estar probado
que el vínculo estuvo vigente durante el año anterior a la elección del demandado.

35 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […] [Se resalta]».

«ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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Como viene de explicarse, la parte actora afirma que entre los señores Hernán Gasca
Ome y Marco Adrián Artunduaga existe un parentesco en el primer grado de afinidad,
comoquiera que este último es, según señala, el compañero permanente de la señora
Angie Lorena Gasca Ome. Por lo tanto, resulta necesario, como primera medida,
determinar si el señor Artunduaga36 mantenía una unión marital de hecho con la hija del
demandado durante algún momento del año anterior a las elecciones que se celebraron
el 29 de octubre de 202337.

Resulta pertinente recordar que la Ley 54 de 199038 denominó la «Unión Marital de
Hecho, la formada entre dos mayores de 18 años que, sin estar casados, hacen una
comunidad de vida permanente y singular».

Cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia39 ha establecido que, para que se
configure la referida unión se debe demostrar la «“voluntad responsable de conformarla”
que se extrae del artículo 42 de la Constitución, también conocido como affectio maritalis,
consiste en la intención seria y concurrente de conformar una familia, se traduce en la
expresión de voluntad de la pareja, encaminada a alcanzar, de manera consciente,
propósitos compartidos, en un marco de afecto, ayuda y respeto recíproco».

Del mismo modo, la Corte40 desarrolló cada uno de los criterios fijados por la norma que
regula la materia, referentes a la comunidad de vida permanente y singular, así:

(ii) «La comunidad de vida», que trasciende la esfera de la intención para materializar
comportamientos uniformes de los compañeros, que confluyen en unos mismos objetivos
mediatos e inmediatos, con apoyo mutuo y solidario, en una relación afectiva de unidad
como núcleo familiar, compartiendo aspectos existenciales esenciales y cotidianos, con
miras al bienestar común y al crecimiento personal, social, profesional y laboral;
involucrando obligaciones de carácter alimentario y de atención sexual del uno para el otro,
así como deberes parentales, en caso de tener hijos, distribuyéndose la carga
correspondiente a su crianza y educación.
[…]

(iii) «La permanencia», que excluye el simple noviazgo, encuentros sexuales ocasionales,
trato cariñoso esporádico o relaciones intermitentes, sin duración prologada en el tiempo,
pues la estructuración de una comunidad de vida requiere la presencia de un vínculo estable
y permanente de afecto, socorro y compromiso en correspondencia recíproca, con vocación
de continuidad para formar un grupo familiar.

En este punto cabe precisar que, si bien hacer vida marital debe conducir a los compañeros
a compartir mesa, techo y lecho, a decir de esta Corporación, cohabitar no significa que, en
todos los casos, la pareja ha de coincidir residencialmente en la misma morada, puesto
que, en ciertos eventos, circunstancias relativas al oficio o profesión, estudios, salud, entre
otras, impiden la concurrencia habitacional; sin que se desnaturalice la coparticipación de
vida […].

(iv) «La singularidad», que se traduce en una exclusiva dedicación al hogar constituido,
sin abrir espacios a la multiplicidad de vínculos naturales o matrimoniales sin mediar
separación de cuerpos; restricción que responde, más que a una cuestión moral, a razones

36 No fue discutido dentro del proceso y no existe duda sobre el parentesco de consanguinidad entre el demandado y

la señora Angie Lorena Gasca Ome, conforme al registro civil de nacimiento aportado al expediente.
37 Conforme al E-26 CON de 1.° de noviembre de 2023, en el que consta la elección del accionado.
38 «Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes».
39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Sentencia del 26 de julio de 2024. Expediente.

15469-31-03-001-2019-00112-01. M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
40 Ibidem.

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jurídicas tendientes a evitar la conflictividad que generaría la simultaneidad de lazos
factuales y nupciales.

No obstante, las relaciones extramaritales no conllevan necesariamente la terminación de
la unión de hecho, puesto que su disolución tiene ocurrencia entre otras causas, al
presentarse la efectiva separación de la pareja; culminación que, con todo, puede
presentarse ante la infidelidad de uno de los consortes «si la nueva relación, por sus
características, sustituye y reemplaza a la anterior y se convierte en un nuevo estado marital
para sus integrantes, o, en su defecto, si los actos de deslealtad entre los compañeros
producen el resquebrajamiento de la convivencia por ocasionar la ‘separación física y
definitiva de los compañero’».

Ahora bien, se destaca que, como lo señaló el demandante, en el recurso de apelación
la parte accionada no expuso de manera clara cuáles pruebas fueron indebidamente
valoradas o dejadas de considerar por el juez de primera instancia. En este orden, se
limitó a afirmar que los medios probatorios aportados únicamente evidencian la existencia
de una «relación sentimental» entre el señor Marco Adrián Artunduaga y la señora Angie
Lorena Gasca Ome, sin que de ellos se desprendan los elementos necesarios para
acreditar una unión marital de hecho.

Al revisar las pruebas valoradas en primera instancia, se observa que en la escritura
pública 3504 del 21 de septiembre de 2022, la señora Angie Lorena Gasca Ome y el
señor Marco Adrián Artunduaga manifestaron haber convivido como compañeros
permanentes, de manera ininterrumpida, bajo el mismo techo y prestándose ayuda
mutua, desde el 20 de julio de 2019 hasta el 31 de enero de 2022. Además, indicaron
que fruto de dicha relación nació un hijo el 1° de julio de 2022. En el mismo documento,
expresaron su voluntad de reconocer la existencia de la unión marital de hecho durante
ese periodo, así como de liquidar la sociedad patrimonial derivada de esta.

De la simple lectura de esta prueba documental se puede colegir que la unión entre la
señora Gasca Ome y el señor Artunduaga cesó a partir del 1° de febrero de 2022, por lo
que, en principio, no existiría el vínculo de parentesco dentro del periodo inhabilitante
comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023.

No obstante, la referida escritura pública no constituye el único elemento probatorio
idóneo para determinar el límite temporal de la existencia de la unión marital de hecho
entre la señora Gasca Ome y el señor Artunduaga, toda vez que la parte demandante
aportó otros medios de prueba orientados a demostrar que aquella subsistió más allá de
la fecha consignada en dicho documento. En consecuencia, tales elementos deben ser
valorados de manera integral, con el propósito de esclarecer el supuesto fáctico objeto
de controversia.

En ese sentido, es importante señalar que las imágenes, los documentos, el video y los
testimonios que tuvo en cuenta el a quo no fueron tachados41 por la parte demandada,

41 «Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que

se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento
de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso».

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dentro del término legal establecido, razón por la cual dichos elementos probatorios
pueden ser apreciados en su totalidad.

Respecto a los testimonios rendidos por los señores Jhon Alexander Hernández Barrera
y Germán Andrés Peña Manzanares, ambos coincidieron en afirmar que entre la señora
Gasca Ome y el señor Artunduaga existieron manifestaciones públicas que evidenciaban
la permanencia de su unión, al menos durante el tiempo en que él ejerció el cargo de
alcalde.

Sobre el particular, el señor Germán Andrés Peña sostuvo que:

1. Conoce al señor Marco Adrián Artunduaga desde el año 2013 o 2014. Tuvieron
una relación de amistad, tanto así que fue su gerente de campaña en la aspiración
a la alcaldía en 2015. Luego, en 2019 lo acompañó nuevamente en su candidatura.

2. Conoció a la señora Angie Lorena Gasca en 2016, cuando ella laboraba en la
alcaldía del municipio de Isnos, y señaló que la relación sentimental entre ella y el
señor Artunduaga inició aproximadamente en 2017.

3. Comenzaron a convivir (indicó la dirección del inmueble en el que residían) y
tuvieron un hijo, fruto de su unión. Les ayudó a conseguir una vivienda cercana a
la alcaldía y aseguró que siempre los vio viviendo juntos.

4. Aunque no le consta que estuvieran casados, compartió con ellos en diversas
ocasiones, incluso conduciendo su vehículo en eventos sociales.

5. Fue empleado de la Alcaldía de Timaná entre 2020 y el 30 de diciembre de 2022,
y desde el 26 de enero de 2023 en adelante, en la oficina de contratación, por lo
que le consta que la señora Angie Lorena Gasca estuvo pendiente de la
administración municipal, incluso en los procesos de dicha dependencia.

6. La señora Gasca desempeñaba funciones como gestora social, organizando
eventos, participando en actividades institucionales y manteniendo una vinculación
activa con la alcaldía.

7. Indicó que dicha participación puede constatarse en los perfiles de redes sociales
de la señora Gasca y del señor Artunduaga. En el curso de la diligencia, previa
autorización del magistrado sustanciador, el declarante mostró unas imágenes en
las que ambos aparecen en actividades familiares e institucionales entre 2022 y
2023.

«Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que
está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta,
y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.

Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se
aduzca.
[…]».

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8. El señor Artunduaga no tenía otra pareja sentimental.

Por su parte, el señor Jhon Alexander Hernández declaró que:

1. Es vocero de un grupo ciudadano del municipio de Timaná, conformado para
ejercer veeduría y control social sobre el uso de los recursos públicos.

2. En el marco de dicha labor, denunció ante los entes de control que la señora Angie
Lorena Gasca se inscribió como candidata a la Asamblea Departamental del Huila,
pese a que su esposo ocupaba el cargo de alcalde de Timaná, y que el señor
Hernán Gasca se postuló como concejal del mismo municipio, lo cual consideró
irregular.

3. Durante los cuatro años de gobierno del señor Artunduaga, la señora Gasca lo
acompañó como gestora social, con participación pública visible como primera
dama del municipio.

4. Indicó que la señora Angie Lorena Gasca participó en eventos públicos financiados
con recursos oficiales, en representación de la alcaldía.

5. Aportó el informe de gestión de la administración municipal 2020–2023, disponible
en la página oficial de la entidad, en el que se evidencia la intervención de la
señora Gasca como gestora social y que incluye fotografías en las que ella
aparece entregando ambulancias, raciones humanitarias y obras de mejoramiento
de vivienda.

6. Hizo referencia a imágenes publicadas en redes sociales de la señora Gasca, el
señor Artunduaga y la Alcaldía de Timaná entre 2022 y 2023, en las que se le
presenta como primera dama.

7. Aunque se liquidó la relación conyugal o marital, la señora Gasca continuó
actuando como gestora social. En particular, mencionó un evento del 3 de
noviembre de 2023, en el que el alcalde la invitó a la tarima y le agradeció
públicamente como su esposa, reconociendo su acompañamiento durante todo el
periodo. Este video fue reproducido en la audiencia, ya que fue aportado con la
demanda.

8. El señor Artunduaga presentaba públicamente a la señora Gasca como su esposa
o primera dama, y que ella siempre estuvo presente en los eventos institucionales
relevantes del municipio.

En relación con el video mencionado por el señor Jhon Alexander Hernández Barrera, el
cual fue aportado por la parte demandante en formato .MP4 y mediante el enlace al perfil
de Facebook de una emisora local, se advierte que fue publicado el 3 de noviembre de
202342 en el marco de la Feria Ganadera y Comercial celebrada en el municipio de
Timaná. En dicho registro, el señor Marco Adrián Artunduaga se refiere, en tarima, a la
señora Angie Lorena Gasca Ome como su «esposa», expresando de manera textual:

42 Disponible en: https://www.facebook.com/lafierahuila/videos/708340124508879

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«[…] no me puedo quedar sin saludar, por supuesto, a mi señora esposa Angie Lorena
Gasca Ome, y a mi querido y hermoso hijo […]».

Este pronunciamiento, realizado de forma espontánea y en un evento institucional de
carácter público, permite inferir razonablemente que, para la fecha en que se celebraron
las elecciones el 29 de octubre de 2023 (cinco días antes), el vínculo sentimental entre
el señor Artunduaga y la señora Gasca Ome se encontraba vigente. Ello, en atención a
la cercanía temporal entre ambos hechos y a la continuidad de las manifestaciones
públicas que evidencian la existencia de una relación afectiva estable y reconocida
socialmente, que no tuvo interrupción, lo cual se corrobora con las imágenes aportadas
al proceso y que serán analizadas a continuación.

En efecto, se advierte que el tribunal señaló que fueron allegadas «[…] fotografías
tomadas de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Timaná, del alcalde Municipal
de Timaná Marco Adrián Artunduaga y de Angie Lorena Gasca donde se evidencia la
existencia de una relación sentimental entre estos». Aunque no se refirió a una imagen
específica, consideró de manera general que permiten inferir la existencia del vínculo.

Al respecto, la parte demandante aportó con la demanda más de ochenta (80) imágenes,
acompañadas de los enlaces correspondientes a los perfiles de Facebook desde los
cuales fueron tomadas. Algunos de estos permanecen activos, mientras que otros han
sido deshabilitados.

En las imágenes se observa al señor Marco Adrián Artunduaga y a la señora Angie
Lorena Gasca participando en celebraciones familiares, eventos privados y públicos, así
como en actividades institucionales de la alcaldía, en las que aparecen juntos o, en
algunos casos, únicamente la señora Gasca en representación del alcalde. A título de
ejemplo, se tienen las siguientes:

43

43 Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6079596428723441&set=pb.100000194327911.-
2207520000&type=3&locale=es_LA

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44

45

46

44 No es posible acceder a la publicación por medio del enlace referido por la parte actora, por lo cual la captura de

pantalla se valorará como prueba documental.
45 Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6495700480446365&set=pb.100000194327911.-
2207520000&type=3&locale=es_LA
46 Disponible en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=6510425002307246&set=pb.100000194327911.-
2207520000&locale=es_LA

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47

48

49

47 Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6532401316776281&set=pb.100000194327911.-
2207520000&type=3&locale=es_LA
48 Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7126803924002681&set=pb.100000194327911.-
2207520000&type=3&locale=es_LA
49 Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7155285991154474&set=pb.100000194327911.-
2207520000&type=3&locale=es_LA

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50

Resulta pertinente precisar que, en los enlaces aportados por la parte demandante, es
posible verificar la fecha de publicación de las imágenes, las cuales se encuentran
alojadas en los perfiles de Facebook del señor Marco Adrián Artunduaga y de la señora
Angie Lorena Gasca.

Así las cosas, de la valoración integral del acervo probatorio y de los indicios que se
deducen de este51, es posible colegir que la unión conformada entre el señor Marco
Adrián Artunduaga y la señora Angie Lorena Gasca no finalizó el 31 de enero de 2022,
como se indicó en la escritura pública, sino que, por el contrario, se mantuvo vigente. Ello
se evidencia en las múltiples manifestaciones de apoyo, solidaridad y afecto entre ambos,
propias de una relación estable con vocación de permanencia, en la que se compartían
aspectos esenciales de la vida, orientados al bienestar común y al desarrollo personal,
social, profesional y laboral, desde su inicio en 2019.

Luego entonces, pese a lo indicado por la parte demandada, las pruebas obrantes en el
expediente no evidencian la existencia de una mera «relación sentimental». En contraste,
se configuran los elementos propios de una unión marital de hecho, siendo evidente que
los compañeros permanentes expresaban públicamente su afecto y que, a través de sus
redes sociales, se proyectaba de manera abierta la existencia de un núcleo familiar
conformado por ambos y su hijo.

Asimismo, se acreditó que la señora Gasca participaba activamente en eventos y
actividades institucionales de la alcaldía, como «gestora social» o «primera dama»,
conforme lo señalaron los testigos, cuyas declaraciones resultan concordantes con las
imágenes y el video incorporado al proceso, lo cual debilita aún más la tesis sostenida
por la parte accionada. Por consiguiente, esta Sección Electoral concuerda con las
conclusiones a las que arribó el a quo sobre el particular.

50 Disponible en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160315463978515&set=a.10150425165383515
51 En los términos del artículo 242 del Código General del Proceso, «[…] [e]l juez apreciará los indicios en conjunto,

teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren
en el proceso».

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Debe recordarse que, en ejercicio de la autonomía judicial y conforme a las atribuciones
legales, el juez cuenta con amplia facultad para realizar una interpretación reflexiva y
ponderada de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, a partir de
las cuales forma su convencimiento y adopta la decisión correspondiente.

En ese sentido, la valoración probatoria realizada por el tribunal se ajustó al principio de
la sana crítica, sin que se advierta vulneración a los criterios de objetividad y racionalidad,
ni la consideración de pruebas allegadas de manera extemporánea o irregular, como lo
adujo la parte accionada en su recurso, sin precisar a cuáles concretamente se refería.

En consecuencia, se encuentra acreditado que el señor Hernán Gasca Ome ostenta un
vínculo en primer grado de afinidad con el señor Marco Adrián Artunduaga, lo que
satisface el elemento parental de la inhabilidad alegada.

Así las cosas, al demostrarse que el cargo planteado por el demandado no prospera, se
impone confirmar la sentencia del 18 de diciembre de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad del acto de elección del señor Hernán
Gasca Ome como concejal de Timaná, para el periodo 2024-2027.

2.6. Otras decisiones

2.6.1. Exhorto al tribunal

La sala estima necesario llamar la atención sobre un aspecto que resulta de importancia
en este asunto.

Se observa que el Tribunal Administrativo del Huila, únicamente analizó el cargo de
nulidad referente a la inhabilidad del señor Hernán Gasca Ome por parentesco con quien
ejerció autoridad administrativa y política en el municipio dentro de los 12 meses
anteriores a la elección. No obstante, no estudió si la referente a haberse inscrito al
concejo por el Partido Centro Democrático y mantener parentesco con Angie Lorena
Gasca Ome quien se presentó a la asamblea departamental con el aval de la coalición
en la que dicha colectividad aportaba el 100% de los votos.

Sobre el particular, se recuerda lo decidido por la Sección Quinta de esta corporación en
sentencia de unificación52, así:

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, en uso de sus atribuciones legales
como sala de cierre en materia electoral, efectuar unificación de jurisprudencia, a manera
de jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a futuro y no para el
caso concreto, en el sentido de consagrar la regla consistente en el deber de los jueces y
tribunales de resolver todas las causales de invalidez que la parte actora incluya en las
demandas de nulidad electoral.

Lo anterior, con independencia de que el primer cargo que se analice resulte suficiente –a
juicio del juez de primera instancia– para decretar la nulidad del acto electoral, en
consideración a que, en el sub examine el a quo no se pronunció en la sentencia que puso
fin a la instancia sobre todos los cargos planteados en las demandas acumuladas,

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de unificación del 26 de

septiembre de 2017. Expediente 25000-23-4100-000-2015-02491-01(SU). C.P. Rocío Araújo Oñate.

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impidiendo que, en virtud del principio de limitación del ad quem, esta Sección lo pudiera
hacer.

Esta decisión se adopta para garantizar en todos los casos el principio de congruencia,
consagrado en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de
Justicia– y 280 y 281 del Código General del Proceso, en virtud de los cuales las sentencias
judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los
sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis.

Ante la situación expuesta, se exhortará al a quo a que, en lo sucesivo, resuelva todas
las causales de invalidez que la parte actora incluya en las demandas de nulidad
electoral, como garantía «[…] de los principios de trasparencia, de acceso a la
administración de justicia, doble instancia y tutela judicial efectiva, en cuanto las partes e
intervinientes en el proceso deben ver debidamente motivadas y resueltas todas las
situaciones que plantean y tod[a]s las causales de nulidad que invocan»53.

2.6.2. Conducta de la parte demandada

En cuanto a la solicitud de la parte demandante, relacionada con la conducta dilatoria del
apoderado de la parte demandada, esta corporación observa que el profesional del
derecho ha presentado peticiones que han obstaculizado el desarrollo normal del
proceso54.

En consecuencia, se exhortará al abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa a
abstenerse de presentar solicitudes dilatorias, impertinentes, así como recursos o
nulidades manifiestamente improcedentes, so pena de la imposición de la sanción
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 295 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), aplicable a
los procesos de nulidad electoral, el cual dispone:

ARTÍCULO 295. Peticiones impertinentes. La presentación de peticiones impertinentes
así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como
formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de diciembre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad del acto de elección del señor
Hernán Gasca Ome como concejal de Timaná, periodo 2024-2027, conforme las
consideraciones de la presente decisión.

53 Ibidem.
54 Únicamente en lo que concierne a esta instancia se tiene que radicó solicitud de aclaración del auto que admitió la

demanda, porque, para el profesional del derecho no quedó clara la orden dada a la secretaría, los efectos del traslado
de alegatos de conclusión a las partes y la obligatoriedad o no del concepto del Ministerio Público. Dicha petición fue
rechazada por extemporánea y contra esta decisión el abogado interpuso recurso de reposición, resuelto por el
magistrado sustanciador.

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SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Huila para que, en lo sucesivo,
resuelva todas las causales de invalidez que la parte actora incluya en las demandas de
nulidad electoral.

TERCERO: EXHORTAR al abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa a abstenerse de
presentar solicitudes dilatorias, impertinentes, así como recursos o nulidades
manifiestamente improcedentes, so pena de la imposición de la sanción correspondiente.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx »

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