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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07327-01

Fecha
24 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07327-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 30 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 31 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 15 Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01 Accionante: Hernán Gasca Ome Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07327-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07327-01
Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 5 de febrero de 20261 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo constitucional

El 20 de noviembre de 20252, Hernán Gasca Ome, por conducto de apoderado judicial3,
presentó acción de tutela 4 con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la participación política, que estimó vulnerados con la providencia proferida el 4 de
septiembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Mediante dicha
decisión se confirmó la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2024, en la cual el
Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad del acto de elección del actor como
concejal del municipio de Timaná, dentro del proceso de nulidad electoral identificado con
el número 41001-23-33-000-2023-00415-01.

1 Obra en el certificado 435F66E64157521D F3384FF230756C5F 2B8015E4717740C2 B42319EF7866E51A, índice

29.
2 Según el índice 2 de Samai.
3 Obra en el certificado 742E23B1A382AC9F 7133554F90995C89 D6B5DF45565B8086 968458B3B0388F45, índice

10.
4 Obra en el certificado 9D8BE99A39977D96 42145A3923C89BF5 3CB13C12A8F30190 685E897DADF83964, índice

2.

2
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
1.2. Hechos

1.2.1. Jan Marco Cortés Guzmán, en su calidad de personero municipal de Timaná 5,
interpuso demanda de nulidad electoral6 contra el acto de elección de Hernán Gasca
Ome como concejal del municipio de Timaná para el período 2024-2027.

1.2.2. El 18 de diciembre de 2024 7 el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las
pretensiones y declaró la nulidad de la elección de Hernán Gasca Ome.

1.2.3. Inconforme, la parte accionante interpuso recurso de apelación 8 , el cual fue
resuelto en sentencia del 4 de septiembre de 20259 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

Como fundamento de la sentencia, se encontraron probados los argumentos propuestos
por el demandante ordinario, relacionados con la existencia de una unión marital de
hecho entre Angie Lorena Gasca, hija de Hernán Gasca Ome, y Marco Adrián Artunduaga
Gómez, alcalde del municipio de Timaná para el período 2020-2023, circunstancia que
configuró la inhabilidad alegada. En ese sentido, se realizó una valoración probatoria de
la cual se concluyó que, para la fecha de celebración de las elecciones del 29 de octubre
de 2023, el vínculo sentimental se encontraba vigente, pese a que mediante escritura
pública se había declarado su finalización el 31 de enero de 2022. Lo anterior, por cuanto
a partir de otros medios de prueba —entre ellos publicaciones en redes sociales y
testimonios— se acreditó la cercanía y las manifestaciones públicas entre los
involucrados, lo que permitió establecer que la relación afectiva, estable y socialmente
reconocida, no tuvo interrupción.

Adicionalmente, se exhortó al tribunal de primera instancia para que, en lo sucesivo,
resolviera todas las causales de invalidez propuestas en la demanda, y a uno de los
abogados litigantes para que se abstuviera de presentar solicitudes dilatorias.

5 Obra en el certificado 64AC5915024E92AB 3EB843E4E8CEE79F 832482FB8114AAA5 3F7D9D694EC2AC66,
índice 3 del expediente 41001233300020230041500 del Tribunal Administrativo del Huila.
6 Obra en el certificado 8FE2A741F5129DD5 59505A1D92B23855 B8B4354C421A5A69 3570A32790A01F4C, índice

3, ibid.
7 Obra en el certificado 005757D2AE7463C9 C3BF6B66596B1E65 0CDAD24D9CF666AD 096C5994B846033C,

índice 113, ibid.
8 Obra en el índice 142, ibid.
9 Obra en el certificado 288EA73C096C038E A2EBCCB1D7503F48 DCD7CD12F2D29561 CF125D2E91240AAC,

índice 39 del expediente 41001233300020230041501 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
1.2.4. Posteriormente, la parte accionante presentó solicitud de aclaración 10, la cual fue
negada mediante auto del 16 de octubre de 202511. A su vez, frente a dicha providencia
se solicitó una nueva aclaración12, que igualmente fue negada a través del auto del 30 de
octubre de 202513.

1.3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, por las
siguientes razones:

1.3.1. Se configuró un defecto fáctico, en la medida en que se desconoció una prueba
directa y se otorgó valor de certeza a meras sospechas respecto de un hecho. Ello ocurrió
porque se desatendió el valor decisivo de la escritura pública n.º 3504 del 21 de
septiembre de 2022, instrumento público que constituye plena prueba sobre la duración
de la unión marital de hecho, mientras no sea desvirtuado mediante la declaración de
nulidad, falsedad o simulación. Además, de conformidad con el artículo 1760 del Código
Civil, dicho documento no es sustituible por otro medio probatorio y, según lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 962 de 2005, la cesación de los efectos civiles del matrimonio
puede adelantarse mediante escritura pública, la cual disuelve el vínculo, hace cesar sus
efectos civiles y liquida la sociedad conyugal.

Sumado a lo anterior, sostuvo que los testimonios valorados carecían de precisión y de
verdadero sustento probatorio, en la medida en que no indicaban las fechas de
convivencia entre Angie Lorena Gasca Ome y Marco Adrián Artunduaga Gómez, ni
identificaban momentos concretos de cohabitación o circunstancias objetivas que
permitieran reconstruir una línea de tiempo verificable. Asimismo, adujo que no se
acreditó la continuidad de la unión marital de hecho, pues dichos medios de prueba se
limitaron a dar cuenta del rol público y protocolario de Angie Lorena Gasca Ome como
gestora social y primera dama del municipio.

10 Obra en el certificado E9B4DFEDA8D12FF0 EB4846A781771F89 7358E91ADC66AA8B AEA8A43C849AC227,
índice 43, ibid.
11 Obra en el certificado AA9475A05CF500B8 313FB5A1AD2D1F26 A1F172050E4FF38F D659FD4EA839DF44,

índice 46, ibid.
12 Obra en el certificado F86832DFD69240F5 643EC69A15EFBE5F A1E3ECEEA003C1D6 4952D9C47D099172,

índice 54, ibid.
13 Obra en el certificado 7591582EB70514E7 AFE220EA63943E30 8FE967A4914F4B6F C86CB4EA0086C8C2,

índice 56, ibid.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
En este punto, se señaló que las categorías de primera dama y gestora social no tienen
carácter jurídico, sino meramente simbólico y, por ello, tampoco constituyen prueba de
convivencia bajo el mismo techo, cohabitación, vida en común ni singularidad en la
relación. En su lugar, se argumentó que lo que subsistió fue un vínculo de colaboración
pública y de coparentalidad, mas no una comunidad de vida.

En ese sentido, se reprochó a la providencia cuestionada haber realizado una valoración
fragmentada y selectiva del material probatorio, además de tomar como indicio de
convivencia el buen trato y la relación cordial evidenciada en eventos públicos. Tal
razonamiento fue calificado como abiertamente irrazonable, en la medida en que supone
exigir al ciudadano la exhibición de hostilidad o una ruptura total para evitar la
configuración de una inhabilidad electoral.

1.3.2. Asimismo, estimó que se configuró un defecto sustantivo, como consecuencia de
una interpretación extensiva y desbordada de la inhabilidad, pues se vació esta figura de
su carácter excepcional y restrictivo, se la extendió a un supuesto no probado, se amplió
indebidamente el período inhabilitante y se anuló una curul con fundamento en indicios
ambiguos y en una motivación insuficiente, a la luz de lo considerado en las sentencias
SU-261 de 2021 y SU-207 de 2022.

1.3.3. Sumado a lo anterior, reprochó que a sus solicitudes de adición y aclaración se les
hubiera dado una respuesta meramente formal, sin que se revisaran ni corrigieran las
deficiencias en la valoración probatoria ni en la aplicación de la inhabilidad, lo que terminó
por convertir dichos mecanismos en una simple formalidad procesal.

1.3.4. Finalmente, estimó que se le impuso una restricción desproporcionada al derecho
a ser elegido y a ejercer el cargo, se desconoció la voluntad popular del municipio de
Timaná, se le trasladó la carga de probar la inexistencia de la unión marital de hecho con
posterioridad al 31 de enero de 2022 y se construyó un grado de certeza sobre la
configuración de la inhabilidad a partir de una incertidumbre probatoria sustentada en
indicios débiles, lo que implicó una vulneración directa de la Constitución Política.

1.4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte demandante solicitó textualmente:

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

“PRIMERA. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la participación política (derecho a ser
elegido y a ejercer el cargo), consagrados en los artículos 13, 29, 40 y 229 de la
Constitución Política.

SEGUNDA. Dejar sin efectos, La sentencia de segunda instancia del 4 de septiembre
de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado proferida dentro del proceso de
nulidad electoral radicado 41001-23-33-000-2023-00415-01.

TERCERA. Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro del
término que el despacho señale, profiera una nueva sentencia en el proceso de
nulidad electoral referido, en la que:

• Se valore integralmente y con arreglo a la Constitución el acervo probatorio sobre
la existencia y duración de la unión marital de hecho.
• Se aplique un estándar probatorio reforzado, respetuoso del carácter excepcional y
restrictivo de las inhabilidades.
• Se motiven de manera reforzada las conclusiones a las que se arribe, garantizando
la plena vigencia de mis derechos fundamentales.

CUARTA (medida provisional). Como medida provisional (art. 7.º, D. 2591 de 1991),
solicito suspender los efectos de la sentencia de nulidad electoral y de los actos
subsiguientes mediante los cuales se haya producido mi separación efectiva de la
curul o el llamamiento de otro concejal, ordenando mantenerme o reintegrarme
provisionalmente al cargo de concejal de Timaná mientras se decide de fondo la
presente acción de tutela.”14.

2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1. Mediante auto del 18 de diciembre de 2025 15 la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó
notificar16, en calidad de demandada, a la Sección Quinta del Consejo de Estado, y, como
terceros interesados, a Jan Marco Cortés Guzmán, al Consejo Nacional Electoral, al
Concejo municipal de Timaná, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a Derly
Danelly Pedraza Granados, a Jhon Alexander Hernández Barrera, al Tribunal
Administrativo del Huila y “a los demás demandantes, demandados y terceros con interés
que participaron en el proceso de nulidad electoral, entregándoles copia de la demanda
y de los anexos”17.

14 Folios 50 – 51 del certificado 9D8BE99A39977D96 42145A3923C89BF5 3CB13C12A8F30190 685E897DADF83964,

índice 2.
15 Obra en el certificado 71D968ED34AB8B60 595F491291894F84 FC01AE550DDD9E76 FAB2968A7EB43996,

índice 13.
16 Los soportes de notificación obran en los índices 16 y 22. Así mismo, la Secretaría General de esta Corporación

emitió un aviso que obra en el certificado A172088DEC93F69F D1135C4D8B4319B8 5C02604913EE287C
254B7B7F14484F7B, índice 17.
17 Folio 2 del certificado 71D968ED34AB8B60 595F491291894F84 FC01AE550DDD9E76 FAB2968A7EB43996,

índice 13.

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2.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil 18 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos denunciados no tuvieron relación
con sus facultades y funciones asignadas constitucional y legalmente.

2.3. El Consejo Nacional Electoral19 esgrimió la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que afirmó no ser la entidad competente para satisfacer las
pretensiones del accionante.

2.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado20 puso de presente que el tutelante insistió
en la tesis ya planteada en el recurso de apelación, según la cual debía otorgarse mayor
valor probatorio a la Escritura Pública n.º 3504 del 21 de septiembre de 2022. Señaló que
dicha argumentación había sido previamente analizada por el juez natural de la causa, lo
que evidenció que el mecanismo constitucional fue utilizado con el único propósito de
reabrir el debate probatorio.

2.5. Los demás interesados guardaron silencio.

3. Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante fallo del 5 de febrero de 202621, negó
las solicitudes de desvinculación propuestas por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral y declaró improcedente la solicitud de amparo, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

El juez constitucional de primera instancia indicó que todos los argumentos que
sustentaron la demanda de tutela ya habían sido expuestos por la parte actora en el
recurso de apelación interpuesto en sede ordinaria, y que sobre ellos se había adelantado
la correspondiente discusión dentro del proceso de nulidad electoral. En ese sentido,
concluyó que la solicitud de amparo fue utilizada como un recurso adicional para reabrir
un debate ya resuelto por el juez natural de la causa.

18 Obra en el certificado 50BE38D8E619F2AC 3915F1D3E8EDFEEB 6B34E63E2768E0C7 557FDC2A47791BB4,
índice 18.
19 Obra en el certificado CFA33A072679B6D7 6862643197DB87B1 560A3213B47FD089 CB2ACAA69DF1BBBE,

índice 20, la contestación fue reiterada en el certificado D5E8609D56C862F6 91C6A6B12758C536
570B902B243202A6 8A75327B3935BDC2, índice 27.
20 Obra en el certificado 6DCF6E311ABA05CC 2721B758D0FAAB6E C483F2DE0D8F085B 83195ACCEF871B89,

índice 24.
21 Obra en el certificado 435F66E64157521D F3384FF230756C5F 2B8015E4717740C2 B42319EF7866E51A, índice

29.

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4. Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación 22, en la que
sostuvo que el juez constitucional de primera instancia incurrió en un error en la
comprensión del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el criterio para
examinar dicha causal de procedibilidad es la controversia sobre la eventual afectación
de derechos fundamentales y no la circunstancia de que los argumentos propuestos
fueran distintos de los planteados ante el juez natural.

4.1. Así, insistió en que no se realizó una valoración adecuada de la escritura pública n.º
3504, la cual no adolecía de vicio alguno y constituía la prueba directa y principal del
límite temporal de la relación afectiva objeto de examen. A ello se sumó, según indicó,
una aplicación extensiva y desbordada de la causal de inhabilidad invocada por el
demandante en sede ordinaria, razón por la cual enfatizó la configuración de un defecto
fáctico y de un defecto sustantivo, lo que, a su juicio, evidenció la dimensión constitucional
del caso.

4.2. Además, aseguró que la identidad de cargos con el recurso de apelación no convierte
la solicitud de amparo en una instancia adicional, pues es propio de este mecanismo que
exista un alto grado de coincidencia entre los argumentos formulados ante el juez natural
y los planteados ante el juez constitucional. Precisó que lo sometido a escrutinio fue la
forma en que la jurisdicción contencioso administrativa resolvió dichos cargos, en la
medida en que, a su juicio, se desbordaron los límites impuestos por la Constitución.

4.3. En ese sentido, aclaró que la demanda de tutela no se interpuso con el propósito de
sustituir al juez de la nulidad electoral, sino de plantear la configuración de un defecto
fáctico, un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución, cuyo examen, a
su juicio, fue omitido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su criterio, no se
pretendió que el juez constitucional realizara una nueva valoración probatoria desde su
propia óptica, sino que verificara si la decisión adoptada por la Sección Quinta de esta
corporación se ajustó a los estándares de razonabilidad probatoria y al carácter
excepcional y restrictivo de las inhabilidades.

22El 13 de febrero de 2026 a través de la ventanilla virtual. Obra en el certificado 3005C916393960D7
910F4C96491B8943 85F7736A71207F59 4DCF9E2BBFC1B2C6, índice 36.

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4.4. Así, reiteró que cumplió con la carga argumentativa exigida y no se utilizó la acción
de tutela como una instancia adicional, por lo que, textualmente, solicitó:

“1. REVOCAR la sentencia de tutela de primera instancia, proferida el 5 de febrero
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela promovida por HERNÁN GASCA OME.

2. DECLARAR que, en el caso concreto, sí se encuentra cumplido el requisito de
relevancia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, dado que están comprometidos de manera directa los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la participación política (derecho a ser elegido y a
ejercer el cargo), a partir de los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de
la Constitución desarrollados en el escrito de tutela.

3. ORDENAR que se realice el estudio de fondo de la acción de tutela, entrando a
analizar, a la luz de la Constitución y del precedente, la eventual configuración de
los defectos alegados respecto de la sentencia del 4 de septiembre de 2025 y los
autos del 16 y 30 de octubre de 2025 proferidos por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

4. Subsidiariamente, si el superior considera que cuenta con elementos suficientes,
asumir directamente el conocimiento de fondo y, de encontrar probados los
defectos invocados, dejar sin efectos la sentencia de 4 de septiembre de 2025 y los
autos complementarios, adoptando las órdenes necesarias para restablecer
plenamente los derechos fundamentales de mi representado y la voluntad popular
expresada en la elección de concejales del municipio de Timaná”23.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 24 de febrero de 202624 se concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

23 Folios 21 – 22, ibid.
24 Obra en el certificado 6586A1F0C1CDA917 6EB8C63E5BD7E804 1C35DAB805964C92 50DEF69A227289E7,
índice 38.

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2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

3.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”25.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 26 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la
acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual
fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional
está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202227, al pronunciarse
sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

3.2. En el caso concreto, la parte tutelante alega, en esencia, que se incurrió en un
defecto fáctico, en un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución,
pues, pese a que se acreditó mediante escritura pública que su hija y el alcalde del

25 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
26 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
27 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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municipio de Timaná dieron por terminada su unión marital de hecho, el juez ordinario no
otorgó un valor probatorio adecuado a dicho documento. En su lugar, a partir de otros
medios de prueba que consideró indiciarios, concluyó que el vínculo subsistió y aplicó de
manera extensiva la inhabilidad invocada por el demandante en sede ordinaria, para
finalmente acceder a las pretensiones encaminadas a anular el acto de elección del
accionante como concejal del referido municipio.

3.3. Dado que en la demanda de tutela también se reprochó la forma en que el juez
ordinario resolvió las solicitudes de aclaración presentadas por el tutelante dentro del
proceso de nulidad electoral, y que en la impugnación se solicitó dejar sin efectos los
autos del 16 y del 30 de octubre de 2025, esta Sala debe precisar que el escrito
introductorio no satisface la carga argumentativa exigida frente a dichas providencias. En
efecto, se advierte que el actor se limitó a afirmar que tales solicitudes recibieron una
respuesta meramente formal, sin exponer ni demostrar las razones por las cuales los
mencionados autos podrían haber incurrido en alguna de las causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Por el contrario, el planteamiento de
tales reproches se concentró en cuestionar las consideraciones de la sentencia proferida
el 4 de septiembre de 2025.

3.4. Ahora bien, en lo que respecta a los cargos elevados contra el fallo de la Sección
Quinta del 4 de septiembre de 2025, se observa que, como bien lo señaló el a quo y lo
reconoció expresamente la parte demandante, la argumentación propuesta en el recurso
de apelación 28 contra la sentencia del tribunal resulta prácticamente idéntica a la
expuesta tanto en la demanda tuitiva como en la impugnación contra la sentencia de
tutela de primera instancia. Frente a dichos cuestionamientos, la Sección Quinta del
Consejo de Estado se pronunció así:

“Como viene de explicarse, la sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar
o revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la nulidad de
la elección del demandado, al considerar que estaban probados cada uno de los
elementos que configuran la inhabilidad invocada. En particular, el a quo explicó que
la unión marital de hecho entre la señora Angie Lorena Gasca, hija del demandado,
y el señor Marco Adrián Artunduaga Gómez, alcalde de Timaná para el periodo 2020-
2023, se constituyó a partir del 20 de julio de 2019, por ende, se encontraba
demostrado el vínculo en primer grado de afinidad entre él y el señor Hernán Gasca
Ome.

28 Obra en el certificado 9A1DAC8CBE6AED0D D8B97F595CD6C53C CCB17073474528A4 7BF238829DDE7FE5,

índice 142 del expediente 41001233300020230041500 del Tribunal Administrativo del Huila.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Adicionalmente, sostuvo que, si bien es cierto en la escritura pública 3504 del 21 de
septiembre de 2022 se estableció la existencia de una unión marital de hecho entre
ellos, vigente del 20 de julio de 2019 al 31 de enero de 2022, con las demás pruebas
aportadas al proceso (testimonios, un video e imágenes publicadas en la red social
Facebook), era posible colegir que la relación sentimental entre ellos continuó
después de esta última fecha.

Por su parte, el apelante sostiene que el tribunal valoró de manera indebida las
pruebas obrantes en el expediente, dado que la comunidad de vida permanente y
singular entre el señor Marco Adrián Artunduaga y la señora Angie Lorena Gasca
Ome no se extendió más allá del 31 de enero de 2022, fecha en la que, según consta
en la escritura pública, dicha unión finalizó; además, que el a quo lo que encontró
acreditado fue una relación sentimental, la cual no encuadra en la norma invocada
por la parte demandante.

(…)

Así las cosas, conforme al problema jurídico planteado, la controversia se centra en
el elemento parental de la inhabilidad invocada, el cual exige «que exista un vínculo
por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil»; no obstante, este no puede
entenderse de manera aislada, sino, concordante con el elemento temporal,
comoquiera que debe estar probado que el vínculo estuvo vigente durante el año
anterior a la elección del demandado.

Como viene de explicarse, la parte actora afirma que entre los señores Hernán Gasca
Ome y Marco Adrián Artunduaga existe un parentesco en el primer grado de afinidad,
comoquiera que este último es, según señala, el compañero permanente de la señora
Angie Lorena Gasca Ome. Por lo tanto, resulta necesario, como primera medida,
determinar si el señor Artunduaga mantenía una unión marital de hecho con la hija
del demandado durante algún momento del año anterior a las elecciones que se
celebraron el 29 de octubre de 2023.

(…)

Al revisar las pruebas valoradas en primera instancia, se observa que en la escritura
pública 3504 del 21 de septiembre de 2022, la señora Angie Lorena Gasca Ome y el
señor Marco Adrián Artunduaga manifestaron haber convivido como compañeros
permanentes, de manera ininterrumpida, bajo el mismo techo y prestándose ayuda
mutua, desde el 20 de julio de 2019 hasta el 31 de enero de 2022. Además, indicaron
que fruto de dicha relación nació un hijo el 1° de julio de 2022. En el mismo
documento, expresaron su voluntad de reconocer la existencia de la unión marital de
hecho durante ese periodo, así como de liquidar la sociedad patrimonial derivada de
esta.

De la simple lectura de esta prueba documental se puede colegir que la unión entre
la señora Gasca Ome y el señor Artunduaga cesó a partir del 1° de febrero de 2022,
por lo que, en principio, no existiría el vínculo de parentesco dentro del periodo
inhabilitante comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023.

No obstante, la referida escritura pública no constituye el único elemento probatorio
idóneo para determinar el límite temporal de la existencia de la unión marital de hecho
entre la señora Gasca Ome y el señor Artunduaga, toda vez que la parte demandante
aportó otros medios de prueba orientados a demostrar que aquella subsistió más allá
de la fecha consignada en dicho documento. En consecuencia, tales elementos
deben ser valorados de manera integral, con el propósito de esclarecer el supuesto
fáctico objeto de controversia.

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Acción de tutela – Segunda instancia
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Accionante: Hernán Gasca Ome
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En ese sentido, es importante señalar que las imágenes, los documentos, el video y
los testimonios que tuvo en cuenta el a quo no fueron tachados por la parte
demandada, entro del término legal establecido, razón por la cual dichos elementos
probatorios pueden ser apreciados en su totalidad.

Respecto a los testimonios rendidos por los señores Jhon Alexander Hernández
Barrera y Germán Andrés Peña Manzanares, ambos coincidieron en afirmar que
entre la señora Gasca Ome y el señor Artunduaga existieron manifestaciones
públicas que evidenciaban la permanencia de su unión, al menos durante el tiempo
en que él ejerció el cargo de alcalde.

(…)

En relación con el video mencionado por el señor Jhon Alexander Hernández Barrera,
el cual fue aportado por la parte demandante en formato .MP4 y mediante el enlace
al perfil de Facebook de una emisora local, se advierte que fue publicado el 3 de
noviembre de 2023 en el marco de la Feria Ganadera y Comercial celebrada en el
municipio de Timaná. En dicho registro, el señor Marco Adrián Artunduaga se refiere,
en tarima, a la señora Angie Lorena Gasca Ome como su «esposa», expresando de
manera textual:

(…)

Este pronunciamiento, realizado de forma espontánea y en un evento institucional de
carácter público, permite inferir razonablemente que, para la fecha en que se
celebraron las elecciones el 29 de octubre de 2023 (cinco días antes), el vínculo
sentimental entre el señor Artunduaga y la señora Gasca Ome se encontraba vigente.
Ello, en atención a la cercanía temporal entre ambos hechos y a la continuidad de las
manifestaciones públicas que evidencian la existencia de una relación afectiva
estable y reconocida socialmente, que no tuvo interrupción, lo cual se corrobora con
las imágenes aportadas al proceso y que serán analizadas a continuación.

En efecto, se advierte que el tribunal señaló que fueron allegadas «[…] fotografías
tomadas de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Timaná, del alcalde
Municipal de Timaná Marco Adrián Artunduaga y de Angie Lorena Gasca donde se
evidencia la existencia de una relación sentimental entre estos». Aunque no se refirió
a una imagen específica, consideró de manera general que permiten inferir la
existencia del vínculo.

Al respecto, la parte demandante aportó con la demanda más de ochenta (80)
imágenes, acompañadas de los enlaces correspondientes a los perfiles de Facebook
desde los cuales fueron tomadas. Algunos de estos permanecen activos, mientras
que otros han sido deshabilitados.

(…)

Así las cosas, de la valoración integral del acervo probatorio y de los indicios que se
deducen de este, es posible colegir que la unión conformada entre el señor Marco
Adrián Artunduaga y la señora Angie Lorena Gasca no finalizó el 31 de enero de
2022, como se indicó en la escritura pública, sino que, por el contrario, se mantuvo
vigente. Ello se evidencia en las múltiples manifestaciones de apoyo, solidaridad y
afecto entre ambos, propias de una relación estable con vocación de permanencia,
en la que se compartían aspectos esenciales de la vida, orientados al bienestar
común y al desarrollo personal, social, profesional y laboral, desde su inicio en 2019.

Luego entonces, pese a lo indicado por la parte demandada, las pruebas obrantes
en el expediente no evidencian la existencia de una mera «relación sentimental». En
contraste, se configuran los elementos propios de una unión marital de hecho, siendo

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07327-01
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evidente que los compañeros permanentes expresaban públicamente su afecto y
que, a través de sus redes sociales, se proyectaba de manera abierta la existencia
de un núcleo familiar conformado por ambos y su hijo.

Asimismo, se acreditó que la señora Gasca participaba activamente en eventos y
actividades institucionales de la alcaldía, como «gestora social» o «primera dama»,
conforme lo señalaron los testigos, cuyas declaraciones resultan concordantes con
las imágenes y el video incorporado al proceso, lo cual debilita aún más la tesis
sostenida por la parte accionada. Por consiguiente, esta Sección Electoral concuerda
con las conclusiones a las que arribó el a quo sobre el particular.

(…)

En consecuencia, se encuentra acreditado que el señor Hernán Gasca Ome ostenta
un vínculo en primer grado de afinidad con el señor Marco Adrián Artunduaga, lo que
satisface el elemento parental de la inhabilidad alegada”29.

3.5. Una vez expuesto lo anterior, se observa que la Sección Quinta del Consejo de
Estado efectuó una valoración probatoria en la que tuvo en cuenta la escritura pública
mediante la cual se declaró la terminación de la unión marital de hecho, así como los
demás elementos de prueba aportados por el demandante en sede ordinaria. A partir de
un análisis conjunto del acervo probatorio, concluyó que se configuró la causal de
inhabilidad invocada.

A partir de lo expuesto y frente a los argumentos formulados tanto en la demanda de
tutela como en la impugnación, resulta necesario que esta Subsección enfatice que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional citada en este capítulo, el solo hecho de
haber propuesto un nuevo examen sobre la existencia o no del vínculo entre la hija del
actor y el alcalde del municipio para el cual fue elegido concejal —cuestión idéntica a la
ya resuelta en el proceso ordinario— evidencia la intención de utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional. Esta conclusión se ve reforzada al constatarse que no
existió una valoración caprichosa o arbitraria de los medios de prueba, sino que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en aplicación del principio de valoración integral
y conjunta del acervo probatorio, concluyó que existían otros elementos materiales
suficientes para desvirtuar lo declarado en la escritura pública n.º 3504. En consecuencia,
los cargos aquí examinados obedecen a un mero desacuerdo con la decisión adoptada
por el juez natural del asunto.

3.6. Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio,

29 Folios 12 – 22 del certificado 288EA73C096C038E A2EBCCB1D7503F48 DCD7CD12F2D29561
CF125D2E91240AAC, índice 39 del expediente 41001233300020230041501 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

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las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación del tutelante sobre
la de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

3.7. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada30, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa31.

4. En consecuencia, se advierte que los cargos formulados en la solicitud de amparo no
superan el requisito general de relevancia constitucional, lo que conduce a que la acción
de tutela resulte improcedente. En ese sentido, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

30 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
31 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Acción de tutela – Segunda instancia
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Accionante: Hernán Gasca Ome
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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