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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00039-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00039-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por el apoderado del demandado, con el fin de que se dicte sentencia de unificación en el presente asunto. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 9 de abril de 2025, por medio de la cual la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre accedió a la pretensión de nulidad del acto de elección de José Fernando Pérez Pérez como personero de Corozal (Sucre), periodo 2024-2028, conforme las consideraciones de la presente decisión. En su lugar, se niegan las pretensiones de las demandas. TERCERO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Sucre para que, en lo sucesivo, resuelva todos cargos planteados en las demandas de nulidad electoral. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2024-00039-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)
70001-23-33-000-2024-00040-00
70001-23-33-000-2024-00045-00
70001-23-33-000-2024-00053-00
Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero municipal de
Corozal (Sucre), para el periodo 2024-2028

Temas: Elección de personero municipal. Requisitos para la
realización del concurso de méritos -convenio con
universidad pública-. Idoneidad de la institución educativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección resuelve el recurso de apelación presentado por el demandado, mediante
apoderado judicial, contra la sentencia del 9 de abril de 2025, por medio de la cual la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad del
acto de elección acusado, de conformidad con los artículos 1501 y 152.7 literal b)2
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), así como con el 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 (modificado
por el 434 de 2024), ambos, de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1. A través del medio de control de nulidad electoral, Pablo Enrique Márquez de
la Hoz , Luis Donaldo Larios Mejía4, la Universidad Popular del Cesar (UPC)5, Ana
3

Gabriela Henao Herrera6 e Iván Darío Guerra Mieles7 demandaron el acto de

1 «COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE
RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
2 «COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los

tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los
siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: […] b) De la nulidad de la elección de los contralores
departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con
setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento».
3 El 21 de febrero de 2024.
4 Ibidem.
5 El 26 de febrero de 2024.
6 Procuradora 103 Judicial I para Asuntos Administrativos de Sincelejo. El 7 de marzo de 2024.
7 Procuradora 164 Judicial II para Asuntos Administrativos de Sincelejo. El 7 de marzo de 2024.

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1

Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

elección de José Fernando Pérez Pérez como personero municipal de Corozal
(Sucre), periodo 2024-2028, el cual consta en el Acta 003 del 10 de enero de 2024,
proferida por el concejo de dicho municipio.

2. Como argumento de sus demandas8, expusieron que el acto de elección
acusado fue expedido de manera irregular, con falta de competencia e infringió las
normas en que debía fundarse. En primer lugar, afirmaron que el vicerrector
administrativo de la UPC (institución con la cual el Concejo Municipal de Corozal
celebró convenio interadministrativo para la escogencia del personero de ese
municipio) no tenía la competencia para suscribir dicho contrato, por tanto, la UPC
no lo hizo ni autorizó negocio jurídico alguno con el Concejo Municipal de Corozal.

3. Asimismo, sostuvieron que hubo múltiples ilegalidades en las actuaciones
administrativas adelantadas por el funcionario aludido, quien carecía de competencia
desde el 20 de noviembre de 2023 y, aun así, continuó emitiendo actas y documentos
que fueron acogidos por la corporación pública referida, pese a conocer su falta de
atribuciones, como ocurrió con la expedición de la Resolución 004 de 20249 y el acto
de nombramiento, los cuales desconocen la inexistencia de estudios, reglamentos,
protocolos o actos contractuales que respaldaron la participación de la universidad.

4. En segundo lugar, señalaron que el proceso de elección vulneró el principio
de transparencia al no garantizar la reserva de las preguntas de la prueba de
conocimientos, exigencia prevista en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 y
en el artículo 3.° del CPACA. Por consiguiente, precisaron que la UPC, como entidad
encargada de apoyar el concurso, no implementó protocolos efectivos de custodia ni
de seguridad para preservar la confidencialidad de los cuestionarios, omisión que
quebrantó la cadena de custodia y generó una expedición irregular del acto.

5. En tercer lugar, expusieron que se desconocieron los derechos de
contradicción, defensa y debido proceso, pues se presentó reclamación contra los
resultados de la prueba de conocimientos, la cual, no fue resuelta por la UPC dentro
del plazo fijado en la Resolución 056 de 2023, ni tampoco por el Concejo Municipal
de Corozal, situación que vulneró garantías constitucionales.

6. En cuarto lugar, adujeron que la corporación pública en comento modificó de
manera arbitraria las reglas de calificación, al introducir fórmulas no previstas en la
resolución y así publicaron porcentajes inconsistentes que ubicaban al candidato
electo por debajo del mínimo exigido para superar la prueba de conocimientos (70%).

7. Por otra parte, indicaron que la UPC no dispone de la infraestructura
administrativa, logística ni técnica necesaria para garantizar procesos de selección
transparentes y objetivos, toda vez que carece de reglamento, banco de preguntas,
protocolo de confidencialidad y comisiones de servicio para ejecutar este tipo de
convenios, lo cual desconoce los estándares mínimos establecidos por la
jurisprudencia y la normativa aplicable.

8 Índice 1 de los expedientes 2024-00039-00, 2024-00040-00, 2024-00045-00 y 2024-00053-00.
9 Por medio de la cual se dio a conocer los resultados definitivos de la prueba escrita de conocimientos

y competencias laborales.

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

8. Además de lo expuesto, para el extremo actor, el concurso no contó con el
apoyo de una entidad idónea, como lo exige la sentencia C-105 de 2013 de la Corte
Constitucional y las disposiciones del Decreto 1083 de 2015.

9. Por último, trajeron a colación la violación del principio de publicidad, dado que
el acta de elección no fue puesta en conocimiento de los interesados, además, se
eliminaron registros audiovisuales de sesiones del Concejo Municipal, con lo cual se
obstaculizó el control ciudadano.

B.- Posición de la parte demandada e intervenciones en primera instancia

10. El demandado, a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones10, conforme los siguientes argumentos:

a) Sostuvo que su elección como personero municipal de Corozal, para el
periodo 2024-2028, se desarrolló acorde al marco constitucional y legal vigente,
mediante un concurso de méritos adelantado con el acompañamiento de la UPC,
que cumplió con los parámetros normativos, garantizó la transparencia y se ajustó
a los actos administrativos expedidos para el efecto.

b) Destacó que los actos administrativos relacionados con la contratación del
operador, entre ellos, la Resolución 050 del 23 de junio de 2023, se expidieron con
fundamento normativo y en observancia de los principios de imparcialidad,
publicidad y transparencia establecidos en el Decreto 1083 de 2015.

Afirmó que la UPC fue seleccionada por su idoneidad y experiencia, con respaldo
en informes de evaluación que acreditaron sus condiciones técnicas, frente a lo
cual, destacó que la representación legal ejercida por el vicerrector administrativo
estuvo soportada en delegación expresa contenida en la Resolución 1375 del 4
de agosto de 2022 y con fundamento en la Ley 489 de 1998, lo que legitimaba la
suscripción del convenio interadministrativo.

Además, puso de presente que la posterior revocatoria de la delegación
(Resolución 3751 del 20 de noviembre de 2023) nunca fue notificada al concejo
municipal, razón por la cual no podía afectar retroactivamente la validez de actos
perfeccionados.

c) Expuso que la Resolución 056 del 14 de julio de 2023, mediante la cual se
convocó y reglamentó el concurso, fue emitida y ejecutada en debida forma, de
manera que las actas del proceso evidencian la admisión y exclusión de
candidatos, así como que el accionado fue el único que superó el umbral mínimo
de calificación, a saber, más del 70% exigido para conformar la lista de elegibles,
conforme al Acta 003 del 30 de noviembre de 2023.

10 Índices 19 del expediente 2024-00039-00; 17 del expediente 2024-00040-00; 27 del expediente

2024-00045-00 y 18 del expediente 2024-00053-00.

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

En tal sentido, sostuvo que el concurso de méritos se ejecutó con observancia de
las etapas previstas, la práctica de las pruebas y la publicación de resultados, sin
que se evidenciaran irregularidades, situación que fue corroborada por la
Procuraduría Regional del Cesar.

d) Por otra parte, aseguró que las afirmaciones del extremo demandante carecen
de sustento jurídico y probatorio, pues corresponden a valoraciones subjetivas sin
incidencia en la validez del proceso y, por consiguiente, enfatizó que los actos
administrativos de apertura y desarrollo del concurso fueron publicados en legal
forma, dado que el convenio interadministrativo celebrado con la universidad fue
suscrito por autoridad competente, situación que evidenció la idoneidad técnica de
la institución encargada.

En ese mismo sentido, trajo a colación la presunción de legalidad de los actos
administrativos y expuso que la decisión del Concejo Municipal de Corozal que lo
declaró electo se encuentra amparada por la validez jurídica y no ha sido
desvirtuada por los argumentos de los demandantes.

e) Planteó las excepciones previas de ineptitud sustantiva de la demanda, por
carecer de claridad, certeza y suficiencia en la formulación de los cargos, al
basarse en apreciaciones especulativas e imprecisas que no permiten estructurar
una verdadera causal de nulidad.

A su vez, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa, frente a la
demanda presentada por la UPC11, pues, la facultad para solicitar la nulidad del
acto acusado corresponde únicamente a los «ciudadanos naturales», conforme lo
establece el artículo 139 del CPACA, y no a las personas jurídicas.

Asimismo, invocó la existencia de pleito pendiente, dado que cursaba un proceso
sobre las mismas partes, pretensiones y causa, lo que impide la duplicidad de
decisiones.

En conclusión, sostuvo que la acción incoada carece de soporte fáctico y jurídico
suficiente, se dirige contra actos amparados por presunción de legalidad y
desconoce la existencia de un proceso en curso sobre el mismo objeto, razones
por las cuales solicitó negar las pretensiones de la demanda.

11. Por su parte, el municipio de Corozal (Sucre)12, en síntesis, expuso
argumentos concordantes con la defensa del demandado.

12. Agregó que el Concejo Municipal de Corozal autorizó la contratación de la
UPC para adelantar el concurso de méritos, mediante un convenio que cumplió con
los principios de transparencia, publicidad y planeación previstos en la Ley 80 de
1993, cuyas etapas fueron debidamente publicadas en la plataforma SECOP II.

11 Expediente 2024-00045-00.
12 Intervino en los procesos con radicado 2024-00040-00 (índice 18 Samai) y 2024-00045-00 (índice

28 Samai).

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Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
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13. Sostuvo que no se demostró la existencia de irregularidades sustanciales,
dado que las alegaciones del actor son meras afirmaciones sin respaldo probatorio
y, conforme a la jurisprudencia electoral, solo los vicios sustanciales que afecten el
debido proceso o el resultado de la elección tienen la capacidad de invalidar un acto
administrativo. Por el contrario, referenció que la Procuraduría Regional del Cesar
constató la existencia de los documentos contractuales, lo que desvirtúa las
acusaciones de ausencia de estudios previos o reglamentos en el desarrollo del
proceso de contratación del operador logístico.

14. Por otra parte, cuestionó la estructura de la demanda, a la que calificó de
inepta por no exponer con claridad las causales de nulidad ni el concepto de
violación, exigido por el artículo 162 del CPACA, toda vez que cualquier
inconformidad relacionada con el contrato debía ventilarse mediante el medio de
control de controversias contractuales y no a través de la nulidad electoral.

C.- Trámite previo al fallo y sentencia recurrida

15. En el trámite del proceso, previo a proferir la sentencia de primera instancia,
el Tribunal Administrativo de Sucre, en auto del 5 de septiembre de 202413 decretó la
acumulación de los expedientes 2024-00039-00, 2024-00040-00, 2024-00045-00 y
2024-00053-00, además, tuvo como principal al primero de los referidos. Luego, en
providencia del 17 de octubre de 202414, se negaron las excepciones previas
propuestas, se ordenó adelantar el trámite de sentencia anticipada y se fijó el litigio
en los siguientes términos:

Determinar si es nulo el Acto de Elección del señor José Fernando Pérez Pérez como
Personero del Municipio de Corozal -Sucre-, para el periodo 2024-2028.

16. Por último, en ese mismo auto, se concedió el término de 10 días para que las
partes alegaran por escrito y el Ministerio Público rindiera concepto.

17. Luego, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre,
mediante sentencia del 9 de abril de 202515, declaró la nulidad del acto de elección
de José Fernando Pérez Pérez como personero de Corozal (Sucre), para el periodo
2024-2028.

18. Para el efecto, expuso las causales de nulidad alegadas por el extremo
demandante y, en torno a ello, precisó que la expedición irregular se sustentó en que
el vicerrector administrativo de la UPC carecía de competencia para celebrar el
convenio que le permitió adelantar el concurso de méritos para elegir al personero
municipal de Corozal. A su vez, puso de presente que la infracción de las normas en
que debería fundarse se argumentó en que el concurso «no fue apoyado por una
entidad idónea».

13 Índice 3 Samai. Archivo: «045AutoDecretaAcumulacion».
14 Ibidem. «055AutoOrdenaCorrerTrasladoAlegatos».
15 Índice 3 Samai. Archivo: «076Sentencia».

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19. Seguidamente, la sentencia hizo un recuento de los hechos acreditados en el
proceso. En ese orden, a partir de las pruebas aportadas al expediente, entre otros
supuestos, tuvo como acreditado: (i) la delegación al vicerrector administrativo de la
enunciada universidad para suscribir contratos estatales; (ii) la adjudicación de aquel
por parte del concejo municipal a la referida institución de educación con el fin de
adelantar el concurso; (iii) el negocio jurídico y el acta de inicio «presuntamente»
suscrito por el vicerrector; (iv) una comunicación que el rector de la universidad dirigió
al concejo con el fin de advertirle que no autorizó la suscripción del mismo; y (v) la
existencia de una denuncia penal en la que el vicerrector de la universidad informó
que su firma fue permitida sin autorización para firmar convenios interadministrativos.

20. Luego se resolvió, en lo atinente al cargo de expedición irregular, que en la
denuncia penal presentada por el vicerrector administrativo se narró que la firma de
este fue utilizada para suscribir el convenio interadministrativo con la UPC, cuyo
objeto era adelantar el concurso de méritos para proveer el cargo de personero de
Corozal.

21. Conforme a ello, esgrimió que se trató de una irregularidad no subsanada por
el Concejo Municipal de Corozal durante el trámite del concurso y, por consiguiente,
concluyó, que el trámite se adelantó sin garantizar los principios de transparencia,
moralidad administrativa y derecho al debido proceso, en tanto el convenio
interadministrativo era «[…] aparentemente inexistente (acuerdo por escrito sobre el
objeto del convenio y la contraprestación) [énfasis del original]», aspecto probado
con la denuncia penal del vicerrector administrativo en la que señaló no haber firmado
el negocio jurídico aludido.

22. Por otra parte, encontró fundado el cargo de infracción de las normas en que
debía fundarse, toda vez que «[…] el Jefe de la Oficia [sic] Jurídica de esa
Universidad certificó que la mencionada institución de educación superior “…no tiene
constituido ni aprobado un reglamento, banco de preguntas, protocolo de
confidencialidad y seguridad para el desarrollo de concursos públicos para la
selección de personeros». [énfasis del original].

23. En ese orden, concluyó que la referida universidad no contaba con las
herramientas técnicas, académicas y profesionales para apoyar el concurso de
mérito para proveer el cargo de personero y, en consecuencia, no era idónea para
adelantarlo, por cuanto no tuvo voluntad para celebrarlo. Todo lo anterior lo apoyó en
un antecedente jurisprudencial de tutela proferido por esta Corporación16.

24. El fallo fue notificado por correo electrónico el 22 de abril de 202517.

D.- Recurso de apelación de la parte demandada

16 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Sentencia del 3 de diciembre de 2024, Referencia:
Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2024-05901-00. Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón
Perilla. Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá».
17 Índice 3 Samai. Archivo: «077Soporte notificación Sentencia de fecha 0».

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25. El demandado, a través de apoderado judicial, apeló la decisión18 bajo el
entendido que incurrió en defecto fáctico, valoración errónea de la prueba y, además,
transgredió las reglas del debido proceso en la aplicación de la norma que regula la
nulidad de la elección de personeros.

26. En primer lugar, alegó que la sentencia de primera instancia se fundamentó
en pruebas que no fueron ratificadas ni controvertidas en el trámite judicial, por tanto,
solicitó su exclusión, pues, según su dicho, fueron obtenidas de los procesos penal
y disciplinario, en los cuales el demandado no fue sujeto procesal. En concreto, se
refirió a las siguientes:

a) «Denuncia penal [sic] de noviembre 14 de 2023 ante la Fiscalía General de la
Nación».

b) «Comunicación de la Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del
Cesar al Procurador Regional de Instrucción del Cesar».

c) «Certificación del Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del
Cesar del 27 de noviembre de 2023».

d) «Acta de Inspección Disciplinaria realizada el 27 de diciembre de 2023».

e) «Certificación emitida el 2 de enero de 2024 por el Rector de la Universidad
Popular del Cesar al Concejo Municipal de Corozal».

27. Así las cosas, indicó que como no hubo contradicción de aquellas, según lo
exigen los artículos 214 del CPACA y 174 del Código General del Proceso (CGP), se
viciaron de nulidad las pruebas y, a su vez, la sentencia de primera instancia.

28. En segundo lugar, reprochó un error en la valoración probatoria, en específico,
de la declaración juramentada rendida por el vicerrector de la UPC que desvirtuaba
las afirmaciones frente a la irregularidad en la expedición del convenio entre la UPC
y el Concejo Municipal de Corozal. Asimismo, precisó que dicho medio de prueba
debía analizarse conforme las reglas establecidas en el artículo 165 del CGP y, por
ende, no omitir su análisis.

29. Contrario a ello, sustentó que una denuncia, la cual «[…] no fue siquiera
acompañada de resolución de apertura de investigación o formulación de cargos por
parte de la Fiscalía […]» no puede considerarse como prueba de que el convenio
interadministrativo incurrió en alguna irregularidad.

30. Luego, trajo a colación la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta
Corporación19 para acotar que los actos administrativos que dieron lugar a la

18 Índice 3 Samai. Archivos: «Principal\081MemorialRecursodeApelacion» y
«Principal\088AdicionRecursoApelacion».
19 Citó, entre muchas otras, las siguientes providencias: «sentencia del 27 de abril de 2023, Radicado

No. 11001-03-28-000-2022-00024-00 (Consejero Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio)» y
«sentencia del 16 de septiembre de 2021, Radicado No. 11001-03-28-000-2021-00053-00 (Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez)».

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suscripción y ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre la UPC y el
concejo referido gozan de presunción de legalidad, pues, a la fecha, no han sido
suspendidos ni anulados por la autoridad judicial.

31. Por consiguiente, concluyó que el vicerrector administrativo de la UPC era
competente y estaba facultado para suscribir el citado convenio, cuyo objeto era
llevar a cabo el concurso de méritos para elegir al personero municipal de Corozal,
tal como consta en las funciones delegadas como ordenador del gasto y en la
declaración juramentada.

32. En tercer lugar, afirmó que no se tuvieron en cuenta las pruebas20 referidas a
que la UPC es una institución de educación superior pública, reconocida como tal
por el Ministerio de Educación. En ese sentido, aseguró que cuenta con la idoneidad
jurídica para «[…] actuar como ejecutora del proceso de elección del personero
municipal de Corozal».

33. Finalmente, sostuvo que el concurso público de méritos para elegir personero
municipal de Corozal no estuvo viciado por actuaciones fraudulentas, arbitrarias o
ilegales ni, mucho menos, afectó los principios del mérito y la transparencia.

E.- Trámite de segunda instancia

34. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 29 de julio de 202521,
en el que se ordenó adelantar el trámite previsto en los artículos 292 y 293 del
CPACA, término dentro del cual algunos demandantes y el demandado presentaron
sus alegatos, mientras que el Ministerio Público no rindió concepto.

35. El demandante, Pablo Enrique Márquez de la Hoz, en oportunidad 22, reiteró
todos los cargos de su demanda y, además, solicitó confirmar la sentencia del 9 de
abril de 2025, bajo el entendido que se acreditó la violación del debido proceso
administrativo, pues, los actos expedidos con ocasión del concurso público de
méritos para elegir personero municipal de Corozal fueron suscritos por el vicerrector
de la UPC, quien no tenía capacidad legal y jurídica para ello.

36. Asimismo, indicó que la UPC tampoco tenía capacidad para apoyar y
adelantar las fases del concurso referido.

37. El accionante, Luis Donaldo Larios Mejía, pidió23 confirmar la sentencia de
primera instancia, en tanto se probó en el proceso que el vicerrector de la UPC no
tenía competencia para celebrar el convenio interadministrativo cuyo objeto era

20 En concreto, se refirió a: «(i) el acto administrativo interno de la Universidad que faculta
expresamente al Vicerrector para suscribir convenios de cooperación institucional en nombre de la
entidad, (ii) el certificado de existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación
Nacional, que confirma el reconocimiento como institución de educación superior pública con
personería jurídica, autonomía administrativa y capacidad para actuar como contratista en procesos
de carácter público, y (iii) antecedentes de otros convenios similares celebrados por dicha universidad
con entidades territoriales para la selección de personeros municipales […]».
21 Índice 5 Samai.
22 Índice 10 Samai.
23 Índice 13 Samai.

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
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adelantar el concurso de méritos para elegir al personero de Corozal y, además,
porque aquella institución no era idónea para esos efectos.

38. El demandado, actuando a través de apoderado judicial, solicitó24 revocar la
providencia que declaró la nulidad de su elección y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda. Al respecto, reiteró los argumentos del escrito de
apelación.

39. Por otra parte, en memorial del 19 de agosto de 202525, requirió que la Sala
Plena de esta Corporación dicte sentencia de unificación por importancia jurídica y
la necesidad de unificación jurisprudencial.

40. Sobre esta última, alegó que se requiere precisar el alcance de la presunción
de legalidad de los actos administrativos relacionados con concursos de méritos en
los procesos de elección de personeros municipales y, además, consolidar «[…]
criterios uniformes sobre la competencia, el debido proceso, la imparcialidad y la
buena fe en la actuación administrativa […]».

41. Asimismo, argumentó la necesidad de unificar la jurisprudencia en torno al
cumplimiento de los requisitos de existencia y perfeccionamiento de los convenios
interadministrativos; aplicación y límites de las cláusulas exorbitantes en la fase de
ejecución contractual y, además, la validez del proceso de selección de personeros
municipales conforme los principios de igualdad, transparencia, objetividad,
imparcialidad y mérito.

42. En punto de estos últimos, enfatizó que se requiere precisar el alcance de los
principios constitucionales que rigen la función administrativa, en especial, el de
transparencia. Sumado a lo expuesto, solicitó unificar lo atinente a la competencia
de los funcionarios delegados para suscribir convenios interadministrativos, según lo
previsto en la Ley 489 de 1998.

43. Además, alegó que se debe unificar lo relacionado con el principio de
conservación del acto administrativo, fijado en el artículo 237 del CPACA, en tanto
que debe preferirse la estabilidad institucional en vez de vicios procedimentales
inocuos, el interés general antes que la anulación del acto. Asimismo, sustentó que
debía precisarse el alcance de los actos propios y de la confianza legítima en los
procesos de elección.

44. Por otra parte, frente a la importancia jurídica, afirmó que se plantearon
cuestionamientos sobre supuestos vicios de competencia en la suscripción del
convenio interadministrativo celebrado entre la UPC y el Concejo Municipal de
Corozal, lo cual exige que la Sala Plena de esta Corporación precise en quién recae
la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos derivados de aquel.

24 Índice 12 Samai.
25 Índice 16 Samai.

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

45. Finalmente, agregó que el debate suscitado es de especial importancia, pues
se cuestiona la validez de la elección del personero municipal de Corozal y, a su vez,
la legitimidad del convenio interadministrativo referido.

II. CONSIDERACIONES

46. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de
la elección de José Fernando Pérez Pérez como personero de Corozal (Sucre),
periodo 2024-2028. En ese sentido, se hará referencia, por un lado, a la solicitud de
unificación jurisprudencial elevada por la parte demandada y, por otro, a las
vicisitudes contractuales que derivaron del contrato interadministrativo suscrito entre
la UPC y el Concejo Municipal de Corozal, además, a la idoneidad de aquella para
apoyar y adelantar el concurso público de méritos que culminó con la elección del
demandado.

2.1. Cuestión previa – solicitud de unificación jurisprudencial

47. Como se anticipó, el demandado solicitó, en el término para que el Ministerio
Público rindiera concepto, que se dicte una sentencia de unificación por razones de
importancia jurídica y la necesidad de unificar la jurisprudencia.

48. En primer lugar, en punto de la competencia de la Sección Quinta para decidir
la solicitud de unificación jurisprudencial, elevada por la parte demandada, se tiene
que el artículo 271 del CPACA dispone que «[…] el Consejo de Estado podrá asumir
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria […]», lo
cual implica que la facultad no es única y exclusiva de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.

49. Esto último, por remisión de las secciones o subsecciones, de los tribunales,
o a petición de parte, así como por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público, mientras que las secciones que integran
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias
y autos de unificación cuando los aspectos «[…] provengan de las subsecciones de
la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los
tribunales, según el caso».

50. En consonancia con lo expuesto, se advierte que el reglamento interno del
Consejo de Estado26, en el ordinal 2.° del artículo 14 dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 14°.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU
ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá competencia
para: […]

2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en
relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de

26 Contenido en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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oficio, por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los
Tribunales Administrativos. [Énfasis de la Sala].

51. Así las cosas, resulta evidente que esta Sala de lo Electoral puede decidir la
petición formulada por el apoderado del personero municipal de Corozal, en tanto el
asunto proviene del Tribunal Administrativo de Sucre y, a su vez, es esta Sección del
Consejo de Estado, conforme el criterio de especialidad27, la competente para
decidir, en sede de unificación, los cargos formulados por aquel.

52. En segundo lugar, se observa que la solicitud de importancia jurídica y
unificación jurisprudencial se allegó: (i) por el apoderado de la parte demandada en
el presente proceso; y (ii) antes del registro de la ponencia de fallo. Por consiguiente,
están acreditados los requisitos de oportunidad y legitimación que establece el
artículo 271 del CPACA28.

53. En lo referido a la carga argumentativa29 se advierte que la expuesta por el
solicitante no es suficiente para acceder a tal petición, conforme se expondrá a
continuación.

54. Al respecto, se encontró que para el demandado se debe unificar la
jurisprudencia en lo atinente a la presunción de legalidad de los actos administrativos;
carga de la prueba sobre la validez del convenio interadministrativo celebrado entre
la UPC y el Concejo Municipal de Corozal y la Resolución 003 de 2024; la existencia,
perfeccionamiento y validez de dicho convenio y la legitimad del proceso de selección
del demandado; cumplimiento del principio de transparencia y competencia del
vicerrector de la UPC; y sobre el principio de conservación del acto administrativo y
protección del interés general.

55. En efecto, lo que se deriva es que para el demandado todos los reproches
contenidos en el recurso de apelación, formulado contra la sentencia de primera
instancia, deben ser resueltos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, sin que identificara la jurisprudencia proferida por esta Sección
Quinta que, a su juicio, es contradictoria en los tópicos descritos.

56. Dicho, en otros términos, el escrito elevado el 19 de agosto de 2025 se limita
a reiterar los argumentos por los cuales, a juicio del demandado, debe revocarse la
sentencia de primera instancia, pero en ningún momento explica y desarrolla cómo
tales posiciones son discordantes en la Sala de lo Electoral del Consejo de Estado y
por qué requieren de una decisión que unifique lo citado.

27 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Sentencia del 27 de marzo de 2025, radicado: 05001-23-33-000-2023-01215-01, MP. Gloria
María Gómez Montoya.
28 «Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo». [énfasis
de la Sala].
29 «La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del

proceso y las razones que determinan la importancia jurídica trascendencia económica o social o la
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación».

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57. Asimismo, se tiene que de manera indistinta refirió como razón de dictar
sentencia de unificación la importancia jurídica, pues, según su criterio, se plantearon
cuestionamientos sobre supuestos vicios de competencia en la suscripción del
convenio interadministrativo celebrado entre la UPC y el Concejo Municipal de
Corozal y, además, porque se está cuestionando la validez de la elección del
personero municipal de Corozal y la legitimidad del convenio interadministrativo
referido.

58. Sin embargo, lo expuesto solo se trata de manifestaciones y, en ese sentido,
en nada explican cómo el tema objeto de la solicitud de unificación reviste un «[…]
interés jurídico superlativo dada su novedad, dificultad teórica y/o práctica o impacto
sobre el ordenamiento jurídico»30.

59. En ese mismo sentido, el solo hecho de alegar unos supuestos vicios de
competencia en un convenio interadministrativo y el cuestionamiento en la elección
de un personero municipal no lleva a determinar que tal reproche «[…] (i) toca bienes
o instituciones materiales o inmateriales que figuran dentro de la más elevada escala
de protección estatal, (ii) demanda la construcción de un parámetro de interpretación
que resulta necesario para el orden normativo mismo, (iii) propugna por un avance
significativo en la tradición jurídica nacional o internacional, (iv) el constituyente o
legislador le han dado esa connotación, (v) o porque el desarrollo jurisprudencial así
lo sugiere»31.

60. Así las cosas, se negará la petición elevada por el apoderado del demandado,
consistente en que se dicte una sentencia de unificación.

2.2. Caso concreto

61. Tal como se expuso, el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad de
la elección de José Fernando Pérez Pérez como personero municipal de Corozal,
periodo 2024-2028, por cuanto encontró acreditadas la expedición irregular y la
infracción de las normas en que debía fundarse el acto demandado.

62. En efecto, sostuvo que el Concejo Municipal de Corozal y la Universidad
Popular del Cesar celebraron un convenio interadministrativo para que esta última
institución apoyara y adelantara el concurso de méritos para elegir al personero del
citado municipio; sin embargo, dicho acuerdo fue «[…] aparentemente […]
inexistente […]», pues, el vicerrector administrativo de aquella denunció que su firma
fue falsificada, lo que de suyo implicó la falta de un requisito para su
perfeccionamiento.

63. Por otra parte, consideró que la Universidad Popular del Cesar no era idónea
para ejecutar el objeto del contrato, en tanto no contaba con las herramientas

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección «C». Auto

del 26 de marzo de 2015, radicado: 54001-23-31-000-2002-01809-01 (42523), MP. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 27 de febrero

de 2025, radicado: 11001-03-28-000-2025-00021-00, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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técnicas, académicas y profesionales para ello, según lo certificó el jefe de la oficina
jurídica de la UPC.

64. Contrario a ello, indicó el apelante que la sentencia de primera instancia se
fundamentó en pruebas trasladadas que no fueron objeto de contradicción, por ende,
solicitó la exclusión de aquellas al vulnerar el debido proceso.

65. Además, reprochó un error en la valoración probatoria, aspecto que, a su
juicio, conllevó que se pasara por alto que los actos administrativos, que dieron lugar
a la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre la UPC y
el concejo, gozan de presunción de legalidad, en tanto a la fecha no han sido
suspendidos ni anulados por alguna autoridad judicial.

66. Asimismo, alegó que la UPC es una institución de educación superior pública,
reconocida como tal por el Ministerio de Educación. De ahí que, a su juicio, resulta
idónea para «[…] actuar como ejecutora del proceso de elección del personero
municipal de Corozal».

67. A partir de lo expuesto, advierte la Sala que la controversia consiste en
determinar si se deben excluir las pruebas que por no cumplir el requisito de la
contradicción para ser trasladadas desconocieron el debido proceso; si el convenio
interadministrativo celebrado entre la UPC y el Concejo Municipal de Corozal no
surgió a la vida jurídica por supuestas irregularidades en su suscripción y, por último,
si la institución educativa referida era idónea para adelantar el concurso público de
méritos para elegir personero municipal.

68. En ese orden de ideas, la cuestión jurídica trazada se abordará con sujeción
estricta a los argumentos planteados en la apelación, precisión que se sustenta en
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso32 (CGP), que prescriben que
dicho medio de impugnación tiene por objeto que el superior examine la decisión,
únicamente, en relación con los reparos concretos formulados por la parte recurrente.

69. En primer lugar, se tiene que el apelante alegó la exclusión de algunas
pruebas por vulnerar el debido proceso, en tanto fueron obtenidas dentro de una
causa penal y disciplinaria, en las que el demandado no fue parte. En concreto, hizo
referencia a las siguientes:

a) «Denuncia penal [sic] de noviembre 14 de 2023 ante la Fiscalía General de la
Nación».

b) «Comunicación de la Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del
Cesar al Procurador Regional de Instrucción del Cesar».

c) «Certificación del Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del
Cesar del 27 de noviembre de 2023».

d) «Acta de Inspección Disciplinaria realizada el 27 de diciembre de 2023».

32 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

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e) «Certificación emitida el 2 de enero de 2024 por el Rector de la Universidad
Popular del Cesar al Concejo Municipal de Corozal».

70. Al respecto, se advierte que tales probanzas fueron aportadas, entre otras, por
la Universidad Popular del Cesar en el proceso con radicado 70001-23-33-000-2024-
00045-0033, de manera que el tribunal de primera instancia dispuso su decreto e
incorporación en el auto del 17 de octubre de 202434, así:

3.2.3. Decreto de pruebas.

Se tendrán como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que en derecho
les corresponda, los documentos aportados en la demanda y con las contestaciones a
la misma.

[…]

En consecuencia, SE DECIDE:

[…]

TERCERO: TENER como pruebas, en cuanto fueren conducentes y con el valor que
en derecho les corresponda, los documentos aportados en la demanda y con las
contestaciones de la misma. [énfasis del original].

71. La Sala observa que las pruebas relacionadas por el apelante y respecto de
las cuales solicitó su exclusión son documentales allegadas por la parte demandante,
en virtud del deber consagrado en el ordinal 5.° del artículo 162 del CPACA, esto es,
«[…] el demandante […] deberá aportar todas las documentales que se encuentren
en su poder».

72. Por consiguiente, lo que se advierte es que el reproche del apelante se dirige
a cuestionar la falta de ratificación y contradicción de aquellas probanzas en el
presente trámite judicial; sin embargo, se reitera que dichas documentales fueron
anexadas por la parte actora, se decretaron como tal en el auto del 17 de octubre de
2024 y, además, se pusieron en conocimiento del demandado para que ejerciera su
derecho de contradicción, por lo tanto estuvieron incorporadas, presentes y visibles
para las partes, de manera que el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia
apelada hizo la valoración pertinente.

73. En ese sentido, no encuentra asidero el reparo del apelante, consistente en
que las documentales aludidas debían ser presentadas «[…] para su ratificación
mediante declaración de los funcionarios involucrados […]» y que, ante la ausencia
de tal aspecto, vulneraron el debido proceso, pues dicha clase de pruebas no
requieren el procedimiento del artículo 174 del CGP para ser tenidas en cuenta y
valoradas por la autoridad judicial.

74. Por otra parte, el apelante reprochó que los actos administrativos que dieron
lugar a la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo celebrado entre la

33 Índice 1 Samai del expediente del tribunal.
34 Índice 3 Samai. Archivo: «055AutoOrdenaCorrerTrasladoAlegatos».

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UPC y el Concejo Municipal de Corozal se presumen legales y, además, que la
denuncia presentada por el rector de la institución educativa contra el vicerrector
administrativo, Orlando Gregorio Seoanes Lerma, no desvirtúa la validez de aquel,
máxime cuando, a su juicio, se omitió valorar una declaración extrajuicio rendida por
este último.

75. A partir de lo expuesto, el tribunal de primera instancia encontró acreditada la
expedición irregular del acto demandado, porque, de la denuncia radicada por el
vicerrector administrativo, en la que narró que su firma fue utilizada para ese fin, se
concluyó que el convenio interadministrativo fue «[…] aparentemente inexistente
(acuerdo por escrito sobre el objeto del convenio y la contraprestación) […]».

76. Pese a ello, la Sala encuentra que, según la jurisprudencia pacífica de la
Sección Quinta35, tales aspectos contractuales escapan de la órbita del juez electoral,
pues, resultan propios de los medios de control de controversias contractuales,
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Así se ha considerado:

La Sala ha estructurado una sólida y pacífica jurisprudencia en negar los cargos de
nulidad, justificados en una presunta vulneración de las disposiciones legales que rigen
la contratación estatal o en si los procesos de selección de las entidades
especializadas, públicas o privadas para realizar las pruebas de conocimientos se
encuentran debidamente diseñados, al respecto ha dicho:

“Con la nueva legislación quedó superada la antitécnica división entre contrato
privado de la administración y contrato administrativo, pues en todos los casos en
que una de las partes sea una entidad oficial, se hablará de contrato estatal o contrato
administrativo, criterio orgánico imperante para radicar la competencia en la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa respecto de las controversias contractuales
y la ejecución y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. De donde
resulta importante concluir que el juez administrativo de la validez del acto electoral
carece de competencia para resolver sobre la validez del contrato estatal”36
(Subrayado fuera del original)

Recientemente se afirmó sobre los cargos de validez contractual en el medio de
nulidad electoral lo siguiente:

“Dicha censura propuesta como fundamento de la medida cautelar deprecada, es
ajena al medio de control de nulidad electoral, en tanto corresponden al de
controversias contractuales o al de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho
en relación con los actos administrativos proferidos en desarrollo de la actividad
contractual con anterioridad a la celebración del contrato, en la medida en que las
normas y jurisprudencia que se invocan como vulneradas nada dicen sobre el
procedimiento eleccionario sub judice, esto es, el que rige para proveer el cargo de
personero municipal y, por tanto, no son de aquellas en que debía fundarse el acto
acusado”.

Lo anterior es de suma importancia ya que la Sala en punto de la nulidad electoral no

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 2 de

febrero de 2023, radicado: 19001-23-33-000-2022-00108-04, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Tesis
reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 28 de agosto de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2024-00185-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
36 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 31 de agosto de 2001, Expediente: 05001- 23-

15-000- 2000-4435-01, M.P. Roberto Medina López. Postura reiterada entre otras en el auto del 20 de
mayo de 2021 dentro del expediente 15001-23-33-000-2020-01934-03. MP Luis Alberto Álvarez Parra.

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tiene como función establecer la legalidad de los procedimientos contractuales, la
Sección en este punto se encarga de analizar y verificar que se haya cumplido con
los requisitos mínimos que estableció el legislador para la realización del concurso
que escoge al respectivo personero municipal para garantizar precisamente el
principio al mérito, puesto que el estudio que se hace en esta instancia es de
legalidad.

77. Conforme lo expuesto, el tribunal de primera instancia, al no ser el juez de
controversias contractuales, no podía emitir algún juicio de legalidad en relación con
la existencia y validez del convenio interadministrativo, celebrado el 23 de junio de
2023, entre la Universidad Popular del Cesar y el Concejo Municipal de Corozal,
porque, cualquier discernimiento frente a ello, es ajeno al medio de control de nulidad
electoral.

78. En ese mismo sentido, los argumentos tendientes a demostrar que el
vicerrector administrativo de la UPC estaba facultado para suscribir el acuerdo de
voluntades en comento, la revocatoria directa de aquel, la validez de los actos
administrativos que dieron lugar a la celebración y ejecución del convenio
interadministrativo, y la controversia que gira en torno a la valoración de la
declaración extrajuicio del vicerrector administrativo, Orlando Gregorio Seoanes
Lerma,37 son aspectos que exceden la órbita competencial de la sala en sede de
nulidad electoral38.

79. En todo caso, dentro de los aspectos que si corresponden analizar al juez
electoral a efectos de determinar si desconoció el artículo 2.2.27.1 y siguientes del
Decreto 1083 de 2015, se advierte que en el expediente sí reposa el acto de
delegación del rector, Rober Trinidad Romero Ramírez, al vicerrector administrativo
de la UPC, el cual se presume legal en tanto en el expediente no existe prueba alguna
que demuestre la existencia de decisión judicial proferida por el juez de las
controversias contractuales que haya desvirtuado tal atributo de validez (artículo 88
del CPACA)39 y, en ese sentido, le asiste razón al apelante en su reparo de alzada.

80. Amerita un mayor reproche el hecho que el Tribunal Administrativo de Sucre,
aun cuando no podía emitir juicio alguno sobre la legalidad del convenio
interadministrativo referido, sustentó la prosperidad de la expedición irregular del acto
demandado a partir de una denuncia presentada por el vicerrector administrativo, sin
tener en cuenta que en el expediente también se allegó el desistimiento de esta. Lo
expuesto, evidencia un argumento adicional para revocar el cargo apelado.

37 Declaración en la cual relacionó los convenios o contratos para apoyar los concursos de méritos

para proveer el cargo de personeros, entre los cuales se destaca el de Corozal (Sucre), y dispuso que
el negocio jurídico si fue suscrito y ejecutado por la Universidad Popular del Cesar. Asimismo, indicó
que él era competente para esos fines, conforme el acto de delegación del rector de la institución
referenciada y, a su vez, narró que la ejecución de aquellos se hizo conforme a la ley.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de

agosto de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2024-00185-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
39 «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se

presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar».

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81. Por consiguiente, al encontrarse probado que la Universidad Popular del
Cesar suscribió, el 26 de junio de 2023, el contrato interadministrativo con el Concejo
Municipal de Corozal cuyo objeto era «[…] prestar a EL CONCEJO sus servicios
profesionales de apoyo a la gestión pública a fin de adelantar el concurso de méritos
público y abierto, y la ejecución en todas sus fases, de las pruebas encaminadas a
evaluar los conocimientos, aptitudes y competencias de los aspirantes, tendientes a
seleccionar los candidatos hábiles para el ejercicio del empleo público de Personero
Municipal para el periodo institucional 2023-2024 del Municipio […]», no se encuentra
configurado el cargo de expedición irregular, en los términos planteados por la parte
actora.

82. Este último juicio permite concluir que el alcance del estudio en primera
instancia se extendía, necesariamente, a verificar que se hubiesen cumplido los
requisitos mínimos que estableció el legislador para la realización del concurso de
méritos en el que se escogió al personero de Corozal, de manera que debía excluirse
cualquier análisis relacionado con la existencia y validez de aquel negocio jurídico.

83. Finalmente, el apelante estimó que la Universidad Popular del Cesar resultaba
idónea para apoyar y adelantar el concurso público de méritos que culminó con la
elección del demandado como personero municipal de Corozal, por cuanto es una
universidad pública debidamente acreditada y reconocida por el Ministerio de
Educación Nacional.

84. Contrario a ello, en la providencia apelada se resolvió que la idoneidad de la
institución educativa referenciada se desvirtuó a partir de que aquella no contaba con
las herramientas técnicas, académicas y profesionales para apoyar el concurso de
méritos en comento, según certificación expedida por el jefe de la oficina jurídica de
la UPC, así:

En mi calidad de Vicerrectora Académica de la Universidad Popular del Cesar me
permito certificar que la Universidad Popular del Cesar no tiene constituido ni aprobado
un reglamento, banco de preguntas, protocolo de confidencialidad y seguridad para el
desarrollo de concursos públicos para selección de personeros.

85. En ese orden de ideas, se tiene que el Decreto 1083 de 201540, regula, entre
otros, que el concurso público de méritos puede efectuarse a través de: (i)
universidades; (ii) instituciones de educación superior públicas o privadas o (iii)
entidades especializadas en procesos de selección de personal. En concreto, el
inciso 2.° del artículo 2.2.27.1 ibidem determina:

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el
concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación
superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección
de personal.

86. Frente a la normativa citada, la jurisprudencia de esta Sala de lo Electoral41 ha
indicado lo siguiente:

40 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 17 de

febrero de 2022, radicado: 25000-23-41-000-2020-00377-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Tesis

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

[E]l artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, regula que los concejos municipales o
distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso de méritos para elegir a
personero, para tal fin, este podrá ser apoyado o acompañado por: 1) universidades,
2) instituciones de educación superior públicas o privadas o 3) entidades
especializadas en procesos de selección de personal.

En cuanto al acompañamiento de universidades e instituciones de educación
superior públicas o privadas, no se exige ninguna calificación o requisito, solo que
estén acreditadas como tales ante las autoridades competentes, pero cuando se
acude a la tercera categoría, [...] la normativa mencionada dispone que sea una entidad
especializada en procesos de selección, este es el requisito o cualificación que se
estableció para que exista idoneidad en la entidad que acompañe o apoye el concurso
de méritos para elegir personero.

Así las cosas, para la Sala, cuando no se acude a universidades o instituciones de
educación superior, el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, fija el requisito o
cualificación que la entidad sea especializada en procesos de selección. [Resaltado de
la sala].

87. De lo expuesto, el requisito o exigencia cualificada de la idoneidad que echa
de menos el tribunal de primera instancia, consiste en que cuando se trate de un ente
distinto a las universidades o instituciones de educación superior pública, sean
especializadas en procesos de selección de personal.

88. Así las cosas, no resultaba acertado extrañar de la UPC42 el requisito o
cualificación que se estableció para verificar la idoneidad de la entidad que
acompaña o apoya el concurso de méritos para elegir personero municipal de
Corozal, periodo 2024-2028. Por esta razón el cargo de infracción de las normas en
que debía fundarse el acto demandado tampoco está llamado a prosperar.

89. A efectos de reforzar lo anterior, resulta pertinente precisar que la Corte
Constitucional, en sentencia C–105 de 2013, consideró que las dificultades de los
concursos «[…] hacen imperativa la disposición y utilización de sofisticadas
herramientas humanas, informáticas, administrativas y financieras, de las que en
principio carecen los concejos municipales y distritales».

90. En consecuencia, si bien en la parte considerativa del Decreto 2485 de 201443,
compilado en el Decreto 1083 de 2015, se hizo referencia expresa a la decisión
proferida por el alto tribunal constitucional (sentencia C–105 de 2013), lo cierto es
que el legislador, en lo atinente a las universidades como competentes para apoyar
los concursos públicos de méritos, no estableció que la idoneidad fuese un requisito
o cualificación adicional para efectuar el concurso.

reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 28 de agosto de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2024-00185-02, MP. Gloria María Gómez
Montoya.
42 La cual consiste en una universidad, conforme lo establece la Ley 34 de 1976, así: «Artículo

1º. Créase la Universidad Popular del Cesar, como establecimiento público autónomo, con personería
jurídica, cuyo objetivo primordial será la investigación y la docencia a través de programas que
conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos, como el de
doctor».
43 «Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos

para elección de personeros municipales».

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

91. En ese orden de ideas, al acreditarse que el juez electoral no puede
pronunciarse sobre las vicisitudes contractuales derivadas del convenio
interadministrativo celebrado entre la UPC y el Concejo Municipal de Corozal,
comoquiera que resulta ajeno a los propósitos de la nulidad electoral y, además, al
probarse que aquella universidad es idónea para adelantar y ejecutar el concurso
público de méritos, se impone revocar la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de las demandas por estos dos cargos.

2.3. Otras decisiones

92. Finalmente, la Sala no pierde de vista que el Tribunal Administrativo de Sucre
no resolvió todos los cargos propuestos por la parte actora, en específico, aquellos
relacionados con: (i) el desconocimiento de la cadena de custodia y seguridad frente
a las preguntas de la prueba de conocimientos; (ii) la omisión de dar alcance a las
reclamaciones contra los resultados de la prueba de conocimientos; (iii) la
modificación de las reglas de calificación y (iv) la violación del principio de publicidad.

93. Al respecto, resulta oportuno traer a colación lo decidido por la Sala de lo
Electoral en sentencia de unificación44, así:

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, en uso de sus atribuciones
legales como sala de cierre en materia electoral, efectuar unificación de jurisprudencia,
a manera de jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a
futuro y no para el caso concreto, en el sentido de consagrar la regla consistente en el
deber de los jueces y tribunales de resolver todas las causales de invalidez que la parte
actora incluya en las demandas de nulidad electoral.

Lo anterior, con independencia de que el primer cargo que se analice resulte suficiente
–a juicio del juez de primera instancia– para decretar la nulidad del acto electoral, en
consideración a que, en el sub examine el a quo no se pronunció en la sentencia que
puso fin a la instancia sobre todos los cargos planteados en las demandas acumuladas,
impidiendo que, en virtud del principio de limitación del ad quem, esta Sección lo
pudiera hacer.

Esta decisión se adopta para garantizar en todos los casos el principio de congruencia,
consagrado en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración
de Justicia– y 280 y 281 del Código General del Proceso, en virtud de los cuales las
sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el
proceso por los sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis.

94. Por consiguiente, se exhortará al Tribunal Administrativo de Sucre para que,
en lo sucesivo, resuelva todos los cargos incluidos en las demandas de nulidad
electoral, como garantía «[…] de los principios de trasparencia, de acceso a la
administración de justicia, doble instancia y tutela judicial efectiva, en cuanto las

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de unificación

del 26 de septiembre de 2017, radicado: 25000-23-4100-000-2015-02491-01 (SU), MP. Rocío Araújo
Oñate. Tesis reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 4 de septiembre de 2025, radicado: 41001-23-33-000-2023-00415-01, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.

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Demandantes: Pablo Enrique Márquez de la Hoz y otros
Demandado: José Fernando Pérez Pérez – personero
de Corozal, periodo 2024-2028
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00039-01 (principal)

partes e intervinientes en el proceso deben ver debidamente motivadas y resueltas
todas las situaciones que plantean y tod[a]s las causales de nulidad que invocan» 45.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud elevada por el apoderado del demandado, con el fin
de que se dicte sentencia de unificación en el presente asunto.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 9 de abril de 2025, por medio de la cual la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre accedió a la pretensión
de nulidad del acto de elección de José Fernando Pérez Pérez como personero de
Corozal (Sucre), periodo 2024-2028, conforme las consideraciones de la presente
decisión. En su lugar, se niegan las pretensiones de las demandas.

TERCERO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Sucre para que, en lo
sucesivo, resuelva todos cargos planteados en las demandas de nulidad electoral.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

45 Ibidem.

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