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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2002-01809-01

Responsabilidad extracontractual del estado: elementos

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Citada por
45 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2002-01809-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y en su lugar se dispone: PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa y extracontractual a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: DECLARAR a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, en calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, administrativamente y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados por la parte demandante con motivo de la privación injusta de la libertad que se vio sometido el señor Juan Carlos Arocha Serrano el día 29 de noviembre de 2001, de conformidad a las consideraciones de esta providencia. TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas: Nivel Demandante Calidad Indemnización 1º Juan Carlos Arocha Serrano Víctima directa 15 SMLMV 1° Myriam Parra López Compañera Permanente 15 SMLMV 1° Teófilo Arocha Padre 15 SMLMV 1° Carmen Serrano Madre 15 SMLMV 1° Juan Sebastián Arocha Valero Hijo 15 SMLMV 1° María del Mar Auxiliadora Arocha Parra Hija 15 SMLMV 1° Carlos Jesús Arocha Camargo Hijo 15 SMLMV TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a pagar a título de perjuicio material, a favor del señor Juan Carlos Arocha Sierra la suma $25.720. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2002-01809-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede. Caso captura de ciudadano con fines de indagatoria por la presunta comisión del delito de peculado por extorsión extensivo a los particulares / DAÑOS CAUSADOS POR ERROR EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE ORDEN DE CAPTURA - DAS incumplió con deber de cancelar orden de captura oportunamente. Actor estuvo privado por 5 horas: Retención irregular por autoridad / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA - Detención irregular por inexistencia de vigencia de la orden de captura / ORDEN DE CAPTURA - Requisitos para su ejecución y cumplimiento / CANCELACIÓN DE ORDEN DE CAPTURA - Regulación o normatividad aplicable / INVESTIGACIÓN PENAL CON PERSONA AUSENTE - Actuación con defensor de oficio / CONDENA CONTRA SUCESOR PROCESAL DEL DAS – Modifica sentencia condenatoria y declara condena a cargo de Agencia de Defensa Jurídica del Estado

De conformidad con los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala considera que en el sub judice se encuentra acreditado que el señor (…) estuvo detenido en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad en las instalaciones del aeropuerto Camilo Daza el 29 de noviembre de 2001 desde las 7:30 am hasta las 12:55 pm.(…) Al respecto, la Sala encuentra demostrado que en contra del señor (…) la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales (…) ordenó su captura el 03 de agosto de 2000 dentro del proceso N° 69026 adelantado en su contra por el delito de peculado por extorsión, con el fin de oírlo en indagatoria; sin embargo, esta nunca se pudo materializar, por lo que el ente instructor mediante providencia del 14 de septiembre de 2000 declaró al señor (…) persona ausente y le nombró defensor de oficio. (…) [Ahora bien,] (…) contra el señor (…) no existía orden de captura vigente en el momento en que fue detenido, y pese a ello, los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad procedieron a detenerlo el 29 de noviembre de 2001 en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Esta detención se realizó por la omisión en que incurrió el Departamento Administrativo de Seguridad al no dar cumplimiento a la orden emitida por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales de cancelar, en el respectivo sistema la cancelación, la orden de captura emitida (…) el 20 de marzo de 2001. (…) Así las cosas, encuentra la Sala que el señor (…) fue detenido irregularmente, hecho que le es imputable únicamente al Departamento Administrativo de Seguridad, puesto que no registró en su sistema de información la cancelación de la orden de captura que le fue oportunamente comunicada por la Fiscalía General de la Nación, privando de manera injusta de su libertad al aquí demandante, por un lapso de 5 horas. (…) En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia en cuanto al a declaratoria de responsabilidad, pero la modificará en el sentido que tal declaración de responsabilidad se hará contra la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad. De otra parte, se procede a analizar los perjuicios padecidos por los aquí demandantes impugnados mediante el recurso de apelación interpuesto por la actora. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 36146, 35796 numerales 2 y 3, además se puede consultar el exp. 37100.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Elementos / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Finalidad, fines: Reparatoria y preventiva

La responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. (…) [No] debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

DAÑO ANTIJURÍDICO - Noción, definición, concepto

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”

IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD - Noción, definición, concepto. Tipos, clases / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL - Criterios convencional, constitucional y legal / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR RESTRICCIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios. Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

DAÑOS CAUSADOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Imputación de responsabilidad del Estado

Es la que prohíja la Sala actualmente, [y] sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado. Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución. En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación. Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad. NOTA DE RELATORÍA. Al respecto se puede consultar la decisión de unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2018, exp. 36149.

PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce 15 smlmv en favor de la víctima directa, compañera permanente, padre, madre e hijos

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN - Niega. Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial

Al respecto, la Sala destaca que esta categoría de daño alegada por los demandantes fue suprimida de la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, a las cuales ya se hizo referencia, y mediante la que se unificaron los perjuicios inmateriales, dejando vigentes las categorías de daño moral, daño a la salud y vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos; Al respecto, no encuentra la Sala prueba alguna en el acervo probatorio que permita inferir daño alguno causado a los demandantes. Por lo anterior, se negará esta pretensión.

PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE – Niega. Error o equivocación en el petitum de la demanda, lo pretendido es lucro cesante / LUCRO CESANTE - Reconocimiento de pago de prestaciones sociales / ACTIVIDAD ECONÓMICA O LABORAL - Se demostró probatoriamente: Actividad como independiente / PRESUNCIÓN DE SALARIO - No se demostró el quantum o suma devengada. Aplicación de presunción de salario mínimo legal mensual vigente devengado / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial

Al respecto, la Sala encuentra que los demandantes solicitan el reconocimiento, a título de daño emergente, de la suma de $132.840 “incluido el veinticinco 25% por concepto de prestaciones sociales”, a favor del señor Arocha Sierra; sin embargo, se advierte que la pretensión está encaminada a que se reconozca esta suma bajo el título de daño emergente, por lo que se advierte que está mal titulado, pues el correspondiente es el de lucro cesante, (…). Frente a este ítem, la Sala encuentra probado que (…) [el señor] ejercía el comercio, (…); sin embargo, no está demostrado cuáles eran sus ingresos; pese a lo anterior, encuentra la Sala que el aquí demandante se encontraba en una edad productiva y que ejercía una labor autónoma e independiente. Así las cosas, la Sala equitativamente reconocerá y liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para la fecha de esta providencia ($781.242); asimismo, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable (…) equivale a un periodo total de privación, a 0.033 meses. Así las cosas, la Sala procede a reconocer el lucro cesante de conformidad con la siguiente fórmula.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 54001-23-31-000-2002-01809-01(42523)B

Actor: JUAN CARLOS ARROCHA SERRANO Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró administrativa y extracontractualmente responsable al Departamento Administrativo de Seguridad Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado - La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia - Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano - La responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - El daño antijurídico en los casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad - La imputación del daño derivado de la privación injusta de la libertad

Decide la Sala de Sub-sección los recursos de apelación interpuestos por el Departamento Administrativo de Seguridad y por la parte actora, contra la sentencia del 21 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; mediante la que se declaró a la referida entidad administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios causados a la parte demandante, con ocasión de la detención de que fue objeto el señor Juan Carlos Arocha Serrano el día 29 de noviembre de 2001, por espacio de 5 horas en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad del Aeropuerto Camilo Daza. En consecuencia, lo condenó a pagar por concepto de perjuicio moral a favor del señor Juan Carlos Arocha Serrano, en su condición de víctima directa, la suma de $1.606.800; y de Juan Sebastián Arocha Valero, María Auxiliadora Arocha Parra, Carlos Jesús Arocha Camargo, en su calidad de hijos; de Myriam Parra López en calidad de compañera: y Teófilo Arocha y Carmen Serrano Barbesí, en condición de padres; la suma de $535.600, para cada uno. Por último, absolvió de toda responsabilidad a la Nación – Fiscalía General de la Nación y denegó las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda.

1.1. Presentación de la demanda.

La demanda fue presentada el 29 de noviembre de 2002 por Juan Carlos Arocha Serrano, en calidad de víctima directa y en representación de sus menores hijos Juan Sebastián Arocha Valero, María del Mar Auxiliadora Arocha Parra y Carlos Jesús Arocha Camargo; por su compañera permanente Myriam Parra López, y sus padres Teófilo Arocha y Carmen Serrano Barbesi; por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que la NACION COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –D.A.S.- son administrativa y patrimonialmente responsables de los graves perjuicios causados a los demandantes, con motivo de la retención ilegal de JUAN CARLOS AROCHA SERRANO, en hechos sucedidos el día 29 de noviembre de 2001, en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, dentro del marco de circunstancias de que da cuenta la presente demanda.

2.Que como consecuencia de lo anterior, condénese a la NACION COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –D.A.S.- a pagar:

2.1 A JUAN CARLOS AROCHA SERRANO, a sus hijos JUAN SEBASTIAN AROCHA VALERO, MARIA DEL MAR AUXILIADORA AROCHA PARRA y CARLOS JESUS AROCHA CAMARGO, a su compañera permanente MYRIAM PARRA LÓPEZ, y a sus señores padres TEOFILO AROCHA y CARMEN SERRANO BERBESI, el valor de los perjuicios morales que sufrieron con motivo de la detención ilegal del primero de los nombrados, equivalente a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES para cada uno de ellos.
(…)

2.3 A JUAN CARLOS AROCHA SERRANO el valor de los perjuicios materiales (DAÑO EMERGENTE) que sufrió y sufre con motivo de la privación injusta de su libertad, equivalente a la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($132.840.00)., incluido el veinticinco (25%) por concepto de prestaciones sociales. Los valores anteriores deberán actualizarse en la respectiva sentencia.

2.4 A JUAN CARLOS AROCHA SERRANO el valor de los perjuicios por el DAÑO A LA VIDA DE RELACION que sufrió y sufre con motivo de su detención ilegal, equivalente a QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES, de conformidad con artículo 16 de la Ley 446 de 1998, atendiendo los principios de “REPARACION INTEGRAL Y EQUIDAD”.
(…)

2.5 En la regulación de los perjuicios materiales se distinguirán dos periodos de indemnización: la debida hasta la fecha probable del fallo y la futura. Además se actualizará su valor tomando en consideración el índice de precios del consumidor (IPC), según certifique el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, conforme el artículo 178 del C.C.A.
(…)”.

Fundamento fáctico.

Como fundamento de las pretensiones la parte actora relató los hechos que la Sala sintetiza así:

Que el señor Juan Carlos Arocha fue vinculado a un proceso penal por el delito de peculado por apropiación, extensivo a los particulares, por lo que fue citado por la Fiscalía General de la Nación para ser oído en indagatoria, y al no presentarse se ordenó su captura, la cual nunca se materializó.

Posteriormente, la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga el 13 de marzo de 2001, precluyó la investigación a favor de Juan Carlos Arocha Serrano; sin embargo, el 29 de noviembre de 2001, cuando Arocha Serrano se disponía a viajar fue capturado por miembros del Departamento de Seguridad en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, quienes al confrontar y revisar en el sistema encontraron que en su contra existía una orden de captura vigente por el presunto hecho punible de peculado por apropiación, extensivo a los particulares, por lo que procedieron a su captura.

Indica el apoderado de la parte demandante que se configuró una “falla en el servicio en la administración de justicia y en los organismos de seguridad del Estado, pues la retención arbitraria de JUAN CARLOS AROCHA efectuada el 21 de noviembre de 2002, por miembros del Departamento de Seguridad –D.A.S-, a todas luces fue injusta e irresponsable. En este evento el Estado debe asumir la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por la parte actora (…) Cometido el error y cuando el daño ya estaba hecho, JUAN CARLOS AROCHA SERRANO, recobró su libertad permaneciendo por un periodo de 2 o 3 días retenido en los calabozos del DAS de manera injusta y sin justa causa”.

Actuación procesal en primera instancia.

Admisión de la demanda.

Mediante auto del 09 de junio de 2003, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda contra la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.

Contestación de la demanda.

2.3.1.-El 25 de junio de 2004 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, pues, en su consideración, de la detención de tres días del señor Juan Carlos Arocha Serrano no puede estructurarse una falla del servicio o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, capaz de comprometer la responsabilidad patrimonial de esa entidad, toda vez que la providencia que precluyó la investigación dispuso ante el DAS la cancelación de la orden de captura del señor Arocha Serrano, situación que se le comunicó a esa entidad el 14 de marzo de 2001 mediante oficio N° 318.

Por otra parte, indicó que no está demostrado el nexo de causalidad, toda vez que esa entidad actuó de conformidad con la normativa procesal vigente, pues decretó a la autoridad competente, esto es, el Departamento Administrativo de Seguridad, la cancelación de la orden de captura que pesaba en contra del señor Arocha Serrano, y fueron los funcionarios de esa entidad quienes omitieron dar cumplimiento a la orden de cancelación de la misma.

2.3.2- El 25 de junio de 2004 el Departamento Administrativo de Seguridad contestó la demanda; se opuso a todas las pretensiones, toda vez que en su consideración no existe nexo de causalidad entre la vinculación al proceso penal del demandante Juan Carlos Arocha Serrano y esa entidad, puesto que quien ordenó su captura fue la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la denuncia que en su contra interpusieron; medida que no se encontraba cancelada para el momento en que el aquí demandante iba salir de la ciudad. Por lo anterior, para el apoderado de esta entidad es claro que el Departamento Administrativo de Seguridad no tuvo injerencia alguna en el supuesto daño que el señor Arocha Serrano sufrió.

Señaló que a esa entidad no le era imputable el error judicial o la privación injusta de la libertad, puesto que dentro de sus funciones no se encuentra proferir providencia alguna para ordenar la detención de las personas; pues la única facultad que tiene es de hacer efectiva la orden de captura que conforme a sus registros, se encontraba vigente en su base de datos y por mandato legal, procedió a capturar al señor Arocha Serrano, por lo que es claro que por su actuación legitima no puede endilgársele responsabilidad alguna.
Por último, propuso la excepción de ausencia de elementos necesarios para reclamar la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad en los hechos materia de la demanda; la de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto al Departamento Administrativo de Seguridad, y la de ausencia de imputabilidad del daño esa entidad, pues no ejerce funciones jurisdiccionales.

Periodo probatorio.

Vencido el término de fijación en lista, mediante auto del 16 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó las pruebas solicitadas por las partes.

Alegatos de conclusión.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de auto proferido el 26 de mayo de 2010, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto.

2.4.1.-El 11 de junio de 2010 la apoderada de la parte actora presentó escrito con alegatos de conclusión , en éste señaló que de conformidad con los argumentos de la demanda y las pruebas practicadas en el presente proceso, se encuentra demostrada la falla del servicio por omisión y negligencia de la administración, la cual hizo consistir en que no se había cancelado la orden de captura N° 227801, proferida por la Fiscalía Seis Seccional de Bucaramanga en contra del señor Juan Carlos Arocha; lo que ocasionó que este fuera capturado el día 21 de noviembre de 2001 en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta cuando se disponía a viajar a la ciudad de Bogotá. Sostuvo que la retención fue ilegal y arbitraria, y que resulta inconcebible mantener vigente una orden de captura, así como hacerla efectiva, cuando por mandato judicial ya se había ordenado su cancelación, omisión que le ocasionó un daño a los aquí demandantes.

Por otra parte, indicó que en el presente asunto no se cuestiona el tiempo que estuvo retenido el señor Arocha Serrano sino el perjuicio que se causó por los vejámenes a que fue sometido junto con su familia, por parte de los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- en el aeropuerto Camilo Daza, siendo esposado en presencia de sus amigos y de las personas que se encontraban el terminal aéreo, afectando a él y su familia su honra.

2.4.2-El apoderado del Departamento Administrativo de Seguridad presentó su escrito de alegatos el 11 de junio de 2010; manifestó que esa entidad no tuvo ninguna injerencia en la expedición de la orden de captura en contra del hoy demandante; indicó que solo actuó bajo el cumplimiento de sus funciones legales, esto es, capturar a Arocha Sierra, pues aún se encontraba registrada la medida de aseguramiento, razón por la cual se hizo efectiva ante la presentación del señor Arocha Sierra en el aeropuerto Camilo Daza para viajar .

2.4.3.- El Ministerio Público guardó silencio.

Sentencia de primera instancia

El 21 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de primera instancia,mediante la cual declaró responsable administrativa y extracontractualmente responsable al Departamento Administrativo de Seguridad y lo condenó a pagar unos perjuicios morales a los demandantes; absolvió de toda responsabilidad administrativa a la Nación – Fiscalía General de la Nación y negó el resto de las pretensiones de la demanda; lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, verificó que el daño demandado se encontraba acreditado, toda vez que según el oficio N° 206 del 29 de noviembre de 2001, y la copia del libro de minuta de guardia del aeropuerto del DAS, se encuentra probado que el señor Arocha Serrano fue retenido en las instalaciones de esa entidad el 29 de noviembre de 2001 desde las 7:30 am hasta las 12:25 pm, es decir por un lapso de 5 horas, mientras se verificaba su estado judicial.

En segundo lugar, procedió a determinar el título de imputación aplicable, al respecto estableció que era el de falla en el servicio por la omisión en que incurrió el Departamento Administrativo de Seguridad al no cancelar una orden de captura en contra del señor Arocha Serrano.

En tercer lugar, indicó que se encontraba acreditada la relación de causalidad entre el daño y la omisión del Departamento Administrativo de Seguridad, pues se hallaba demostrado que la Fiscalía ordenó a dicha entidad que cancelara la orden de captura proferida en contra del señor Arocha Serrano, disposición que se radicó ante esa entidad el 20 de marzo de 2001 bajo el registro N° 124651-0; no obstante, se omitió el cumplimiento de la misma, motivo por el cual el aquí demandante fue detenido el 29 de noviembre de 2001, causándole así una serie de perjuicios a él y a su núcleo familiar como consecuencia de dicha detención.
Por último, indicó que la Fiscalía General de la Nación no tiene injerencia alguna con relación a la captura que se vio sometido el señor Arocha Serrano; contrario a lo que sucede con el Departamento Administrativo de Seguridad, que sin ninguna justificación capturó al aquí demandante, hecho que demuestra la actuación irregular de la administración, pues la detención no hubiese ocurrido si se hubiera registrado en el sistema la cancelación de la orden de captura, omisión que le causó el daño antijurídico a los accionantes, pese a que el término de la detención fue breve. Asimismo, señaló que “si bien es cierto el DAS al detener al accionante, lo realizó teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 2110 de 1992, no obstante, el accionante, no estaba en la obligación constitucional y legal, de soportar la carga pública de estar detenido por 5 horas por cuanto se le había cancelado la orden de captura que había sido proferida en su contra, sin que el DAS la hubiera cumplido, dando como conclusión de que el daño sufrido por los accionantes es antijurídico”.

Recursos de apelación

4.1.-El 22 de agosto de 2011, el Departamento Administrativo de Seguridad presentó y sustentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, indicó que el a quo no analizó que en el presente asunto no hubo captura como tal, sino que el señor Arocha Serrano “fue llevado en cumplimiento de las labores previas de verificación a las cuales hace referencia el artículo 314 del C.P.P anterior (Ley 600 de 2000)(…) Y, dentro de las citadas actividades, resulta permitido tener a una persona en las oficinas del DAS, con el fin de verificar si tiene o no ordenes de captura pendientes sin que ello implique detención de la persona correspondiente”. Por otra parte, cuestionó que no se debieron reconocer los perjuicios morales, pues se desconoció “que el daño moral objetivizado es aquel que a pesar de estar relacionado con los sentimientos de la víctima tiene repercusiones económicas y esta manifestación externa permite su valoración objetiva”.

4.2.- El apoderado de la parte demandante el 23 de agosto de 2011, radicó recurso de apelación en el cual manifestó que si bien se encontraba de acuerdo con la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, lo mismo no sucedía con la cuantificación del daño y el no reconocimiento de perjuicios a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia de la víctima directa; pues este se vio privado de su libertad, hecho que vulneró un derecho fundamental como lo es el de la libertad; por lo que no se encuentra de acuerdo que se quiera disimular la intensidad del daño con el hecho de que no se detuvo al aquí demandante en un centro carcelario; asimismo, con los perjuicios morales se debieron reconocer un monto más alto, por el hecho que fue detenido frente a su familia y en un lugar público.
En providencia del 13 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander fijó fecha para adelantar la audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo el 26 de octubre de 2011, y se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio entre las partes; en consecuencia, concedió los recursos de apelación y ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

Trámite de la segunda instancia

5.1.-Por medio del auto de 28 de noviembre de 2011, la Sección Tercera, Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió el referido recurso.

5.2.-A su vez, mediante auto del 23 de enero de 2011 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término común de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente.

5.3.- El 14 de febrero de 2012 el apoderado de la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de alegatos de conclusión en los que solicitó que se mantenga la decisión de primera instancia con relación a la absolución de esa entidad, en cuanto la misma en el caso concreto está ausente de los motivos que generaron los daños reclamados, lo que hace evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.4.- El 27 de febrero de 2012 el representante del Ministerio Público radicó el concepto N° 040/2012 en el que solicitó que se mantenga la declaración de responsabilidad, se revise la tasación de perjuicios morales por cuanto se presenta un evento perjudicial de menor magnitud y se adicione la condena por perjuicio a la vida de relación a favor de Juan Carlos Arocha Serrano, sus padres, hijos y compañera permanente; toda vez que se encuentra demostrado que el señor Juan Carlos Arocha Serrano estuvo detenido en las instalaciones del Aeropuerto Camilo Daza el día 29 de noviembre de 2001 desde las 7:30 am hasta las 12:35 pm.

Asimismo, se encuentra probado que en contra del señor Arocha Serrano no existía orden de captura vigente para el 29 de noviembre de 2001, fecha en que fue retenido por funcionarios del DAS, pues esta había sido revocada por la autoridad competente, esto es, la Fiscalía General de la Nación, que el 14 de marzo de 2001 ordenó su cancelación; situación que denota que la retención del señor Arocha Serrano se produjo por fuera de las pautas legales y como consecuencia de una falla en el servicio imputable al Departamento Administrativo de Seguridad, conducta que compromete la responsabilidad extracontractual de esa dependencia, puesto que no registró en su sistema de información la cancelación de la orden de captura que le fue oportunamente comunicada.

5.5.-El proceso entró al despacho para que se elaborara el respectivo fallo el 26 de noviembre de 2012.

5.6.- Mediante oficio del 24 de junio de 2014, la jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS en proceso de supresión, solicitó que se decretara la sucesión procesal del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS en proceso de supresión en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; petición que se resolvió mediante providencia del 07 de julio de 2014 en la cual se reconoció a la Fiscalía General de la Nación como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

Posteriormente, en memorial radicado el 16 de enero de 2015 por la Fiscalía General de la Nación solicitó se declarara la nulidad procesal del auto de 7 de julio de 2014 indicando que el suprimido Departamento Administrativo de Seguridad – DAS se encuentra indebidamente representado, petición que fue resuelta por la Sala Plena de la Sección Tercera mediante auto del 22 de octubre de 2015 en el que dejo sin efecto el auto del 07 de julio de 2014, y en su lugar reconoció al “Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad hasta tanto el Presidente de la República, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, reglamente lo pertinente”.

El 22 de enero de 2016 el apoderado de la Presidencia de la República solicitó desvincular a esa entidad, y en su lugar reconocer a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS; petición que se resolvió mediante auto del 02 de junio de 2016 en el cual se dispuso dejar sin efectos el auto del 22 de octubre de 2015, y en su lugar se reconoció a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como sucesor procesal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
CONSIDERACIONES

1.- Aspectos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.

1.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Juan Carlos Arocha Serrano (víctima directa); Julián Sebastián Arocha Valero, María del Mar Auxiliadora Arocha Parra y Carlos Jesús Arocha Camargo (hijos); Myriam Parra López (compañera permanente); Teófilo Arocha y Carmen Serrano Barbesi (padres), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad, frente a la primera entidad se prevé que el asunto que aquí se estudia fue de conocimiento de la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 del 2000; en lo que respecta a la segunda entidad se tiene probado que el 29 de noviembre de 2001 miembros que pertenecen a dicha unidad retuvieron al señor Juan Carlos Arocha Serrano en las instalaciones del aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, en razón a lo cual la Sala considera que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, cuyo sucesor procesal es la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por falla en el servicio, la cual hizo consistir en la omisión en que incurrió el Departamento Administrativo de Seguridad al no registrar la cancelación de la orden de captura proferida en contra del señor Juan Carlos Arocha Serrano lo que ocasionó que éste fuera privado injustamente de su libertad el 29 de noviembre de 2001 por dicha autoridad. Con fundamento en lo expuesto es claro que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente de la acción u omisión en que incurrió la autoridad del Estado que generó el hecho dañoso o a partir del momento que la víctima tuvo conocimiento de este.

Así las cosas, tendrá en cuenta para contabilizar la caducidad la fecha en que el señor Arocha Serrano fue detenido por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, esto es, el 30 de noviembre de 2001; por lo que los demandantes tenían hasta el 30 de noviembre de 2003 para radicar la demanda de reparación directa; como el libelo se presentó el 29 de noviembre de 2002, la Sala encuentra que la demanda se interpuso dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Análisis de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante y el Departamento Administrativo de Seguridad, en sus respectivos escritos de apelación oportunamente presentados, [siguiendo la sentencia de Sala Plena de Sección Tercera del 9 de febrero de 2012, expediente 21060]. En consecuencia, la Sala procederá a analizar si en efecto se incurrió en una falla en el servicio al capturar al señor Juan Carlos Arocha Serrano con base en una orden de captura que ya se había cancelado, lo que ocasionó que este fuera privado injustamente de su libertad; o si, por el contrario, el Departamento Administrativo de Seguridad actúo con base en lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000.

Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia y finalmente se realizará el análisis del caso concreto,

3. Del acervo probatorio.

Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes:

-Registro civil N° 3872 de nacimiento expedido por el Notario Primero del Círculo de Cúcuta en el que consta que los señores Teófilo Arocha y Carmen Serrano son padres del señor Juan Carlos Arocha Serrano.

-Certificación del Notario Cuarto del Círculo de Cúcuta en la que consta que Juan Sebastián Arocha Valero es hijo de Juan Carlos Arocha Serrano y Carmen Zorayda Valero García.

-Copia autentica del registro civil de nacimiento N° 95908 de María del Mar Auxiliadora Arocha Parra, en el que consta que es hija de Juan Carlos Arocha Serrano y Myriam Parra López.

-Certificado expedido por el notario cuarto del círculo de Cúcuta en el que consta que Carlos Jesús Arocha Camargo es hijo de Juan Carlos Arocha Serrano y María Adelina Camargo.
-Copia de la providencia del 15 de junio de 2001 expedida por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales de Bucaramanga, proferida dentro de la Preliminar N° 69026, mediante la cual ordenó oír en indagatoria al señor Juan Carlos Arocha Serrano

-Copia autentica de la providencia del 13 de marzo de 2001, expedida por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga dentro del sumario N° 69026, mediante la cual profirió resolución de preclusión de la instrucción a favor de Juan Carlos Arocha Serrano por atipicidad de la conducta.

-Oficio N° 11633 expedido el 17 de diciembre de 2004 por el Departamento Administrativo de Seguridad, en el cual se consignó que el oficio 318 de 14 de marzo de 2001 ingresó a la oficina de radicación de correspondencia de esa entidad el 20 de marzo de 2001, bajo el registro N° 124651-0, único documento que recibió dicha oficina.

-Copia del oficio DSF/N° 318 del 14 de marzo de 2001 suscrito por el Director Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, dirigido al Grupo de Capturas del DAS, mediante el cual solicitó cancelar la orden de captura N° 227801 proferida en contra del señor Juan Carlos Arocha Serrano proferida por la unidad Seccional de Administración Pública – Fiscal Seis Seccional del Bucaramanga dentro del proceso N° 69026 por el delito de Peculado por Extensión; lo anterior por cuanto esa dirección recibió la orden de cancelación de parte de esa Unidad mediante providencia del 13 de marzo de 2001, la cual se registró en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones SIAN el día 2001/Mar/14.

-Copia del oficio DSF/N° 318 del 14 de marzo de 2001 suscrito por el Director Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, dirigido al Grupo de Capturas de la Policía Nacional mediante el cual solicitó cancelar la orden de captura N° 227801 proferida en contra del señor Juan Carlos Arocha Serrano proferida por la unidad Seccional de Administración Pública – Fiscal Seis Seccional del Bucaramanga dentro del proceso N° 69026 por el delito de Peculado por Extensión; lo anterior por cuanto esa dirección recibió la orden de cancelación de parte de esa Unidad mediante providencia del 13 de marzo de 2001, la cual se registró en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones SIAN el día 2001/Mar/14.

-Copia orden de captura N° 0227801 del 03 de agosto de 2000, dirigida a la Policía Nacional – DIJIN en contra del señor Juan Carlos Arocha; como motivo de la captura quedó registrado que era para indagatoria dentro del proceso N° 69023.

-Copia orden de captura N° 0227801 del 03 de agosto de 2000, dirigida al Cuerpo Técnico de Investigación en contra del señor Juan Carlos Arocha; como motivo de la captura quedó registrado que era para indagatoria dentro del proceso N° 69023.

-Providencia del 14 de septiembre de 2000 expedida por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces de Bucaramanga, mediante el cual declaró al señor Juan Carlos Arocha Serrano persona ausente y le nombró defensor de oficio.

-Copia del oficio DSF/N° 318 del 14 de marzo de 2001 suscrito por el Director de la Seccional de Bucaramanga, dirigido al Grupo de Capturas del Cuerpo Técnico de Investigación de Bucaramanga, el cual se radicó ante esa unidad el 16 de marzo de 2001, mediante el cual solicitó cancelar la orden de captura N° 227801 proferida en contra del señor Juan Carlos Arocha Serrano proferida por la unidad Seccional de Administración Pública – Fiscal Seis Seccional del Bucaramanga dentro del proceso N° 69026 por el delito de Peculado por Extensión; lo anterior por cuanto esa dirección recibió la orden de cancelación de parte de esa Unidad mediante providencia del 13 de marzo de 2001, la cual se registró en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones SIAN el día 2001/Mar/14.

-Oficio N° 019 del 24 de enero de 2005 suscrito por el Jefe Único de la SIJIN DENOR en el que consta que “al verificarse el archivo sistematizado de la Dirección de Policía Judicial el antes mencionado [Juan Carlos Arocha Serrano] le aparece dicho proceso CANCELADO por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga con oficio N° 318 del 14-03-2001 y fue registrado por la Seccional de Policía Judicial de Bucaramanga (…)”.

-Oficio N° 0146 del 28 de enero de 2005 suscrita por un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, en el cual informó que con relación al señor Juan Carlos Arocha Serrano en el sistema SIJUF aparece que contra éste se realizaron las siguientes investigaciones en su contra: i) 8177 por el delito de Falsedad en Documento Privado, proceso que adelantó la Fiscalía Primera quien profirió preclusión de la instrucción la cual quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de 2001; ii) 86317 por el delito de omisión de agente retenedor que para esa fecha cursaba en la Fiscalía Tercera de Administración Pública; iii) 74959 por el delito de omisión de agente retenedor, precluido por la Fiscalía 1° de Administración Pública; iv) 90454 por el delito de Estafa, culminó con conciliación y v) 97670 por el delito de Inasistencia Alimentaria adelantado por la Fiscalía 13 local.

-Recepción de testimonio de la señora Mónica Colmenares, quien manifestó ser amiga de Juan Carlos Arocha Serrano y testigo presencial de la captura de este en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, en noviembre de 2001. Asimismo, identificó que el núcleo familiar del señor Arocha Serrano está conformado por Myriam Parra, su hija María del Mar, el hijo mayor Carlos Jesús y el otro hijo que se llama Sebastián; indicó también, que conocía a sus padres “Don Teófilo, Doña Carmen” y a Celinita, “quien prácticamente lo crió”. Por otra parte, indicó que el señor Arocha Serrano estuvo detenido aproximadamente medio día en los calabozos del DAS, hecho que conoció porque la esposa de él se lo dijo.

-Testimonio del señor Jaime Alberto Galeano Garzón, quien manifestó que conocía al señor Juan Carlos Arocha Serrano, respecto del cual manifestó no tener ningún parentesco, pero sí indicó que ha fungido como su apoderado en varias ocasiones; por otra parte, declaró que el señor Arocha Serrano fue capturado por miembros del DAS cuando se disponía a viajar “porque existía en su contra una orden de captura (…) que el DAS, a pesar de estar cancelada la seguía manteniendo dentro de su sistema, por llamarlo de alguna forma, enterado posteriormente, el Departamento Administrativo de Seguridad de esta Seccional, de que la orden de captura había sido cancelada, procedió a dejarlo en libertad, no recuerdo si fue el mismo día o al día siguiente. Lo cierto es que el señor Arocha se encontraba bastante contrariado porque sé que padece serios trastornos de salud y noté que esta se desmejoró por su cautiverio, imaginó, cuando llegué a visitarlo al DAS, conociendo de su jovialidad lo noté cabizbajo, y manifestó que psicológicamente se encontraba muy afectado y con baja estima”.

-Testimonio rendido por Carmen Fidelina Sepúlveda Carrero, quien manifestó conocer al señor Juan Carlos Arocha Serrano, pues la testigo laboraba con la esposa del señor Arocha Serrano, y ella le comentó sobre la detención que fue víctima por parte de miembros del DAS en las instalaciones de ese departamento administrativo; por otro lado, señaló que Juan Carlos Arocha Serrano era comerciante y que no tenía certeza de cuáles eran sus ingresos; seguidamente manifestó que el núcleo familiar de Arocha Serrano se encuentra conformado por Miriam Parra López, su hija María del Mar Arocha, y que también tenía conocimiento la víctima de la detención le ayudaba económicamente a sus padres.

-Oficio SUB 130388-2 del 29 de marzo de 2010, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, en el que se consignó que la razón legal para capturar al señor Juan Carlos Arocha Serrano en las instalaciones del aeropuerto Camilo Daza, era para certificar si existía orden de captura vigente por el delito de peculado por apropiación extensivo a los particulares; asimismo, se afirma en el mencionado oficio que: “De acuerdo a lo encontrado en los archivos de esta Seccional DAS Norte de Santander, allego copia del oficio número 206. DAS.SNDS.GOPE 2544 de fecha 29 de noviembre de 2001, dirigido a la Fiscalía Sexta de la Unidad Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, así como los derechos del capturado”

Por otra parte, se señala que Juan Carlos Arocha Serrano fue dejado en libertad porque el 29 de noviembre de 2001 la Fiscalía Sexta de Administración Pública le comunicó a esa entidad que dicha orden de captura había sido cancelada el día 14 de marzo de 2001, según oficio 318, formato número 0227801 del 13 de marzo de la misma anualidad.

-Copia del oficio N° 206/DAS.SND. GOPE 2544 del 29 de noviembre de 2001, dirigido a la Unidad Seccional de Fiscalías – Fiscalía Sexta, mediante el cual informó de la captura de Juan Carlos Arocha Serrano en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal y de la anotación registrada en el sistema de esa unidad, que rezaba “ORDEN DE CAPTURA POR PECULADO POR EXTENSIÓN UNIDAD seccional de FISCALÍAS – FISCALIA 6TA DE BUCARAMANGA”.

-Copia del acta de los derechos del capturado del 29 de noviembre de 2001, suscrita por Juan Carlos Arocha Serrano, en la que consta que fue capturado a las 8:30 horas por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad en cumplimiento de la orden de captura expedida por la Fiscalía Sexta de Bucaramanga, sindicado del delito de Peculado por Extensión .

-Copia de algunos folios del libro de anotaciones del Departamento Administrativo de Seguridad de Bucaramanga, en los que quedó registrado que el 29 de noviembre de 2001 a las 12:25 pm el señor Juan Carlos Arocha Serrano salió de esa unidad debido al oficio remitido por la Fiscalía Sexta de Administración Pública de Bucaramanga mediante el cual les informó que la orden de captura había sido cancelada desde el 14 de marzo de 2001, según oficio 318 formato N° 0227801 del 13 de marzo de la misma anualidad.

-Copia del oficio fechado 29 de noviembre de 2001, expedido por la Fiscalía Sexta Delegada de Bucaramanga y dirigido al jefe del Grupo Operativo y de Investigaciones del DAS – Seccional Norte de Santander, en el cual le informó que mediante providencia del 13 de marzo de esa anualidad, se dispuso la cancelación de la orden de captura.

4. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

5. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

6. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

8.-Análisis del caso concreto

Para realizar el análisis del caso concreto la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad.

8.1 El daño antijurídico en el caso concreto.

El daño, tanto en la demanda como en el escrito de impugnación, se hace consistir en la falla del servicio en que incurrieron las autoridades demandadas, consistente en la detención ilegal a que se vio sometido el señor Juan Carlos Arocha Serrano el 29 de noviembre de 2001 por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, con ocasión de la orden de captura N° 0227801 emitida por la Fiscalía Sexta Delegada de Bucaramanga, al no registrar la cancelación de la orden de captura, disposición que la Fiscalía comunicó el 14 de marzo de 2001.

Al respecto, de conformidad con los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala considera que en el sub judice se encuentra acreditado que el señor Juan Carlos Arocha Serrano estuvo detenido en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad en las instalaciones del aeropuerto Camilo Daza el 29 de noviembre de 2001 desde las 7:30 am hasta las 12:55 pm.

Lo anterior de conformidad oficio N° 206/DAS.SND. GOPE 2544 del 29 de noviembre de 2001 dirigido a la Unidad Seccional de Fiscalías – Fiscalía Sexta mediante el cual informó de la captura de Juan Carlos Arocha Serrano a las 7:30 am en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal y de la anotación registrada en el sistema de esa unidad, que rezaba “ORDEN DE CAPTURA POR PECULADO POR EXTENSIÓN UNIDAD seccional de FISCALÍAS – FISCALIA 6TA DE BUCARAMANGA”. Así como, de las copias del libro de anotaciones del Departamento Administrativo de Seguridad del 29 de noviembre de 2001 en el cual quedó registrado que el señor Arocha Sierra estuvo detenido hasta las: 12:25 pm.

8.2 Imputación del daño antijurídico

Al respecto, la Sala encuentra demostrado que en contra del señor Juan Carlos Arocha Sierra la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales de Bucaramanga ordenó su captura el 03 de agosto de 2000 dentro del proceso N° 69026 adelantado en su contra por el delito de peculado por extorsión, con el fin de oírlo en indagatoria; sin embargo, esta nunca se pudo materializar, por lo que el ente instructor mediante providencia del 14 de septiembre de 2000 declaró al señor Arocha Sierra persona ausente y le nombró defensor de oficio.

Seguidamente, esto es, el 13 de marzo de 2001 dicha autoridad resolvió precluir la investigación por atipicidad de la conducta, en consecuencia, decretó la cancelación de la orden de captura N° 227801 que se encontraba vigente en contra de Arocha Sierra, situación que le comunicó al respectivo Jefe de Capturas del Departamento Administrativo de Seguridad, de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación el 14 de marzo de 2001 mediante oficio 318. Oficio que ingresó a la oficina de correspondencia del Departamento Administrativo de Seguridad el 20 de marzo de 2001 bajo el registro N° 124651-0

Con fundamento en lo expuesto, es claro que contra el señor Arocha Sierra no existía orden de captura vigente en el momento en que fue detenido, y pese a ello, los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad procedieron a detenerlo el 29 de noviembre de 2001 en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Esta detención se realizó por la omisión en que incurrió el Departamento Administrativo de Seguridad al no dar cumplimiento a la orden emitida por la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales de cancelar, en el respectivo sistema la cancelación, la orden de captura emitida en contra del señor Arocha Sierra; disposición que fue conocida por dicha autoridad administrativa el 20 de marzo de 2001.

Por otra parte, es claro para la Sala que el Departamento Administrativo no actuó en el caso del señor Arocha Serrano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 314 de la ley 600 de 2000 que prescribe: “Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”; pues, como está demostrado, la detención del señor Arocha Serrano se debió a la orden de captura del 03 de agosto de 2000 expedida por la Fiscalía General de la Nación, que carecía de vigencia.

Así las cosas, encuentra la Sala que el señor Arocha Serrano fue detenido irregularmente, hecho que le es imputable únicamente al Departamento Administrativo de Seguridad, puesto que no registró en su sistema de información la cancelación de la orden de captura que le fue oportunamente comunicada por la Fiscalía General de la Nación, privando de manera injusta de su libertad al aquí demandante, por un lapso de 5 horas.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia en cuanto al a declaratoria de responsabilidad, pero la modificará en el sentido que tal declaración de responsabilidad se hará contra la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad. De otra parte, se procede a analizar los perjuicios padecidos por los aquí demandantes impugnados mediante el recurso de apelación interpuesto por la actora.

9. Liquidación de perjuicios inmateriales

9.1. Perjuicios morales

Si bien es cierto alrededor de la privación injusta de la libertad pueden encontrarse tres conceptos diversos: la captura, en flagrancia o con fines de indagatoria; la medida de aseguramiento de detención preventiva, o la detención por parte de autoridades que cumplen funciones de Policía judicial. De cualquier forma, estos eventos tienen en común que limitan la locomoción del individuo, por lo tanto, a efectos de cuantificar el perjuicio resulta posible aplicar los baremos reseñados en el punto 7 de estas consideraciones, y que la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló para la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que Juan Carlos Arocha Serrano comparece al proceso como víctima directa de la detención irregular, la cual se materializó el 29 de noviembre de 2001, fecha en que miembros del Departamento de Seguridad capturaron al aquí demandante con base en una orden de captura que no se encontraba vigente lo que equivale a un periodo total de privación, a 5 horas. Por lo que la Sala le reconocerá en su condición de víctima directa, por concepto de perjuicios morales los valores que se encuentran establecido en la tabla, en el primer rango indemnizatorio, el cual equivale a periodos de privación igual e inferior a 1 mes, esto es, 15 SMLMV.

Por otra parte, acuden al proceso los señores Teofilo Arocha y Carmen Serrano en calidad de padres de la víctima; los menores Juan Sebastián Arocha Valero, María del Mar Auxiliadora Arocha Parra, Carlos Jesús Arocha Camargo, en condición de hijos, calidad que se encuentra acreditada con los respectivos registros civiles de nacimiento.

Comparece también la señora Myriam Parra López en calidad de compañera permanente del señor Arocha Serrano, condición que se encuentra acreditada con los testimonios rendidos por los señores Mónica Colmenares, Jaime Alberto Galeano Garzón y Carmen Fidelina Sepúlveda Carrero, quienes manifestaron que el núcleo familiar del señor Arocha Serrano estaba conformado por la señora Parra López, por sus tres hijos, y por sus padres.

Así las cosas, se condenará a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero.

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Juan Carlos Arocha Serrano
Víctima directa
15 SMLMV
1°
Myriam Parra López
Compañera Permanente
15 SMLMV
1°
Teofilo Arocha
Padre
15 SMLMV
1°
Carmen Serrano
Madre
15 SMLMV
1°
Juan Sebastián Arocha Valero
Hijo
15 SMLMV
1°
María del Mar Auxiliadora Arocha Parra
Hija
15 SMLMV
1°
Carlos Jesús Arocha Camargo
Hijo
15 SMLMV

9.2. Daño a la vida de relación

La parte solicitó el pago de la indemnización por concepto de daño a la vida de relación, el cual hizo consistir en su “detención ilegal (…) de conformidad con artículo (sic) 16 de la ley 446 de 1998, atendiendo los principios de “REPARACION INTEGRAL Y EQUIDAD”.

Al respecto, la Sala destaca que esta categoría de daño alegada por los demandantes fue suprimida de la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, a las cuales ya se hizo referencia, y mediante la que se unificaron los perjuicios inmateriales, dejando vigentes las categorías de daño moral, daño a la salud y vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos; Al respecto, no encuentra la Sala prueba alguna en el acervo probatorio que permita inferir daño alguno causado a los demandantes. Por lo anterior, se negará esta pretensión.

10. Perjuicios materiales a título de daño emergente

Al respecto, la Sala encuentra que los demandantes solicitan el reconocimiento, a título de daño emergente, de la suma de $132.840 “incluido el veinticinco 25% por concepto de prestaciones sociales”, a favor del señor Arocha Sierra; sin embargo, se advierte que la pretensión está encaminada a que se reconozca esta suma bajo el título de daño emergente, por lo que se advierte que está mal titulado, pues el correspondiente es el de lucro cesante, entiéndase la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”

Frente a este ítem, la Sala encuentra probado que Juan Carlos Arrocha Serrano ejercía el comercio, lo anterior con base en la manifestación hecha por este, y lo afirmado por el testimonio de la señora Carmen Fidelia Sepúlveda Carrero; sin embargo, no está demostrado cuáles eran sus ingresos; pese a lo anterior, encuentra la Sala que el aquí demandante se encontraba en una edad productiva y que ejercía una labor autónoma e independiente.

Así las cosas, la Sala equitativamente reconocerá y liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para la fecha de esta providencia ($781.242); asimismo, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable para Juan Carlos Arocha Sierra equivale a un periodo total de privación, a 0.033 meses. Así las cosas, la Sala procede a reconocer el lucro cesante de conformidad con la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i) n-1
i

Donde,
S=Suma indemnizatoria
Ra=Vr. Renta actualizada
i=0.004867
n=0.033 meses a liquidar
1= constante

S= $781.242 (1 + 0.004867)0.033-1
0.004867

S= $25.720

En este orden de ideas, correspondería a Juan Carlos Arocha Serrano, por concepto de lucro cesante, la suma de $25.720.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad administrativa y extracontractual a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, en calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, administrativamente y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados por la parte demandante con motivo de la privación injusta de la libertad que se vio sometido el señor Juan Carlos Arocha Serrano el día 29 de noviembre de 2001, de conformidad a las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Juan Carlos Arocha Serrano
Víctima directa
15 SMLMV
1°
Myriam Parra López
Compañera Permanente
15 SMLMV
1°
Teófilo Arocha
Padre
15 SMLMV
1°
Carmen Serrano
Madre
15 SMLMV
1°
Juan Sebastián Arocha Valero
Hijo
15 SMLMV
1°
María del Mar Auxiliadora Arocha Parra
Hija
15 SMLMV
1°
Carlos Jesús Arocha Camargo
Hijo
15 SMLMV

TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO a pagar a título de perjuicio material, a favor del señor Juan Carlos Arocha Sierra la suma $25.720.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. AV. 36146/15; Rad. 35796/16#2y#3; Rad. 37100/16

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Magistrado ponente
Fls. 270-271 del C.Ppal
Fls.276-280 del C.Ppal
Fls. 258 -268 del C. Ppal. Fl. 1 del C. 1. Fl.39-40 del C. N°1. Fl. 60-68 del C. No. 1. Fls. 47-53 del C. No. 1. Fls. 45-56 del C. No. 1. Fls. 90-91 del C. No. 1. Fl. 183 del C. No. 1. Fl.184-205 del C. No.1. Fl.252-255 del C. No.1. Fls. 165-182 del C. Ppal. Fls. 258-267 del C. Ppal
Fl. 185- 200 del C. Ppal. Fls.276-280 del C.Ppal
Fl. 282 del C. Ppal. Fls.296-296 C. Ppal
Fl. 302 del C. Ppal. Fl. 304 del C. Ppal. Fls.307-310 C.Ppal
Fls. 324-334C.Ppal
Fl. 352 del C. Ppal. Fl 360 - 362 del C.Ppal
Fls. 368-369 del C. Ppal
Fls. 393-401 del C. Ppal
Fls. 461-475 del C.Ppal
Fls. 490-491 del C.Ppal
Fls.509-508 del C.Ppal
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Fl. 28 del Cuaderno N° 1
Fl. 29 del Cuaderno N° 1
Fl. 30 del Cuaderno N° 1
Fl. 31 del Cuaderno N° 1
Fls. 15 del Cuaderno N° 2
Fls. 32-34 del Cuaderno N° 1
Fl. 99 del Cuaderno N° 1
Fl. 101 del Cuaderno N° 1
Fl. 104 del Cuaderno N° 1
Fl.105 del Cuaderno N° 1
Fl.265 del Cuaderno N° 1
Fl.28 del Cuaderno N° 2
Fl. 108 del Cuaderno N° 1
Fl. 110 del Cuaderno N° 1
Fl. 111 del Cuaderno N° 1
Fls.119-121 del Cuaderno N° 1
Fls124-125 del Cuaderno N° 1
Fls.159-161 del Cuaderno N° 1
Fls.162-163 del Cuaderno N° 1
Fls.180 del Cuaderno N° 1
Fl. 165 del Cuaderno N° 1
Fl. 59 del Cuaderno N° 2
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Fls.162-163 del Cuaderno N° 1
Fl. 165 del Cuaderno N° 1
Fl. 24 del Cuaderno N° 2
Fl. 28 del Cuaderno N° 2
Fls. 99-101 Cuaderno N° 1
Registro civil N° 3872 de nacimiento expedido por el Notario Primero del Círculo de Cúcuta en el que consta que los señores Teofilo Arocha y Carmen Serrano son padres del señor Juan Carlos Arocha Serrano. Fl. 28 del Cuaderno N° 1. Certificación del Notario Cuarto del Círculo de Cúcuta en la que consta que es hijo de Juan Carlos Arocha Serrano y Carmen Zorayda Valero García. Fl. 29 del Cuaderno N° 1
Copia autentica del registro civil de nacimiento N° 95908 de en el que consta que es hija de Juan Carlos Arocha Serrano y Myriam Parra López. Fl. 30 del Cuaderno N° 1. Certificado expedido por el notario cuarto del círculo de Cúcuta en el que consta que es hijo de Juan Carlos Arocha Serrano y María Audelina Camargo. Fl. 31 del Cuaderno N° 1
Fls.119-121 del Cuaderno N° 1
Fls124-125 del Cuaderno N° 1
Fl. 354 del C. 1
CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidade civil, 6ª edic., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.

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