Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 17001-23-33-000-2017-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00363-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00363-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 17001-23-33-000-2017-00363-01
Nº Interno : 2723-2020
Demandante : Alba Lucy Osorio Londoño
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho –
Ley 1437 de 2011
Tema : Pensión gracia- Reliquidación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 25 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual se inhibió de conocer el presente
asunto.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora Alba Lucy Osorio Londoño, mediante apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Auto ADP
001686 de 27 de febrero de 2015, expedido por la UGPP, mediante el cual
se declaró la firmeza de unos actos administrativos y se ordenó el archivo de
la actuación; (ii) Oficio ADP 003042 de 21 de abril de 2015, que rechazó por
improcedentes los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra
el anterior acto administrativo; y (iii) acto ficto o presunto producto del silencio
negativo respecto de la petición de 6 de noviembre de 2014 y “a los recursos
interpuestos ya que no se ha resuelto de fondo ni la petición inicial ni los
recursos elevados”.
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó que se
condene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar unas mesadas
causadas (2007-2009) declaradas prescritas mediante la Resolución RDP
018420 del 6 de diciembre de 2012, que ordenó a su favor el reconocimiento
y pago de una pensión gracia; (ii) reliquidar la referida prestación con el 75%
de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio;
(iii) actualizar los valores reconocidos en virtud del presente fallo; (iv) dar
cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y;
(v) pagar los intereses moratorios y costas.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
La señora Alba Lucy Osorio Londoño nació el 19 de marzo de 1953 y cumplió
los 50 años de edad el 19 de marzo de 2003.
Mediante peticiones de 9 de septiembre de 2004, 20 de septiembre de 2007,
12 de noviembre de 2010 y 12 de agosto de 2011, la actora solicitó a la
extinta Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, las cuales fueron negadas mediante las Resoluciones No.
26834 de 8 de septiembre de 2005, No. 095570 del 5 de marzo de 2008,
PAP 045994 de 30 de marzo de 2011 y UGM 023189 de 29 de diciembre de
2011, respectivamente.
Indicó que el 22 de agosto de 2012, la señora Alba Lucy Osorio solicitó
nuevamente el reconocimiento y pago de una pensión jubilación gracia.
La UGPP, mediante Resolución RDP 018420 de 6 de diciembre de 2012 1,
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la actora
por valor de $1.338.998, efectiva a partir del 23 de agosto de 2007, con
efectos fiscales desde el 22 de agosto de 2009, por prescripción trienal de las
mesadas causadas en los años de 2007, 2008 y 2009.
Con escrito de 17 de abril de 2013, la actora pidió la reliquidación de la
pensión gracia, en el sentido de incluir la totalidad de factores salariales
1
Folios 60-64
2
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Asimismo, solicitó modificar la decisión relativa a la declaratoria de la
prescripción de las mesadas pensionales causadas en los años de 2007 a
2009.
Por medio de Resolución RDP 027936 de 19 de junio de 20132, la entidad
demandada negó la solicitud de reliquidación presentada por la actora.
El 6 de noviembre de 2014, la parte accionante solicitó nuevamente la
reliquidación de la pensión gracia, insistiendo en la inconformidad con la
decisión adoptada por la UGPP, en relación con la prescripción de las
mesadas pensionales causadas desde el 23 de agosto de 2007 al 21 de
agosto de 2009.
A través de Auto ADP 001686 de 27 de febrero de 20153, la UGPP “declaró”
la firmeza de los actos administrativos y ordenó el archivo de la actuación
administrativa.
Inconforme con la anterior decisión, la actora presentó recursos de reposición
y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo; sin embargo, la
entidad demandada, mediante Oficio ADP 003042 de 21 de abril de 20154,
rechazó por improcedentes los referidos recursos.
Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 4,13,29,48 y 53
De la Ley 114 de 1913
De la Ley 116 de 1928
De la Ley 37 de 1933
Ley 43 de 1975
La Ley 91 de 1989
Decreto 3135 de 1968
Decreto 1248 de 1969, artículo 102
2
Folio 66-69
3
Folio 104
4
Folios 122 y 123
3
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Como concepto de violación señaló que es improcedente declarar el
fenómeno jurídico de la prescripción sobre las mesadas causadas en los
años 2007 a 2009, en tanto que la administración desconoció las reiteradas
peticiones efectuadas ante la extinta Caja Nacional de Previsión Social.
Indicó que es procedente incluir la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicio, incluyendo la asignación básica,
sobresueldo, primas de vacaciones y de navidad.
2. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a través de apoderado, se opuso
a las pretensiones de la demanda5.
Indicó que con la petición de 22 de agosto de 2012 presentada por la actora,
se allegaron los documentos que demuestran el tipo de vinculación, razón
por la que la entidad procedió a expedir el acto administrativo de
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Expuso que en la actuación administrativa encontró configurado el fenómeno
jurídico de la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 22 de agosto de 2009, toda vez que la reclamación
administrativa presentada por la accionante se radicó el 22 de agosto de
2012.
Como excepciones propuso las que denominó como falta de agotamiento de
la reclamación administrativa e inepta demanda “por no corresponder los
actos demandados con el acto que resolvió de fondo la solicitud de
reliquidación de una pensión jubilación gracia”.
3. La sentencia de primera instancia
5
Folios 272-278
4
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 25 de
octubre de 20196, resolvió: (i) declarar probada las excepciones de inepta
demanda e inexistencia de la obligación formuladas por la entidad
demandada; (ii) inhibirse para conocer de fondo sobre la solicitud de nulidad
del Auto ADP 001686 del 27 de febrero de 2015 - en lo referente a la solicitud
de devolución de las mesadas pensionales prescritas- y del Oficio ADP
003042 del 21 de abril de 2015, al no constituir actos administrativos
definitivos, “al igual que frente a las pretensiones de pago de las sumas cuya
prescripción fue declarada mediante Resolución RDP 018420 de 2012, en
tanto dicho acto que definió tal situación no se encuentra sometido a control
jurisdiccional”; y (iii) negar las pretensión de nulidad respecto del Auto ADP
ADP001686 del 27 de febrero de 2015, en relación con la reliquidación
pensional solicitada por la actora tendiente a obtener la inclusión de la
totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Indicó que “el Auto ADP001686 del 27 de febrero de 2015 no es susceptible
de control jurisdiccional respecto de la devolución de las mesadas que fueron
declaradas prescritas en tanto dicha situación fue definida mediante acto
administrativo anterior, el cual adquirió firmeza. Sin embargo, dicha decisión
será objeto de control en lo que respecta a la solicitud de reliquidación
pensional, en tanto, con este se reiteró la negativa de una prestación
periódica”.
Precisó que los actos administrativos demandados no son susceptibles de
control jurisdiccional, toda vez que no definieron la situación jurídica
particular de la parte demandante.
Expuso que la Resolución RDP 018420 de 6 de diciembre de 2012,
constituye el acto administrativo definitivo, en tanto definió la situación
particular de la demandante en relación con la prescripción de las mesadas
pensionales causadas desde el 2007 a 2009, razón por la que declaró
probada la excepción de inepta demanda formulada por la entidad
demandada.
6
Folios 391-395
5
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Finalmente, señaló que la actora no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión gracia, teniendo en cuenta que la liquidación inicial incluyó la
totalidad de factores salariales devengados durante el último año anterior a la
adquisición del estatus pensional, de manera que es improcedente incluir el
factor salarial “sobresueldo”, al no ser percibido entre el 24 de agosto de
2006 y el 23 de agosto de 2007.
4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia7, argumentando que el Auto ADP 001686 del 27 de febrero
de 2015 es susceptible de control judicial, toda vez que tal aspecto fue
estudiado en la admisibilidad de la demanda, razón por la cual, es
improcedente proferir decisión inhibitoria, máxime cuando la decisión
adoptada en la sentencia recurrida constituye una causal de inadmisión del
libelo demandatorio.
Expuso que no se comparte el criterio adoptado por el a quo al declarar
probada la excepción de inepta demanda, toda vez que “el mismo despacho
es el que manifiesta en que parte sí reviste el acto administrativo la calidad e
ser susceptible de demanda y cual no reviste tal facultad, un mismo acto que
es integro que goza de legalidad, aceptado por ambos extremos procesales y
aportados también por ambos (…)”.
Por último, señaló que el reconocimiento y pago de la pensión jubilación
gracia es imprescriptible, al tratarse de una prestación periódica.
5. Alegatos de conclusión
5.1. La UGPP8 concluyó que en relación con la prescripción de las mesadas
pensionales causadas en los años 2007 a 2009, a la actora se le concedió un
traslado para que se pronunciara sobre tal aspecto en la actuación
7
Folio 397-405.
8
Índice 12 SAMAI
6
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
administrativa y la interesada no ejerció su derecho a la contradicción, de allí
que tal decisión se encuentra en firme.
Indicó que el acto administrativo que declaró la prescripción de la mesada
pensional no es objeto del litigio, de modo que es improcedente que se
resuelva la nulidad de un acto no demandado.
5.2. La parte demandante9 reiteró los mismos argumentos expuestos en la
demanda e indicó que no comparte la interpretación de la entidad accionada
respecto del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 pues la considera
errónea, en tanto que para interrumpir la prescripción no basta únicamente
con presentar la solicitud porque es necesario “determinar debidamente el
derecho solicitado”.
6. El Ministerio Público no presentó concepto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Del problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, corresponde a la Sala determinar si revoca o modifica el fallo
del Tribunal que se declaró inhibido para conocer del Auto ADP 001686 del
27 de febrero de 2015, en lo relativo a la prescripción de las mesadas
causadas desde el 22 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2009.
9
Índice 13 SAMAI
7
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Para el efecto, se establecerá si el mencionado acto administrativo es
susceptible de ser controvertido jurisdiccionalmente. En caso afirmativo, se
estudiará si procede el pago de las referidas mesadas pensionales.
Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. De los actos administrativos definitivos; 2.2. Hechos relevantes
probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1. De los actos administrativos definitivos
El artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, prevé que son actos definitivos
aquellos que de forma directa o indirecta deciden de fondo un asunto, de
modo que hacen imposible continuar con la actuación administrativa. Por su
parte, los de trámite "comprenden los preparatorios, de ejecución y, en
general, todos los actos de impulso procesal, los cuales no crean, modifican
o extinguen una situación jurídica concreta, sino que est án encaminados a
contribuir con su realización"10; sobre estos últimos, la Corte Constitucional
indicó que "no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues
simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que
preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el
acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o
extinguen situaciones jurídicas"11.
Esta Subsección12 retoma lo manifestado por la Sección Quinta de esta
Corporación en sentencia de 22 de octubre de 200913, así:
"(…) la norma hace una distinción entre actos administrativos definitivos
y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la
actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que
los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la
formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la
10
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda- Subsección B. Radicado 27001-
23-33-000-2015-00136-01(2841-18) de Siete (7) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019). C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez
11
Corte Constitucional, Sentencia de unificación 617 de 2013, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
12
Radicado 27001-23-33-000-2015-00136-01(2841-18) de Siete (7) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019). C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13
Radicado 11001-03-28-000-2008- 00027-00, C.P. Filemón Jiménez.
8
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión
que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se
convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al
proceso administrativo. La calificación de un acto administrativo
como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si
es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de
control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los
artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo (…)"
(Destaca la Sala).
Ciertamente, esta Corporación ha precisado que el acto administrativo
definitivo que es susceptible de ser estudiado en sede judicial es aquella
"(…) manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la
función administrativa, orientada a producir efectos jurídicos que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del
control jurisdiccional."14.
2.2. Hechos relevantes probados
La señora Alba Lucy Osorio nació el 19 de marzo de 1953 y adquirió su
estatus pensional el 22 de agosto de 200715.
El 22 de agosto de 201216, la actora solicitó a la extinta Caja Nacional de
Previsión Social el reconocimiento y pago de una pensión jubilación gracia.
Mediante Resolución RDP 018420 de 6 de diciembre de 201217, la UGPP
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la actora
por valor de $1.338.998, con el 75% de todos los factores devengados en el
último año anterior a la adquisición del estatus pensional (2006-2007)
efectiva a partir del 23 de agosto de 2007, con efectos fiscales desde el 22
de agosto de 2009, por prescripción trienal de las mesadas causadas DEL
2007 al 2009.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de fecha 19 de octubre
de 2017, radicado 1650-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Folio 61
16
Folios 71-81
17
Folios 60-64
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Con escrito de 17 de abril de 201318, la señora Alba Lucy Osorio Londoño
exigió a la UGPP no aplicar la prescripción de las mesadas causadas en los
años 2007 a 2009. Asimismo, pretendió la inclusión de la totalidad de
factores salariales devengados en el último año de servicio.
La UGPP, mediante la Resolución RDP 027936 de 19 de junio de 201319,
negó la solicitud presentada por la señora Alba Lucy Osorio Londoño, al
considerar que:
“(…) Que respecto a la prescripción, es preciso aclarar que en el presente acto
administrativo se indicó que es el 22 de agosto de 2009, teniendo en cuenta
que con la solicitud radicada el 22 de agosto de 2012, se aportaron los
certificados tales como la historia laboral y las actas de posesión necesarias
para establecer con nuevos elementos de juicio frente a las peticiones
anteriores estableciéndose que la interesada si tenía derecho al
reconocimiento pensional.
(…)
Es decir, que para interrumpir la prescripción, no basta, la presentación
sucesiva de reclamos escritos sobre el derecho pretendido, si no que el mismo
debe estar debidamente determinado, lo que implica que en los mencionados
reclamos se aporten, como mínimo, los hechos y las pruebas sobre los que se
sustenta el mencionado derecho, lo que en el presente caso no sucedió por
cuanto junto con las solicitudes anteriores al reconocimiento no se allegó la
respectiva certificación donde se indicara el tipo de vinculación de la docente.
(…)
Ahora bien, frente a la solicitud de reliquidar la pensión con la inclusión de
todos los factores salariales devengados el año anterior al status de
pensionada, se observa que en el acto administrativo del reconocimiento
fueron incluidos la asignación básica, prima de vacaciones y de navidad de los
años 2006 y 2007, toda vez que la interesada cumplió el status de pensionada
el 22 de agosto de 2007, factores liquidados de conformidad con el certificado
de factores salariales del 02 de agosto de 2011, que reposa en el cuaderno
administrativo, razón por la cual no es de recibo la solicitud elevada por la
peticionaria (…)”.
El 6 de noviembre de 2014, la parte demandante solicitó la reliquidación de la
pensión gracia, para lo cual, la UGPP, a través de Auto ADP 001686 de 27
18
Folios 85-92
19
Folios 66-69
10
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
de febrero de 201520, ordenó el archivo de la actuación administrativa, con
fundamento en las siguientes razones:
“(…) Que obra certificado de factores salariales de fecha 04 de julio de 2012,
expedido por el Departamento de Caldas, valores que ya fueron tenidos en
cuenta por la Entidad en la Resolución de reconocimiento.
Que con base a la solicitud de reliquidación y teniendo en cuenta lo anterior,
se debe señalar que no se aportan nuevos elementos de juicio que
permitan establecer la viabilidad de reliquidar la prestación reconocida.
Que respecto de la solicitud de revisar la prescripción trienal y de
reliquidar con último año de servicios, se observa que mediante
Resolución RDP 27936 del 19 de junio de 2013 se realizó un estudio en
igual sentido decidiendo negar dichas pretensiones.
(…)
Que por lo tanto, la Resolución No. RDP 27936 del 19 de junio de 2013, se
encuentra en firme y goza de presunción de legalidad conforme a la
normatividad anteriormente mencionada.
Que respecto a la aplicación de la circular 054 de 2010, expedida por la
Procuraduría General de la Nación, la misma no procede toda vez que la
misma va dirigida a las entidades encargadas del reconocimiento de las
pensiones del régimen de prima media y la Pensión de Jubilación Gracia no
hace parte de dicho régimen ya que la misma corresponde a un régimen
especial exceptuado del sistema general de pensiones.
Que con base a lo anterior, se procede a declarar la Firmeza de los Actos y a
ordenar el ARCHIVO de la presente solicitud (…)”. (Negrilla y subrayado fuera
del texto)
Inconforme con la anterior decisión, la actora presentó recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra el referido acto administrativo. Sin
embargo, la UGPP, mediante Oficio de 21 de abril de 2015, rechazó por
improcedentes los recursos interpuestos por la señora Alba Lucy Osorio “sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada
con el lleno de los requisitos legales”.
2.3 Del caso concreto
La señora Alba Lucy Osorio Londoño solicita la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la UGPP se pronunció por una parte
20
Folio 104
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
respecto de la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 22 de
agosto de 2009, y por otra, negó la reliquidación de la pensión gracia con la
totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio.
El Tribunal se declaró inhibido frente la primera pretensión relativa a la
solicitud de nulidad del Auto ADP 001686 de 27 de febrero de 2015, respecto
de la prescripción de las mesadas causadas en los años 2007-2009. Y, negó
la pretensión sobre la reliquidación pensional con el 75% de la totalidad de
factores salariales devengados en el último año de servicio.
Inconforme con esta decisión, la actora recurrió la providencia de primera
instancia argumentando que el Auto ADP001686 del 27 de febrero de 2015 sí
es susceptible de control judicial, toda vez que dicho aspecto fue estudiado
en la admisibilidad de la demanda. De modo que es improcedente proferir
decisión inhibitoria, máxime cuando la decisión adoptada en la sentencia
cuestionada constituye una causal de inadmisión.
Expuso que no comparte el criterio del Tribunal, en tanto que “el mismo
despacho es el que manifiesta en que parte sí reviste el acto administrativo la
calidad de ser susceptible de demanda y cual no reviste tal facultad, un
mismo acto que es íntegro que goza de legalidad, aceptado por ambos
extremos procesales y aportados también por ambos (sic)”.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la censura del recurso de
apelación formulada por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, está encaminada a determinar sí tiene control judicial el Auto
ADP001686 de 27 de febrero de 2015 y, en consecuencia, analizar sí operó
la prescripción de las mesadas pensionales causadas desde el 22 de agosto
de 2007 al 21 de agosto de 2009.
Entonces, cabe advertir que, en virtud del principio de congruencia, esta Sala
únicamente se limitará a resolver sobre el reparo formulado por la parte
recurrente, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del
12
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
CGP21.
Descendiendo al caso concreto, la Sala deberá acudir al derecho de acceso
a la administración de justicia de cara a las decisiones judiciales inhibitorias.
En efecto, se destaca que el artículo 3 del CPACA consagra como uno de los
principios orientadores en materia contenciosa, el de eficacia, el cual tiene
como fin que los procedimientos logren su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
A su vez la Corte Constitucional22 definió la sentencia inhibitoria como la
antítesis de la función judicial, la cual está dirigida a resolver los conflictos
que surgen en el seno de la sociedad, pues en aplicación de los artículos 228
y 229 de la Constitución Política los jueces tienen la obligación de adoptar
decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso; y sólo en casos
excepcionales en los que el juez tenga certeza que no hay otra alternativa
procederá la inhibición.
Por su parte, esta Corporación mediante sentencia de 13 de febrero de
201423 sostuvo que:
“(…) cuando un asunto litigioso de cualquier naturaleza es llevado a los
estrados judiciales, la regla general es que debe culminar con una
decisión fondo (sic), declarando o negando el derecho, y que lo
excepcional son las sentencias inhibitorias, con las cuales el derecho
queda en indefinición (…)”.
Además, es importante precisar que la interpretación de las reglas
procesales debe permitir la realización, en la mayor medida posible, del
derecho de acceso a la administración de justicia, en sentido material,
principio que se encuentra consagrado en el artículo 229 de la Constitución
Política y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
21
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley (….)”.
22
C-666 del 28 de noviembre de 1996, MP Dr. José Gregorio Hernández Galindo
23
Sentencia del 13 de febrero de 2014. C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Número interno: 1338-2011. Actor: Luis
Carlos Caicedo. Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
13
Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
Humanos.
Respecto a dicho principio, esta Corporación ha señalado que : “(…) Bien
sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como un mandato
de optimización, es claro que el rol que desempeña un principio, como lo es
el del acceso a la administración de justicia, consiste en servir de criterio de
interpretación adecuadora de las reglas que desarrollan el principio, lo que
implica que el Juez debe tomar partido, en el ejercicio interpretativo, por la
norma jurídica que en la mayor medida desarrolle el principio que le sirve de
base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera
que se deba atender de manera preferente al mandato de acción u omisión
que se derive del principio frente a la regla; de esta manera se garantiza la
vigencia del principio a través del resto de las normas producidas en el
sistema jurídico (…)”24.
De donde se colige que el Tribunal para garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia, en el caso concreto, dado que ya estaba en la
etapa de dictar sentencia debió efectuar el estudio integral del auto
demandado frente a los cargos de nulidad propuestos; en lugar de fraccionar
el análisis de legalidad, por considerarlo por una parte como acto de trámite y
de otra como definitivo.
En este sentido, se destaca que, en virtud del principio pro actione25 y de la
tutela judicial efectiva, la decisión adoptada por el Tribunal de inhibirse en la
etapa de proferir decisión de fondo constituye una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la actora,
comoquiera que la sentencia no constituye el momento procesal idóneo para
analizar las irregularidades formales de la demanda, aspecto que debió ser
estudiado en las etapas previas adelantadas por el a quo mediante
providencias de 14 de marzo de 2018 (etapa de admisibilidad) y 23 de
24
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Proveído del 22 de octubre de 2015. C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. Rad. 54001-23-31-000-2002-01809-01(42523)A.
25
Sentencia C-091 de 2022. MP. CRISTINA PARDO SCHLESINGER. Expediente D-14.197. “(…) 59. La Corte ha
acudido a diferentes argumentos para sustentar la admisibilidad de la demanda y emitir un pronunciamiento de
fondo cuando no resulta claro el cumplimiento de algunos de los requisitos enunciados. Por un lado, ha aplicado el
denominado principio pro actione, el cual implica que las dudas en relación con el cumplimiento de los requisitos de
la demanda se resuelvan a favor del accionante (…)”.
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
octubre de 2018 (audiencia inicial)26, sin perjuicio del deber del juez previsto
en el numeral 5 del artículo 42 del CGP27.
En virtud de lo anterior, no se comparte el criterio adoptado por el a quo en la
sentencia de primera instancia de declararse inhibido, toda vez que el Auto
ADP001686 del 27 de febrero de 2015 se pronunció sobre la solicitud de
reliquidación pensional y el pago de las mesadas de 2007 a 2009 y, con tal
decisión se ordenó el archivo de la solicitud, lo que impidió continuar con la
actuación administrativa.
En consecuencia, pese a que en la Resolución RDP 027936 de 19 de junio
de 2013 la UGPP se hubiese pronunciado sobre la prescripción, lo cierto es
que debe primar el derecho de acceso a la administración de justicia, pues la
entidad nuevamente en el Auto ADP001686 del 27 de febrero de 2015 emitió
una decisión de fondo; de donde se colige que en sede de control de
legalidad, era improcedente para el fallador de primera instancia esperar
hasta la sentencia para fraccionar el acto administrativo, y declarar la
inhibición frente a una pretensión y conocer de fondo la solicitud de
reliquidación pensional.
Así las cosas, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo, la
Sala modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se
inhibió.
En consecuencia, se estudiará el cargo de nulidad propuesto por la actora
contra el Auto ADP 001686 del 27 de febrero de 2015 relacionado con el
estudio de la declaratoria de prescripción decretada por la UGPP de las
mesadas causadas desde el 2007 al 2009, en el marco del litigio formulado
en el recurso de apelación.
26
Folios 196-198; 315-319.
27
Artículo 42. Deberes del juez Son deberes del juez: 5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para
sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de
manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el
principio de congruencia.
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
De la prescripción de las mesadas pensionales
La parte actora considera que es improcedente declarar la prescripción de
las mesadas pensionales causadas desde el 22 de agosto de 2007 al 21 de
agosto de 2009. En punto de la debatido, se tiene que el artículo 41 del
Decreto Ley 3135 de 196813 dispone lo siguiente:
“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción pero sólo por un lapso igual”.
Asimismo, el artículo 102 del Decreto 1848 de 196914, al regular la
prescripción de las acciones consagra que:
“1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto
3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir
de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible
2°. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
Precisado lo anterior, se advierte entonces que los derechos salariales y
prestacionales consagrados a favor del empleado prescriben en tres años,
contados desde la fecha en que se hacen exigibles. Igualmente, el simple
reclamo por escrito del empleado ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.
En ese orden de ideas, la Sala resalta que la calidad de pensionado tiene un
carácter permanente y vitalicio que apareja la imprescriptibilidad del derecho
para su reconocimiento. Sin embargo, tal imprescriptibilidad no se
contrapone a la posibilidad de declarar la prescripción trienal de las mesadas
dejadas de percibir como resultado de la inactividad del beneficiario.
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
En efecto, se observa que la actora considera que en su caso no operó el
fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas causadas desde el 22
de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2009, toda vez que, a través de
escritos de 9 de septiembre de 2004, 20 de septiembre de 2007, 12 de
noviembre de 2010 y 12 de agosto de 2011, solicitó ante la extinta Cajanal el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, las cuales fueron negadas
mediante las Resoluciones No. 26834 de 8 de septiembre de 2005, No.
095570 del 5 de marzo de 2008, PAP 045994 de 30 de marzo de 2011 y
UGM 023189 de 29 de diciembre de 2011, respectivamente. Solicitudes que,
en su criterio, interrumpieron el fenómeno de la prescripción de las referidas
mesadas pensionales.
Ahora bien, la Sala advierte que se encuentran acreditados los siguientes
hechos relevantes: (i) la demandante adquirió el estatus pensional el 22 de
agosto de 2007; (ii) presentó la primera solicitud de reconocimiento pensional
el 20 de septiembre de 2007; (iii) la entidad demandada negó el
reconocimiento pensional, mediante la Resolución No. 095570 del 5 de
marzo de 2008 (iv) posteriormente, la parte demandante radicó nuevas
solicitudes el 12 de noviembre de 2010, 12 de agosto de 2011 y 22 de agosto
de 2012; y (v) la UGPP, mediante Resolución RDP 018420 de 6 de diciembre
de 2012, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la
actora, con efectos fiscales desde el 22 de agosto de 2009, por prescripción
trienal de las mesadas causadas en los años de 2007 a 2009.
De lo anterior, se colige entonces que la exigibilidad del derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la actora ocurrió a
partir de la adquisición del estatus pensional (22 de agosto de 2007), de
modo que la señora Alba Lucy Osorio interrumpió el término de prescripción
por un lapso o periodo igual con la primera reclamación de 20 de septiembre
de 2007, por lo que, en principio, tenía hasta el 20 de septiembre de 2010,
para acudir ante la jurisdicción.
Sin embargo, se advierte que la actora radicó nuevamente solicitud de
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Número interno: 2723-2020
Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
reconocimiento y pago de la pensión jubilación gracia hasta el 22 de agosto
de 2012, de allí que, en virtud de la prescripción trienal, las mesadas
causadas desde el 22 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2009 se vieron
afectadas por la prescripción extintiva, tal y como lo expresó el Auto ADP
001686 de 27 de febrero de 2015, razón por la cual se negará la pretensión
de nulidad contra dicho acto administrativo.
Agotados los puntos de inconformidad alegados por la parte recurrente, la
Sala procederá a modificar los numerales primero y segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, al declararse inhibido para conocer del presente
asunto. En su lugar, se negará la pretensión de nulidad contra el Auto ADP
001686 de 27 de febrero de 2015.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
Vistas las consideraciones que anteceden, se modificarán los numerales
primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, que se declaró inhibido para
conocer del presente asunto, por las razones expuestas. En su lugar, se
negará la pretensión de nulidad contra el Auto ADP 001686 de 27 de febrero
de 2015.
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Demandante: Alba Lucy Osorio Londoño
Demandado: UGPP
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, proferida el 25 de octubre de
2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, que se declaró inhibido para
conocer del asunto. En su lugar, NEGAR la pretensión de la demanda,
relativa a la nulidad del Auto ADP de 27 de febrero de 2015, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte,
como apoderado de la UGPP, de acuerdo con el memorial allegado visible en
índice 20 de la plataforma SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
ACLARACIÓN DE VOTO
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
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