Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01736-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01736-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01736-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01736-01 (4543-2024)
Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, (Antioquia)
Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de
distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y
prestacional en la Rama Judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 31 de mayo de 2024, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo de Antioquia. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin
grado. En el presente proceso, pretende la nulidad del acto administrativo que le negó
lo pedido. A su turno, el Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura
no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en
tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las
facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Gabriel de Jesús Cano Becerra, por conducto de apoderada judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01736-01 (4543-2024)
Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a
continuación se señalan2.
2.1.1. Pretensiones
2.El demandante solicitó que se inapliquen por inconstitucionales las siguientes
normas:
• El artículo 1 del Acuerdo PSAA 11-8419 del 1 de agosto de 20113, expedido por
la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que
respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23»,
en los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.
• El numeral 1 del artículo 86 del Acuerdo PSAA 11-10402 del 29 de octubre de
20154, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en lo que respecta a la creación con carácter permanente del cargo
que se denominó «abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrado
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. Asimismo, pidió que se declarara la nulidad del acto ficto generado por la falta de
respuesta a la petición radicada el 9 de mayo de 2018 en la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín.
4. A título de restablecimiento del derecho, el demandante reclamó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la
reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.
5.De igual manera, que se condenara a la demandada a actualizar las sumas
adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo
187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo
192 ibidem. Solicitó la condena en costas.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:
7.El señor Gabriel de Jesús Cano Becerra fue nombrado en el cargo de «abogado
asesor grado 23» del Tribunal Administrativo de Antioquia, a partir del 9 de septiembre
de 2016, designación que fue prorrogada hasta el año 2022.
8. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PSAA11-7895 del 28 de febrero de 2011, para los despachos permanentes del
Tribunal Administrativo de Antioquia. Posteriormente, mediante Acuerdo PSAA 11-
1
20 de junio de 2019.
2
C. Principal folios 1-11
3
«Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de Descongestión
en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia».
4
«Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio
nacional».
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
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8419 del 1 de agosto de 2011, se creó el cargo de «abogado asesor grado 23» para
los despachos en descongestión del referido Tribunal5
9. El 9 de mayo de 2018, solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial
existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y
el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos
retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales; sin embargo, la entidad
omitió resolverla, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo
en los términos del artículo 83 del CPACA.
10. Explicó que el cargo de «abogado asesor» existe en la planta de personal de la
Rama Judicial, sin la asignación de grado alguno, por lo que al crear el cargo de
«abogado asesor grado 23», el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, cuando estableció una categoría salarial distinta a la ya
prevista para el «abogado asesor», lo que generó un detrimento para los intereses de
quienes venían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado
23», debido a que su remuneración salarial era inferior.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se invocan las siguientes normas:
De la Constitución Política, los artículos 13, 53, 136, 150 (numeral 19, literales c y e) y
209.
De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 3 y 4.
Ley 270 de 1996
Del Código Sustantivo de Trabajo, los artículos 127, 128 y 132.
Decreto 57 de 1993
Decreto 1039 de 2011
Decreto 874 de 2012
Decreto 1024 de 2013
Decreto 194 de 2014
12. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:
13. Manifestó que de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República expedir las normas y señalar los criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, conforme lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
14. Indicó que el cargo de «abogado asesor» fue inicialmente establecido en el Decreto
57 de 1993, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura, al crear el cargo de
«abogado asesor grado 23» con una asignación salarial diferente e inferior excedió
sus facultades legales, en tanto se atribuyó una competencia reservada
exclusivamente para el Congreso y el Gobierno nacional, con relación a la
5
«Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de Descongestión
en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
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determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la
Rama Judicial.
15. Afirmó que en la práctica existe una diferencia salarial injustificada entre quienes
han desempeñado el empleo de «abogado asesor» sin grado y quienes, como el
demandante, se vincularon al cargo de «abogado asesor grado 23» con una
remuneración inferior, dado que la asignación prevista para el abogado asesor grado
23, es inferior a la establecida para el abogado asesor sin grado
16. En consecuencia, consideró que el acto administrativo demandado se encuentra
viciado de nulidad, por cuanto desconoció las normas superiores en las que debía
fundarse, toda vez que no tuvo en cuenta que su función se limitaba a definir la
estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le
asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados
de la Rama Judicial.
2.2. Contestación de la demanda
17. El Consejo Superior de la Judicatura6. se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales previstas en
los artículos 257 de la Constitución Política y 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por
el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, se resolvió crear transitoriamente el cargo de
abogado asesor grado 23 en los tribunales administrativos del país, como una medida
complementaria a las adoptadas en el plan nacional de descongestión.
18. De esta manera, expresó que la única limitante que tiene la entidad para la
creación de empleos es que no puede establecer a cargo del tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales.
19. Asimismo, advirtió que no es posible acceder a la pretensión de nivelación salarial
del cargo de abogado asesor grado 23 porque este cuenta con unos requisitos exigidos
para este y el salario fijado, cuyas condiciones fueron establecidas desde el momento
de su creación y aceptadas por el demandante.
20. Por otra parte, afirmó que no se vulneró el derecho a la igualdad del demandante,
por cuanto es facultativo del Consejo Superior de la Judicatura, crear y estructurar
cargos dentro de los despachos judiciales de cada distrito judicial.
21. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inepta demanda por indebido
agotamiento de la vía administrativa; ii) legalidad de los actos administrativos
acusados; iii) inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido; y iv)
prescripción trienal.
2.3. Sentencia de primera instancia
22.El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 31 de mayo de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
6
C.Princial, folios 49-54.
4
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
«PRIMERO. SE INAPLICA POR INCONSTITUCIONAL la expresión “Grado 23”
relacionada al cargo Abogado Asesor contenida en los Acuerdos Nos. PSAA11-7895
del 28 de febrero de 2011, así como los Acuerdos que prorrogaron la medida y el
Acuerdo No. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva [sic].
SEGUNDO. SE DECLARA LA NULIDAD de la Resolución No. 19-7149 del 10 de junio
de 2019, mediante el cual negó la reliquidación, con efectos retroactivos, de las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor
“grado 23” y el de “Abogado Asesor de Tribunal Judicial”, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. SE CONDENA a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reconocer y pagar a favor de Gabriel de Jesús Cano Becerra, las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogada Asesor “grado 23”,
que se le venía cancelando, y el cargo de “Abogado Asesor de Tribunal”, consagrado
en los de los Decretos Nos. 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016,
1013 de 2017 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020, 982 de 2021, 456 de 2022 y los
siguientes que los modifican, y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones
sociales que ha devengado el actor, como primas, vacaciones, cesantías,
bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales causados y que se
llegaren a causar, con base en el salario que por Ley le corresponda al cargo de
Abogado Asesor de Tribunal, por los siguientes periodos de tiempo, así como en los
que el demandante acreditó que se desempeñó en dicho cargo:
Desde el 9 de septiembre de 2016 hasta el 1° de mayo de 2018
Desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 28 de abril de 2020
Desde el 30 de abril de 2020 hasta el 24 de abril de 2022
Desde el 26 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 […]7».
23. El Tribunal indicó que de acuerdo con la certificación expedida el 16 de mayo de
2024 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, el
señor Gabriel de Jesús Cano Becerra ha laborado en la Rama Judicial en varios
periodos y cargos y su vinculación específica como «abogado asesor grado 23» en el
Tribunal Administrativo de Antioquia, ocurrió entre el 9 de septiembre de 2016 y el 30
de junio de 2022.
24. De este modo, precisó que el cargo de «abogado asesor grado 23» inicialmente
fue creado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura través del
Acuerdo PSAA11-7895 del 28 de febrero de 2011, el cual fue prorrogado hasta la
expedición del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, que los creó de
forma permanente.
25. Así pues, el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación SUJ-033-CE-
S2-2023 del 2 de noviembre de 20238, determinó que el Consejo Superior de la
Judicatura desconoció el ordenamiento jurídico, cuando estableció una remuneración
a un cargo cuya denominación ya se encontraba expresamente señalada en los
decretos anuales que establecen el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial.
7
Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.
8
Expediente con radicado No. 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
5
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01736-01 (4543-2024)
Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
26. En este orden, resaltó la diferencia salarial entre el cargo de «abogado asesor
grado 23» y el de «abogado asesor» previsto en los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337
de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020, 982 de 2021 y 456 de 2022 expedidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de
1992.
27. De esta manera, refirió que el salario percibido por el señor Gabriel de Jesús Cano
Becerra, como «abogado asesor grado 23», fue inferior al establecido anualmente para
el cargo nominado «abogado asesor», por lo que consideró que era procedente
acceder a las pretensiones de la demanda, en inaplicación del Acuerdo PSAA11-7895
del 28 de febrero de 2011, así como los acuerdos que prorrogaron la medida y el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015
28. En lo que respecta a la prescripción, sostuvo que, en el presente asunto la parte
actora presentó la reclamación ante la entidad demandada el 9 de mayo de 2018, y se
desempeñó en el cargo de abogado asesor desde el 9 de septiembre de 2016, por lo
que atendiendo a que la prescripción ocurre contados tres años después de radicada
la petición ante la entidad, concluyó que en el presente asunto no operó la figura de la
prescripción.
2.4. Recurso de apelación
29. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación9 en contra
de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.
30. Así pues, reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda en el sentido de
indicar que el cargo de «abogado asesor grado 23» fue adoptado por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de sus facultades
legales que le correspondían, como una medida de carácter transitorio, para atender
los problemas de congestión de los despachos judiciales, y en ese sentido su creación
y su remuneración fue una determinación específica según el grado asignado.
31. Por otro lado, advirtió que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín no puede comprometer partidas presupuestales sin el previo
respaldo de certificado de disponibilidad presupuestal, por lo que consideró que no es
procedente acceder a las pretensiones del demandante, toda vez que se generaría
una imposibilidad material para atender su cumplimiento, debido a que no están
presupuestados esos mayores valores que se ocasionarían en la nómina para el
reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales
beneficiarios.
32. Destacó que acceder a lo pretendido por el actor, implicaría desconocer la
prohibición contenida en el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015 en la cual se
establece que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones atribuibles al
presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes.
9
Samai, exp. 05001-23-33-000-2019-01736-01, índice 2, certificado núm. 5708C90A6A6A597F AA8BF2EEC6C04259
2DC3F62F7B53B4D9 0AE6960CB8C66EB2, documento «31RecursoApelaciónRamaJudicial».
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33. De este modo, insistió en que si no se cuenta con la respectiva disponibilidad
presupuestal que garantice los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con
las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración
judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de
nivelaciones salariales o prestacionales.
34. Finalmente reiteró que, en el presente asunto, se configura una ineptitud sustantiva
de la demanda por indebido agotamiento de la vía administrativa por cuanto la petición
realizada ante la entidad que demanda como acto ficto presunto negativo, fue resuelta
mediante resolución DESAJMER19-7149 del 10 de junio de 2019, notificada el día 26
de junio del mismo año, sin que el peticionario interpusiera los recursos de ley.
35.Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 5 de marzo de 202510, se admitió el recurso de apelación
interpuesto la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del
período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
38. Antes de establecer los principales problemas jurídicos a resolver en esta
oportunidad, la Sala considera necesario pronunciarse sobre una circunstancia que
tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la demanda. Esto es, la existencia de
un acto expreso a través del cual se resolvió la solicitud de reconocimiento y pago de
las diferencias salariales existentes entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y
el de «abogado asesor».
3.2.1. La existencia de un acto expreso a través del cual se resolvió la solicitud
de reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas por el actor.
39. Al respecto, se observa que la demanda de la referencia se presentó contra el acto
administrativo ficto negativo que se configuró con ocasión de la petición del 9 de mayo
de 2018, que radicó accionante con el fin de que se le reconocieran las diferencias
salariales existentes entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado
asesor».
10
Samai, exp. 05001-23-33-000-2019-01736-01, índice 6, certificado núm. B348EE2A6B6C71B6 FCC7AF2AB4A454D1
C4B2099A38661C4B CE46D484E22DC09D.
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40. La demanda fue inicialmente presentada ante la oficina de apoyo para los juzgados
administrativos de Medellín11, el 20 de junio de 201912, cuyo cocimiento se le asignó
al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín. Dicha autoridad, mediante auto
del 2 de julio de 201913, remitió por competencia el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
41. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través
de la Resolución núm. 19-7149 del 10 de junio de 2019 negó el requerimiento
presentado por el acto el 9 de mayo de 2018. Esta actuación administrativa se notificó
a la parte interesada el 26 de junio de 2019.
42.El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 6 de septiembre de
2019, admitió la demanda de la referencia. Dicha providencia se notificó a la parte
demandada el 18 de septiembre de 2019.
43. En ese orden de ideas, como la petición de reconocimiento de las diferencias
salariales reclamadas por el actor se presentó el 9 de mayo de 2018, el plazo de 3
meses para resolver venció el 9 de agosto de 2018. Esto quiere decir que la
configuración del acto ficto negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del
CPACA14, tuvo lugar el 9 de agosto de 2018.
44. Sin embargo, no es posible pasar por alto que el curso de la actuación y previo a
la expedición del auto admisorio de la demanda se profirió la referida resolución. Esto
resulta relevante, debido a que el objeto principal del proceso de la referencia gira en
torno al reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas por el demandante,
por lo que el pronunciamiento de la autoridad involucrada sobre el particular podría
tener incidencia en el análisis que se emprende en esta oportunidad y/o en las
decisiones que se adopten.
45. En efecto, la anterior situación podría derivar en la ineptitud de la demanda, pues
se planteó una controversia sobre la validez de un acto administrativo ficto que, a la
luz de la Resolución núm. 19-7149 del 10 de junio de 2019, desapareció previo a
admitirse la demanda. Dicha situación implicaría considerar la ausencia de uno de los
presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de fondo.
En otras palabras, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.
46. Sobre el particular, se recuerda que desde la perspectiva del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.), que también está previsto
en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derecho
Humanos (art. 25), las decisiones inhibitorias «son solamente admisibles cuando el
11
Samai, exp. 05001-33-33-033-2019-00249-00, índice 1.
12
C. Principal, folio 11.
13
Samai, exp. 05001-33-33-033-2019-00249-00, índice 2.
14
ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin
que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido,
el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del
deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que
habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.
8
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento jurídico aplicable»15
para dictar una decisión de fondo; lo que implica que previamente debió haber
«agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para resolver», pues
«(d)e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría apartando por
completo del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que de la obligación
que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»16.
47. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado17,
han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe
decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un
excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna
por:“(i) impartir justicia,18 (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real,19 y (iii) evitar pronunciamientos
inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la administración de justicia
y de los derechos materiales20”»21.
48. Por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una alternativa que permita
proferir una decisión de fondo en el caso de autos, sustentada en el principio
constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C.P.), en virtud
del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho procesal, sino que
debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los derechos
sustanciales, en este caso fundamentales22.
49. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala precisa que si bien el juez de
primera instancia al admitir la demanda no advirtió la existencia de la Resolución núm.
19-7149 del 10 de junio de 2019, pues solo tuvo conocimiento de esta con la
contestación de la demanda por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, también es cierto que el demandante acudió a la
administración de justicia con la convicción de que el acto ficto acusado por mandato
legal, había surgido el 9 de agosto de 2018.
15
Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad. 25000-23-42-
000-2014-03262-01 (2841-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César Palomino Cortés.
18
Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que puede «producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas» se aparta de sus obligaciones
de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no
fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, actuando en, «contra de su papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en
la garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de
elementos que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la
autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los derechos
sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso
como presupuesto para la adopción de decisiones justas».
19
Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
concluyó que el mismo se presenta, «cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas,
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la
justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial». Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637
de 2010.
20
La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia supone la garantía de obtener respuestas
definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para
evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en
apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
21
Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22
En el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
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50. Es más, partiendo del anterior hecho, esto es, la existencia de un acto ficto que
negó la petición del 9 de mayo de 2018, las partes durante dos instancias han tenido
la oportunidad de exponer ampliamente las razones por las cuales consideran que la
pretensión del actor debe o no reconocerse, y en caso afirmativo en qué términos, de
manera tal que el aspecto central de la controversia, esto es, la reclamación de las
acreencias laborales del señor Gabriel de Jesús Cano Becerra, ha sido debatida.
51. Así pues, desde la perspectiva de la teoría de la causa petendi, es importante
destacar que los hechos que sustentan la pretensión permanecieron inalterados, en la
medida en que se dirigen a cuestionar la negativa de la entidad demandada en el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales pretendidas por el actor, de manera
que variaciones en la fundamentación jurídica sobre la identificación del acto demando
no deben afectar la validez sustancial del proceso.
52. En estos términos, debido a que la demanda se admitió el 6 de septiembre de
2019, era posible inferir que la entidad demandada aún conservaba la competencia
para proferir la Resolución núm. 19-7149 del 10 de junio de 2019.
53. Lo anterior permite inferir que no existió la omisión de pronunciamiento por parte
de la accionada que hubiese dado lugar a la declaratoria del acto ficto o presunto y,
por el contrario, se observa la existencia de un acto expreso que debía analizarse a
efectos de determinar si es procedente o no declarar su nulidad.
54. En atención a lo anterior, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia al involucrar la Resolución núm. 19-7149 del 10 de junio de 2019 para
estudiar la negativa de la entidad demandada respecto del reconocimiento del derecho
salarial reclamado por el actor hizo uso de la facultad de saneamiento del proceso,
prevista en el artículo 207 de la Ley 1437 de 201123, con el fin de constituir una
proposición jurídica completa en el presente asunto.
55. Conforme con lo anterior, el cargo planteado por la parte demandada en el escrito
de apelación, consistente en la «ineptitud sustantiva de la demanda» no está llamado
a prosperar.
3.3. Problema jurídico
56. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo
siguiente:
57. ¿Si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias
constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado
asesor», en la medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y
prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para
dicho empleo?
23
ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para
sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes.
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58. Por otra parte, se debe establecer ¿si las pretensiones del demandante generarían
una imposibilidad material para la entidad demandada de atender su cumplimiento,
debido a los mayores valores que ocasionarían en la nómina para el reconocimiento
de dichas acreencias laborales?
59. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los
siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad
del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de la entonces Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.
3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de
jurisprudencia.
60. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado,
y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023,
unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
jurisprudencial24:
«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de
1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales
se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor»
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».
61. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que
fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial;
y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor
grado 23».
62. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala
procede a referirse, en los siguientes términos:
3.3.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial
63. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República,
entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos y la Fuerza Pública, así:
«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).
64. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 199225, mediante la cual estableció los criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama Judicial, en los siguientes
términos:
«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República…»
«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales;
[…]
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).
«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».
«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo
2º. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero
de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando
25
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
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sus remuneraciones26.
[…]». (Negrilla de la Sala).
65. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4ª de 1992, el presidente de
la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos, precisó que el
referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con
posterioridad a su entrada en vigor.
66. Asimismo, la normativa en cita estableció en su artículo 2 que los servidores
públicos vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una
sola vez y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y
prestacional previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes no
ejercieran dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.
67. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno
nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992. Asimismo,
en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que determinaron los
salarios de los cargos con denominación específica según el Decreto 57 de 1993 y, de
manera subsidiaria, estableció una escala de grados salariales para aquellos empleos
no incluidos en dicha clasificación.
3.3.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial
68. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los siguientes términos:
«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de
acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
[…]
1. Administrar la carrera judicial.
[…]».
69. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del artículo
257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que pueda imponer
obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, en los aspectos no previstos por el
legislador27.
26
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.
27
«ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior
de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio
en la ley de apropiaciones iniciales.
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70. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199628 en su artículo 85, modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 202429, reguló las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes atribuciones:
«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
[…]
12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.
13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.
[…] ».
71. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200930, modificó el artículo 63 de la Ley
270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos, que confirió
al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la implementación del Plan
Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el cual se crearon los cargos
de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha disposición no le atribuyó la
potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados
vinculados a dichos cargos31.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
[…]».
28
«Estatutaria de la Administración de Justicia».
29
«Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones».
30
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
31
«Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar
las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los
asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga
laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las
mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos
dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C. P. C.;
los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante
comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;
14
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72. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera judicial,
crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar aspectos
relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias reservadas
de manera exclusiva al legislador, conforme en los artículos 125 y 150, numeral 23, de
la Constitución Política.
3.3.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»
73. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya
asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».
74. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la remuneración
del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos debía estar determinada por el régimen previsto
para los cargos nominados (sin grado) en los decretos expedidos por el presidente de
la República, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, su salario debía fijarse conforme al artículo 4 de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.
75. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura modificara
la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, ya
que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó de manera
negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación ilegal e
inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden constatar en
el siguiente cuadro:
«[…]
Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley
de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de
descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan
de descongestión».
15
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
[…]»
3.3.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»
76. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese momento
ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó
la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el de «profesional
especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del artículo 281 del CGP,
toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que modificó la situación jurídica
objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el caso en concreto lo siguiente:
«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”,
por la de “profesional especializado grado 23”».
77. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada providencia,
se señaló:
«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos.
Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».
78. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente al
derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el término de
prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el reclamo escrito
del trabajador.
3.4. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
79. Se considera pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a la
sentencia de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23»
respecto del cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos 32 expedidos
32
El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo PSAA11-8356 del 29 de
julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781 del 18 de diciembre de 2012; Acuerdo
PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013, con excepción del aparte que se
refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-9962 del 31 de julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre
de 2013; Acuerdo PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-
10288 del 29 de enero de 2015; Acuerdo PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de
2015; Acuerdo PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015; Acuerdo PSAA15-
10371 del 31 de julio de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
16
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01736-01 (4543-2024)
Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
por el Consejo Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la jurisdicción
ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, a través de sentencia
del 23 de octubre de 202433.
80. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad señalaron que
existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante postulados
generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se consolida la competencia
reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en estricto sentido, las escalas
salariales que regulan la remuneración y las asignaciones básicas mensuales de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
81. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del empleo
de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del «grado
23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23», constituye el
ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el legislador y el
Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
atribuciones, al asumir una función que corresponde de forma privativa al legislador y
Gobierno nacional.
3.5. Caso concreto
82. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA11-7895 del 28
de febrero de 2011, creó el cargo de «abogado asesor grado 23» para los despachos
permanentes del Tribunal Administrativo de Antioquia. Posteriormente, mediante
Acuerdo PSAA 11-8419 del 1 de agosto de 2011, se creó el cargo de «abogado asesor
grado 23» para los despachos en descongestión del referido Tribunal.
83. Más adelante, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015, creó el cargo de «abogado asesor grado 23» con
carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.
Como consecuencia de ello, el señor Gabriel de Jesús Cano Becerra fue nombrado en
dicho empleo.
84. En el proceso se acreditó, mediante certificación del 16 de mayo de 2024, que el
señor Gabriel de Jesús Cano Becerra prestó sus servicios como «abogado asesor
grado 23» en el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los siguientes períodos34:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2 del artículo 14; 1
del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del artículo 87, numerales 1 y 2 del
artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter
permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la denominación de unos
cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado
grado 23”».
33
Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-
2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
34
Samai, exp. 05001-23-33-000-2019-01736-01, índice 2, certificado núm. 5708C90A6A6A597F AA8BF2EEC6C04259
2DC3F62F7B53B4D9 0AE6960CB8C66EB2, documento «27CertificadoTiempodeServicios».
17
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de terminación
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 09/09/2016 01/05/2018
de Antioquia
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 03/05/2018 28/04/2020
de Antioquia
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 30/04/2020 24/04/2022
de Antioquia
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 26/04/2022 30/06/2022
de Antioquia
85. Aunque no fueron aportados los desprendibles de nómina, de la anterior
certificación se puede inferir que el demandante se encontraba debidamente vinculado
al Tribunal Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, se le liquidó y pagó su
salario de conformidad con la escala prevista para los empleados de la Rama Judicial
correspondiente a los cargos de «abogado asesor grado 23».
86. La parte actora presentó petición el 9 de mayo de 2018 ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través de la cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado; así como la respectiva reliquidación
salarial y prestacional35.
87. La demandada mediante Resolución núm. DESAJMER19-7149 del 10 de junio de
2019, negó la solicitud presentada por el demandante, al considerar que la
remuneración del actor se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes
a mes según la escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno Nacional, para el cargo
de «abogado asesor grado 23»36.
88. La parte actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual solicitó la inaplicación por
inconstitucionalidad del artículo 1 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado
asesor grado 23» de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales
administrativos. Igualmente pidió la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento y pago de las diferenciales salariales y prestacionales entre el empleo
de «abogado asesor grado 23» que venía desempeñando y el de «abogado asesor»
sin grado.
89. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la
categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4ª de 1992.
35
C. Principal, folio 14.
36
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo
«01ExpedienteDigital.pdf», pág. 37.
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
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90. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
al considerar que: i) el cargo de «abogado asesor grado 23» fue un empleo creado
como una medida de carácter transitorio, para atender los problemas de congestión
de los despachos judiciales, y en ese sentido su creación y su remuneración fue una
determinación específica según el grado asignado, y ii) las pretensiones del
demandante, podrían derivar en una imposibilidad material para atender su
cumplimiento, por parte de la entidad debido a que esos mayores valores no están
presupuestados en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales.
91. Ahora bien, al descender al caso concreto, y conforme a los criterios adoptados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 2 de
noviembre de 2023, se concluyó que la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso de la República, el
cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia37.
92. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de
cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales, lo cual
implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de los
empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar o
modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la planta
de personal de la Rama Judicial.
93. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución Política, faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
establecidos por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se expidió la Ley 4ª
de 1992, mediante la cual se fijaron los parámetros que se debe observar el Gobierno
nacional para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos,
incluidos los de la Rama Judicial.
94. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de
sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para
establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la
Rama Judicial ni asignarle grados o códigos adicionales, dado que esta atribución
corresponde de manera concurrente al legislador y el gobierno nacional.
95. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el
cual asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» que venía desempeñando el
actor. Con dicha actuación, desconoció las disposiciones que regulan el régimen
salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto
en el artículo 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de
2014, según el cual el cargo ya existente de abogado asesor tenía prevista una
asignación salarial y prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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96. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente al
cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se evidencia de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la asignación salarial
del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de «abogado asesor grado
23» desempeñado por el demandante, pese a tratarse materialmente del mismo
empleo.
97. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron no percibieran la
remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso concreto,
ello implicó que durante el tiempo en que el demandante ejerció funciones como
«abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado anualmente por
el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado asesor», lo que, a
su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones sociales, al haberse
utilizado dicho salario como base para su liquidación.
98. Para mayor claridad, se expone un cuadro comparativo con las diferencias
salariales entre ambos cargos en el período en que el demandante se desempeñó en
el empleo, de acuerdo con los porcentajes de aumento fijados por el Gobierno nacional
en los decretos que se describen a continuación:
99. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado recientemente a
través de providencia del 6 de marzo de 202538, respecto a los casos en los que se
discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente:
«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el artículo
4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, entre otros,
según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus
competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno
nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores que
desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante […]
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2018-
02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
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[…]
52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos de juicio
antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del abogado asesor
(nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993; ii) por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de los cuales se nombró a Fabián
Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos de magistrado de los tribunales
administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de
«abogado asesor grado 23».
53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante correspondía
al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de este durante el tiempo que lo ejerció».
100. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de
la Rama Judicial.
101. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, se encuentra
comprendida dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos
por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª
de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4°. de los
Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, es decir, conforme
al empleo «abogado asesor sin grado», sin que sea aceptable que el Consejo Superior
de la Judicatura pueda variar la denominación establecida en el artículo 3º, numeral 2°
del Decreto 57 de 1993.
102. Por ello no le asiste la razón a la entidad recurrente, en la medida en que el
demandante sí tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor grado
23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el primero de los empleos mencionados.
103. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación de cargos incluidos
en los listados de empleos definidos por decretos del presidente de la República,
expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992, razón por la
cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional.
104. Por las razones expuestas, resultaba procedente inaplicar por inconstitucionalidad
la expresión «grado 23» contenida en el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, tal como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las
21
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consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de
unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.
105. Por otro lado, la entidad demandada argumentó que existe un impedimento
presupuestal para acceder a las pretensiones del demandante, debido a que no cuenta
con el presupuesto para efectuar el pago de los mayores valores que se ocasionarían
en la nómina para el reconocimiento las acreencias laborales reclamadas por el actor.
106. Al respecto, es pertinente señalar que la falta de disponibilidad o apropiación
presupuestal no es razón suficiente para no reconocer los derechos laborales mínimos
de los empleados, pues las entidades públicas están en la obligación de mantener y
garantizar los recursos económicos necesarios para atender tales obligaciones. Sobre
el particular esta corporación ha precisado lo siguiente:
En cuanto a la previsión respecto de la existencia de certificado de disponibilidad
presupuestal previo otorgamiento de la prima técnica no impide la configuración legal del
derecho ni su reconocimiento, pues como en otras oportunidades lo ha manifestado esta
Corporación39, ello constituye un procedimiento obligatorio de orden presupuestal que
obedece al principio constitucional de legalidad en el gasto público, cuya finalidad es
garantizar la existencia de recursos para el pago de la prima técnica dentro de la
respectiva vigencia presupuestal, pero no un requisito adicional o condición legal para su
reconocimiento40.
107. De esta manera, las entidades públicas, no pueden sustraerse al cumplimiento de
sus obligaciones, so pretexto de no disponer de los recursos presupuestales
necesarios para ello. En consecuencia, en atención de los derechos laborales
considerados como irrenunciables y ciertos, no puede someterse al servidor a
dilaciones que corresponden únicamente a la administración.
108. En este orden, es claro que las entidades tienen el deber de aprovisionar los
recursos de funcionamiento necesarios para cumplir con todas las obligaciones de
personal a su cargo e iniciar de manera oportuna el trámite para la adición o
modificación del presupuesto, pues cuando no se cancelan oportunamente
emolumentos de carácter salarial se desconocen preceptos constitucionales como el
mínimo vital y se vulneran los principios de eficacia у celeridad de la función
administrativa correspondiente y el cumplimiento de los fines del Estado.
109. En esas condiciones, el argumento concerniente a la falta de disponibilidad
presupuestal planteado por la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, en
la medida en que es su deber efectuar las gestiones presupuestales necesarias para
garantizar a los servidores el pago puntual tanto de su salario como de sus
prestaciones sociales.
4. Conclusión de la decisión
110. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 17 de abril de 2008, radicado interno núm. 2351 de 2006
y del 21 de octubre de 2009, radicado interno núm. 2356-de 2007.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado núm. 68001-23-31-000-
2009-00028-01.
22
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Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando y el de «abogado
asesor sin grado», teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle un grado y categoría salarial al primero de estos, incurrió en un exceso en el
ejercicio de sus facultades como quedó establecido por la jurisprudencia unificada de
esta corporación.
5. Costas
111. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.
112. En el presente asunto, tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Antioquia
en la providencia de primera instancia, no se advierte que la vencida, haya incurrido
en las anteriores conductas.
6. Decisión
113. En atención a las anteriores consideraciones esta Subsección confirmará el fallo
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en las razones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
41
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia
de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01736-01 (4543-2024)
Demandante: Gabriel de Jesús Cano Becerra
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, (Antioquia)
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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