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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
63 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO.- UNIFI C AR la jurisp rudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados 95, gra dos, códigos y re muneración dif erente s a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las f acultades previstas en la Le y 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grad o 23 de los Tribunales Administrativos, es la f ijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”. SEGUNDO.- ADV ERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unif icación constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en ví a administrativa como judicial, toda vez que los ef ectos de la presente sentencia de unif icación son retrospectivos . Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodif icables. 94 “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.” 95 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica. 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 48 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 08001-23-33-000-2018 -00529-01 (3071-2019) Demandante: Orlando José Jiménez Cerra TERCERO. - MO DI FIC AR el numeral segundo de la sen tencia del 1.° de marzo de 2019 prof erida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Orlando José Jiménez Cerra en contra de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva d e Ad ministración Judicial , en los sigu ientes términos: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintit rés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071 -2019)
Demandante: Orlando José Jiménez Cerra
Demandado: Nación –Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Temas: Sentencia de unif icación. Fijación del régimen
salarial y presta cional en la Rama Judicial -
reconocimiento y pago de dif erenc ias salariales

SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A / SUJ-033-CE-S2-2023

I. ASUNTO
1 . La Sección Segunda del Consejo de Estado, al decidir el recurso de

apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del
del 1.° de marzo d e 2019 prof erida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, procede a unif icar su jurisprudencia a f in de determinar la
remuneración salarial que corresponde al cargo de abogado asesor
grado 23 de los tribunales administrativos .

II. ANTECE DENTES

2.1. La demanda 1.
2 . El señor Orlando José Jiménez Cerra, a través del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó lo sigu iente 2:

a) Inaplicar por “inconstitucional ” el artícu lo 1.°del Acuerdo
PSAA 11 -8346 del 29 de julio de 2011, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en
cuanto asignó el “grado 23 ” al cargo de “abogado asesor ”
creado en cada despacho de los magist rados del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
b) Declarar la nulidad del Of icio DESAJBAO17 - 1931 del 28 de
junio de 2017, prof erido por el director seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, que le negó el
reconocimiento y p ago del salario est ablecido para el car go
de abogado asesor del Tribunal Administrativo del Atlántico,
en los términos de los Decretos expedidos por el gobierno

1
Demanda visible a folios 4 y s.s.
2
La demanda fue subsanada a folios 43 y s.s.

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

nacional núms. 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013,
194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337
de 2018, al igua l que la reliquidació n de sus prestaciones
sociales con base en dicho salario.
c) Declarar la nulid ad del acto f icto o presunto negativo
derivado de la no resolución del recurso de apelación
interpuesto contra el Of icio DESAJBAO17 -1931 del 28 de
junio de 2017.
3 . Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del

derecho, requirió que se condene a la entidad demandada a lo
sigu iente:

a) Reconocer y paga r el sueldo básico o remuneración mensual
que corresponde al cargo de “abo gado asesor ” de Tribunal,
consagrado en los decretos dictados por el Gobierno Nacional ,
desde la f echa en que ingresó a tal cargo, y por los años 2014
a 2018 y en lo sucesivo mientras se desempeñe en el mism o
cargo.

b) Reconocer y pagar las dif erencia s que e xisten entre la
asignación mensual que corresponde al cargo de “abogado
asesor” de Tribunal, según los decretos mencionados en el
numeral anterior y las que han sido ef ectivamente pagadas por
la Dirección de Administración Judicial del Atlántico, desde la
f echa de po sesión del actor en el referido cargo hasta la fecha
en que se realice la nivelación salarial.

c) Se reliquiden todas las prestaciones sociales y demás
emolumentos salariales y p restacio nales causados y que se
llega ren a causar, con base en el salario que le corresp onda al
cargo de “abogado asesor ” de Tribunal.

d) Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artícu los 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.1. Supuestos fácticos
4 . Como hechos relevantes, se indicaron los siguientes:
5.El señor Orlando José Jiménez Cerr a se ha desempeñado en el
Tribunal Administrativo del Atlántico en los siguient es cargos y
periodos:

C AR G O DESDE H AS T A
Auxiliar judicial grado 1 5 de octubre de 2012 2 9 d e m a yo d e 2 0 1 4 .

Abogado asesor grado 3 0 d e m a yo d e 2 0 1 4 31 de diciembre de 2014
23
Auxiliar judicial grado 1 13 de enero de 2015 2 de febrero de 2015
Abogado asesor grado 2 de febrero de 2015 31 de agosto de 2015
23
Abogado asesor grado 1.° de agosto de 2016 Se encontraba laborando
23 a la fecha de expedición
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de la certificación de 20
d e m a r z o d e 2 0 1 8 3.

6. A través del Decreto 1039 del 4 de abril de 2011 4, artículo 4.°, se
estableció la esca la de remuneración de los empleados de la Rama
Judicial a partir del 1.° de enero de 2011, y en el numeral 2.°
determinó, que los empleos de “abogado asesor ” de tribunales
judiciales recibiría n una rem uneración de $5´140.170; igualmente el
artícu lo 6.° estableció que la remuneración mensual para los
empleados de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cu ya
denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores,
se regiría por la escala allí señalada, y f rente al “grado 23 ” determinó
una remuneración mensual de $3´845.934.
7.Dicha previsión normativa se reiteró con sus respectivos aumentos
salariales en los Decretos 874 del 27 de abril de 2012 5, 1024 del 21
de mayo 2013 6 y, 1 94 del 7 de febrero de 2014 7.
8. Según la demanda, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Barran quilla ha venido pagando al señor Jiménez Ce rra su
asignación mensual y liquidand o sus prestacio nes con la
remuneración d el empleo “grado 23 ”, es decir, en suma inf erior a la
del cargo de “abogado asesor” que para el año 2014 correspondía a
$5´746.978 y que se encuentra expresamente prevista en el artículo
4.° de los Decreto s expedidos por e l Gobierno Nacional núms. 1039
de 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 .
9 . A tra vés de escrito del 30 de mayo de 2017, solicitó de la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Atlántico la nivelación
salarial y el pago de dif erencias salariales y prestacionales con base
en el cargo de “abogado asesor ”; en respuesta la entidad prof irió el
Of icio DESASJBAO – 17 del 28 de junio de 2017 , mediante el cual
negó la petición . En contra de dicho of icio, el actor interpuso recurso
de apelación, que no f ue resuelto, por lo que se conf iguró un acto
f icto negativo de la administración.

2.1.2. Normas vi oladas y concepto de violación
10.
Como tales, se señalaron los artículos 2.°, 6.°, 25, 53 y 122 de la
Constitución Política; 7.° del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, los
Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014,
1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 333 de 2018 .

3
Suscrita por el secretario general del Tribunal Administrativo del Atlántico el 20 de marzo de 2018, aportada a folio 20.
4
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.
6
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.
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11.Como concepto de violación, indicó que los actos administrativos
censurados incurrieron en violació n directa de la ley y f alsa
motivación.
1 2 . Frente al primero de los cargos , indicó que los trabajadores tienen

derecho a una remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, así como a los benef icios mínimos
consagrados por las normas laborales, dentro de los que se
encuentran el salario y las pre staciones sociale s, que son
irrenunciables.
1 3 . Asímismo, de acuerd o con el numeral 7.° del artículo 152 de la Ley

270 de 1996, los empleados de la Rama Judicial tienen derecho a
percibir una remuneración acorde con su f unción, dignidad y
jerarquía, que no puede ser disminuida de ninguna manera . En esta
línea, e xpresó que la entidad no está acatando tales disposiciones en
cuanto a la remuneración que debe pagar al demandante, toda vez
que, en la planta de persona l, los cargos se encuentran clasif icados
por niveles dire ctivo, prof esional, técnico y asistencial y,
determinados por una denominación, código y grado . De esta manera,
en Colombia no existe cargo público que no tenga un n ombre o una
denominación.
14. E xplicó que e l Consejo Superior de la Judicatura mediante los
Acuerdos 8346 del 29 de julio y 8947 del 9 de diciembre 2011, cre ó
unos cargos de descongestión en el Tribunal Administrativo del
Atlántico, y le asignó a cada uno de los magistrados de esa
corporación un cargo de “abogado asesor ” al cual le f ijaron el grado
23, siendo este hecho expresamente reconocido por la entidad
demandada a través del Of icio DESAJBAO17 -1931 del 28 de junio de
2017.
1 5 . A tra vés de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,

194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 333 de
2018, el presidente de la República estableció la asign ación para el
cargo de “abogad o asesor ” de Tribunal por un valor superior a la
asignación que le corresponde a los cargos identif icados como “grado
23”, lo que f ue ignorado por la entidad , situación que ha provocado
detrimento patrimonial al señor Jiménez Cerra, por priva rle y negarle
injustif icadamente la remuneración mensual que le corresponde.
1 6 . Adicionalmente, de conf ormidad con la providencia del Consejo de

Estado del 4 de marzo 2010 8, el grado es un criterio que permite
establecer dif erencias salariales entre cargos que tienen idéntica
denominación y, en este caso, la escala salarial de la Rama Judicial,
de manera expresa, señala que la asignación mensual por grados se
paga a aquellos cargos cu ya denominación no f ue señalada en el
mismo, siendo evidente que el cargo de “abogado asesor ” del Tribunal
sí estaba contemplado por su denominación, por lo que no es factible
remunerarlo con base en un grado dif erente.

8
Proferida dentro del proceso 08001-23-31-000-2001-02566-01 (1360-07).
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17. Además, de acuerdo c on la sentencia del 9 de f ebrero de 2012
prof erida por el Consejo de Estado 9, cuando un cargo tiene su
denominación establecida en la norma en que se crea, no es viable
asignarle grados y, aun en el evento de llegar a f ijarles uno, la
remuneración mensual debe pagarse de acuerdo con su
denominación, so pena de incurrir en la violación de derechos
f undamentales y de garantías laborales mínimas de los empleados
públicos.
18. En cuanto a la falsa motivació n, explicó que la tesis de la
demandada es errónea pue s se basa en que el cargo no es nominado
y que por ello, se debe pagar la remuneración por grados ; no obstante
ese razonamiento desconoce el texto de los decretos citados, según
los cuales el pa go de los cargos en razón del grado, únicamente se
presenta cuando su denominación no aparece en artículos anteriores
del Decreto; por tanto, con base en esa interpretación la entidad
accionada está remunerando al demandante de una f orma muy inf erior
a la establecida en el artículo 4.° de los Decretos 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016,
1013 de 2017 y 337 de 2018 , previsión que es exclu ye nte, en tanto
dispone que si no se encuentra la denominación del ca rgo, ahí si debe
aplicarse la escala salarial del art ícu lo 6.° .
19.Por últ imo, sostuvo que en casos similares se ha accedido a las
pretensiones de la demanda, como lo hizo el Tribunal A dministrativo
del Atlántico en sentencia del 28 de noviembre 2016 10.

2.2. Contestación de la demanda 11
20.La Nación - Rama Judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda, presenta ndo para el ef ecto los siguientes argu mentos:
21. Según el apoderado, cada uno de los cargos que conforman la
planta de personal de la Rama Judicial tiene def inido su régimen
salarial y prestacional en los decret os correspondientes, expedidos
anualmente por el Gobierno Nacional, que son de obligatorio
cumplimiento para quienes ejecutan el presupuesto público.
2 2 . A través del Acu erdo PSAA 11 -8596 del 19 de septiembre de 2011,

se crearon de manera transitoria, y a partir de dicha f echa hasta el 16
de diciembre de 2011, varios cargos de descongestión, entre ellos
tres (3) de abogado asesor grado 23 en el Tribunal Administrativo del
Atlántico, empleo que, al parecer, f ue prorro gado por otros acuerdos,
que la parte accionante no aportó en l a demanda 12.
23.Para la entidad el cargo de abogado asesor grado 23 no es
nominado, y por tal razón su remuneración corresponde a la escala

9
Dentro del proceso 05001233100020030244801, con ponencia del dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10
Con ponencia del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo dentro del proceso con radicado
08001233100520140137700.
11
Ff. 69 y s.s.
12
Según los hechos de la demanda, la primera vinculación del demandante como abogado asesor grado 23 ocurrió desde el
30 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

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del artículo 6.° d el Decreto 1024 de 2013, valores que f ueron
ef ectivamente suf ragados al demandante durante su vinculación con
la Rama Judicial.
24. En cuanto a la inaplicación por inconstitucionalidad de los
acuerdos de creación del cargo, derivada de la alegada fal ta de
competencia de la Sala Administrativa para la f ijación de la escala
salarial, indicó que el cargo de “abogado asesor grado 23 ” f ue creado
en virtud de las f acultades previstas e n los artículos 63 y 85 de la Ley
270 de 1996; en este mismo sentido, inv ocó lo dicho por la Corte
Constitucional en sentencia C - 633 de 2007, respecto de la f acultad
de crear cargos t ra nsitorios dentro del marco de descongestión.
25.Bajo esa orientación, def endió la actuación de la entidad, para lo
cual sostuvo que , en cumplimiento de las previsiones legales
consagradas en la Ley 4ª de 1992, artículo 10, no puede establecer o
modif icar el régimen salarial o prestacional estatuido por los decretos
anuales de salario, pues cualquier disposición en contrario carecerá
de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Propuso la excepción de “presunción de legalidad de los actos
26.

administrativos ”.

2.3. Sentencia de primera instancia 13
2 7 . El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de l 1.°

de marzo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda, y se
abstuvo de condenar en costas. Para ello argumentó lo siguiente:
28.En virtud de los art ículos 256 , 257 constitucionales , 63 y 85 de la
Ley 270 de 1996 el Consejo Superior de la Judicatura creó de manera
transitoria el cargo de “abogado asesor grado 23 ” en cada uno de los
6 despachos de magist rados que conforman el Tribunal Administrativo
del Atlántico y que, dada la necesidad del servicio, ese cargo debió
prorro garse a tra vés de nuevos acuerdos que periódica mente f ueron
expidiéndose, en aras de no af ectar su prestación.
29. En atención a lo establecido en el numeral 19, literal es e) y f ) del
artícu lo 1 50 de la Constitución Polít ica, corresponde al Congreso f ijar
el ré gimen salaria l y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y, conf orme a
ello, se prof irió la Ley 4ª de 1992, que señaló normas, obje tivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la f ijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , entre ellos
los de la Rama Judicial, a través de los decretos anuales que expide
con apoyo del Departamento Administrat ivo de la Función Públic a.
30.Los decretos dictados por el Gobierno Nacional núms. 1039 del
2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245
de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, consagraron en el artículo 4.°
numeral 2.° una escala salarial para los empleados de los Tribunales
Judiciales incluye ndo el cargo de “abogado asesor ” con una
13
Folios 101 y s.s.
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remuneración específ ica; luego, los mismos decretos en su artículo
6.° f ijaron una tabla de valores salariale s “por grado ”, a plicable a los
cargos cu ya denominación no esté contemplada en los artículos
anteriores.
31. El cargo de “abogado asesor ” está contemplado en la escala
salarial creada por el Gobierno Nacion al y f orma parte de los empleos
de los Tribunales Judiciales, junto con los empleos de magistrado,
secretario de tribunal, relator, of icial mayor y escribie nte; el cargo
existe sin código y/ o grado, por lo que se identif ica sólo por su
denominación, además el Decreto contiene disposiciones para cargos
que están clasif icados por grados como el de auxiliar judicial y el de
citador.
3 2 . Si
bien el Consejo Superior de la Judicatura está facultado para
crear cargos, debe atender criterios básicos establecidos en la Ley 4ª
de 1992 y que están incluidos en los Decretos salariales que
anualmente expid e el Gobierno Nacional , por lo que no podía
establecer una remuneración al cargo de “abogado asesor ” de
Tribunal y mucho menos imponerle grados, desconociendo que esta
f acultad es exclusiva del presidente d e la República, se gún lo pre visto
en la Ley 4ª de 1992, proferida por el Congreso, en uso de las
f acultades que le fueran otorgadas por la Constitución Política.
33.En este sentido la accionada violó directamente la ley y actuó sin
competencia al imponer un grado a un cargo nominado por disposición
legal, con lo que varió su escala salarial . Por esto consideró que el
artícu lo 1.° del Acuerdo PSAA 118346 del 29 de julio de 2011
expedido por la Sala Administrativa del C onsejo Superior de la
Judicatura era inconstitucional e ilegal al desconocer una norma
superior que identif icó el cargo de “abogado asesor ”, sin grado
alguno.
34.Bajo tal entendimiento , determinó que los actos demandados se
encontraban vicia dos de nulidad por inf ringir las no rmas en que
debían f undarse por dar una interpretación errónea de los Decretos
núms. 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, 194 de 2014, 1257
de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.
3 5 . En consecuencia , dispuso:

“ P R I M E R O . - D E C L AR AR n o p r o b a d a l a s ( s i c ) e x c e p c i ó n p r o p u e s t a p o r l a
parte demandada.
S E G U N D O . - I N AP L I C AR p o r i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e l a p a r t e “ … G r a d o 2 3 … ”
contenido en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11 -8346 de 29 de julio de
2011.
T E R C E R O . - D E C L AR A R l a n u l i d a d d e l O f i c i o D E S A J B A O 1 7 - 1 9 3 1 d e j u n i o 2 8
de 2017 proferido por el director seccional de Administración Judicial de
Barranquilla y del acto ficto o presunto derivado de la no resolución del
recurso de apelación contra el Oficio DESAJBAO17 - 1931 de junio 28 de
2017, donde se le negó el reconocimiento y pago al señor ORLANDO JOSÉ
JIMÉNEZ CERRA, de la diferencia salarial existente entre el cargo de
Abogado Asesor, con el de Abogado Asesor Grado 23.
C U AR T O . - C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r , C O N D E N AR a l a
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a
835

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

pagar al señor ORLANDO JOSÉ JIMÉNEZ CERRA, las diferencias de sueldo
que corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, consagrado en los
de los (sic) Decretos No. 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018, desde la fecha que ingresó a tal cargo y en lo sucesivo
mientras se desempeña en el mismo, y la respectiva reliquidación de todas
las prestaciones sociales que ha devengado la actor a (sic), como primas,
vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y
prestacionales causados y que se llegaren a causar, con base en el salario
que por Ley le corresponda al cargo de Abogado Asesor de Tribunal. Estos
valores deberán ser actualizados en la forma indicada en la parte motiva de
esta providencia.
[…]”.

2.4. Recurso de apelación.
36.El apoderado de la Nación – Rama Judicial presentó recurso de
apelación 14 en el qu e solicitó que se re vocara la sentencia de primera
instancia , con la siguiente línea argu mentativa:
37. El Consejo Su perior de la Judicatura es autónomo para tomar
decisiones encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la
administración de justicia, como es la creación, m odif icación y
supresión de cargos, toda vez que constitucional y le galmente puede
expedir reglamentos tanto organiza tivos como generales de tipo
ejecutivo, independientes y normativos , de acuerdo con lo re glado en
el artícu lo 257 - 3 superior.
38. Por ende, los acuerdos demandados f ueron expedidos en
cumplimiento de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura,
comoquiera que la Ley 270 de 1996 le otorgó plenas f acultades para
que, dentro de su autonomía administrativa, procediera con el plan de
descongestión, determinando el tipo de cargos que se requerían de
manera transitoria, el seguimiento de las medidas, el control y la
revisión de metas.
39.En virtud de lo señalado en los artículos 63, 85 y 206 B de la Ley
270 de 1996 el Consejo Superior de la Judicatura, dispuso que el
cargo que se requ ería crear inicialmente de manera transitoria era el
de “abogado asesor grado 23 ”, cu ya remuneración es proporcional a
las f unciones y responsabilidades que demanda el perf il. Por ello, no
puede pretender el demandante que se suprima el aparte “grado 23 ”
y se deje el cargo como abogado asesor por la dif erencia del régimen
salarial que los distingue.
40. Así mismo dicha entidad expidió los Acuerdos PSAA11 -7886,
PSAA13-9991, PSAA14 -10197, PSAA15 -10288, PSAA15 -10323,
PSAA 15-10335, PSAA 15 -10356, PSAA15 -10363, PSAA15 -10371,
PSAA15-10377 y PSAA15 -10385 y para las medidas administrativas
de creación de cargos permanentes se dictó el Acuerdo PSAA15 -
10402 donde se buscó atender las necesidades de las dif erentes
jurisdicciones y especialidades.

14
Ff. 132 y s.s.
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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

41.Desde la vigencia del Acuerdo P SAA15 -10402, a la f echa, existe
el cargo de “abogado asesor grado 23 ” en los despach os de
magistrado de los tribunales administrativos , puesto que desde su
creación ha sido muy clara su denominación . Por esto no riñe con las
previsiones de la Ley 4ª de 1992.
42.Por último, indicó que tales Acu erdos obedecen a un plan de
descongestión transitorio y no f ueron demandados.

2.5. Alegatos de s egunda instancia.

2.5.1. El apoderado de la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura 15 reiteró en su integridad los argumentos
del recurso de apelación.

2.5.2. La apoderada del demandante 16 señaló que la def ensa de la
entidad no ha explicado lega lmente la f acultad que se atribu yó al
imponerle grado a un cargo nominado con una escala salarial
determinada c omo es el caso de “abogado asesor ” de Tribunal, según
lo dispuesto en el Decreto 1039 de 2011.

2.6. El Agente del Ministerio Público guardó sile ncio en esta
oportunidad.
43.Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la
Sala de Sección a decidir pre vias las sigu ientes,

III. CONSIDER ACI ONES

3.1. Competencia

44.De conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 y en
atención a lo pre visto en los art ículos 13 y 14 del regla mento interno
de esta Corporación (Acuerdo 080 de 2019) esta Sección es
competente para prof erir sentencia de unif icación dentro del asunto
de la ref erencia.
4 5 . En este caso, e l proceso f ue avocado para su conocimiento por la

Sección Segunda, por medio de auto del 20 de mayo de 2021, al
considerar que en el presente asunto se dan los supuestos y
requisitos de orden legal y re glamentario para dictar sentencia de
unif icación.
4 6 . Lo anterior, por la necesidad de sentar jurisprudencia a ef ectos de

establecer un parámetro de interpretación normativa para resolver
casos similares, dada la trascendencia económica que conlleva dicha

15
Ff. 163 y s.s.

16
Ff. 166 y s.s.

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decisión, por su impacto en la remu neración salaria l y prestacional de
los empleados que ocupan o han ocupado el cargo de “abogado
asesor grado 23 ” en los Tribunales Administra ti vos del país, así
como los recursos de la Rama Judicial.

3.2. Aclaración pre via.
4 7 . En
el relato de los antecedentes f ácticos quedó visto que el señor
Jiménez Cerra inclu yó en su demanda pretensiones de
restablecimiento del derecho con ef ectos hacia f uturo, al solicitar e l
pago de las dif erencias de sueldo que existen entre la asignación
mensual que corre sponde al cargo de “abogado asesor ” de Tribunal 17,
y las que han sido efectivamente pagadas por la Dirección de
Administración Judicial del At lántico, desde su posesión, hasta la
fecha en que se realice la nivelación salarial , así como la
reliquidación de las prestaciones sociales causadas y que se
llegaren a causar , con base en el salario que le corresp onda al cargo
de “abogado asesor ” de Tribunal.
48.Encontrándose el proceso para f allo de segunda instancia, el
Consejo Superior de la Judicatura prof irió el Ac uerdo PCSJ A22 –
11968 del 30 de junio de 2022 a tra vés del cual modif icó la
denominación del cargo de abogado “asesor grado 23 ”, por lo que
pasó a llamarse “prof esional especializado grado 23 ”.
4 9 . Como es natural, el mencionado acto administrativo no fue objeto
de discusión al mo mento de f ijar el lit igio, por lo que en princip io no
podría realiza rse algún tipo de estudio sobre la situación jurídica
creada a partir de él, sin embargo, es evidente que constituye un
hecho sobrevinient e dado que, como se ve rá más adelante, produjo
ef ectos f rente a la situación laboral del demandante y con ello, sobre
las pretensiones f ormuladas, toda ve z que “el cambio de
denominación ” impactó, desde su expedición, la remuneración salarial
del cargo desempeñado por el actor al establecer que deven garían el
mismo valor que percib ía el “abogad o asesor grado 23 ” de Tribunal
Administrativo.

consecuencia, es e vidente que el Acuerdo PCSJA22 – 11968
5 0 . En

del 30 de junio de 2022 al modif icar la denominación del cargo de
“abogado asesor grado 23 ” establecido en el Acuerdo PSAA 11 -8346
del 29 de julio de 2011 18, impone a la Sala la necesidad de
pronunciarse sobre el mismo , al producir ef ectos jurídicos desde el
1.° de julio de 20 22, precisamente por las consecuencias de orden
salarial y prestacional que de él se derivan y que tienen relación
intrínseca con las pretensiones de la demanda.
51.Asumir su estudio, atiende al principio de congruencia de la
sentencia, toda vez que el artículo 281 del CGP contempla la

17
Según los Decretos núms. 1039 de 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018.

18
Acto demandado, cuya inaplicación se solicita en la demanda.
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posibilidad de tener en cuenta hechos sobrevinientes probados que
modif iquen la situ ación jurídica deb atida, tal como se aprecia de la
norma ref erida, así:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS.
[…]
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio ”.
(Negrilla fuera del texto).

5 2 . En
este caso, se dan los presupuestos del hecho modif icativo del
derecho sustancial, siendo impresci n dible analizarlo de of icio, por lo
que, se integrará al objeto del litigio , bajo el espectro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, por sus ef ectos
particulares, con el propósito de evita r que, una ve z prof erido el f allo
se genere incert idumbre f rente a los ef ectos del acto en la materia de
análisis.
5 3 . La
anterior decisión se encuentra acorde con el resp eto al debido
proceso y al derecho de defensa, pues si bien el hecho modif icativo
ocurrió estando el proceso para fallo 19, es producto de la voluntad de
la entidad accionada Consejo Superior de la Judicatura que prof irió el
mencionado Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022 y, que
en cumplimiento del a uto de mejor proveer del 9 de marzo de 2023
tuvo oportunidad de remitir los documentos , certif icaciones y soportes
que le f ueron solicitados 20 en relación con el cargo de prof esional
especializado grad o 23.

3.3. Problemas jurídicos
5 4 . Orientada
por el propósito señalado en precedencia, corresponde
a la Sala decidir si, ¿el Consejo Superior de la Judicatura desbordó
sus facultades legales, al f ijarle el grado 23 al cargo de “abogado
asesor” de Tribunal Administrativo y asignarle un a remuneración
salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno
Nacional en el artículo 4.° numeral 2.° de los Decreto s 1039 de 2011 21,
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y demás decretos salariales
prof eridos por el Gobierno Nacional f rente a la Rama Judicial ?.
55.Corresponde igualmente establecer, si ¿al modif icarse la
denominación del cargo de “abogado asesor grado 23” a través del

19
Desde el 28 de octubre de 2019, folios 176 y s.s.
20
“[…]
(iii) Los estudios técnicos que dieron lugar al actual cargo de profesional especializado grado 23.
(vi) El manual de funciones del cargo de profesional especializado grado 23, con especificación de los tribunales para los
cuales fue creado.
(vii) Certificación en la que se especifique la diferencia del cargo de abogado asesor grado 23 con el de profesional
especializado grado 23.
[…]”.
21
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.

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Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022 que venía
desempeñando el demandante, se af ectó también la determinación del
salario y prestaciones sociales que le correspondían f rente al cargo
de “abogado asesor ” de Tribunal Administrativo?
5 6 . De acuerdo con la respuesta obtenida en los numerales anteriores,

deberá la Sala determinar si ¿el señ or Jiménez Cerra t iene derecho
al reconocimiento y pago de las dif erencias salariales y
prestacionales por concepto de la aplicación de la escala salarial
señalada en el artículo 4.º de los Decretos 1039 de 2011 , 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014 y demás decretos salariale s y si a partir
del 1° de julio de 2 022 debe continuar su remuneración como abogado
asesor de tribunal ?

5 7 . Para
resolver lo s anteriores interrogantes la Sala se ref erirá a : (i)
la concepción jurídica y jurisprudencial del sala rio, la f acultad del
Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial y prestacional
de la Rama Judicial, (iii) la competencia del Consejo Superior de la
Judicatura f rente a la carrera judicial, (iv) l a determinación de la
remuneración del cargo de “abogado asesor” establecida en el
Decreto 57 de 1993 22 y decretos posteriores, (v) la creación del cargo
de abogado asesor grado 23 de Tribunal Administrativo y la
modif icación de su “denominación ” por la de “prof esional
especializado grad o 23 ” y, (vi) f inalmente contrastará dicho marco,
con lo acreditado en el caso concreto para verif icar si le asiste razón
al apelante.

3.4. El marco normati vo general en materia de salario
58. Para abordar el análisis de este tema, debe recordarse que la
Constitución Polít ica contiene todo un conjunto normativo inte grado
por el preámbulo y los arts. 1.°, 2.°, 25, 39, 48, 53, 55, 56 y 64, a
partir de los cuales, se erige el trabajo como valo r e sencial del Estado
Social de Derecho, en tanto se atribuye como un derecho en cabeza
de toda persona a pretender y a obtener un trabajo en condiciones
dignas y justas, e igualmente como una obligación socia l, f undada en
la solidaridad social.
5 9 . En sentido correlativo, e l constitu yente atribu yó al Estado el deber

de protegerlo a t ravés de una normatividad que asegure unas
relaciones laborales en condiciones de dignidad y justicia, siendo por
tanto, tales principios el marco normativo primario protect or del
derecho al trabajo, como garantes de la eliminación de f actores de
desequilib rio, que aseguren la vigencia y ef ectividad del principio de
igualdad, la protección a ciertos sectores de trabajadores que se
encuentran en situaciones de debilidad manif i esta o carecen de
oportunidades para la capacitación laboral, y además, con la
consagración de u n sistema contentivo de una protección jurídica
22
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1900228
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concreta del trabajo que debe ser desarrollado por el legislador, a
partir de las pautas establecidas en el artí culo 53 superior, entre las
cuales, se institu ye el derecho a la remuneración como uno de los
principios m ínimos f undamentales del derecho al trabajo.
60. En cuanto a la concepción de salario el Convenio 095 de la OIT
estableció en su artículo primero que “[…] el término salario sign if ica
la remuneración o ganancia, sea cual f uere su denominación o método
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en ef ectiv o, f ijada por
acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un
trabajador en virtu d de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba ef ectuar o por servicios
que haya prestado o deba pres tar”.
61. Respecto a la f ijación del régimen salarial y presta cional de los
empleados públicos el art ículo 150 de la Constitución Política at ribu ye
al Congreso de la República la f unción, entre otras, de expedir le yes
y, mediante ellas, establecer el régi men salarial y prestacional de los
empleados públicos.
62. En aplicación de dicha atribució n constitucional, el Congreso
expidió la Ley 4ª de 1992, a través de la cual f ijó los criterios a los
que debe ceñirse el Gobierno Nacional al determinar el ré gimen
salarial y p restacional de los servidores públicos, entre ellos, a los
de la Rama Judicial , con el siguiente tenor:

“ Ar t í c u l o 1 º . E l G o b i e r n o N a c i o n a l , c o n s u j e c i ó n a l a s n o r m a s , c r i t e r i o s y
o b j e t i v o s c o n t e n i d o s e n e s t a L e y, f i j a r á e l r é g i m e n s a l a r i a l y p r e s t a c i o n a l
de:

[…];

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República;

[ … ] ” . ( Ne grilla de la Sala).

“ Ar t í c u l o 2 º . P a r a l a f i j a c i ó n d e l r é g i m e n s a l a r i a l y p r e s t a c i o n a l d e l o s
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado
tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

[…]

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeñ o;

[…]”. (Negrilla de la Sala).

“ Ar t í c u l o 3 º . E l s i s t e m a s a l a r i a l d e l o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s e s t a r á i n t e g r a d o
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración
para cada cargo o categoría de cargos ”.
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“ Ar t í c u l o 4 º . C o n b a s e e n l o s c r i t e r i o s y o b j e t i v o s c o n t e n i d o s e n e l
artículo 2º. el Gobierno Nacional , dentro de los primeros diez días del mes
de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a
los empleados enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d),
aumentando sus remuneraciones.

[ … ] ” . 23 ( Ne grilla de la Sala).

63. Así entonces, tal como concluyó la Sección Segunda en su Sala
de Conjueces en providencia del 2 de septiembre de 2019 24 se
advierte que el propósito del legislador, se dirige a establecer
parámetros generales f undados en la protección y pro gresividad de
los derechos laborales de los servido res públicos de la Rama Judicial,
Fiscalía, Procurad uría, etc; reconocer a los servidore s de la Rama
Judicial un salario adecuado a la importancia de sus f unciones ,
“f ortalecer la rama judicial ” y “elimin[ar] las descompensaciones en la
escala de remuneración ” de esta.
6 4 . Finalmente, es de indicar que para el caso de la Ra ma Judicial, el
presidente de la República, en uso de “las atribuciones legales y en
especial las conf eridas por el art ículo 14 de la Ley 4a de 1992” prof irió
el Decreto 57 de 1993 25 “Por el cu al se dicta n normas sobre el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones ”,
el cual, se estableció como de obligatorio cumplimiento “para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de l mismo y no
se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros
f uncionarios de cualquiera de la s ramas del Poder Público,
organismos o instit uciones del Sector Público ”.
65. Además, señaló en su art ículo 2.° que los servid ores públicos
vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Milita r podrán optar
por una sola ve z, antes del 28 de febrero de 1993 , por el ré gimen
salarial y p restacio nal señalado en el citado Decreto y, dispuso que
los servidores públicos que no optasen por el régimen allí establecido
continuarían rigié ndose por lo dispuesto en las normas legales
vigentes a la f echa.
66.De acuerdo con esto, el Gobierno Nacional cada año, mediante
decreto f ija el régimen salarial y prestacional, respecto a cargos con
una nominación específ ica o subsidiariamente a partir de una escala
salarial.
6 7 . Es de acla rar que, por su importancia para el tema, el mencionado

Decreto 57 de 1993 será analizado con más profundidad en acápite
posterior.

23
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.

24
Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Consejero Ponente: Carmen Anaya de Castellanos, proceso radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
25
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1900228
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3.4.1. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura frente a
la carrera judicial .
68. La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
f ijó la obligación d e administrar la carrera judicia l al Con sejo Superior
de la Judicatura o a los Consejos Seccionales según el caso,
conforme al artículo 256 26 de la Constitución:

“Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de
a c u e r d o a l a l e y, l a s s i g u i e n t e s a t r i b u c i o n e s :
[…]
1. Administrar la carrera judicial ”.

69. Igualmente, el artícu lo 257 27 constitucional, en sus numerales 2.°
y 3.° dispuso que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ,
las f unciones de “[c]rear, suprimir, f usionar y t rasladar cargos en la
administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo
Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global f ijado para el respectivo
servicio en la ley de apropiaciones iniciales ” y “[d]ictar los
reglamentos necesarios para el ef icaz f uncionamiento de la
administración de justicia, los rela cionados con la organización y
f unciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de
los trámites judiciales y administrat ivos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los as pectos no previstos por el legislador ”.
70. En desarrollo de lo anterior la Ley 270 de 1996 estableció en su
artícu lo 85 28 que corresponde a la Sa la Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura , entre otras, las siguientes f unciones :

“5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para
la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas
desconcentradas en ciudades diferentes de l as sedes de los Distritos
Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos.
[…]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las
Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus
funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido
fijados por la ley.

[…]
12. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos.
[ … ] ” .( Negrilla de la Sala).

26
El artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015 que derogó este artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C – 185 de 2016, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión
"o a los Consejos seccionales, según el caso", como de los numerales 3º y 6º de este artículo. Apartes tachados derogados
por el artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 20
27
Texto original revivido según la Sentencia C-285-16.
28
Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 2 de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015.
835

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7 1 . Finalmente es de indicar, que en el art ículo 63 de
la misma norma ,
modif icado por la Ley 1285 de 2009 29 se
def inió la competencia del
Consejo Superior de la Judicatura f rente al plan nacional de
descongestión de la Rama Judicial, sin que se advierta alguna
atribución frente a la fijación del régimen salarial y prestacional
de los f uncionarios y empleados allí incluidos; esto en los sigu ientes
términos:

“ Ar t í c u l o 6 3 . P l a n y M e d i d a s d e D e s c o n g e s t i ó n . H a b r á u n p l a n n a c i o n a l d e
descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán
los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los
mecanismos de evaluación de la aplicación de la s medidas.

Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas las siguientes:

a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional
y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales
y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma
jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo
permita;

b ) L a S a l a A d m i n i s t r a t i v a c r e a r á l o s c a r g o s d e j u e c e s y m a g i s t r a d o s d e a p o yo
i t i n e r a n t e s e n c a d a j u r i s d i c c i ó n p a r a a t e n d e r l a s m a yo r e s c a r g a s p o r
congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para
t r a m i t a r y s u s t a n c i a r l o s p r o c e s o s d e n t r o d e l o s d e s p a c h o s ya e s t a b l e c i d o s ,
asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37
del C. P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen
expresamente;

c ) S a l v o e n m a t e r i a p e n a l , s e l e c c i o n a r l o s p r o c e s o s c u ya s p r u e b a s , i n c l u s o
inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el
juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera
del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén
conociendo otros jueces;

d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o
magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;

e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de
realizar funciones que se definan en el plan de descongestión de una
jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y

f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para
c u m p l i r l a s f u n c i o n e s d e a p o yo q u e s e f i j e n e n e l p l a n d e d e s c o n g e s t i ó n . ”

72. Según los apartes normativos cit ados, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura tiene la f acultad para administrar
la carrera judicial , así como crear los cargos que considere necesarios
para la administración de justicia, y reglamentar algunos aspectos de
dicho sistema de carrera , siempre y cuando no se trate de materias
de competencia exclusiva del legislador , en los términos previstos en
los artículos 125 y 150 -23 de la Constitución 30.

29
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
30
Sentencias C-037 de 1996 y SU – 539 de 2012.

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7 3 . Esto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia SU –
539 de 2012, donde al pronunciarse sobre las f unciones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura indicó que su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la
vinculación a la Rama Judicial de los ciudadanos más idóneos, así
como a garantiza r las condiciones laborales más propicias para el
desempeño de las f unciones propias de cada cargo , sin suplan tar las
atribuciones propias del legislador . Esto dijo la citada Corporación:

“[…] Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la
Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial;
(ii) dicha potestad implica la fa cultad de adoptar disposiciones que
desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión
encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignada s al Consejo
Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del
l e g i s l a d o r ” 31.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente
administrativas y no pueden ser otras que las predicables del manejo de los
recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial; en ese sentido,
a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos del sistema
especial de carrera de la rama judicial, siempre y cuando no se trate de
materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos
en los artículos 125 y 150 -23 de la Carta Política; y su actividad en esta
materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de
los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales
más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.
[…]”.

3.4.2. Primer problema jurídico. ¿El Consejo Superior de la
Judicatura desbordó sus f acultades legales, al f ijarle el grado 23 al
cargo de “abogado asesor ” de Tribunal Administrativo y asignarle una
remuneración salarial y prestacional dif erente a la establecida por el
Gobierno Nacional en el artículo 4.° n umeral 2.° de los Decreto s 1039
de 2011 32, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y demás decretos
salariales p rof eridos por el Gobierno Nacional f rente a la Rama
Judicial?

3.4.2.1. Remuneración del cargo de “abogado asesor ” de Tribunal.
74. Como ya se ind icó, e l presidente de la República, en uso de “las
atribuciones lega les y en especial las conferidas por el artículo 14 de
la Ley 4a de 1992” prof irió el Dec reto 57 de 1993 33, en el cual,
determinó que e l ré gimen salaria l y p restacional allí esta blecido sería
de obligatorio cumplimiento para quienes se vincule n al servicio
con posteriori dad a su vi gencia y e n cuyo art ículo 2.° dispuso que
31
Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994
(Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.

32
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.

33
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”.
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los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia
Penal Militar podrían optar por una sola ve z, antes del 28 de f ebrero
de 1993, por el régimen salarial y prestacional allí señalado y además,
que los servidores públicos que no optasen por éste, continuarían
rigiéndose por lo indicado en las normas legales vigentes a la f echa.
75. El citado cuerpo normativo, en su artículo 3.°, numeral 2.°,
estableció la remuneración mensual para los cargos allí relacionados,
entre los que se encuentra el de “abogado asesor ” para “Tribunales
Judiciales, Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de
la Judicatura ” en los siguientes términos:
“ AR T I C U L O 3 o . A p a r t i r d e l 1 o . d e e n e r o d e 1 9 9 3 l a r e m u n e r a c i ó n m e n s u a l
de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar ser á la
siguiente:

1.[…]

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

DENOMINACIÓN DEL REMUNERACIÓN
CARGO MENSUAL
Magistrado de Tribunal
Nacional de Orden 1.937.500
Público
… …
Ab o g a d o As e s o r 1.125.000
… …
Relator 750.000
Secretario de Tribunal
625.000
Militar
Sustanciador 468.750
O f i c i a l M a yo r 468.750
Auxiliar Judicial 468.750
Escribiente 325.000
[ … ] ” . ( Ne grilla de la Sala).

76. De igual manera, en su artículo 4.° estableció una escala de
remuneración para los cargos que no se encontraren enlistados en el
artícu lo anterior, de la siguiente manera:

“ AR T I C U L O 4 o . L a r e m u n e r a c i ó n m e n s u a l p a r a l o s e m p l e o s d e l a R a m a
Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté
señalada en el artículo anterior , se regirá por la siguiente escala:

GRADO REMUNERACIÓN
01 91.377
… …
23 820.238
… …
33 1.137.238
[…]”. (Negrilla de la Sala).

77.Así mismo, el artícu lo 11 prescribió que “La incorporación del
personal a los cargos con dif erentes grados establecidos en el
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artícu lo 3º se hará con base en los requisitos y condiciones
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura ”.
78.Es de anotar que, en virtud de lo anterior, el Consejo Superior de
la Judicatura, Sala Administrativa, prof irió el Acuerdo 05 del 15 de
febrero de 1993 34 “Por el cual se provee a la correcta aplic ación del
Decreto 57 de 1993 en lo relativo a la remuneración adecuada para
cargos nominados, existentes en las Corporaciones y Despachos
Judiciales de la Ra ma Judicial ”, en el cual dispuso:

“ AC U E R D O P R I M E R O . - E n d e s a r r o l l a ( s i c ) d e l a f a c u l t a d c o n f e r i d a e n e l
articulo (sic) 11 del Decreto 57 de 1993 establecese (sic) que cuando alguno
de los cargos nominados en el artículo 3º. del citado decreto tuviera en el
régimen anterior la misma denominación pero con di ferentes grados,
solamente tendrá derecho a la remuneración fijada en asta (sic) última
disposición los empleados que estuvieren desempeñando el cargo, con
los grados mayores y con el lleno de los requisitos exigidos al efecto .
Consiguientemente, para los demás se adecuará la nomenclatura de su grado
a la de la escala salarial consignada en el artículo 4o. del Decreto 57 da (sic)
1993, con criterios que consulten la equidad, los niveles de responsabilidad
y los requisitos exigidos por la ley para el desempe ño de cada cargo”.
(Negrilla y subra ya s de la Sala).
7 9 . El citado artículo primero, estableció una regla general que estimó

para “la co rrecta a plicación del Decre to 57 de 1993 en lo relativo a la
remuneración adecuada para cargos nominados, existentes en las
Corporaciones y Despachos Judiciales de la Rama Judicial ”.
8 0 . A partir de ella, f ijó “las remuneraciones para los cargos de que se

trata así” y en sus literales A, B y C se ref irió al cargo d e escribiente
del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado y de la
Corte Suprema de Justicia; en e l lit eral D se pronunció sobre los
cargos de relator, of icial mayor o sustanciador y escribi ente de
Tribunal Nacional, Tribunales Superiores de Distrito , Tribunales
Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura; en el literal
F se ref irió a los cargos de escribiente de Juzgados de Circuito, de
Familia, Promiscu os de Familia y de Menores y en e l literal G se
pronunció sobre los of iciales mayo res o sustanciad ores de los
Juzgados Municipa les y Territoria les.
81.Al respecto, la Subsección A de la Sección Segu nda de esta
Corporación, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2001 35,
declaró la nulidad del literal F, al con siderar lo siguiente :

“Así entonces, como el cargo de Escribiente se encontraba contemplado en
el artículo 3º del Decreto 57 de 1993, el Consejo Superior de la Judicatura,
S a l a A d m i n i s t r a t i v a , c a r e c í a d e l a f a c u l t a d p a r a d e t e r m i n a r l e g r a d o s y,
además, no era competente para fijar su remuneración, pues ello, como se
dijo, correspondía al Presidente de la República en desarrollo de las
facultades previstas en la ley 4ª de 1992.

En esas condiciones, la actuación del Consejo Sup erior de la Judicatura -

34
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=5034
35
Proceso radicado 11001-03-25-000-1998-0130-01 (1711-98), Actor: Oscar Conde Ortiz, con ponencia del consejero dr.
Alberto Arango Mantilla.

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S a l a A d m i n i s t r a t i v a - a l s e ñ a l a r g r a d o s p a r a e l c a r g o d e e s c r i b i e n t e y, c o m o
consecuencia, variar la remuneración con ocasión de la fijación de los
requisitos para el desempeño del cargo, resulta inconstitucional. En sentido
similar se ha pronunciado esta Sección en varias ocasiones inaplicando la
disposición que mediante esta sentencia se anula. ”.

8 2 . Posteriormente y con idéntico ra zo namiento, la misma Subsección

A, a través de providencia del 26 de agosto de 2004 36, declaró la
nulidad “[…] del lit eral f .) del artículo 1º del Acuerdo No. 05 de 15 de
f ebrero de 1993 prof erido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en lo tocante a la f ijación del salario de los
empleos de Of icial Mayo r o Sustan ciador nominado y gra do 11, de los
Juzgados del Circuito de Familia, Promiscuos de Familia y de
Menores. Y la nulidad del literal g) d el artícu lo 1º del Acuerdo No. 05
del 15 de febrero de 1993, en lo tocante a la f ijación del salario de los
empleos de Of i cial Ma yor o Sustanciador nominado y grado 10, y
Escribiente nominado y grado 06. ”
8 3 . De otra parte, d ebe recordarse qu e para el año 2011 el presidente

de la República prof irió el Decreto 1 039 de 4 de abril de 2011 “Por
el cual se dictan unas disposiciones e n materia salarial y prestacional
para los servido res públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal
Militar y se dictan otras disposiciones ”, esto en “desarrollo de las
normas generales señaladas en la Ley 4a. de 1992 ” donde dispuso el
régimen salarial y prestacional a partir del 1.° de e nero de esa
anualidad, para quienes optaron por lo dispuesto en los Decretos 57
y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y para aquellos que se
vinculen al servicio de los organismos allí ref eridos, en cu yo art ículo
4.°, numeral 2.°, frente al cargo de abogado asesor de Tribunal
estableció la sigu iente remuneración:

“ AR T Í C U L O 4 . A p a r t i r d e l 1 ° d e e n e r o d e 2 0 1 1 , l a r e m u n e r a c i ó n m e n s u a l
de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la
siguiente:
[…]

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

R E M U N E R AC I Ó N
D E N O M I N AC I Ó N D E L C AR G O
M E N S U AL
… …
Abogado Asesor 5.140.170
… ….
[…]”.

84. Igualmente, en su artículo 6.° estableció, una escala para
determinar la remuneración mensual de aquellos empleos cuya
denominación del cargo no f ue contemplada en los artículos
anteriores del cita do Decreto. Esto como sigue a continuación:

36
Dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2002-0231-01(4803-02), con ponencia del consejero Dr. Alberto Arango
Mantilla.
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“ AR T Í C U L O 6 . L a r e m u n e r a c i ó n m e n s u a l p a r a l o s e m p l e o s d e l a R a m a
J u d i c i a l y l a J u s t i c i a P e n a l M i l i t a r c u ya d e n o m i n a c i ó n d e l c a r g o n o e s t é
señalada en los artículos anteriores, se regirá por la siguiente escala:

GR REMUNER GR REMUNER GR REMUNER
AD ACIÓN AD ACIÓN AD ACIÓN
O MENSUAL O MENSUAL O MENSUAL
1 542.694 12 2.004.884 23 3.845.934
… … … … … …
[…]”. (Negrilla de la Sala).

8 5 . Es
de precisar que su artículo 16 dispuso que “Nin guna autoridad
podrá establecer o modif icar el ré gimen salaria l o prestacional
estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con
lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4a de 1992. Cualquier
disposición en cont rario ca recerá de t odo ef ecto y no cre ará derechos
adquiridos ”.
86.Ese mismo tipo de regulación fue co ntemplada en el Decreto 874
de 2012 proferido por el presidente de la República, “Por el cual
se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para
los servidores púb licos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal
Militar y se dictan otras disposiciones ”, en cuyo artículo 4.° consagró,
de manera específ ica la remuneración para el cargo de abogado
asesor de Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los
Consejos Seccionales de la Judicatura:

“ A RT Í C U L O 4 ° . A p a r t i r d e l 1 ° d e e n e r o d e 2 0 1 2 , l a r e m u n e r a c i ó n m e n s u a l
de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la
siguiente:
[…]
1. P a r a l o s s i g u i e n t e s e m p l e o s d e l o s Tr i b u n a l e s J u d i c i a l e s , d e l
Tr i b u n a l S u p e r i o r M i l i t a r y d e l o s C o n s e j o s S e c c i o n a l e s d e l a J u d i c a t u r a :

REMUNERACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CARGO
MENSUAL
[…]
Abogado Asesor 5.397.179
[…]
[…]”.

87. Así mismo, en el artículo 6.º determinó que “La remuneración
mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal
Militar cu ya denominación del cargo n o esté señalada en los art ículos
anteriores, se regirá por la siguiente escala:

R E M U N E R AC I Ó R E M U N E R AC I Ó R E M U N E R AC I Ó
N M E N S U AL N M E N S U AL N M E N S U AL
G R AD G R AD G R AD
O O O
… … … … 23 4.038.231
… … … … … …
[…]”.(Ne grilla de la Sala).

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88.Idénticas dispo siciones se inclu yeron en los Decreto s núms. 1024
de 2013 37 y 194 de 2014 38, que en su artícu lo 4.° establecieron la
remuneración mensual de los empleos allí relacionados
pertenecientes a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, donde
se enlistó de manera taxativa el de “abogado asesor ” de Tribunal.
8 9 . Así
mismo en su artículo 6.° e stablecieron una escala para
determinar la remuneración mensual de aquellos e mpleos cuya
denominación del cargo no fueron contemplados en las
disposiciones precedentes de los citados decretos .
90. Para las anualidades posteri ores se estableció el reajuste anual,
como se observa en el Decreto 1257 del 5 de junio de 2015 39
expedido por el presidente de la República, donde reajustó “a partir
del 1.° de enero de 2015, en un cuatro punto sesenta y seis por ciento
(4.66%) las escala s salariales que re gulan la remuneración mensual
y asignaciones básicas mensuales de los f uncionarios y empleados
de la Rama Judicia l, de la P rocuraduría General de la Nación y de la
Def ensoría del Pueblo señaladas en los decretos 186, 194, 196 y 1239
de 2014”. Y además en su artículo 2.° reajustó “[…] a partir del 1° de
enero de 2015, en un cuatro punto sesenta y seis por ciento (4.66%)
los valores señalados para los beneficios sala riales y p restacionales
determinados en los Decretos números 186, 194, 196 y 1239 de
2014.”
91.De igual f orma , mediante el Decreto 245 de 2016 40, se reajustó a
partir del 1.° de enero de 2016 en 7.77% “las escalas salariales que
regulan la remuneración mensual y a signaciones básicas mensuales
de los funcionarios y empleados de l a Rama Judicial, de la
Procuraduría Gen eral de la Nación y de la Def ensoría del Pueblo
señaladas en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modif icados
por el Decreto 1257 de 2015” y reajustó en 7.77% los valores
señalados para los benef icios salariales y prestacionales
determinados en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014,
modif icados por el Decreto 1257 de 2015.
92.Luego el Decreto 1013 del 9 de juni o de 2017 41 estableció un
reajuste , a partir d el 1.° de enero de 2017, en 6.75% para las citadas
escalas salaria les y para los benef icios salariales y p restacionales
determinados en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014,
modif icados por los Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016.

37
“Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial
y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.

38
Ibidem.
39
“Por el cual se modifican los Decretos números 186, 194, 196 y 1239 de 2014.”

40
Proferido por el presidente de la República “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992” y “Por
el cual se modifica el Decreto 1257 de 2015”.

41
“Por el cual se modifica el Decreto 245 de 2016”.

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9 3 . Los correspondientes reajustes anuales se dispusiero n a través de

los Decretos 337 de 2018 42 en 5.09%, 991 de 2019 43 en un 4.5%;
luego m ediante el Decreto 299 de 27 de febrero de 20 20 en 5.12%;
por Decreto 982 de 2021 44 se estableció en 2.61% y f inalmente, a
través del Decreto 456 de 2022 45, en su artícu lo 1.° determinó el
reajuste en un 7.26%.
94.Así entonces, del marco jurídico señalado, de las sentencias de
nulidad citadas en precedencia, del contenido del Decreto 57 de 1993,
y demás normas analizadas, se colige que corresponde al Gobierno
Nacional fi jar anualmente el régimen salarial y presta cional de los
cargos de la Rama Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura
le corresponde crear los cargos y realizar las incorporaciones a
las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le
otorgan tanto la C onstitución Políti ca como la Le y 27 0 de 1996.
95. Igualmente, en tratándose de los cargos de la Rama Judicial,
expresamente contenidos en el artícu lo 4.º de los Decre tos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, entre estos, el de
“abogado as esor” de Tribunales Judiciales, de Tribunal Superior
Militar y de los Co nsejos Seccionales de la Judicatura, dicho empleo
se encontraba expresamente nominado y en el artículo 6.°, común a
todos, se estableció la escala salarial para aquellos no contemplado s
en los artículos anteriores, es decir, que estableció una escala
subsidiaria.
96. Finalmente, como se vio, los citados Decretos 1024 de 2013, 194
de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991
de 2019 y 299 de 2020 dispusieron en su artículo 1.°, el reajuste
porcentual anual de las escalas salariales que regulan la
remuneración mensual y asignaciones básicas mensuales de los
f uncionarios y e mpleados de la Rama Judicial, la Procuraduría
General de la Nación y la Def ensoría del Pueblo, señaladas en los
Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014.

3.4.2.2. Creación del cargo de abogado asesor grado 23 de
Tribunal Adminis trati vo.

9 7 . Frente a la crea ción del cargo de “abogado asesor grado 23 ” en los

Tribunales Administrativos y la determinación de su remuneración, es
necesario realizar las siguientes precisiones:
98.El Plan Nacio nal de Desarrollo para el periodo 2010 -2014,
contenido en la Ley 1450 de 2011, contempló varias disposiciones

42
Proferido por el presidente de la República de Colombia “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de
1992” y “Por el cual se modifica el Decreto 1013 de 2017”.

43
Dictado por el presidente de la República de Colombia “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de
1992” y “Por el cual se modifica el Decreto 337 de 2018”.

44 “Por el cual se modifica el Decreto 299 de 2020”.
45 “Por el cual se modifica el Decreto 982 de 2021”

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

encaminadas a descongestionar la justicia y específ icamente en su
artícu lo 198 46 se ref iere a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo . De igual manera el Plan Anual de Presupuesto –
Decreto 4970 de 2011 - en su artículo 93 dispuso:

“[… ] d e c o n f o rm i d ad c o n l o e s ta b l e ci do e n e l a rtíc u l o 9 7 d e l a L e y
E s ta tu ta ri a d e l a A d m i ni s tra c i ó n d e l a J u s ti c i a , y l a L e y 1 4 5 0 d e 2 0 1 1 , l a
C om i si ó n In te ri n s ti tu c i o n a l d e la R am a Ju d i c i al , e m i ti rá c o n ce p to p re vi o
s o b re l a d i s tri b u c ió n q u e s e h a g a e n tre l as d i f e re n te s j u ri s d i c ci o n e s , d e l
p re s u p u e s to d e i n ve rs i ó n , d e s c o n g e s ti ón y re c u rs o s e x t ra o rd i n a ri o s d e la
R am a J u d i ci a l , i n c l u ye n d o l a s n e c e s i da d e s d e l a j u ri s d i c c i ó n d i sc i p l in a ri a,
p a ra l a c re a c i ó n y f u n c i o n am ie n to d e l a s c o mi s i o ne s d e i n s tru c c i ó n ”.

9 9 . En virtud de lo a nterior el Consejo Superior de la Judicatura exp idió

un Plan Nacional de Descongestión, y en este sentido, el 2 de febrero
de 2011, la Sala Administrativa celebró sesión ordinaria donde
discutió el plan dirigido a la jurisdicción contencio sa administrativa 47,
establecido en la Ley 1437 de 2011 48, artículo 304, con las siguientes
consideraciones:

“[… ]
D e o tra p a rte , e l d o c to r R i c a rd o Mo n ro y C h u rc h , m a ni f e s tó q ue
c o n s i d e ra n do q u e e l n u e vo C ó d i g o c o n temp l a e n s u a rtíc u l o 3 0 4 d e l a L e y
1 4 3 7 d e 2 0 1 1 , d e n tro d e l a ñ o s i gu i e n te c o nta d o a p a rti r d e l a p ro m u lg a c i ón
d e l a L e y, e s d e c i r e l 1 8 d e e n e ro d e 2 0 1 1 , e l C o n s e j o S upe ri o r d e l a
J u d i c a tu ra c o n l a p a rti c i p a c i ó n d e l C o ns e j o d e E s ta d o , p r e p a ra rá y
a d o p ta rá , e n tre o tr a s m e d id a s tra n s i to ri a s , u n P l a n E s p e c i a l de
D e s c o n ge s ti ó n d e l a J u ri s d i c ci ó n d e l o C on te n c i o s o A dm in i s tra ti vo , c u yo
o b j e ti vo e s e l d e l l e v a r h a s ta s u te rm i n a c ió n to d o s l o s p ro c e s o s j u d i c i a les
p ro m o vi d o s y q u e s e e n c u e n tre n a c u m ul a do s e n l o s j u zg a d o s y tri b u n a l es
a d mi n i s tra ti vo s y e n e l C o n se j o d e E s ta d o , e n n e c e s a ri o q ue l a S ala
A dm i ni s tra ti va i n c l u ya e s te te m a d e n tro d e l p l a n s e c to ri a l , l o s p l a n e s d e
i n ve rs i ó n d e c a d a u na d e l a s u n id a d e s re la c i o n a d as c o n o ra l ida d , m e d io s
te c n o l ó g i c os , f o rm a ció n , re c u rs o s f ís i c o s , c o n e l f i n de h a c e r lo s a j u s te s
p re s u p u e s ta l e s q u e s e re q u i e ra n p a ra a s u m i r l o s re to s y d e s a f ío s d e l a
re f o rm a .

E n e s te p u n to , e l d o c to r Mo n ro y m a n i f e s tó l a i m po rta n c i a q u e pa ra l a S a la
ti e n e re vi s a r a l a l u z d e l a s n o rm a s c o n s ti tu c i o n a le s y e s ta tu ta ri a s
vi g e n te s s o b re d i s tri b u c i ó n d e c o m p e te nc i a s e n tre l o s d i s ti n t o s ó rg a n o s
d e l a R am a J ud i c ia l , e l a l c a n ce d e l a rtíc u l o 3 0 4 c i ta d o , e n p a rti c u l a r s o b re
e l m od e l o de g e s ti ó n q u e s e c o n s a g ró p ara i m pl em e n ta r e l d en o mi n a do
P l a n Es p e c ia l d e D e sc o n g e s ti ó n , q u e e n tre o tra s m e d i d a s co n te m pl a u na
Ge re n c i a d e P ro ye c to , a d s c ri ta a l a S a l a A dm i ni s tra ti va d e l C o n s e jo
S u p e ri o r d e l a J u d i c atu ra .

46
“ARTÍCULO 198. DESCONGESTIÓN POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en
los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio
de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la
competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437
de 2011”.

47
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/eorejuelac_consejosuperior_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fper
sonal%2Feorejuelac%5Fconsejosuperior%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRTA%20CONSEJO%20DE%2
0ESTADO%2F2%2E%20Plan%20Nacional%20de%20Descongesti%C3%B3n%20de%202011%20%28DT%2D015%2D201
1%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Feorejuelac%5Fconsejosuperior%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
RTA%20CONSEJO%20DE%20ESTADO
48
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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[… ]

G.1 . - P l a n N a c i o na l d e D e s c o n g es ti ó n 2 01 1 .

E l s e ñ o r P re s i de n te in f o rmó q u e l a Di re c to ra d e l a U n i d a d d e De s a rro l l o y
A n á li s i s E s ta d ís ti c o , p re s e n tó a c o n s i d e ra c i ó n d e l a S a l a , e l P l an N a c i o n al
d e D e s c o n g es ti ó n 2 01 1 .

A l re s p e c to , e l P re s i d e n te c o n c e d i ó l a p a la b ra a c a d a u n o d e l o s s e ñ o re s
Ma g i s tra d o s C o o rd ina d o re s d e l a s á re a s de l o C o n te n c io s o A dmi n i s tra ti vo ,
C i vi l – F ami l ia , L a b o ra l , P e n a l y D i s ci p li n ari o , p a ra a n a l i za r l a s d i f e re n tes
p ro p u e s ta s d e l P l an, te n i e n d o e n c u e n ta l o s p a rá m e tro s e sta b l e c i d o s
s o b re l a s m e ta s , l as c a rg a s l a b o ral e s d e l o s D e s p a c ho s y re c u rs o s
f i n a n ci e ro s :

E l Ma g i s tra d o R ic a rd o Mo n ro y C h u rc h a n o tó q u e e n re l a c ió n c o n l a
J u ri s d i c ci ó n C o n te n ci o s o A dm i ni s tra ti vo ( s i c ) l o s i n ve n ta ri o ( s i c ) y l o s
e g re s o s re p o rta d o s p o r l o s J u zg a d o s y T ri b u n al e s A dm i ni s tra ti vo s , c o n
c o rte a 3 0 d e s e p ti e m b re d e 2 0 1 0 , re f l e ja n u n i m p a c to p o s i ti vo d e l a s
m e di d a s a d o p ta d a s e n e l P l a n N a c i o n al d e D e s c o n g e s ti ó n d e l a ñ o a n te ri o r
y e l c u m p li mi e n to d e l a s m e ta s p ro p u e s ta s p o r l a S a l a A d m i ni s tra ti va . E s
a s í c o m o , e n e l c a s o d e l o s J u zg a d o s A d m i ni s tra ti vo s , l o s e g re s o s
p ro m e di o d e l o s d e s pa c h o s c o n m e di d a d e d e s c o n g e s ti ó n a um en ta ro n e n
1 0 4 % c o n re s p e c to a l o s d e s p a c h o s q ue n o tu vi e ro n m e d i da y , e n l o s
T ri b u n al e s A dm i ni s tra ti vo s e n i n c re m e n to d e l a p ro d u c ti vi d a d d e l o s
d e s p a c h o s c o n m e d id a d e d e s c o n g e s ti ó n f u e d e l 1 1 9 % .
[… ]”.

1 0 0 . Para determinar los motivos de creación del citado cargo, a tra vés

de auto del 9 de marzo de 2023 49 se solicitó al Consejo Superior de la
Judicatura remitir, entre otros documentos, los estudios técnicos de
las medidas de descongestión que dieron lugar a la cre ación de los
cargos de “abogad o asesor grado 23 ”.
1 0 1 . Específ icamente en ese sentido, se allegó el docu mento técnico
015-2011 “Plan Nacional de Descongestión 2011 ” de esa misma f echa
• 2 de f ebrero de 2011 -, elaborado por la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estad ístico de la Sala Administrativa del Consejo Sup erior de
la Judicatura, con estudios de las diferentes jurisdiccio nes, donde se
inclu yeron los c rite rios para la def inición y puesta en práctica del plan,
que específ icamente para la jurisdicción contenciosa 50 se subdivide
en lineamientos para los ju zgados administrativos y los tribunales
administrativos.
102.En cuanto a estos últimos advirt ió que die z distrit os judiciales
superaron la carga ra zonable estimada en 300 procesos con corte a
30 de septiembre de 2010, siendo los casos más críticos: Antioquia,
Santander, Boyacá, Bolívar, At lántico, Cundinamarca y Va lle del
Cauca.

49
Digitalizado sistema Samai.
50
Visible a partir del folio 120 y s.s. del documento.
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103.A renglón s e guido, analizó en un esquema el promedio del
inventario f inal de procesos con trámite para cada uno de los
tribunales administrativos del país e indicó que para el año 2011 se
presentó una disminución en la asignación de recursos
presupuestales para la ad opción de medidas de descongestión, por lo
que se debía dar prioridad a aquellos despachos que presentaran
mayor congest ión. Examinó el in ventario f inal y promedio de egresos
mensuales de cada uno de los despachos de Tribunales
Administrativos del país, lu ego de lo cual, concretó la propuesta en
los siguientes aspectos:

[…]”.

1 0 4 . Luego de analizar los costos tanto para juzgados como Tribunales,

presentó el siguiente cuadro de resumen de juzgados y tribunales ,
específico para la jurisdicción contenciosa :

“
[…]

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[…]”.
105.E xaminado el anterior documento no se advierte otro ti po de
consideración fre nte a la creación de los cargos de abogados
asesores grado 23 o de otra denominación con el grado 23 para
la jurisdicción contencioso admini strati va.
1 0 6 . Con posteriorid ad, la Sala Administrativa del Consejo Superior de

la Judicatura expid ió sendos acuerdos de creación transitoria de los
cargos de “aboga do asesor grado 23 ” en varios de los Tribunales
Administrativos del país, así:

• Acuerdo PSAA11 - 8347 del 29 de julio de 2011, para el
departamento de Bolíva r.
• Acuerdo PSAA11 - 8351 del 29 de julio de 2011, para el
departamento de Caquetá.
• Acuerdo PSAA11 - 8354 del 29 de julio de 2011, ref erente al
departamento del Cauca.
• Acuerdo PSAA11 - 8356 del 29 de julio de 2011, del
departamento del Valle del Cauca.
• Acuerdo PSAA11 - 8361 del 29 de julio de 2011 para el
departamento de Boyacá.
• Acuerdo PSAA11 - 8365 del 29 de julio de 2011, f rente al
departamento de Cundinamarca.
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• Acuerdo PSAA11 - 8419 de l 1.° de agosto de 2011, para el
departamento de Antioquia.
107. Específ icamente f rente al departamento del Atlántico, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prof irió el
Ac uer do PS AA1 1 -8346 del 29 de julio de 2011 51 en ejercicio de la s
“f acultades constitucionales y le gale s, en especial las contempladas
en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, modif icado por el artícu lo 15
de la Ley 1285 de 2009 ”, en cuyo artículo primero dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Crear transitoriamente, a partir d el 2 de agosto y
h a s t a e l 1 6 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 1 , u n ( 1 ) c a r g o d e Ab o g a d o As e s o r G r a d o
23, en cada uno de los seis (6) despachos de Magistrado del Tribunal
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e l A t l á n t i c o ”. (Negrilla de la Sala)

108.El citado Acuerdo dispuso en su artículo 6.° que “El régimen
salarial y prestacio nal de los cargos creados será el esta blecido para
la Rama Judicial ”.
109.Posterio rmente, a través del Acuerdo PS AA1 1 -8 947 del 9 de
diciembre de 2011 52 la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura dispuso “Dar continuidad a las medidas de
descongestión adoptadas por la Sala Administrativa para el Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlántico, mediante los Acuerdos No.
PSAA11-7889, PSAA11 -8346 y PSAA11 - 8596. En consecuencia, se
acuerda su prórro ga hasta el 31 de diciembre de 2011 y reanudación
a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2012. […] ”.
110.Las citadas medidas de descongestión f ueron prorro gándose 53,
hasta que f inalm ente mediante el Ac uerdo PS AA15 -10402 de 29 de
octubre de 2015 54 tales cargos f ueron creados de f orma permanente
en los siguientes t érminos:

“ARTÍCULO 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crear
en cada uno de los despachos de magistrado d e los Tribunales
A d m i n i s t r a t i v o s d e l o s D i s t r i t o s d e A n t i o q u i a , At l á n t i c o , B o ya c á ,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima y Valle del Cauca, los siguientes cargos: 1. Un (1) cargo
de Abogado Asesor grado 23 2. un (1) cargos de Profesional Universitario
g r a d o 1 6 ” . (N e g ri l l a d e l a S a l a ).

111 .
Además, valga señalar que mediante Acuerdo P CSJ A20 -11650
del 28 de octubre de 2020 55 se crearon va rios despachos de

51
“Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de
Descongestión en el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico”.

52
“Por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco
del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial Administrativo
del Atlántico “.
53
Acuerdos PSAA14-10197 de 5 de agosto de 2014 “Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión”, ACUERDO
No. PSAA14- 10206 de 21 de agosto de 2014 “ Por el cual se ajustan y adoptan unas medidas de descongestión “, Acuerdo
No. PSAA14-10251 de 14 de noviembre de 2014 “Por el cual se prorrogan, ajustan y adoptan unas medidas de
descongestión” PSAA15-10323 de 26 de marzo de 2015 “Por el cual se prorrogan, ajustan y adoptan unas medidas de
descongestión”, PSAA15-10385 de 2015 dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
54
“Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el
territorio nacional”
55
“Por medio del cual se crean unos cargos con carácter permanente en tribunales y juzgados a nivel nacional”
835

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magistrado de Tribunales Administrativos , a partir del 3 de noviembre
de 2020, en cuya planta f igura el cargo de “abogado asesor grado 23”.
11 2 .
Mediante el Of icio PCSJO23 -762 del 14 de julio de 2023 56, el
Consejo Superior de la Judicatura inf ormó cuáles f ueron los
Tribunales y despachos, clasif ic ados como de alta demanda, donde
se creó de f orma permanente el cargo de abogado “asesor grado 23”.
En total f ueron 548 cargos y específ icamente para la jurisdicción
contenciosa 183.
1 1 3 . Es de precisar que, según lo manif estado por el Con sejo Superior

de la Judicatura 57 el cargo de abogado asesor nominado, “[…] no tiene
def inidas f unciones para el mismo ”. Por su parte, f rente al cargo de
abogado asesor grado 23, en los dif erentes acuerdos de medidas de
descongestión, se estableció que, en desarrollo de éstas, debían
cumplir con metas relacionadas con la proyección y t rámite de autos
y sentencias mensualmente.
114. De igual for ma, mediante Acuerdo PSAA13 -10038 del 7 de
noviembre de 2013 58, los requisitos exigidos para el cargo de “abogado
asesor grado 23 ” fueron “Título de formación profesional en derecho,
título de postgrado y un (1) año de experiencia profesional ”.
11 5 . Finalmente indicó que, en el marco de la mesa de negociación con

las organizaciones sindicales de la Rama Judicial, el Consejo
Superior de la Judicatura está trabajando en un manual de funciones
para todos los cargos e xistentes en el sector jurisdiccional.

3.4.2.3 Análisis de la Sala
1 1 6 . Para a van zar en la resolución de este caso, debe partirse de una

premisa ext raída del análisis del marco jurídico y ju risprudencial
desarrollado, así como de las sentencias de nulidad señaladas atrás
y, del contenido del Decreto 57 de 1993, como es que corresponde al
Gobierno Nacional f ijar anualmente el régimen salarial y prestacional
de los cargos de la Rama Judicial y, a l Consejo S uperior de la
Judicatura le corresponde cr ear los cargos y realizar las
incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las
competencias que le otorga tanto la Constitución Polít ica como la Ley
270 de 1996.
117. Es a partir de la citada atribución que el presidente de la
República prof irió los Decretos anuales 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, y 194 de 2014, que establecieron la escala salarial
prevista en el art ículo 4.° donde se inclu ye el ca rgo de “abogado
asesor” de Tribunal Judicial, así como l a escala salarial de
remuneración del artículo 6.° para “los empleos de la Rama Judicial y
la Justicia Penal Milita r cu ya denominación del cargo no esté

56
Digitalizado sistema SAMAI índice 36.
57
En el Oficio PCSJO23-762 del 14 de julio de 2023.
58
Por el cual se adecuaron y modificaron los requisitos para los cargos de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios.
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señalada en los artículos anteriores ”. En esta última se inclu ye al
“grado 23 ”. Dicha regulación genera las siguientes dif erencias
salariales para tale s cargos:

Decreto anual “Abogado Asesor de “Grado 23”
proferido por el Tribunal Judicial”
presidente de la
República en uso de
las facultades
previstas en la Ley 4ª
de 1992

1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863

“grado
1 1 8 . Como ya se indicó, es a partir de la escala sala rial para el

23” que el Consejo Superior de la Judicatura ha venido remunerando
los cargos de “abogado asesor grado 23 ” creados en virtud del plan
nacional de descongestión y que posteriormente adquirie ron el
carácter permanente.
119. Ahora bien, el Consejo Superior de la Jud icatura en el Of icio
PCSJO23-762 del 14 de julio de 20 23 59 manif estó que el cargo de
abogado asesor nominado, a pesar de encontrarse enlistado en los
Decretos 57 de 1993 y 106 de 1994, no ha sido creado en la estructura
ni en la planta de personal de la Ram a Judicial y por ende en ninguno
de los tribunales del país, razón por la cual no tiene def inidas
f unciones para el mismo.

la entidad en su def ensa indicó que “[…] el Acuerdo
1 2 0 . Igualmente,

que crea la medida descongestión le imprime grado al ca rgo de
Abogado Asesor dándole el grado 23 y no de nominado […]” ra zón
ésta, que en su entender le impone aplicar el art ícu lo 6.° de los
mencionados Decretos anuales del Gobierno Nacional.
121.Como se aprecia, su argumentación se dirige a señalar que, en
uso de las atribuciones dadas por el legislador, el Consejo Superior
de la Judicatura creó una categoría e special de cargo que no estaba
contemplada en el artícu lo 4.° de los Decretos anuales 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014. Esto a tra vés de la
asignación del aparte “grado 23 ” al cargo de “abogado asesor ”.

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

122.Sin embargo, observa la Sala que, el Consejo Superior de la
Judicatura ha aplicado una interpretación normativa dif erente en otros
eventos, como en el caso del Acuerdo PS AA1 2 -9663 de 28 de agosto
de 2012 “Por el cual se modif ican los Acuerdos 22 y 97 de 1994, 025
de 2007 y 345 de 1998, respecto de los requisitos mínimos y niv e les
ocupacionales de los cargos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial ”.
1 2 3 . En ef ecto, el citado Acuerdo estableció en su artícu lo primero que,

de conf ormidad con el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, los cargos
de empleados de carrera de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial se clasif ican en los siguientes niveles ocupacionales: nivel
prof esional, nivel t écnico, nivel au xiliar, nivel operativo. Luego, en el
artícu lo 2.°, al ref erirse a la nomenclatura, nivel ocupacional y
requisitos mínimo s de los cargos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, señaló:

“ PAR ÁG R AF O 1 . E n t i é n d e s e p o r C a r g o s N o m i n a d o s a q u e l l o s a l o s q u e
alude el Decreto 874 de 2012, mencionándolos con un nombre indicativo
de la función y no con refe rencia a la numérica general que rige los
demás cargos”. (Negrilla de la Sala).

1 2 4 . El Decreto a que hace alusión el Acuerdo PSAA12 -9663 de 28 de

agosto de 2012, es el 874 de 2012 , analizado párraf os atrás, que fue
prof erido por el presidente de la Repúb lica, “Por el cual se dictan unas
disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Milita r y se dictan
otras disposiciones ”, que como se vio consagró el cargo de “abogado
asesor” de “tribunal de justicia ” dentro de la escala salarial del
artícu lo 4.°.
125.En este sentido y de acuerdo co n la interpretación dada por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12 -9663 de 28
de agosto de 2012, no puede aceptarse la tesis de d efensa que
esgrime en esta oportunidad, toda vez que la misma entidad reconoce
que en los Decret os salariales anuales los cargos nominados son
aquellos que se mencionan con un nombre indi cati vo de la
función y no con l a referencia numérica.
126. Asimismo, al analiza r el documento técnico DT 015 – 2011 60
remitido por la entidad se aprecia que para los Tribunales
Administrativos sólo se contempló la creación de auxiliares judiciales,
of icial mayor, escribiente, contador y citador sin que se haya hecho
alusión a alguno de ellos con el grad o 23, por lo que n o es cierta la
af irmación del Consejo Superior de la Judicatura cuando inf ormó que
el plan nacional de descongestión de la jurisdicció n tuvo como
objetivo crear un cargo grado 23.
1 2 7 . Lo dicho conduce a af irmar que el simple hecho de agre gar
“grado
23” al cargo de “abogado asesor ” no hace desaparecer del universo
jurídico que la denominación del cargo para su remuneración salarial

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-entendida como “el nombre indicati vo de la función ” 61 ya había
sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el
Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194
de 2014, el cual, como se vio, establece una escala gradual principal
de remuneración para los cargos allí relacionados y p or cuanto la
dada en el artículo 6.° es supletori a , comoquiera que se aplica a
aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores ” 62.
128.En este caso en modo alguno se discute la f acultad del Consejo
Superior de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al
tenor de las f acultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo,
es evidente que, con su actuar, la entidad demandada entró en claro
desconocimiento de:

(i) Las f acultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª
de 1992, al agregarle el aparte “grado 23 ” al cargo d enominado
“abogado asesor ”, toda vez que su consecuencia directa e
inmediata f ue af ectar negativamente la remuneración salaria l y
prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los
Decretos presiden ciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013
y 194 de 2 014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse
los cargos de “abogado asesor ”.
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura
dado en el artículo 257 63 de la Ley 270 de 1996.
(iii) Los derechos salariales y prest acionales del demandante, al
desconocer el salario que le correspondía al tenor de los decretos
anuales expedidos por el presidente de la República, el cual, como
se vio en los acápites anteriores , constituye un elemento esen cial
del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho
corresponde por la labor desempeñada.
129. Es de recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU - 539
de 2012 64 se ref irió al principio de interpretación conf orme a la
Constitución, segú n el cual, los jueces están llamados a interpretar la
ley en atención a los valores, derech os y libertades definidas por el
constituyente, a ef ectos de dar ef icacia y sentido al art ículo 4.°
constitucional y so bre el particular, en la sentencia T -191 de 2009,
explicó que “[…] el principio de interpretación conforme encuentra su
f undamento en la supremacía y jerarqu ía normativa máxima de la
Constitución Nacio nal, a partir de cuya prem isa se deriva que toda
interpretación juríd ica debe arrojar un resultado que no solo no debe
ser contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar
ajustado a la Constitución Nacional ”. (Subrayas de la Sa la).

61
Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto de 2012.
62
Negrilla y subrayas de la Sala.
63
“ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo
Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.

64
Con ponencia del magistrado dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

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130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la
legalidad de los actos demandados aceptando la interpretación dada
por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual, al agre gar
“grado 23” al cargo de “abogado asesor ” creó una categoría esp ecial
de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales
anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del
artícu lo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
y 194 de 2014.
131. Ese ra zonamiento desconoció que e l cargo ya se encontraba
dentro del listado de los nominados 65 en los Decretos expedidos por
el presidente de la República en uso de las competencias señaladas
en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del accio nante, f u ese
remunerada con un salario inf erior a l que realmente le corresponde,
situación que desconoce los cánones constitucionales y legales que
regulan las competencias otorgadas al presidente de la República
para determinar el régimen salarial y prestacional d e la Rama Judicial,
así como las mismas competencias del Consejo Superior de la
Judicatura y, por ende, los derechos salariales y presta cionales del
señor Orlando José Jiménez Cerra.
132.En este punto es importante citar la sentencia del 16 de abril de
2009 66 prof erida por la Subsección A d e la Sección Segu nda de esta
Corporación donde señaló que, en ese caso, el Consejo Superior de
la Judicatura desconoció el ordenamiento jurídico, cuando estableció
una remuneración a un cargo cuya denominación ya se enc ontraba
expresamente establecida en los decretos anuales que establecen el
régimen salaria l y prestacional de la Rama Judicial:
“Sostiene la parte actora que la actuación del Consejo Superior de la
Judicatura - Sala Administrativa, de señalar grados para el cargo de Oficial
M a yo r c o n o c a s i ó n d e l a f i j a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l
c a r g o y, c o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o , v a r i a r l a r e m u n e r a c i ó n c o n t e m p l a d a e n
el artículo 3º del Decreto 57 de 1993, resulta ilegal e inconstitucional.

L a S e c c i ó n S e g u n d a ya h a t e n i d o o p o r t u n i d a d d e e s t u d i a r e l m i s m o c a r g o
f r e n t e a o t r o s e m p l e o s d e l a r a m a j u r i s d i c c i o n a l 67, d e n t r o d e l o s p r o c e s o s
instaurados contra el Consejo Superior de [la] Judicatura, en los cuales
igualmente se ha solicitado la nulidad parcial del m ismo Acuerdo 05 de 1993.
En aquellas oportunidades la Sala ha llegado a la convicción de que el
Consejo Superior de la Judicatura no puede variar la remuneración
contemplada en el artículo 3º del Decreto 57 de 1993.

Y como en esta ocasión no encuentra nin guna argumentación adicional
contundente, por parte de la entidad demanda [da], para desvirtuar lo
decidido en los precedentes que se citan, se permite exponer nuevamente la
ratio decidendi, determinante para acceder a las súplicas de la demanda.

[…]

Así entonces, como el cargo de Oficial Mayor se encontraba contemplado en
el artículo 3º del decreto 57 de 1993, el Consejo Superior de la Judicatura,
S a l a A d m i n i s t r a t i v a , c a r e c í a d e l a f a c u l t a d p a r a d e t e r m i n a r l e g r a d o s y,

65
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
66
Dentro del proceso de simple nulidad radicado 11001-03-25-000-2006-00055 -00 (1130-06), Accionante: Sandra Carolina
Ariza Lizarazo, con ponencia del consejero dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
67
Ver expedientes 110/99 – 1846/99 –1801/99 – 7375/05 – 2630/05.
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además, no era competente para fi jar su remuneración, pues tal potestad,
como se dijo, correspondía al Presidente de la República en desarrollo de
las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

En esas condiciones, la actuación del Consejo Superior de la Judicatura –
Sala Administrativa, al señalar la remuneración con ocasión de la fijación de
los requisitos para el desempeño del cargo, resulta inconstitucional. ”

133.En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con la f acultad para crear cargos en la Rama
Judicial en atención al artículo 257 68 de la Ley 270 de 1996, no
obstante, no puede desconocer las f acultades dadas al presidente de
la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los
Decretos presiden ciales 1039 de 2011, 874 de 20 12, 1024 de 2013 y
194 de 2014, que ya habían señal ado cómo debían remunerarse
los cargos de “abogado asesor ”.
134. En este ent endido, la remuneración de los cargos cu ya
denominación se encuentre expresamente establecida en los decretos
anuales que f ijan el régimen salarial y prestacional de la Rama
Judicial, debe atender a las escalas salariales a llí señaladas. Frente
a los mismos es ilegal, tanto asignarle s grados o códigos adicionales,
como establecerles otro tipo de remu neración dif erente, toda ve z que
ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución Polít ica que autorizó al Gobierno Nacional para f ijar el
régimen sala rial y prestacional de los empleados públicos, siempre y
cuando se sujetara a los objetivos y criterios estable cidos por el
legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 1992 69, a
través de la cual se f ijaron los criterios a los que de be ceñirse el
Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial.
135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor”
grado 23 de Tribunales Administrati vos, se encuentra dentro del
listado de los cargos nominados 70 en los Decretos expedidos por
el presidente de la República e n uso de las c ompetencias
señaladas en la Le y 4 ª de 1992, por l o que su labor de be
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039
de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea
aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar
la denominación contemplada en e l artículo 3.º, numeral 2.° del
Decreto 57 de 199 3, lo cual resulta i legal e inconstitucional , pues
al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”,
afectó negati vamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo.

68
“ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo
Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
69
“[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
70
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
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1 3 6 . A partir del escenario expuesto se extrae la regla de unificación
consistente en:

“ El Consej o S uper i or de la Jud icat ur a car ece de com pet encia
par a asig nar le a l os car g os nom inados 71, gr ados, códig os y
r em uner ación dif er ent e a lo r eg ulado e n el Decr et o 57 de 19 93 y
dem ás decr et os anuales e xp edid os po r el G obier no N aci onal,
m ediant e los cual es se det er m ine el r ég im en salar ial y
pr est acional de l os em pleados de l a r a m a j udicial. Ést a p ot est ad
cor r esponde al pr es ident e de la Re públ i ca en desar r ol lo de las
f acult ades pr evist as en la Le y 4ª de 19 92. En consecuenci a, la
r em uner ación del c ar g o de “ abog ado asesor ” gr ado 23 de los
T r ibunales Adm in ist r at ivos, es l a f ij ada par a el «abog ado ase sor »
en los decr et os anua les e xped idos por el g obier no naciona l so br e
la m at er ia ” .

3.4.3. Segundo problema jurídico. ¿Al modif icarse a través del
Acuerdo PCSJA22 -11968 de 2022 la denominación del cargo de
“abogado asesor grado 23”, se af ectó también la determinación del
salario y prestaciones sociales que le correspondían f rente al cargo
de “abogado asesor ” de Tribunal Administrativo?

3.4.3.1. Modificación de la denominación del cargo de “abogado
asesor grado 23” por la de “profesi onal especializado grado 23”.
137.Encontrándose el proceso al despacho para proferir f allo de
segunda instancia, el Consejo Superior de la Judicatura dictó el
Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, por el cual
modif icó la denominación de l cargo de “abogado asesor grado 23” por
la de “prof esional especializado grad o 23”.
138.En atención a que las órdenes de restablecimiento del derecho
impartidas por el a quo comprenden el pago de dif erencias salariales
y prestacionales que se llegaren a causar mientras el demandante se
desempeñe como abogado asesor de tribunal (ef ecto posterior),
deberán verif icarse los ef ectos que generó la citada modif icación,
específ icame nte frente a la determinación del salario y las
prestaciones sociales correspondientes a quienes venían
desempeñándose como “abogado asesor ” de Tribunal Ad ministrativo.
1 3 9 . En virtud de lo anterior, y en tanto interesa al caso, mediante auto

de mejor pro veer d el 9 de marzo de 2023, esta Sección decretó varias
pruebas documentales a cargo del Consejo Superior de la Judicatura,
para esclarecer algunos puntos de la controversia 72.

71
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
72
Se solicitó a la entidad:
(i) El manual de funciones del cargo de abogado asesor y de abogado asesor grado 23 que estuvieron o estén adscritos a los
tribunales del país.
(ii) Las actas del Consejo Superior de la Judicatura donde se discutió la creación del cargo de abogado asesor grado 23 para
los tribunales del país.
(iii) La relación de los tribunales del país en donde han estado y/o están creados los cargos de abogado asesor y abogado
asesor grado 23, con indicación de la fecha de creación.
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1 4 0 . En respuesta, el Consejo Superior de la Judicatura remitió copia
del documento técnico “ P R O P U E S TA PA R A A J U S TA R A L G U N O S C A R G O S E N
L A P L A N TA D E P E R S O N A L D E L A R A M A J U D I C I A L ” elaborado en el mes de
junio de 2022, por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico,
donde f rente al cambio de denominación del cargo de “abogado
asesor grado 23” por la de “p rof esional especializa do grado 23”,
f ormuló la siguient e proposición:

“ d. P rop ue st a de a ju s t e en l a den om in ac ió n d e lo s ca rg os .

La f ac u lt a d q u e t i en e e l C ons ej o S u per i or d e l a J ud ic at ur a d e de t erm in ar las
es tr uc t ur as d e y p l a nt as d e c o rp or ac io n es y des p ac h os j u d ic ia l es en l a R am a
J ud ic i a l s e ej er c e obs er va n d o l as nom enc l a tur as y es c a l as s e ñ al ad as por e l
G o bi er n o N ac io n a l. C on b as e e n l os res u lt ad os de va l i dac i ó n d e p la nt as d e
pers o n al , a n á l is is c o m par at i v os de l a d e nom i nac i ó n q u e es ta b lec e n l os
dec r e tos s a lar i a l es y l os c o nt ex t os c on t em por á n eos , s e pr op o ne aj us tar l a
de n om in ac ió n d e l os c ar g os d e a b og a d o as e s or gr a do 23 a n i ve l d e t r ib u na l es
y l o s c ar g os s ec r et ar i a les q ue t i en e n de n o m inac i on es qu e r e qu i ere n d e un a
ac t u al i za c ió n , c om o: e s c r i bi e nt es , c it a dor es , of ic i n is t as e inc l us o a rc h i ver os .

P ara aj us t ar e l pr im er c arg o e nu nc i ad o no s e re q ui er e un p res u p u es t o
ad ic i on a l, d e b id o a q ue s e m a nt i en e e l m is m o gra do y n o h a y d if ere nc i a
s a lar i a l, por l o q u e d e ntr o d e l a gr ad u a l id a d pro p u es t a s e c ons i d er a p ert i n en t e
i nic i ar l os aj us t es c o n es t e c ar go .

(i) Ab og ad o as e so r g ra do 2 3

La an t ig u a S a l a A dm i n is tr at i v a d e l C ons ej o Su p er ior de l a J u d ic at ur a e n e l
m ar c o d el p l an d e d es c on g es t i ón d is pus o c r ear c o n e n l os Ac u er d os P SA A 1 1 -
78 8 6, P S A A1 3 - 9 99 1, P S AA 1 4 - 10 1 97 , PS A A 15 - 10 2 88 , P S AA 15 - 1 0 32 3,
P S A A1 5- 1 03 3 5, P SA A 15 - 1 0 35 6, P S A A1 5 - 1 0 36 3 , P S A A 15- 10 3 71 , P SA A 1 5 -
10 3 77 y P S A A 1 5 - 1 03 8 5 e l c arg o de ab o ga d o as es or gra d o 2 3 e n l os tr i b un a l es
s up er i or es y adm i n is tr at i v os de m an era tr a n s it or i a par a d es c o n g e s ti o nar los
T rib un a les Adm i nis tr a ti v os y S u p eri or es . El gr ad o es ta b lec i d o s e d et erm in ó
por las f u nc io n es y r e s po ns ab i l i da d es q ue d em and a e l p erf i l .

P os t er ior m e nt e, e l c ar go f ue c r e ad o d e m an era p erm an en t e pr im e ro p ar a l os
des p ac h os de m a gis tr a dos d e las s a las es p ec i a li za d as e n r es t it uc i ón de t ier ras
(Ac uer d o P SA A 1 2 - 92 6 8 d e 2 0 1 2) y l u e g o par a l as d em ás j ur is d ic c i o nes y
es p ec i al i d ad es c on e l Ac uer d o P S A A 1 5 - 1 0 40 2 d e 2 0 15 . En e l a ñ o 2 02 0 c on e l
Ac uer d o PC SJ A 2 0 - 1 1 6 50 s e c r e ar on u nos c a rgos c o n l a m is m a de n om in ac ió n
par a f o r t a lec er l as p l an t as d e p ers o n a l de u nos d es p ac h os d e m agis t ra d o
c onf or m e l os c r it er io s de pri or i za c ió n.

Ac t u a lm ent e ex is t en 54 7 ca rg os d e abo gado a se so r g r ado 23 q ue s e
enc u en tr a e n l os tr i bu na l es adm i nis tr at i v os y s up er i ores . Es t e per f il n o ex is te
en las pl a nt as d e p er s on a l d e l os c o ns ej os s ec c io n al es .
E n c u a nt o a l os r e qu i s it os ex ig i d os y l as f u nc io n es q u e d es em pe ña e l c arg o
m edi an t e Ac u er do P S A A 13 - 1 00 3 8 d e no v i e m bre 7 d e 20 1 3, s e a dec u ar on y

(iv) Los estudios técnicos de las medidas de descongestión que dieron lugar a la creación de los cargos de abogado asesor
grado 23.
(v) Los estudios técnicos que dieron lugar al actual cargo de profesional especializado grado 23.
(vi) El manual de funciones del cargo de profesional especializado grado 23, con especificación de los tribunales para los
cuales fue creado.
(vii) Certificación en la que se especifique la diferencia del cargo de abogado asesor grado 23 con el de profesional
especializado grado 23.
(viii) Indicar en qué despachos judiciales existían los cargos de abogado asesor de que trata el artículo 7, numeral 3 , del
Decreto 57 de 1993 para la fecha de expedición de dicha norma, la cual fue replicada en el Decreto 106 de 1994 y siguientes
expedidas anualmente , aclarando cuántos cargos existían por despacho, así como sus requisitos y funciones.

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

m odif ic ar on los r eq u i s it os p ar a l os c ar go s d e em pl e ad os d e T rib un a les ,
J u zg a dos y C en tr os d e S er v ic ios , c u an d o es ta b lec i ó:

AR TÍ CU LO 1 º. - G R AD O RE Q U I SIT O S
Es t a b lec er y
ad ec ua r los
r eq u is it os d e los
s i gu i en t es
c ar g os de
em p l ea d os de
Tr i b un a les :
DE NO M IN AC I Ó
N DE L C AR G O
A bo g ad o as es or 23 T ítu lo de
f orm ac ió n
prof es i o n al en
der ec h o, tí t ul o d e
pos t gra d o y u n ( 1)
añ o de
ex p er i enc i a
prof es i o n al .
[… ]” .

141.No se encuentran en el citado documento consideraciones
adicionales sobre la necesidad que moti vó el “cambio de
denominación ”.
142.Asimismo, se remitió el Of icio PCSJO23 -762 del 14 de julio de
2023 73 suscrito por la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, donde se adujó que esa modif icación no se trató de una
supresión o modif icación del cargo sino sólo de un “ajuste f ormal ” por
“[…] una inconsistencia [..] en su nominación ”, y que el obje tivo de
la entidad fue crear un cargo de grado 23, en los siguientes términos:

“ M ed i an t e e l Ac u er d o PC SJ A 2 2 - 11 96 8 de 2 0 22 , s e aj us t ó la d e no m inac i ón d el
c arg o de a bo g ad o as e s or gr a do 2 3 a pr of es i on a l es p ec ia l i za d o gra do 2 3, qu e
ex is t e e n l a es tr uc t ur a de l a R am a J u d ic ia l y qu e s e e nc ue n tra e n lo s t ri b un a l es
adm i n is tr at i v os y s u pe r i or e s d e d is tr i to j u dic i al , c o ns er v an d o l os r eq u is it os y
l a es c a l a s a l ar ia l es ta b lec i da .
E n ra zó n a e l l o, l a dec i s i ón a do p ta d a p or l a C orp or ac ió n e n e l m enc i on a do ac to
adm i n is tr at i v o, n o s e t r at ó d e un a m od if ic ac i ón o s u pr es ió n de u n c arg o , s i n o
de u n aju st e f o rm a l en la den om in ac ió n de l c a rgo , qu e n o imp li c a un
re or de na mi ent o de e st ruc tu ra en la pl ant a, en r az ón a qu e el ca rg o d e
abog ad o as e so r no e xi st e en l a R am a Ju di ci a l y d eb í a a jus ta r se l a
nomi na c ión qu e, co mo s e ev id en c ia en l os do cum ent os an ex os, si em p r e
se t r at ó d e un c ar go co n gr ad o 2 3 d ebi da me nte su st ent ado en el
ord en am ie nt o ju r ídi c o .
S obr e el m a nu a l d e f u nc io n es e l c it a do e l Ac uer d o PC SJ A 22 - 119 6 8 de 2 02 2 no
d is p us o a l gú n c am bi o e n las f u nc io n es qu e v en ía n des em pe ña n do l os
ab o ga d os as es or es gr ad o 2 3, s e r e it er a, e l aj us te f ue d e na t ura l e za f orm al e n
l a d e nom i nac i ó n d e l c a r go s i n af ec tac i ó n f u nc i on a l, s a l ar ia l o pr es t a c i on a l. C on
to d o, s e i ns is t e q u e l a Cor p orac i ó n e n e l m arc o d e l a m es a d e ne g o c i ac i ó n c o n
l as or g an i za c io n es s i nd ic a les d e la Ram a J ud ic i a l, es t á tr a b aj an d o e n un
m anua l d e f unc i o ne s par a t o d os l os c arg os ex is t en t es e n el s ec tor
j uris d ic c i on a l.
[… ]
[… ] e l aj us te d e la d en om in ac i ón d el c ar g o s e r e a li zó e n e l m arc o d e las
f ac u lt a des c o ns ti t uc i o na l es y l e g a les d e l C o ns ej o S u per i or d e l a J ud ic at ur a y

73
Digitalizado sistema SAMAI índice 36.
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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

te n ie n do e n c u en t a los r es u lt ad os d e v a l id ac i ón d e p l an ta d e p ers on a l, a ná l is is
c om par at i v os d e l a d e nom i nac i ó n q ue es t ab l ec e n los dec r e tos s al a ri al es y l os
c on t ex t os c on tem p or á ne os . Es d ec i r, l a d ec is i ó n ad o pt a da e n e l Ac u er d o
PC SJ A 2 2 - 11 96 8 de 3 0 de j u n io d el a ñ o a n ter i or, n o s e t ra tó d e un a m odif ic ac i ón
o s u pr es i ó n d e u n c ar go , s i n o d e u n aj us t e en l a d en om in ac ió n d e l c ar g o, q u e
no im pl ic a un r e or d e n am ie nt o r eor d en am ie n to de es truc t ura e n l a pl a nt a en
ra zó n a q u e e l c ar g o d e ab o g ad o as es or no e x is t e e n l a Ram a J u dic i al y d eb ía
aj us tar s e l a n om in ac ió n d e l c ar g o q u e, c om o s e e v i de nc i a e n los d oc um en t os
an ex os , s i em pr e s e tr a tó de un c ar go c on gr a do 23 d eb i dam e nt e s u s te nt a do en
e l or d e n am ien t o j ur í d i c o.

Co ns ec u e nc i a de l o e nu nc i ad o, n o h a y d if e renc i a en tre e l c ar g o de a bo g ad o
as es or gr a do 23 c o n e l de prof es i o na l es p ec ia l i za d o gr a do 2 3 , i nc lus o e n e l
ac u er d o s e i nd ic ó q ue “ c ons er v ar á l os req u is it os y l a es c a l a s a lar i a l
es t a bl ec i da par a e l gr a do 23 , s i n af ec ta r de re c hos s al ar i a les y pr es t ac io n al es ” ,
pu es s e tr at ó ex c l us i v am ent e d e u n aj us t e f orm al e n l a d en om in ac i ón .

P or lo t an t o, l os c ar g os de pr of es i on a l es p ec ia l i za d o gr ad o 23 c on t in ú an c o n
l os r e q uis i tos ex i gi d o s en e l Ac u erd o P S A A 13 - 1 00 3 8 d e l 7 d e n o v iem bre d e
20 1 3:

Art íc u lo 1° . - Es t ab l ec er y a dec u ar l os r eq u i s it os d e los s i gu i e nt e s c a rg os d e
em pl ea d os d e Tr ib u na l es , J u zg a d os y Ce nt ro s d e S er v ic ios , as í:

DE NO MI N AC IÓ N G R ADO RE Q U I SIT O S
DE L C A RG O
A bo g ad o as es or * 23 T ítu lo d e f orm ac ió n
prof es i o n al en
der ec h o, tí tu l o d e
pos t gra d o y u n ( 1)
añ o de ex per i e nc i a
prof es i o n al

• Ac t u alm e nt e Pr of es i o na l Es p ec i al i za d o G r a do 23 .

E l aj us t e en e l n om br e de l c ar g o des em pe ñ ad o n o c om port ó u n a red ef i n ic i ón
de s us f u nc i on es , un a as ig n ac i ó n d e m a yor es res p ons a b il i d ad es , un a ex ig e nc ia
m a yor r es pec to a las c a li d ad es par a s u ej e rc ic io o un as c ens o e n l a es c a l a
s a lar i a l c or r es p on d ie n te n i c am bi o en l os r e qu is i tos , p or t a nt o , s ó l o im p l ic ó e l
c am bi o d e de n om in a c i ón d el c ar g o, m ás no u n c am b io e n e l em pl eo 8 .
Fi na lm en t e, e l c a r g o c ons er v ó la es c al a f ij a d a e n los d ec re t os res p ec t i v os , en
ta nt o q u e, c o nt i n uó c on los m is m os d erec hos s a l ar i al es d e l gr ad o 2 3, s in
des c o noc er l as r ef er i das es c a las s a l ar ia l e s ta l y c om o s e e v i d enc i a en l a
c ons t anc i a de l a D ir ec tor a A dm in is t ra t i va d e l a Di v is i ón d e As u nt o s L ab or a les
de la D ir ec c i ón Ej ec ut i v a d e A dm in is trac i ó n J ud ic i a l ( D E AJ R HO 2 3 - 1 55 1) .
[… ]
Des d e l a e ntr a d a e n f unc i o nam i en to de l Co ns ej o Su p er ior de l a J ud ic at ur a n o
ha ex is t i do e l c a r g o d e a b og a do as es or n o m ina do e n l a R am a J u d ic i a l. E n e l
añ o 20 11, d en tr o d e l m ar c o d e d es c on g es ti ó n in d ic a d o an te ri or m ente , f u e
c rea d o e l c ar g o de a b og a do as es or gr ad o 2 3, el c ua l c o nt e ní a u na
i nc o ns is t e nc i a d e c ar ác t er f orm al e n s u n om in ac ió n m ás n o e n s u gr a d o
(pr inc i p al el em en to p ar a es t ab l ec er s u r e m uner ac i ó n). Se hac e nec es ar io
prec is ar q u e d e ntr o d e l p la n N ac i on a l d e Des c o ng es t i ó n d e l 2 0 11 , e l c u a l
c ons t it u ye l a g é nes is de l c arg o de ab o g ad o as es or gr a d o 2 3, l a c orp or ac ió n
s i em pr e es t ud i ó la pr op u es t a de c r e ar c ar go p ar a tr i bu n a les s up er i ores y
adm i n is tr at i v os c o n u n p er f i l m a yo r a l d e l a ux i li ar j u d ic ia l g ra d o 1, en t a l
s en t id o y c om o s e obs er v a en e l d o c um ent o, s e c o ns ig n aro n v ar i as
de n om in ac io n es c om o pr of es io n al G r ad o 2 3, A b og a do A s is t en te G ra do 2 3,
Pr of es io n a l un i v er s it a r i o G r a do 2 3 y a b o ga d o As es o r G r a do 23 ; l o qu e
e v id e nc i a m as ( s ic ) a l l á d e t od a f orm al i da d q u e e l o bj et i v o de l C o ns ej o
S up er i or d e la J u d ic a t ur a , s iem pr e f ue e l d e c re ar un c ar go c o n gra d o 2 3 “.
(Negrilla de la Sala).

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1 4 3 . Una respuesta en esa misma línea f ue remitida por la directora de

la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en certif icació n del 13 de julio de 2023 donde
sostuvo que, pese al cambio de denominación del cargo de abogado
asesor, el cargo de prof esional especializado grado 23 conservaría
los requisitos y l a escala salarial del grado 23, sin afectar los
derechos salariales y prestacionales 74:

“ [ … ] c onforme al ARTÍCULO 1°. Del Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022 “por
medio del cual se ajusta la denominación de unos cargos a nivel nacional”, así: “El cargo de
Abogado Asesor grado 23 se denominará Profesional Especializado grado 23 y conservará los
requisitos y la escala salarial establecida para el grado 23, sin afectar los derechos salariales y
prestacionales”.

Que el salario mensual estipulado del 2022
cargo de Abogado Asesor grado 23 y
Profesional Especializado grado 23 para
la fecha del cambio de denominación, es
decir el 01 de julio de 2022 (ARTÍCULO
3°, Del Acuerdo PCSJA22 – 11968 del
30 de junio de 2022), fue el siguiente:
CONCEPTO
SUELDO BÁSICO $ 6.578.108
BONIFICACIÓN JUDICIAL $ 3.304.435
TOTAL $ 9.882.543
[…]”.

1 4 4 . Finalmente
es de destacar lo señalado en acápite anterior, como
es que el Consejo Superior de la Judicatura 75 precisó que al cargo de
abogado asesor grado 23, le co rrespondía cumplir con metas
relacionadas con la pro yección y t rámite de autos y sentencias
mensualmente. Y además, que al cargo de “prof esional especializado
grado 23” le correspondían los mismos requisitos, las mismas
funciones que al cargo de “abogado asesor grado 23”, las mismas
funciones y la misma escala salarial .

3.4.3.2. Análisis de la Sala.
145. Para desarrollar lo anterior, es necesario recordar la anterior
premisa según la cual el Consejo Superior de la Judicatura no podía
abrogarse una co mpetencia para establecer una remuneración al
cargo de “abogado asesor ” de Tribunal, que se encontraba dentro del
listado de los cargos nominados en los decretos exp edidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en
la Ley 4ª de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados, códigos
adicionales, o determinarle o tro tipo de remuneración diferente.
1 4 6 . Ahora bien, a l analiza r el estudio técnico “PROPUESTA PARA AJUSTAR
A L G U N O S C A R G O S E N L A P L A N T A D E P E R S O N A L D E L A R A MA J U D I C I A L ” elabor ado
en el m es de j unio de 2022, por la Unidad de Desar rollo y Anális is
Est ad íst ico, para la modif icación de la denominación del cargo de

74
Digitalizado en el sistema SAMAI índice 51.
75
En el Oficio PCSJO23-762 del 14 de julio de 2023.
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“abogado asesor grado 23 ” se ext raen las sigu ientes razones
adoptadas por la entidad, como son:

• La modificación sólo implicó el cambio de denominación del
cargo.
• Dicha modificación se adoptó con base en “[…] los resultados de
validación de plantas de personal, análisis comparativos de la
denominación que establecen los decretos salariales y los
contextos contemporáneos […] ”.
• La modificación mantenía el mismo grado -23- y por ello, en
consideración del Consejo Superior de la Judicatura, no generó
diferencia en la remuneración, pues se aplicaba la misma escala
salarial.
• No hubo redefinición de funciones, ni asignaci ón de mayores
responsabilidades, ni exigencia mayor respecto a las calidades
para su ejercicio o un ascenso en la escala salarial
correspondiente ni cambio en los requisitos.
• En el marco del plan nacional de descongestión del año 2011 se
estudió la propuesta de crear un cargo grado 23.
1 4 7 . Como se advierte de lo anterior, es evidente que el estudio técnico

aportado, así como la respuesta remitida por la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura no of recen una clara razón f rente
al objetivo que se persigu ió con el cambio de denominación del cargo
de “abogado asesor grad o 23” por el de “prof esional especializado
grado 23 ”.
1 4 8 . En
ef ecto en los citados documentos aportados por la entidad se
alude a unos “resultados de validación de plantas de personal y
análisis comparativos de la denominación que establecen los decreto s
salariales ” así como “el contexto contemporáneo ”, no obstante, no se
advierte cuál f ue la irre gularidad que se pretendió subsanar toda vez
que en la misma respuesta emitida por el Consejo Superior de la
Judicatura se af irmó que no existía diferencia entre los cargos de
abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23,
1 4 9 . Esta conclusión se ref uerza con la af irmación del Consejo, cuando

af irmó que se conservaron “[…] los requisitos y la escala salarial
establecida ”, “[…] no se trató de una modif icación o supresión de un
cargo, sino de un ajuste f ormal en la denominación del cargo, que no
implica un reordenamiento de estructura en la planta, en razón a que
el cargo de abogado asesor no exist e en la Rama Judicial y de b ía
ajustarse la nominación que, como se evidencia en los documentos
anexos, siempre se trató de un cargo con grado 23 ”; “[…] el Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022 no dispuso algún cambio en las f unciones
que ven ían desempeñando los abogados asesores grado 23, […] el
ajuste f ue de naturaleza f ormal en la denominación del cargo sin
af ectación f uncional, salarial o prest acional ”.
150.Además, señaló el Consejo Superior de la Judicatura, que lo
pretendido por la entidad siempre fue la creación de un cargo con
grado 23 para los Tribunales, empero, al resolver el pro blema jurídico
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anterior se eviden ció que en el documento técnico elaborado por la
Unidad de Desarro llo y Análisis Esta dístico pa ra el pla n nacional de
descongestión de 2011 no se incluyó algún cargo con ese grado.
1 5 1 . Así
las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del
cargo, las mismas f unciones y resp onsabilidades, se colige que el
objetivo f ue meramente económico al tratar de mantener la
remuneración del citado cargo con la escala salaria l del grado 23 y
así sust raerlo de la aplicación de l art ículo 4.° de los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional f rente a la remuneración d el cargo
de abogado asesor nominado 76.
152.Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que
ha emitido la jurisdicción contencioso administrativa f rente a casos
similares, donde ha establecido que los abogados asesores grado 23
de tribunal administrativo deben remunerarse con el salario del cargo
de abogado asesor nominado 77 en los términos de los de cretos
expedidos anualmente por el Ejecutivo.
1 5 3 . Además pretende soslayar los prin cipios de “a trabajo igual salario

igual ” e irrenunciabilidad de los benef icios establecidos -artícu los 25
y 53 de la Constitución Política – y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Cu lturales de 16 de diciembre de 1966, 78 en
cuanto consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas ”.

el principio de “a trabajo igual salario igual ” se
1 5 4 . Específ icamente

deriva del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política y señalado de manera expresa en el artícu lo 143
del C.S.T.
1 5 5 . Una de las consecuencias de la es pecial protección que el Estado

debe brindar al trabajo, es la exigencia legal y judicia l del respeto por
la dignidad y la justicia en la relación laboral (C.P. art. 25);
directamente ligada con lo anterior se encuentra la obligación de
proporcionar una re muneración acorde con las condiciones
reales del trabajo (C.P. art. 53), puesto que el salario e s “la causa o
el motivo, desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer
la vinculación laboral ” 79.
1 5 6 . Es
de anotar que la Corte Constitucional en sentencia T - 782 de
1998, señaló que existen muchos cargos en el servicio público cuyas
f unciones parecen ser similares o iguales pero los requisitos que se
exigen para el eje rcicio de los mismo s dif ieren, por lo que se puede
justif icar el tratamiento d iverso a nive l salaria l.
157. Al respecto, esta Corporación, a través de la Sección Segunda

76
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
77
Ibidem.
78
Que entró en vigor el 3 de enero de 1976 , aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y ratificado el 29 de octubre
de 1969
79
Corte Constitucional. M.P. Jaime Córdoba Triviño T- 103/02.
835

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Subsección B, en sentencia de 25 de agosto de 2022 80 sobre la
aplicación de este fundamental principio precisó , co n base en la
jurisprudencia de la Corte Constituci onal, que existen razones
admisibles para la dif erenciación salarial :

“[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su
vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas
funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
c u a l i f i c a c i ó n p a r a e l e m p l e o , s o n c o m p a r a b l e s y, n o o b s t a n t e , r e c i b e n u n a
remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación s alarial
injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo,
discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación
salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y
desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los em pleos públicos, a partir
de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos. ”

1 5 8 . En el sub lite , no se dan ninguna de las condiciones señaladas en

la pro videncia en cita, que permitan concluir que e xiste un parámetro
objetivo, discernible y ra zonable que justif ique la medida adoptada
por el Consejo Superior de la Judicatura que pretende mantener la
remuneración salarial del grado 23 para quienes se ven ían
desempeñando como abogado asesor grado 23 de tribunal , cuando ,
como se vio, su re muneración corresponde a la de abogado asesor
nominado de Tribunal .
1 5 9 . En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre

los cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado
grado 23, toda vez que (i) los requ isitos para su ejercicio son los
mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a las f unciones que
ven ían desempeñando los abogad os asesores grado 23 y (iii) no se
les asignó nin gún tipo de responsabilidad adicional.
160. Tampoco se evidencia que se hayan establecid o criterios de
desempeño y evaluación que justif iquen la dif erencia con lo que se
colige que esta decisión del Consejo Superior de la Judicatura entra
en clara contradicción con el principio de seguridad jurídica al
desconocer los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en los
que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de
la labor de los “abogados asesores grado 23 ” de Tribunal
Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor
nominado”, en los términos de la esca la salarial principal establecida
en el artículo 4.° de los Decretos e xpedidos por el pre sidente de la
República.
1 6 1 . En línea con esta argumentación se concluye que
quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal
Administra ti vo deben continuar siendo remune rados como

80
Proceso radicado con el número 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018) con ponencia de la consejera Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
835

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abogado asesor nominado 81 de Tribunal, al advertirse que siguen
desempeñando las mismas f unciones, se les exigen los mismos
requisitos, continúan en sus mismos lugares de trabajo y bajo órdenes
del mismo empleador, sin que exista una razón objetiva y just if icable
para que se asuma que cambiaro n a un cargo dif erente con grado 23
y que merecen ser remunerados de acuerdo con la escala salarial de
ese grado.
162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad a los benef icios mínimos establecidos el artículo 53
constitucional y de progresividad y prohibición de regresividad, así
como el derecho constitucional al trabajo en condiciones dignas.
163.En consecuencia, se inaplicará por inconstitucionalidad el
Acuerdo PCSJA22 -11968 de 2022, en cuanto dispuso:

“ AR T Í C U L O 1 ° . E l c a r g o d e A b o g a d o A s e s o r g r a d o 2 3 s e d e n o m i n a r á
Profesional Especializado grado 23 y conservará los requisitos y la escala
salarial establecida para el grado 23, sin afectar los derechos salariales y
prestacionales.
AR T Í C U L O 2 ° . C o m u n i c a r e l p r e s e n t e A c u e r d o a l a D i r e c c i ó n E j e c u t i v a d e
Administración Judicial y a las direcciones seccionales de administración
judicial.
AR T Í C U L O 3 ° . E l p r e s e n t e A c u e r d o r i g e a p a r t i r d e l 1 d e j u l i o d e 2 0 2 2 y
deroga las disposiciones que le sean contrarias ”.

1 6 4 . En
virtud de lo anterior, se concluye que a partir d el 1.° de julio
de 2022, el servidor que venía en el cargo de “abogado asesor grado
23”, y que pasó a llamarse prof esional especializado grado 23 debe
ser remunerado como abogado asesor nominado 82 de Tribunal de
acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de la República
en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, es de cir,
atendiendo al artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida el gobierno
nacional.
165. Ese reconocimiento, implica atender a los términos de
prescripción establecido s en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen
prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso
es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola ve z co n el reclamo
escrito del tra baja dor.
1 6 6 . En ra zón a que las citadas dif erencias salariales y p restacionales

se produ cen mes a mes se aplicará el f enómeno de la prescripción,
para lo cual los f uncionarios judiciales atenderán a la f echa en que se
realizó la solicitud ante la adminis tración, tanto si la rela ción laboral
y desempeño en el citado cargo se encuentra vigen te, como si
presentó interrupciones o ya f inalizó.

81
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
82
Ibidem
835

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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

1 6 7 . Situación
dif erente ocurrirá f rente a las diferencias generadas
sobre los aportes para pensión a cargo del empleador, que podrán ser
reclamadas en cualquier tiempo , dada su clara re lación sobre un
f uturo reconocimiento pensional y en tal sentido pueden solicita r se en
cualquier época.
1 6 8 . Del anterior an álisis se conclu ye lo siguiente , para tener en cuenta

en el caso concreto:

• El servidor que ve nía desempeñándose como “abogado asesor
grado 23 ” de Tribunal Administrati vo debe continuar siendo
remunerad o, a partir del 1.° de julio de 2022 como a bogado
asesor nominado 83 de Tribunal. Esto de acuerdo con el artículo
4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y
194 de 2014 expedidos por el presidente de la República, en
uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 19 92. Para
ello, debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo PCSJA22 -
11968 de 2022.

• En cada caso es necesario verif icar si ocurrió e l f enómeno de la
prescripción, de acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 . En razón a que las
dif erencias salariales y prestacionale s se producen mes a mes,
se atenderá a la f echa de radicación de la solicitud ante la
administración, tanto si la relación laboral y desempeño en el
citado cargo se encuentra vige nte, como si presentó
interrupciones o ya f inalizó. Las diferencias generadas sobre
aportes para pensión a cargo del empleador podrán ser
reclamadas en cualquie r época , para que sean consignadas en
el Fondo o entidad de previsión corre spondiente .

• Estas condiciones se aplican independientemente de si hubo
interrupciones en el servicio, reincorp o raciones en el cargo o si
el ingreso ocurrió después del 1.° de julio de 2022.

3.5. Tercer problema jurídico. ¿E l señor Jiménez Cerra tiene
derecho al reconocimiento y pago de las dif erencias salariales y
prestacionales por concepto de la aplicación de la escala salarial
señalada en el artículo 4.º de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014 y demás decretos salariales y, de acuerdo
con ello, debe continuar su remuneración como abogado asesor de
tribunal a partir del 1° de julio de 2022 ?
169.
En el sub lite , el acervo probatorio da cuenta de lo siguiente:

• Según certif icación del 20 de marzo de 2018 84, suscrita por el
secretario general del Tribunal Administrativo del Atlántico se advierte
que el señor Jiménez Ce rra ha labora do en la Rama Judicial en varios
periodos y cargos y su vinculación específ ica como “abogado asesor
grado 23” ocurrió así:

83
Ibidem.
84
F. 20
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• Desde el 30 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese
año.
• Desde el 2 de f ebrero de 2015 hasta el 31 de agosto del mismo
año.
• Desde el 1.° de agosto de 2016 y se encontraba laborando en el
mismo cargo a la fecha de expedición del certif icado.

• Mediante memorial del 30 de mayo de 2017 85, solicitó an te la
entidad demandada “[…] el sueldo básico o remuneración mensual
que corresponde al c argo de Abogado Asesor de Tribunal, consagrado
por el art ículo 4° d el Decreto No. 1039 del 2011, esto es por la suma
de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA
PESOS ($5´140.170 ), desde la f echa que in gresé a tal cargo, por los
períodos que lo he desempeñado, esto es, desde el 30 de mayo 2014
hasta el 31 de diciembre del mismo año; luego, desde el 2 de f ebrero
2015 hasta el 31 de agosto de ese mismo año y, f inalmente, desde el
30 de julio 2016 hasta la f echa, y en lo sucesivo mientras ocupe el
mismo”, que se le paguen las dif erencias de sueldo generadas y “[…]
se reliquiden todas las prestaciones sociales […] causadas y que se
llega ren a causar, con base en el salario que por ley co rresponde al
cargo de Abogado Asesor del Tribunal ”.

• La entidad accionada contestó su petición mediante el Of icio
DESAJBAO17 - 1931 del 28 de junio de 2017 86, recibido por el
demandante el 29 de julio de esa anualidad, donde se le indicó:

“[…] hay que diferenciar entre un cargo nominado y otro con escala de grado toda
vez que ambos poseen diferencias en la remuneración, el Acuerdo que crea la
medida descongestión le imprime grado al cargo de Abogado Asesor dándole el
grado 23 y no de nominado, pues, si el Acuerdo por medio del cual crea el cargo
hubiera establecido la denominación de Abogado Asesor sin grado, sería
nominado, y se tendría que aplicar el rango salarial mensual de $5.140.170, pero
claramente vemos que se especifica un grado y por esta razón t enemos que darle
p l e n a a p l i c a c i ó n a l o c o n t e m p l a d o e n e l a r t í c u l o 6 ° d e l D e c r e t o N o . 1 0 3 9 d e l 2 0 11
que fija la remuneración mensual para los empleados de la Rama Judicial y de la
J u s t i c i a P e n a l M i l i t a r.
Así las cosas, la Dirección Seccional de Administraci ón Judicial de Barranquilla,
n o a c c e d e r á a s u p e t i c i ó n , ya q u e s e e s t á a c t u a n d o d e c o n f o rm i d a d a l o
e s t a b l e c i d o p o r l a l e y, l o s a c u e r d o s y l o s d e c r e t o s e x p e d i d o s p o r e l G o b i e r n o
Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. ”

• Contra la decisión anterior, presentó recurso de apelación el 10
de julio de 2017 87; no obstante, la entidad demandada no se
pronunció, por lo que se conf iguró el silencio administra tivo negativo.
170.Ahora bien, en el presente caso, el demandante, quien desde el
30 de mayo de 2014 se ha venido desempeñando en varios periodos
como “abogado asesor grado 23”, solicita se le reconozcan, liquiden
y paguen las dif erencias salariales que existen entre ese cargo y el
de “abogado asesor” de Tribunal Judicial, de acuerdo con los Decr etos
salariales e xpedidos por el Gobierno Nacional, así como las

85
Ff. 21 y s.s.
86
F. 24.
87
F. 25
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Demandante: Orlando José Jiménez Cerra

prestaciones sociales, durante el período de vinculación en el citado
cargo del Tribunal Administrativo del Atlántico.
171.Al ef ecto, no se allegaron los desprendibles de nómina, sin
embargo, la respuesta dada por el Consejo Seccional de la Judicatura
en el Of icio DESAJBAO17 - 1931 del 28 de junio de 2017 88, no deja
dudas acerca de que al señor Orland o José Jiménez Cerra se le ha
venido liquidando y pa gando su salario de conf ormidad con la escala
prevista en el artículo 6.°, es decir, con el “grado 23”.
172.Como ya se d eterminó el Consejo Superior de la Judicatura no
podía abrogarse una competencia para establecer una remuneración
al cargo de “aboga do asesor ” de Trib unal, que se encontraba dentro
del listado de los cargos nominados en los decretos exp edidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en
la Ley 4ª de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados, códigos
adicionales, o determinarle otro tipo de r emuneración diferente.

A partir de lo anterior, l a pauta de unif icación ve rtida en esta
173.

providencia, consiste en que la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 d e Tribunales Administrativos, se encuentra dentro
del listado de los cargos nominados 89 en los Decretos expedidos por
el presidente de la República en uso de las competencias señaladas
en la Ley 4ª de 19 92, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo
con el art ículo 4.° de los Decretos 10 39 de 2011, 874 de 2012, 1024
de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior
de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el
artícu lo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993.
1 7 4 . De
acuerdo con ella, en el caso del señor Orlando José Jiménez
Cerra se ad vierte que el salario que se le canceló como “Abogado
Asesor Grado 23” fue inf erior al establecido anualmente por el
presidente de la República para el cargo de “aboga do asesor” de
Tribunal Judicial, situación que imponía acceder a las pretensiones
de la demanda, com o en ef ecto lo hizo el a quo , es decir, con la
inaplicación del Acuerdo PSAA11 -8419 del 1.° de agosto de 2011, la
nulidad de los actos demandados y ordenando a la entidad pagarle
las dif erencias de sueldo que corresponden a “abogado asesor de
Tribunal”, de sde la f echa en que ingresó a tal cargo y en lo sucesivo
mientras se desempeñe en el mismo, y la respectiva reliquidación de
todas las prestaciones sociales devengadas, causadas y que se
llega ren a causar, con base en el salario que le corresp onda al cargo
de abogado asesor de tribunal.
175.Es de precisar que en este caso no ocurrió el fenómeno de la
prescripción comoquiera que la primera vinculación del demandante
como “abogado asesor grado 23” ocurrió desde el 30 de mayo de 2014
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y la petición ante la
administración se realizó el 30 de mayo de 2017 90.

88
F. 24.
89
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
90
Ff. 21 y s.s.
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176.
Ahora, según el análisis de la Sala , los servidores que venían
desempeñándose como “abogados asesores grado 23” de Tribunal
Administra ti vo deben continuar siendo remunerados, a partir del 1.°
de julio de 2022 como a bogados asesores nominados 91 de Tribunal.
Esto de acuerdo con e l artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 expedidos por el presidente de
la República, en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de
1992. Para ello, debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022.

En este caso, como el señor Orlan do José Jiménez Cerra continúa
177.

vinculado a la Rama Judicial en el citado cargo, se impone que, a
partir del 1.° de julio de 2022 y mientras permanezca en el mismo, su
labor debe continuar siendo remuner ada como abogado asesor
nominado 92 de Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en
la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los Decretos
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes
que expida el gobierno nacional.

3.6.Otras decisiones.

3.6.1. En la sentencia de 1.° de marzo de 2019 el Tribunal
Administrativo de Atlántico ordenó en el numeral segu ndo inaplicar
por inconstitucionalidad el aparte “Grado 23 ” contenido en el artículo
1.° del Acuerdo No. PSAA11 -8346 de 29 de julio de 2011.
1 7 8 . Advierte
la Sala que es necesario modif icar la decisión anterior,
en el sentido de indicar que la inaplicación t ambién ocurre por
ilega lidad y, además, que deben inaplicarse las sucesivas prórrogas
de la medida adoptada en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11 -
8346 de 29 de julio de 2011, el Acuerdo PSAA15 - 10402 de 2015 que
adoptó el mencionado empleo de forma per manente en las plantas de
cargos de la entidad y f inalmente el Acuerdo PCSJA22 -11968 de
2022, este último en su totalidad.

3.6.2. El abogado Santiago Ríos Gómez presentó memorial 93 donde
indicó que, en atención a que en la actualidad f unge como apoderado
en varios p rocesos judiciales de contornos similares, le asiste
“legitimación e interés ” para actuar en el proceso del epígraf e.
179.Al respecto es necesario indicar que, si bien a través de esta
providencia se ad opta una pauta de unif icación jurisp rudencial, no
puede aceptarse la intervención del citado abogado comoquiera que
nos encontramos en el escenario del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, además, n o allegó poder para
representar a algu nas de las partes en juicio.

91
Ibidem.
92
Ibidem
93
Índice 40 aplicativo SAMAI.
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3.7. Decisión de segunda instancia
180. Por las ra zones que anteceden, se conf irmará la sentencia de
primera instancia prof erida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
el 1.° de marzo de 2019, que accedió a las pretensiones de la
demanda, salvo el numeral segundo que se modif ica en los t érminos
ya indicados.

3.7. De la condena en costas
181. En el p resente caso no hay lu gar a imponer condena en costas
al tenor de lo señalado por el artículo 365 del CGP, artículo 1.º 94, toda
ve z que en ejercicio del derecho def ensa la entidad presentó el
recurso de apelación, dada la f alta de claridad sobre la solución de
este tipo de controversias, circunstancia que precisamente orientó a
la Sección en su propósito de emitir una decisión unif icadora que
establezca un parámetro de interpretación normati va p ara resolver
casos similares.
182.En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F ALL A

PRIMERO.- UNIFI C AR la jurisp rudencia en el sentido de señalar que
“El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para
asignar a los cargos nominados 95, gra dos, códigos y re muneración
dif erente s a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos
anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el
régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial.
Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo
de las f acultades previstas en la Le y 4ª de 1992. En consecuencia, la
remuneración del cargo de “abogado asesor” grad o 23 de los
Tribunales Administrativos, es la f ijada para el «abogado asesor» en
los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la
materia”.

SEGUNDO.- ADV ERTIR a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el
tema objeto de unif icación constituye precedente vinculante en los
términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión, tanto en ví a administrativa como judicial, toda vez que
los ef ectos de la presente sentencia de unif icación son retrospectivos .

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán
inmodif icables.

94
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en
este código.”
95
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
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TERCERO. - MO DI FIC AR el numeral segundo de la sen tencia del 1.°
de marzo de 2019 prof erida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada
por el señor Orlando José Jiménez Cerra en contra de la Nación –
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva d e Ad ministración Judicial , en los
sigu ientes términos:

“ S E GUND O .- IN AP L IC AR e n e l c a s o c o n c re to , p o r ra z o n e s d e
i n c o n s ti tu c i o na l id a d e i l e g al i d ad , l a d e no m in a c i ón “Gra d o 2 3 ” y l a s
s u c e s i va s p ró rro g a s a l a s q u e s e h ac e re fe re n c i a e n el a rtíc u l o 1 .° d e l
A c u e rd o No . P S AA 1 1 -8 3 4 6 d e 2 9 d e ju l io de 2 0 1 1 ; e l A c u e rdo PS A A1 5 -
1 0 4 0 2 d e 2 01 5 q u e inc l u yó e n f o rma p e rman e n te e l m e n c i on a d o e m pl e o
e n l a p l a n ta d e c a rg os d e l o s tri b u n a l e s a dm i ni s ra ti vo s ; y f i n a lme n te , e l
A c u e rd o P CS J A 22 -1 1 9 6 8 d e 2 0 2 2 m e d ia n te e l c u a l s e s u s ti tu yó l a
d e n om i n a ci ó n d el c a rg o “a b o g a d o a s es o r g ra d o 2 3 ”, p o r l a d e
“p ro f e s i o n al e s p e c i ali za d o g ra d o 2 3 ”.

CU ARTO.- CO NFI RM AR en todo lo demás la sentencia prof erida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico en el presente caso.

QUINTO.- SI N CO NDEN A en cos tas .

SEXTO.- Ef ectuar las anotaciones correspondientes en la aplicación
SAMAI, y de volver el expediente al Tribunal de origen una ve z quede
ejecutoriada la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE

La anterior pro vide ncia f ue estudiada y aprobada por la Sala Plena de
la Sección Segunda, en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CÉSAR PALOMINO CORTÉS RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Consejero de Estado

835

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