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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00513-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00513-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos Arturo Medina Montealegre contra la nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. 23 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 05001-23-33-000-2019-00513-01 (0539-2025) Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-00513-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-00513-01 (0539-2025)
Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín

Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor, grado 23, de
tribunal judicial

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Carlos Arturo Medina Montealegre presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se inaplicaran los «acuerdos de creación de las medidas de descongestión
[…] en lo que se refiere a la creación del cargo que se denominó abogado asesor grado
23».

1 Radicada el 20 de febrero de 2019 según se observa en el sello de recibido y en el acta de reparto

en los folios 24 y 82 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
2 En adelante CPACA.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00513-01 (0539-2025)
Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de las
resoluciones DESAJMR16-6395 del 7 de junio de 2016 y DESAJMER17-7275 del
25 de octubre de 2017 proferidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Medellín3 y el acto ficto presunto negativo generado
por la falta de pronunciamiento frente al recurso de apelación propuesto contra el
primer acto administrativo, con los que se negó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales surgidas entre el cargo de abogado asesor
y el de abogado asesor, grado 23, de tribunal.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió mientras ejerció el cargo de
abogado asesor, grado 23, y lo que debía recibir según el salario establecido para
el empleo de abogado asesor, sin grado, durante todo el tiempo en el que laboró
en el Tribunal Superior de Medellín; y ii) la imposición de condena en costas y
agencias en derecho a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4.1. Carlos Arturo Medina Montealegre ha ejercido el empleo de abogado asesor,
grado 23, desde el «1 de diciembre de 2015»4 [sic] en el Tribunal Superior de
Medellín, creado en la modalidad de descongestión y luego establecido como
empleo permanente a través del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015.

4.2. El25 de mayo de 2016 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales entre el empleo de abogado asesor, grado 23, que
desempeñó y el de abogado asesor sin grado.

4.3. Mediante la Resolución DESAJMR16-6395 del 7 de junio de 2016, la entidad
negó la anterior petición en atención a que había pagado los salarios en estricto
cumplimiento de la escala salarial fijada por el gobierno nacional, y a las
condiciones del nombramiento realizado y del acto de creación del cargo que
desempeñó.

4.4. El 9 de febrero de 2017 interpuso los recursos de reposición y en subsidio
apelación contra la anterior decisión. El primero fue resuelto de manera negativa
por medio de la Resolución DESAJMER17-7275 del 25 de octubre de 2017 y frente
al segundo no se emitió pronunciamiento.

3 En adelante DESAJ.
4 De acuerdo con el certificado laboral allegado al proceso desempeñó el empleo desde el 30 de

octubre de 2015.

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Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución Política; la Ley 4ª de 1992; y el Decreto 57 de 1993 «y los demás que
se han ido derogando cada año».

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

6.1. Cuando el Consejo Superior de la Judicatura estableció el «grado 23» para el
cargo de abogado asesor en los acuerdos que crearon y prorrogaron la
descongestión judicial, recientemente incluido como parte de la planta permanente
de los tribunales, desbordó sus facultades legales y reglamentarias, toda vez que
no tenía competencia para asignar ese grado ni para fijar la remuneración
correspondiente.

6.2. El empleo de abogado asesor fue creado y se le fijó asignación salarial por
medio del Decreto 57 de 1993. Al asignarle el grado 23, por medio de los acuerdos
cuya inaplicación se solicitó, la entidad demandada modificó el régimen salarial
establecido, facultad que es exclusiva del Congreso de la República y que
únicamente puede ejercer el gobierno nacional con base en la autorización expresa
prevista en la Ley 4ª de 1992.

6.3. El Consejo Superior de la Judicatura no tenía la facultad para asignarle el grado
23 al empleo de abogado asesor de tribunal, pues ello implicó un cambio en su
denominación y remuneración que no le está permitido al empleador. No existían
razones constitucionales que justificaran el trato diferenciado entre los cargos
creados en descongestión y los que ya hacían parte de la planta permanente de
los tribunales.

1.2. Contestación de la demanda

7. La nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, se opuso a la
prosperidad de las súplicas de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos6:

7.1. Los actos administrativos demandados se presumen legales porque fueron
proferidos con base en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 85 de la Ley
270 de 1996, según los cuales el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad
de crear cargos en descongestión como sucedió con el de abogado asesor, grado
23, en el marco del Plan Nacional de Descongestión de la administración de
justicia.

7.2. Para la creación de cargos en descongestión como el mencionado solo se
estableció una limitación relativa a no imponer obligaciones dinerarias con cargo

5 Folios 14 al 19 del documento «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
6 Folios 95 al 108 «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».

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Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

al tesoro público que excedieran el monto global establecido para el
funcionamiento de la Rama Judicial.

7.3. Las diferencias entre el empleo de abogado asesor y abogado asesor, grado
23, no desconocen el principio de igualdad, toda vez que obedeció al ejercicio de
las autorizaciones otorgadas por el legislador y que se justifican en el correcto
funcionamiento de la administración de justicia.

7.4. Aldemandante no se le desconocieron sus derechos laborales pues sus
salarios y prestaciones sociales fueron reconocidas y pagadas de acuerdo con las
condiciones fijadas para el nuevo cargo, aceptadas por el demandante de manera
tácita con la aceptación del nombramiento y su posesión.

7.5. Propuso las excepciones de: i) presunción de legalidad de los actos
administrativos; ii) ausencia de causa petendi - inexistencia del derecho y cobro de
lo no debido; y iii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en sentencia
proferida el 25 de octubre de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Al efecto dispuso lo siguiente7:

«PRIMERO: DECLARAR imprósperas las excepciones denominadas “presunción de
legalidad de los actos administrativos” y “ausencia de causa petendi-inexistencia del
derecho reclamado y cobro de lo no debido”, invocadas por la entidad demandada. Lo
anterior, conforme a la motivación que antecede.

SEGUNDO. INAPLICAR parcialmente y en lo que tiene que ver con la situación del
demandante, el aparte 16 del acuerdo No. PSAA15-10402 (Octubre 29 de 2015)
expedido por la demandada, solo en cuanto asignó el grado 23, al cargo de abogado
asesor y con arreglo a las razones expuestas en la motivación precedente.

TERCERO. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones Nos. DESARJMER16-6395
del 7 de junio de 2016 y DESAJMER17-7275 del 25 de octubre de 2017 expedidas por
la dirección seccional de administración judicial Antioquia, que negaron el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas por el señor Carlos
Arturo Medina Montealegre objeto de esta demanda, al igual que la nulidad del acto
ficto denegatorio configurado con ocasión del recurso de apelación, incoado por el
aludido señor, contra la primera de esas resoluciones.

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
se ORDENA a la nación – rama judicial – Consejo Superior de la Judicatura – que a
través de la dirección seccional Antioquia o dependencia que haga sus veces, y si aún
no lo hubiere hecho a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, proceda a reconocer,
liquidar y pagar al señor Carlos Arturo Medina Montealegre, […], las diferencias
salariales y prestacionales surgidas de haberse desempeñado como abogado asesor
grado 23 y no recibir la remuneración correspondiente al cargo abogado asesor de
tribunal judicial a la que tenía derecho, y en lo que respecta a los periodos en los que
efectivamente estuvo vinculado en ese empleo al tribunal superior de Medellín. Lo
anterior, con sujeción a lo indicado en la parte motiva de este fallo.

7 Índice 23 del expediente digital de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

[…]
SÉPTIMO: Sin costas de primera instancia.
[…]» [sic].

9. Para tal efecto, se pronunció en el siguiente sentido:

9.1. De acuerdo con las consideraciones del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 2 de noviembre de 20238, el Consejo Superior de la Judicatura
desconoció el ordenamiento jurídico al asignarle el grado 23 al empleo de abogado
asesor de tribunal, pues ello implicó la fijación de una remuneración distinta de la
del empleo de abogado asesor, sin grado, que ya se encontraba establecida en el
régimen salarial de la Rama Judicial.

9.2. La remuneración de Carlos Arturo Medina Montealegre debió corresponder a la
del cargo denominado abogado asesor, la cual es sustancialmente superior a la de
abogado asesor, grado 23, que le fue pagada. Lo anterior también evidencia que
la base sobre la cual se calcularon las prestaciones sociales fue inferior y hay lugar
a que sean ajustadas de acuerdo con el salario que en realidad correspondía.

9.3. No se configuró la prescripción trienal en atención a que el demandante se
vinculó al Tribunal Superior de Medellín como abogado asesor, grado 23, el 30 de
octubre de 2015, interpuso la reclamación administrativa el 25 de mayo de 2016 y
radicó la demanda el 19 de febrero de 2020, es decir que «no se habían sobrepasado
los 3 años para reclamar, término que tampoco se sobrepasó al presentar la demanda».

1.4. El recurso de apelación

10. La
parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos9:

10.1. Si bien la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-033-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 2023 estableció que la remuneración del cargo de
abogado asesor, grado 23, debía ser igual a la establecida para el empleo de
abogado asesor fijada en los decretos salariales anuales del gobierno nacional,
ello se dispuso respecto de los empleos creados en los tribunales administrativos
y no en los tribunales superiores, como ocurrió en esta oportunidad.

10.2. Los acuerdos de creación y prórroga del empleo de abogado asesor, grado
23, fueron proferidos en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 270 de 1996,
toda vez que solo el Consejo Superior de la Judicatura puede determinar el tipo de
cargos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la administración de
justicia y se determinó que se requería la creación de cargos de abogado
asesor, grado 23, el cual tiene una remuneración proporcional a las funciones y
responsabilidades asignadas y que no guarda relación con el empleo de abogado
asesor que pretende el demandante.

8 SUJ-033-CE-S2-2023, radicado 08001-23-33-000-2019-00529-01 (3071-2019).
9 Índice 26 del portal Samai de la primera instancia.

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Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a
establecer ¿si el Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales al asignarle el «grado 23» al empleo
de «abogado asesor», pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional
establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho
cargo?

2.2. Marco jurisprudencial

2.2.1. Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores, grado 23, de los tribunales judiciales

14. La Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia SUJ-033-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 202313, unificó su jurisprudencia en relación con la
remuneración que corresponde al abogado asesor de tribunales y definió la
siguiente regla:

10 Tal como se indicó en el auto del 1 de abril de 2025 visible en el índice 4 de Samai de la segunda

instancia.
11 Constancia en el índice 8 de Samai de la segunda instancia.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicación: 08001-

23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019)

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00513-01 (0539-2025)
Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a
los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los
previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el
Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de
los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de
la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los
Tribunales Administrativos, es la fijada para el “abogado asesor” en los
decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

15. Lo anterior,luego de realizar el análisis de la competencia para definir el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la
Rama Judicial y los efectos de otorgarles un grado de remuneración a los cargos
para los cuales el gobierno nacional establece expresamente una asignación
salarial como «nominados». Dicho estudio llevó a la siguiente conclusión:

«[L]a remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados14 en
los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo
Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el
artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e
inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado
asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo».

16. Asimismo, la providencia advirtió que, durante el trámite del proceso, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de
2022 a través del cual modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado
23» por la de «profesional especializado grado 23». Esta situación se valoró a la luz
del artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que
modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el
caso concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se
hace referencia en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio
de 2011; el Acuerdo PSAA15- 10402 de 2015 que incluyó en forma permanente
el mencionado empleo en la planta de cargos de los tribunales administrativos;
y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó
la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”, por la de “profesional
especializado grado 23”».

17. En relación con los efectos en el tiempo de la decisión allí adoptada, la sentencia
señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye

14 «Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica».

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precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011,
para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial,
toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

2.3. Caso en concreto

18. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

18.1. De acuerdo con el certificado laboral15 expedido por la DESAJ, durante los
años 2015 y 2016 Carlos Arturo Medina Montealegre desempeñó los siguientes
empleos:

18.1.1. Abogado asesor, 23, en provisionalidad: 30/10/2015 al 15/02/2016.
18.1.2. Oficial mayor, en propiedad: 16/02/2016 a 17/02/2016.
18.1.3. Abogado asesor, 23, en provisionalidad: 18/02/2016 a 01/07/201616

18.2. Al respecto señaló que ocupó el empleo de abogado asesor, grado 23, del
Tribunal Superior de Medellín desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 1 de julio
de 2016, fecha de expedición de la certificación, con una interrupción de 2 días
correspondientes al 16 y 17 de febrero de 2016, en los que desempeñó el cargo
de oficial mayor en propiedad.

18.3. El 25 de mayo de 2016, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, el pago de las
diferencias salariales y prestacionales causadas entre el empleo que desempeñó
como abogado asesor, grado 23, y el de abogado asesor sin grado17.

18.4. Con la Resolución DESAJMR16-6395 del 7 de junio de 201618, expedida por
el director ejecutivo de administración judicial de Medellín, se negó la anterior
petición con fundamento en que le pagó los salarios y prestaciones sociales
previstos en la norma para el cargo de abogado asesor, grado 23, en
descongestión, que fue el desempeñado por el demandante.

18.5. El 9 de febrero de 201719, interpuso el recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el anterior acto administrativo, en el que insistió en el derecho que
consideraba que le asistía al pago de las diferencias salariales y prestacionales
pretendidas.

18.6. El 25 de octubre de 2017, la DESAJ profirió la Resolución DESAJMER17-
727520 en la que resolvió negativamente el recurso de reposición en el sentido de

15 Folios 65 al 81 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
16 Fecha de expedición del certificado laboral.
17 Folios 31 al 39 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
18 Folios 39 al 43 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
19 Folios 45 al 54 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».
20 Folios 55 al 62 del «01CuadernoPrincipalDigitalizado.pdf».

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Demandante: Carlos Arturo Medina Montealegre

reiterar que pagó los salarios y prestaciones sociales del demandante de acuerdo
con el empleo desempeñado. En ese mismo acto concedió el recurso subsidiario
de apelación, pero no se emitió pronunciamiento frente a esa alzada.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

19. La Sala advierte que el demandante acudió a la administración de justicia en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
solicitar la anulación de las resoluciones DESAJMR16-6395 del 7 de junio de 2016
y DESAJMER17-7275 del 25 de octubre de 2017 proferidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Medellín21 y el acto ficto
presunto negativo generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de
apelación propuesto contra el primer acto administrativo, con los que se negó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales surgidas entre
el cargo de abogado asesor y el de abogado asesor, grado 23, de tribunal .

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, accedió a
las pretensiones, con fundamento en que al demandante se le pagaron sus
ingresos mensuales en una cuantía inferior a la que en derecho correspondía, toda
vez que la entidad demandada catalogó el cargo ejercido por él como abogado
asesor, grado 23, cuando debía ser de abogado asesor, sin grado, el cual tenía
una retribución salarial superior.

21. La DEAJ presentó recurso de apelación contra esa decisión, pues consideró
que las pretensiones de la demanda debían ser denegadas en atención a que la
creación del cargo de abogado asesor, grado 23, en descongestión, obedeció al
ejercicio de las facultades que le otorgaba la Ley 270 de 1996 y a que la sentencia
de unificación del Consejo de Estado SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023 en la que se sustentó la sentencia de primera instancia solo se refirió al citado
empleo pero de los tribunales administrativos y no de los tribunales superiores
como en esta oportunidad.

22. Sobre la citada discusión, la Sala destaca que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura por virtud del mandato constitucional y legal que se le otorgó se
encontraba facultado para crear cargos en los tribunales cuando así era requerido
para la eficiente y eficaz administración de justicia, atribución que comprendía la
determinación de las funciones y los requisitos para el desempeño de los empleos
y no fijar obligaciones a cargo del tesoro público que excedieran el monto global
determinado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales, también lo es que el alcance de esa facultad no involucraba fijar o variar
el régimen salarial de los empleos que había creado.

23. Tal atribución radicaba exclusivamente en el gobierno nacional, al que, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución,
se le autorizó para que fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados

21 En adelante DESAJ.

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públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por
el legislativo. Con tal propósito se expidió la Ley 4ª de 1992 en cuyo artículo primero
señaló que el gobierno nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta ley fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos de la Rama Judicial.

24. Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas,
tanto el Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que
tuviera a su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza, debía abstenerse
de invadir el ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se
derivaba de los artículos 6 y 113.3 de la Constitución Política35. De ahí que no era
admisible que expidiera actos administrativos que regulaban materias que no le
habían sido asignadas.

25. En ese contexto, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, por
medio del cual se le asignó el «grado 23» al cargo de abogado asesor del
Tribunal Superior de Distrito Judicial conllevó a que las personas que
desempeñaron dicho empleo recibieran la remuneración correspondiente al «grado
23» y no a la del «abogado asesor».

26. Según se verificó en los decretos anuales del gobierno nacional, el salario de
este último cargo era mayor en comparación con aquel. Es así porque, por
ejemplo, el Decreto 194 de 2014, fijó una remuneración de $5.746.978 al «abogado
asesor», mientras que señaló la suma de $4.299.956 para el «grado 23». Asimismo,
el reajuste anual del gobierno nacional a través del Decreto 1257 de 2016 [uno de
los años en el que el demandante desempeñó el cargo comentado] era de
$6.014.787, superior a la remuneración que fue asignada al «grado 23», esto
es $4.500.333.

27. Adicionalmente, en el Decreto 194 de 2014 las escalas de remuneración que se
determinaron para los cargos con grados salariales se definieron a partir de la
condición de que su denominación no fuera una de las que estaban expresamente
señaladas en el mismo decreto, así se desprendía de la expresión «cuya
denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores». En este caso, la
denominación del cargo de «abogado asesor» correspondía a una de las señaladas
en el artículo 4 ibidem. Tal situación se predicó también respecto de las
anualidades subsiguientes, incluso en las normas que se limitaron a ajustar
porcentualmente las remuneraciones como ocurrió en los decretos 1257 de 2015
y 245 de 2016.

28. Esta afectación salarial también tuvo impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al haber sido el referente
para su liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» llevó implícita la
afectación al régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia
cuya regulación tampoco le correspondía a la entidad demandada.

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29. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 de los decretos 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019,
según el cual «(n)inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de
sus competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el
gobierno nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores
que desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante.

30. En suma, la expresión «grado 23» el cambio en la denominación del cargo
de «abogado asesor» que fue fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de
1993, contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 2015, conllevó una modificación
del régimen salarial y prestacional dispuesto por el gobierno para tal empleo, que
afectó negativamente a quienes lo desempeñaron, como era el caso del actor.

31. De otra parte, la apelante afirmó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no
se encontraba relacionado con el de «abogado asesor» nominado y que la
remuneración del primero era proporcional a las funciones y responsabilidades del
empleo. En relación con este argumento, es necesario poner de presente que era
incuestionable que las denominaciones de ambos cargos resultaban idénticas, por
lo tanto, la comprobación del argumento de la recurrente relativo a una presunta
diferencia funcional exigía la valoración de las pruebas que así lo demostraran.

32. Lo anterior solo sería posible a partir del estudio del manual específico de
funciones y de competencias laborales que daba cuenta de las diferencias entre
ambos empleos, el cual no se aportó al proceso. En esa medida, no es posible
establecer que el cargo de «abogado asesor grado 23» creado por el Consejo
Superior de la Judicatura difiriera del estipulado en los decretos 57 de 1993, 1039
de 2011 y sucesivos como «abogado asesor» (nominado), de modo que se
pudiera concluir que la complejidad funcional y responsabilidades asignadas a
este último cargo y las funciones desarrolladas por la parte demandante
como «abogado asesor grado 23» en realidad fueran distintas.

33. Ahora bien, la DEAJ también señaló que la sentencia de unificación del Consejo
de Estado SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 no puede ser
invocada para resolver este asunto porque, a su juicio, esa decisión solo se refirió
a los empleos de abogado asesor y abogado asesor, grado 23, de los tribunales
administrativos y no de los tribunales superiores como ocurre en esta oportunidad.

34. El citado argumento no tiene vocación de prosperidad en atención a que
obedece a una interpretación fraccionada de la mencionada sentencia de
unificación en la que, si bien el caso concreto correspondía al de un servidor judicial
de un tribunal administrativo, lo cierto es que tanto el estudio como la regla de
unificación se fijó de manera general respecto de la extralimitación o falta de

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competencia del Consejo Superior de la Judicatura para asignar grados o códigos
a los cargos nominados. La citada regla es del siguiente tenor:

«PRIMERO. - UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo
Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el
Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional
en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la
rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo
de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del
cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para
el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre
la materia”». [sic] [se resalta]

35. De acuerdo con lo anterior, la decisión no se fundamentó en la jurisdicción en la
que se desempeñaba la labor, sino en la competencia de la autoridad que expidió
el acto. Además, una consideración diferente, implicaría vulnerar el derecho a la
igualdad de los servidores que se vincularon en un empleo de igual denominación,
pero en una jurisdicción diferente, lo cual no tiene respaldo jurídico ni probatorio
que justifique el trato desigual.

36. Además de lo anterior, la expresión «grado 23 […] contenido en los acuerdos que
expidió el Consejo Superior de la Judicatura para los diferentes tribunales judiciales de la
jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de los acuerdos
que lo prorrogaron, adicionaron, ajustaron, suprimieron y/o reanudaron», entre ellos el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 fue declarada nula por parte
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 23 de octubre de
202422, De modo que no le asiste razón a lo afirmado por la entidad recurrente.

37. Por lo analizado, los reparos formulados por la parte recurrente no se
encuentran llamados a prosperar, por lo que se confirmará en lo analizado la
sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, según
las consideraciones expuestas con anterioridad.

2.5. Costas

38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y

22 Radicado 11001-03-25-000-2017- 00617-00 (2965-2017), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma23.

41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

42. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Consejo Superior de
la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales al haberle asignado el «grado 23» al empleo de «abogado asesor», pues con
ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional para este último cargo. Así entonces, los
argumentos formulados por la parte recurrente no se encuentran llamados a
prosperar, por lo que se confirmará la sentencia apelada que accedió a las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Carlos Arturo Medina Montealegre
contra la nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, de conformidad con lo expuesto
en la presente sentencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

23 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC

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