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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00830-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00830-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE». 6 Samai, gestión en otros despachos, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento «41_RECIBEMEMORIALES_CORRECCIONDEMANDA2(.pdf) NroActua 23». 7 Samai, gestión en otros despachos, índice 44, actuación «Sentencia». 6 Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025) Demandante: Olinda Cortés Sánchez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 26. El Tribunal agregó que la coexistencia de regímenes salariales distintos no resulta, en sí misma, inconstitucional, pues el juicio de igualdad exige comparar situaciones materialmente equivalentes. Sobre esa base, destacó que en el sector público pueden existir estatutos especiales con beneficios diferenciados, siempre que respondan a condiciones objetivas y razonables. Por ello, descartó que pudiera derivarse automáticamente un derecho a extender a todos los empleados judiciales los beneficios salariales previstos para otros cargos con régimen particular. 27. En relación específica con el Decreto 610 de 1998, el Tribunal explicó que la bonificación por compensación fue creada para unos cargos expresamente señalados por el legislador y reglamentados de manera taxativa. Tras examinar el caso concreto, concluyó que la demandante no desempeñó ninguno de los empleos incluidos en esa regulación, de modo que no podía reclamar, con base en ese decreto, una nivelación en los porcentajes del 60 %, 70 % y 80 % allí previstos. Por esa razón, esa pretensión no estaba llamada a prosperar. 28. Finalmente, al estudiar la legalidad de la Resolución 7151 de 2015, el Tribunal concluyó que el acto acusado se ajustaba a derecho, porque la Rama Judicial carece de competencia para fijar salarios o expedir decretos de nivelación salarial, función que corresponde exclusivamente al Gobierno nacional. Añadió que si lo pretendido era obtener la expedición o cumplimiento de una norma general sobre nivelación, el medio de control escogido no era el idóneo, pues para ello podrían existir otras vías, como la acción de cumplimiento o, eventualmente, la reparación directa, si considera que se ha incurrido en una omisión legislativa. En […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00830-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: nivelación o reclasificación salarial en los términos de la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema: competencia del Gobierno nacional
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, con
sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos por el Congreso de la República.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 30 de mayo de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Olinda Cortés Sánchez, en condición de asistente administrativo en la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó demanda con el propósito
de declarar la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento
y pago de la nivelación o reclasificación salarial conforme a lo establecido en el
parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 610 de 1998, que iguale
el 80 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes. En esta providencia
se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

Lo anterior, dado que la demandante, al ejercer los cargos de asistente
administrativo y técnico, no demostró ser beneficiaria de la bonificación por
compensación prevista en los decretos 610 y 1239 de 1998, ni acreditó la existencia
de una norma que reconociera, para los empleos que ocupó, una acreencia
equivalente en los mismos términos y porcentajes1. Además, la fijación del régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial corresponde al

1 Es decir, una prestación en los mismos términos de la bonificación por compensación, esto es, el 60 % para

1999, 70 % para 2000 y 80 % a partir de 2001, sobre lo devengado por los magistrados de las altas cortes.

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

legislador y al Gobierno nacional, de modo que la demandada no podía crear,
extender o reconocer una «nivelación» o «reclasificación» salarial.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Olinda Cortés Sánchez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 25 de julio de 20162, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, según las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 7151 del 31 de diciembre de 2015,
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual le
negó a la demandante el reconocimiento y pago de una «nivelación o
reclasificación» en los términos del Decreto 610 de 1998.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a efectuar la «nivelación o reclasificación» salarial de sus empleos y a
pagar las diferencias salariales y prestacionales en la misma forma y proporción
anual sucesiva en que se aumentaron los ingresos de los funcionarios judiciales
cobijados en el Decreto 610 de 1998. Es decir, solicitó «un ajuste a sus ingresos
laborales hasta la fecha de su retiro definitivo del servicio, en un porcentaje igual,
año por año, al que han recibido desde el 1.° de enero de 1999 los Magistrados de
Tribunal, y demás beneficiarios del citado Decreto 610 de 1998».

4. Que la «nivelación o reclasificación» salarial solicitada en los términos
anteriores constituya factor salarial para efectos de la liquidación o reliquidación de
su pensión, desde la época en que se desvincule del servicio activo.

5. Asimismo, que las sumas reconocidas desde el 1 de enero de 1999 como
producto de la «nivelación o reclasificación» sean actualizadas a valor presente, así
como los respectivos intereses, y se dé cumplimiento en los términos de los artículos
192 a 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda3, así:

2 Fecha se extrae del auto admisorio de la demanda del 3 de junio de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria. Ver Samai, gestión en otros despachos,
índice 4, actuación «AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA».
3 Expediente físico, folios 1 a 17.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

7. La señora Olinda Cortés Sánchez prestó sus servicios como asistente
administrativo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, desde el 27 de
febrero de 1991.

8. Indicó que la Ley 4 de 1992 fijó los criterios que debía observar el Gobierno
nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública. Señaló que, en
desarrollo de esa habilitación, el artículo 14 de dicha ley creó para la Rama Judicial,
la Fiscalía y el Ministerio Público una prima para determinados funcionarios y, en su
parágrafo, ordenó revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados
de la Rama Judicial con base en criterios de equidad.

9. Con fundamento en esa disposición, sostuvo que el legislador no excluyó de
la nivelación o reclasificación salarial a ningún funcionario ni a los empleados
subalternos de la Rama Judicial. Afirmó que, pese a ello, el Gobierno nacional no
ha implementado esa revisión respecto de los empleados judiciales activos,
pensionados o retirados, pues los decretos expedidos entre 1992 y 2009 solo
habrían regulado la situación de magistrados, fiscales y otros funcionarios de similar
rango, o fijado remuneraciones para determinadas vigencias, sin desarrollar
realmente la nivelación de los empleados subalternos.

10. Advirtió que dicha omisión se evidenció desde la expedición del Decreto 610
de 1998, mediante el cual —según afirmó— se desarrolló por primera y única vez
la nivelación salarial de algunos funcionarios judiciales, como magistrados de
tribunal, fiscales delegados ante tribunal y procuradores judiciales ante estos, con
porcentajes del 60 % para 1999, 70 % para el 2000 y 80 % a partir de 2001 sobre
lo devengado por los magistrados de las altas cortes. Añadió que una situación
semejante ocurrió en 2013 con los empleados del régimen nuevo o acogidos, lo
que, en su criterio, dejó por fuera de manera discriminatoria a los empleados
subalternos activos, pensionados y retirados, así como a quienes permanecieron en
el régimen antiguo.

11. Con fundamento en lo anterior, el 18 de diciembre de 2015, la demandante
solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y
pago de una «nivelación salarial» en proporciones equivalentes a las reconocidas a
los magistrados de tribunal mediante la bonificación por compensación del Decreto
610 de 1998.

12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó su reclamación
mediante la Resolución núm. 7151 del 31 de diciembre de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

• De la Constitución Política, los artículos 13, 25, 53 y 150.
• De la Ley 4 de 1992, el artículo 4.
3

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

• Decreto 610 de 1998.
• Decreto 1239 de 1998.
• Ley 270 de 1996, el artículo 152, numeral 7.

13. En el concepto de violación afirmó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
ordenó al Gobierno Nacional establecer una prima para magistrados, jueces,
fiscales y otros servidores allí señalados, y, además, revisar el sistema de
remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial con base en
criterios de nivelación, reclasificación y equidad. A partir de esa premisa, manifestó
que el Gobierno nacional estaba obligado a desarrollar una política salarial integral,
sin exclusiones injustificadas, que comprendiera también a quienes, por pertenecer
a la Rama Judicial, debían beneficiarse del mandato de igualdad y nivelación
previsto por el legislador.

14. Asimismo, indicó que el Decreto 610 de 1998 desconoció ese mandato legal
porque creó una bonificación por compensación solo para determinados altos
cargos de la Rama Judicial y de la Fiscalía, dejando por fuera a los jueces de la
República, fiscales distintos a los delegados ante tribunal y demás empleados
subalternos de la Rama Judicial. Añadió que esa exclusión se profundizó con el
Decreto 1239 de 1998, que extendió el beneficio a otros cargos de dirección, pero
mantuvo al margen, de manera injustificada, a los demás funcionarios y empleados
judiciales, entre ellos, la demandante.

15. Concluyó que desde el 1.º de enero de 1999, esto es, desde la fecha en que
se creó la bonificación por compensación para los magistrados de tribunal y cargos
afines, en su sentir, también nació para los jueces, fiscales no cobijados inicialmente
y empleados subalternos —incluidos retirados y jubilados— el derecho a que se
revisara su remuneración y se les aplicara una nivelación salarial acorde con el
mandato del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como con el artículo 152.7 de la
Ley 270 de 1996, que consagra el derecho a una remuneración correspondiente a
la función, dignidad y jerarquía del cargo. Sostuvo que el Gobierno nacional omitió
cumplir cabalmente ese deber, pues solo niveló parcialmente a algunos sectores y
mantuvo excluidos a otros durante varios años.

16. Finalmente, destacó que esa omisión generó una desproporción salarial
manifiesta, irrazonable e inequitativa entre magistrados, jueces y demás servidores
judiciales, especialmente respecto de quienes estaban retirados o jubilados. Por
ello, solicitó que se aplicaran a estos últimos parámetros semejantes a los usados
para magistrados y jueces, en forma gradual y descendente según la jerarquía
funcional y remuneratoria, al estimar que las normas acusadas no podían servir de
fundamento para privilegiar a un grupo reducido de servidores y excluir
arbitrariamente a otros que también pertenecían a la Rama Judicial.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.2. Contestación de la demanda

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito de
contestación4 mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
fundamento principal de la defensa, la entidad afirmó que la competencia para fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos corresponde
exclusivamente al Gobierno nacional, con arreglo a la Constitución y a la Ley 4 de
1992. Por ello, adujo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no
participa en la definición de esos emolumentos, sino que cumple una función
meramente ejecutora, de aplicación y acatamiento de los decretos salariales
expedidos anualmente por el Gobierno. En esa línea, sostuvo que no le era
jurídicamente posible modificar o reconocer una reclasificación salarial por fuera de
ese marco normativo.

18. Destacó que la remuneración de cada servidor judicial está previamente
determinada por el cargo, el grado y la planta de personal legalmente establecida,
de modo que no puede alterarse con base en circunstancias individuales, criterios
subjetivos o apreciaciones particulares del funcionario. Con apoyo en jurisprudencia
constitucional, insistió en que las escalas salariales obedecen a criterios técnicos
previos y obligatorios, y que ninguna autoridad administrativa puede apartarse de
ellos sin desconocer el principio de legalidad y la estructura del empleo público.

19. De otra parte, alegó que la demanda no cumplía adecuadamente con la carga
de demostrar las causales de nulidad frente al acto acusado, especialmente la falsa
motivación. Expuso que la demandante dirigió sus reproches principalmente contra
decisiones y competencias del Gobierno nacional, sin explicar de manera concreta
por qué la Resolución 7151 de 2015 —demandada—, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, debía anularse. Por ello, sostuvo que no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado.

20. Indicó que en el caso concreto, la entidad reiteró haber negado la petición de
la demandante porque carecía de competencia para modificar el régimen salarial de
los empleados judiciales. Añadió que, aun así, sí ha existido un proceso de
nivelación para los servidores de la Rama Judicial, materializado, entre otras
medidas, en la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013, que seguía
reconociéndose al momento de la contestación. Finalmente, propuso como
excepciones de mérito que el «acto demandado se ajusta a la normativa vigente»,
y «legalidad del acto administrativo demandado». Además, solicitó la condena en
costas a la parte demandante.

4 Samai, gestión en otros despachos, índice 9, actuación «CONTESTACION DEMANDA», documento
«ED_C01_16ContestacionDeLaDemandaDeLaDemandadaConPoder(.pdf) NroActua 35».
5

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.2.1. Trámite procesal

21. La Sala precisa que en virtud del auto admisorio de la demanda del 3 de junio
de 2022, además de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se notificaron
como entidades accionadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública.
No obstante, surtido el trámite procesal correspondiente, mediante decisión del 22
de junio de 20235, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, declaró no probada la excepción de inepta demanda por indebida
integración del contradictorio.

22. En esa misma providencia desvinculó a las entidades previamente
enunciadas y mantuvo únicamente a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial como parte demandada. Lo anterior, debido a que la demandante corrigió
la demanda a través de memorial el 1 de junio de 20236.

2.3. Sentencia de primera instancia

23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia dictada el 30 de mayo de 20257, negó las pretensiones de la demanda y
no impuso condena en costas a la parte vencida.

24. En primer lugar, el Tribunal delimitó la controversia a establecer si debía
anularse la Resolución 7151 del 31 de diciembre de 2015 y, en consecuencia, si la
señora Olinda Cortés Sánchez tenía derecho a una nivelación o aumento salarial,
con fundamento en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en la misma
forma y proporción reconocida a los servidores cobijados por el Decreto 610 de
1998, desde el 1.º de enero de 1999 y hasta la terminación de su vínculo con la
Rama Judicial.

25. Para resolver ese punto, la providencia expuso que la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde de manera
concurrente al legislador y al Gobierno Nacional. En ese marco, explicó que la Ley
4 de 1992 contiene los criterios generales, pero es el Gobierno quien debe
establecer directamente los salarios y prestaciones mediante los decretos
respectivos. También precisó que la nivelación salarial se orienta por criterios de
equidad, proporcionalidad y función, pero ello no significa que cualquier diferencia
entre regímenes o cargos constituya, por sí misma, una violación del derecho a la
igualdad.

5 Samai, gestión en otros despachos, índice 25, actuación «AUTO QUE RESUELVE».
6 Samai, gestión en otros despachos, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«41_RECIBEMEMORIALES_CORRECCIONDEMANDA2(.pdf) NroActua 23».
7 Samai, gestión en otros despachos, índice 44, actuación «Sentencia».

6

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

26. El Tribunal agregó que la coexistencia de regímenes salariales distintos no
resulta, en sí misma, inconstitucional, pues el juicio de igualdad exige comparar
situaciones materialmente equivalentes. Sobre esa base, destacó que en el sector
público pueden existir estatutos especiales con beneficios diferenciados, siempre
que respondan a condiciones objetivas y razonables. Por ello, descartó que pudiera
derivarse automáticamente un derecho a extender a todos los empleados judiciales
los beneficios salariales previstos para otros cargos con régimen particular.

27. En relación específica con el Decreto 610 de 1998, el Tribunal explicó que la
bonificación por compensación fue creada para unos cargos expresamente
señalados por el legislador y reglamentados de manera taxativa. Tras examinar el
caso concreto, concluyó que la demandante no desempeñó ninguno de los empleos
incluidos en esa regulación, de modo que no podía reclamar, con base en ese
decreto, una nivelación en los porcentajes del 60 %, 70 % y 80 % allí previstos. Por
esa razón, esa pretensión no estaba llamada a prosperar.

28. Finalmente, al estudiar la legalidad de la Resolución 7151 de 2015, el
Tribunal concluyó que el acto acusado se ajustaba a derecho, porque la Rama
Judicial carece de competencia para fijar salarios o expedir decretos de nivelación
salarial, función que corresponde exclusivamente al Gobierno nacional. Añadió que
si lo pretendido era obtener la expedición o cumplimiento de una norma general
sobre nivelación, el medio de control escogido no era el idóneo, pues para ello
podrían existir otras vías, como la acción de cumplimiento o, eventualmente, la
reparación directa, si considera que se ha incurrido en una omisión legislativa. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.

2.4. Recurso de apelación

29. La demandante pidió revocar la sentencia de primera instancia. Para ello,
sostuvo que la decisión partió de una comprensión equivocada del Decreto 57 de
1993 y, en general, de los decretos salariales expedidos en 1993 para la Fiscalía y
la Rama Judicial. Afirmó que esas normas no materializaron la nivelación salarial
ordenada por la Ley 4 de 1992, sino que crearon dos regímenes —acogidos y no
acogidos—, en los que los primeros recibían una asignación básica mayor, pero a
costa de perder beneficios como la prima de antigüedad, las primas ascensional y
de capacitación y la retroactividad de las cesantías.

30. Expuso que, en términos reales, el régimen de los acogidos resultó menos
favorable a mediano y largo plazo. Señaló que en la Rama Judicial, quienes
ingresaron después de 1993, como la demandante, quedaron obligatoriamente
sometidos a ese régimen, sin posibilidad de elección. Por ello, insistió en que los
decretos de 1993 no implicaron una verdadera revisión del sistema de remuneración
con criterios de equidad, sino apenas una reconfiguración formal que desmejoró las
condiciones salariales de numerosos servidores judiciales.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

31. Desarrolló además una comparación histórica entre la remuneración de
magistrados de altas cortes, magistrados de tribunal, jueces y empleados judiciales,
para mostrar que el incremento salarial real se concentró en ciertos niveles y no
benefició equitativamente al conjunto de la Rama Judicial. A partir de ese análisis,
concluyó que el Gobierno incumplió el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
pues no adelantó en 1993 la nivelación o reclasificación salarial que la norma
ordenaba para los mencionados empleados.

32. Destacó que solo hasta 2012, con ocasión del paro judicial y del acta de
acuerdo suscrita el 6 de noviembre de ese mismo año, el Gobierno nacional
reconoció expresamente el derecho a la nivelación salarial de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía, en los términos de la Ley 4 de 1992
y con criterios de equidad. A juicio de la apoderada, ese reconocimiento evidenció
que el cumplimiento real de ese mandato legal apenas comenzó a partir de 2013,
de manera escalonada y con proyección hasta 2018.

33. Con base en ello, la demandante indicó que desde la suscripción de esa acta
surgió una expectativa legítima para reclamar la nivelación con efectos retroactivos,
tomando como punto de referencia el primer incremento salarial equitativo
reconocido a un grupo de servidores judiciales, esto es, la bonificación por
compensación establecida desde 1999 para magistrados de tribunal y cargos
equivalentes. Precisó que no pretende que su poderdante reciba esa bonificación,
sino que se le reconozcan incrementos salariales en porcentajes iguales a los que
dicho emolumento produjo para esos funcionarios.

34. Finalmente, la apelante reiteró que los decretos 53 y 57 de 1993 no nivelaron
realmente a los servidores subalternos de la Rama Judicial y la Fiscalía, sino que
les ofrecieron un aparente aumento salarial a cambio de la pérdida de derechos
adquiridos. Por esa razón, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, reconociendo a favor
de Olinda Cortés Sánchez los incrementos salariales en porcentajes iguales a los
otorgados por la bonificación por compensación desde 1999 en adelante.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

35. Una vez asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación
dictó auto el 16 de octubre de 20258, en el que admitió el recurso de apelación de
la demandante y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo
con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8 Samai, índice 5.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, y teniendo en cuenta la competencia del juez
de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la
Sala definir si:

38. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su
condición de asistente administrativo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, de una nivelación salarial en los mismos términos de la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998?

39. Para resolver los anteriores interrogantes se realizarán algunas
consideraciones alrededor de la (a) competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial;
(b) el marco normativo para la nivelación salarial de los empleados de la Rama
Judicial establecido en la Ley 4 de 1992 y (c) la bonificación por compensación.

3.2.1. Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos
existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

40. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la
República, entre otras funciones, la de dictar las normas generales en las que se
señala los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para
fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

41. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la
República expidió la Ley 4 de 19929, mediante la cual estableció los criterios que
debe observar el Gobierno nacional para determinar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama
Judicial, en los siguientes términos:

Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República […]

Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
[…]
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]

Artículo 3. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las
funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada
cargo o categoría de cargos.

Artículo 4. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2.º el
Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año,
modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el
artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones10.

42. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4.ª de 1992, el
presidente de la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante
el cual se estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. Precisó que el referido
régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a
su entrada en vigencia.

9 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
10 Declaradas inexequibles las expresiones tachadas (incisos 1 y 3), mediante la sentencia C- 710 de 1999 de

la Corte Constitucional.
10

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43. Asimismo, la normativa en cita estableció en su artículo 2 que los servidores
públicos vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por
una sola vez y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y
prestacional previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes
no ejercieran dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.

44. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el
Gobierno nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4.ª de 1992.
Asimismo, en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que
determinaron los salarios de los cargos con denominación específica según el
Decreto 57 de 1993 y, de manera subsidiaria, estableció una escala de grados
salariales para aquellos empleos no incluidos en dicha clasificación.

3.2.2. La nivelación salarial en la Rama Judicial

45. Con fundamento en las facultades antes referidas y en el marco de la
creación de la prima especial de servicios, el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4
de 1992 previó la revisión del sistema de remuneración de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, con base en criterios de equidad y de nivelación o
reclasificación.

46. En este sentido, de la interpretación sistemática de la Ley 4 de 1992,
especialmente del mandato conferido al «Gobierno nacional» en su artículo 14 y de
la expresión «dentro del mismo término» contenida en el parágrafo de esa
disposición11, se concluye que la competencia para revisar el sistema de
remuneración de los empleados de la Rama Judicial radica en el Gobierno nacional,
en ejercicio de las facultades otorgadas por el legislador.

47. Asimismo, advierte la Sala que fue el legislador quien estableció, de manera
expresa, los criterios y objetivos que orientan la tarea de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la Rama Judicial, los cuales se encuentran
consignados en la Ley 4 de 1992. En particular, el artículo 2 dispone, entre otros,
que dicho régimen debe establecerse con arreglo al «nivel de los cargos, esto es,
la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para
su desempeño».
11 ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces
de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados
de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. (Se destaca)
11

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48. Con ocasión de la expedición de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional
profirió diversos decretos orientados a materializar los mandatos relacionados con
la nivelación salarial de los servidores de la Rama Judicial. Entre ellos se encuentran
la reglamentación de la prima especial de servicios, en el artículo 6 del Decreto 57
de 1993; la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998;
y los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de 2009 y 1251
del 14 de abril de 2009, mediante los cuales se fijaron porcentajes remuneratorios
para ciertos funcionarios.

49. Ahora bien, el hecho de que los referidos decretos hayan contribuido al anterior
fin, no significa que con su expedición finalizó la revisión del sistema de
remuneración de los funcionarios y empleados, a fin de materializar la nivelación
salarial atendiendo criterios de equidad; ni que se haya agotado sobre dicho aspecto
la facultad del Gobierno nacional de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, por lo que este continuó en ejercicio de dicha potestad dictando
los decretos salariales anuales, o creando otros emolumentos12 dentro del margen
de la autonomía que le asiste.

3.2.3. Reiteración jurisprudencial de la bonificación por compensación

50. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería
una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados13 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando
como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte.
Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo
concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de
1992. Dicho contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
244 de 201314, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el
Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces
para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional
de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30%
de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente
y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el
Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel
como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían

12 Ver, por ejemplo, el Decreto 383 de 2013.

13 Y autoridades equivalentes.

14 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia

C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero solo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
12

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sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación
o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de
hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin
embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98
buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de
1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los
magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad
económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado
de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido,
por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%.
Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al
que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los
propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación"
y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para
las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

51. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 15, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

52. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a
través del Decreto 1239 de 199816 dictado por el presidente de la República.

53. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:

15 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios. Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo,
este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de
septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor:
Pablo Julio Cáceres Corrales.

16 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

13

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a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo
de Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

54. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201617, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º
del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con

radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
14

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siguientes, respectivamente».

55. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera
que «el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente
por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que
resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de
tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998».

56. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de
alta corte]».

57. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como
ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y
los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para
fijar el ingreso laboral de estos últimos en un 80% a partir del año 2001»18.

58. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la
sentencia del 2 de septiembre de 201919, reiteró que la bonificación por
compensación hace parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada,
tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La
referida providencia también señaló que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los
ingresos laborales de sus destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al
ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó que «el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y cargos homologados es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios y de
ningún otro beneficio económico laboral».

59. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación20. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso

con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de
octubre de 2019.
20 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de

2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales,
15

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Demandante: Olinda Cortés Sánchez
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664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001),
2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).

60. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001,
expediente 395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable
el Decreto 610 de 1998.

3.4. Hechos probados

61. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:

62. Según la certificación del 19 de agosto de 202221, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la señora Olinda Cortés Sánchez ejerció los
cargos de asistente administrativo y técnico, en los siguientes periodos y
despachos:

Cargo Estado del Despacho Fecha Fecha
servidor inicial final
Asistente administrativo Provisionalidad Tribunal Superior Bogotá 27/02/1991 31/12/2002
DEAJ 04
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – División 01/01/2003 03/12/2004
DEAJ 04 de Infraestructura de Software
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – División 04/12/2004 21/12/2004
DEAJ 05 de Infraestructura de Software
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – División 22/12/2004 09/02/2005
DEAJ 04 de Infraestructura de Software
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – 10/02/2005 30/09/2008
DEAJ 05 Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – 01/10/2008 09/11/2008
DEAJ 06 Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – Sección 10/11/2008 30/06/2011
DEAJ 08 de Soporte Técnico y Apoyo
Logístico
Técnico DEAJ 11 Provisionalidad Nivel central 01/07/2011 30/09/2011
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 01/10/2011 01/01/2012
DEAJ 08 de Servicios Administrativos
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 02/01/2012 01/05/2012
DEAJ 12 de Servicios Administrativos
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Informática – Sección 02/05/2012 01/05/2014
DEAJ 08 de Soporte Técnico y Apoyo
Logístico
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Planeación - División 02/05/2014 26/05/2014
DEAJ 06 de Programación
Asistente administrativo Propiedad Unidad de Informática – Sección 27/05/2014 09/07/2014

por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
21 Samai, gestión en otros despachos, índice 9, actuación «CONTESTACION DEMANDA», documento

«12_CONTESTACIONDEMANDA_RAMAJUDIC_TIEMPODESERVICIOP(.pdf) NroActua 9».
16

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEAJ 08 de Soporte Técnico y Apoyo
Logístico
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 10/07/2014 01/05/2016
DEAJ 08 de Almacén e Inventarios
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 02/05/2016 31/01/2017
DEAJ 08 de Servicios Administrativos
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 01/02/2017 21/05/2017
DEAJ 05 de Servicios Administrativos,
Sección de Servicios Técnicos
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 22/05/2017 31/01/2018
DEAJ 08 de Servicios Administrativos
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad Administrativa – División 01/02/2018 28/02/2018
DEAJ 06 de Servicios Administrativos
Sección de Servicios Técnicos
Asistente administrativo Provisionalidad Dirección Ejecutiva de 01/03/2018 31/12/2019
DEAJ 08 Administración Judicial -
Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Unidad de Presupuesto – 02/01/2020 02/02/2020
DEAJ 06 División e Tesorería
Asistente administrativo Provisionalidad Dirección Ejecutiva de 03/02/2020 30/06/2020
DEAJ 08 Administración Judicial -
Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Dirección Ejecutiva de 30/07/2020 31/12/2020
DEAJ 08 Administración Judicial -
Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Dirección Ejecutiva de 01/01/2021 31/12/2021
DEAJ 08 Administración Judicial -
Dirección
Asistente administrativo Provisionalidad Dirección Ejecutiva de 01/01/2022 A la fecha
DEAJ 08 Administración Judicial - [de la
Dirección certificación
19/08/2022]
Tabla 1. Relación de cargos desempeñados por la demandante.

63. En escrito del 18 de diciembre de 201522, la demandante solicitó ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la creación, reconocimiento y pago
de una «nivelación o reclasificación» de su salario «con efectos fiscales a partir del
1 de enero de 1999 en la misma forma y proporción que significó la aplicación del
Decreto 610 de 199823.

64. Mediante la Resolución núm. 7151 del 31 de diciembre de 201524, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud presentada por la
peticionaria.

3.5. Análisis del caso concreto

65. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de

22 La fecha de radicación de la petición, 18 de diciembre de 2015, se extrae, adicional de lo expuesto en los

hechos de la demanda, también del contenido de la Resolución núm. 7151 del 31 de diciembre de 2015 «el que
fue radicado en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 18 de diciembre de 2015 bajo No. EXDE 15-
28411». Ver Expediente físico, folios 27.
23 Expediente físico, folios 21.
24 Expediente físico, folios 27.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00830-01 (2811-2025)
Demandante: Olinda Cortés Sánchez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

apelación presentado por la parte demandante, como indicó de manera precedente.

66. En el asunto bajo análisis, la accionante pidió el reconocimiento y pago de
una «nivelación o reclasificación» salarial, con fundamento en el parágrafo del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 610 de 1998. El Tribunal negó las
pretensiones, al considerar que no procedía anular el acto demandado ni reconocer
la nivelación solicitada, pues determinar el régimen salarial de los empleados
públicos corresponde al Gobierno Nacional. Además, señaló que la existencia de
regímenes salariales distintos no vulnera por sí solo el derecho a la igualdad y que,
en este caso, la demandante no ocupó ninguno de los cargos cobijados por la
bonificación por compensación prevista en dicho decreto.

67. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
al considerar que el Tribunal interpretó de forma errada el Decreto 57 de 1993 y los
demás decretos salariales de ese año, pues, en vez de cumplir la nivelación prevista
en la Ley 4 de 1992, establecieron regímenes diferenciados que aumentaron la
asignación básica, pero redujeron otros beneficios laborales. Sostuvo que ello
perjudicó especialmente a quienes, como ella, ingresaron después y quedaron
sometidos obligatoriamente a ese esquema. Añadió que el Gobierno incumplió el
mandato de nivelación y que solo a partir del acuerdo de 2012, derivado del paro
judicial y ejecutado desde 2013, se reconoció expresamente esa obligación, lo que
generó una expectativa legítima de reclamar, con efectos retroactivos, incrementos
salariales equivalentes a los derivados de la bonificación por compensación.

68. Con el propósito de resolver el recurso de apelación y, por ende, el problema
jurídico planteado, la Subsección determinará si:

(a) Si respecto de los empleos desempeñados por la accionante, existe
normativamente alguna acreencia de la que sea titular, en los mismos
términos y porcentajes de la bonificación por compensación;
(b) si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene la facultad
constitucional y legal para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos
de la planta de personal de la Rama Judicial y, en consecuencia, crear
primas, bonificaciones, porcentajes u otras acreencias dirigidas a lograr la
«nivelación» o «reclasificación» del sistema de remuneración de los
empleados de esta rama del poder público, que pretende la peticionaria.

69. Sobre el particular, en primer lugar se destaca que en el proceso se acreditó
que la señora Olinda Cortés Sánchez ha prestado sus servicios como asistente
administrativo y técnico en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desde
el 27 de febrero de 1991 hasta el 19 de agosto de 2022 [fecha de la última
certificación de servicios expedida]; que el 18 de diciembre de 2015 presentó la
reclamación administrativa, para obtener el reconocimiento de una «nivelación
salarial» en el porcentaje de la bonificación por compensación en los términos del
Decreto 610 de 1998, petición que fue negada por la entidad en el acto demandado,
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Demandante: Olinda Cortés Sánchez
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previamente referenciado.

70. Ahora bien, la Sala advierte que la demandante, al sustentar el recurso de
apelación, precisó que la nivelación salarial solicitada —en los mismos términos,
porcentajes y a partir de la fecha prevista en el Decreto 610 de 1998— no supone
que todos los servidores de la Rama Judicial deban ser beneficiarios de la
bonificación por compensación. Según explicó, su pretensión consiste en que, con
efectos retroactivos desde 1999, se incrementen los salarios de los servidores
judiciales en porcentajes equivalentes a aquellos en los que dicha bonificación
aumentó los ingresos, por todo concepto, de los magistrados de tribunal.

71. Bajo ese entendido, la tesis de la demandante consiste en que, aun cuando
no todos los servidores de la Rama Judicial sean beneficiarios de la bonificación por
compensación, a ella sí le asiste el derecho a percibir un incremento salarial en
términos y porcentajes equivalentes a los previstos para esa prestación. Con todo,
la Sala observa que, en el recurso de apelación, no se identificó disposición
normativa alguna que reconozca, para los empleos de asistente administrativo o
técnico, una acreencia de contenido análogo. En particular, no se acreditó la
existencia de norma que disponga, para tales cargos, una remuneración equivalente
al 80 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes. De ahí que el
planteamiento de la demandante carezca de sustento normativo para avalar el
reconocimiento solicitado.

72. En esas condiciones, la Sala concluye que la demandante pretende que el
juez, por vía judicial, cree, regule y ordene el pago de una bonificación que
incremente los salarios de los servidores judiciales en porcentajes equivalentes a
aquellos en los que dicha bonificación aumentó los ingresos, por todo concepto, de
los magistrados de tribunal, precisando que esta debe ser en iguales términos y a
partir de la misma fecha de reconocimiento de la bonificación por compensación,
pero para el cargo por ella desempeñado. Tal pretensión no está llamada a
prosperar, pues una decisión en ese sentido desbordaría la órbita funcional del juez,
al carecer de sustento constitucional, legal o reglamentario que permita imponer una
prestación de esa naturaleza para los empleos de asistente administrativo y técnico.

73. Así, dado que la pretensión de la accionante comporta la creación de un
emolumento, la Sala recuerda, conforme a lo señalado en el acápite «3.2.1.» de
esta providencia, que la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, constitucionalmente radica en el Gobierno nacional,
con sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos por el Congreso de la
República. En ese sentido, dicha atribución no puede ser sustituida ni asumida por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ni por el operador judicial.

74. En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que, en estricto sentido, el
reproche de la accionante se dirige a cuestionar una presunta omisión legislativa y
reglamentaria en el desarrollo de la nivelación salarial, por considerar que esta no
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ha sido implementada de manera adecuada para los empleados de la Rama
Judicial. Sin embargo, tal omisión, de existir, no resulta imputable a la entidad
demandada ni puede ser suplida por las autoridades judiciales mediante el ejercicio
de competencias que la Constitución y la ley no les han atribuido. En efecto, al juez
no le corresponde sustituir a las autoridades competentes para definir, estructurar y
materializar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial,
pues ello desbordaría el ámbito de sus atribuciones.

75. En consecuencia, la Sala advierte que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, ni a una acreencia equivalente, en los mismos porcentajes y con efectos
desde la misma fecha de creación de aquella prestación. Ello es así porque los
empleos que desempeñó no fueron comprendidos por la normativa que instituyó
dicho beneficio, de modo que no resulta jurídicamente viable extender sus efectos
a cargos distintos de los expresamente señalados por el Gobierno nacional. En esa
medida, no puede afirmarse que, desde 1999, existiera a favor de la parte actora un
derecho asimilable al de los servidores cobijados por la bonificación por
compensación.

76. De igual forma, la Sala encuentra que para los cargos ejercidos por la
demandante —asistente administrativo en los grados 4, 5, 6, 8 y 12, y de técnico en
el grado 11— el ordenamiento no previó, desde esa anualidad —1999—, una
prestación que reprodujera los porcentajes, condiciones y alcance temporal de la
bonificación por compensación.

77. Frente al segundo planteamiento, la Sala pone de presente que la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha reiterado, en diversas providencias, que el
Congreso de la República cuenta con la competencia para dictar normas generales
en las que se establecen los criterios y objetivos que orientan el ejercicio de la
potestad reglamentaria del Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos25.

78. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación
de cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales,
lo cual implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de
los empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación no se le atribuyó competencia para fijar
o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la
planta de personal de la Rama Judicial.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-

2018-00529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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79. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de
la Constitución Política, faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos establecidos por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se
expidió la Ley 4 de 1992, mediante la cual se fijaron los parámetros que debe
observar el Gobierno nacional para determinar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial.

80. Así las cosas, la actuación de la entidad demandada está encaminada a
propiciar la vinculación a la Rama Judicial de los ciudadanos más idóneos, a
asegurar condiciones laborales adecuadas para el ejercicio de las funciones propias
de cada empleo y a respetar sus derechos adquiridos, sin desbordar ni reemplazar
las competencias que el ordenamiento atribuye al legislador. En ese sentido, la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-539 de 2012, precisó lo siguiente:

Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad
de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable,
en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en
cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al
Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias
del legislador”.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama
judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones
laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo.

81. Por las razones expuestas, la demandada en ejercicio de sus funciones no
puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para establecer la
remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la Rama Judicial,
dado que esa atribución corresponde de manera concurrente al legislador y al
Gobierno nacional.

82. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que la demandada, en ejercicio
de sus competencias, no está facultada para efectuar una supuesta «nivelación» o
«reclasificación» que, en la práctica, comportara crear o fijar, para los cargos
desempeñados por la demandante —asistente administrativo en los grados 4, 5, 6,
8 y 12, y técnico administrativo en el grado 11—, una remuneración superior a la
expresamente establecida en los decretos anuales mediante los cuales el Gobierno
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nacional regula el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial. Tampoco
podía disponer, con efectos retroactivos desde 1999, el reconocimiento de la
bonificación por compensación o de una acreencia de contenido análogo.

83. Finalmente, en el recurso de apelación se hicieron apreciaciones sobre el
régimen de acogidos y no acogidos en la Rama Judicial, para sostener que el
primero resultaba, a largo plazo, más gravoso para sus destinatarios y que, por ello,
no materializó una verdadera nivelación salarial para esos empleos. Sin embargo,
la demandante no respaldó esa afirmación con elementos de juicio suficientes.
Tampoco acreditó la existencia de algún vicio en el momento de acogerse al régimen
salarial previsto en el Decreto 57 de 1993. Por el contrario, de conformidad con el
artículo 2 de ese decreto, contaba con la posibilidad de optar voluntariamente por
dicho régimen o por el que regía al momento de su vinculación. En esas
condiciones, no hay fundamento para desvirtuar la validez de esa elección ni para
derivar de ella las consecuencias salariales que ahora se pretenden, máxime
cuando dichos reparos no fueron objeto de la petición en sede administrativa.

84. En virtud de lo expuesto, esta Subsección confirmará el fallo apelado que
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las razones expuestas
en la presente providencia.

3.6. Conclusión

85. La Sala concluye que la demandante no demostró ser beneficiaria de una
nivelación salarial similar a la bonificación por compensación prevista en los
decretos 610 y 1239 de 1998, ni se advierte norma que reconociera, para los cargos
de asistente administrativo y técnico, que desempeñó, una acreencia similar o
equivalente. Además, se reitera que la potestad de fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial corresponde al Gobierno
nacional, de modo que la demandada no podía crear, extender o reconocer una
«nivelación» o «reclasificación» salarial como la pretendida.

4. Costas

86. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 26 de la

26 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse

a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Olinda Cortés Sánchez
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CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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