Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00392-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2019-00392-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00392-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00392-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Administración Judicial1
Tema: Nivelación salarial del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunal judicial
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. José Rubiel Henao Cardona presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se inaplicara el artículo 17 del Acuerdo PSAAlS-10402 del 29 de octubre de 2015,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo
relativo a la denominación «GRADO 23» asignada al cargo de «abogado asesor»
creado mediante dicho acto, al no existir razón alguna que justificara un tratamiento
salarial y prestacional distinto del fijado por el gobierno nacional para los abogados
asesores de tribunal judicial.
2. Asimismo, se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la
Resolución DESAJMR 18-1252 del 14 de agosto de 2018, por medio de la cual la
1 En adelante DEAJ.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales3 le negó la
solicitud de pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas entre el
empleo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado; (ii) la
Resolución DESAJMER 18-1670 del 1 de octubre de 2018, que concedió el recurso
de apelación interpuesto contra la anterior decisión; y (iii) el acto negativo ficto por
la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra el acto inicial.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó (i) el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional entre lo
que percibió como «abogado asesor grado 23» y lo que debía recibir según el salario
establecido para el cargo de «abogado asesor», durante los periodos en que lo ejerció
en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales; (ii) la indexación de las
sumas que resultaran de lo que se resolviera; (iii) el pago de los intereses a que
hubiera lugar; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el
artículo 192 del CPACA; y (v) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
4.1. JoséRubiel Henao Cardona ejerció como «abogado asesor grado 23» en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales del 30 de octubre de 2015 al 17
de enero de 2017. Empleo creado a través del Acuerdo PSAAlS-10402 del 29 de
octubre de 2015.
4.2. Através de la Resolución 006 del 18 de enero de 2017, fue nombrado
nuevamente como «abogado asesor grado 23», a partir del 19 de enero de ese año.
La vinculación en el cargo se había mantenido de manera ininterrumpida, por lo
menos hasta la radicación de la petición administrativa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 53, 150, literal b), numeral 19, y 257,
numeral 2, de la Constitución Política; y 85, numeral 9, de la Ley 270 de 1996; la
Ley 4ª de 1992; y los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
6.1. El artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política atribuyó al
Congreso de la República la competencia para dictar las normas generales y
señalar los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el gobierno nacional
3 En adelante DESAJ.
4 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_C01PRINCIP_05DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«6_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_05DEMANDAPDF_20240305103209».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluidos los
servidores de la Rama Judicial. En desarrollo de esa atribución fue expedida la Ley
4ª de 1992, en cuyo artículo 1 lo facultó para fijar dicho régimen y en el 2 estableció,
entre otros criterios, el nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones, las
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
6.2. Con fundamento en ello, el gobierno nacional expidió anualmente los decretos
salariales aplicables a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en los que
se fijó de manera expresa la remuneración mensual del cargo de abogado asesor.
Así, el Decreto 194 de 2014 previó para ese empleo una remuneración mensual de
$5.746.978, suma que fue reajustada en los años siguientes mediante los decretos
1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.
6.3. En esos decretos también se estableció una escala residual para los empleos de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar cuya denominación no estuviera
prevista de manera expresa. En dicha escala, el «grado 23» tenía una remuneración
inferior a la fijada para el cargo de «abogado asesor», por ello, la asignación del
«grado 23» al empleo creado mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre
de 2015 produjo diferencias salariales y prestacionales, pues dio lugar a la
aplicación de la escala residual y no de la remuneración prevista expresamente para
el cargo de «abogado asesor».
6.4. El Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias al asignar el
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» creado mediante el artículo 17 del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, lo cual tuvo incidencia directa en la
remuneración del empleo. De conformidad con los artículos 257, numeral 2, de la
Constitución Política y el 85, numeral 9, de la Ley 270 de 1996, la competencia de
dicha corporación se limitaba a determinar la estructura y las plantas de personal
de la Rama Judicial, así como a crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, sin que
pudiera fijar el régimen salarial y prestacional de sus servidores.
6.5. En este sentido, era procedente la inaplicación del artículo 17 del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, en lo relativo a la denominación «grado
23» asignada al cargo de «abogado asesor», con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política, por haber vulnerado el reparto de competencias y generar un
trato salarial y prestacional desigual frente a quienes ocupaban el empleo de
«abogado asesor» en la Rama Judicial.
1.2. Contestación de la demanda
7. La parte demandada se opuso a las súplicas de la demanda bajo los siguientes
argumentos5:
5 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«11ED_C01PRINCIP_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 18», archivo
«11_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_10CONTESTACIONDEMAND_20240305103210».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
7.1. El Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 fue expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades
previstas en los numerales 5 y 9 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Con
fundamento en dichas competencias, podía crear, ubicar, redistribuir, fusionar,
trasladar, transformar y suprimir cargos en la Rama Judicial, así como determinar la
estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados.
7.2. El
empleo ocupado por el demandante fue creado expresamente con la
denominación de «abogado asesor grado 23», por lo que la administración judicial no
podía reconocerle la remuneración prevista para un cargo sin grado o nominado,
pues el acto que lo creó delimitó tanto su denominación como su grado salarial.
7.3. Laremuneración del actor fue liquidada con fundamento en la escala
correspondiente al «grado 23», prevista en los decretos salariales expedidos
anualmente por el gobierno nacional para los empleos de la Rama Judicial cuya
denominación no estuviera señalada de manera expresa. En consecuencia, la
entidad pagadora debía aplicar el salario asignado a dicho grado, en atención al
cargo efectivamente creado, en el que fue nombrado y posesionado.
7.4. Si bien el gobierno nacional ha tenido la competencia para fijar el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, incluidos los servidores de la Rama
Judicial, la DEAJ y sus direcciones seccionales no podían modificar las escalas
salariales ni otorgar una remuneración distinta de la prevista para el cargo ocupado.
Lo contrario hubiera desconocido el principio de legalidad y el artículo 10 de la Ley
4ª de 1992, según el cual todo régimen salarial o prestacional establecido en
contravía de esa ley o de los decretos dictados en su desarrollo carecería de efecto
y no crearía derechos adquiridos.
7.5. El nombramiento y la posesión del demandante recayeron sobre el empleo de
«abogado asesor grado 23», de manera que, al aceptar el cargo y tomar posesión,
había conocido su denominación, el grado y la remuneración correspondiente. Por
tanto, no resultaba procedente que reclamara posteriormente la aplicación de una
escala salarial diferente de la prevista para el empleo que ocupaba.
7.6. Lainaplicación del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, como
excepción de inconstitucionalidad, solo operaría si existiera una incompatibilidad
manifiesta respecto de la Constitución Política, lo cual no se configuraba en este
caso por lo que conservaba su presunción de legalidad, sin que le fuera posible a la
administración apartarse de aquel.
7.7. La DEAJ y las direcciones seccionales no tenían competencia para inaplicar
actos administrativos o modificar la escala salarial prevista para el cargo del
demandante, lo cual correspondería a los jueces en el marco de los procesos
respectivos. En consecuencia, actuó conforme con el ordenamiento jurídico al
aplicar el Acuerdo PSAA15-10402 del 19 de octubre de 2015 y los decretos
salariales vigentes para el cargo de «abogado asesor grado 23».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
7.8. Como excepciones propuso: (i) presunción de legalidad de los actos
administrativos; y (ii) «IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y PRESUPUESTAL DE
RECONOCER LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE» (sic).
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia proferida el 18 de marzo de
2024 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida. En este sentido, (i) declaró configurado el silencio administrativo negativo
frente al recurso de apelación presentado el 3 de septiembre de 2018; (ii) inaplicó
por inconstitucional la expresión «Grado 23» contenida en el Acuerdo PSAA15-
10402 de 29 de octubre de 2015; (iii) anuló los actos administrativos demandados;
y (iv) ordenó a la parte demandada a reconocer y pagar al actor las diferencias
salariales y prestacionales, debidamente indexadas, existentes entre el cargo de
«Abogado Asesor Grado 23» y el cargo de «Abogado Asesor de Tribunal Judicial» por
todo el tiempo en que lo hubiera desempeñado6.
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. El artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó, con
carácter permanente, un cargo de «abogado asesor grado 23» para varios despachos
de magistrado de tribunales superiores, entre ellos el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales. El demandante desempeñó dicho empleo en la Sala Penal
de esa corporación del 30 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2017, del 19 de
enero de 2017 al 16 de enero de 2019, y del 18 de enero de 2019 hasta la
presentación de la demanda.
9.2. El cargo de abogado asesor de tribunal judicial ya se encontraba previsto como
empleo nominado en el régimen salarial de la Rama Judicial, con una remuneración
fijada expresamente por el gobierno nacional. Por ello, el Consejo Superior de la
Judicatura no podía asignarle el «grado 23» ni acudir a la escala residual prevista
para los cargos no denominados expresamente.
9.3. En consecuencia, procedía inaplicar por inconstitucional la expresión «grado 23»
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, anular los actos
administrativos demandados y ordenar el reconocimiento y pago al actor de las
diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de «abogado asesor grado 23»
y el de «abogado asesor» de tribunal judicial, debidamente indexadas.
9.4. No se configuró la prescripción, porque entre la exigibilidad del derecho, la
reclamación administrativa del 3 de septiembre de 2018 y la presentación de la
demanda el 16 de agosto de 2019 no transcurrió el término trienal.
6 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 20, actuación «Sentencia 1a. instancia», documento
«26SENTENCIA1AI_2019000392ABOGADOASE(.pdf) NroActua 20», archivo
«26_SENTENCIA1AI_2019000392ABOGADOASE_20240318160233».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
9.5. La condena en costas era procedente, pues las pretensiones se sustentaron con
argumentos normativos, jurisprudenciales y probatorios suficientes, además de
haberse desplegado una actuación diligente tanto en sede administrativa como
judicial. Lo anterior, conforme con el análisis de lo previsto en el artículo 188 del
CPACA.
1.4. El recurso de apelación
10. La
parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos7:
10.1. El Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia constitucional y legal
para crear, modificar, fusionar, trasladar y suprimir cargos en la Rama Judicial, así
como para determinar la estructura de las plantas de personal, las funciones y los
requisitos de los empleos, de conformidad con lo previsto en los artículos 257 de la
Constitución Política y 85, numerales 9 y 12, de la Ley 270 de 1996.
10.2. En ejercicio de esas competencias, su Sala Administrativa creó el cargo de
«abogado asesor grado 23» para los despachos de magistrado de los tribunales
superiores y administrativos. Por lo tanto, no correspondía al cargo nominado de
«abogado asesor», sino a uno con denominación y grado especifico, cuya
remuneración debía fijarse conforme con la escala prevista para el «grado 23».
10.3. El cargo de «abogado asesor grado 23» no podía ser homologado al de «abogado
asesor» de tribunal judicial, porque desde su creación tuvo una denominación propia
y un grado determinado. La remuneración aplicable era la prevista en la escala
residual de los decretos salariales anuales para el «grado 23».
10.4. Eraimprocedente acceder a la nivelación salarial pretendida, pues el
demandante fue nombrado y posesionado en el cargo de «abogado asesor grado 23»,
con pleno conocimiento de su denominación, grado y remuneración, No se acreditó
que existiera igualdad de funciones, responsabilidades y carga laboral frente al
cargo de «abogado asesor» de tribunal judicial.
10.5. La inaplicación por inconstitucional exigía una carga argumentativa suficiente,
la cual no se satisfacía con alegar una supuesta falta de competencia del Consejo
Superior de la Judicatura.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
7 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«30_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 26», archivo
«30_170012333000201900392002MemorialWeb202448152823».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
2.2. Los problemas jurídicos
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscribe a establecer
¿si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales
y legales al asignar el «grado 23» al empleo de «abogado asesor», pues con ello
habría incidido en el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho cargo?
15. Asimismo, determinar ¿si el hecho de que el demandante hubiera sido nombrado
y posesionado en el cargo de «abogado asesor grado 23», con una denominación,
grado y remuneración determinados, así como la alegada falta de acreditación de
igualdad en funciones, responsabilidades y carga laboral frente al empleo de
«abogado asesor» de tribunal judicial, impedían acceder a la nivelación salarial
pretendida?
16. En caso de concluirse que el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
competencias y que las circunstancias alegadas por la parte demandada no
8 Tal y como se indicó en el auto del 28 de junio de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «5Autoqueadmite_30682024admiterecurs(.pdf) NroActua
4».
9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
impedían acceder a la nivelación salarial pretendida, establecer ¿si era procedente
inaplicar por inconstitucionalidad la expresión «grado 23» contenida en el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015?
2.3. Marco jurisprudencial
2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los
cargos de la Rama Judicial
17. La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f),
como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las
normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía
sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos10.
11
18. En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 , en cuyo
artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial 12. A
su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el
sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.
Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y
prestacional de dichos empleados.
19. En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4ª de 1992, se
expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 199313, en el cual el presidente de la
República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes
se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en
cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera
de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.
10 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…] 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…] e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública. […]
11 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
12 Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en
esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]. (se resalta)
13 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
20. El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57
de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por
las normas vigentes a esa fecha.
21. El artículo 3 señaló lo siguiente:
[…] A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]
2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar
y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
[…]
Abogado asesor $1.125.000
[…].
22. El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar, cuya denominación del cargo no estuviera
señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.
23. El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes
grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».
24. Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018 y 991 de 201914. En ellos fijó las remuneraciones anuales de
14 Por medio de estos decretos se reguló el «[…] régimen salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la
remuneración mensual del cargo abogado asesor, así:
Decreto Año Remuneración Decreto Año Remuneración
mensual mensual
106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340
43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414
36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983
76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233
64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170
44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179
2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842
2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978
673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797
(4.66%)
3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146
(7.77%)
4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690
(6.75%)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y
prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor
de tribunal judicial.
25. ElDecreto 1039 de 201115 que fijó la remuneración mensual de ese año,
estableció en su artículo 4 lo siguiente:
[…] A partir del 1.° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: […]
2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar
y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
Abogado Asesor 5.140.170
[…].
26. De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los
diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del
citado decreto.
27. Enesa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de
Descongestión a nivel nacional16 y se expidió el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de
936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902
(5.09%)
389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137
(4.5%)
15 Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.
16 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión,
entre otros, los acuerdos PSAA11-8531; PSAA11-8532; PSAA11-8533; PSAA11-8534; PSAA11-
8535; PSAA11-8536; PSAA11-8537; PSAA11-8538; PSAA11-8539; PSAA11-8540; PSAA11-8541;
PSAA11-8542; PSAA11-8543; PSAA11-8544; PSAA11-8545; PSAA11-8546; PSAA11-8547;
PSAA11-8548; PSAA11-8549; PSAA11-8550; PSAA11-8551; PSAA11-8552; PSAA11-8553;
PSAA11-8554; PSAA11-8555; PSAA11-8556; PSAA11-8557; PSAA11-8558; PSAA11-8559;
PSAA11-8560; PSAA11-8561; PSAA11-8562; PSAA11-8563; PSAA11-8564; PSAA11-8565;
PSAA11-8566; PSAA11-8567; PSAA11-8568; PSAA11-8569; PSAA11-8570; PSAA11-8571;
PSAA11-8572; PSAA11-8573; PSAA11-8574; PSAA11-8575; PSAA11-8576; PSAA11-8577;
PSAA11-8578; PSAA11-8579; PSAA11-8580; PSAA11-8581; PSAA11-8582; PSAA11-8583;
PSAA11-8584; PSAA11-8585; PSAA11-8586; PSAA11-8587; PSAA11-8588; PSAA11-8589;
PSAA11-8590; PSAA11-8591; PSAA11-8592; PSAA11-8593; PSAA11-8594; PSAA11-8595;
PSAA11-8596; PSAA11-8597; PSAA11-8598; PSAA11-8599; PSAA11-8600; PSAA11-8601;
PSAA11-8602; PSAA11-8603; PSAA11-8604; PSAA11-8605; PSAA11-8606; PSAA11-8607;
PSAA11-8608; PSAA11-8609; PSAA11-8610; PSAA11-8611; PSAA11-8612; PSAA11-8613;
PSAA11-8614; PSAA11-8615; PSAA11-8616; PSAA11-8617; PSAA11-8618; PSAA11-8619;
PSAA11-8620; PSAA11-8621; PSAA11-8622; PSAA11-8623; PSAA11-8624; PSAA11-8625;
PSAA11-8626; PSAA11-8627; PSAA11-8628; PSAA11-8629; PSAA11-8630; PSAA11-8631;
PSAA11-8632; PSAA11-8633; PSAA11-8634; PSAA11-8635; PSAA11-8636; PSAA11-8637;
PSAA11-8638; PSAA11-8639; PSAA11-8640; PSAA11-8641; PSAA11-8642; PSAA11-8643;
PSAA11-8644; PSAA11-8645; PSAA11-8646; y PSAA11-8647 de 2011.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
enero de 201217 con base en este se profirieron varios acuerdos18 mediante los
cuales se crearon cargos de «abogado asesor grado 23» en distintos tribunales
administrativos del país desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de ese
año19.
28. En este punto, conviene precisar que a través de los decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y
337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021 se fijaron las remuneraciones
anuales de los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al régimen salarial
y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado
asesor de tribunal judicial. En todos estos, la asignación salarial correspondiente al
cargo con esta denominación sin grado era superior a la que correspondía al «grado
23».
29. En suma, la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos de la Rama Judicial era el gobierno nacional, con sujeción a
los lineamientos contenidos en la Ley 4ª de 1992, el cual, en ejercicio de tal facultad,
expidió los decretos anuales que fijaron el salario para los cargos que mantuvieron
la denominación señalada en el Decreto 57 de 1993, y, de manera subsidiaria,
previó una escala de remuneración en grados para aquellos empleos no enlistados
en dicha clasificación.
2.3.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial
30. La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el Consejo
Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo del
Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».
31. En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley 270 de 1996 en su
artículo 85, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, señaló entre las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura:
[…] 12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales,
las Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz de
los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.
17 Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
18 Acuerdos PSAA12-9213 de 2012; PSAA12-9214 de 2012; PSAA12-9215 de 2012; PSAA12-9216
de 2012; PSAA12-9217 de 2012; PSAA12-9218 de 2012; PSAA12-9219 de 2012; PSAA12-9220 de
2012; PSAA12-9221 de 2012; PSAA12-9222 de 2012; PSAA12-9223 de 2012.
19 Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012,
un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23, en cada uno de los despachos de Magistrado del Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales. […].
32. En ejercicio de las anteriores facultades y en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura creó distintos
despachos de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional.
33. Posteriormente, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en
forma permanente para los despachos de magistrados de tribunales superiores, un
cargo de «abogado asesor grado 23», al señalar:
ARTÍCULO 14.- Salas Laborales: Crear en la Sala Laboral de los Tribunales que se
enuncian a continuación, los siguientes despachos judiciales: 1. Tres (3) Despachos de
magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, cada uno conformado por
Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1) cargo de Abogado Asesor
grado 23. 2. Un (1) despacho de magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira, conformado por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1) cargo
de Abogado Asesor grado 23.
[…]
ARTÍCULO 16.- Adopción de planta para el modelo de gestión de los tribunales: Adoptar
la siguiente planta de personal para los Tribunales Superiores del país:
1. Tribunales de mayor demanda: Un (1) cargo de Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar
Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…]
ARTÍCULO 17.- Creación de cargos en despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores: Crear en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores que se enuncian a continuación los siguientes cargos:
a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira,
Popayán y Villavicencio, excepto en los despachos de Magistrado de la Sala de Justicia
y Paz: Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…].
34. En definitiva, la entidad demandada tiene la facultad constitucional y legal para
crear los cargos que estime necesarios para la administración de justicia, siempre y
cuando no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Sin embargo, la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es constitucional y reside
de manera concurrente en el Congreso y en el gobierno nacional. Así, el primero
expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo que el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con sujeción
a la anterior.
2.3.3. Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores grado 23 de los tribunales judiciales
35. La Sección Segunda de esta corporación, en la sentencia SUJ-033-CE-S2-2023
del 2 de noviembre de 202320 unificó su jurisprudencia en relación con la
remuneración que corresponde al abogado asesor de tribunales y definió la
siguiente regla:
«[…] El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los
cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el
Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en
los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial.
Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el “abogado asesor”
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia. […]».
36. Lo anterior, luego de realizar el análisis de la competencia para definir el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Rama Judicial
y los efectos de otorgarles un grado de remuneración a los cargos para los cuales
el gobierno nacional establece expresamente una asignación salarial como
«nominados». Dicho estudio llevó a la siguiente conclusión:
«[…] la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados21 en los
Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con
el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014,
sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la
denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual
resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado
“abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo. […]».
37. Asimismo, la providencia advirtió que, durante el trámite del proceso, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de
2022 a través del cual modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado
23» por la de «profesional especializado grado 23». Esta situación se valoró bajo los
parámetros del artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho
sobreviniente que modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual
se resolvió en el caso concreto lo siguiente:
«[…] INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad,
la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicación: 08001-
23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019)
21 «Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado
23”, por la de “profesional especializado grado 23”. […]».
38. En relación con los efectos en el tiempo de la decisión allí adoptada, la sentencia
señaló:
«[…] ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos.
Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables. […]».
2.4. Caso en concreto
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
39.1. Según la Resolución 021 del 30 de octubre de 201522, «[p]or medio de la cual se
acepta una renuncia y se hace un nombramiento en provisionalidad», las actas de
posesión del 30 de octubre de 2015 y 19 de enero de 201723 y la constancia laboral
0316 del 29 de marzo de 201924 expedida por el jefe del Área de Talento Humano
de la DESAJ, José Rubiel Henao Cardona desempeñó el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales en los siguientes
periodos: (i) del 30 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2017; (ii) del 19 de enero
de 2017 al 16 de enero de 2019; y (iii) del 18 de enero de 2019 al 29 de marzo de
201925.
39.2. El 23 de julio de 2018, solicitó a la DESAJ el pago de las diferencias salariales
y prestacionales causadas entre el empleo que desempeñó como «abogado asesor
grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado26.
22 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 24 y
25.
23 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 26 y
28, respectivamente.
24 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 29 a
32.
25 Fecha de la constancia laboral 0316 del 29 de marzo de 2019.
26 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 1 a 5.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
39.3. Mediante la Resolución DESAJMR18-1252 del 14 de agosto de 201827, la
directora ejecutiva seccional de administración judicial de Manizales negó la anterior
petición, con fundamento en que, de conformidad con las facultades previstas en la
Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura tenía competencia para crear
cargos en la Rama Judicial y para determinar sus funciones y requisitos. Decisión
contra la cual, el 3 de septiembre de 2018, interpuso el recurso de apelación28.
39.4. El recurso fue concedido a través de la Resolución DESAJMAR18-1670 del 1
de octubre de 201829. Sin embargo, en el expediente no obra decisión al respecto.
2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto
40. El demandante acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos administrativos
cuestionados, por medio de los cuales se le negó el pago de las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre los cargos de «abogado asesor grado 23»,
creado mediante Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, y de «abogado
asesor» de tribunal judicial.
41. ElTribunal Administrativo de Caldas accedió a las pretensiones, porque la
entidad demandada excedió sus facultades y competencias al asignarle a un cargo
ya creado y denominado una escala salarial y prestacional diferente, y con ello
disminuir la remuneración respecto de la ya fijada por el competente, esto es el
gobierno nacional.
42. En el recurso de apelación, se sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura
se encontraba facultado para la creación de cargos en la Rama Judicial, de
conformidad con los artículos 257 de la Constitución Política y 85, numerales 9 y 12,
de la Ley 270 de 1996. Además, que el cargo de «abogado asesor grado 23» no
correspondía al de «abogado asesor» nominado, sino a un empleo con denominación
y grado específico, cuya remuneración era proporcional a las funciones y
responsabilidades asignadas.
27 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 8 a 13.
28 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 16 a
19.
29 Samai Tribunal Administrativo de Caldas, expediente con radicado 17001-23-33-000-2019-00392-
00. Índice 18, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7ED_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 18», archivo
«7_EXPEDIENTEDIGI_C01PRINCIP_06ANEXOSDEMANDAPDF_20240305103210», folios 20 y
21.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
43. Sobre el particular, se precisa que si bien el Consejo Superior de la Judicatura
por virtud del mandato constitucional y legal que se le otorgó se encontraba
facultado para crear cargos en los tribunales cuando así era requerido para la rápida
y eficaz administración de justicia, atribución que comprendía la determinación de
las funciones y los requisitos para el desempeño de los empleos, lo cierto era que
ninguna de esas disposiciones le otorgó competencia para fijar o variar el régimen
salarial de los empleos creados.
44. Tal atribución radicaba exclusivamente en el gobierno nacional, al que por virtud
de artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política se le autorizó para
que fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre y
cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislador. Con tal
propósito se expidió la Ley 4ª de 1992 en cuyo artículo 1 señaló que el gobierno
nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley fijará
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial.
45. Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas, tanto
el Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que tuviera
a su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza debía abstenerse de invadir
el ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se derivaba de los
artículos 6 y 113 de la Constitución Política30. De ahí que no era admisible la
expedición de actos administrativos sobre materias que no le habían sido
asignadas.
46. En ese contexto, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, por
medio del cual se le asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» de tribunal
judicial conllevó a que las personas que desempeñaron dicho empleo recibieran la
remuneración correspondiente al «grado 23» y no a la del «abogado asesor». Según
se verificó en los decretos anuales del gobierno nacional, esta última era mayor a la
que correspondía al mencionado grado. Así, el Decreto 194 de 2014 fijó una
remuneración de $5.746.978 para el «abogado asesor», mientras que para el «grado
23» estableció la suma de $4.299.956. A su vez, para el año 2015 la remuneración
reajustada para el cargo de «abogado asesor» era de $6.014.797, superior a la
asignada para el «grado 23», esto es, $4.500.333.
47. Adicionalmente, en los decretos salariales anuales las escalas de remuneración
determinadas para los cargos con grados salariales se definieron a partir de la
condición de que su denominación no estuviera expresamente señalada en el
respectivo decreto, como se desprendía de la expresión «cuya denominación del cargo
no esté señalada en los artículos anteriores». En este caso, la denominación del cargo
de «abogado asesor» correspondía a una de las señaladas de manera expresa. Tal
30 «Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Artículo 113. […] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
situación se predicó del Decreto 194 de 2014 y de los que, en adelante, reajustaron
las remuneraciones previstas para los empleados de la Rama Judicial, entre ellos,
los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019,
299 de 2020 y 982 de 2021, entre otros.
48. Esta afectación salarial también tuvo impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al haber sido el referente para
su liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» llevó implícita la afectación
al régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia cuya
regulación tampoco le correspondía a la entidad demandada.
49. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018,
entre otros, según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen
salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo
efecto y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio
de sus competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el
gobierno nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores
que desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante, tal y como se
constata en el siguiente cuadro:
Decretos Salario fijado por el Salario fijado por el Diferencia entre
anuales del artículo 4 para el artículo 6 para los las
Gobierno cargo de abogado cargos sin remuneraciones
Nacional asesor de Tribunal denominación grado 23 mensuales
D. 1257 de 2015 6.014.797 4.500.333 1.514.464
D. 245 de 2016 6.482.146 4.850.010 1.632.138
D. 1013 de 2017 6.919.690 5.177.383 1.742.307
D. 337 de 2018 7.271.902 5.440.912 1.830.990
50. En suma, la expresión «grado 23» contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, conllevó una modificación del régimen salarial y prestacional
dispuesto por el gobierno nacional para tal empleo, que afectó negativamente a
quienes lo desempeñaron, como ocurrió con el actor.
51. En consecuencia, era procedente inaplicar por inconstitucional la expresión
«grado 23» contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, pues
su aplicación en el caso concreto implicó desconocer la competencia exclusiva del
gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de
la Rama Judicial.
52. De otra parte, la apelante afirmó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no se
encontraba relacionado con el de «abogado asesor» nominado y que la remuneración
del primero era proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo. En
relación con este argumento, es necesario poner de presente que era incuestionable
que las denominaciones de ambos cargos resultaban coincidentes, por lo que la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
comprobación de la tesis de la recurrente exigía la valoración de las pruebas que
así lo demostraran.
53. En particular, dicha circunstancia podía acreditarse a partir del manual específico
de funciones y de competencias laborales que diera cuenta de las diferencias entre
ambos empleos, el cual no fue aportado al proceso. A ello se agrega que la entidad
demandada tampoco cumplió con la carga que le imponía el parágrafo 1 del artículo
175 del CPACA, en cuanto dispuso que durante el término para contestar la
demanda «deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de
la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder».
54. En esa medida, no es posible establecer que el cargo de «abogado asesor grado
23» creado por el Consejo Superior de la Judicatura difiera del estipulado en los
decretos salariales como «abogado asesor», ni que las funciones desarrolladas por
el demandante como «abogado asesor grado 23» fueron distintas de las que le
correspondían a aquel.
55. Así las cosas, la ausencia del manual específico de funciones y de competencias
laborales que acreditara la diferencia de perfiles y responsabilidades de ambos
cargos impide que se adelante el estudio de las diferencias entre uno y otro cargo.
56. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido
del acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y los demás
elementos de juicio antes descritos permiten advertir lo siguiente: (i) la remuneración
del «abogado asesor» se ha regulado anualmente por el gobierno nacional; (ii) por
medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior
de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado 23», en uno de los cuales
se nombró a José Rubiel Henao Cardona; y (iii) en los despachos de magistrado de
los tribunales superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» sin grado, sino el
de «abogado asesor grado 23».
57. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante
correspondía al de «abogado asesor» de tribunal judicial, por lo que tenía derecho a
las prestaciones económicas fijadas para este durante el tiempo en que lo ejerció.
58. De otra parte, la entidad demandada argumentó que no era posible acceder a la
nivelación salarial en razón a que el cargo de «abogado asesor grado 23» desde el
momento de su creación fue establecido con los requisitos y el salario fijado para el
mismo, condiciones que fueron aceptadas por el demandante desde el momento de
su posesión.
59. Al respecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política,
la regla general en materia laboral es que los derechos relacionados con el trabajo
humano son irrenunciables, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario.
En consecuencia, el hecho de que el actor hubiera aceptado el cargo del cual tomó
posesión ello no implicaba que renunciara expresa o tácitamente a los beneficios
mínimos laborales a los que tenía derecho en su condición de servidor público.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
60. Asimismo, haber conocido previamente las funciones y los requisitos
establecidos para el ejercicio del cargo no generaba la aceptación de un régimen
salarial desnivelado en comparación con la remuneración fijada por el gobierno
nacional, como tampoco implicaba la renuncia a demandar el pago de las
diferencias salariales a que tenía derecho como resultado de una asignación salarial
inequitativa y desprovista de competencia.
61. Portanto, el argumento de que el demandante conocía previamente las
funciones, requisitos y salario del cargo y los cuales aceptó al posesionarse carece
de sustento constitucional y legal, pues desconoce el principio de irrenunciabilidad
de los beneficios mínimos laborales, como lo son, el salario y el acceso a la
administración de justicia.
62. Por lo analizado, los reparos formulados por la parte recurrente no se encuentran
llamados a prosperar, por lo que se confirmará en lo analizado la sentencia apelada
que accedió a las pretensiones de la demanda, según las consideraciones
expuestas con anterioridad.
2.5. Costas
63. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
64. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
65. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
66. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
31 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
67. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera
instancia por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto y se abstendrá de
condenar en esta.
3. Conclusión
68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Consejo Superior de
la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al haberle
asignado el «grado 23» al empleo de «abogado asesor», pues con ello modificó el
régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales expedidos por
el gobierno nacional para este último cargo.
69. Lo anterior por cuanto la remuneración del cargo denominado «abogado asesor»
de los tribunales judiciales se encontraba dentro del listado de los cargos nominados
en los decretos expedidos por el gobierno nacional en ejercicio de las competencias
conferidas por la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, su labor debía remunerarse de
acuerdo con lo dispuesto para dicha denominación en los decretos 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y los subsiguientes que regularan las
asignaciones de los empleados de la Rama Judicial.
70. Así las cosas, los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso
de apelación no están llamados a prosperar y, en consecuencia, se confirmará la
sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
que accedió a las pretensiones de la demanda. No obstante, se revocará la condena
impuesta en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se
dispone no condenar en costas de primera instancia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por José Rubiel Henao Cardona contra la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial
de Medellín.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00392-01 (0661-2025)
Demandante: José Rubiel Henao Cardona
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.