Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00410-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)
Demandante: Sergio Torrez Díaz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales1
Tema: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor, grado 23, de
tribunal judicial
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo Caldas,
Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Sergio Torres Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se inaplicara la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de
tribunal judicial del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de las
resoluciones DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 2018 y DESAJMAR-1672
del 1 de octubre de 2018 proferidas por la DESAJ y el acto ficto presunto negativo
1 En adelante DESAJ.
2 En adelante CPACA.
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generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de apelación propuesto
contra aquel acto administrativo, con los que se negó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales surgidas entre el cargo de abogado
asesor y el de abogado asesor, grado 23, de tribunal.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió mientras ejerció el cargo de
abogado asesor, grado 23, y lo que debía recibir según el salario establecido para
el empleo de abogado asesor, sin grado, durante todo el tiempo en el que laboró
en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales; ii) la indexación del valor
de la condena; iii) los intereses moratorios a la tasa máxima legal; iv) el
cumplimiento de la condena en los términos del artículo 192 del CPACA; y v) la
imposición de condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
4.1. Sergio Torres Díaz fue nombrado abogado asesor, grado 23, de la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales por medio de la Resolución
33 del 20 de septiembre de 2016, cargo del que tomó posesión en esa fecha y
ejerció hasta el 19 de abril de 2017.
4.2. A través de la Resolución 19 del 20 de abril de 2017 fue designado nuevamente
como abogado asesor, grado 23, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, del cual tomó posesión el 21 de ese mes y año y ejerció hasta la fecha
de radicación de la demanda.
4.3. El 23 de julio de 2018 le solicitó a la DESAJ el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales entre el empleo de abogado asesor, grado
23, que desempeñó y el de abogado asesor sin grado.
4.4. Mediante la Resolución DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 2018, la
entidad negó la anterior petición con fundamento en que le había pagado los
salarios en estricto cumplimiento de la escala salarial fijada por el gobierno
nacional, las condiciones del nombramiento realizado y del acto de creación del
cargo que desempeñaba.
4.5. El 3 de septiembre de 2018 interpuso el recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el anterior acto administrativo. La DESAJ resolvió negativamente
el recurso de reposición por medio de la Resolución DESAJMAR18-1672 del 1 de
octubre de 2018, pero guardó silencio ante la procedencia del recurso subsidiario
de apelación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 53, 150, ordinal 19, literal e, y 257,
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ordinal 2, de la Constitución Política; 85, ordinal 9, de la Ley 270 de 1996; la Ley
4ª de 1992; y los decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017
y 337 de 2018.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
6.1. Por medio de la Ley 4ª de 1992 el legislador facultó al gobierno nacional para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial. Con
ocasión de la anterior autorización se profirieron los decretos 194 de 2014, 1257
de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 en los que se estableció, entre
otros, el salario del cargo de abogado asesor que es superior a la remuneración
fijada para el cargo de abogado asesor, grado 23.
6.2. El Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias al expedir el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 al atribuirle el grado 23 al cargo
de abogado asesor de tribunal judicial, pues ello implicó la modificación del régimen
salarial de los empleados de la Rama Judicial, atribución que solo le fue concedida
al gobierno nacional.
1.2. Contestación de la demanda
7. La DESAJ se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda de acuerdo
con los siguientes argumentos4:
7.1. Con base en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de
1996 el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear cargos en
descongestión como sucedió con el de abogado asesor, grado 23, en el marco del
Plan Nacional de Descongestión de la administración de justicia, el cual no se
refiere al empleo de abogado asesor «de la Ley 4ª de 1992».
7.2. En ejercicio de las citadas facultades se expidieron los acuerdos PSAA11-7886,
PSAA13- 9991, PSAA14-10197, PSAA15-10288, PSAA15-10323, PSAA15-10335,
PSAA15-10356, PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y PSAA15-
10385, en los que se desarrollaron las medidas administrativas para la creación de
cargos permanentes de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-
10402, que fue expedido en atención a las necesidades del servicio y los costos
que podían asumirse.
7.3. El cargo de abogado asesor que sigue haciendo parte de la planta de personal
de los despachos de los tribunales administrativos y superiores es el que cuenta
con la denominación de grado 23 y no el innominado, diferencia que fue
establecida por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de la autonomía
administrativa y las facultades legales que le fueron asignadas.
3 Documento «011ED_C01Princip_004Demandapdf.pdf» del expediente digital de la primera
instancia en el índice 2 de Samai.
4 Documento «018ED_C01Princip_011ContestacionDeman.pdf» del expediente digital de la
primera instancia en el índice 2 de Samai.
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7.4. Propuso las excepciones de: i) falta de causa para demandar; ii) legalidad de
los actos administrativos; y iii) la innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en sentencia
proferida el 15 de marzo de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a la parte vencida al pago de agencias en derecho. Las órdenes fueron
las siguientes:
«Primero. INAPLÍCASE por inconstitucionalidad la expresión “Grado 23” relacionada
al cargo de Abogado Asesor contenida en el Acuerdo PSAA15- 10402 del 29 de octubre
de 2015 (artículo 17) expedido por las Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Segundo. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución nº DESAJMAR18 - 1250 del 14 de
agosto de 2018, con la cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de las
diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de abogado asesor de tribunal y
abogado asesor grado 23 y del Acto ficto derivado del silencio administrativo negativo
con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 03 de
septiembre de 2018 por Sergio Torres Díaz, contra la Resolución No. DESAJMAR18-
1250 del 14 de diciembre de 2018.
Tercero. DECLÁRASE no probadas las excepciones alegadas por la parte
demandada.
Cuarto. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a
la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a que reconozca y
pague a favor del señor Sergio Torres Díaz, por el tiempo en que haya desempeñado
el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de
Abogado Asesor Grado 23 y el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial. Esto es
entre los siguientes periodos:
Del veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) hasta el diecinueve (19) de
abril de dos mil diecisiete (2017) y desde el veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete
(2017) hasta tanto se mantenga la vinculación en el cargo.
[…]
Octavo. CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte demandada por concepto
de agencias en derecho a cargo de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por la suma de $2’458.792, correspondiente al 4% de la cuantía
estimada en este proceso.
[…]» [sic].
9. Para tal efecto, se pronunció en el siguiente sentido5:
9.1. La fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la
Rama Judicial es una atribución del gobierno nacional, mientras que al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde la creación de cargos y la incorporación
a las plantas de personal. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado por el
5 Documento «001SENTENCIA1AI_SENTENCIA_17001233300020190041.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
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Consejo de Estado en sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023 6 al
estar expresamente señalada la remuneración del empleo de abogado asesor de
tribunal judicial, la demandada no tenía la competencia para «acudir a la norma
supletoria señalada en el artículo 4 del Decreto 57 de 1993 para variar el salario y así
ubicarlo en el grado 23».
9.2. La DESAJ argumentó que el cargo de abogado asesor, grado 23, en el que fue
nombrado el demandante no es el mismo abogado asesor sin denominación de
que trata la Ley 4ª de 1992. No obstante, la entidad no allegó un manual específico
de funciones y competencias del que pudieran evidenciarse las diferencias que
alega.
9.3. Al estar definido que la parte demandada no tenía la competencia para variar
ese empleo, debe declararse la nulidad de los actos administrativos demandados
y ordenar el pago de los diferencias salariales y prestacionales entre lo pagado y
lo que en realidad correspondía, sin prescripción trienal porque no trascurrieron
más de 3 años entre el 20 de septiembre de 2016, fecha en que tomó posesión del
cargo, y el momento en que realizó la reclamación administrativa que tuvo lugar el
23 de julio de 2018.
9.4. Aunque no se advirtió que la parte demandante haya incurrido en gastos
procesales sí se justifica la imposición de agencias en derecho con ocasión de la
representación judicial que debió contratar, fijadas en $2.458.792 que corresponde
al 4% de la cuantía estimada de las pretensiones.
1.4. El recurso de apelación
10. La
parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos7:
10.1. El Consejo Superior de la Judicatura tiene la autonomía y la facultad legal para
adoptar las decisiones que considere necesarias para mejorar el funcionamiento
de la administración de justicia, entre las que se encuentra la creación,
modificación o supresión de cargos, tal como lo consideró el Consejo de Estado
en sentencia del 15 de abril de 20048.
10.2. Elacuerdo cuya inaplicación dispuso el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue proferido en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 270
de 1996, toda vez que solo el Consejo Superior de la Judicatura puede determinar
el tipo de cargos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la
administración de justicia y se determinó que se requería la creación de cargos de
abogado asesor, grado 23, el cual tiene una remuneración proporcional a las
funciones y responsabilidades asignadas y que no guarda relación con el empleo
6 SUJ-033-CE-S2-2023, radicado 08001-23-33-000-2019-00529-01 (3071-2019).
7 Documento «003_MemorialWeb_Recurso.pdf» del expediente digital de la primera instancia en el
índice 2 de Samai.
8 Dictada dentro del proceso con radicado interno 656-99.
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de abogado asesor que pretende el demandante, por lo que aquel no es
homologable a este.
10.3. Debe revocarse la condena en costas impuesta porque no está acreditado que
la entidad haya actuado de manera temeraria o desleal, sino que ha actuado de
acuerdo con el manual de defensa nacional y ha desarrollado una teoría jurídica
justificable.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto10.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscribe a
establecer ¿si el Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales al asignarle el «grado 23» al empleo
de «abogado asesor», pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional
establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho
cargo?
2.2. Marco jurisprudencial
9 Tal como se indicó en el auto del 30 de julio de 2024 visible en el índice 4 de Samai de segunda
instancia.
10 Según constancia visible en el índice 8 de Samai.
11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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2.2.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de
los cargos de la Rama Judicial
14. La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f),
como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las
normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía
sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos12.
15. En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 13, en cuyo
artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial14. A
su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el
sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre
la base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.
Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y
prestacional de dichos empleados.
16. En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4ª de 1992, se
expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 199315, en el cual el presidente de la
República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para
quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría
en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de
cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.
17. El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto
12 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública […]»
13 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
14 «Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos
en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (se resalta)
15 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
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57 de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose
por las normas vigentes a esa fecha.
18. El artículo 3 señaló lo siguiente:
«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]
2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
[…]
Abogado asesor $1.125.000 […]»
19. El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar, cuya denominación del cargo no estuviera
señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.
20. El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes
grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».
21. Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018 y 991 de 201916. En ellos fijó las remuneraciones anuales
de los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y
prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado
asesor de tribunal judicial.
16 Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la
remuneración mensual del cargo abogado asesor, así:
Decreto Año Remuneración Decreto Año Remuneración
mensual mensual
106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340
43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414
36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983
76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233
64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170
44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179
2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842
2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978
673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%)
3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%)
4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%)
936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%)
389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)
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22. El Decreto 1039 de 2011 que fijó la remuneración mensual de ese año,
estableció en su artículo 4 lo siguiente:
«A partir del 1. ° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)
2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar
y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
Abogado Asesor 5.140.170
[…]».
23. De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los
diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del
citado decreto.
24. En esa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de
Descongestión a nivel nacional18 y se expidió el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de
enero de 201219 con base en este se profirieron varios acuerdos20 mediante los
cuales se crearon cargos de «abogado asesor grado 23» en distintos tribunales
administrativos del país desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de ese
año21.
17 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
18 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión,
entre otros, los acuerdos PSAA11-8531; PSAA11-8532; PSAA11-8533; PSAA11-8534; PSAA11-
8535; PSAA11-8536; PSAA11-8537; PSAA11-8538; PSAA11-8539; PSAA11-8540; PSAA11-
8541; PSAA11-8542; PSAA11-8543; PSAA11-8544; PSAA11-8545; PSAA11-8546; PSAA11-
8547; PSAA11-8548; PSAA11-8549; PSAA11-8550; PSAA11-8551; PSAA11-8552; PSAA11-
8553; PSAA11-8554; PSAA11-8555; PSAA11-8556; PSAA11-8557; PSAA11-8558; PSAA11-
8559; PSAA11-8560; PSAA11-8561; PSAA11-8562; PSAA11-8563; PSAA11-8564; PSAA11-
8565; PSAA11-8566; PSAA11-8567; PSAA11-8568; PSAA11-8569; PSAA11-8570; PSAA11-
8571; PSAA11-8572; PSAA11-8573; PSAA11-8574; PSAA11-8575; PSAA11-8576; PSAA11-
8577; PSAA11-8578; PSAA11-8579; PSAA11-8580; PSAA11-8581; PSAA11-8582; PSAA11-
8583; PSAA11-8584; PSAA11-8585; PSAA11-8586; PSAA11-8587; PSAA11-8588; PSAA11-
8589; PSAA11-8590; PSAA11-8591; PSAA11-8592; PSAA11-8593; PSAA11-8594; PSAA11-
8595; PSAA11-8596; PSAA11-8597; PSAA11-8598; PSAA11-8599; PSAA11-8600; PSAA11-
8601; PSAA11-8602; PSAA11-8603; PSAA11-8604; PSAA11-8605; PSAA11-8606; PSAA11-
8607; PSAA11-8608; PSAA11-8609; PSAA11-8610; PSAA11-8611; PSAA11-8612; PSAA11-
8613; PSAA11-8614; PSAA11-8615; PSAA11-8616; PSAA11-8617; PSAA11-8618; PSAA11-
8619; PSAA11-8620; PSAA11-8621; PSAA11-8622; PSAA11-8623; PSAA11-8624; PSAA11-
8625; PSAA11-8626; PSAA11-8627; PSAA11-8628; PSAA11-8629; PSAA11-8630; PSAA11-
8631; PSAA11-8632; PSAA11-8633; PSAA11-8634; PSAA11-8635; PSAA11-8636; PSAA11-
8637; PSAA11-8638; PSAA11-8639; PSAA11-8640; PSAA11-8641; PSAA11-8642; PSAA11-
8643; PSAA11-8644; PSAA11-8645; PSAA11-8646; y PSAA11-8647 de 2011.
19 «Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo»
20 Acuerdos PSAA12-9213 de 2012; PSAA12-9214 de 2012; PSAA12-9215 de 2012; PSAA12-9216
de 2012; PSAA12-9217 de 2012; PSAA12-9218 de 2012; PSAA12-9219 de 2012; PSAA12-9220
de 2012; PSAA12-9221 de 2012; PSAA12-9222 de 2012; PSAA12-9223 de 2012.
21 «Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012,
un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23, en cada uno de los despachos de Magistrado del
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda».
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25. En este punto, conviene precisar que a través de los decretos 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021 se fijaron las
remuneraciones anuales de los empleados de la Rama Judicial que se acogieron
al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos
el de abogado asesor de tribunal judicial. En todos ellos, la asignación salarial
correspondiente al cargo con esta denominación sin grado es superior a la que
corresponde al «grado 23».
26. En suma, la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos de la Rama Judicial es el gobierno nacional, con sujeción
a los lineamientos contenidos en la Ley 4ª de 1992, el cual, en ejercicio de tal
facultad, expidió los decretos anuales que fijaron el salario para los cargos que
mantuvieron la denominación señalada en el Decreto 57 de 1993, y, de manera
subsidiaria, previó una escala de remuneración en grados para aquellos empleos
no enlistados en dicha clasificación.
2.2.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial
27. La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el
Consejo Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos
en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo
del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en
la ley de apropiaciones iniciales».
28. En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley 270 de 1996 en su
artículo 85, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, señaló entre las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura:
«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo
modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:
[…]
12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.
13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño
que no hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.
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En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.
[…]».
29. En ejercicio de las anteriores facultades y en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura creó distintos
despachos de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional.
30. Posteriormente, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en
forma permanente para los despachos de magistrados de tribunales superiores, un
cargo de «abogado asesor grado 23», al señalar:
«ARTÍCULO 14.- Salas Laborales: Crear en la Sala Laboral de los Tribunales que se
enuncian a continuación, los siguientes despachos judiciales: 1. Tres (3) Despachos de
magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, cada uno conformado por
Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1) cargo de Abogado Asesor
grado 23. 2. Un (1) despacho de magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Pereira, conformado por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1)
cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…]
ARTÍCULO 16.- Adopción de planta para el modelo de gestión de los tribunales:
Adoptar la siguiente planta de personal para los Tribunales Superiores del país:
1. Tribunales de mayor demanda: Un (1) cargo de Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar
Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…]
ARTÍCULO 17.- Creación de cargos en despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores: Crear en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores que se enuncian a continuación los siguientes cargos:
a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira,
Popayán y Villavicencio, excepto en los despachos de Magistrado de la Sala de Justicia
y Paz: Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.
[…]».
31. En definitiva, la entidad demandada tiene la facultad constitucional y legal para
crear los cargos que estime necesarios para la administración de justicia, siempre
y cuando no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Sin embargo, la competencia para fijar el régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es constitucional y
reside de manera concurrente en el Congreso y en el gobierno nacional. Así, el
primero expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo
que el segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con
sujeción a la anterior.
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2.2.3. Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores, grado 23, de los tribunales judiciales
32. La Sección Segunda de Esta Corporación, en la sentencia SUJ-033-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 202322, unificó su jurisprudencia en relación con la
remuneración que corresponde al abogado asesor de tribunales y definió la
siguiente regla:
«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a
los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los
previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el
Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de
los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de
la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los
Tribunales Administrativos, es la fijada para el “abogado asesor” en los
decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».
33. Lo anterior,luego de realizar el análisis de la competencia para definir el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la
Rama Judicial y los efectos de otorgarles un grado de remuneración a los cargos
para los cuales el gobierno nacional establece expresamente una asignación
salarial como «nominados». Dicho estudio llevó a la siguiente conclusión:
«[L]a remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados23 en
los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo
Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el
artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e
inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado
asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo».
34. Asimismo, la providencia advirtió que, durante el trámite del proceso, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de
2022 a través del cual modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado
23» por la de «profesional especializado grado 23». Esta situación se valoró a la luz
del artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que
modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el
caso concreto lo siguiente:
«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se
hace referencia en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio
de 2011; el Acuerdo PSAA15- 10402 de 2015 que incluyó en forma permanente
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicación: 08001-
23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019)
23 «Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica».
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Demandante: Sergio Torres Díaz
el mencionado empleo en la planta de cargos de los tribunales administrativos;
y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó
la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”, por la de “profesional
especializado grado 23”».
35. En relación con los efectos en el tiempo de la decisión allí adoptada, la sentencia
señaló:
«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye
precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011,
para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial,
toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos.
Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».
2.3. Caso en concreto
36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
36.1. Por medio de la Resolución 33 del 20 de septiembre de 2016, Sergio Torres
Díaz fue nombrado «abogado asesor en propiedad» del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales24, cargo del que tomó posesión en esa fecha25. A través de
la Resolución 18 del 19 de abril de 2017, se le aceptó la renuncia al cargo26.
36.2. Mediante Resolución 19 del 20 de abril de 2017 se nombró al demandante
«abogado asesor en provisionalidad» del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales y tomó posesión del empleo el 21 de ese mes y año27.
36.3. De acuerdo con la constancia 322 del 1 de abril de 2019, proferida por el Área
de Talento Humano de la DESAJ, Sergio Torres Díaz desempeñó el empleo de
«abogado asesor de tribunal judicial» desde el 20 de septiembre de 2016 hasta el 19
de abril de 2017 y del 21 de abril de 2017 a la fecha de expedición de ese
documento. Durante los citados periodos devengó los valores que se citan a
continuación por concepto de asignación básica28:
Decreto salarial Abogado asesor Abogado asesor grado 23 Asignación básica
pagada al
demandante
194 de 2014 $5.746.978 $4.299.956 N/A
24 Folios 23 y 24 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
25 Acta de posesión en el folio 20 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf»
del expediente digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
26 Folio 26 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente digital
de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
27 Folios 27 y 28 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
28 Folios 29 al 33 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
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Radicado: 17001-23-33-000-2019-00410-01 (3264-2024)
Demandante: Sergio Torres Díaz
1257 de 2015 $6.014.797 (4.66%) $4.500.333 (4.66%) N/A29
245 de 2016 $6.482.146 (7.77%) $4.850.008 (7.77%) $4.850.008
1013 de 2017 $6.919.690 (6.75%) $5.177.383 (6.75%) $5.177.383
337 de 2018 $7.271.902 (5.09%) $5.440.912 (5.09%) $5.440.912
991 de 2019 $7.599.137 (4.5%) $5.685.753 (4.5%) $5.440.91230
36.4. El23 de julio de 2018 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales, el pago de las diferencias salariales y
prestacionales causadas entre el empleo que desempeñó como abogado asesor,
grado 23, y el de abogado asesor sin grado31.
36.5. Con la Resolución DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto de 201832, expedida
por la directora ejecutiva de administración judicial de Manizales, se negó la
anterior petición con fundamento en que ha pagado los salarios y prestaciones
sociales previstos en la norma para el cargo desempeñado por el demandante.
36.6. El 3 de septiembre de 2018, interpuso el recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el anterior acto administrativo33. La entidad resolvió
negativamente el recurso de reposición a través de la Resolución DESAJMAR18-
1672 del 1 de octubre de 201834, a partir de los mismos argumentos sustentados
en el acto recurrido; sin embargo, guardó silencio ante el recurso subsidiario.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
37. La Sala advierte que el demandante acudió a la administración de justicia en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
solicitar la anulación de las resoluciones DESAJMAR18-1250 del 14 de agosto
de 2018, DESAJMAR18-1672 del 1 de octubre de 2018 y del acto ficto
generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de apelación propuesto
contra la decisión inicial, por medio de los cuales se negó el pago de las diferencias
salariales y prestacionales entre los cargos de abogado asesor, grado 23, creado
mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, y el de
abogado asesor de tribunal judicial.
38. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, accedió a las
pretensiones, puesto que al demandante se le pagaron sus ingresos mensuales
29 A pesar de que el demandante no desempeñó el cargo de abogado asesor grado 23 durante los
años 2014 y 2015, se incluyen las cifras de referencia para demostrar cómo se obtuvo el monto de
la asignación básica a partir del año 2016 en atención a que el incremento fue porcentual.
30 Como el certificado se expidió el 1 de abril de 2019, solo se certificó la asignación básica percibida
hasta el mes de marzo de ese año, momento para el cual no se había reflejado el incremento
salarial decretado para ese año.
31 Folios 1 al 5 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
32 Folios 7 al 12 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
33 Folios 15 al 18 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
34 Folios 19 y 20 del documento «012ED_C01Princip_005AnexosDemandapdf.pdf» del expediente
digital de la primera instancia en el índice 2 de Samai.
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en una cuantía inferior a la que en derecho correspondía, toda vez que la entidad
demandada catalogó el cargo ejercido como abogado asesor, grado 23, cuando
debía ser de abogado asesor, sin grado, el cual tiene una retribución salarial
superior.
39. En esa medida, el a quo consideró procedente inaplicar la expresión «Grado 23»
contenida en el artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar a la entidad
demandada reconocer y pagar las diferencias salariales y prestacionales causadas
del 20 de septiembre de 2016 al 19 de abril de 2017 y desde el 21 de abril de 2017
hasta que mantuviera la vinculación laboral en el cargo mencionado.
40. La DEAJ presentó recurso de apelación contra esa decisión, pues consideró
que la creación del cargo de abogado asesor, grado 23, obedeció al ejercicio de
las facultades que le concedía la Ley 270 de 1996 y que, en todo caso, el citado
empleo no se relacionaba con el de abogado asesor.
41. Sobre la citada discusión, la Sala destaca que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura por virtud del mandato constitucional y legal que se le otorgó se
encontraba facultado para crear cargos en los tribunales cuando así era requerido
para la rápida y eficaz administración de justicia, atribución que comprendía la
determinación de las funciones y los requisitos para el desempeño de los empleos
y no fijar obligaciones a cargo del tesoro público que excedieran el monto global
determinado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales,
también lo es que en ningún lugar de la norma se facultó a la entidad para fijar o
variar el régimen salarial de los empleos que había creado.
42. Tal atribución radicaba exclusivamente en el gobierno nacional, al que, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución,
se le autorizó para que fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por
el legislativo. Con tal propósito se expidió la Ley 4ª de 1992 en cuyo artículo primero
señaló que el gobierno nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta ley fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos de la Rama Judicial.
43. Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas,
tanto el Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que
tuviera a su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza, debía abstenerse
de invadir el ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se
derivaba de los artículos 6 y 113.3 de la Constitución Política35. De ahí que no era
35 «Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Artículo 113. […] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines».
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admisible que expidiera actos administrativos que regulaban materias que no le
habían sido asignadas.
44. En ese contexto, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, por
medio del cual se le asignó el «grado 23» al cargo de abogado asesor del Tribunal
Superior de Distrito Judicial conllevó a que las personas que desempeñaron dicho
empleo recibieran la remuneración correspondiente al «grado 23» y no a la del
«abogado asesor».
45. Según se verificó en los decretos anuales del gobierno nacional, el salario de
este último cargo era mayor en comparación con aquel. Es así por cuanto el
Decreto 194 de 2014, fijó una remuneración de $ 5.746.978 al «abogado asesor»,
mientras que señaló la suma de $ 4.299.956 para el «grado 23». Como se expuso,
el reajuste anual del gobierno nacional a través del Decreto 245 de 2016, año en
el que ingresó el demandante al servicio de la Rama Judicial, era de $ 6.482.146,
superior a la remuneración que fue asignada al «grado 23», esto es $ 4.850.008.
46. Adicionalmente, en el Decreto 194 de 2014 las escalas de remuneración que se
determinaron para los cargos con grados salariales se definieron a partir de la
condición de que su denominación no fuera una de las que estaban expresamente
señaladas en el mismo decreto, así se desprendía de la expresión «cuya
denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores». En este caso, la
denominación del cargo de «abogado asesor» correspondía a una de las señaladas
en el artículo 4 ibidem. Tal situación se predicó también de las anualidades
subsiguientes, incluso en las normas que se limitaron a ajustar porcentualmente
las remuneraciones como ocurrió en los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019, entre otros.
47. Esta afectación salarial también tuvo impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al haber sido el referente
para su liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» llevó implícita la
afectación al régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia
cuya regulación tampoco le correspondía a la entidad demandada.
48. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 de los decretos 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019,
según el cual «(n)inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de
sus competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el
gobierno nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores
que desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante.
49. En suma, la expresión «grado 23» que modificó la denominación del cargo de
«abogado asesor» que fue fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993,
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contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 2015, conllevó una modificación del
régimen salarial y prestacional dispuesto por el gobierno para tal empleo, que
afectó negativamente a quienes lo desempeñaron, como era el caso del actor.
50. De otra parte, la parte apelante afirmó que el cargo de «abogado asesor grado
23» no se encontraba relacionado con el de «abogado asesor» nominado y que la
remuneración del primero era proporcional a las funciones y responsabilidades del
empleo. En relación con este argumento, es necesario poner de presente que era
incuestionable que las denominaciones de ambos cargos resultaban idénticas, por
lo tanto, la comprobación del argumento de la recurrente exigía la valoración de
las pruebas que así lo demostraran.
51. Lo anterior solo sería posible a partir del estudio del manual específico de
funciones y de competencias laborales que daba cuenta de las diferencias entre
ambos empleos, el cual no se aportó al proceso. En esa medida, no es posible
establecer que el cargo de «abogado asesor grado 23» creado por el Consejo
Superior de la Judicatura difiriera del estipulado en los decretos 57 de 1993, 1039
de 2011 y sucesivos como «abogado asesor» (nominado), de modo que se pudiera
concluir que la complejidad funcional y responsabilidades asignadas a este último
cargo y las funciones desarrolladas por la parte demandante como «abogado asesor
grado 23» en realidad fueran distintas.
52. En este punto vale la pena señalar que en los actos de nombramiento aportados
al proceso no se señaló expresamente que el cargo en el que fue designado el
demandante tuviera el grado 23, pues solo se indicó «abogado asesor»; sin
embargo, con los certificados salariales allegados y citados en el acápite de hechos
probados resulta evidente que la asignación mensual percibida por Sergio Torres
Díaz correspondía a la del grado 23 y no a la de abogado asesor nominado.
53. De lo expuesto se puede concluir lo siguiente: i) la remuneración del abogado
asesor (nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993;
ii) por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo
Superior de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de
los cuales se nombró a Sergio Torres Díaz; y iii) en los despachos de magistrado
de los tribunales administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado
asesor» pero sí el de «abogado asesor grado 23» de conformidad con el contenido
del citado acuerdo.
54. En consecuencia, aunque en el acto de nombramiento se indicó solo el cargo
de abogado asesor, la asignación salarial pagada no guarda correspondencia ese
empleo, sino con el de «abogado asesor grado 23». En todo caso, en el presente
proceso se logró demostrar que existió una diferencia entre la remuneración que
correspondía al cargo de abogado asesor nominado y lo que le fue pagado al
demandante, por lo tanto, tenía derecho a las diferencias en las prestaciones
económicas causadas durante el tiempo que lo ejerció.
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55. Porlo analizado, los reparos formulados por la parte recurrente no se
encuentran llamados a prosperar, por lo que se confirmará en lo analizado la
sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, según las
consideraciones expuestas con anterioridad. Por su parte, lo relativo a la condena
en costas será analizado en el siguiente acápite.
2.4. Costas
56. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
57. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
58. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
59. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
60. En el caso concreto, no se evidenció, ni en la primera instancia ni en esta,
actuación temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal por parte la autoridad demandada, razón por la
que la Sala no solo se abstendrá de condenar en costas en esta oportunidad, sino
que revocará la impuesta por el a quo.
4. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Consejo Superior de
la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales al haberle asignado el «grado 23» al empleo de «abogado asesor», pues con
36 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional para este último cargo. Finalmente, se revocará
el ordinal octavo de la sentencia de primera instancia que condenó en costas a la
parte demandada y se confirmará en lo demás la decisión recurrida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal octavo de la sentencia del 15 de marzo de 2024 que
condenó en costas a la parte demandada, para en su lugar no condenar en costas
de primera instancia, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 15 de marzo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Sergio Torres Díaz
contra la nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Manizales, de conformidad con lo
expuesto en la presente sentencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC
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